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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2017-00557-03

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2017-00557-03

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2017-00557-03

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia proferida el 14 de junio de 2019 por la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] QUINTO: ORDENAR al Distrito de Cartagena y a las Inspecciones de Policía del Distrito que, en el término de seis (06) meses siguientes a la notificación de este fallo y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realicen, faciliten, impulsen, corroboren, elaboren, financien, ejecuten y finalicen, las gestiones, programas o proyectos que sean necesarios para la vigilancia y control en las expediciones en las licencias urbanísticas y se ejerza control sobre las construcciones urbanísticas del Distrito de Cartagena; verificando institucionalmente las obras urbanísticas que no cumplan la normativa y que dieron lugar a la iniciación de la presente acción, y una vez identificadas, realicen lo que por ley corresponda. ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a los Curadores Urbanos del Distrito de Cartagena que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, y en virtud del principio de colaboración, apoyen al Distrito de Cartagena y a las Inspecciones de Policía en el cumplimiento de lo ordenado en esta providencia. Teniendo en cuenta que la naturaleza de la orden dada, exige una planeación tanto técnica como presupuestal, se estima prudente otorgar el plazo anterior […]”. TERCERO: MODIFICAR el ordinal octavo de la sentencia proferida el 14 de junio de 2019 por la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2017-00557-03

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. Único de Radicación: 130012333000201700557-03
Demandante: Procuraduría General de la Nación
Demandados: Nación- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación y Curadurías Urbanas
Uno y Dos Distritales de Cartagena
Vinculados: Inspecciones de Policía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias1; Superintendencia de Notariado y Registro2; Notarios del Circuito de
Cartagena3; Construcciones, Proyectos y Desarrollos S.A.S.; Constructora Quiroz &
Quiroz; Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL; Superintendencia de
Industria y Comercio4; Wilfran Enrique Quiroz Ruiz, en calidad de propietario del
establecimiento de comercio denominado Diseño y Construcciones Ruiz; Sociedad
Constructora “Proyectos y Desarrollos S.A.S” y Sociedad Constructora
“Constructora Quiroz E.U.”5

Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la Inspección de Policía Distrital de la
Comuna núm.11, la Curaduría Urbana Distrital núm.1 y la Procuraduría General de
la Nación contra la sentencia proferida el 14 de junio de 2019 por la Sala de Decisión
núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

1 A través de auto de 28 de julio de 2017. Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…]
34_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO3POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.
2 A través de auto de 17 de agosto de 2017. Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…]
34_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO3POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.
3 A través de auto de 26 de octubre de 2017. Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…]
36_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO5POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.
4 En audiencia de pacto de cumplimiento de 15 de diciembre de 2017. Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…]

36_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO5POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.
5 A través de auto de 4 de mayo de 2018. Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…]
189_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO7POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.

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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Procuraduría General de la Nación6 presentó demanda en ejercicio del
respectivo medio de control contra la Nación- Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio; el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias – Secretaría de
Planeación; y las Curadurías Urbanas Uno y Dos Distritales de Cartagena, con el
objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos previstos en
los literales g), l) y m) del artículo 4.º de la Ley 472 de 5 de agosto de 19987.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones8:

“[…] PRIMERA: Se declare que la Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias D.T. y C., a través de la Secretaria de Planeación oficina de
Control Urbano, las Alcaldías Locales y las Inspecciones de Policía, y las Curadurías
1 y 2 de Cartagena, y la Nación Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio como
órgano subsidiario frente al nivel local, vulneraron los derechos colectivos: i) a la
seguridad y salubridad públicas ii) a la seguridad y la prevención de desastres
técnicamente previsibles y iii) a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de seguridad y calidad de vida de los habitantes,
contenidos en los literales g. I y m del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, al haber
omitido sus deberes de verificación, control e inspección del cumplimiento de normas
urbanísticas respecto de obras en construcción y construidas en la ciudad de
Cartagena. Así como, la omisión por parte del Ministerio de hacer seguimiento y
orientar a las entidades públicas y privadas en los procesos de desarrollo urbano.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración señalada en la primera
pretensión, se ordene a la Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias D.T. y C., a través de la Secretaria de Planeación Oficina de Control Urbano,
las Alcaldías Locales y las Inspecciones de Policía y a las Curadurías 1 y 2 de
Cartagena, que de manera inmediata adopten los correctivos y medidas legales,
judiciales y administrativas de carácter definitivo, tendientes a establecer un sistema
de seguimiento permanente que garantice que las obras cumplan con las normas
urbanísticas y de construcción sin que generen riesgo para la integridad personal de
la comunidad Cartagenera, ni generen afectaciones a otras edificaciones, y a la
Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, bajo los principios de
subsidiariedad y complementariedad.

TERCERA: Ordenar a la Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias D.T. y C. hacer cesar la vulneración a los derechos colectivos relacionados en
la presente acción, para lo cual deberá mantener el Plan de Normalización de la
6 Por intermedio de apoderado. Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…]
32_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO1POPULAR2(.pdf) NroActua 33 […]”.
7 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.”
8 Ibidem.

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Actividad Urbanística, solicitado como medida cautelar, que incluya mecanismos para
contar con información oficial, técnica y actualizada sobre el estado de las
construcciones, contenga una estrategia de seguimiento permanente y sistemático de
visitas a las obras, así como, un sistema de alertas tempranas en el Distrito de
Cartagena, a efectos de conjurar de forma oportuna los riesgos derivados de la
actividad constructiva, en aras de garantizar la no repetición de afectaciones a la vida
e integridad de las personas

El desarrollo del Plan deberá contar con la participación del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y
la asesoría de la Cámara de Comercio de Cartagena y de las agremiaciones
vinculadas al sector como la Cámara Colombiana de la Construcción - CAMACOL
Bolívar y Bogotá, Asociación Colombiana de Constructores - ACOL, la Sociedad de
Ingenieros y Arquitectos de Bolívar SIAB y la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia ANDI, que una vez convocadas manifiesten su interés de participar.

El Plan de Normalización de la Actividad Urbanística deberá contener también las
siguientes acciones, cuyo cumplimiento deberá ser en un término perentorio:

i. Visitas a todo el territorio de la respectiva localidad para identificar las obras
urbanas en construcción con o sin licencia urbanística y las construidas sin
licencia urbanística que aún no hayan sido determinadas, a efectos de contar
con información actualizada, confiable y oficial que dé cuenta del estado de
las construcciones en el Distrito de Cartagena, con el apoyo de la Unidad para
la Gestión de Riesgo de Desastres y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

ii. Dictámenes técnicos o peritajes sobre las obras sin licencia urbanística,
detectadas en las visitas referidas en el numeral anterior, en el que se
identifiquen aquellas obras tanto construidas como en construcción, que
presenten deficiencias estructurales y puedan constituir riesgo para la
comunidad, con el apoyo de la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastres
y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio.

iii. Las Inspecciones de Policía o la autoridad distrital competente iniciarán de
manera inmediata las acciones administrativas y judiciales correspondientes
respecto de aquellas construcciones que generan riesgo para la ciudadanía,
así mismo, contra las obras que deriven riesgo en las cuales tengan alguna
participación los señores María Quiroz Ruiz y/o Wilfran Quiroz y/o por las
empresa Constructora & Quiroz Proyectos, Construcciones y Desarrollo SAS,
o sociedades en que estas personas hagan parte.

iv. Establecer un plan de acción coordinado y coherente con la Dirección
Territorial de Gestión de Riesgo, las Alcaldías Locales, Inspecciones de
Policía, Secretaria de Planeación Distrital y/o demás dependencias distritales
competentes, acorde al régimen legal de competencias, para ejecutar
directamente o a través de los constructores las medidas que correspondan
frente a las construcciones identificadas con deficiencias estructurales y
puedan constituir riesgo para la comunidad en la ciudad de Cartagena, tales
como: la realización inmediata de trabajos de estabilización, reforzamiento,
adecuación y otros que se requieran para mitigar el riesgo, o la demolición de
obras; así como ordenar a las empresas de servicios públicos domiciliarios la
suspensión de los servicios correspondientes, si no estuvieren habitadas.

v. Establecer medidas que garanticen el alojamiento y acceso a servicios
públicos esenciales de los habitantes de las obras respecto de las cuales se
haya identificado la existencia de riesgo para la comunidad y que se
encuentren habitadas, amparando así el derecho a una vivienda digna y al
mantenimiento de las condiciones de subsistencia. Las medidas se ejecutarán
directamente por la Alcaldía o a través de los constructores.

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vi. Las Inspecciones de Policía o la autoridad distrital competente iniciarán de
manera inmediata las acciones administrativas y judiciales correspondientes
respecto de aquellas construcciones que aunque no generan riesgo para la
ciudadanía infrinjan las normas urbanísticas; así mismo, contra las obras sin
licencia urbanística en las cuales tengan alguna participación los señores
María Quiroz Ruiz y/o Wilfran Quiroz y/o por las empresas Constructora &
Quiroz: Proyectos, Construcciones y Desarrollo S.A.S², o sociedades en que
estas personas hagan parte.

vii. Ordenar a la Alcaldía Distrital, a través de las dependencias competentes, que
requiera a los propietarios de las edificaciones existentes que no cuenten con
licencia urbanística o no se ajusten a la otorgada, para que, en un término
perentorio, soliciten el reconocimiento de la edificación, de conformidad con
las normas especiales vigentes en la materia

viii. La Alcaldía Distrital de Cartagena, en coordinación con las Curadurías 1 y 2,
dispondrá de un punto unificado de atención a la ciudadanía que oriente,
asesore e informe respecto de los trámites de otorgamiento de licencias y
solicitudes de reconocimiento de obras y estado de los mismos; así como,
para la recepción de quejas y denuncias por infracción a las normas
urbanísticas, garantizando información centralizada, periódica y sistematizada
sobre éstas. (Artículo 57, parágrafo 1, inciso 2; artículos 103 y 104 del Decreto
564 de 2006).

CUARTA. Ordenar a la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que en el
marco del ejercicio de sus competencias y de conformidad con los principios de
subsidiariedad y complementariedad, establezca un mecanismo de verificación y
control a las funciones legales que en materia urbanística competen a la Alcaldía
Distrital de Cartagena y a las Curadurías 1 y 2 de Cartagena, para garantizar que el
desarrollo de tales funciones se surta bajo los criterios de oportunidad y eficiencia,
garantizando el cumplimiento de los términos legales previstos

QUINTA: Ordenar la conformación de un comité de verificación para el cumplimiento
de lo dispuesto en la sentencia, que realice seguimiento a cada una de las acciones
ordenadas tendiente a la normalización de la actividad urbanística en la ciudad de
Cartagena, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artículo 34 de la Ley 472
de 1998, en el cual podrán intervenir las entidades consultoras y las agremiaciones
que hayan participado en la elaboración del plan de normalización de la actividad
urbanística en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena

Finalmente, la Procuraduría General de la Nación informa al honorable Tribunal
Administrativo que convocará una Mesa de Trabajo Técnica y un Foro de Desarrollo
Urbanístico Sostenible y Seguridad Jurídica, para contribuir al plan de normalización
y hacer seguimiento a las medidas cautelares y/o definitivas ordenadas judicialmente.
Actividades a desarrollar en coordinación con la Alcaldía de Cartagena y el apoyo de
la Cámara de Comercio de Cartagena, así mismo con la invitación de la red de
constructores y compradores de vivienda y las agremiaciones vinculadas con el sector
[…]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones9:

9
Ibidem.

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3.1. Manifestó que el 27 de abril de 2017 colapsó el edificio “Blas de Lezo II”, que
sería destinado para vivienda de habitación urbana y estaba siendo construido en
el sector “Plan 400” del barrio Blas de Lezo en el Distrito de Cartagena, hecho en el
que perdieron la vida 21 personas y otras 23 sufrieron heridas. Asimismo, que la
edificación estaba siendo construida sin contar con la respectiva licencia de
construcción.

3.2. Indicó que a partir de la información recopilada por distintos medios de
comunicación y algunas denuncias recibidas por la Procuraduría, los mismos
propietarios de la edificación colapsada han realizado otras edificaciones y tienen
otras en construcción.

3.3. Señaló que la Procuraduría General de la Nación recibió denuncias ciudadanas
respecto de edificaciones que, al parecer, no cuentan con licencia de construcción,
tienen deficiencias estructurales y carecen de control de las autoridades
competentes.

3.4. Manifestó que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a través de
las Alcaldías Locales e Inspecciones de Policía, en el mes de mayo de 2017 realizó
visitas a edificaciones construidas, donde se estableció que se visitaron 77 obras,
de las cuales 58 no tenían licencia. Es decir, más del 75% de las obras visitadas no
contaban con licencia de construcción.

3.5. Adujo que el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias ha omitido su
función legal de evitar la construcción ilegal en el Distrito, adelantando las
actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.

3.6. Finalmente, aseguró que la vulneración de los derechos e intereses colectivos
invocados responde a la ausencia de control que permite la existencia de
edificaciones cuya estabilidad, habitabilidad y seguridad no ha sido mínimamente
verificada a efectos de evitar que hechos como el ocurrido en el edificio “Blas de
Lezo II” vuelvan a presentarse.

Contestaciones de la demanda

Curador Urbano núm. 1

4. Presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la demanda y
señaló que la acción era improcedente y carecía de claridad10.

10 Cfr. Folios 383 y siguientes.

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Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía

5. La Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas, así11:

5.1. Señalo que, en virtud de la Ley 1801 de 29 de julio de 201612, las Alcaldías
Locales no son segunda instancia en temas de “ambiente y recursos naturales,
actividad económica, urbanismo y libertad de circulación”, sino que, a juicio de la
entidad, son los Inspectores de Policía quienes tienen a su cargo la dirección de
toda instrucción y sanción en materia urbanística.

5.2. Finalmente, precisó que la entidad estará presta para seguir apoyando a las
inspecciones de policía con el personal técnico que estas requieran y aportar los
conocimientos, en el marco de las posibles mesas de trabajo convocadas por la
Procuraduría General de la Nación, y así “buscar una solución a la problemática de
las construcciones sin la respectiva licencia de construcción o infringiendo la
misma”.

Curador Urbano núm. 2 del Distrito de Cartagena

6. El Curador Urbano núm. 2 de Cartagena13 contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas, así14:

6.1. Afirmó que en los hechos relatados por el accionante en su escrito de
demanda no se aprecia vinculación de la Curaduría Urbana núm. 2 de Cartagena
como particular que ejerce funciones públicas, asimismo, no se vislumbra que por
su acción u omisión la entidad haya violado o amenace violar derechos e intereses
colectivos.

6.2. Refirió que los hechos enunciados se escapan del resorte de las Curadurías
Urbanas, puesto que, a juicio de la entidad: i) la inspección y vigilancia de las
construcciones que se adelantan en la ciudad están en cabeza del Distrito de
Cartagena; ii) son los Alcaldes municipales y distritales quienes tienen la
competencia para ejercer control urbano durante la ejecución de obras y así
asegurar el cumplimiento de las licencias de construcción y de las normas
contenidas en el plan de ordenamiento territorial; iii) el Distrito, a través de sus entes
de control, tiene la obligación de realizar las inspecciones y seguimientos a los

11 Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 33_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO2POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.
12 “[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.
13 Por intermedio de apoderado
14 Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 33_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO2POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.

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proyectos, el cual debe realizarse mediante inspecciones periódicas durante y
después de la ejecución de las obras, de lo cual, se dejará constancia en un acta.
Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena

7. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones formuladas, así15:

7.1. Mencionó que en las actuaciones urbanísticas en las cuales no se acredite la
existencia de la licencia correspondiente o que no se ajuste a la existente, la ley
prevé la medida policiva de suspensión inmediata de todas las obras respectivas,
hasta cuando se acredite plenamente que han cesado las causas que hubieren
dado lugar a la medida. Por lo anterior estimó que, si hubiere lugar a una medida
cautelar para el caso, esta debería ser la suspensión de las obras que se
adelantaban sin la correspondiente licencia, acción que ya fue ejecutada por el
Distrito de Cartagena.

7.2. Resaltó que el Distrito de Cartagena se encuentra trabajando en un plan de
acción que contiene las medidas necesarias para hacer frente “[…] al estado de
cosas actual en materia de control urbano y cuya finalidad es asegurar el
cumplimiento de las normas urbanísticas […]”.

7.3. Indicó que el Distrito de Cartagena se encuentra adelantando las medidas
necesarias para hacer frente a la situación que se ha venido presentando respecto
de la actividad constructiva sin el lleno de los requisitos en la ciudad, lo que ha hecho
cesar la posible amenaza o vulneración de derechos colectivos.

7.4. Manifestó que las pretensiones de la demanda van encaminadas al
cumplimiento de mandatos legales, por lo anterior, la acción que se debió impetrar
por parte del actor es la acción de cumplimiento.

7.5. Finalmente, adujo que si bien corresponde al Distrito la vigilancia y control de
las obras, se presenta una responsabilidad primaria por parte del constructor al ser
este el guardián de la actividad constructora. Propuso las excepciones que
denominó: i) cumplimiento de los deberes por parte del Distrito de Cartagena; ii)
inexistencia de vulneración, daño o amenaza actual contra los derechos colectivos;
e iii) inadecuada escogencia de la acción.

15
Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 33_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO2POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.

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Secretaria de Planeación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena

8. La Secretaría de Planeación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas, así16:

8.1. Expuso que, tras el colapso del edificio en construcción “Blas de Lezo II”
ocurrido el 27 de abril de 2017, la Secretaría de Planeación Distrital y la Dirección
Administrativa de Control Urbano emprendieron el “PLAN DE ACCIÓN DE
CONTROL URBANO” de 15 de junio de 2017, para el fortalecimiento y control a las
construcciones que se ejecuten en el Distrito y evitar la violación de las normas
urbanísticas.

8.2. Sostuvo que no existe incumplimiento ni omisión que pueda pregonarse
como causa de afectación o amenaza a los derechos colectivos referidos en la
demanda.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

9. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas, así17:

9.1. Señaló que la verificación, control e inspección de normas urbanísticas
respecto de obras en construcción, así como el seguimiento y orientación a
entidades privadas y públicas en los procesos de desarrollo urbano, no se
encuentran dentro de las funciones y/o competencias del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, por el contrario, a juicio de la entidad, son responsabilidad de
las Curadurías Locales y del Distrito de Cartagena.

9.2. Afirmó que no existe fundamento ni soporte legal para imputar ningún tipo de
responsabilidad solidaria o nexo causal respecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio por efectos de la expedición de las licencias urbanísticas que aprobaron
la ejecución de las distintas construcciones en el Distrito de Cartagena y, en
especial, la construcción denominada “BLAS DE LEZO II”.

16
Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 34_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO3POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.
17
Ibidem.

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Inspección Distrital de Policía Urbana núm. 4 del Distrito de Cartagena

10. La Inspección Distrital de Policía Urbana núm. 4 del Distrito de Cartagena,
una vez vinculada al proceso por medio de auto de 28 de julio de 2017, contestó la
demanda así18:

10.1. Mencionó: i) el estado actual de 3 de los procesos adelantados en atención
a querellas radicadas por “presunta construcción sin el lleno de los requisitos”,
“presunta violación urbanística” y “problemas de medidas y linderos por la
construcción de un muro”; y ii) un proceso en el que se suspendió la construcción
de la obra, tras “ser encontrado en flagrancia” en el desarrollo de una ronda de
vigilancia sin contar con “licencia para ampliación”.

10.2. Resaltó que “[…] en esta Jurisdicción que comprende la comuna No. 04 […]
son pocas las quejas sobre violación de Normas Urbanísticas […]”.

10.3. Finalmente, manifestó que la entidad no cuenta con las herramientas
mínimas para cumplir de manera óptima sus funciones.

Inspector de Policía núm. 9 del Distrito de Cartagena

11. El Inspector de Policía núm. 9 del Distrito de Cartagena, una vez vinculado al
proceso por medio de auto de 28 de julio de 2017, contestó la demanda así19:

11.1. Refirió: i) dos de los casos en los que “[…] se ordenó la caducidad de la
acción policiva […]” sobre unas edificaciones ubicadas en el barrio Martínez Martelo
del Distrito de Cartagena y que actualmente se encuentran “en proceso
administrativo de reconocimiento” ante la Curaduría Urbana núm. 1; y ii) un proceso
en el que “[…] se levantó la medida correctiva de suspensión de construcción o
demolición […]” y se realizó el “[…] levantamiento del sellamiento […]” de una obra
ubicada en el barrio Chino del Distrito de Cartagena, que contaba con licencia de
construcción otorgada por la Curaduría Urbana núm. 1 antes de la “declaratoria de
infractor” por parte de la Inspección de Policía.

11.2. Finalmente, mencionó que las actuaciones diarias de los Inspectores son
“difíciles y limitadas” y que carece de personal y vehículo para ejercer cabalmente
sus funciones.

18
Ibidem.
19
Ibidem.

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Inspector de Policía de la Comuna núm. 6B de la Localidad núm. 2 del Distrito
de Cartagena

12. El Inspector de Policía de la Comuna núm. 6B de la Localidad núm. 2 del
Distrito de Cartagena, una vez vinculado al proceso por medio de auto de 28 de julio
de 2017, contestó la demanda así20:

12.1. Mencionó 5 resoluciones expedidas por la entidad en el mes de julio de 2017,
a través de las cuales se impusieron medidas correctivas de suspensión de
construcción e imposición de sello con ocasión del adelantamiento de
construcciones sin licencia.

12.2. Finalmente, sostuvo que la entidad no cuenta con las herramientas para
hacer cumplir de manera óptima sus funciones.

Inspección de Policía de la Comuna núm. 11 del Distrito de Cartagena

13. La Inspección de Policía de la Comuna núm. 11 del Distrito de Cartagena,
una vez vinculada al proceso por medio de auto de 28 de julio de 2017, contestó la
demanda así21:

13.1. Señaló el estado actual de 4 de los procesos adelantados en atención a
querellas radicadas en los meses de abril y mayo de 2017.

13.2. Destacó que la entidad recibió por parte de la Curaduría Urbana núm. 1 doce
licencias de construcción y por parte de la Curaduría núm. 2 cinco licencias de
construcción. Asimismo, precisó que no ha podido ejercer la vigilancia y control
correspondiente, toda vez que a la entidad no se le ha asignado un vehículo ni
cuenta con los funcionarios idóneos para llevar a cabo sus funciones.

13.3. Finalmente, afirmó que la entidad solicitó apoyo interinstitucional a la
Dirección de Control Urbano para realizar las visitas y que, a través del oficio de 31
de julio de 2017, la Comisión de Reclamos puso en conocimiento del Tribunal todas
las carencias de las Inspecciones de Policía Urbanas y Rurales del Distrito de
Cartagena.

20
Ibidem.
21
Ibidem.

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Inspección de Policía de la Comuna núm. 11 del Distrito de Cartagena

14. La Inspección de Policía de la Comuna núm. 11 del Distrito de Cartagena,
una vez vinculada al proceso por medio de auto de 28 de julio de 2017, contestó la
demanda así22:

14.1. Refirió la existencia de 19 procesos que lleva la entidad con ocasión del
adelantamiento de construcciones sin licencia o que contaban con licencias falsas,
al respecto, mencionó que las construcciones fueron suspendidas y los procesos
fueron remitidos a la Policía Metropolitana para la verificación del cumplimiento de
las órdenes impartidas.

Inspección de Policía Urbana núm. 14 del Distrito de Cartagena

15. La Inspección de Policía Urbana núm. 14 del Distrito de Cartagena, una vez
vinculada al proceso por medio de auto de 28 de julio de 2017, contestó la demanda
así23:

15.1. Sostuvo que la Localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena,
luego del colapso del edificio Portales de Blass de Lezo II, en el año 2017, realizó
visitas técnicas en barrios, urbanizaciones y sectores de su jurisdicción. Asimismo,
la entidad destacó que se realizaron visitas técnicas en todo el Distrito de
Cartagena, tanto en su parte urbana como en sus corregimientos.

15.2. Afirmó que, desde la entrada en vigencia del Código de Policía, las Alcaldías
Locales no tienen competencia en primera instancia para ejercer el control y
vigilancia, así como de aplicar medidas preventivas de suspensión de obras.

15.3. Destacó que, pese a lo anterior, el Distrito de Cartagena impartió la orden a
las Alcaldías Locales de coordinar visitas en todo el Distrito y “[…] que los
Inspectores de Policía “estuviesen haciendo sólo el acompañamiento sin personal
directo o disponible a cargo [ingenieros y arquitectos) […]”.

15.4. Refirió que el Distrito de Cartagena debió impartir la orden de realizar visitas
en todo el Distrito de Cartagena a los Inspectores de Policía “[…] poniéndonos toda
la logística a nuestra disposición (vehículo, gasolina, conductor, profesionales de
arquitectura e ingeniería y además de ello, para la época del siniestro, la Alcaldía

22
Ibidem.
23
Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 35_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO4POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.

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Mayor de Cartagena de Indias, no nos había prestado ni siquiera atención o por lo
menos no los había hecho realidad- los sinnúmeros de peticiones, solicitudes,
requerimientos inclusive de nuestro órgano sindical, para que nos capacitara lo que
se nos avecinaba: La aplicación del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia
[…]”.

15.5. Finalmente, allegó cuadro de “[…] ESTADÍSTICA DE NÚMERO DE
DENUNCIAS, QUEJAS Y/O QUERELLAS RECIBIDAS EN CUANTO A: 1.a.- POR
COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD URBANÍSTICA (Artículo
135 C.N.P. y C.). […]”.

Notaría Segunda del Círculo de Cartagena

16. La Notaria Segunda del Círculo de Cartagena contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas, así24:

16.1. Mencionó que el estatuto del notariado no otorga facultades urbanísticas ni
policivas a los notarios, ni mucho menos, los obliga a servir de órgano de control
sobre las entidades del Distrito, en consecuencia, resulta ajeno a la entidad
determinar el grado de cumplimiento del Distrito en cuanto a evitar las
construcciones ilegales en la ciudad. Asimismo, adujo que las notarías del país no
se encuentran en la posibilidad de exigir, coercitivamente, el cumplimiento de las
normas urbanísticas a los constructores, debiendo, eso sí, velar por el respeto de
las disposiciones contenidas en el estatuto notarial, así como en la normativa que
regulan los actos y contratos, y ante la inobservancia de estas últimas, abstenerse
de autorizar la escritura solicitada, poniendo en conocimiento de las autoridades
correspondientes, las eventuales conductas punibles que de las que tenga
conocimiento, pero insistió en que el control urbano escapa de las competencias
legales de los notarios

16.2. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) “Presunción de
autenticidad, presunción de legalidad de los actos administrativos y registro público,
buena fe negocial y cumplimiento del deber de debida diligencia”; ii) “Inocuidad de
la vinculación de las notarías de la ciudad”; iii) “Inexistencia de la afectación de los
derechos colectivos mencionados por parte de la notaria segunda de Cartagena”; y
iv) “Falta de competencias de planeación, control urbano y policivas de las notarías”.

24
Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 36_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO5POPULARP(.pdf) NroActua 33 […]”.

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Notaría Tercera del Círculo de Cartagena

17. La Notaria Tercera del Círculo de Cartagena contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas, así25:

17.1. Adujo que el estatuto del notariado no otorga a la entidad las funciones de
ejercer la planeación o control urbano de la ciudad, funciones policivas o la de servir
de órgano de control a la Administración Distrital.

17.2. Siguiendo lo anterior, por un lado, manifestó que las notarías no se
encuentran en la posibilidad de exigir coercitivamente el cumplimiento de las normas
urbanísticas a los constructores, por otro lado, adujo que sí tiene la función de velar
por el respeto de la normativa que regula los actos y contratos, y ante la
inobservancia de estas, abstenerse de autorizar la escritura solicitada, poniendo al
conocimiento de las autoridades competentes las eventuales conductas punibles de
las que tenga conocimiento.

17.3. Finalmente, propuso las excepciones que denominó: i) “Presunción de
autenticidad, presunción de legalidad de los actos administrativos y registro público,
buena fe negocial y cumplimiento del deber de debida diligencia”; ii) “Inocuidad de
la vinculación de las notarías de la ciudad”; iii) “Inexistencia de la afectación de los
derechos colectivos mencionados por parte de la notaria segunda de Cartagena”; y
iv) “Falta de competencias de planeación, control urbano y policivas de las notarías”.

Notaría Quinta del Círculo de Cartagena

18. La Notaria Quinta del Círculo de Cartagena contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas, así26:

18.1. Resaltó que los notarios “[…] no podemos autorizar el instrumento público si
éste no va acompañado de la citada licencia […]”.

18.2. Finalmente, indicó que la entidad ha cumplido sus deberes y “[…] hemos sido
celosos de que la escritura que se otorgue, vaya en consonancia con la licencia
otorgada […]”.

25
Ibidem.
26
Ibidem.

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Notaría Séptima del Círculo de Cartagena

19. La Notaria Séptima del Círculo de Cartagena contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas, así27:

19.1. Manifestó que las notarías “[…] carecen de facultades jurisdiccionales para
entrar a debatir y controvertir pruebas, en el caso en estudio las licencias expedidas
por el funcionario competente (curador urbano), las cuales están amparadas por el
principio de la buena fe y de confianza que cobija los actos administrativos, NO
podemos negar el servicio a los usuarios. Ahora bien, el escenario para controvertir
ese acto administrativo que expiden los curadores es la jurisdicción contenciosa
administrativa […]”.

19.2. Adujo que no existe causal que impida a la entidad adelantar el proceso de
escrituración cuando el usuario entrega la “[…] licencia expedida por curaduría, paz
y salvo de impuestos, entre otros documentos […]”.

19.3. Estimó que son los Curadores los funcionarios responsables de verificar que
las construcciones cumplan con los requisitos legales y los notarios deben verificar
que el usuario presente la respectiva licencia expedida por el curador o autoridad
distrital competente.

Notaría Primera del Círculo de Cartagena

20. La Notaria Primera del Círculo de Cartagena contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas, así28:

“[…] La actividad notarial está contemplada en el Decreto 960 de 1970 y decretos
reglamentarios.

En los actos relacionados con urbanizaciones, loteos, parcelaciones, intervención y
ocupación de espacio público, se exige en cumplimiento del control de legalidad, la
Licencia Urbanística expedida por la Curaduría Urbana respectiva o las Oficinas de
Planeación Municipal

La expedición de la Licencia Urbanística en esos casos es obligatoria para las partes
que intervienen en la escritura y de competencia de las Curadurías Urbanas su
expedición.

Las notarías cumplimos con velar porque en el momento de autorizar la escritura
pública se protocolice la respectiva licencia.

27
Ibidem.
28
Ibidem.

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En cuanto a las acciones institucionales que se adopten tendientes a garantizar el
cumplimiento de los requisitos para la legalización de construcciones, estamos
prestos a apoyar y unir esfuerzos en defensa de la legalidad y el bien común […]”.

Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena

21. La Notaria Cuarta del Círculo de Cartagena contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas, así29:

21.1. Estimó que es obligación de las Curadurías o las oficinas encargadas de las
Alcaldías Distritales expedir las licencias de construcción, así como vigilar y cumplir
con los procedimientos para la aprobación de las mimas.

21.2. Finalmente, expuso que la entidad no desconoció ni violó los derechos e
intereses colectivos invocados como vulnerados en la demanda, asimismo, que no
hay prueba que señale a la entidad en el suceso generador de la acción popular.

Notaría Sexta del Círculo de Cartagena

22. La Notaria Sexta del Círculo de Cartagena contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones formuladas, así30:

22.1. Sostuvo que las licencias de construcción son emitidas por las Curadurías
Distritales o Secretarías de Planeación Distrital, las cuales, a juicio de la entidad,
tienen la obligación y facultad de realizar y vigilar todo el procedimiento previo
requerido para su aprobación. Aunado a lo anterior, destacó que para la elaboración
de la escritura pública se deben anexar todos los documentos requeridos para su
trámite, que no son emitidos ni supervisados por las Notarías.

22.2. Destacó que ninguna de las escrituras relacionadas con el edifico Portal de
Blass de Lezo I fue autorizada en esa entidad.

22.3. Finalmente, señaló que la entidad no desconoció ni violó los derechos e
intereses colectivos invocados como vulnerados por la parte accionante.

Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL

23. La Cámara Colombiana de la Construcción -CAMACOL contestó la demanda
y se opuso a las pretensiones formuladas, así31:

29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 188_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO6POPULARP(.pdf) NroActua 33
[…]”.

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23.1. Precisó que la entidad no es competente para establecer posibles
deficiencias u omisiones en el cumplimiento de las funciones legales del Distrito de
Cartagena respecto del control urbano, así como tampoco, le corresponde
establecer si hubo omisión por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
en hacer seguimiento y orientar los procesos de desarrollo urbano en el Distrito de
Cartagena.

23.2. Afirmó que corresponde al Distrito la función de rendir informe de la
implementación y gestiones adelantadas del Plan de Normalización de la Actividad
Urbanística en el Distrito de Cartagena.

23.3. Refirió que la entidad no ejerce funciones de vigilancia y control de las
empresas que desarrollan la actividad de construcción, por el contrario, mencionó
que la entidad es una agremiación de carácter privado, sin ánimo de lucro, que
ofrece a sus afiliados ciertos derechos y obligaciones establecidos en sus estatutos.

23.4. Finalmente, resaltó que las pretensiones de la acción popular o las decisiones
que puedan tomarse en el proceso a efectos de salvaguardar o restablecer los
derechos colectivos invocados por el accionante no son del resorte de la entidad.

Superintendencia de Industria y Comercio

24. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas, así32:

24.1. Expuso las actuaciones surtidas por la Dirección de Investigaciones de
Protección al Consumidor de la Delegatura para la Protección al Consumidor de la
entidad, relacionadas con los hechos expuestos por la Procuraduría General de la
Nación en la demanda.

24.2. Manifestó que cada una de sus actuaciones se enmarca dentro del ámbito
de sus competencias constitucionales y legales, sin causar ningún daño, peligro,
amenaza o vulneración a derechos o intereses colectivos.

Sociedad Constructora Quiroz E.U.

25. La Sociedad Constructora Quiroz E.U contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas, así33:

32
Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 188_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO6POPULARP(.pdf) NroActua 33
[…]”.
33 Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 79_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO08AP1300(.pdf) NroActua 33 […]”.

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25.1. Adujo que la entidad “[…] no tiene nada que ver con las construcciones y
diseños que se hayan desarrollado en la ciudad de Cartagena […]”, lo anterior, por
cuanto, la sociedad no ha desarrollado construcciones e interventorías relacionadas
con el desarrollo arquitectónico y urbanístico autorizado por la Curaduría y el
Departamento de Planeación del Distrito de Cartagena.

25.2. Sostuvo que: i) el “[…] círculo geográfico donde he venido desarrollando mi
trabajo ha sido la ciudad de Barranquilla y Valledupar donde se encuentra inclusive
mi habitación de residencia […]”; ii) “[…] la firma CONSTRUCTORA QUIROZ EU,
cambió de nombre o razón social, pero conservando el mismo NIT; el nombre actual
de la firma es CQ. ARQUITECTURA INGENIERIA S.A.S conservando el mismo
objeto social […]”; y iii) “[…] la principal actividad de mi empresa es de arreglos
locativos a pequeñas, medianas y grandes empresas de carácter privado, todas en
la ciudad de Barranquilla y Valledupar, dejando claro que la empresa no se dedica
a la construcción de edificios ni viviendas urbanas […]”.

Otras actuaciones

26. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
auto de 4 de mayo de 201834, mediante el cual aceptó como coadyuvantes de la
parte actora a los señores Charles Fox Roman y Elda Sofía Osorio Pastrana.
Asimismo, vinculó al proceso a las sociedades constructoras Proyectos y
Desarrollos S.A.S. y Constructora Quiroz E.U., así como al señor Wilfran Enrique
Quiroz Ruiz, en condición de propietario del establecimiento de comercio
denominado Diseño y Construcciones Ruiz, además vinculó como parte accionada
a las Empresas Quiroz y Construcciones y Sociedad Quiroz.

27. El Tribunal Administrativo de Bolívar celebró audiencia de Pacto de
Cumplimiento el día 9 de agosto de 201835, la cual se declaró fallida por falta de
acuerdo entre las partes.

28. El Despacho Sustanciador del Tribunal profirió auto de 9 de agosto de 2018
en el que decretó la práctica de pruebas. Posteriormente, celebró audiencia de
pruebas el día 24 de octubre de la misma anualidad y corrió traslado para alegar de
conclusión.

34 Cfr. Folio 1338 del Cuaderno Principal.

35 Cfr. Índice 33 SAMAI, archivo “[…] 80_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO09AP1300(.pdf) NroActua 33 […]”.

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29. Durante el término de traslado intervino el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, la parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Distrito de
Cartagena, las Notarías Segunda y Tercera del Círculo de Cartagena, la
representante de los Inspectores de Policía y la Cámara Colombiana de
Construcción – CAMACOL, entidades que reiteraron los argumentos expuestos en
la demanda y en las contestaciones, respectivamente. El Ministerio Público se
abstuvo de emitir concepto.

Sentencia proferida, en primera instancia

30. La Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
sentencia el día 14 de junio de 2019 en la que resolvió lo siguiente36:

“[…] PRIMERO: DECLÁRASE infundado el impedimento manifestado por el doctor
José Rafael Guerrero Leal, por lo antes expuesto.

SEGUNDO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por las
accionadas; DECLÁRANSE vulnerados los derechos colectivos consagrados en los
literales g, l y m del art. 4 de la ley 472 de 1998.

TERCERO: CONCEDER la protección de los derechos colectivos invocados por el
actor popular contemplados en los literales g, l y m, a saber: La seguridad y salubridad
públicas, el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente (sic) del artículo 4 de la ley 472 de 1998, de conformidad con lo
expuesto.

CUARTO: DECLÁRASE que por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Distrito de Cartagena, los
Inspectores de Policía y los Curadores Urbanos del Distrito de Cartagena, afectaron
los derechos colectivos consagrados en los literales g, l y m del art. 4 de la ley 472 de
1998.

QUINTO: ORDÉNASE al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Distrito de
Cartagena, los Inspectores de Policía y los Curadores Urbanos del Distrito de
Cartagena, que en el término de seis (06) meses siguientes a la notificación de este
fallo y de acuerdo a sus competencias y funciones normativas, realicen, faciliten,
impulsen, corroboren, elaboren, financien, ejecuten y finalicen, las gestiones,
programas o proyectos que sean necesarios para la vigilancia y control en las
expediciones en las licencias y en las construcciones urbanísticas del Distrito de
Cartagena; verificando institucionalmente las obras urbanísticas que no cumplan las
normatividades y dieron lugar a la iniciación de la presente acción, y una vez
identificadas, realizar lo que por ley corresponda.

Teniendo en cuenta que la naturaleza de la orden dada, exige una planeación tanto
técnica como presupuestal, se estima prudente otorgar el plazo anterior.

SEXTO: EXONERAR de responsabilidad popular a las demás accionadas y
vinculadas que no se haya referido el numeral anterior. NIÉGASE las demás
pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Por secretaría compúlsese copias a la Fiscalía y a la Procuraduría General
de la Nación, para que investiguen el actuar de los agentes encargados de la
36 Cfr. índice 33 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
81_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO11AP1300(.pdf) NroActua 33 […]”.

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

vigilancia, control y expedición de las licencias urbanísticas y de las obras en
construcción en la ciudad de Cartagena.

OCTAVO: CONFORMAR el comité de cumplimiento de la sentencia, el cual estará
conformado por el Magistrado, las partes, el Personero del Distrito de Cartagena y el
Ministerio Público, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998.

NOVENO: Desígnese a la Procuraduría Regional de Bolívar, para que vele por el
estricto cumplimiento de esta providencia de conformidad con lo establecido en los
artículos 277 (sic) numeral 4º de la Constitución Política.

DÉCIMO: ENVIAR copia de la presente providencia a la Defensoría del Pueblo, de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 80 de la ley 472 de 2011 (sic) y 282 de la
Constitución Política.

DÉCIMO PRIMERO: NOTIFÍQUESE el presente fallo; una vez ejecutoriada,
archívese el proceso […]”.

Consideraciones del Tribunal

31. El Tribunal consideró, entre otras cosas, que el Distrito es la primera
autoridad en materia urbanística, de acuerdo con lo previsto en el artículo 103 de la
Ley 388 de 18 de julio de 199737. Precisó que tienen expresas competencias para
imponer sanciones y adelantar procedimientos contra los responsables de la
construcción de obras sin licencia o sin el cumplimiento de los parámetros que
determina el Plan de Ordenamiento Territorial.

32. Asimismo, destacó que los artículos 101 y 104 de la precitada Ley, regulan
las sanciones urbanísticas y la facultad de los Alcaldes Distritales de vigilar el
cumplimiento de las normas urbanísticas por parte de los Curadores Urbanos, por
lo cual, impartió órdenes principalmente al Distrito, así como a las entidades que
tienen responsabilidades en materia de desarrollo urbanístico en la Ciudad de
Cartagena, respecto de las cuales, consideró que habían omitido el cumplimiento
de sus obligaciones, concretamente, por la falta de control frente al auge de
construcciones sin licencia en el Distrito, lo que trae como consecuencia que se
vulneren los derechos colectivos invocados en la demanda.

Solicitudes de aclaración y adición

33. El Procurador 22 Judicial II Administrativo de la Procuraduría General de la
Nación presentó escrito de 10 de julio de 201938, mediante el cual solicitó adicionar
y aclarar la sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de que se
precisara que el documento denominado “Plan de Normalización Urbanística”,

37 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
38 Cfr. índice 33 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
81_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO11AP1300(.pdf) NroActua 33 […]”.

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

tenga carácter vinculante y sea el punto de partida para el cumplimiento de las
órdenes impartidas.

34. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante escrito de 22 de julio
de 201939, solicitó aclaración de la sentencia proferida, en primera instancia, en el
sentido de que se precise que, en materia de gestión del riesgo, el primer
responsable de la vulneración de los derechos e intereses colectivos amparados es
el Distrito de Cartagena y no el Ministerio.

Auto de 31 de julio de 2019

35. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió auto de 31 de julio de 2019, en
el que resolvió, por un lado, rechazar por extemporánea la solicitud de aclaración
presentada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y, por otro lado, negar
las solicitudes de aclaración y adición presentadas por la parte actora.

Recursos de apelación

Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

36. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias presentó escrito40
el día 9 de julio de 2019, por medio del cual solicitó revocar la sentencia proferida,
en primera instancia y, en su lugar, desestimar las pretensiones de la demanda y
exonerar a la entidad de cualquier condena.

Hecho superado

37. Afirmó que debió declararse el hecho superado, toda vez que a través de la
Secretaría de Planeación Distrital se viene adelantando el Plan de Acción de Control
Urbano, el cual se actualiza para atender las nuevas prácticas utilizadas para
desconocer la normativa urbanística, por lo que su ejecución es permanente en el
tiempo. En el mismo sentido, sostuvo que el examen no debe partir de la conducta
de los particulares que infringen la normativa urbanística sino de la capacidad de
las autoridades y la existencia de herramientas para hacer frente a la situación.

38. Destacó que el Plan de Acción de Control Urbano materializa la finalidad de
la acción popular, concretamente con este plan se ejerce: i) control ciudadano
instantáneo; ii) la creación de un cuerpo élite en materia de control urbano; iii) el

39 Cfr. índice 33 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
82_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO12AP130(.pdf) NroActua 33 […]”.
40 Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado. ED_0097RECURSODEAPELACI(.pdf)

NroActua 2.

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diagnóstico patológico respecto de las edificaciones construidas; e iv)
implementación de los defensores urbanos barriales.

Aplicación de normas derogadas

39. Manifestó que la sentencia proferida, en primera instancia, fundamentó la
decisión, entre otras normas, en los artículos 103 y 104 de la Ley 388 de 1997,
modificados por la Ley 819 de 2013, norma que a su vez fue derogada por el artículo
242 de la Ley 1801 de 2016, que entró en vigencia el 29 de enero de 2017.

Desvinculación de otros actores del extremo pasivo

40. Afirmó que no era conveniente desvincular a las notarías, oficinas de registro
de instrumentos públicos ni a la Superintendencia de Notariado y Registro de las
órdenes impartidas en la sentencia, toda vez que su vinculación se fundamenta en
que sus funciones tienen especial relevancia para la ejecución del Plan de
Normalización Urbanística.

41. Señaló que la Ley 1796 de 13 de julio de 2016, establece medidas enfocadas
a la protección del comprador de vivienda, el incremento en la seguridad en las
edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores
urbanos y se establen funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Inspección de Policía Distrital de la Comuna núm. 11

42. La Inspectora de Policía Distrital de la Comuna núm. 11, presentó
escrito41 el día 12 de julio de 2019, en el que solicitó que se modificara el ordinal
cuarto de la sentencia proferida, en primera instancia, en lo relacionado con declarar
a los Inspectores de Policía como autoridades que vulneraron los derechos e
intereses colectivos protegidos. Asimismo, para que se modifique el ordinal séptimo
de la sentencia, en lo referido a que se excluya a las Inspecciones de Policía
respecto de la orden de compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría General
de la Nación.

Ausencia de responsabilidad de las Inspecciones de Policía del Distrito

43. Señaló que las pruebas allegadas al expediente demuestran que las
actuaciones que dieron lugar al amparo de los derechos colectivos, se refieren a
otras entidades, diferentes a las Inspecciones de Policía, teniendo en cuenta que la

41Cfr. Índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: ED_0098RECURSODEAPELACI(.pdf)
NroActua 2

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competencia del control urbanístico estaba en cabeza de las Alcaldías Locales y de
la Oficina de Control Urbano.

44. Sostuvo que inicialmente la competencia para conocer de las infracciones
urbanísticas estaba en cabeza de las Alcaldías Locales y de la Dirección de Control
Urbano y, solamente, con la entrada en vigencia de la Ley 1801 se asignó esa
función a las inspecciones de policía, de conformidad con los artículos 135 y 206 de
la precitada norma.

45. Manifestó que el artículo 239 de la Ley 1801 reguló el régimen de transición,
por lo que los procesos anteriores al 30 de enero de 2017 seguían en conocimiento
de las autoridades que para ese momento ejercían el control urbanístico.

46. Expuso que el Gobierno Nacional mediante el artículo 14 del Decreto 1203
de 02 de julio de 2017, modificó lo relacionado con el control urbano, aclarando que
está en cabeza de los alcaldes municipales y distritales, a través de los inspectores
de policía rurales, urbanos y corregidores.

47. Precisó que mediante el Decreto Distrital 203 de 2017, el Alcalde Distrital
asignó la Oficina de Control Urbano la competencia del control urbanístico en la
ciudad.

Cumplimiento de las funciones por parte de las Inspecciones de Policía

48. Indicó que en el expediente existen pruebas que demuestran las actuaciones
de las Inspecciones de Policía, las cuales dan cuenta de que han cumplido sus
funciones de control urbanístico en el tiempo en que han tenido esa competencia,
reiterando que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1801, la función
de control urbanístico estaba en otras entidades.

Falta de valoración probatoria

49. Sostuvo que el Tribunal no valoró las pruebas allegadas al expediente que
permiten concluir que las Inspecciones de Policía han realizado acciones tendientes
a garantizar la protección de los derechos colectivos amparados, por lo que, a su
juicio, la sentencia apelada incurrió en una vía de hecho por no valorar la totalidad
de las pruebas y, adicionalmente, por considerar que solamente con posterioridad
a la caída del Edificio Blas de Lezo, ocurrida el día 27 de abril de 2017, y a la medida
cautelar decretada por el Tribunal, fue el momento en que los Inspectores de Policía
realizaron acciones, cuando en el expediente se demostraron acciones anteriores,
desde la entrada en vigencia de la Ley 1801, lo que se evidencia con los

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documentos que dan cuenta de las obras suspendidas y selladas por incumplir la
normativa urbanística.

Curaduría Urbana Distrital núm. 1

50. El Curador Urbano núm. 1 del Distrito de Cartagena de Indias42 presentó
escrito de 18 de julio de 2019 mediante el cual interpuso recurso de apelación contra
la sentencia proferida, en primera instancia, en el que expuso los siguientes
argumentos:

Nulidad de la sentencia por haber sido suscrita por un Magistrado respecto del cual
se había declarado fundado un impedimento

51. Señaló que con ocasión del trámite de un incidente de desacato contra el
Curador Urbano núm. 1 Distrital de Cartagena, dentro del proceso de la referencia,
el Tribunal Administrativo de Bolívar aceptó la manifestación de impedimento
presentada por el Magistrado José Rafael Guerrero Leal, toda vez que al momento
de la presentación de la demanda fungía como Procurador Delegado e intervino en
las audiencias como agente del Ministerio Público.

52. No obstante lo anterior, el Magistrado Guerrero Leal suscribió la sentencia
apelada, cuando previamente la Sala del Tribunal aceptó su impedimento para
conocer del proceso de la referencia.

Las órdenes impartidas exceden las funciones de la Curaduría Urbana

53. Señaló que la Curaduría Urbana núm. 1 del Distrito de Cartagena carece de
competencia para cumplir la orden impartida en la sentencia apelada, relacionada
con realizar control urbanístico, en atención a que las funciones de las Curadurías
están reguladas en la Ley 810 de 2003. Así como en la Ley 388 de 1997, el Decreto
1077 de 2015 y a nivel Distrital, en el Decreto 0977 de 2001 y el Acuerdo 45 de
1989.

54. Afirmó que la función de inspección, vigilancia y control urbanístico no recae
en la Curaduría Urbana sino en el Distrito de Cartagena de Indias y en las
Inspecciones de Policía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1801 de 2016.

42 Mediante apoderado judicial.

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No se tuvo en consideración del Decreto 1203 de 2017

55. Manifestó que el Tribunal no aplicó el Decreto 1203 de 2017, sobre los
trámites de licenciamiento en sus distintas modalidades y el marco normativo y
competencial de los Curadores Urbanos.

Ausencia de responsabilidad porque las Curadurías no intervinieron en el trámite de
las licencias

56. Adujo que la Curaduría Urbana núm. 1 del Distrito de Cartagena no evaluó
las licencias de construcción mencionadas en el expediente, toda vez que las
mismas son falsas. En otras palabras, expuso que, si no hubo trámite de licencias
ante la Curaduría Urbana, tampoco puede declararse responsable a la entidad de
la vulneración de los derechos e intereses colectivos protegidos.

57. Indicó que las Curadurías Urbanas: i) no participan en la construcción de las
obras; ii) no elaboran los diseños y estudios necesarios para obtener la licencia de
construcción; iii) su labor culmina con la expedición de la licencia urbanística; y iv)
no es una autoridad de control urbanístico de la revisión de los diseños,
principalmente, estructurales.

58. Sostuvo que la actividad que realizan las Curadurías Urbanas se ejecuta por
profesionales idóneos y, adicionalmente, están sujetos a control por parte de los
Alcaldes Municipales y Distritales, la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República, las Veedurías Ciudadanas y las Personerías,
entre otros.

59. Aseguró que las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera
instancia, traen como consecuencia que el Curador Urbano deba extralimitarse en
sus funciones y lo lleva actuar fuera del marco de sus competencias.

Procuraduría General de la Nación

60. La parte actora presentó escrito de 2 de septiembre de 2019, mediante el
cual solicitó modificar la sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de
amparar el derecho e interés colectivo al patrimonio público y declarar responsables
de su vulneración a Wilfran Enrique Quiróz Ruíz, en calidad del Establecimiento de
Comercio denominado Diseño y Construcciones Ruiz, así como a las empresas
Proyectos y Desarrollos S.A.S. y Constructora Quiróz E.U. y, mantener el amparo
en lo demás.

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61. Adicionalmente, solicitó que de conformidad con lo previsto en el artículo 34
de la Ley 472, se tomen las medidas indemnizatorias a que haya lugar según lo
probado en el proceso, en favor del Distrito de Cartagena, por los gastos en que ha
debido incurrir como consecuencia de la actividad ilegal desarrollada por los
vinculados.

El Tribunal debió proferir una sentencia extra petita

62. Sostuvo que si bien, en la demanda no se solicitó el amparo del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público, mediante escrito de 12 de diciembre
de 201743, la parte actora solicitó al Tribunal que por conexidad con los derechos
colectivos enlistados como violados en el escrito inicial, se extendiera el amparo al
derecho colectivo precitado y, adicionalmente, se vinculara al proceso al señor
Wilfran Enrique Quiroz Ruiz y a sus empresas.

63. Señaló que en el proceso se demostró que con ocasión del desplome del
Edificio Blas de Lezo II, el 27 de abril de 2017, el Distrito de Cartagena, a través de
sus Alcaldías Locales, inició una labor de verificación y control urbanística,
detectando 77 obras en construcción, de las cuales 58 carecían de licencia de
construcción, por lo que se inició un estudio patológico de las construcciones
levantadas por la familia Quiroz , por medio de sus empresas, para lo cual el Distrito
suscribió el Contrato núm. 09-91-17 de 10 de julio de 2017 con la Universidad de
Cartagena, lo que se acreditó con el Plan de Normalización Urbanística.

64. Afirmó que el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público se vulneró
con ocasión de los gastos en que el Distrito de Cartagena tuvo que incurrir para
pagar el arriendo de los habitantes del Edificio Blas de Lezo II y otros edificios que
han tenido que desalojarse. Así como, para el pago de los estudios patológicos
contratados para las 16 edificaciones construidas por la Familia Quiroz, sin licencia
de construcción, cuyos resultados demuestran que dichas construcciones no
cumplen con la norma de sismorresistencia y, en consecuencia, deben ser
demolidas.

Declaración de responsabilidad del señor Wilfran Enrique Quiroz Ruiz

65. Señaló que en el proceso se probó que el señor Wilfran Enrique Quiroz Ruiz,
a través de sus establecimientos de comercio y empresas vinculadas, desarrolló
proyectos urbanísticos sin contar con licencias de construcción y sin cumplir las

43 Cfr. Folios 1015 y siguientes del Cuaderno Principal.

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normas de sismorresistencia, lo que generó el colapso del Edificio Blas de Lezo II,
el 27 de abril de 2017, que dejó 21 personas fallecidas.

Mediante la acción popular pueden impartirse medidas indemnizatorias

66. Adujo que el juez de la acción popular puede impartir medidas
indemnizatorias, entendido como la posibilidad de condenar al pago de perjuicios
en favor de la entidad pública no culpable, que tenga entre sus funciones la
vigilancia o protección del derecho o interés colectivo vulnerado, cuando se
demuestra que se ha causado un daño.

67. El Distrito de Cartagena contrató la realización de un estudio patológico de
las obras irregulares con la Universidad de Cartagena, en el cual se concluyó que
16 construcciones levantadas por las empresas del señor Wilfran Enrique Quiroz
Ruiz carecían de licencia de construcción y no cumplían las normas de
sismorresistencia, estudio que debió asumir el Distrito de Cartagena, adicionado a
los arriendos que ha tenido que sufragar, así como futuros patológicos y
demoliciones.

Concesión de los recursos de apelación

68. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
auto de 11 de septiembre de 201944, mediante el cual concedió los recursos de
apelación presentados por los apoderados del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, la Inspección de Policía Distrital de la Comuna núm.11, la
Curaduría Urbana Distrital núm.1 y la Procuraduría General de la Nación, contra la
sentencia proferida, en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

69. El Despacho Sustanciador profirió auto de 29 de noviembre de 201945
mediante el cual admitió los recursos de apelación interpuestos por el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la Inspectora de Policía Distrital de la
Comuna núm. 11, el Curador Urbano Distrital núm. 1 y la Procuraduría General de
la Nación contra la sentencia proferida el 14 de junio de 2019, por la Sala de
Decisión núm. 1 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

44 Cfr. índice 33 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
82_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO12AP130(.pdf) NroActua 33 […]”.
45 Cfr. Folio 2204 del Cuaderno Principal.

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70. El Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado presentó escrito de
14 de enero de 2020, mediante el cual emitió concepto dentro del proceso de la
referencia, en el que solicitó que se confirme parcialmente la sentencia apelada,
concretamente, solicitó que se modifique la providencia en el sentido de: i) declarar
la vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público; ii) declarar
la responsabilidad de Wilfran Quiroz y de las empresas relacionadas; y iii) precisar
que las autoridades responsables deben mantener y ejecutar el Plan de
Normalización de la Actividad Urbanística hasta que se demuestre que la situación
de lesión o amenaza de los derechos colectivos quedó superada.

71. La señora Monica Herazo Morales, en representación de los Inspectores de
Policía del Distrito de Cartagena, presentó escrito de 6 de febrero de 2020, en el
que remitió informes de gestión en el tema urbanístico presentados por varias
Inspecciones de Policía.

72. El Despacho Sustanciador profirió auto de 20 de enero de 2023 46, mediante
el cual ordenó la presentación de alegatos de conclusión y el traslado al Ministerio
Público.

73. El Distrito de Cartagena presentó escrito de 7 de febrero de 202347 mediante
el cual presentó alegatos de conclusión

74. El Ministerio Público presentó escrito de 24 de febrero de 202348, en el que
reiteró lo afirmado supra.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

75. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) la manifestación de impedimento del doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes; iii) los problemas jurídicos; iv) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público; vi) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas; vii) el
marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente; viii) el marco normativo y

46 Cfr. índice 22 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
16_AUTOQUECORRETRASLADOPARAALEGAR(.pdf) NroActua 22 […]”.
47 Cfr. índice 30 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
24_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_ANEXOAP201700557(.pdf) NroActua 30 […]”.
48 Cfr. índice 36 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
MemorialWebJDV_248CONCEPTO_20170055703(.pdf) NroActua 36 […]”.

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desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes; y ix) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

76. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 201949, sobre la distribución de asuntos entre las secciones del Consejo
de Estado; y iii) el 15050 de la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado,
en segunda instancia; esta Sección es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación que se presenten contra las sentencias
proferidas, en primera instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de
las acciones populares.

77. Vistos los artículos 32051 y 32852 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 53,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contraen los recursos interpuestos por el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, la Inspección de Policía Distrital de la Comuna núm. 11, la Curaduría
Urbana núm. 1 de Cartagena y la Procuraduría General de la Nación.

78. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Manifestación de impedimento del doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes

79. El Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, manifestó
encontrarse impedido para actuar en el proceso de la referencia, mediante escrito

49 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado
50 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en Segunda Instancia y Cambio de
Radicación. Modificado Ley 1564 de 2012, artículo 615. El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación […]”.
51 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
52 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
53 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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de 14 de noviembre de 202454, invocando para ello la causal prevista en el numeral
3.° del artículo 130 de la Ley 143755, que establece lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 130. CAUSALES. Los magistrados y jueces deberán declararse
impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: […]

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de los
parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al
respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado […]” (Destacado
fuera de texto).

80. El Consejero de Estado indicó que, en su concepto, se encuentra incurso en
la causal prevista en el numeral 3.° por cuanto: “[…] el señor José Fernando Osorio
Cifuentes, quien es pariente del suscrito dentro del segundo grado de
consanguinidad (hermano), se encuentra vinculado en el cargo de Procurador
Judicial II en la Procuraduría General de la Nación, parte demandante en el proceso
de la referencia […]”.

81. Vistos: i) los artículos 130, numeral 3.°; y 13156, numeral 3.°, de la Ley 1437,
sobre causales, el trámite de los impedimentos y causales para manifestar
impedimento; y ii) el artículo 44 de la Ley 472, sobre aspectos no regulados.

82. Asimismo, vistos: i) el artículo 35 del Código Civil57, sobre el parentesco por
consanguinidad; y ii) el artículo 37 ibidem, sobre los grados de consanguinidad, que
disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 35. Parentesco de consanguinidad. Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo
tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre.
[…]
Artículo 37. Grados de consanguinidad. Los grados de consanguinidad entre dos
personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo
grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de
consanguinidad entre sí […]”.

83. Atendiendo a que las causales de impedimento establecidas en la ley son
mecanismos jurídicos que buscan garantizar que las decisiones adoptadas por los

54 Cfr. índice 69 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
291Manifestaciond_Manifestaciondeimped(.pdf) NroActua 69 […]”.
55 Aplicable en virtud del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
56 Adicionado por el artículo 21 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “Por medio de la cual se Reforma el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011– y se dictan
otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción”.
57 Ley 84 de 26 de mayo de 1873.

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administradores judiciales estén enmarcadas dentro de los principios de
independencia e imparcialidad.

84. La Corte Constitucional58 ha considerado que el principio de independencia
se refiere a que los funcionarios encargados de administrar justicia, en sus
decisiones, no se vean sometidos a presiones, insinuaciones, recomendaciones,
exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder,
inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de
otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales.

85. De conformidad con los argumentos expuestos por el doctor Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, en el caso sub examine, y teniendo en cuenta la causal
prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, la Sala considera lo
siguiente:

86. Se debe establecer si el cargo de Procurador Judicial II en la Procuraduría
General de la Nación, al cual se encuentra vinculado el pariente del Consejero de
Estado, corresponde al nivel directivo, asesor o ejecutivo en esa entidad.

87. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante auto de 8 de agosto de 2023, proferido en el proceso identificado con el
número único de radicación 110010315000202300871-0059, consideró que, en el
caso de los Procuradores Judiciales II, debe acudirse a un criterio funcional y que,
de conformidad con el artículo 4 del Decreto 264 de 2000, se establece que son
cargos directivos aquellos que actúen en representación del Procurador General de
la Nación, por lo que según lo señalado en los artículos 277 y 280 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000 cumplen
esta función. En dicha providencia se consideró lo siguiente:

“[…] En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la estructura de
la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el Decreto 264 de 2000, en su
artículo 7, se refiere a la nomenclatura de los empleos de la entidad y señala que los
procuradores judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.

No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional, en el
artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que son cargos del
nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones de dirección, definición
de políticas y de representación del Procurador General. En el numeral 10 de ese
artículo señala como funciones generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir
como agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en los artículos
277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen la

58 Corte Constitucional, Sentencia C-600 de 2011, Magistrada Ponente María Victoria Calle Correa.
59 Consejera Ponente, doctora Marta Nubia Velásquez Rico.

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condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras, ejercen funciones
de intervención judicial en representación del Procurador General de la Nación,
lo que igualmente se ve refrendado en el artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7 del Decreto 264 de
2000 no puede tenerse en consideración para los efectos de esta decisión […]”
(Destacado fuera de texto).

88. Atendiendo a que, en el presente caso, el pariente, en segundo grado de
consanguinidad, del Consejero de Estado, doctor Germán Eduardo Osorio
Cifuentes, se encuentra nombrado en la entidad actora, en el cargo de Procurador
Judicial II, el cual, desde una perspectiva material y funcional, corresponde al nivel
directivo, la Sala considera que, en este caso, se configura la causal de
impedimento invocada.

89. En consecuencia, teniendo en cuenta que en este caso se configura la causal
de impedimento prevista en el numeral 3.° del artículo 130 de la Ley 1437, conforme
se indicó supra, se separará del conocimiento de este proceso al Consejero de
Estado impedido, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Los problemas jurídicos

90. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:

90.1. Si debe declararse la nulidad de la sentencia que es suscrita por un
Magistrado respecto del cual, con anterioridad a la decisión, se había declarado
fundada la manifestación de impedimento para conocer del proceso, si al sustraer
su participación no se afecta el quorum decisorio.

90.2. Si es procedente declarar la carencia actual de objeto por hecho superado
con ocasión de la adopción del Plan de Acción de Control Urbano en el Distrito de
Cartagena.

90.3. Si de conformidad con el material probatorio allegado al expediente es
posible concluir que existe vulneración de los derechos e intereses colectivos
protegidos.

90.4. Si las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia, son
proporcionales y respetan las funciones atribuidas a las Inspecciones de Policía y a
las Curadurías Urbanas.

90.5. Si la sentencia proferida, en primera instancia, debió declarar responsables
de la vulneración de los derechos colectivos protegidos a las demás entidades

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accionadas, como las Notarías del Círculo de Cartagena, las Oficinas de Registros
de Instrumentos Públicos y la Superintendencia de Notariado y Registro.

90.6. Si el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia apelada debió
proferir una decisión extra petita, en el sentido de amparar el derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público.

90.7. Si la sentencia apelada debió declarar responsable de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos amparados al señor Wilfran Enrique Quiroz Ruiz y
a sus empresas.

90.8. Si es procedente impartir órdenes indemnizatorias a cargo del señor Wilfran
Enrique Quiroz Ruiz y a favor del Distrito de Cartagena.

90.9. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 14 de junio de 2019 proferida por la Sala de Decisión núm. 001 del
Tribunal Administrativo de Bolívar.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

91. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

92. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos
[…]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

93. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

94. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

95. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”60.

96. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público

97. Visto el artículo 4.º de la Ley 472 de 1998, sobre el derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público.

60 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

98. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación, por
patrimonio público debe entenderse: “[…] la totalidad de bienes, derechos y
obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de
sus atribuciones conforme a la legislación positiva […]”, y agrega que “[…] su
protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera
eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales. La
regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista
que asegura la protección normativa de los intereses colectivos [;] en consecuencia
[,] toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio
público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio
de la acción popular. La protección del Patrimonio Público busca que los recursos
del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo
dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas presupuestales. Para la
Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo
a la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio de moralidad
administrativa […]”61.

99. De igual forma, la Sección Tercera de esta Corporación mediante sentencia
de 8 de junio de 201162, agregó que ese “conjunto de bienes, derechos y
obligaciones del Estado”, deben estar adecuadamente destinados a la finalidad que
se les ha señalado, constitucional y legalmente, con criterios de eficacia y rectitud.

100. Posteriormente, esta Sección, en sentencia de 11 de abril de 2019 63, indicó
que “[…] el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público no se ve afectado,
de manera exclusiva, cuando a dicho patrimonio se le da una destinación contraria
a derecho o cuando se evidencia su mengua[,] sin que ello obedezca a una causa
justificada en el orden jurídico imperante, sino también cuando, como consecuencia
de una conducta activa u omisiva reprochable desde el punto de vista jurídico, los
recursos económicos no se encuentran disponibles para ser utilizados conforme el
ordenamiento lo indica, es decir, para destinarlos al cumplimiento de los deberes y
obligaciones que le fueron atribuidas a las entidades que se encuentran a cargo del
cumplimiento de la función administrativa […]”.

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de mayo de

2002, Rad. No. 25000 23 24 000 1999 9001 01. C.P.: Ligia López Díaz.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de ocho (8) de junio

de dos mil once (2011), Consejero ponente: Enrique Gil Botero, Radicación número: 41001-23-31-000-2004-
00540-01(AP).
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de once (11) de abril

de dos mil diecinueve (2019), Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación número: 25000-
23-41-000-2012-00077-02.

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

101. Esta Corporación en sentencia de 1.° de febrero de 202264 unificó el concepto
del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, en la que consideró que
“[…] propugna por la protección del patrimonio estatal, en orden a resguardar la
totalidad de bienes, derechos y obligaciones públicas […]”. Asimismo, “[…] procura
porque la administración (de esos recursos) sea eficiente, proba y transparente, de
acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado y diligencia propios de un buen
servidor, de modo que se evite cualquier detrimento […]”.

93. La defensa del patrimonio público tiene una doble naturaleza, por un lado, la
dimensión subjetiva, la cual le otorga el calificativo de derecho y, por otro lado, la
dimensión objetiva o de principio “[…] que se convierte en la obligación de las
entidades públicas de gestionarlo de acuerdo a lo establecido en el artículo 209 de
la Constitución Política, de forma eficiente y transparente y observando la legalidad
presupuestal vigente […]”.

94. En la precitada providencia se consideró que la vulneración del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio público requiere de la confluencia de dos
elementos, a saber: “[…] i) subjetivo, referido al análisis de la gestión de ese
patrimonio a cargo del funcionario, de modo que si ésta se hace de forma
irresponsable, deshonesta o negligente, se transgrede el interés colectivo protegido
y, ii) objetivo, que se relaciona con el deber de las entidades estatales de gestionar
el patrimonio público, de acuerdo con los postulados de eficiencia y transparencia
contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y salubridad públicas

102. La Constitución Política prevé varias disposiciones relacionadas con los
derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, entre las cuales se
destacan los artículos 2º, 22, 48, 49, 213, 303 y 315 que establecen: i) la convivencia
pacífica y vigencia de un orden justo como fines esenciales del estado, aunado a la
atribución de las autoridades de la República de proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares; ii) la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento; iii) la
seguridad social como servicio público de carácter obligatorio; iv) la atención en
salud y saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; v) la

64 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión;
sentencia del 1.º de febrero de 2022; Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de
radicación: 730013331006200800027-01.

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declaración del estado de conmoción interior, por parte del Presidente de la
República y con la firma de todos los ministros, cuando se presente una grave
perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad
institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda
ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de
Policía; vi) la facultad asignada a los gobernadores como agentes del Presidente de
la República para el mantenimiento del orden público y; vii) la obligación de los
alcaldes de conservar el orden público en el Municipio.

103. En desarrollo de los mencionados preceptos constitucionales, el artículo 4.º
de la Ley 472, estableció en su literal g) los derechos colectivos a la seguridad y
salubridad públicas, que se han entendido, por un lado, en el caso de la seguridad,
como la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y
las calamidades humanas y, por el otro, en el caso de la salubridad, como la garantía
de la salud de los ciudadanos.

104. Asimismo, los derechos bajo análisis guardan relación con las obligaciones
que tiene el Estado de garantizar las condiciones mínimas que permitan el
desarrollo de la vida en comunidad y con el concepto de orden público, entendido
como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que
garanticen la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas, así como la
eficiencia de los derechos humanos65.

105. En concordancia, la Corte Constitucional66 ha entendido este derecho
colectivo como el mecanismo especializado para la protección del derecho a la paz,
al señalar que:

“[…] En efecto, el artículo 22 de la C.N., contiene el derecho a la paz y el deber de su
obligatorio cumplimiento, derecho éste que por su propia naturaleza pertenece a los
derechos de la tercera generación, y requiere el concurso para su logro de los más
variados factores sociales, políticos, económicos e ideológicos que, recíprocamente
se le pueden exigir sin que se haga realidad por su naturaleza concursal o solidaria.
Esta interpretación encuentra fundamento adicional en lo preceptuado en el Art. 88
de la C.N. que consagra las Acciones Populares como mecanismo especializado para
la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio,
el espacio, la seguridad (véase la paz) y la salubridad pública..." y otros de similar
naturaleza que se definen en ella". Así lo entendió el legislador al expedir el Decreto
2591 cuando señaló la improcedencia de la Acción de Tutela para proteger derechos
colectivos como la paz y los demás contemplados en el artículo 88 de la Constitución
Política […]”.

65 En relación con el concepto de orden público, consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia proferida el 28 de noviembre de 1996, M.P. Ricardo Hoyos Duque,
núm. de radicación: 1996-9617 y Corte Constitucional, sentencia C-024 de 27 de enero de 1994, M.P. Alejandro
Martínez Caballero.
66 Corte Constitucional, Sentencia T-008 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz.

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106. A manera de conclusión, resulta pertinente reiterar lo expuesto por esta
Sección en sentencia proferida el 15 de mayo de 201467: “[…] dada la amplitud de
su radio de acción, como ha sido subrayado por esta Corporación, los derechos
colectivos a la seguridad y salubridad públicas “se pueden garantizar desde una
perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de promoción
(activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las condiciones
esenciales de salud pública y de tranquilidad que permitan la vida en comunidad y,
por consiguiente, faciliten la convivencia pacífica entre los miembros de la
sociedad”68. En consecuencia, es claro para la Sala que su vulneración también
puede desprenderse tanto de una actitud activa (actuaciones, reglamentos,
contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa) de parte de las autoridades
responsables de su guarda y realización efectiva […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

107. El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, le encarga al Estado el deber de proveer a los habitantes de los
mecanismos e instrumentos para que aquellos hechos riesgosos puedan ser
controlados de manera eficiente y eficaz.

108. Desde una perspectiva legal, la gestión del riesgo de desastres está definida
en la Ley 1523 de 24 de abril de 201269 como “[…] un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible […]”.

109. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente ha sido objeto de análisis por esta Corporación, en cuya
jurisprudencia70 se analizó en los siguientes términos:

“[…] Proclamado por el literal l) del artículo 4º de la ley 472 de 1998, este derecho,
orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o humano, busca
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala,

núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP)
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26

de noviembre de 2013, C.P.: Enrique Gil Botero, núm. único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00227-
01(AP). C.P.: Enrique Gil Botero.
69 Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
70 Sección Primera. C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia de 18 de mayo de 2017. Radicación

número: 13001-23-31-000-2011-00315-01(AP).

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

garantizar por vía de la reacción -ex ante- de las autoridades la efectividad de los
derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a las comunidades y a
las personas y la conservación de las condiciones normales de vida en un territorio.
Por esto demanda de los entes públicos competentes la adopción de las
medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados para
solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de
reacción posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de
policía administrativa) los problemas que aquejan a la comunidad y que
amenazan su bienestar, integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y
controlables bien por la simple observación de la realidad, bien por medio de
la utilización de las ayudas técnicas de las que hoy dispone la Administración
Pública. De ahí que esta Sección haya destacado el carácter preventivo de este
derecho haciendo énfasis en su vocación de evitar la consumación de los
distintos tipos de riesgo que asedian al hombre en la actualidad, ya no solo
naturales (v. gr. fuego, deslizamientos de tierra, inundaciones, sequías,
tormentas, epidemias, etc.), sino también –cada vez más– de origen
antropocéntrico (v.gr., contaminación del ambiente, intoxicaciones o afectaciones a
la salud, destrucción o afectación de la propiedad privada o pública por accidentes,
productos, actividades o instalaciones). Pese al talante preventivo de este derecho
colectivo, nada obsta para que su amparo pueda presentarse también ante
situaciones que ya no solo constituyen riesgos sino vulneraciones concretas de los
derechos e intereses reconocidos por la Constitución y la ley a la comunidad y a las
personas que la conforman, y que, por ende, ameritan la intervención del Juez
Constitucional. En últimas, tanto la prevención como la protección, corrección y
restitución de estos derechos frente a situaciones que los afectan constituyen
objetivos propios de las acciones populares; a las que, como se mencionó líneas
arriba, es inherente una dimensión preventiva, protectora, reparadora y restitutoria
de los derechos que amparan.

[…]

Supone, entonces, una Administración Pública activa, técnica y comprometida con
la asunción permanente de sus responsabilidades y con el monitoreo constante de
aquellos ámbitos de la vida diaria que están bajo su cargo, como presupuesto de la
actuación anticipada o preventiva (y también reactiva) que instaura como estándar
de sus actuaciones. No se puede olvidar que es misión de las autoridades
realizar las acciones y adoptar las medidas que resulten indispensables para
garantizar la vida e integridad de los residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes y, en general, el conjunto de derechos de los que son titulares; para lo
cual es esencial su compromiso con la prevención de situaciones de amenaza o
vulneración de esos derechos, en especial cuando ellas son susceptibles de ser
anticipadas mediante la fiscalización permanente de la realidad y la adopción
oportuna de las medidas pertinentes para asegurar la efectividad de los derechos,
bienes e intereses de la comunidad y de sus miembros. Todo ello, lógicamente, en
un marco de razonabilidad y de proporcionalidad, pues mal puede suponer la
imposición a la Administración de obligaciones imposibles de cumplir por razones
técnicas, jurídicas, económicas o sociales […]”. (Destacado fuera de texto).

110. En suma, el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles está íntimamente relacionado con el cumplimiento de uno
de los fines del Estado (artículo 2 de la Constitución Política), consistente en “[…]
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución […]” en el
sentido que propende porque las autoridades públicas adopten medidas, programas
y proyectos de carácter preventivos que resulten necesarios y adecuados para

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salvaguardar, de manera efectiva, los derechos de la comunidad que resulten
amenazados por previsibles desastres naturales o antrópicos.

111. Vistos: i) los artículos 1, 2 y 14 de la Ley 1523 de 24 de abril de 201271, sobre
la definición de gestión del riesgo de desastres, de la responsabilidad, y los alcaldes
en el Sistema Nacional.

112. La Gestión del Riesgo de Desastres está definida en el artículo 1.º de la Ley
1523 en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1.º De la Gestión del Riesgo de Desastres. La gestión del riesgo de
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.

Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades
en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población.

Parágrafo 2.º Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que
hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y
recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos […]”.

113. De la norma transcrita se destaca que la gestión del riesgo es un proceso
social ejercido a través de instrumentos de política pública que busca el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, se resalta que la gestión del riesgo se
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros,
los derechos e intereses colectivos.

114. Ahora bien, el artículo 2 de la Ley 1523 de 2012, sobre responsabilidad,
establece que “[…] [l]a gestión del riesgo es responsabilidad de todas las
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano […]” y, en cumplimiento
de esa responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias, en el
marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, desarrollarán

71 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

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y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo relativos a: i) conocimiento del
riesgo; ii) reducción del riesgo; y iii) manejo de desastres.

115. El artículo 14 de la Ley 1523 prevé que los alcaldes: i) como jefes de la
administración local, representan al Sistema Nacional en el respectivo distrito y el
municipio; y ii) como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción. Los alcaldes y, en general, la Administración Municipal,
deben integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y
prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través
de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás
instrumentos de gestión pública.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes

116. Visto el literal m del artículo 4.º de la Ley 472, sobre el derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes.

117. De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de esta Corporación este
derecho implica “[…] la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades competentes
no actúen en forma arbitraria en contravención del respectivo plan de ordenamiento
territorial o instrumento que haga sus veces, a través de acciones que estén fuera
de su marco normativo […]”72.

118. De igual forma, esta Sección mediante la sentencia proferida el 7 de abril de
201173, determinó que el núcleo esencial del derecho colectivo comprendía los
siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento del principio de función social y
ecológica de la propiedad74; ii) protección del espacio público procurando adelantar

72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de

2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril

de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-
000-2004-00688-01(AP).
74 1 Inciso segundo artículo 58 C.P.

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

cualquier tipo de construcción o edificación con respeto por el espacio público, el
patrimonio público, y la calidad de vida de los demás habitantes; iii) respeto de los
derechos ajenos y no abusar del derecho propio75; y iv) atención de los procesos de
cambio en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente
una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible76 .

119. Asimismo, esta Corporación ha establecido que comprende el acatamiento a
los planes de ordenamiento territorial que sirven de guía y mapa para que el
desarrollo urbano se haga de manera ordenada, coherente, de tal manera que
prevalezca el interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación de las
disposiciones político - administrativas y de organización física contenidas en los
mismos77. Así, como el cumplimiento de los preceptos normativos sobre usos del
suelo; alturas máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias al distrito; necesidad
de obtener licencias de urbanismo y construcción; existencia de conexiones para
los servicios públicos domiciliarios, entre otros78.

120. Para la Sala es claro que el derecho señalado en el literal m) del artículo 4.º
de la Ley 472, corresponde a la obligación que le impone el legislador a las
autoridades públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los preceptos
jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la forma como progresa y se
desarrolla una determinada población, en términos de progreso físico y material,
asentada en una determinada entidad territorial, bien sea en sus zonas urbanas o
rurales, con miras a satisfacer plenamente las necesidades de la población.En
efecto, esta Sección79 ha manifestado al respecto que:

“[…] [E]l derecho colectivo anteriormente enunciado abarca el respeto del principio de
la función social y ecológica de la propiedad de acuerdo con el artículo 58 de la
Constitución Política, la protección del espacio público, del patrimonio público y de la
calidad de vida de los habitantes, el respeto de los derechos ajenos y el acatamiento
a la ley de ordenamiento territorial, planes de ordenamiento territorial y demás
disposiciones normativas en materia de uso del suelo, alturas máximas de
construcción y demás criterios y límites que determinan las autoridades para construir
[…]”

75 Art. 95 numeral 1 C.P.
76 Art. 3º ley 388 de 1997.
77 Art. 5º ley 388 de 1997
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno (21) de

febrero de dos mil siete (2007), C.P.: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número: 63001- 23-31-000-2004-
00243-01(AP).
79 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2009, Consejero Ponente: Rafael E.

Ostau De Lafont Pianeta, Radicación número: 17001-23-31-000-2004- 01492-01(AP).

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

121. En ese orden de ideas, la vulneración al derecho colectivo a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes supone el desobedecimiento de la normativa en materia
urbanística y de usos del suelo por parte de las autoridades y particulares. Al tiempo,
exige la demostración del daño o la amenaza al interés general80.

122. La finalidad de la gestión de riesgos de desastres se acompasa con el fin
previsto en el literal m del artículo 4.º de la Ley 472 de 1998, relativo a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes– en tanto en el proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas,
acciones, entre otros, para el conocimiento y la reducción del riesgo, y el manejo de
desastres, está orientado a contribuir a la seguridad, el bienestar, a la calidad de
vida de las personas y a su desarrollo.

123. Ahora, el artículo 81 de la Ley 1523 prevé que el Gobierno Nacional podrá
promover, ejecutar y financiar proyectos de desarrollo urbano en los que se definan,
de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos
en el ámbito de sus respectivas competencias, el conjunto de decisiones
administrativas y de actuaciones urbanísticas necesarias para la ejecución de
operaciones urbanas que garanticen la habilitación de suelo para la ejecución de
los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos
para atender la declaratoria de situación de desastre.

124. En este orden de ideas, la Ley 1523, define la intervención prospectiva como
el “[…] proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de
riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos
sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos.
Su objetivo último es evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones
correctivas en el futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a
través de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los estudios de
prefactibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento y en general todos

80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 29 de noviembre

de 2010, CP. Marco Antonio Velilla Moreno, número único de radicación 250002326000200401474-01.

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aquellos mecanismos que contribuyan de manera anticipada a la localización,
construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población
[…]”.

125. De lo anterior, se colige que la adopción de los planes de ordenamiento
territorial permite garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo, en la
medida que, de forma anticipada se determina la localización, construcción y
funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población.

126. De acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1523, los planes de
ordenamiento territorial deben integrar el análisis del riesgo en el diagnóstico
biofísico, económico y socioambiental. Asimismo, considerar el riesgo de desastres,
como condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando la forma de
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.

127. Así las cosas, para la Sala el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, es transversal a otros derechos de la misma naturaleza, entre
ellos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en la
medida que, el primero tiene relación directa con los asuntos propios de la gestión
del riesgo de desastres, a través del plan de ordenamiento territorial. En este
instrumento deben incluirse aspectos de desarrollo urbano, ordenamiento ambiental
del territorio y disposiciones para la gestión del riesgo, la prevención y atención de
desastres, con el propósito de dar prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes.

Análisis del caso concreto

128. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
expuestos supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

129. La Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar profirió
sentencia de 14 de junio de 2019, mediante la cual amparó los derechos e intereses
colectivos relacionados con la seguridad y salubridad públicas, la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente y la realización de construcciones
respetando las disposiciones jurídicas, los cuales consideró vulnerados por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Distrito Turístico y Cultural de

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Cartagena de Indias, las Inspecciones de Policía y las Curadurías Urbanas del
Distrito de Cartagena.

130. Con fundamento en lo anterior, entre otras cosas, impartió la orden
consistente en que el plazo de 6 meses, contados desde la notificación de la
sentencia, las precitadas entidades realicen, faciliten, impulsen, corroboren,
elaboren, financien, ejecuten y finalicen las gestiones, programas o proyectos
necesarios para la vigilancia y control en la expedición de licencias y en la
realización de construcciones urbanísticas, verificando e identificando las obras
urbanísticas que no cumplan la normativa sobre la materia.

131. Contra la sentencia proferida, en primera instancia, presentaron sendos
recursos de apelación el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la
Inspección de Policía Distrital de la Comuna núm. 11, la Curaduría Urbana núm. 1
de Cartagena y la Procuraduría General de la Nación.

132. En síntesis, los argumentos expuestos en los recursos de apelación se
fundamentan en: i) la nulidad de la sentencia suscrita por un Magistrado al que se
le había aceptado un impedimento para conocer del proceso; ii) la carencia actual
de objeto por hecho superado; iii) la falta de valoración probatoria; iv) la
proporcionalidad de las órdenes impartidas en primera instancia; v) la
responsabilidad de las entidades que fueron exoneradas; vi) la necesidad de proferir
una sentencia extra petita; vii) la responsabilidad del señor Wilfran Enrique Quiroz
Ruiz y de sus empresas de construcción; y viii) la posibilidad de impartir órdenes
indemnizatorias a cargo del precitado empresario.

133. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas decretadas y aportadas,
en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 de la Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica
y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo
que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico planteado en los
recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida, en primera
instancia, el 14 de junio de 2019.

Respecto del análisis del material probatorio obrante en el expediente

134. Copia del escrito de 2 de mayo de 2017 dirigido al Director Administrativo de
Control Urbano del Distrito de Cartagena, suscrito por el Inspector de Policía Rural

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de La Boquilla, en el que solicita un técnico con el fin de realizar visitas a algunas
construcciones en el Corregimiento de La Boquilla81.

135. Copia del escrito de 27 de abril de 2017 dirigido a la Oficina de Control Urbano
y Espacio Público de la Alcaldía Local núm. 2, suscrito por el Inspector de Policía
Rural de La Boquilla, en el que solicita un informe técnico sobre la realización de
una construcción en cartón y mampostería en el Corregimiento de La Boquilla, por
presunta invasión del espacio público82.

136. Copia del acta de audiencia de 31 de marzo de 2017 en la que se realizó una
inspección en un sector de la playa de La Boquilla frente al Hotel Sunsent Beach,
en la que se suspendió la construcción por carecer de las licencias requeridas83.

137. Copia de las actas de inspección y oficios en los que se solicita informes
técnicos a la DIMAR y al Distrito de Cartagena sobre la realización de
construcciones y suspensiones de las mismas por carecer de licencias
correspondientes, en el sector de La Boquilla84.

138. Copia del escrito núm. AMC-OFI-0041442-2017 de 3 de mayo de 2017
dirigido al Secretario del Interior y Convivencia Ciudadana suscrito por la Alcaldesa
de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, en la que remite actas de visita y matriz
de consolidación de las visitas en las que se encontraron obras sin licencia, carecen
de PMA y de Plan de Manejo de Tránsito85.

139. Copia del acta de visita Localidad 2 de los meses de abril y mayo de 2017 en
las que se evidencia la existencia de construcciones y obras sin licencia, sin PMA
ni PMT86.

140. Copia de la Resolución 0188 de 30 de abril de 2015 expedida por la
Curaduría Urbana núm. 1 de Cartagena, por la cual se declara la existencia de una
edificación de la que es titular Rafael Simón Pereira Jaspes, proyecto Multifamiliar
denominado Edificio Shalom87 y acta de visita localidad 3 en los que quedaron
documentos en revisión de ese edificio88.

81 Cfr. folio 37, cuaderno 1.
82 Cfr. folio 38, cuaderno 1.
83 Cfr. folio 39 y 40, cuaderno 1.
84 Cfr. folio 41 a 48, cuaderno 1.
85 Cfr. folio 59 a 102, cuaderno 1.
86 Cfr. folio 103 a 119, cuaderno 1.
87 Cfr. folio 138 a 141, cuaderno 1.
88 Cfr. folio 137, cuaderno 1.

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

141. Copia de la Resolución 0006 de 13 de enero de 2016 por la cual la Curaduría
Urbana núm. 1 de Cartagena concede licencia de construcción a la Constructora
Monserrate de Colombia S.A.S.89 y Acta de Visita Localidad 2 de 9 de marzo de
2017, en la que se halló obra gris sin PMT90.

142. Copia del acta de imposición de medida preventiva por parte de EPA de 19
de septiembre de 2016 a la Sociedad Constructora Monserrate de Colombia S.A.S.,
edificio Newport91.

143. Copia del acta de visita de la Localidad 3 de 3 de mayo de 2017 al predio de
referencia catastral 01-05-0061-0015-00, en la que se evidencia que no se
presentaron planos aprobados, ni PMA y Resolución 0116 de 8 de marzo de 2016,
expedida por la Curaduría Urbana núm. 1 de Cartagena por medio de la cual se
concede licencia de construcción en el precitado predio, así como otras similares de
la Curaduría Urbana núm. 292.

144. Copia del informe general de visitas a construcciones de la localidad histórica
y del Caribe Norte y otras acciones de acompañamiento de 10 de mayo de 2017,
dirigido al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena, suscrito
por la Alcaldesa de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, en la que se informa
sobre 77 visitas realizadas a construcciones que arrojaron el resultado de 22
construcciones con licencia y 55 sin licencia de construcción93.

145. Copia de informe acompañado de certificaciones referidos a los hechos
ocurridos el 27 de abril de 2017, relacionados con el desplome del Edificio Blas de
Lezo II94.

146. Copia del informe de suspensión de obras en las que se da cuenta que de
las 55 obras suspendidas solo 3 tienen licencia de construcción95.

147. Testimonio del Jefe de Control Urbano del Distrito de Cartagena, señor
Héctor Anaya, en la que se indica que se detectaron 16 construcciones realizadas
por la Familia Quiroz de manera irregular porque no cumplían con la normativa
urbanística96.

89 Cfr. folio 143 a 146, cuaderno 1.
90 Cfr. folio 142, cuaderno 1.
91 Cfr. folio 146, cuaderno 1.
92 Cfr. folio 157 a 161, cuaderno 1.
93 Cfr. folio 178 a 200, cuaderno 1; folio 201 a 260, cuaderno 2.
94 Cfr. folio 267 a 274, cuaderno 2.
95 Cfr. folio 402, cuaderno 3.
96 Cfr. folio 1809, CD, cuaderno 10.

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148. Copia de los informes de los Curadores, Inspectores de Policía y del Distrito
de Cartagena de la vigilancia y control de las obras urbanísticas de la ciudad de
Cartagena, ordenada en la medida cautelar proferida el 30 de junio de 2017, en las
que se evidencia la suspensión de las obras, unas por carecer de licencia de
construcción y otras por no cumplir los requisitos para su expedición.

149. Copia del “[…] Plan de Normalización Urbanística – Construyendo la
Ciudad de la Esperanza […]” suscrito entre la Alcaldía de Cartagena de Indias D.T
y C. y la Procuraduría General de la Nación el 26 de octubre de 201797, el cual, entre
otras cosas, incorpora lo previsto en el “[…] Plan de Acción de Control Urbano […]”
y en el “[…] Proyecto de Inversión “Fortalecimiento al Control Urbano en el Distrito
de Cartagena de Indias […]”.

150. El contenido del “[…] Plan de Normalización Urbanística – Construyendo
la Ciudad de la Esperanza […]” es el siguiente:

“[…] 1. PACTO DE CUMPLIMIENTO ENTRE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA DE
INDIAS D.T. Y C, Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

2. EL CONTROL URBANO DESDE EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019
‘’PRIMERO LA GENTE PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE Y COMPETITIVA’’.

3. PROYECTO DE INVERSIÓN ‘’FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO EN
EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 2016-2019’’.

4. NORMATIVIDAD SOBRE LA COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO DEL
CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

5. COMISIÓN DEVEEDURÍAS.
6. ESTRATEGIAS DE NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA DE CARTAGENA DE
INDIAS D.T. Y C.

6.1 CONTROL CIUDADANO INSTANTÁNEO Y TRANSPARENCIA TOTAL.

Fase 1. Interconexión con las curadurías.
Fase 2. MIDAS APP.
Fase 3. i-MIDAS.

6.2. CUERPO ELITE.

6.3. DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO.

6.4 DEFENSORES URBANOS BARRIALES.

6.5. CREACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE INFORMACIÓN.

6.6 FORTALECIMIENTO A LAS INSPECCIONES DE POLICÍA.

6.7 VINCULAR A LOS DIFERENTES ACTORES DEL SECTOR NACIONAL.

97 Cfr. folios 143 a 161, cuaderno Incidente de Desacato I de Medida Cautelar.

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7. MEDIDAS PÚBLICO-PRIVADAS CON LA NACIÓN ANTE CONSTRUCCIONES
EXISTENTES.

8. SUSCRIPCIÓN […]”.

151. La Sala Destaca los siguientes apartes del “[…] Plan de Normalización
Urbanística – Construyendo la Ciudad de la Esperanza […]”:

“[…] Paradójicamente la ciudad de Cartagena, patrimonio cultural de la humanidad
según la UNESCO y reconocida mundialmente por su arquitectura, se ha visto
enfrentada a una crisis por situaciones de urbanismo, en donde particulares se
han prevalido de medios ilegales para impulsar proyectos y realizar
construcciones que vulneran los derechos colectivos y el principio de legalidad
de las actuaciones públicas y privadas. Ante esas situaciones y teniendo en cuenta
además la tragedia del Edifico Blas de Lezo, la Procuraduría General de la Nación
presentó una Acción Popular que obligaba al Distrito de Cartagena a presentar
un Plan de Normalización del Urbanismo y están en curso investigaciones
penales y disciplinarias en estos asuntos. El actual Alcalde, Sergio Londoño Zurek,
optó por romper ese círculo perverso y aceptó la propuesta de un Pacto de
Cumplimiento en la Acción con la Procuraduría para preservar el urbanismo legal
como servicio público esencial y defender otros bienes colectivos como la moralidad
administrativa y el patrimonio público ambiental y cultural.

Actualmente se le está dando impulso al Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘’Primero
la Gente para una Cartagena Sostenible y Competitiva’’, aprobado mediante
Acuerdo No. 006 del 13 de junio de 2016, consagra el ‘’Eje Estratégico Territorio
Sostenible, Ordenado, Equitativo e Incluyente’’, el cual contiene la línea estratégica
denominada TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO, ésta pretende establecer
el : ‘’(…) desarrollo territorial en el marco de la sostenibilidad, mediante la adopción
de un modelo de ocupación territorial de acuerdo a los retos del desarrollo social y
económico, que propenda por la equidad y el equilibrio funcional del territorio. Bajo el
concepto de “Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad” se mantendrá una
concepción integral del desarrollo urbano, que conlleve la planificación y actuación
coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable, saneamiento básico
y movilidad urbana, en el marco de actuaciones urbanas integrales y del
fortalecimiento de los instrumentos de planeación y ordenamiento regional y local.

[…]

Bajo los parámetros mencionados, se impulsará dentro del Plan de Desarrollo
2016-2019 ‘’Primero la Gente’’, el Programa Desarrollo Urbano Territorial, el cual
estipula el Subprograma denominado FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA
URBANA Y TERRITORIAL “OJOS EN LA CIUDAD”, el cual tiene como objetivo
principal: ‘’ (…) mejorar los procesos de control urbano, vigilando el cumplimiento
de las normas urbanísticas señaladas en el POT, apoyando el proceso de
conservación dinámica, seguimiento y control a las licencias urbanas en articulación
con un sistema de información con las curadurías urbanas y las tres 3 localidades del
Distrito’’, dentro de los indicadores y metas de éste subprograma se tiene que:

SUBPROGRAMA INDICADOR DE META PRODUCTO RESPONSABLE
PRODUCTO

Total de Instancia de Secretaría de
Actuaciones decisión frente Planeación
urbanísticas a violaciones de
Fortalecimiento normas
a la Dinámica urbanísticas
Urbana y Labor preventiva Instancia de Secretaría de
Territorial “Ojos de control inspección y Planeación
En La Ciudad” urbano

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vigilancia del
cumplimiento
de las normas
urbanísticas

[…]

El proyecto de inversión ‘’FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO EN EL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 2016-2019’’, tiene como objetivo general:
Planear y administrar los recursos humanos y materiales de la Dirección
Administrativa de Control Urbano, para dirigirlos, regular el crecimiento ordenado y
armonioso de la ciudad en materia de desarrollo urbano, asegurar la legalidad y la
transparencia en la toma de decisiones y trámites urbanísticos y aportar propuestas
para solucionar los problemas de construcción ilegal, cumplimiento a las leyes y
normas urbanísticas y mejoramiento de la imagen urbana del Distrito de Cartagena.

[…]

Así las cosas, actualmente, la competencia para ejercer el control urbano, se
encuentra por mandato legislativo, en cabeza de los inspectores de policía. El
citado marco legal se encuentra en revisión por parte de la Procuraduría General de
la Nación y, en consecuencia, ésta, podrá indicar algunas medidas correctivas o
cuando sea pertinente presentará demandas para la nulidad de los actos
administrativos, con medidas cautelares complementarias que espera sean valoradas
para su coadyuvancia.

[…]

6. ESTRATEGIAS DE NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA DE CARTAGENA DE
INDIAS D.T. Y C

6.1 CONTROL CIUDADANO INSTANTÁNEO Y TRANSPARENCIA TOTAL:

Es la estrategia que permitirá a los ciudadanos, acceder a una plataforma virtual con
información geográfica de las obras en construcción debidamente autorizadas, en
donde podrán verificar:

• Si la obra tiene o no licencia de construcción
• Si la licencia está en trámite
• Si cumple o no con otros requisitos exigidos por la ley
• Si la construcción no está registrada en la plataforma, podrá enviar de
manera inmediata la información del predio, junto con fotografías de
apoyo, para que se incluya en el inventario de obras de la plataforma y sea
objeto de revisión y control por parte de las autoridades encargadas.
• Publicidad exterior visual actualizada

[…]

6.2. CUERPO ELITE:

Esta estrategia consiste en la creación de una alianza para efectuar vigilancia y
asesoría referente al control urbano, para lo cual se convocará a las diferentes
entidades que tengan injerencia en el área de la construcción, así como las
asociaciones gremiales y Universidades, en procura de ejercer monitoreo
constante en el Distrito de Cartagena, a fin de garantizar el cumplimiento de la
normatividad urbanística en la ciudad. Con la creación de ésta alianza, se efectuarán
visitas por toda la ciudad, para identificar las obras urbanas en construcción con o sin
licencia urbanística, y las construidas sin licencia urbanística que aún no hayan sido
determinadas, a efectos de contar con información actualizada, confiable y oficial que
dé cuenta del estado de las construcciones en el Distrito de Cartagena, para esto se

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contará con el apoyo de la Unidad para la Gestión de Riesgo de Desastre, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, y las Inspecciones de Policía, éstas o la autoridad
competente, darán inicio a los tramites administrativo necesarios para salvaguardar
la integridad urbanística.

[…]

6.3. DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

Ésta estrategia consiste en la revisión de edificaciones para evaluar su capacidad
de soporte, su vulnerabilidad sísmica, y finalmente determinar si necesitan
refuerzo o si tienen fallas irreversibles, para esto, el Distrito de Cartagena de
Indias, en procura de dar cumplimiento y adecuada ejecución al Plan de Desarrollo
2016-2019 ‘’ Primero la Gente’’, así como de salvaguardar la integridad de los
ciudadanos suscribió el día diez (10) de Julio de 2017 contrato interadministrativo No.
09-91-17 con , la Universidad de Cartagena, cuyo objeto es la: ‘’ Elaboración de un
estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica de verificación de las
condiciones actuales de dieciséis (16) edificaciones ubicadas en la ciudad de
Cartagena, departamento De Bolívar’’, el cual inició su ejecución el primero (1) de
agosto de 2017.

[…]

CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO PATOLOGICO DEL EDIFICIO PORTALES
DE BLAS DE LEZO I:

[…]

Según las conclusiones presentadas por la Universidad de Cartagena, la Estructura
Portante del edificio Portales de Blas de Lezo I, no cumple con la Norma NSR-10.

Las Placas de Entrepiso no Cumple con las exigencias mínimas de la Norma
NSR-10.

Las Zapatas de la Estructura se encuentran con Sobreesfuerzos a cargas
verticales y solicitaciones Sísmicas, lo que permite asegurar que es vulnerable
a cualquier tipo de Sismo.

La recomendación es Reforzamiento Estructural Integral.

En el Proceso de Reforzamiento no se puede permitir Acceso a ninguna persona.

Se debe programar de manera coordinada la evacuación del Edificio.

Después de evacuado no podrá ser habitado hasta tanto no se le hayan hecho todos
los reforzamientos adecuados.

En cuanto a la Norma Urbanística Vigente para el Territorio de Cartagena (POT);
este edificio no cumple con las medidas mínimas exigidas por la Norma para
desarrollarse en el predio donde hoy se encuentra.

[…]

6.4 DEFENSORES URBANOS BARRIALES

Esta estrategia, consiste en la capacitación a la ciudadanía y sus diferentes
actores, así como a funcionarios de diversas entidades, con el fin de proporcionarles
conocimientos y herramientas que permitan identificar aspectos básicos respecto a la
legalidad o ilegalidad de obras en construcción, así como los mecanismos que existen
para corroborar este tipo de situaciones, y dónde pueden acudir a denunciar. Sumado

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a lo anterior, se les enseñarán los procesos y procedimientos que deben cumplir para
evitar ser sancionados por violación a la normatividad urbanística.

[…]

6.5. CREACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE INFORMACIÓN

Ésta estrategia consiste, en la creación de un punto de atención al ciudadano el
cual estará localizado en la Secretaría de Planeación Distrital, en donde se
orientará a los interesados sobre los diversos procedimientos que en materia
urbanística se desarrollan o pueden desarrollarse en el Distrito de Cartagena, a fin de
que la población tenga conocimiento de las diferentes Entidades que tienen injerencia
en los aspectos referentes al Control Urbano en la ciudad, cuáles son los trámites que
deben realizar para dar cabal cumplimiento a la normatividad urbanística, dónde
pueden acudir para efectuar éstos trámites, si poseen costos, dónde pueden efectuar
denuncias por violación a la normatividad urbanística, y en general, permitirá a los
ciudadanos tener conocimiento de las actuaciones que en materia urbanística pueden
realizar y el trámite para esto. Sumado a lo anterior, a través de las redes sociales y
página web del Distrito, se informará a la ciudadanía de aspectos relevantes que
permitirán la adecuada garantía a la normatividad urbanística.

[…]

6.6 FORTALECIMIENTO A LAS INSPECCIONES DE POLICÍA:

En virtud a lo dispuesto por la ley 1801 de 2016 en sus articulo 135 y 206, los
Inspectores de Policía son los competentes para efectuar el Control Urbano, por
eso su fortalecimiento es imperativo para la salvaguarda de la integridad urbanística,
desde el 26 de mayo a la fecha se fortalecieron las inspecciones de policía con la
dotación de 29 equipos de cómputo y sus respectivas licencias.

Se tienen disponible $ 740 millones de pesos a 31 de diciembre del 2017 para el
fortalecimiento de las adecuaciones locativas, tales como mobiliario, materiales y
suministro de oficina, equipos de audio y video, transporte y movilidad.

[…]

6.7 VINCULAR A LOS DIFERENTES ACTORES DEL SECTOR NACIONAL.

La problemática del control urbano no atañe únicamente a Cartagena,
desafortunadamente es una situación que se presenta a nivel nacional, esto ha
generado la necesidad de vincular a las diferentes entidades que tengan relación con
la salvaguarda de la integridad urbanística, en procura de crear un sistema de
comunicación y canalización respecto a las políticas y actuaciones que se
realicen en todo el país, por esta razón, se convocará para el día 30 de noviembre
de 2017, una mesa de trabajo que tendrá como objetivo principal integrar esfuerzos
en el fortalecimiento de los controles urbanos y propender por la construcción de un
COMPES (sic) de Control Urbano así como definir una línea especial con la Unidad
de Gestión del Riesgo.

[…]

7. MEDIDAS PÚBLICO-PRIVADAS CON LA NACIÓN ANTE CONSTRUCCIONES
EXISTENTES:

En la actualidad, existen en Cartagena, múltiples obras que se encuentran en
estado de abandono, deterioro, o que fueron construidas incumpliendo la
respectiva licencia de construcción, incluso, varias fueron ejecutadas sin los
permisos legales para tal fin, es por esto, que se desarrollarán herramientas
jurídicas que permitan diseñar en conjunto con la Nación, bajo la permanente
vigilancia de la Procuraduría General de la Nación, planes de intervención y

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reconstrucción de éstas obras, a fin de lograr optimizar los recursos existentes para
poder ofrecer a los cartageneros edificaciones de calidad que garanticen su vida,
integridad física y demás derechos fundamentales.

[…]

8. SUSCRIPCIÓN:

El Plan de Normalización Urbanística descrito, será susceptible de ser revisado y
actualizado por la Alcaldía de Cartagena de Indias D.T. y C., previa valoración y
aprobación por parte de la Procuraduría General de la Nación, la cual podrá efectuar
recomendaciones y ajustes a las revisiones y actualizaciones que proponga el
Gobierno Distrital; sumado a lo anterior, será puesto a disposición y estudio por
parte del Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar para su estudio y
aprobación en el marco de la Acción Popular. Este Plan de Normalización
Urbanística deberá ser desarrollado a su vez por el Concejo Distrital en los asuntos
de su competencia.

Es menester resaltar, que la Alcaldía de Cartagena de Indias D.T. y C, procurará la
permanencia y sostenibilidad de éste Plan de Normalización Urbanística, a fin
de que se adopte como una política pública distrital, éste plan no es únicamente
el resultado de un mandato judicial, es la manifestación de la conciencia política
adquirida por parte del Gobierno Distrital de Cartagena, en virtud a una realidad que
demanda cambios, soluciones, pero sobre todo, exige mantener viva la esperanza de
que es posible tener una mejor ciudad.

Para constancia, de lo expuesto, se suscribe por las partes intervinientes, a los
veintiséis (26) días del mes de octubre de 2017 […]”. (Destacado fuera de texto).

152. Copia de los Informes Técnicos de los Estudios Patológicos realizados por
la Universidad de Cartagena en el marco del Contrato Interadministrativo núm. 09-
91-1798, cuyo objeto es la “[…] [e]laboración de estudio de patología estructural y
vulnerabilidad sísmica de verificación de las condiciones actuales de dieciséis (16)
edificaciones […]”, y que se ejecutaron mediante las fases de i) ubicación del
terreno; ii) revisión de la información secundaria y técnica del edificio a nivel de
planos arquitectónicos, estructurales, usos de suelo, reportes, bitácoras y los
profesionales requeridos; iii) levantamiento estructural o revisión de planos
existentes; iv) investigación de la patología que consta de la verificación de las
propiedades del concreto a través de ensayos en núcleos extraídos, o pruebas de
impacto esclerómetro, en vigas columnas y losas, pruebas de carbonatación y
detección del acero de refuerzo, profundidad del recubrimiento y estado de
corrosión del mismo; v) estudios geotécnicos para la evaluación del subsuelo y la
cimentación; y vi) la evaluación patológica, estructural y geotécnica de cada
edificación.

153. Los informes concluyeron que las edificaciones evaluadas no superaron
las pruebas realizadas durante las fases de estudio, toda vez que los resultados
indican que diversos elementos estructurales, como las columnas, vigas, placas de

98 Cfr. folios 40 CD, cuaderno Anexo 1 Informe Avance Plan Normalización Urbanística.

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entrepiso y cimentación, no cumplen con las especificaciones mínimas de
resistencia y refuerzo establecidas en las normativas aplicables, como la NSR-10.

154. Además, los informes dan cuenta que las estructuras en general son
flexibles, con altos índices de deformación y sobrecarga, lo que pone en duda su
capacidad para resistir solicitaciones sísmicas y cargas verticales; también se
identificaron deficiencias en los cimientos, que presentan sobresfuerzos y riesgos
de desplazamiento.

155. Copia de las actas de socialización de los estudios patológicos realizados
por la Universidad de Cartagena99, en el que se informó a la comunidad los
resultados señalados supra sobre las edificaciones: Portales de Blas de Lezo 1;
Edificio Villa May; Portales de los Caracoles I y II; Brisas de Blas de Lezo; Portales
de los Alpes; Brisas de los Alpes; Alpes 31; Villa Naevia; Calipso; Villa Ana; Villa
Vanesa; Brisas de la Castellana; Shalom; Tsalach; Villa Mary; e Innova.

156. Copia del Oficio AMC-OFI-0133810-2017 de 7 de diciembre de 2017
expedido por el Secretario de Planeación Distrital y la Asesora Jurídica Externa con
asunto: “Presentación de avance mes de Noviembre (SIC) de 2017 del Plan de
Normalización Urbanística”100

157. Copia del Oficio AMC-OFI-0087495-2018 de 8 de agosto de 2018
expedido por el Secretario de Planeación Distrital con asunto: “Presentación de
avance del Plan de Normalización Urbanística”101; en este se informó los avances
de las estrategias planteadas en los siguientes términos:

157.1. Control ciudadano instantáneo y transparencia total: Se indicó que se creó
la plataforma MIDAS, mediante la suscripción del Contrato MC-SPD-01-95-2017, en
la cual es posible visualizar las licencias urbanísticas expedidas con vigencia desde
el año 2017; además, se señaló que los ciudadanos tienen la posibilidad de reportar
construcciones, adjuntando fotografías.

157.2. Cuerpo elite: Señaló que se realizó una reunión el 8 de noviembre de 2017
para abordar temas relevantes.

157.3. Diagnostico patológico: Expuso que se cumplió con el Contrato
Interadministrativo núm. 09-91-17, entregando los informes correspondientes y

99 Cfr. folios 47 a 162, cuaderno Anexo 1 Informe Avance Plan Normalización Urbanística.
100 Cfr. folios 948 a 1000, cuaderno 5.
101 Cfr. folios 1578 a 1600, cuaderno 8; folios 1601 a 1602, cuaderno 9.

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realizando la socialización a la comunidad, conforme a las pruebas previamente
citadas.

157.4. Defensores urbanos barriales: Informó que, durante 2017, se realizaron 7
capacitaciones a un total de 287 personas; además, se destacó que en 2018 se
ofrecieron capacitaciones adicionales a los inspectores de policía.

157.5. Creación del punto unificado de información: Indicó que se creó
satisfactoriamente el punto unificado de información, el cual comenzó a operar el 15
de diciembre de 2017 en la Secretaría de Planeación Distrital.

157.6. Fortalecimiento a las inspecciones de policial: Señaló que se realizó una
inversión de $861.892.300 millones de pesos en el fortalecimiento de las
inspecciones; adicionalmente, se conformó el Grupo Élite por parte de la Secretaría
del Interior, para recibir denuncias por medios magnéticos y verbales. Asimismo, se
concluyó que, desde el 1 de junio de 2017, el 27% de los casos policivos iniciados
han sido objeto de medida provisional de suspensión, como parte de los análisis
realizados respecto a comportamientos contrarios a la integridad urbanística.

157.7. Vincular a los diferentes actores del sector nacional: Afirmó que se generaron
dos mesas de trabajo, la primera el 30 de noviembre de 2017 y la segunda el 30 de
enero de 2018, con la Superintendencia de Notariado y Registro, la
Superintendencia de Industria y Comercio, las Alcaldías Locales, la Inspección de
Policía, las Curadurías 1 y 2 de Cartagena, la Cámara de Comercio de Cartagena y
las agremiaciones vinculadas al sector, como: la Cámara Colombiana de la
Construcción – CAMACOL, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar –
SIAB y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI.

158. La Sala considera que las pruebas referidas supra permiten concluir que
si bien, las entidades demandadas han realizado acciones para superar la omisión
en el control de construcciones que no cumplen con los requisitos previstos en la
normativa que regula la materia en la Ciudad de Cartagena, el peligro y el riesgo de
vulneración de los derechos colectivos permanece con ocasión de la existencia de
construcciones sin licencia en el Distrito.

159. La Sala destaca que el Plan de Normalización Urbanística es un
documento en el que se incorporaron planes anteriores, proyectos de inversión y
estrategias para solucionar la situación de crisis generada en la ciudad de
Cartagena con ocasión del incremento de construcciones sin licencia de

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construcción y, respecto de las cuales, se demostró el alto riesgo que generan para
la comunidad por el no cumplimiento de la normativa de sismorresistencia.

160. El Plan de Normalización Urbanística, si bien es cierto, es un documento
base que pretende mitigar la construcción sin el cumplimiento de los requisitos
legales en el Distrito de Cartagena, no permite a la Sala concluir que con ese plan
se entiendan protegidos los derechos colectivos amparados por el Tribunal en la
sentencia proferida, en primera instancia.

161. La Sala resalta que el Plan de Normalización Urbanística es un documento
suscrito entre el Distrito de Cartagena y la Procuraduría General de la Nación en el
año 2017, el cual tiene por objeto “[…] superar la crisis de la integridad urbanística
[…]”, que afecta a la ciudad de Cartagena.

162. No obstante lo anterior, la Sala considera que el mencionado Plan es
insuficiente para entender protegidos los derechos e intereses colectivos
amparados en la sentencia proferida, en primera instancia, toda vez que, por un
lado, el Plan es una hoja de ruta que permite a la Administración Distrital y a las
demás entidades accionadas y vinculadas planear sus actuaciones para superar la
crisis de integridad urbanística, sin que con el plan se demuestre que efectivamente
las circunstancias de riesgo que dieron origen a la acción popular se encuentren
superadas.

163. La Sala destaca que en el contenido del Plan se evidencian los riesgos de
colapso de algunas edificaciones que no cumplen con la normativa urbanística y de
sismorresistencia, lo que permite concluir que la amenaza persiste y no se soluciona
exclusivamente con la suscripción del Plan.

164. Por otro lado, la Sala considera que el Plan no ha cumplido el objeto
propuesto, en razón a que la entidad que lo suscribió y que funge en el proceso de
la referencia como parte actora, en el recurso de apelación, solicitó confirmar la
sentencia proferida, en primera instancia, la cual amparó los derechos colectivos
mencionados supra, con ocasión de la omisión de las autoridades accionadas en el
control urbanístico de Cartagena.

165. La Sala considera que existen elementos probatorios para confirmar el
amparo de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas; a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la

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calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Cartagena, lo que se desprende
de los informes de estudios patológicos elaborados por la Universidad de Cartagena
que demuestran el riesgo en que se encuentran algunas edificaciones que fueron
construidas sin la respectiva licencia y que no cumplen la norma de
sismorresistencia, adicionalmente, no se demostró por parte del Distrito la existencia
de un plan estructurado que contenga programas, proyectos, estrategias e
indicadores claros para superar la crisis de integridad urbanística.

166. La Sala procederá a resolver los problemas jurídicos formulados supra,
teniendo en cuenta los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 anteriormente indicados
y los límites de los recursos de apelación interpuestos en este caso concreto.

Solución a los problemas jurídicos

167. La Sala procede a realizar el análisis de los argumentos expuestos en los
recursos de apelación, de acuerdo con los problemas jurídicos indicados supra.

Sobre la presunta nulidad de la sentencia suscrita por un Magistrado al que
se le había aceptado un impedimento para conocer del proceso

168. La Curaduría Urbana núm. 1 del Distrito de Cartagena102 señaló que con
ocasión del trámite de un incidente de desacato, dentro del proceso de la referencia,
el Tribunal Administrativo de Bolívar aceptó la manifestación de impedimento
presentada por el Magistrado José Rafael Guerrero Leal, toda vez que al momento
de la presentación de la demanda fungía como Procurador Delegado e intervino en
las audiencias como agente del Ministerio Público.

169. No obstante lo anterior, el Magistrado Guerrero Leal suscribió la sentencia
apelada, cuando previamente el Tribunal había aceptado su impedimento para
conocer del proceso de la referencia.

170. Solicitó expresamente como argumento del recurso de apelación que “[…] se
declare la NULIDAD DE LA SENTENCIA objeto de la presente alzada, por cuanto
está viciada, desde el momento mismo que se pretermitieron normas procesales
que invalidan el principio de acierto y legalidad en el entendido que, fue con la
intervención de un Magistrado, señor H.M. JOSÉ RAFAEL GUERRERO LEAL, cuyo
impedimento había sido aceptado por los dos miembros restantes de la Sala,
doctores H.M. ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS y H.M. LUIS MIGUEL
VILLALOBOS LUNA (sic), tal como se demuestra en el auto de fecha siete de marzo

102 Mediante apoderado judicial.

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de 2019 (sic), mediante el cual se resuelve el DESACATO propuesto por la parte
demandante […]”.

171. Con el objeto de resolver este argumento, la Sala destaca que el Magistrado
José Rafael Guerrero Leal, en el trámite de un incidente de desacato de las órdenes
impartidas en el auto que decretó una medida cautelar dentro del proceso de la
referencia, remitió al Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Bolívar
escrito de 1.º de agosto de 2018 (sic) en el que manifestó lo siguiente103:

“[…] [S]ería del caso proceder con el trámite correspondiente en el proceso de la
referencia; sin embargo, al revisar el expediente advierto que frente al suscrito se
estructura la causal de impedimento que se enmarca en el numeral 2 del artículo 130
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

ARTÍCULO 130: Son causales de impedimento y recusación:

2. Cuando el juez, su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno
de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o único civil, hubieren intervenido en condición de árbitro, de parte,
de tercero interesado, de apoderado, de testigo, de perito o de agente del
Ministerio Público, en el proceso arbitral respecto de cuyo laudo se esté
surtiendo el correspondiente recurso de anulación ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

Lo anterior, atendiendo que fungí como Procurador 21 Judicial II Administrativo de
Bolívar Delegado ante esta Corporación y en su momento manifesté mi concepto
sobre el caso que hoy es materia del proceso, el cual fue recibido por Secretaría
Tribunal Administrativo el día dos (2) de octubre del año 2017, mediante consecutivo
2017050269, siendo M.P. Dr. ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS, en el cual
me pronuncié sobre la complementación de la medida cautelar, anexa al expediente,
en consecuencia es menester SEPARARME del conocimiento de este proceso.
Habiendo tomado por tanto una posición en torno a la controversia que hoy nos
ocupa, todo lo cual me resta hoy imparcialidad para resolverla como Magistrado.

Como consecuencia de lo anterior y con el propósito de asegurar la transparencia que
debe observar quien tiene a su cargo la función de administrar justicia, declaro mi
impedimento, solicitando al Magistrado que sigue en turno comunicarme la decisión
que al respecto adopte […]”.

172. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió auto de 30 de julio de 2018,
dentro del trámite del incidente de desacato de las medidas cautelares, en el que
resolvió declarar fundado el impedimento manifestado por el Magistrado José
Rafael Guerrero Leal, con fundamento en las siguientes consideraciones104:

“[…] El H.M. Dr. JOSE RAFAEL GUERRERO LEAL, se declara impedido para
conocer el presente proceso, en virtud de que concurre en la causal de impedimento
prevista en el numeral 2 del artículo 130 del CPACA, ello porque actuó como
Ministerio Público en el presente proceso.

La Sala, luego de revisar los hechos en que se fundamenta el impedimento y la causal
invocada, la encuentran procedente; por lo que aceptará el impedimento manifestado

103 Cfr. Folio 17 Cuaderno Complementación Medida Cautelar Desacato. Expediente físico.
104 Cfr. Folios 18 y siguientes del Cuaderno Complementación Medida Cautelar Desacato. Expediente físico.

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por el H.M. Dr. JOSÉ RAFAEL GUERRERO LEAL, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 131 del CPACA, debido a que participó activamente en el proceso […]”.

173. El Magistrado José Rafael Guerrero Leal mediante escrito de 14 de junio de
2019 volvió a presentar manifestación de impedimento para conocer del proceso de
la referencia y sustentó su impedimento en los siguientes términos105:

“[…] Sería del caso proceder con el trámite correspondiente en el proceso en
referencia; sin embargo, al revisar el expediente advierto que frente al suscrito se
estructura la causal de impedimento que se enmarca en el numeral 5° del artículo 141
del C.G.P.106 así:

ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación
las siguientes:

[…]

5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o
mandatario del juez o administrador de sus negocios […]

Lo anterior, obedece a que actualmente existe un vínculo de dependencia con la
entidad PROCURADURÁ GENERAL DE LA NACIÓN, en virtud de la relación
reglamentaria que aún nos rige; ya que me fue concedida comisión especial prevista
en el artículo 105 del decreto 262 de 2000; situación que me impide efectuar
pronunciamientos en procesos que involucren a la mencionada entidad del Estado,
en consecuencia, es menester SEPARARME del conocimiento del presente proceso.
Así las cosas, y en virtud a la controversia que hoy nos ocupa, me resta hoy
imparcialidad para resolverla como Magistrado.

En razón a las consideraciones precedentes y con el propósito de asegurar la
transparencia que debe observar quien tiene a su cargo la función de administrar
justicia, declaro mi impedimento concordado en el numeral 5° del Art. 141 ibídem,
pues se conserva esa dependencia como vínculo laboral de comisión con la parte
accionante en el presente asunto.

Adicionalmente, debe indicarse que en su momento fungí como Agente del Ministerio
Público delegado ante este Tribunal Administrativo y participé en
audiencias dentro del presente medio de control, todo lo cual me resta hoy
imparcialidad para resolverla como Magistrado […]”.

174. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en la sentencia proferida el día 14 de
junio de 2019, resolvió no aceptar el impedimento presentado por el Magistrado
José Rafael Guerrero Leal con fundamento en las siguientes consideraciones
expuestas en la referida providencia107:

“[…] El H.M. Dr. José Rafael Guerrero Leal, se declara impedido para conocer el
presente proceso, en virtud de que concurre en la causal de impedimento prevista en
el numeral 12 del artículo 141 del C.G.P.; ello (sic) existe una dependencia laboral

105 Cfr. Folio 2061 del Cuaderno Principal.
106 En la parte superior del escrito se indica: “[…] Declaración de impedimento (numeral 12 artículo 141 del CGP

[…]”.
107 Cfr. índice 33 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
81_ED_EXPEDIENTE_CUADERNO11AP1300(.pdf) NroActua 33 […]”.

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con la entidad que funge como accionante, con ocasión a una comisión de servicios
otorgada.
Considero que al revisar los hechos en que se fundamenta el impedimento y la causal
invocada, no se encuentra procedente en virtud que por “regla general, en las
acciones populares donde se busca la salvaguarda del orden jurídico, del
interés general, mediante decisiones que repercutan en toda la sociedad y no
(sic) un sujeto específico. Por esto los jueces o juezas no deben sentir que se
encuentra comprometida su independencia para tomar la decisión que en derecho
corresponda”, tal como lo sostuvo el Honorable Consejo de Estado – Sección Cuarta,
mediante providencia del 1.º de marzo de 2002, con ponencia de la Dra. Ligia López
Díaz cuyo extracto viene incluido a página 403 del módulo LA DIRECCIÓN DEL
PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – PARTE I, GUÍAS PROCESALES
Y CASOS TÍPICOS editado por la ESCUELA JUDICIAL RODRÍGO LARA BONILLA
en 2009; por lo que no debe aceptar el impedimento manifestado por el H.M. Dr.
José Rafael Guerrero Leal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 del
C.P.A.C.A. y en este sentido se revalúa el cambio de criterio […]”. (Destacado
fuera del texto).

175. La Sala considera que, aunque el Tribunal Administrativo de Bolívar en el
auto de 30 de julio de 2018, proferido en un trámite de incidente de desacato,
declaró fundada la manifestación de impedimento presentada por el Magistrado
José Rafael Guerrero Leal, el propio Tribunal, en una decisión posterior, resolvió no
aceptar la manifestación de impedimento presentada por el precitado Magistrado,
fundamentando su decisión en un cambio de criterio.

176. En este sentido, la sentencia proferida, en primera instancia, fue suscrita por
los tres magistrados que integraban la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, bajo el entendido que el Magistrado Guerrero Leal no
estaba impedido para participar de la decisión.

177. Ahora bien, en referencia a los argumentos expuestos por la Curaduría
Urbana núm. 1 del Distrito de Cartagena, relacionados con la supuesta nulidad de
la sentencia, la Sala considera que es necesario, en este específico punto, revisar
la normativa que regula las decisiones proferidas por los Tribunales Administrativos,
la respecto el artículo 40 de la Ley 270 de 1996108, vigente al momento en que se
profirió la sentencia, de primera instancia, disponía lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 40. Los Tribunales Administrativos son creados por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las
funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen
el número de Magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres.

Los Tribunales Administrativos ejercerán sus funciones por conducto de la Sala
Plena, integrada por la totalidad de los Magistrados; por la Sala de Gobierno, por las

108 Sin la modificación realizada por el artículo 16 de la Ley 2430 de 2024.

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Salas especializadas y por las demás salas de decisión plurales e impares, de
acuerdo con la ley.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1o. Mientras se integran las salas de decisión impares
en aquellos lugares donde existen salas duales, éstas seguirán cumpliendo las
funciones que vienen desarrollando.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2o. Los Tribunales Administrativos creados con
anterioridad a la presente ley, continuarán cumpliendo las funciones previstas en el
ordenamiento jurídico […]”. (Destacado fuera de texto).

178. Asimismo, el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, dispone lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 54. QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Todas las
decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o
secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la
asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o
sección.

Es obligación de todos los Magistrados participar en la deliberación de los asuntos
que deban ser fallados por la Corporación en pleno y, en su caso, por la sala o la
sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento
aceptada por la Corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente
comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La
violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta.

El reglamento interno de cada corporación señalará los días y horas de cada semana
en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de
los asuntos jurisdiccionales de su competencia […]”. (Destacado fuera de texto).

179. El artículo 288 de la Ley 1564 de 2012, en referencia a las irregularidades en
la firma de las providencias, dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 288. Irregularidades en la firma de las providencias. Cuando un juez
colegiado profiera una providencia que no haya sido suscrita por todos sus
integrantes, mientras conserve el expediente deberá subsanar la irregularidad de
oficio o a petición de parte.

Una vez notificada la providencia, la irregularidad se entenderá saneada
siempre que haya sido firmada por la mayoría de los integrantes de la sala
respectiva. De lo contrario, se enviará el expediente o sus copias a la sala que la
profirió, para que subsane el defecto o la profiera nuevamente […]”. (Destacado
fuera de texto).

180. La Corte Constitucional ha considerado en lo relacionado con la nulidad de
la sentencia por vulneración del derecho al debido proceso con ocasión de la
suscripción de la sentencia por un Magistrado a quien se le había aceptado su
impedimento, lo siguiente109:

“[…] cabe concluir que, en el caso de los tribunales administrativos, el quorum
deliberatorio y decisorio es el conformado por la mayoría de los miembros de
sus respectivas salas, secciones, o subsecciones; y que el saneamiento de las

109 Corte Constitucional, sentencia T-304 de 10 de agosto de 2020. MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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irregularidades en las firmas se produce cuando la decisión ha sido suscrita
por la mayoría de los magistrados que la aprobaron.

Ahora bien, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han tenido
oportunidad de pronunciarse acerca del sentido y alcance de las mencionadas
disposiciones normativas de cara a situaciones en las que, por un error, una
providencia es suscrita por un magistrado que no había participado en su
adopción, bien por impedimento aceptado, ora por cualquier otra causal prevista
en la ley. En estos casos, ambas corporaciones han coincidido en señalar que la
providencia solo será susceptible de quebrantar el debido proceso y, por
consiguiente, habrá lugar a su anulación, siempre que se desconozca “la regla
dispuesta sobre la mayoría necesaria para adoptar una decisión”, es decir,
cuando sea aprobada sin el voto favorable de la mayoría de los miembros que
integran la respectiva sala, sección o subsección […]”.

181. En el caso concreto, la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo
de Bolívar, fue integrada además del Magistrado José Rafael Guerrero Leal, por los
Magistrados Roberto Mario Chavarro Colpas (ponente) y Luis Miguel Villalobos
Álvarez, quienes no presentaron aclaraciones o salvamentos de voto, por lo que, la
Sala considera que, de existir alguna irregularidad, la misma quedó saneada al
haberse firmado la sentencia por la mayoría de los integrantes de la Sala respectiva.

182. Por lo anterior, el argumento estudiado en este acápite no está llamado a
prosperar.

Sobre la carencia actual de objeto por hecho superado

183. El Distrito de Cartagena afirmó que debió declararse el hecho superado, toda
vez que a través de la Secretaría de Planeación Distrital se viene adelantando el
Plan de Acción de Control Urbano, el cual se actualiza para atender las nuevas
prácticas utilizadas para desconocer la normativa urbanística, por lo que su
ejecución es permanente en el tiempo. En el mismo sentido, sostuvo que el examen
no debe partir de la conducta de los particulares que infringen la normativa
urbanística sino de la capacidad de las autoridades y la existencia de herramientas
para hacer frente a la situación.

184. Destacó que el Plan de Acción de Control Urbano materializa la finalidad de
la acción popular, concretamente con este plan se ejerce: i) control ciudadano
instantáneo; ii) la creación de un cuerpo élite en materia de control urbano; iii) el
diagnóstico patológico respecto de las edificaciones construidas; e iv)
implementación de los defensores urbanos barriales.

185. En este punto, la Sala destaca las consideraciones realizadas por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en la sentencia apelada:

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“[…] En el Distrito de Cartagena las autoridades han sido pasivas y omisivas en
la vigilancia y control urbano – Construcciones- en tal sentido fue tanta la
negligencia que el 27 de abril de 2017, por no cumplir con los requisitos legales
para la construcción de una obra se desplomó el edificio Blas de Lezo, el cual
conllevó aproximadamente a 22 muertos y 18 heridos, por este hecho; en ello se
evidenció que no contaban con licencias de construcción.
Que a raíz de lo anterior el Distrito implementó un plan y además por causa al
cumplimiento de la medida cautelar ordenada por esta colegiatura, los
curadores, las inspecciones de Policía y el Distrito de Cartagena a través de sus
dependencias, hallaron en las investigaciones realizadas un sin número de
obras de construcción sin licencias urbanísticas y las pocas que si la tenían no
cumplían con otros requisitos urbanísticos el cual conllevó a que las obras fueran
suspendidas.
De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente se observa que el Distrito
de Cartagena, a través de sus Inspectores de Policía y de las Alcaldías Locales,
iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes con relación a las
infracciones urbanísticas en las que han incurrido en el Distrito de Cartagena,
solo después del momento en el que se desplomó el edificio Blas de Lezo y
después de proferida la medida cautelar por esta Corporación, en donde se ordenó
la vigilancia y control de esa actividad.
Como se observa en el plan de normalización […] la Alcaldía inicio las actuaciones
administrativas correspondientes, no obstante, no ha sido ejecutado de manera
íntegra.
En este orden, se tiene que el hecho de que la Alcaldía haya iniciado un plan de
normalización urbanística y haya suspendido unas obras en construcción; no
da lugar a declarar la improcedencia de la acción popular y, mucho menos, a
configurar un hecho superado, toda vez que la amenaza del derecho colectivo a la
construcción de edificaciones respetando las normas urbanísticas no ha cesado por
la existencia de dicho plan y sanciones.
En consecuencia, el hecho de que la autoridad administrativa correspondiente se
encuentre adelantando un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de
entidades o personas naturales vulneradora de los derechos colectivos por los
mismos hechos que se discuten en sede constitucional, no enerva el ejercicio de la
acción popular, toda vez que esta acción goza de un carácter principal y autónomo
que busca la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos, en tanto
que el proceso administrativo sancionatorio persigue esencialmente fiscalizar el
acatamiento de la normatividad.
En concordancia con lo anterior, y de acuerdo con lo expuesto en precedencia en
este fallo, dada la evidencia obrante en este proceso sobre las omisiones en el control
urbanístico y la subsecuente afectación del derecho colectivo a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes, considera este Tribunal se deben impartir las órdenes tendientes a
lograr cesar dicha vulneración, para proteger a la comunidad del peligro eminente
(sic) que generan las obras de construcción que se realizan en la ciudad sin el control
y vigilancia de las autoridades […]”.

186. Esta Corporación resolvió, frente a la carencia actual de objeto por hecho
superado, lo siguiente110:

110 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 septiembre de 2018, CP.

Stella Conto Díaz del Castillo, número único de radicación: 050013331004200700191-01.

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Núm. único de radicación: 130012333000201700557-03

“[…] UNIFICAR la jurisprudencia en relación con la configuración de la carencia actual
de objeto por hecho superado, dentro de una acción popular, en los siguientes dos
sentidos: i) en aquellos casos en que la amenaza a los derechos colectivos subsista
no es procedente declarar el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha
adelantado alguna actuación enderezada a cesar la amenaza o vulneración de los
mismos; ii) el hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe
la desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos, no es
óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos
derechos […]”.

187. Asimismo, esta Sección ha considerado que la carencia actual de objeto por
hecho superado se configura cuando al momento de proferir la sentencia de primera
instancia, ha desaparecido la amenaza o vulneración de los derechos e intereses
colectivos111, situación que no ocurre en el caso objeto de estudio, toda vez que si
bien se allegó al expediente el Plan de Acción de Control Urbano y el Plan de
Normalización Urbanística, que dan cuenta de la intención del Distrito de realizar
acciones tendientes a superar la omisión en la exigencia de licencias de
construcción y en el cumplimiento de la normativa urbanística en que estuvo el
Distrito de Cartagena, con estos documentos no es posible concluir que la amenaza
de los derechos amparados, en la sentencia proferida en primera instancia, haya
cesado.

188. La Sala considera que le asistió razón al Tribunal al sostener que “[…] el
hecho de que la Alcaldía haya iniciado un plan de normalización urbanística y haya
suspendido unas obras en construcción; no da lugar a declarar la improcedencia de
la acción popular y, mucho menos, a configurar un hecho superado […]”. Al
respecto, como se expuso supra, al expediente fueron allegados elementos que
permiten concluir que se mantiene la amenaza de los derechos colectivos
amparados.

189. Lo anterior, se deduce, por un lado, de los informes realizados con ocasión
de los estudios patológicos en varias edificaciones de Cartagena que dan cuenta
del riesgo en que se encuentran, principalmente, por no cumplir los requisitos de
resistencia sísmica y no contar con licencia de construcción y, por otro lado, porque
no se evidencia una ejecución clara del Plan de Normalización Urbanística suscrito
entre el Distrito de Cartagena y la Procuraduría General de la Nación.

111 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.º de marzo de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López.

Radicación núm. 66001-23-31-000-2010-00356-02(AP).

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190. Esto último, fue advertido por el Tribunal en la sentencia proferida, en primera
instancia, cuando consideró que […] [C]omo se observa en el plan de normalización
[…] la Alcaldía inicio las actuaciones administrativas correspondientes, no
obstante, no ha sido ejecutado de manera íntegra […]”.

191. La Sala considera que si bien, la elaboración de un Plan para solucionar la
crisis de construcción sin licencia en Cartagena fue una de las pretensiones de la
demanda, el objeto del proceso gira en torno a la omisión en el control urbanístico
en el Distrito, situación que requiere protección constitucional y que, se reitera, no
puede entenderse superada con la presentación del Plan de Normalización
Urbanística, máxime cuando no se demostró en el proceso la debida ejecución del
mencionado Plan, lo que trae como consecuencia que actualmente se mantenga el
riesgo de colapso en algunas edificaciones que no cumplen con la normativa de
resistencia sísmica y urbanística.

192. Así las cosas, la Sala considera que no se cumple con el presupuesto fijado
por la jurisprudencia de esta Corporación para que se pueda declarar la carencia
actual de objeto por hecho superado y, en consecuencia, el argumento estudiado
en este acápite no prospera.

Sobre la falta de valoración probatoria

193. La Inspección de Policía Distrital de la Comuna núm. 11 señaló que las
pruebas allegadas al expediente demuestran que las actuaciones que dieron lugar
al amparo de los derechos colectivos, se refieren a otras entidades, diferentes a las
Inspecciones de Policía, teniendo en cuenta que la competencia del control
urbanístico estaba en cabeza de las Alcaldías Locales y de la Oficina de Control
Urbano, por lo que, a juicio de la entidad, no debe declararse responsable de la
vulneración.

194. La Inspección de Policía Distrital de la Comuna núm. 11 señaló que en el
expediente existen pruebas que demuestran las actuaciones de las Inspecciones
de Policía, las cuales dan cuenta que han cumplido sus funciones de control
urbanístico en el tiempo en que han tenido esa competencia, reiterando que con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1801, la función de control urbanístico
estaba en otras entidades.

195. Sostuvo que el Tribunal no valoró las pruebas allegadas al expediente que
permiten concluir que las Inspecciones de Policía han realizado acciones tendientes
a garantizar la protección de los derechos colectivos amparados, por lo que, a su

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juicio, la sentencia apelada incurrió en una vía de hecho por no valorar la totalidad
de las pruebas y, adicionalmente, por considerar que solamente con posterioridad
a la caída del Edificio Blas de Lezo, ocurrida el día 27 de abril de 2017, y a la medida
cautelar decretada por el Tribunal, fue el momento en que los Inspectores de Policía
realizaron acciones, cuando en el expediente se demostraron acciones anteriores,
desde la entrada en vigencia de la Ley 1801, lo que se evidencia con los
documentos que dan cuenta de las obras suspendidas y selladas por incumplir la
normativa urbanística.

196. Frente a la supuesta falta de valoración probatoria, la Sala considera que la
sentencia proferida, en primera instancia, enunció y valoró las pruebas allegadas al
expediente, sin que se evidencie que haya habido una falta de valoración probatoria.

197. Adicionalmente, de acuerdo con el recuento probatorio realizado supra se
concluye que, en efecto, existe amenaza de vulneración de los derechos colectivos
amparados.

198. En referencia al argumento de la Inspectora de Policía de la Comuna 11 del
Distrito de Cartagena, relacionado con la aplicación del régimen de transición
previsto el artículo 239 de la Ley 1801, la Sala considera que las órdenes impartidas
por el Tribunal a las Inspecciones de Policía del Distrito de Cartagena, deben
cumplirse en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, por lo que respecto de los comportamientos contrarios a la
integridad urbanística frente a los cuales, al momento de entrada en vigencia de la
Ley 1801, se estaban surtiendo procedimientos administrativos por parte de otras
autoridades, deberán continuar con el trámite correspondiente, sin que esto impida
el cumplimiento de lo ordenado a las Inspecciones de Policía en materia de control
urbanístico en la ciudad de Cartagena.

199. Asimismo, frente al argumento del apoderado judicial del Distrito de
Cartagena sobre la aplicación por parte del Tribunal de normas derogadas por la
Ley 1801 de 2016, la Sala no observa que la mención en la sentencia de los artículos
103 y 104 de la Ley 388 de 1997, que fueron modificados por la Ley 810 de 2003 y,
esta última derogada parcialmente por la Ley 1801 de 2016, generen algún vicio,
máxime cuando la responsabilidad del Distrito quedó acreditada y fundamentada en
disposiciones del ordenamiento jurídico.

200. Ahora bien, cuestión diferente es que la Inspección de Policía haya
demostrado que ha realizado acciones para superar la omisión en materia de control

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urbanístico; sin embargo, como se indicó supra la afectación y la amenaza
persisten, por lo que este argumento no tiene vocación de prosperidad.

Sobre la proporcionalidad de las órdenes impartidas en primera instancia

201. La Sala debe resolver en este acápite si las órdenes impartidas en la
sentencia proferida, en primera instancia, son proporcionales y respetan las
funciones atribuidas a las Inspecciones de Policía y a las Curadurías Urbanas del
Distrito de Cartagena.

202. El Curador Urbano núm. 1 del Distrito de Cartagena de Indias señaló que
carece de competencia para cumplir la orden relacionada con realizar control
urbanístico, en atención a que las funciones de las Curadurías están reguladas en
la Ley 810 de 2003. Así como en la Ley 388 de 1997, el Decreto 1077 de 2015 y a
nivel Distrital, en el Decreto 0977 de 2001 y el Acuerdo 45 de 1989.

203. El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró lo siguiente:

“[…] se puede considerar, en principio, que solo es competente para la prevención
de desastres previsibles técnicamente y el derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, sería el Distrito de Cartagena, sin
embargo, al tratarse de temas urbanísticos donde se encuentran de por medio
licencias ambientales y omisiones en planes de desarrollos urbanos, es dable
que se debe extender a los competentes en otros temas.

En ese orden de ideas al estar constatada la violación acotada en precedencia,
la orden afectará al que por ley le corresponde asumir la protección de dichos
roles, esto es al Alcalde del Distrito de Cartagena, por ser la máxima autoridad
administrativa del ente territorial, a los Inspectores de Policía por ser las
autoridades de policía ya los Curadores Urbanos del Distrito de Cartagena,
porque cumplen la función pública de expedir las licencias urbanísticas, de
conformidad con la Ley 1801 de 2016 y Decreto 992 de 1996; así mismo, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por se la entidad del nivel nacional
que promueve el desarrollo territorial y urbano planificado del país, y en
atención al principio de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.

[…]

En consecuencia, la Sala concluye que en materia de gestión del riesgo a quien le
corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las políticas,
actividades y gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente, al Municipio
en cabeza de su Alcalde. No obstante, ello no indica que se deba dejar de lado otras
normas, que establecieron un trabajo coordinado y armónico con las demás
entidades, dentro de las que se encuentra como ya se dispuso al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y las Curadurías Urbanas, a la cual se le asignan
especiales funciones de asesoría, orientación y apoyo a las entidades territoriales de
distinto orden en materia de urbanización y la expedición de licencias,
respectivamente, por lo que hay lugar a las órdenes antes acotadas.

Y en lo que respecta a los demás demandados y vinculados, al no tener
competencias y funciones tendientes a la vigilancia y control de las licencias
de construcción o del desarrollo urbanístico, se negarán las pretensiones que
se dirigían en contra de ellas […]”. (Destacado fuera de texto).

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204. La Sala destaca que el Decreto 1077 de 2015 112 regula, de manera general
la función que cumplen las Curadurías Urbanas, en especial, se resaltan las
siguientes disposiciones normativas:

“[…] ARTÍCULO 2.2.6.6.1.1 Curador urbano. El curador urbano es un particular
encargado de estudiar, tramitar y expedir licencias de parcelación,
urbanización, construcción y subdivisión de predios, a petición del interesado en
adelantar proyectos de esta índole […]”. (Destacado fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 2.2.6.6.1.2 Naturaleza de la función del curador urbano. El
curador urbano ejerce una función pública para la verificación del cumplimiento
de las normas urbanísticas y de edificación vigentes, a través del otorgamiento
de licencias de parcelación, urbanización, subdivisión y de construcción […]”.
(Destacado fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 2.2.6.6.1.5. Jurisdicción. Para efectos del presente capítulo se
entiende por jurisdicción el ámbito espacial sobre el cuál puede actuar el curador
urbano. La jurisdicción comprende la totalidad del territorio del municipio o
distrito, salvo aquellas áreas que se señalen en las normas urbanísticas y en el Plan
de Ordenamiento Territorial cómo no aptas para la ejecución de actuaciones
urbanísticas o que tengan expresamente restricciones especiales […]”. (Destacado
fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 2.2.6.6.6.6 Actuación coordinada. Los curadores urbanos
deberán actuar en completa coordinación entre ellos mismos y con las
entidades que intervienen en el desarrollo municipal o distrital.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto y en la Resolución 0984 de 2005
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la
adicione, modifique o sustituya, los curadores urbanos que ejerzan su función en
un determinado municipio o distrito unificarán criterios para la aplicación de la
normatividad urbanística y homologarán los mecanismos y demás formularios y
procedimientos que sean necesarios para asegurar el acceso al servicio, en las
mismas condiciones en cada una de las curadurías del respectivo municipio o distrito.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto, los curadores urbanos deberán
verificar, en todos los casos, si los proyectos objeto de una solicitud de licencia han
cursado trámite con anterioridad ante los demás curadores del municipio o distrito,
con el fin de considerar tales antecedentes en la decisión que se pretenda adoptar
[…]”. (Destacado fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 2.2.6.6.7.3 Coordinación y seguimiento del curador urbano. Al
Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio le corresponde coordinar y hacer
seguimiento de los curadores urbanos, con el objetivo de orientar y apoyar su
adecuado funcionamiento al interior de las administraciones locales.

En desarrollo de las funciones de coordinación y seguimiento, el Ministerio
Vivienda, Ciudad y Territorio podrá recomendar a los alcaldes municipales o
distritales la creación y designación de nuevas curadurías urbanas y deberá
informar a los alcaldes y demás entidades competentes de control sobre la ocurrencia
de hechos que ameriten investigaciones a los curadores por las presuntas faltas
cometidas en el desempeño de sus funciones […]”. (Destacado fuera de texto).

112 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio

[…]”. Modificado por el Decreto 1203 de 12 de julio de 2017 “Por medio del cual se modifica parcialmente el
Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley
1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas y la función
pública que desempeñan los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”

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205. El Decreto 1203 de 12 de julio de 2017113 dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 2°. Modificar el artículo 2.2.6.1.1.1 del Decreto Único Reglamentario
1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará así:

ARTÍCULO 2.2.6.1.1.1 Licencia urbanística. Para adelantar obras de construcción,
ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración,
reconstrucción, cerramiento y demolición de edificaciones, y de urbanización,
parcelación, loteo o subdivisión de predios localizados en terrenos urbanos, de
expansión urbana y rurales, se requiere de manera previa a su ejecución la
obtención de la licencia urbanística correspondiente. Igualmente se requerirá
licencia para la ocupación del espacio público con cualquier clase de amueblamiento
o para la intervención del mismo salvo que la ocupación u obra se ejecute en
cumplimiento de las funciones de las entidades públicas competentes.

La licencia urbanística es el acto administrativo de carácter particular y
concreto, expedido por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital
competente, por medio del cual se autoriza específicamente a adelantar obras de
urbanización y parcelación de predios, de construcción, ampliación, modificación,
adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, cerramiento y
demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y
realizar el loteo o subdivisión de predios.

El otorgamiento de la licencia urbanística implica la adquisición de derechos de
desarrollo y construcción en los términos y condiciones contenidos en el acto
administrativo respectivo, así como la certificación del cumplimiento de las normas
urbanísticas y sismo resistentes y demás reglamentaciones en que se fundamenta, y
conlleva la autorización específica sobre uso y aprovechamiento del suelo en tanto
esté vigente o cuando se haya ejecutado la obra siempre y cuando se hayan cumplido
con todas las obligaciones establecidas en la misma.

Las modificaciones de licencias vigentes se resolverán con fundamento en las normas
urbanísticas y demás reglamentaciones que sirvieron de base para su expedición. En
los eventos en que haya cambio de dicha normatividad y se pretenda modificar una
licencia vigente, se deberá mantener el uso o usos aprobados en la licencia respectiva
[…]”. (Destacado fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 7°. Modifíquese el artículo 2.2.6.1.2.2.3 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 del sector Vivienda, Ciudad y Territorio, el cual quedará
así:

ARTÍCULO 2.2.6.1.2.2.3 De la revisión del proyecto. El curador urbano o la
autoridad municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y expedir las
Iicencias deberá revisar el proyecto objeto de la solicitud desde el punto de
vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y estructural, incluyendo la revisión
del cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente NSR-10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya; los
diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos y diseños de
elementos no estructurales, así como el cumplimiento de las normas
urbanísticas y de edificación aplicables.

113 “Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector

Vivienda, Ciudad y Territorio y se reglamenta la Ley 1796 de 2016, en lo relacionado con el estudio, trámite y
expedición de las licencias urbanísticas y la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se dictan
otras disposiciones”.

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Si bien la revisión del proyecto se podrá iniciar a partir del día siguiente de la
radicación, los términos para resolver la solicitud empezarán a correr una vez haya
sido radicada en legal y debida forma […]”. (Destacado fuera de texto).

206. De conformidad con las disposiciones normativas transcritas, la Sala
considera que las Curadurías Urbanas de Cartagena tienen responsabilidad en la
afectación de los derechos e intereses colectivos protegidos, por cuanto, por un
lado, tienen la obligación de estudiar las solicitudes de licenciamiento y expiden los
actos administrativos por medio de los cuales se otorgan licencias urbanísticas y,
por otro lado, deben actuar en completa coordinación con las entidades que
intervienen en el desarrollo distrital.

207. En este sentido, las Curadurías Urbanas realizan análisis jurídico,
urbanístico, arquitectónico y estructural de los proyectos de construcciones y deben
actuar, se reitera, en completa coordinación con las entidades que intervienen en el
desarrollo distrital. En consecuencia, la Sala no considera que las órdenes
impartidas a las Curadurías Urbanas en la sentencia proferida, en primera instancia,
excedan el marco de sus funciones.

208. Por otro lado, respecto a las Inspecciones de Policía, la Ley 1801 de 29 de
julio de 2016114 dispuso lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 135. Comportamientos contrarios a la integridad
urbanística. Los siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de
particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son contrarios
a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo tanto no deben
realizarse, según la modalidad señalada:

A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:

[…]

1. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.

[…]

4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta hubiere
caducado

[…]

11. Contravenir los usos específicos del suelo.

[…]

PARÁGRAFO 1. Cuando se trate de construcciones en terrenos no aptos o sin previa
licencia* se impondrán de inmediato la medida de suspensión de construcción o

114 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana"

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demolición, y se solicitará a las empresas de servicios públicos domiciliarios la
suspensión de los servicios correspondientes si no hubiese habitación.

PARÁGRAFO 2. Cuando se realice actuación urbanística sin previa licencia en
predios aptos para estos menesteres, sin perjuicio de la medida de multa y de la
suspensión temporal de la obra, se concederá un término de sesenta (60) días para
que el infractor solicite el reconocimiento de la construcción ante la autoridad
competente del distrito o municipio; si pasado este término no presenta licencia de
reconocimiento, no podrá reanudar la obra y se duplicará el valor de la multa impuesta
[…]”.

“[…] ARTÍCULO 206. Atribuciones de los inspectores de Policía rurales,
urbanos y corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas:

[…]
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia de
seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de reunión,
protección a los bienes y privacidad, actividad económica, urbanismo, espacio
público y libertad de circulación.

[…]

6. Conocer en primera instancia de la aplicación de las siguientes medidas
correctivas:

a) Suspensión de construcción o demolición;
b) Demolición de obra;
c) Construcción, cerramiento, reparación o mantenimiento de inmueble;
d) Reparación de daños materiales por perturbación a la posesión y tenencia de
inmuebles […]”. (Destacado fuera de texto).

209. La Sala considera que las Inspecciones de Policía, como autoridades de
policía, tienen funciones de control respecto a los comportamientos contrarios a la
integridad urbanística y, en consecuencia, en la protección de los derechos e
intereses colectivos relacionados con la realización de construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas.

210. La Sala concluye que no le asiste razón a la Inspección de Policía Distrital de
la Comuna 11 de Cartagena, toda vez que las órdenes impartidas en la sentencia
de primera instancia, tienen relación directa con el ejercicio de las funciones
policivas en materia urbanística por parte de la precitada entidad y, en
consecuencia, el argumento no tiene vocación de prosperidad.

211. Por otro lado, la Sala considera que no resulta procedente acceder a la
solicitud de la Inspectora de Policía Distrital de la Comuna 11, en lo relacionado a
que se modifique el ordinal séptimo de la sentencia, en lo referido a que se excluya
a las Inspecciones de Policía respecto de la orden de compulsar copias a la Fiscalía
y a la Procuraduría General de la Nación, en razón a que las Inspecciones de Policía
vulneraron los derechos colectivos amparados y, adicionalmente, omitieron realizar
el control urbanístico que les correspondía.

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212. Finalmente, la Sala considera que el Distrito de Cartagena es el principal
responsable de la vulneración de los derechos e intereses colectivos protegidos con
la sentencia de primera instancia, así como las Inspecciones de Policía tienen
específicas funciones de control respecto a los comportamientos contrarios a la
integridad urbanística, en consecuencia, la Sala modificará el ordinal quinto de la
sentencia apelada, en el sentido de precisar que las órdenes se imparten al Distrito
y a las Inspecciones de Policía y, respecto, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y de las Curadurías Urbanas de Cartagena, se les ordenará que apoyen
el cumplimiento de las órdenes, en el marco de sus funciones constitucionales,
legales y reglamentarias, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

Sobre la responsabilidad de las entidades que fueron exoneradas

213. El Distrito de Cartagena señaló que no era conveniente desvincular a las
notarías, oficinas de registro de instrumentos públicos ni a la Superintendencia de
Notariado y Registro de las órdenes impartidas en la sentencia, toda vez que su
vinculación se fundamenta en que sus funciones tienen especial relevancia para la
ejecución del Plan de Normalización Urbanística.

214. En este específico punto, la Sala no encuentra que el argumento haya sido
desarrollado de forma completa y clara por el Distrito, limitándose a realizar la
petición de no desvinculación de las demás entidades accionadas y vinculadas.

215. Por otro lado, el objeto del proceso gira en torno a la omisión en el control de
construcciones sin licencia que trajo como consecuencia la vulneración de los
derechos colectivos, en las que las autoridades declaradas responsables tienen
funciones específicas. Por lo anterior, este argumento no prospera.

Sobre la necesidad de proferir una sentencia extra petita

216. La Procuraduría General de la Nación sostuvo que si bien, en la demanda no
se solicitó el amparo del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público,
mediante escrito de 12 de diciembre de 2017, la parte actora solicitó al Tribunal que
por conexidad con los derechos colectivos enlistados como violados en el escrito
inicial, se extendiera el amparo al derecho colectivo precitado y, adicionalmente, se
vinculara al proceso al señor Wilfran Enrique Quiroz Ruiz y a sus empresas.

217. Señaló que en el proceso de demostró que con ocasión del desplome del
Edificio Blas de Lezo II, el 27 de abril de 2017, el Distrito de Cartagena, a través de

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sus Alcaldías Locales, inició una labor de verificación y control urbanística,
detectando 77 obras en construcción, de las cuales 58 carecían de licencia de
construcción, por lo que se inició un estudio patológico de las construcciones
levantadas por la familia Quiroz , por medio de sus empresas, para lo cual, el Distrito
suscribió el Contrato núm. 09-91-17 de 10 de julio de 2017 con la Universidad de
Cartagena, lo que se acreditó con el Plan de Normalización Urbanística.

218. Afirmó que el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público se
vulneró con ocasión de los gastos en que el Distrito de Cartagena tuvo que incurrir
para pagar el arriendo de los habitantes del Edificio Blas de Lezo II y otros edificios
que han tenido que desalojarse. Así como, para el pago de los estudios patológicos
contratados para las 16 edificaciones construidas por la Familia Quiroz, sin licencia
de construcción, cuyos resultados demuestran que dichas construcciones no
cumplen con la norma de sismorresistencia y, en consecuencia, deben ser
demolidas.

219. El patrimonio público se ha considerado por esta Corporación como aquel
que cobija la totalidad de bienes, derechos y obligaciones, que son propiedad del
Estado y que se emplean para el cumplimiento de sus atribuciones de conformidad
con el ordenamiento normativo. Lo que implica que, en su protección como derecho
colectivo, sea exigible que, respecto de los recursos públicos, estos sean
administrados de manera eficiente, oportuna y responsable, de acuerdo con las
normas presupuestales, para evitar de esta manera un posible detrimento
patrimonial. Se identifica entonces, por un lado, que, desde el aspecto subjetivo, es
un derecho en cabeza de la comunidad, el cual debe ser garantizado por las
autoridades, y por el otro, un principio que obliga a las entidades públicas a regir
sus actuaciones de forma eficiente y oportuna observando la legalidad para poder
gestionarlo.

220. En consecuencia, para la Sala, en la determinación de la vulneración o
amenaza de este derecho colectivo se debe identificar: i) la administración correcta
de los recursos en línea con las normas presupuestales; ii) el análisis de la gestión
de ese patrimonio, para reconocer la forma irresponsable o negligente en su uso,
es decir su destinación diferente; y iii) la vulneración de los principios de jerarquía
superior en materia de actuación administrativa y los fines del estado.

221. En línea con lo anterior, el argumento del actor popular en su recurso de
apelación está dirigido a la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la
defensa del patrimonio público por el reconocimiento de lo que denomina “gastos”

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en los que ha tenido que incurrir el Distrito para cubrir rubros de arrendamiento como
consecuencia del desalojo y por los estudios realizados para identificar las
condiciones de construcción de algunas edificaciones ubicadas en su jurisdicción.

222. Destaca la Sala que, si bien en el marco de las acciones populares el principio
de congruencia se flexibiliza para la garantía y protección de los derechos e
intereses colectivos, permitiéndole al juez, incluso, entre otros aspectos, garantizar
la protección de derechos e intereses colectivos transversales, ello se debe
considerar siempre y cuando estén vinculados con los supuestos fácticos que fueron
debatidos en el proceso y se garanticen los derechos del debido proceso y de
contradicción y de defensa de las partes.

223. En el caso concreto a partir de lo probado por la parte actora y el material
recaudado en el proceso, en primer lugar, por un lado, no es procedente el análisis
del derecho e interés colectivo por cuanto no se evidencia su conexidad fáctica con
los hechos que motivaron la acción popular, y por el otro, su declaratoria de
vulneración no garantizaría el debido proceso de las partes por cuanto, no se
probaron los elementos para su configuración y tampoco se allegaron al acervo
probatorio piezas que fueran objeto de contradicción y defensa por parte de las
partes.

224. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala no tiene vocación de prosperidad
el reparo del recurso de apelación tendiente a que se declare el amparo del derecho
e interés colectivo al patrimonio público.

Sobre la responsabilidad del señor Wilfran Enrique Quiroz Ruiz y de sus
empresas de construcción y sobre la posibilidad de impartir órdenes
indemnizatorias a cargo del señor Wilfran Enrique Quiroz Ruiz y de sus
empresas de construcción

225. La Procuraduría General de la Nación señaló que en el proceso se probó que
el señor Wilfran Enrique Quiroz Ruiz, a través de sus establecimientos de comercio
y empresas vinculadas, desarrolló proyectos urbanísticos sin contar con licencias
de construcción y sin cumplir las normas de sismorresistencia, lo que generó el
colapso del Edificio Blas de Lezo II, el 27 de abril de 2017, que dejó 21 personas
fallecidas.

226. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación adujo que el juez de la
acción popular puede impartir medidas indemnizatorias, entendido como la
posibilidad de condenar al pago de perjuicios en favor de la entidad pública no

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culpable, que tenga entre sus funciones la vigilancia o protección del derecho o
interés colectivo vulnerado, cuando se demuestra que se ha causado un daño.

227. De conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 472, sobre la
sentencia del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
el cual establece “[…] La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de
una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al
pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo
en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.
La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir
con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo amenazado o vulnerado y de
prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para
acceder a las pretensiones del demandante. […]”.

228. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia115, ha
considerado sobre los poderes del juez popular, “[…] resulta de gran importancia
precisar que de acuerdo con la Ley reguladora de la acción popular, la misma se
ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de 1998 / Artículo 144
Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de
1998) -. Casos en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de
no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de las
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley
472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados,
como lo exige el artículo 88 constitucional. […]. Ciertamente, en la sentencia que
ampara los derechos colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que,
conforme a la situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para
obtener la protección de dichos derechos. […]. Lo anterior guarda coherencia con

115 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, Sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el número único de
radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de 21 de agosto de 2020, proceso
identificado con el número único de radicación 13001-23-33-000-2017-00987-01 (AP). Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Sentencia de 15 de mayo de
2014, proceso identificado con el número único de radicación 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).

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el artículo 2º de la Constitución Política al establecer que “las autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los
particulares […]”. (Destacado incluido en el texto).

229. La Sala considera que en el caso concreto no es factible acceder a las
solicitudes que hace la parte actora, toda vez que el objeto del proceso se refiere
de manera general a la vulneración de los derechos colectivos amparados con
ocasión de la omisión de las autoridades responsables de ejercer el control
urbanístico en la Ciudad de Cartagena, sin que la acción haya versado sobre casos
particulares en los que se debata la responsabilidad del señor Wilfran Enrique
Quiroz Ruiz o de sus empresas.

Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

230. Atendido a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia proferida,
en primera instancia, dispuso en el ordinal octavo de la parte resolutiva lo siguiente:

“[…] OCTAVO: CONFORMAR el comité de cumplimiento de la sentencia, el cual
estará conformado por el Magistrado, las partes, el Personero del Distrito de
Cartagena y el Ministerio Público, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley 472 de 1998 […]”.

231. La Sala considera que debe modificarse la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 14 de junio de 2019 por la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal
Administrativo de Bolívar en lo relacionado con la conformación del Comité de
Verificación de cumplimiento en el sentido de precisar que el Magistrado
Sustanciador del Tribunal deberá presidir el comité de verificación, tal como se
dispondrá en la parte resolutiva de la sentencia.

232. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Bolívar, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

233. Finalmente, y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento que manifestó el Consejero de
Estado, doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, para intervenir en el proceso de
la referencia y, en consecuencia, SEPARAR al Magistrado de la Sección Primera
del Consejo de Estado del conocimiento de la presente acción popular, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia proferida el 14 de junio
de 2019 por la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará
así:

“[…] QUINTO: ORDENAR al Distrito de Cartagena y a las Inspecciones de Policía
del Distrito que, en el término de seis (06) meses siguientes a la notificación de este
fallo y en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
realicen, faciliten, impulsen, corroboren, elaboren, financien, ejecuten y finalicen, las
gestiones, programas o proyectos que sean necesarios para la vigilancia y control en
las expediciones en las licencias urbanísticas y se ejerza control sobre las
construcciones urbanísticas del Distrito de Cartagena; verificando institucionalmente
las obras urbanísticas que no cumplan la normativa y que dieron lugar a la iniciación
de la presente acción, y una vez identificadas, realicen lo que por ley corresponda.

ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a los Curadores
Urbanos del Distrito de Cartagena que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, y en virtud del principio de colaboración,
apoyen al Distrito de Cartagena y a las Inspecciones de Policía en el cumplimiento de
lo ordenado en esta providencia.

Teniendo en cuenta que la naturaleza de la orden dada, exige una planeación tanto
técnica como presupuestal, se estima prudente otorgar el plazo anterior […]”.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal octavo de la sentencia proferida el 14 de junio
de 2019 por la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará
así:

“[…] “[…] OCTAVO: CONFORMAR el Comité de Verificación de Cumplimiento de la
sentencia, el cual estará conformado por el Magistrado, quien lo presidirá, las partes,
el Personero del Distrito de Cartagena y el Ministerio Público, esto de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 […]”.

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CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 14 de junio de 2019
por la Sala de Decisión núm. 001 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salva Voto

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Consejero de Estado Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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