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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 05001-23-33-000-2024-01283-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01283-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2024-01283-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO y DÉCIMO CUARTO de la parte resolutiva de la sentencia de 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, los cuales quedarán en los siguientes términos: “OCTAVO: ORDENAR al MUNICIPIO que requiera a los propietarios de los inmuebles ubicados en el sector El Himalaya, que dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, procedan a implementar un sistema técnico y adecuado para captar, conducir y descargar adecuadamente las aguas lluvias y de escorrentías, lo cual se hará con la asesoría del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. NOVENO: EXHORTAR a los propietarios de los predios deberán realizar monitoreo constante a sus predios, con el fin de identificar alguna situación que pueda poner en riesgo la vida de los residentes del sector Himalaya y avisar a las autoridades competentes para su seguimiento y solución. DÉCIMO: EXHORTAR a los propietarios abstenerse de realizar obras, excavaciones, modificaciones del terreno, así como cualquier tipo de edificación, sin la previa autorización y permisos otorgados por la Secretaría de Infraestructura del municipio de La Estrella. […] DÉCIMO TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO y al ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, que una vez se aporte por la autoridad ambiental el estudio correspondiente a la necesidad de revegetalización del sector, dentro de los tres (3) meses siguientes, concierten con la comunidad el inicio de la siembra de las plantas indicadas. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 76 Número único de radicación: 05001-23-33-000-2024-01283-01 Actora: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANCÓN LA PLAYA -SÉCTOR ALTO DE LAS LUNAS- PARCELACIÓN HIMALAYA. DÉCIMO CUARTO: Para la verificación del cumplimiento del fallo, se conformará un comité integrado por el actor popular, un delegado del municipio de La Estrella, un delegado del Área Metropolitana del Valle de Aburra, el Ministerio Público y la Magistrada ponente, quien lo presidirá [...]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2024-01283-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 05001-23-33-000-2024-01283-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANCÓN LA
PLAYA -SECTOR ALTO DE LAS LUNAS- PARCELACIÓN
HIMALAYA

TESIS: LAS ÓRDENES PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL PARA MITIGAR EL
RIESGO EXISTENTE EN LA ZONA OBJETO DE LA ACCIÓN SE ACOMPASAN
CON LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES ASIGNADAS
A LAS AUTORIDADES ACCIONADAS.

DERECHO COLECTIVO INVOCADO COMO VULNERADO: SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte

actora, el MUNICIPIO DE LA ESTRELLA1, la UNIDAD NACIONAL

DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES2 y el DEPARTAMENTO

DE ANTIOQUIA3, este último interpuesto en forma adhesiva, contra

la sentencia de 27 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal

Administrativo de Antioquia4.

1 En adelante el MUNICIPIO.
2 En adelante la UNGRD.
3 En adelante el DEPARTAMENTO.
4 En adelante el TRIBUNAL.

2

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Actora: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANCÓN LA PLAYA -SÉCTOR
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I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

El señor JESÚS HERNAN MOLANO RAMÍREZ, actuando en nombre

y representación de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO

ANCÓN LA PLAYA -SECTOR ALTO DE LAS LUNAS-

PARCELACIÓN HIMALAYA, en ejercicio de la acción popular

prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por

la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentó demanda contra el

MUNICIPIO, el DEPARTAMENTO, el ÁREA METROPOLITANA

DEL VALLE DE ABURRÁ6, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA7 y el DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

DE ANTIOQUIA8, tendiente a obtener la protección del derecho

colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente.

5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6 En adelante AMVA.
7 En adelante CORANTIOQUIA.
8 En adelante DAGRAN.

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I.2. Hechos

Precisó que la parcelación Himalaya, localizada en la parte media y

alta de la ladera suroccidental del MUNICIPIO - Vereda Pueblo

Viejo, desde hace varios años presenta un proceso de remoción de

masa y deslizamiento que compromete la seguridad de la población

del sector, la cual está conformada por más de 50 hogares, con más

de 100 habitantes, entre los que se encuentran menores de edad,

adultos mayores, personas en condición de discapacidad y 304

mascotas

Aseguró que el Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT del

MUNICIPIO9, respecto del sector Himalaya, indicó que: i) está

clasificado como “zona urbana y suelo de expansión”; ii) debido a su

condición de riesgo tiene priorización alta para realizar estudios

detallados; y iii) “[…] Se registran varios eventos en diferentes

épocas de desborde de quebrada La Josefina por insuficiencia

hidráulica. Procesos recurrentes de remoción en masa. En 2012 se

9 Previsto en el Acuerdo núm. 003 de 25 de mayo de 2023.

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registró un evento de movimiento en masa y creciente con saldo de

una víctima mortal […]”.

Indicó que el sector Himalaya tienen un único acceso que es por la

calle 88 Sur núm. 52 - 109, por donde transitan todo tipo de

vehículos, peatones y mascotas, cuya vía está en mal estado, lo que

ocasiona dificultad para acceder a la misma y representa un riesgo

para la población, especialmente, en época de invierno, debido a que

no existe red de saneamiento.

Registró los siguientes eventos catastróficos que dan cuenta de la

vulnerabilidad de la población del sector: i) en el año 2010 se

presentó un deslizamiento de magnitud considerable que dejó una

víctima fatal; ii) en el 2012 se presentó otro deslizamiento que creó

afectaciones por el desplazamiento de la masa removida a lo largo

del cauce de la quebrada La Josefina que inhabilitó la vía de acceso

al sector y afectó directamente a tres viviendas, razón por la que se

ordenó la evacuación preventiva a otras seis viviendas; iii) el 9 de

mayo de 2024 se presentó una avalancha que arrastró material

vegetal y grandes cantidades de tierra, afectó viviendas, generó la

evacuación de algunas familias y produjo daños en las redes

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comunitarias de abastecimiento de agua, así como el taponamiento

de la única vía de acceso; y iv) el 21 de mayo de 2024 la quebrada

La Josefina presentó una creciente que impactó a las familias,

viviendas y vías y, actualmente, se están presentando nuevas grietas

y hundimientos que evidencian la reactivación de los movimientos en

masa y requieren la atención e intervención urgente del MUNICIPIO

y las demás autoridades competentes.

Puso de manifiesto la existencia del informe técnico núm. 120-1401-

18947 de 9 de enero de 2014 elaborado por CORANTIOQUIA, en el

que se indican las medidas a adoptar por parte del MUNICIPIO en

el corto y mediano plazo para evitar un mayor deterioro de la

estabilidad de la ladera, las cuales, hasta el momento no se han

llevado a cabo, lo que pone en riesgo la vida de los habitantes del

sector Himalaya.

Aseguró que la administración es consciente del peligro y la gravedad

de la situación que se presenta en el sector, pese a lo cual sólo da

soluciones mínimas que no aminoran el riesgo, desatiende las

recomendaciones de CORANTIOQUIA para dar una solución

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definitiva a la problemática y se excusa en la búsqueda de recursos

económicos para implementar medidas de fondo.

Sostuvo que los habitantes del sector Himalaya han participado

activamente en acciones comunitarias de gestión del riesgo, tales

como jornadas de limpieza de la quebrada La Josefina y de la vía de

acceso, recolección de residuos, campañas de sensibilización

ambiental y labores artesanales de encauzamiento de aguas, debido

a la falta de recursos técnicos, presupuestales y conocimientos

especializados para atender de manera adecuada los deslizamientos.

Argumentó que el riesgo inminente y la ausencia de obras definitivas

por parte del MUNICIPIO, CORANTIOQUIA y el AMVA vulnera los

derechos colectivos de la comunidad y que, de presentarse un

deslizamiento de mayor magnitud, puede ser una catástrofe que

comprometa la vida de todos los habitantes del sector.

I.3. Pretensiones

La parte actora, además del amparo del derecho colectivo invocado,

solicitó lo siguiente:

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“[…] 1. Se ordene al Municipio de la Estrella, al Departamento de
Antioquia y al DAGRAN que, un plazo máximo de un mes, después de
quedar en firme la sentencia, realice los estudios y diagnósticos
necesarios para establecer el estado de los taludes que conforman el
cauce de la quebrada La Josefina del Municipio de La Estrella
(Antioquia), estableciendo entre otros, la necesidad de estabilización
de taludes, obras de drenaje, cunetas, canalización de la quebrada,
box culvert, sistemas de monitoreo para los deslizamientos
(movimientos en masa). Estudios técnicos hidráulicos,
revegetalización de las márgenes de la quebrada La Josefina y en la
parte alta de la corona del movimiento en masa y demás obras civiles
a ejecutar.

2. Ordene al Municipio de La Estrella, al Departamento de Antioquia
y al DAGRAN que, en el plazo máximo de 2 meses adopte las acciones
administrativas, de planeación, técnicas y presupuestales pertinentes
a fin de iniciar el proceso de rehabilitación, estabilización y/o
mejoramiento de los taludes que conforman el cauce de la quebrada
La Josefina del Municipio de La Estrella (Antioquia), y que en un plazo
máximo de 1 mes implementen las soluciones de fondo o duraderas
que arrojen los estudios y de inicio al desarrollo de las obras civiles o
de otro tipo, con el objeto de evitar o prevenir una catástrofe para los
habitantes del sector HIMALAYA del Municipio de La Estrella
(Antioquia).

3. Se ordene a CORANTIOQUIA (atención área rural) que, dentro del
ámbito de sus competencias, adopte las acciones de coordinación
pertinentes, y garantice la prestación de asesoría necesaria al
Municipio de La Estrella, a la Gobernación de Antioquia y al DAGRAN,
para la rehabilitación, estabilización y/o mejoramiento de los taludes
que conforman el cauce de la quebrada La Josefina del Municipio de
Estrella (Antioquia) a fin de proteger la vida y bienes de los habitantes
del sector HIMALAYA. En consecuencia, se solicite a estas entidades
que se tomen todas las medidas presupuestales y de planeación que
ellas por sí misma, o en coordinación con otras, deban llevar a cabo
y que permitan al desarrollo de las obras requeridas para la garantía
de los derechos antes señalados como vulnerados.

4. Se ordene a CORANTIOQUIA (atención área rural) que, dentro del
ámbito de sus competencias, adopte las acciones de coordinación
pertinentes, y garantice la prestación de asesoría necesaria al
Municipio de La Estrella, a la Gobernación de Antioquia y al DAGRAN,
para rehabilitación, estabilización y/o mejoramiento de los taludes
que conforman el cauce de la quebrada La Josefina del Municipio de

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La Estrella (Antioquia) a fin de proteger la vida y bienes de los
habitantes del sector HIMALAYA. En consecuencia, se solicite a estas
entidades que se tomen todas las medidas presupuestales y de
planeación que ellas por sí misma, o en coordinación con otras, deban
llevar a cabo y que permitan el desarrollo de las obras requeridas para
la garantía de los derechos antes señalados como vulnerados.

5. Si no se concediera la medida provisional solicitada, se ordena al
Municipio de La Estrella, a la Gobernación de Antioquia y al DAGRAN,
que una vez ejecutoriada la sentencia de primera instancia y de
manera inmediata, a fin de garantizar el Derecho Colectivo A “ Evitar
desastres técnicamente previsibles” y para garantizar la vida y bienes
de los habitantes del sector HIMALAYA; en un plazo no mayor a quince
(15) días hábiles adopten las medidas administrativas y financieras
necesarias que le permitan intervenir los puntos críticos de los taludes
que conforman el cauce de la quebrada La Josefina del municipio de
La Estrella ( Antioquia).

6. Amparado el artículo 144 inc. de la Ley 1437 de 2011 “ Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo” solicito muy respetuosamente se omita
el requisito de procedibilidad referente a la reclamación
administrativa que se exige para que la acción popular sea
procedente, toda vez que, existe un inminente peligro de la ocurrencia
de un perjuicio irremediable en contra de los derechos e intereses
colectivos de la población del sector HIMALAYA, atendiendo a que se
presentan nuevas grietas y hundimiento en el terreno, así como el
desprendimiento que se evidencia en la actualidad en los taludes de
la montaña ( ver pruebas-registro fotográfico), lo que se agrava con
la temporada de lluvias que actualmente atraviesa el Departamento,
el Área Metropolitana, en especial el Municipio de La Estrella, y que
se prevé por las autoridades ambientales, que las precipitaciones
continuarán y se incrementarán para los meses de septiembre y
octubre del presente año, que haría más propenso los deslizamientos
en los taludes que conforman el cauce de la quebrada La Josefina del
Municipio de La Estrella (Antioquia), que ocasionaría el taponamiento
y posterior avalancha de la quebrada en mención y en consecuencia
la afectación en la vida y bienes de la población del sector HIMALAYA,
por lo cual las medidas que se deben adoptar son de carácter urgente
[…]”.

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I.4. DEFENSA

I.4.1. El MUNICIPIO afirmó que no puede perderse de vista: i) lo

consignado en el acta de visita núm. 002 de 13 de julio de 2024,

realizada de manera conjunta con su personal técnico y el de

CORANTIOQUIA y de la UNGRD, en la que se concluyó que no hay

circunstancias que pusieran en riesgo inminente las estructuras

habitacionales cercanas al evento identificado; y ii) el informe

técnico de CORANTIOQUIA en el que se indicó que no se

observaron rasgos de movimientos en masa latentes ni afectaciones

adicionales que comprometieran viviendas o infraestructuras en

situación de riesgo inminente.

Aseguró que con base en el citado informe técnico, se podía concluir

que, si bien existen afectaciones asociadas a movimientos en masa

en la microcuenca de la quebrada La Josefina, estas obedecen

principalmente a las condiciones naturales del área de depósito de

materiales y a factores antrópicos generados por los propios

asentamientos, tales como vertimientos de aguas lluvias y residuales

ladera abajo, actividades de banqueo para construcciones,

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disposición de escombros, apertura de vías y prácticas

agropecuarias, circunstancias que incrementan la saturación del

suelo y la susceptibilidad a deslizamientos, sin que ello le sea

atribuible, razón por la que, a su juicio, la responsabilidad en las

afectaciones narradas por la parte actora es exclusiva de la

comunidad por los asentamientos irregulares que se han producido,

pues ello ha agudizado la problemática propia de un afluente como

la mencionada quebrada.

Precisó que la parte actora incumplió con la carga probatoria que le

asiste, pues no allegó elementos probatorios que acrediten su

responsabilidad directa en las afectaciones o amenazas del derecho

colectivo invocado.

I.4.2. El DEPARTAMENTO adujo que no ha vulnerado y/o

amenazado el derecho colectivo deprecado, ni tiene ninguna

responsabilidad en los hechos que la fundamentan y, por el contrario,

ha actuado de conformidad con sus competencias legales y

constitucionales frente a la prevención del riesgo de desastres.

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Refirió que los hechos que dieron origen a la acción popular

ocurrieron en jurisdicción del MUNICIPIO, por lo que es este, en el

marco de sus competencias constitucionales y legales,

especialmente, en lo dispuesto en la Ley 1523 de 24 de abril de

201210, en materia de gestión del riesgo, quien debe garantizar la

protección de la vida y de los bienes de su población, mientras que

su competencia es complementaria y subsidiaria a los esfuerzos

locales.

Señaló que, no obstante, ha desplegado diferentes actuaciones a

través del DAGRAN, con el fin de brindar asistencia y apoyo técnico

al MUNICIPIO, como la visita que se realizó el 13 de junio de 2023

para evaluar varios sectores de la zona urbana y rural, dentro de los

que se encuentra el sector Himalaya, a partir de la cual elaboró un

informe técnico en el que tomó como antecedentes los movimientos

en masa presentados en los años 2010 y 2012 en la cuenca de la

quebrada La Josefina que ocasionaron arrastre y transporte de

material, a través de los flujos, que generaron inundaciones en la

parte baja de la cuenca y afectaron viviendas y terrenos y se

10 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

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determinó que dicha quebrada “ha sufrido severas intervenciones

antrópicas”.

Indicó que mediante Oficio núm. 2016030139289 de 12 de julio de

2016, remitió el citado informe al MUNICIPIO con el fin de que

sirviera de insumo para la implementación de acciones y proyectos

encaminados a una adecuada gestión del riesgo.

I.4.3. CORANTIOQUIA aseguró que no tiene competencia directa

en las acciones que deben implementarse para la protección de los

habitantes del sector donde existe la presunta amenaza por remoción

en masa (deslizamiento), pues corresponde al MUNICIPIO atender

de forma prioritaria la situación y realizar las acciones concretas en

relación con la gestión del riesgo conforme lo dispone la Ley 1523.

Explicó que el MUNICIPIO tenía conocimiento técnico de las

condiciones de riesgo del área, en tanto contrató el estudio geológico,

geotécnico, hidrológico e hidráulico para la estabilización de taludes

en la Parcelación Himalaya con ocasión de eventos previos, lo que le

permitió identificar conclusiones y acciones a implementar;

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adicionalmente, el Plan de Manejo de Acuíferos del Valle de Aburrá

(2018) clasificó el sector como zona de recarga directa, circunstancia

relevante para la gestión de licencias de construcción y la adopción

de medidas de mitigación en los cauces.

Adujo que, en ejercicio de sus competencias y funciones, le ha

brindado asesoría y apoyo al ente territorial y realizó los informes

técnicos núms. 130AS-1104-9032 de 07 de abril de 2011, 130AS-

1106-9186 de 2 de junio de 2011, 120-1306-16013 de 4 de junio de

2013, 120-1401-18947 de 9 de enero de 2014, 120-1410-22632 de

28 de octubre de 2014 y 120-IT2407-5923 de 16 de julio de 2024, a

través de los cuales le dio recomendaciones para mitigar el riesgo y

le indicó las obras que debía realizar.

Advirtió que al MUNICIPIO le corresponde ejecutar las obras, para

lo cual deberá actualizar el presupuesto y efectuar las gestiones ante

los entes competentes que le permitan obtener los recursos

económicos necesarios para tal fin, involucrando a los habitantes del

sector, quienes, a su juicio, son igualmente responsables de la

situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que se presenta en la

zona y deben asumir una actitud proactiva en la solución o mitigación

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de la problemática, con un alto sentido de responsabilidad social y

ambiental.

Estimó que en el presente caso no se evidencia omisiones que

demuestren que, en su condición de autoridad ambiental y en su

papel complementario y subsidiario en gestión del riego, ha

ocasionado el daño aludido por la parte actora y, por el contrario, ha

realizado los estudios necesarios para determinar las razones del

movimiento en masa y sus medidas de mitigación en la zona objeto

de la acción.

Concluyó que, por lo anterior, no está legitimado en la causa, de

conformidad con las funciones señaladas en la Ley 99 de 22 de

diciembre de 199311, debido a que no vulneró los derechos colectivos

invocados en la presente acción, ni tiene competencia respecto de

las pretensiones formuladas en la demanda.

11 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones”.

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I.4.4. El AMVA manifestó que no es responsable de la ejecución de

las obras solicitadas ni de la presunta amenaza o vulneración del

derecho invocado, toda vez que las Áreas Metropolitanas son

entidades administrativas llamadas a desarrollar una serie de

funciones debidamente regladas, que no se superponen a las

competencias municipales, sino que armonizan el desarrollo de un

área con diversos actores municipales.

Señaló que de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1523, la

gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre

autoridades y habitantes; no obstante, aunque el parágrafo 1° de su

artículo 30 prevé que las áreas metropolitanas deben adoptar

procesos en esta materia dentro de sus competencias, la norma no

les asigna funciones específicas equiparables a las previstas para

entidades como las alcaldías, gobernaciones o la UNGRD, por lo que

no resulta posible atribuirles las obligaciones pretendidas.

Resaltó que, de acuerdo con las circunstancias expuestas en la

demanda, se podía concluir que no ha vulnerado, por acción u

omisión, derecho colectivo alguno, pues en ejercicio de sus

competencias elaboró el concepto técnico correspondiente tras la

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visita al sitio, en el que consignó la descripción del fenómeno, sus

posibles causas, la identificación de elementos expuestos, la

valoración del riesgo y las recomendaciones pertinentes.

Por lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la presente acción

popular en su contra y declarar probadas las excepciones de falta de

legitimación en la causa por pasiva, ausencia de responsabilidad y

ausencia total de pruebas y, por ende, se ordene su desvinculación.

I.4.5. La UNGRD12 manifestó que no le asiste legitimación en la

causa por pasiva, pues no se advierte vulneración alguna que le sea

atribuible, ni una relación causal entre el daño y el hecho generador,

amén de que tampoco se agotó el requisito de procedibilidad previsto

en el artículo 144 CPACA en lo que le respecta.

Indicó que no es la competente en el proceso de rehabilitación,

estabilización y mejoramiento de los taludes que conforman el cauce

de la quebrada La Josefina pues, de conformidad con lo previsto en

el artículo 37 de la Ley 1523, el ente territorial es quien tiene la

12 Vinculada al proceso mediante auto de 19 de septiembre de 2024.

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obligación de formular, concertar y poner en marcha un Plan

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y una estrategia de

respuesta para hacer frente a la eventual emergencia.

Precisó que, según el artículo 13 de la citada ley, los municipios

deben adelantar los procesos de conocimiento, reducción del riesgo

y manejo de desastres y de los gobernadores, como instancia de

coordinación de estos, debido a que: “[…] El Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres, funciona de manera escalonada, lo

cual significa que cuando el ente territorial supera su capacidad de

respuesta (previa demostración) puede acudir al departamento para

que este de manera complementaria apoye a los municipios de su

jurisdicción, con el apoyo adicional de los Consejos Municipales y

Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres […]”.

Afirmó que, según el artículo 4° del Decreto 4147 de 3 de noviembre

de 201113, no tiene funciones operativas, sino de coordinación y, por

tanto, ante la situación expuesta en la acción popular, no posee

competencia alguna para realizar las obras en el MUNICIPIO.

13 “Porel cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se
establece su objeto y estructura”.

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I.4.6. La EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

DE LA ESTRELLA S.A. E.S.P. manifestó que en los hechos de la

demanda no se identifica la existencia de un nexo causal entre el

daño alegado y una acción u omisión que permita atribuirle

responsabilidad alguna y, por el contrario, sus actuaciones se han

desarrollado en el marco de sus competencias.

Sostuvo que carece de legitimación material en la causa por pasiva

porque no ocasionó el presunto desastre ambiental, el cual obedece

a causas exógenas ajenas a sus obligaciones, no le presta el servicio

de alcantarillado a ninguno de los habitantes del sector y tampoco

tiene competencias para otorgar permisos de vertimientos a otros

prestadores, a las comunidades o particulares.

Informó que dentro de sus registros figuran en la zona 8 suscriptores

únicamente por el servicio de acueducto, de los cuales solo uno se

suscribió después de su creación, pues los demás corresponden a

migraciones que se hicieron desde la Secretaría de Servicios Públicos

Domiciliarios, dependencia que, a su juicio, en su momento debió

revisar las condiciones técnicas y legales para la prestación del

servicio.

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Señaló que si bien es cierto que el sector Himalaya tiene una única

vía de acceso, no lo es que en la zona no se hayan realizado acciones

por parte del MUNICIPIO, comoquiera que desde el año 2010 se

han presentado una serie de contingencias que fueron atendidas de

manera inmediata, lo cual se encuentra acreditado, entre otros, en

las pruebas allegadas dentro del proceso de reparación directa

identificado con el número de radicado 05001-33-33-018-2012-

00521-00 promovido por habitantes del sector, en el que se

relacionan las obras ejecutadas.

I.5.- Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se convocó para el día 10 de

diciembre de 2024, la cual se declaró fallida por falta de ánimo

conciliatorio.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, mediante sentencia de 27 de marzo de 2025, declaró la

falta de legitimación en la causa por pasiva de CORANTIOQUIA y

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la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de

desastres previsibles técnicamente.

Para el efecto, precisó que el sector Himalaya está ubicado en el suelo

urbano y de expansión del MUNICIPIO, según el PBOT, por lo que

la entidad competente para conocer de los asuntos ambientales en

el área urbana es el AMVA y no CORANTIOQUIA.

Señaló que el alcalde, en su condición de máxima autoridad

administrativa y conductor del desarrollo local, es el responsable

directo de implementar los procesos de gestión del riesgo en su

territorio, incluyendo el conocimiento, la reducción del riesgo y el

manejo de desastres, en armonía con lo dispuesto en los artículos

311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de junio de

199414, que definen al municipio como una entidad territorial

fundamental encargada de prestar servicios públicos, ejecutar obras

para el progreso, ordenar el territorio y garantizar el bienestar

general y la calidad de vida de sus habitantes.

14 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento

de los municipios”.

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Se refirió a las pruebas allegadas al proceso, de las cuales concluyó

que el sector objeto de la acción está clasificado como suelo urbano

y de expansión en condición de riesgo de conformidad con el PBOT,

por lo que requiere la realización de estudios detallados conforme al

Decreto 1077 de 26 de mayo de 201515 para determinar si el daño es

mitigable o no.

Puso de presente que desde el año 2011 y hasta el evento más

reciente de mayo de 2024 se han presentado procesos de remoción

en masa en el sector, asociados a factores naturales y antrópicos,

conforme lo evidencian los informes técnicos de CORANTIOQUIA,

los cuales señalan que el área se ubica en zona de pendiente

atravesada por la quebrada La Josefina, afectada por intervenciones

humanas, desbordamientos en temporada de lluvias y procesos de

erosión de las márgenes de la quebrada.

Sostuvo que se determinó que en el sector existen diversas

construcciones como viviendas, bodegas, caballerizas, vías y

andenes que carecen de un manejo adecuado de aguas lluvias y

15 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad

y Territorio."

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escorrentía, lo que genera filtraciones y acumulación hídrica que

incrementa la inestabilidad del terreno. Asimismo, se evidenciaron

modificaciones al suelo, cambios de vegetación y edificaciones y cultivos

dentro de la zona de retiro de la quebrada La Josefina, la cual ha sido

intervenida y canalizada en tramos sin suficiente capacidad hidráulica,

circunstancias que, sumadas a los movimientos en masa, favorecen

inundaciones que afectan viviendas y terrenos.

Advirtió que la situación que se presenta en el sector Himalaya es

conocida por el MUNICIPIO desde el año 2011 y si bien en el año 2013

contrató a la sociedad INGEADE LTDA para que realizara un estudio

geológico, geotécnico, hidrológico e hidráulico y diseños para la

estabilización de Taludes en el sector, no ha ejecutado obra alguna que

ayude a cesar la problemática.

Consideró que, aunque la problemática del sector Himalaya obedece en

gran medida a factores antrópicos, resulta evidente la falta de control por

parte del MUNICIPIO y demás entidades competentes que debieron

actuar desde sus competencias para hacer cesar la vulneración, así como

también la omisión en la realización de las obras necesarias para evitar

que continuara la afectación. En consecuencia, ordenó lo siguiente:

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“[…] TERCERO: ORDENAR AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA,
representado por el Alcalde municipal que en acompañamiento con el Área
Metropolitana del Valle de Aburrá y con la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres-UNGRD, dentro de los seis (6) meses siguientes
a la ejecutoria de la presente providencia, proceda a realizar estudios
técnicos geológico, geotécnico, hidrológico e hidráulico o los que considere
necesarios que para poder determinar:

i) Cuáles de las zonas del sector El Himalaya ubicado en el barrio Pueblo
Viejo en el municipio de La Estrella, son de riesgo mitigable y cuáles de
riesgo no mitigable.

ii) En el evento de hallarse que hay zonas que debido a su alto riesgo no
es posible su mitigación, deberá realizar un censo de las personas que
estén asentadas en dichos sitios para que de manera inmediata proceda
a realizar las gestiones administrativas y presupuestales para su
reubicación, la cual deberá culminar a más tardar dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la presente providencia.

iii) En el evento de ser procedente la mitigación del riesgo y concluirse que
es posible que en el sector haya asentamientos, se determinarán las obras
civiles a ejecutar para atender los procesos de erosión, socavación,
inestabilidad de la zona. Así mismo, se realizarán las obras necesarias para
la estabilización del terreno que resulten indispensables, tales como
trinchos, sellamiento de grietas, entre otras. Las obras aquí ordenadas
deberán iniciarse a ejecutar dentro de los seis (6) meses siguientes a la
realización de los estudios, las cuales deberán terminarse dentro de los dos
(2) años siguientes a su inicio. En caso de requerirse obras en alguno de
los predios que sean propiedad de un particular, las obras correrán por
cuenta del propietario.

CUARTO: ORDENAR al Municipio de La Estrella realizar las obras
necesarias para el adecuado estado de la quebrada La Josefina, para evitar
su represamiento y desbordamiento.

QUINTO: ORDENAR al Municipio de La Estrella, en coordinación con el
Departamento de Antioquia que dentro de los dos (2) meses siguientes
a la ejecutoria de la presente providencia, proceda con la identificación,
desalojo y reubicación de las personas que estén asentadas en las fajas de
retiro de la quebrada La Josefina.

SEXTO: En virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad que orientan la función administrativa, en caso de resultar
insuficientes los recursos del municipio de La Estrella, esto se le informará

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al Departamento de Antioquia para que, en el marco de sus
competencias, cofinancie y apoye al municipio en la implementación de
medidas de prevención, mitigación y conservación para contrarrestar las
amenazas que se presentan en el Sector Himalaya.

SÉPTIMO: ORDENAR al municipio de La Estrella en coordinación con el
Departamento de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá,
realizar monitoreos trimestrales en el lugar objeto de la presente acción,
con el fin de determinar si se presentan hundimientos, grietas o alguna
situación que ponga en riesgo la seguridad de los habitantes del sector.

OCTAVO: ORDENAR a los propietarios de los inmuebles ubicados en el
sector El Himalaya, que dentro de los seis (6) meses siguientes a la
ejecutoria de esta providencia, procedan a implementar un sistema técnico
y adecuado para captar, conducir y descargar adecuadamente las aguas
lluvias y de escorrentías, lo cual se hará con la asesoría del Área
Metropolitana del Valle de Aburrá.

NOVENO: Los propietarios de los predios deberán realizar monitoreo
constante a sus predios, con el fin de identificar alguna situación que pueda
poner en riesgo la vida de los residentes del sector Himalaya y avisar a las
autoridades competentes para su seguimiento y solución.

DÉCIMO: ORDENAR a los propietarios abstenerse de realizar obras,
excavaciones, modificaciones del terreno, así como cualquier tipo de
edificación, sin la previa autorización y permisos otorgados por la
Secretaría de Infraestructura del municipio de La Estrella.

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al municipio de La Estrella realizar de
manera permanente un control urbanístico estricto de las construcciones e
intervenciones que se realicen en el Sector el Himalaya, con el fin de que
se lleven a cabo los procesos administrativos y sancionatorios a que haya
lugar. Mensualmente el municipio de La Estrella realizará un acta en donde
se registrará los eventuales asentamientos, construcciones, obras,
excavaciones y modificaciones en el sector y las decisiones y actuaciones
del municipio de La Estrella que realizó al respecto, con el fin de llevar un
control.

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR al Área Metropolitana del Valle de Aburrá
que dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia
proceda con los estudios necesarios para la revegetalización del sector El
Himalaya, realizando las correspondientes recomendaciones a los
propietarios del sector.

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DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a los propietarios, que una vez se aporte
por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá el estudio correspondiente a
la necesidad de revegetalización del sector, dentro de los tres (3) meses
siguientes inicien con la siembra de las plantas indicadas.

DÉCIMO CUARTO: Para la verificación del cumplimiento del fallo, se
conformará un comité integrado por el actor popular, un delegado del
municipio de La Estrella, un delegado del Área Metropolitana del Valle de
Aburra, el Ministerio Público y la Magistrada ponente.

DÉCIMO QUINTO: Sin condena en costas. […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. La parte actora solicitó revocar el numeral quinto de la

sentencia apelada, por cuanto el PBOT del MUNICIPIO establece el

procedimiento aplicable cuando existan viviendas ubicadas en las

áreas de retiro de la quebrada La Josefina, el cual, a su juicio, fue

desconocido por el a quo al ordenar un proceso de identificación,

desalojo y reubicación, pues no existe prueba técnica dentro del

presente proceso que acredite que las viviendas estén en dicha zona,

ni que representan riesgo o estén en zona de riesgo mitigable o no

mitigable, cuyos aspectos deben determinarse en los estudios

ordenados en el numeral tercero de la misma sentencia impugnada.

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Indicó que debe tenerse en cuenta que la mayoría de viviendas

construidas en el sector Himalaya no son recientes y la finalidad de

la presente acción popular es la actualización de los estudios técnicos

geológicos, geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos previamente

contratados por la administración, a efectos de determinar las obras

necesarias para la mitigación de riesgos en el sector y garantizar la

ejecución efectiva de las mismas conforme a las recomendaciones de

los estudios especializados.

Resaltó que el PBOT goza de la presunción de legalidad propia de los

actos administrativos, reconocida en el artículo 88 del CPACA, así

como en los artículos 83 y 209 de la Constitución Política, razón por

la que sus disposiciones deben reputarse válidas y obligatorias

mientras no sean anuladas por la jurisdicción competente.

Señaló que, si existe alguna vivienda dentro de la faja de retiro a la

quebrada La Josefina, en términos del Consejo de Estado: “[…] El

juez al encontrar el hecho u omisión amenazadora, como

consecuencial, ordenará el cumplimiento del ordenamiento legal o

administrativo imperativo: buscará el reino de la legalidad, pero en

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forma sucedánea a la protección de los derechos e intereses

colectivos […]”.

III.2. El MUNICIPIO afirmó que no le asistió razón al a quo al

concluir que ha sido omisivo en el ejercicio de sus competencias,

particularmente, en materia de control urbano, toda vez que al

expediente se aportaron copias de los procesos policivos adelantados

y decididos por infracciones a las normas de construcción en el

sector, lo que evidencia el despliegue efectivo de actuaciones

administrativas de vigilancia y control por parte de la administración.

Afirmó que, además, no se valoraron las pruebas aportadas que

demuestran que realizó estudios técnicos e implementación de

medidas de mitigación en el año 2013; procesos de control

urbanísticos que buscan reducir el impacto de los fenómenos

antrópicos por parte de la comunidad; y, control y visitas por parte

de la UNGRD que, en compañía de la autoridad ambiental, monitorea

el sector donde se presentaron movimientos en años anteriores.

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Aseguró que la sentencia apelada resulta incongruente, pues a pesar

de reconocer que la causa eficiente y suficiente del riesgo en el sector

es el actuar de los propietarios de los predios que ha favorecido la

susceptibilidad a generar movimientos en masa desarrollando

actuaciones contrarias al deber legal y de cuidado ambiental, lo

responsabilizó y le impuso la mayor y onerosa carga en el fallo.

Adujo que las situaciones analizadas en el presente caso tienen

naturaleza eminentemente ambiental, pues están relacionadas con

la ocupación del lecho y la protección de las fajas de retiro del

afluente hídrico, razón por la que las autoridades competentes para

su evaluación, control y seguimiento ambiental, hasta la expedición

del Acuerdo 003 de 2023, era CORANTIOQUIA y, con posterioridad,

el AMVA, quienes son las responsables de la eventual falta de control

que permitió la intervención antrópica y los fenómenos de

movimiento en masa, de conformidad con las funciones que les

atribuye la Ley 99 de 1993.

Concluyó que la responsabilidad por las afectaciones alegadas debe

concretarse en las actuaciones de la comunidad y las autoridades

ambientales competentes, toda vez que, por su parte, ha desplegado

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actuaciones activas de control urbano y seguimiento frente a

desarrollos sin licencia y situaciones irregulares, lo que evidencia la

ausencia de elementos probatorios que permitan atribuirle

responsabilidad directa en la vulneración o amenaza de los derechos

colectivos invocados.

Además, destacó que la decisión de primera instancia le impone

cargas que no consultan su capacidad económica, comprometiendo

la adecuada atención de otras obligaciones y servicios a cargo de la

administración.

III.3. La UNGRD señaló que las obligaciones de realizar estudios técnicos

geológico, geotécnico hidrológico e hidráulico, un censo y de gestionar la

consecución de recursos para implementar políticas de gestión del riesgo

en el sector El Himalaya desconocen sus competencias que por ley le fueron

otorgadas mediante el Decreto 4147 de 2011, que en su artículo 4°

establece que sus funciones son las de brindar la orientación necesaria a

los entes territoriales para el fortalecimiento de la gestión del riesgo de

desastres y prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran

para la inclusión de la política de gestión del riesgo en sus POT.

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Señaló que en el país existen aproximadamente más de 1.102

municipios, que, por disposición de ley, poseen diversas formas de

financiación para adelantar sus asuntos propios, tales como el

Sistema Nacional de Participación y los Fondos Territoriales de

Gestión del Riesgo, razón por la que colapsaría la entidad por órdenes

judiciales como las proferidas por el a quo, que desconocen el

ordenamiento jurídico al trasladarle una competencia que es propia

de los municipios, departamentos y autoridades con competencia en

infraestructura vial.

Afirmó que no existe prueba en el expediente que acredite un actuar

negligente en el cumplimiento de sus obligaciones legales que diera

lugar a la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y

prevención de desastres previsibles técnicamente, pues el a quo se

limitó a transcribir la norma sin indicar, específicamente, cuál de las

funciones otorgadas por la ley incumplió y, además, si bien el ente

territorial solicito recursos, no está en la obligación de darlos, al no

ser superior jerárquico de los entes territoriales.

Advirtió que es el alcalde, como máxima autoridad administrativa del

municipio y responsable del desarrollo local, quien tiene la obligación

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de implementar la gestión del riesgo en su territorio, integrándola en

la planificación del desarrollo mediante instrumentos como los planes

de desarrollo, los POT y proyectos de reubicación de población en

riesgo, razón por la que aunque tenga funciones de coordinación, ello

no implica que pueda sustituir o asumir las competencias que la

Constitución y la ley asignan a las entidades territoriales.

Adujo que, en desarrollo de esas competencias, la normativa dispone

la creación y administración del Fondo Territorial de Gestión del

Riesgo de Desastres, como instrumento financiero destinado a

garantizar la disponibilidad de recursos para la adopción, financiación

y ejecución de medidas orientadas al conocimiento y reducción del

riesgo y el manejo de desastres y, en consecuencia, los recursos

destinados a dichos fondos serán de carácter acumulativo y no

podrán en ningún caso ser retirados por motivos diferentes a la

gestión del riesgo.

Resaltó que, de conformidad con las normas reglamentarias, es claro

que la elaboración de los censos y, por consiguiente, el proceso de

inclusión en el Registro Único de Damnificados -RUD- de la población

víctima o afectada por los diferentes eventos naturales o

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antropogénicos no intencionales ocurridos en Colombia es

competencia exclusiva de las Alcaldías por conducto de su Comité

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD-, autoridades

que, de requerirlo, deberán ser apoyadas por los Consejos

Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres y, por su parte,

en aplicación a lo dispuesto en el artículo 3º de la Resolución número

1190 de 2016, que adicionó el artículo 8º de la Resolución número

1256 de 2013, solamente se encarga de la administración del RUD.

III.4. El DEPARTAMENTO manifestó que las órdenes referentes a

la reubicación, la cofinanciación en la implementación de medidas de

prevención, mitigación y conservación para contrarrestar las

amenazas que se presentan en el sector Himalaya y los monitoreos

trimestrales para determinar situaciones que pongan en riesgo la

seguridad de los habitantes, desbordan sus competencias y

capacidades, no solo porque sobrepasan las acciones de orientación,

planeación y seguimiento, sino porque su imposición deviene en la

asignación de obligaciones altamente onerosas que exceden su

capacidad de respuesta y gestión.

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Estimó que la responsabilidad principal en relación con los prevención

y atención de desastres, se encuentra en cabeza de los alcaldes como

máximas autoridades en la implementación de los procesos de

gestión, manejo y reducción del riesgo de desastres y aunque no

desconoce las competencias que, en virtud del principio de

concurrencia, le son asignadas a los departamentos en materia de

prevención de desastres, protección y sostenibilidad del medio

ambiente, las mismas se circunscriben a la planeación, conocimiento,

seguimiento, asesoría, orientación, acompañamiento y apoyo y no a

la ejecución directa de proyectos.

Concluyó que, respecto de los costos de implementación de las

acciones, debe considerarse que el DAGRAN cuenta con un

presupuesto limitado para atender de manera subsidiaria a 125

municipios, de los cuales la mayoría son de sexta categoría y

dependen en gran medida de los recursos departamentales, por lo

que resulta desproporcionado ordenar la cofinanciación de acciones

que corresponden a la competencia del MUNICIPIO que, además,

se encuentra clasificado fiscalmente en segunda categoría y es quien

debe adelantar de manera directa las acciones para evitar la

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vulneración de los derechos colectivos invocados en la presente

acción.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro de la oportunidad procesal otorgada para alegar de conclusión

las partes guardaron silencio.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El delegado del Ministerio Público ante esta Corporación solicitó

confirmar la sentencia de primera instancia, precisando que de

conformidad con el material probatorio allegado y la normativa

aplicable está demostrado que hubo vulneración del derecho

colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente, debido a la erosión y deslizamiento de tierra que se

presentan en el sector Himalaya, pues aunque, en gran medida, la

problemática que se presenta es causada por actuaciones antrópicas

voluntarias, a su juicio, existe ausencia de control por parte del

MUNICIPIO y las demás entidades debieron concurrir desde sus

competencias para hacer que cesara la vulneración, así como

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tampoco se realizaron las obras necesarias para impedir que

continuara la vulneración.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

VI.2.- Problemas jurídicos

Visto los argumentos expuestos en los recursos de apelación, la Sala

advierte que no está en discusión la situación de riesgo en que se

encuentran los habitantes de la parcelación Himalaya ubicada en la

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parte media y alta de la ladera suroccidental del MUNICIPIO -

Vereda Pueblo Viejo, debido a la erosión y los deslizamientos de tierra

que se vienen presentado hace varios años, los cuales se

incrementan en época de invierno por el desborde de la quebrada La

Josefina, lo que amenaza el derecho colectivo a la seguridad y

prevención de desastres previsibles técnicamente. En consecuencia,

los problemas jurídicos a resolver, de acuerdo con los argumentos

expuestos en los recursos de apelación, son:

1-. ¿La orden del Tribunal de identificar, desalojar y reubicar a las

personas asentadas en las fajas de retiro de la quebrada La Josefina

en un plazo de dos (2) meses es procedente y ajustada a derecho o,

por el contrario, vulnera el debido proceso y lo establecido en el

PBOT del MUNICIPIO, considerando que aún no se han realizado

los estudios técnicos de detalle que determinen si el riesgo es

mitigable o no?

2-. ¿El MUNICIPIO es responsable por la vulneración de derechos

colectivos cuando la causa determinante del riesgo por deslizamiento

proviene en mayor medida de factores antrópicos por intervenciones

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humanas realizadas por la comunidad y el ente territorial alega haber

ejercido acciones de control policivo, realizado estudios técnicos?

3-. ¿La UNGRD es competente para ejecutar directamente

actividades operativas y conseguir recursos para un municipio

específico o, por el contrario, sus funciones se limitan a la

coordinación, asesoría y formulación de políticas a nivel nacional?

4-. ¿Proceden las órdenes impartidas al DEPARTAMENTO bajo el

principio de subsidiariedad, tratándose de un MUNICIPIO que

cuenta con recursos propios o estas exceden el rol de

complementariedad y coordinación que la ley asigna a los entes

departamentales?

5.- ¿La falta de recursos exime al MUNICPIO y al DEPARTAMENTO

del cumplimiento de sus funciones?

Comoquiera que, en gran medida, los problemas jurídicos

planteados se refieren a las competencias de las recurrentes para

atender las órdenes impuestas por el a quo, la Sala, en primera

medida, hará mención al marco normativo que rige la competencia

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de cada una de las autoridades, según sus funciones, en materia de

gestión del riesgo.

VI.2.1.- De las autoridades competentes en materia de

gestión del riesgo

El Gobierno Nacional mediante la Ley 1523, adoptó la Política

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y estableció el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La normativa en mención define la gestión del riesgo de desastres

como “[…] un proceso social orientado a la formulación,

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,

planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y

acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del

riesgo y el manejo de desastres, con el propósito explícito de

contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las

personas y al desarrollo sostenible […]”.

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Asimismo, dispuso que era una política de desarrollo indispensable

para garantizar, entre otros, la seguridad territorial y los derechos e

intereses colectivos de las poblaciones y las comunidades en riesgo,

razón por la que debe estar intrínsecamente asociada con la

planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental

territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva

participación de la población16.

La anterior definición es complementada por los numerales 1, 6 y 11

del artículo 4° de la misma disposición, en el sentido de que en el

caso de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio

climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la

medida en que está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad

o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios

observados o esperados del clima y su variabilidad, gestión que

también implica la promoción de una mayor conciencia del riesgo,

que busca impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo

cuando ya existe; de igual forma, prepararse y manejar las

16 Ley 1523 de 2012. Artículo 1°.

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situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación

entendida como rehabilitación y reconstrucción.

Como responsables de la gestión del riesgo, la Ley 1523 señaló a

todas las autoridades y habitantes del territorio; en

consecuencia, en tratándose de las autoridades, asignó a las

entidades públicas, privadas y comunitarias el desarrollo y ejecución

de los procesos de gestión del riesgo que comprenden conocimiento

y reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus

competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como

componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres.

Por su parte, cuando se trata de los habitantes del territorio, los hizo

corresponsables de la gestión del riesgo y, por tanto, deben actuar

con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal

como en lo de sus bienes y acatar lo dispuesto por las autoridades17.

17 Ley 1523 de 2012. Artículo 2°.

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En relación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de

Desastres -Sistema Nacional-, en el artículo 5° dispuso que es el

conjunto de entidades públicas, privadas, de políticas, normas,

procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,

así como la información atinente a la temática, que se aplica de

manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.

En cuanto a su organización, la instancia superior del Sistema de

Gestión del Riesgo es el Consejo Nacional, integrado por el presidente

de la República, el director de la UNGRD y los gobernadores y

alcaldes en sus respectivas jurisdicciones. Dicho órgano es el

encargado de orientar el Sistema y, entre otras funciones, de “[…]

Propender por la armonización y la articulación de las acciones de

gestión ambiental, adaptación al cambio climático y gestión del

riesgo […]” y “[…] Orientar y articular las políticas y acciones de

gestión ambiental, ordenamiento territorial, planificación del

desarrollo y adaptación al cambio climático que contribuyan a la

reducción del riesgo de desastres […]”18.

18 Ley 1523 de 2012. Artículos 15, 16 y 21-8.

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En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley otorgó

funciones específicas en materia de gestión del riesgo a los

alcaldes y gobernadores.

Para los gobernadores las funciones, conforme a lo establecido en

el artículo 13 de la Ley 1523, son las siguientes:

“Artículo 13. Los gobernadores en el sistema nacional. Los
gobernadores son agentes del Presidente de la República en materia
de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de
desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política
del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de
los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de
desastres en el ámbito de su competencia territorial.

Parágrafo 1o. Los Gobernadores como jefes de la administración
seccional respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener
la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en
su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo
departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su
responsabilidad.

Parágrafo 2o. Los gobernadores y la administración departamental
son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su
territorio. En consecuencia, están a cargo de las competencias de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los
municipios de su departamento.” (Subrayas de la Sala)

De modo que es deber de los departamentos, en cabeza de su

gobernador, implementar procesos de conocimiento y de reducción

del riesgo, así como acciones tendientes al manejo de desastres en

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su territorio, garantizando la puesta en marcha y mantenimiento de

los procesos que propendan por la gestión del riesgo en su territorio.

Asimismo, es su obligación integrar en la planificación del desarrollo

departamental, gestiones estratégicas y prioritarias en cuanto a la

gestión del riesgo se refiere, por medio del plan de desarrollo

departamental y demás instrumentos a su disposición, para de

esa manera darles cuerpo y aplicación a las competencias de

coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva frente a los

Municipios del respectivo Departamento.

Lo dicho significa que, en aplicación de los mencionados principios,

el departamento en asocio con los municipios de su territorio, deben

aunar esfuerzos para evitar o hacer cesar la afectación que se esté

causando a un valor, interés o bien jurídico protegido como es la

mitigación del riesgo de desastres.

En cuanto a los alcaldes, les fueron asignadas las funciones

descritas a continuación:

1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable

directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo

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en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción

del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción

[…]”19.

2.- “[…] Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones

estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de

desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento

territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos

de gestión pública [...]”20.

3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se

sancionó la Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes

de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre

desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo y,

por consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos

fines, y en particular, “[…] incluirán las previsiones de la Ley 9ª de

1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que las sustituyan, tales

como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo,

señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a

19 Ley 1523, Artículo 14.
20 Ley 1523, Artículo 14, parágrafo.

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amenaza derivada de fenómenos naturales, socio naturales o

antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de

reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a

tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la

constitución de reservas de tierras para hacer posibles tales

reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de

adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para

reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”21.

Adicional a lo anterior, ambos funcionarios, esto es, gobernadores

y alcaldes, deberán:

-. “[…] Formular e implementar planes de gestión del riesgo para

priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades

del sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento

del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, como parte

del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar

su seguimiento y evaluación [...]”22.

21 Ley 1523, artículo 40.
22 Ley 1523. Artículo 32.

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-. “[…] Formular y concertar con sus respectivos consejos de gestión

del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia

para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en

armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de

respuestas nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones,

serán adoptados mediante decreto expedido por el gobernador o

alcalde, según el caso en un plazo no mayor a noventa (90) días,

posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley […]”23.

-. Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del

riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y,

considerar, el riesgo de desastres, como un condicionante para el uso

y la ocupación del territorio, procurando de esta forma evitar la

configuración de nuevas condiciones de riesgo. Asimismo, en un

plazo no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la Ley

1523, deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento territorial

y de desarrollo municipal y departamental vigentes que no hubiesen

incluido la gestión del riesgo24.

23 Ley 1523. Artículo 37.
24 Ley 1523. Artículo 39.

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Ahora, el Gobierno Nacional a través del Decreto 4147 de 3 de

noviembre de 2011, creó la UNGRD con el fin de que una entidad

del orden nacional se encargue de asegurar la coordinación y

transversalidad en la aplicación de las políticas de gestión de

riesgo de desastres para lograr su optimización.

El artículo 3° de dicha normativa previó que el objetivo de la UNGRD

era dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres en

atención a las políticas de desarrollo sostenible, así como coordinar

el funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema Nacional para la

Prevención y Atención de Desastres –SNPAD-.

Las funciones de la UNGRD están contenidas en el artículo 4° ibidem

que ordena lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Funciones. Son funciones de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres las siguientes:

1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres –SNPAD, hacer seguimiento a su
funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en los niveles
nacional y territorial.

2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento
del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, y su
articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y
territorial del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres –SNPAD.

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3. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas,
proyectos y procedimientos nacionales de gestión del riesgo de
desastres, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres –SNPAD y actualizar el marco normativo y los
instrumentos de gestión del SNPAD.
4. Promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales
como el Sistema Nacional de Planeación, el Sistema Nacional
Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
y el Sistema Nacional de Bomberos, entre otros, en los temas de su
competencia.

5. Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional para
la gestión del riesgo de desastres, realizar el seguimiento y
evaluación del mismo.

6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales
en su fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo
de desastres y asesorarlos para la inclusión de la política de
gestión del riesgo de desastres en los Planes Territoriales.

7. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones
en materia de su competencia.

8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que
requieran los miembros del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres –SNPAD.

9. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, la consecución de recursos para
fortalecer la implementación de las políticas de gestión del
riesgo de desastres en el país.

10. Administrar y mantener en funcionamiento el sistema integrado
de información de que trata el artículo 7° del Decreto-ley 919 de
1989 o del que haga sus veces, que posibilite avanzar en la gestión
del riesgo de desastres.

11. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan
a la naturaleza de la entidad […]” (Resaltado de la Sala).

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Asimismo, la Sala destaca que las funciones encomendadas a cada

uno de los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo

están regidas por los principios de coordinación, concurrencia y

subsidiariedad positiva, los cuales fueron definidos por la misma

Ley 1523 de la siguiente manera:

“[…] 12. Principio de coordinación: La coordinación de
competencias es la actuación integrada de servicios tanto estatales
como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas
funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el
ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias
entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público,
privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión
del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos,
acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la
colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades
involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de
todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de
competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las
autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas
comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.

14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento
de la autonomía de las entidades territoriales para ejercer sus
competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la
subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango
superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el
ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios
para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a las
autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de
las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no
tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización
en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un
bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior

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que acude en ayuda de la entidad afectada […]” (Resaltado de
la Sala).

De igual forma, es de tener en cuenta que el artículo 14 de la Ley

1523 identifica al alcalde en su calidad de conductor del desarrollo

local, como el responsable directo de la implementación de los

procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo

el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres

en el área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los

artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de

junio de 199425, que definen al municipio como la entidad territorial

fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya

finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el

mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su

territorio.

25“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.

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En consecuencia, en materia de gestión del riesgo, a quien le

corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las

políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es,

principalmente, al municipio en cabeza de su alcalde. No obstante,

ello no indica que se deba dejar de lado que la misma Ley 1523 y el

Decreto 4147, establecieron un trabajo coordinado y armónico

con las demás entidades, dentro de las que se encuentran el

DEPARTAMENTO y la UNGRD, a quienes se les asignan especiales

funciones de asesoría, orientación y apoyo a las entidades

territoriales de distinto orden en materia de gestión del riesgo26.

VI.2.2.- De la necesidad de los estudios técnicos de detalle

frente a la orden de identificar, desalojar y reubicar a las

personas asentadas en las fajas de retiro de la quebrada La

Josefina

Para resolver el primer problema jurídico se debe tener en cuenta

que, de conformidad con el Acuerdo núm. 003 de 2023 expedido por

26 Igualconsideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en
sentencia de 28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-
02. Magistrada ponente NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN).

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el Concejo Municipal de La Estrella contentivo del PBOT, el sector

conocido como El Himalaya ubicado en el barrio Pueblo Viejo del

MUNICIPIO, está clasificado como suelo urbano y de

expansión urbana que está en condición de riesgo, por lo que

se requiere el desarrollo de estudios detallados de conformidad con

lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, con el fin de determinar

si el daño es mitigable o no.

Ahora, respecto de los estudios de detalle, el Decreto 1077 de 2015

prevé que tienen por finalidad determinar la categorización del riesgo

y establecer las medidas de mitigación que correspondan27, los cuales

se requieren para los suelos urbanos, de expansión urbana y rural

suburbano28.

De acuerdo con el artículo 2.2.2.1.3.2.2.1. ibidem, los estudios de

detalle deben contener: i) los análisis detallados de amenaza; ii)

27 Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1.4. “Estudios detallados. Los estudios
detallados están orientados a determinar la categorización del riesgo y establecer las
medidas de mitigación correspondientes.
En la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento
territorial o en la expedición de un nuevo POT, se debe establecer la priorización de los
estudios detallados identificados en los estudios básicos y en el programa de ejecución se
debe definir la programación de actividades, las entidades responsables y los recursos
respectivos de los estudios que se ejecutarán en el período del alcalde que adelanta la
revisión del plan o la expedición de uno nuevo”.
28 Decreto 1077 de 2015. ARTÍCULO 2.2.2.1.3.1.5.

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evaluación de vulnerabilidad; iii) evaluación del riesgo; y iv)

determinación de medidas de mitigación. Asimismo, la norma en

comento establece los componentes que debe tener el estudio de

acuerdo con la naturaleza del riesgo, de los cuales se destaca el

denominado “medidas de intervención” en los eventos de amenaza

por movimientos en masa. Sobre el particular, la norma idem

dispone:

“[…] ARTÍCULO 2.2.2.1.3.2.2.2. Análisis detallado de amenaza
por movimientos en masa. Para determinar la categorización del
riesgo por movimientos en masa, los estudios de amenaza tienen las
siguientes especificaciones mínimas:

(…)
ARTÍCULO 2.2.2.1.3.2.2.7. Medidas de Intervención. Para la
prevención, mitigación del riesgo y/o reducción de la amenaza y/o
vulnerabilidad de conformidad con lo previsto en el artículo anterior,
el estudio de evaluación de riesgo planteará medidas que podrán ser
estructurales y no estructurales.

1. Las medidas estructurales, son medidas físicas encaminadas a la
realización de acciones y obras para atender las condiciones de riesgo
ya existentes. Entre otras se consideran las siguientes: obras de
estabilización y de reforzamiento de edificaciones e infraestructura,
las cuáles deben ser predimensionadas sobre la cartografía a nivel de
prediseño, con el estimativo de costos correspondiente.
En la determinación de este tipo de medidas se deben considerar los
potenciales efectos que producirán aguas abajo.

En las zonas donde se define que el riesgo es no mitigable se
deben identificar en detalle las viviendas y construcciones que
serán objeto de reasentamiento, además de las obras de
estabilización necesarias para evitar que aumente la
influencia del fenómeno en estudio.

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2. Las medidas no estructurales, orientadas a regular el uso, la
ocupación y el aprovechamiento del suelo mediante la determinación
de normas urbanísticas, proyectos para la implementación de
sistemas de alertas tempranas en los casos que aplique, así
como la socialización y apropiación cultural de los principios
de responsabilidad y precaución” (Resaltado de la Sala).

De acuerdo con lo ordenado en el artículo 2.2.2.1.3.3.1 de la norma

idem, los estudios detallados deben integrarse al Documento Técnico

de Soporte del POT.

Por su parte, el PBOT del MUNICIPIO29 prevé que, respecto a las

áreas identificadas con alto riesgo no mitigable, se deberán

adelantar las acciones necesarias para reubicar a la población y

transformar el uso del suelo, evitando el desarrollo o reocupación de

asentamientos humanos. Dichas zonas serán clasificadas como

suelo de protección estricta, para lo cual se realizará la

evaluación técnica y social correspondiente, la demolición de las

estructuras desalojadas y su adecuación como espacios públicos

naturales o construidos, garantizando el control permanente del área

según las condiciones del terreno.

29 Consultar: 22015_003acuerdo2023.pdf

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De acuerdo con lo explicado en precedencia, la Sala destaca que

según el PBOT del MUNICIPIO, lo procedente en el presente caso

es la realización de estudios de detalle en los que se identifique si la

situación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo del sector El Himalaya

es o no mitigable, tal como lo dispuso el TRIBUNAL. En caso

afirmativo, se determinarán las obras que deban ejecutarse y si el

riesgo no es mitigable, deberá adelantarse la reubicación de las

viviendas del sector en riesgo.

Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.2.1.2.1.3,

prevé como un aspecto a tener en cuenta en la fase de formulación

del proceso de planificación territorial, la reubicación de los

asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo

no mitigable y las acciones para evitar que vuelvan a ser

ocupadas.

En consecuencia, a juicio de la Sala, la orden de identificación,

desalojo y reubicación de las personas que estén asentadas en las

fajas de retiro de la quebrada La Josefina, resulta ajustada a derecho

teniendo en cuenta el riesgo inminente en el que se encuentran esas

viviendas, lo cual en ninguna medida contraviene a la necesidad de

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la realización de los estudios de detalle y, por el contrario, propenden

por una solución efectiva para mitigar el riesgo; máxime cuando, la

zona objeto de amparo, según lo acreditado en el plenario, se

encuentra catalogada como de riesgo alto en el PBOT del

MUNICIPIO, como se advierte a continuación:

.

En tal sentido, la Sala considera que la orden de reubicación de las

personas ubicadas en las fajas de retiro de la quebrada La Josefina,

en los términos de la sentencia apelada, no desconoce lo dispuesto

en el PBOT, como lo aseguró la parte actora en su recurso, máxime

si la misma tiene por objeto garantizar el derecho o interés colectivo

a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,

teniendo en cuenta los riesgos a los que están expuestas.

Asimismo, se advierte que la jurisprudencia del Consejo de Estado,

en casos como los que convocan el presente estudio, ha ordenado la

reubicación de las viviendas como una forma de materializar el

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Estado Social de Derecho y el principio de solidaridad, pues no es

posible permitir que continúe la situación de amenaza no mitigable 30.

VI.2.3.- De la responsabilidad del MUNICIPIO

En este punto, la Sala advierte que conforme se expuso en acápites

anteriores, en lo atinente a la política de gestión y prevención del

riesgo, es al MUNICIPIO en cabeza de su alcalde, a quien

corresponde de manera principal implementar, ejecutar, desarrollar,

entre otras, las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho

fin, realizando un trabajo coordinado y armónico con las demás

entidades, con fundamento en lo dispuesto Ley 1523 y el Decreto

4147 de 201131.

Así las cosas, los elementos de juicio hasta aquí desarrollados

conducen a la Sala a concluir con suficiente nivel de convicción que

el MUNICIPIO es el directo llamado a ejecutar los estudios, obras

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

1o. de junio de 2020. C.P. HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, núm. único de radicación
680012331000201200091-01.
31 Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en

sentencia de 28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-
02. Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón).

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y acciones correspondientes a solucionar la problemática presentada

en el sector El Himalaya, atendiendo a los deberes que le han sido

impuestos por el Legislador en materia de gestión del riesgo a nivel

local, en concreto, a voces del artículo 14 de la citada Ley 1523.

La entidad territorial, en su defensa, manifestó haber desplegado

actuaciones administrativas de vigilancia y control, pues en el

expediente se aportaron copias de los procesos policivos adelantados

y decididos por infracciones a las normas de construcción en el sector

Himalaya. Además, afirmó que realizó estudios técnicos e

implementación de medidas de mitigación en el año 2013 y procesos

de control urbanísticos que buscan reducir el impacto de los

fenómenos antrópicos por parte de la comunidad.

Sin embargo, dentro del caudal probatorio no se advierte que el

MUNICIPIO haya realizado las gestiones, ni ejecutado las acciones

necesarias e idóneas para la cesación o mitigación de la problemática

que enfrenta el sector El Himalaya, pese a que la misma es conocida

por el ente territorial desde el año 2011, pues las acciones

adelantadas hasta ahora no resultan suficientes para conjurar esa

situación.

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Aunado a lo anterior, pese a que el MUNICIPIO alega que contrató

a la sociedad INGEADE LTDA para que realizara un estudio

geológico, geotécnico, hidrológico e hidráulico y diseños para la

estabilización de Taludes en el sector El Himalaya, este se llevó a

cabo en el año 2013, esto es, hace más de doce años, lo que pone

en evidencia la necesidad de realizar nuevos estudios detallados que

definan la problemática actual que enfrenta dicho sector, conforme

lo ordenó el Tribunal.

De lo expuesto, la Sala advierte una clara intención del MUNICIPIO

de trasladar a la comunidad y autoridades ambientales, de manera

absoluta, la responsabilidad de las actividades a desarrollar en la

zona.

Asimismo, la Sala destaca que aun cuando está probado que la

situación que enfrenta el sector objeto de estudio es causada en gran

medida por actuaciones antrópicas voluntarias, ello no exime al

MUNICIPIO de ejecutar las acciones tendientes a la prevención del

riesgo, pues dicha circunstancia no anula sus responsabilidades

claras en materia de gestión del riesgo en su territorio, máxime si la

normativa en comento le impone la obligación de implementar los

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procesos que incluyen la reducción del mismo, lo cual no se ha

cumplido, porque, precisamente, la ausencia de control por parte del

ente territorial ha permitido las construcciones e intervenciones

irregulares realizadas en la quebrada La Josefina, lo que sumado a

los movimientos en masa y las precipitaciones intensas en

temporada de lluvia, agravan la situación de riesgo.

Con fundamento en lo anterior, para la Sala resulta clara la

responsabilidad del MUNICIPIO quien debe adoptar las medidas y

desarrollar las acciones correctivas para la reducción y mitigación del

riesgo advertido en la zona en la que se desarrolla la problemática

objeto de esta acción, previo estudios y análisis técnicos de las

condiciones particulares del caso a fin de establecer la solución

integral, idónea y definitiva en la situación de riesgo que enfrenta la

comunidad y, por tanto, debe efectuar las acciones necesarias para

mitigarla, lo que significa que las órdenes dadas al ente territorial en

la sentencia de primera instancia se encuentran en el marco de sus

competencias y funciones.

Finalmente, la Sala advierte que aunque la problemática sub

examine exija la participación de la autoridad ambiental, como en

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efecto lo ordenó el Tribunal, ello no implica que el MUNICIPIO deba

desatender sus funciones en materia de gestión del riesgo, cuyo

ejercicio resulta evidente y necesario en el presente asunto, razón

por la que sus reparos no están llamados a prosperar.

VI.2.4.- De responsabilidad de la UNGRD

Del recuento normativo realizado en precedencia, la Sala observa

que a la UNGRD le corresponde servir de órgano coordinador y

articulador del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

y, adicionalmente, le fueron asignadas funciones de apoyo y

orientación a las entidades territoriales para el fortalecimiento

institucional de la gestión del riesgo de desastres, en el área de las

respectivas jurisdicciones.

Ahora, de lo analizado hasta el momento a lo largo del presente

estudio, resulta claro que en materia de implementación de los

procesos de gestión del riesgo los directamente responsables son los

alcaldes, quienes, en todo caso, pueden y deben buscar aunar

esfuerzos de tipo técnico y presupuestal con los gobernadores, en

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aras de evitar o hacer cesar la vulneración de los bienes jurídicos

tutelados en cuanto a la prevención de desastres.

Sin embargo, tal obligación, específica de los alcaldes y

gobernadores, no excluye el ejercicio y cumplimiento de los deberes

legales de los demás miembros del Sistema Nacional de Gestión del

Riesgo, menos aún si se tiene en cuenta que todos ellos se

encuentran unidos en virtud de los principios de coordinación,

concurrencia y subsidiariedad positiva, mencionados en

precedencia.

En efecto, se advierte que a la UNGRD también le asiste las

obligaciones de “[…] asegurar la coordinación y transversalidad en la

aplicación de las políticas de gestión de riesgo de desastres para

lograr su optimización […]”, de “[…] Promover y realizar los

análisis, estudios e investigaciones en materia de su

competencia […]” y de “[…] Prestar el apoyo técnico,

informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD […]”,

lo que pone de manifiesto que la orden relacionada con el

acompañamiento al MUNICIPIO para que éste realice los estudios

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técnicos geológico, geotécnico, hidrológico e hidráulicos, contenida

en el numeral tercero de la parte resolutivo de la sentencia apelada

sí es de su competencia.

Ahora, la Sala precisa que la orden en comento, contrario a lo

sostenido por la recurrente, no le atribuyó la obligación de que

directamente realice un censo y gestione la consecución de recursos

para implementar políticas de gestión del riesgo en el sector El

Himalaya, pues lo que se dispuso es que brindara el acompañamiento

al MUNICIPIO para realizar los estudios referidos, conforme se

observa a continuación:

“[…] TERCERO: ORDENAR AL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA,
representado por el Alcalde municipal que en acompañamiento con
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y con la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente
providencia, proceda a realizar estudios técnicos geológico,
geotécnico, hidrológico e hidráulico o los que considere
necesarios que para poder determinar:

i) Cuáles de las zonas del sector El Himalaya ubicado en el barrio
Pueblo Viejo en el municipio de La Estrella, son de riesgo mitigable y
cuáles de riesgo no mitigable.

ii) En el evento de hallarse que hay zonas que debido a su alto riesgo
no es posible su mitigación, deberá realizar un censo de las personas
que estén asentadas en dichos sitios para que de manera inmediata
proceda a realizar las gestiones administrativas y presupuestales para

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su reubicación, la cual deberá culminar a más tardar dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la presente providencia.

iii) En el evento de ser procedente la mitigación del riesgo y
concluirse que es posible que en el sector haya asentamientos, se
determinarán las obras civiles a ejecutar para atender los procesos
de erosión, socavación, inestabilidad de la zona. Así mismo, se
realizarán las obras necesarias para la estabilización del terreno que
resulten indispensables, tales como trinchos, sellamiento de grietas,
entre otras. Las obras aquí ordenadas deberán iniciarse a ejecutar
dentro de los seis (6) meses siguientes a la realización de los
estudios, las cuales deberán terminarse dentro de los dos (2) años
siguientes a su inicio. En caso de requerirse obras en alguno de los
predios que sean propiedad de un particular, las obras correrán por
cuenta del propietario.

Adicionalmente, se advierte que, respecto de la aplicación de los

principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad, la Sala, al

estudiar un argumento similar al ahora expuesto por la UNGRD para

sustraerse del cumplimiento de sus funciones, consideró lo siguiente:

“[…] Debe la Sala pronunciarse acerca de si, como lo indica la UNGRD,
es competencia de los departamentos, y no de ella, apoyar a los
municipios en la gestión del riesgo, en virtud de los principios de
concurrencia, coordinación y subsidiariedad positiva. Para resolver
este interrogante, es necesario remitirse a la normativa consagrada
en el Decreto 4147 de 2011, 25 así como en la Ley 1523 de 2012,
disposiciones que versan sobre la gestión del riesgo en el país. En lo
que hace al alcance de las funciones en materia de gestión de
desastres, la Sala se pronunció mediante auto del 2 de agosto de
2017, proferido en el expediente de radicación número 13001 23 33
000 2015 00052 01, a través del cual señaló que los Departamentos
tienen a su cargo el apoyo a los municipios en la gestión del riesgo.
De ahí que una de las afirmaciones de la recurrente sea cierta. Sin
embargo, respecto de esa Unidad también son predicables los
principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad. Ello debido
a que dicha entidad hace parte del Sistema Nacional de Gestión del

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Riesgo de Desastres, cuyas funciones están regidas por los
mencionados postulados.

Siendo ello así, la Sala resalta el contenido del principio de
concurrencia consagrado en la Ley 1523, que se refiere al conjunto
de competencias que recaen en la totalidad de las entidades que
constituyen el aludido Sistema y que se ejercen de forma simultánea.
Dicho en otras palabras, ese principio hace referencia a
funciones que están en cabeza de todos los responsables de la
gestión del riesgo, de conformidad con sus atribuciones, y no
dejan de serles exigibles porque otras estén desarrollando las
que les corresponden. Lo anterior, con el propósito de que los
procesos, acciones y tareas se logren mediante la colaboración
entre todos los miembros del SNGRD.

En ese orden, es competencia de la UNRGD como miembro del
Sistema, y no solo de los departamentos, apoyar a los municipios en
la gestión del riesgo, en virtud del principio de concurrencia.
Conclusión a la que ya se había llegado en el proveído que se cita
[…]”32 (Resaltado de la Sala).

De esta manera, la Sala resalta que la orden dada a la UNGRD por

parte del TRIBUNAL no desconoce lo dispuesto en los artículos 3° y

4° del Decreto 4147 de 2011, sobre el objeto y las funciones de la

entidad, toda vez que la misma debe entenderse en el marco de las

funciones y competencias legales que le han sido asignadas y, por

tanto, sus reparos no prosperan.

32Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
consejero ponente Oswaldo Giraldo López, auto de 13 de julio de 2023, expediente
núm. 47001-23-33-000-2022-00173-01.

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VI.2.5.- De la responsabilidad del DEPARTAMENTO

En el presente caso, la sentencia de primera instancia le ordenó al

MUNICIPIO que, en coordinación con el DEPARTAMENTO, realice

la identificación, desalojo y reubicación de las personas asentadas en

las fajas de retiro de la quebrada la Josefina; monitoreos trimestrales

para determinar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de

los habitantes y, en caso de resultar insuficientes los recursos del

ente municipal y en el marco de sus competencias, cofinancie y

apoye las medidas de prevención, mitigación y conservación que

resulten necesarias para contrarrestar las amenazas que se

presentan en el sector Himalaya, lo cual, a juicio del ente

departamental, desborda sus competencias y capacidades.

Al respecto, la Sala advierte que se debe tener en cuenta que las

órdenes impartidas al DEPARTAMENTO devienen de la acción

conjunta y articulada que impone la Ley 1523 para los actores que

integran el sistema de gestión del riesgo, al punto que junto con el

MUNICIPIO y demás autoridades competentes, le asiste un papel

de garante del derecho colectivo objeto de protección en este

proceso.

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Tal conclusión encuentra pleno respaldo en lo dispuesto en el artículo

13 de la citada Ley 1523, al tenor del cual compete al

DEPARTAMENTO, en cabeza del gobernador, implementar procesos

de conocimiento y de reducción del riesgo, así como las acciones

tendientes al manejo de desastres en su territorio.

Asimismo, en tal disposición se atribuye expresamente al

DEPARTAMENTO la obligación integral en la planificación del

desarrollo departamental, gestiones estratégicas y prioritarias en

cuanto a la gestión del riesgo se refiere, a fin de materializar las

competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva

frente a los municipios de su jurisdicción.

Por consiguiente, en aplicación de estos principios, corresponde al

departamento en asocio con los municipios de su territorio, aunar

esfuerzos para adelantar las acciones que tienen por objeto evitar o

hacer cesar la afectación que se esté causando a un valor, interés o

bien jurídico protegido como la mitigación del riesgo de desastres,

como ocurre en el presente asunto, en el cual quedó demostrada la

magnitud de los hechos constitutivos del riesgo al que están

expuestos los habitantes del sector El Himalaya.

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Cabe precisar que, si bien en el presente caso el MUNICIPIO es

catalogado como de segunda categoría33, lo que implica que, de

acuerdo con el artículo 6º de la Ley 136 de 1994, modificado por el

artículo 153 del Decreto 2106 de 201934, tiene ingresos corrientes

anuales superiores a cincuenta mil salarios mínimos mensuales

legales vigentes, ello no obsta para que, si llega a presentar dificultad

presupuestal para atender la totalidad de las acciones que

eventualmente se requieren para la atención del riesgo, el

DEPARTAMENTO, en el marco de sus competencias, cofinancie y

apoye la ejecución de las alternativas escogidas, tal como lo dispuso

el a quo, por lo que se debe tener en cuenta la magnitud de la

problemática, pues han pasado años desde que fue identificada y, a

la fecha, no se ha dado una solución efectiva.

33 Decreto 29 de septiembre de 2023, “POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA LA CATEGORIA

DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA, ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2024”.
34 ARTÍCULO 153. Categorización de los distritos y municipios. El artículo 6 de la Ley 136

de 1994 quedará así:
“ARTÍCULO 6. Categorización de los distritos y municipios. Los distritos y municipios se
clasificarán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación y situación
geográfica. Para efectos de lo previsto en la ley y las demás normas que expresamente lo
dispongan, las categorías serán las siguientes:
[…] 3. SEGUNDA CATEGORÍA
Población: Con población comprendida entre cincuenta mil unos (50.001) y cien mil
(100.000) habitantes.
Ingresos corrientes de libre destinación anuales: Superiores a cincuenta mil (50.000) y
hasta de cien mil (100.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]”

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Así las cosas, la Sala considera que pese a que el MUNICIPIO es el

principal llamado a atender la situación de riesgo y las emergencias

que se puedan presentar en su territorio, el hecho de que no cuente

con la suficiente capacidad presupuestal e institucional para cubrir de

manera autónoma la totalidad de las acciones que eventualmente se

requieran, resulta necesaria la intervención de las demás entidades

del orden territorial y Nacional en virtud de los principios de

concurrencia, coordinación y subsidiariedad.

Al respecto, esta Sección ha considerado que los departamentos

deben participar en el cumplimiento de las órdenes judiciales

dirigidas a proteger los derechos e intereses colectivos respecto a los

desastres o riesgos de desastres. En efecto, mediante sentencia

proferida el 19 de julio de 2018, manifestó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con el artículo citado, los Gobernadores deben
responder por la implementación de procesos dirigidos a la
reducción del riesgo, en el ámbito de su competencia
territorial, trabajando de manera coordinada en los municipios
de su jurisdicción, en ejercicio de las competencias de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.

De acuerdo con lo anterior, al ser los departamentos y los municipios
los encargados de desplegar acciones del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo en sus territorios, es procedente que el departamento del
Valle del Cauca coadyuve al municipio de Sevilla en la ejecución de

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las obras dirigidas a mitigar el riesgo en los barrios Monserrate y
Cafetero […]35” (Destacado del texto).

Siendo ello así, la Sala considera ineludible la participación del

DEPARTAMENTO, bajo el amparo de sus competencias legales y los

criterios de subsidiariedad y complementariedad, como en efecto se

dispuso en las órdenes impartidas por el TRIBUNAL.

VI.2.6.- De la falta de recursos como eximente de

responsabilidad

Al respecto, se advierte que los entes territoriales accionados

argumentaron la ausencia de recursos para dar cumplimiento a las

órdenes impartidas por el a quo, lo cual, a juicio de la Sala, no tiene

la virtualidad de eximirlos de los deberes constitucionales y legales

que le asisten para garantizar el mejoramiento de las condiciones de

seguridad, bienestar y calidad de vida de quienes habitan su

territorio.

35 Consejode Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr.
Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 19 de junio de 2018, núm. único de radicación
760012331000201100212-01.

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Actora: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO ANCÓN LA PLAYA -SÉCTOR
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En efecto, esta Sección ha sostenido de forma uniforme y reiterada

que la falta de recursos económicos no es un argumento que sirva

para desvirtuar la afectación de los derechos colectivos o para limitar

las medidas que eventualmente puede adoptar el juez popular para

garantizar la protección de los derechos colectivos que estime

vulnerados.

Sobre el particular, en sentencia de 15 de diciembre de 2016, se

estableció:

“[…] La falta de recursos públicos no es óbice para proteger los
derechos e intereses colectivos; la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan
atención prioritaria de las autoridades administrativas, y si su
actuación no colma las exigencias de protección impuestas por el
ordenamiento jurídico, es deber del juez Constitucional de Acción
Popular velar porque dicha situación sea debidamente atendida.
Cosa distinta es que para el cumplimiento del fallo se requieran hacer
erogaciones presupuestales y que para ello en la sentencia se deban
tomar en consideración los tiempos necesarios para surtir los trámites
del caso y ordenar agotar los pasos presupuestales y trámites
administrativos correspondientes. Es claro que las órdenes impartidas
por el juez de Acción Popular no pueden hacer abstracción de las
exigencias impuestas por la realidad material en que opera la
Administración ni por la legislación vigente en materia presupuestal
en particular, ni por el marco legal que rige las actuaciones
administrativas en general. De aquí que en esta clase de procesos la
juez Constitucional deba siempre ponderar cuidadosamente qué clase

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de obligaciones impone con el tiempo y las condiciones en que debe
llevarlas a cabo36 […]”.

Lo anterior, aunado al hecho de que no fueron puestos de presente

situaciones concretas y verificables que respalden sus afirmaciones,

para efecto de que la Sala realice un estudio de fondo de tales

argumentos.

VI.2.7.- Disposiciones finales

La Sala pone de manifiesto que el Tribunal en los ordinales OCTAVO,

NOVENO, DÉCIMO y DÉCIMO TERCERO de la parte resolutiva de

la sentencia impartió órdenes expresas a la comunidad para que

implementen sistemas de captación, conducción y descarga de aguas

lluvias y de escorrentía en sus predios, monitoreen las situaciones de

riesgo, se abstengan de intervenir sus predios sin la autorización de

la Secretaría de Infraestructura del Municipio y revegetalicen el sector

de acuerdo con lo sugerido por el AMVA; sin embargo, ningún

particular integrante de la comunidad fue vinculado al proceso, razón

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del

15 de diciembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E). Radicación: 2015-
00084-01(AP).

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por la que no pueden ser destinatarios de dichas órdenes, por lo que

las mismas han de ser modificadas en los siguientes términos:

“OCTAVO: ORDENAR al MUNICIPIO que requiera a los propietarios
de los inmuebles ubicados en el sector El Himalaya, que dentro de los
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
procedan a implementar un sistema técnico y adecuado para captar,
conducir y descargar adecuadamente las aguas lluvias y de
escorrentías, lo cual se hará con la asesoría del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá.

NOVENO: EXHORTAR a los propietarios de los predios deberán
realizar monitoreo constante a sus predios, con el fin de identificar
alguna situación que pueda poner en riesgo la vida de los residentes
del sector Himalaya y avisar a las autoridades competentes para su
seguimiento y solución.

DÉCIMO: EXHORTAR a los propietarios abstenerse de realizar
obras, excavaciones, modificaciones del terreno, así como cualquier
tipo de edificación, sin la previa autorización y permisos otorgados
por la Secretaría de Infraestructura del municipio de La Estrella.
[…]

DÉCIMO TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO y al ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, que una vez se aporte
por la autoridad ambiental el estudio correspondiente a la necesidad
de revegetalización del sector, dentro de los tres (3) meses
siguientes, concierten con la comunidad el inicio de la siembra de las
plantas indicadas”.

Ahora, en lo que respecta al comité de verificación, la Sala advierte

que el Tribunal en la sentencia apelada omitió indicar a quién

corresponde presidirlo, en consecuencia, atendiendo al artículo 34

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de la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección 37, se modificará el

ordinal DÉCIMO CUARTO de la parte resolutiva de dicha

providencia en el sentido de establecer que corresponderá a la

magistrada ponente del fallo de primera instancia, fungir como

presidente del mismo.

Finalmente, en consideración a las reglas fijadas en la sentencia de

unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación el 6 de agosto de 201938, en la

que se precisó el alcance del artículo 38 de la Ley 472, en el presente

asunto no se condenará en costas, habida cuenta que dentro del

plenario no obra prueba de actuaciones procesales de su causación

durante el trámite de esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

37
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, Consejero Ponente
Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018-00361-01, Consejero
Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
38
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.

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FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales OCTAVO, NOVENO,

DÉCIMO, DÉCIMO TERCERO y DÉCIMO CUARTO de la parte

resolutiva de la sentencia de 27 de marzo de 2025, proferida por el

Tribunal Administrativo de Antioquia, los cuales quedarán en los

siguientes términos:

“OCTAVO: ORDENAR al MUNICIPIO que requiera a los propietarios
de los inmuebles ubicados en el sector El Himalaya, que dentro de los
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
procedan a implementar un sistema técnico y adecuado para captar,
conducir y descargar adecuadamente las aguas lluvias y de
escorrentías, lo cual se hará con la asesoría del Área Metropolitana
del Valle de Aburrá.

NOVENO: EXHORTAR a los propietarios de los predios deberán
realizar monitoreo constante a sus predios, con el fin de identificar
alguna situación que pueda poner en riesgo la vida de los residentes
del sector Himalaya y avisar a las autoridades competentes para su
seguimiento y solución.

DÉCIMO: EXHORTAR a los propietarios abstenerse de realizar
obras, excavaciones, modificaciones del terreno, así como cualquier
tipo de edificación, sin la previa autorización y permisos otorgados
por la Secretaría de Infraestructura del municipio de La Estrella.
[…]

DÉCIMO TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO y al ÁREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ, que una vez se aporte
por la autoridad ambiental el estudio correspondiente a la necesidad
de revegetalización del sector, dentro de los tres (3) meses
siguientes, concierten con la comunidad el inicio de la siembra de las
plantas indicadas.

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DÉCIMO CUARTO: Para la verificación del cumplimiento del fallo, se
conformará un comité integrado por el actor popular, un delegado del
municipio de La Estrella, un delegado del Área Metropolitana del Valle
de Aburra, el Ministerio Público y la Magistrada ponente, quien lo
presidirá [...]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en las

consideraciones.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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