Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00585-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00585-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 17001-23-33-000-2019-00585-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
16 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C. dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 17001-23-33-000-2019-00585-01
Demandantes: Alberto Valencia Gaviria, Wilmar Arenas de la Pava y otros
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Caldas y Municipio de Manizales
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Vinculados: Clara Inés Pinilla Zuluaga y Carlos Albeiro Ramírez Henao
Tema: Derecho a la moralidad administrativa; la existencia del equilibrio
ecológico; el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente; la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
calidad de vida de los habitantes
Decisión: Modificar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas en contra de la sentencia del 15 de julio de 2022 del Tribunal
Administrativo de Caldas, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 12 de diciembre de 2019, los señores Alberto Valencia Gaviria, Wilmar Arenas
de la Pava y Jorge Wilson Arenas de la Pava demandaron al municipio de Manizales y a
la Corporación Autónoma Regional de Caldas, para obtener la protección de los derechos
e intereses colectivos a la moralidad administrativa, al equilibrio ecológico, a la
prevención de desastres técnicamente previsibles, a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Específicamente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
[…]
PRIMERO: Se revoquen los actos administrativos que se expidieron con violación de las
normas del debido proceso señalado en la ley para el trámite de Planes de Ordenamiento
Territorial, puesto que, si bien se trataría de un derecho fundamental amparable por la vía
constitucional de Tutela, en el presente caso se trata de una lesión a la Fe pública, ya que
se trata de una norma General, Abstracta e Impersonal, ámbito dentro del cual resulta
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Demandantes: Alberto Valencia Gaviria y otros
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lesionada la Moralidad Administrativa, que corresponde a un derecho colectivo conforme
a la Constitución y la Ley.
SEGUNDO: Consecuencia de la declaración anterior, se proceda a la clausura de toda
actividad de depósitos y escombros y materiales de residuos procedentes de
excavaciones o similares que se ejecutan en dos sitios puntuales, y a continuación se
desarrolle la ejecución de un programa de reforestación y regeneración de esta ladera a
su vocación natural.
TERCERO: Se establezca un sistema de seguimiento y monitoreo al comportamiento de
los residuos depositados en los dos puntos donde se está realizando la actividad de
disposición de escombros en esta ladera, en especial cuando retorne la época de lluvias,
a fin de prevenir posibles deslizamientos.1
1.2. Como sustento de las anteriores pretensiones, la parte actora relató que desde el
año 2011 pusieron en conocimiento de la administración municipal y de la Corporación
Autónoma Regional de Caldas (en adelante Corpocaldas) una actividad de depósito de
escombros y material residual en el sector Las Peñas o Liviona, en la ladera de la
quebrada Olivares, a un costado de la antigua vía a Arauca, sin que el plan de
ordenamiento territorial habilitara el lugar para ello.
Afirmó que, con el oficio OCU 1418 de octubre de 2011, la Curaduría Primera Urbana
expidió la licencia núm. 0089-2-2011 del 10 de junio de 2011 autorizó a Inversiones MO
y CIA S. en C.A, para el movimiento de tierras, sin embargo, la actividad la extendieron
al depósito de escombros y conformaciones de rellenos.
Señaló que el municipio y Corpocaldas no intervinieron en la situación, a pesar de que
los escombros cubrían una estructura hídrica y que el plan de ordenamiento territorial (en
adelante POT) estableció el lugar como una zona rural. Adujo que posiblemente la
administración municipal omitió los controles de su competencia.
Manifestó que, vulnerando el derecho al debido proceso, el Concejo Municipal expidió el
Acuerdo núm. 819 del 23 de mayo de 2013 y autorizó a la administración municipal para
localizar la escombrera nueva en el POT sin contar con el concepto de la Comisión de
Ordenamiento Territorial, con la participación ciudadana, la concertación y las audiencias
de trámite establecidas en la Ley 388 de 1997.
Dijo que la zona se caracteriza por ser geológicamente inestable y tener en su parte
superior o corona de talud, las vías que rodean el barrio Villa Pilar, lo cual podía constituir
un riesgo de desastres para estas construcciones, porque al modificarse el uso de los
suelos variaba la estructura original de la zona.
Argumentó que los depósitos de materiales residuales se realizaban sin tener en cuenta
la perturbación a los cuerpos de agua ya que en la ladera perimetral había una estructura
hídrica que alimentaba la quebrada Olivares, y que, los escombros taponaban dicha
fuente.
Sostuvo que el material particulado por el polvo que se levantaba de la actividad de
disposición de escombros era trasladado a las viviendas de la parte superior, con lo que
se ponía en riesgo la salubridad pública en especial de los niños y adultos mayores.
1 Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. Anexo ED_01CUADERNO1(.pdf)NroActua2.
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II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Por auto del 13 de febrero de 20202, el Tribunal Administrativo de Caldas
admitió la demanda y ordenó la notificación personal al municipio de Manizales, a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, al Concejo de Manizales, a la Defensoría del
Pueblo y al Procurador Judicial Administrativo delegado ante el Tribunal.
2.2. Mediante escrito del 5 de marzo de 20203, el municipio de Manizales contestó la
demanda.
Al oponerse a las pretensiones, adujo que, cumplía con todos los requisitos legales para
el funcionamiento de la escombrera.
Señaló que, con la entrada en vigencia del Acuerdo Municipal núm. 0958 del 2 de agosto
de 2017, por el cual se revisó el plan de ordenamiento territorial y el Acuerdo Municipal
Núm. 819 del 23 de mayo de 2013, por el cual se hizo la modificación excepcional al Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales se aprobó la localización de la
escombrera “Las Peñas”.
Adujo que las visitas de seguimiento y control a las escombreras le correspondían a las
Secretarías de Medio Ambiente y de Gobierno.
Formuló como medios exceptivos que: (i) se había escogido una vía procesal inadecuada
para la obtención de las pretensiones; (ii) la inexistencia de una prueba de los hechos
que constituía la presunta vulneración de derechos colectivos; (iii) improcedencia del
trámite de una acción constitucional del medio de control de protección a los derechos e
intereses colectivos para modificar asuntos relacionados con una obra pública; y (iv) la
legalidad de la actuación administrativa.
2.3. En escrito aparte, el Concejo Municipal4 contestó la demanda. Al oponerse a las
pretensiones manifestó que carecían de fundamento y eran contrarias a la realidad y al
actuar de esa corporación, la cual le había dado trámite, debate y aprobación al acuerdo
núm. 819 de 2013, por lo que no había vulnerado ningún derecho e interés colectivo.
Formuló como excepciones: (i) darle a la demanda un trámite de un proceso diferente al
que correspondía para solicitar la nulidad de los actos administrativos; (ii) falta de
legitimación en la causa por pasiva, porque las acciones u omisiones no le era atribuibles;
(iii) cumplimiento de las obligaciones legales y constitucionales en el trámite, debate y
aprobación del Acuerdo núm. 819 de 2013; (iv) la inexistencia de vulneración a la
moralidad administrativa por parte del Concejo de Manizales.
2.4. El 4 de julio de 2020, la Corporación Autónoma Regional de Caldas-
Corpocaldas5 contestó la demanda. Indicó que se oponía a las pretensiones. Manifestó
que había realizado múltiples visitas a la escombrera y no se generaba un riesgo para la
2 Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua2. Fl.
56 del expediente digitalizado.
3 Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua2.
Folios 66 a 80 del expediente digitalizado.
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Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua2. Folios
219 a 226 del expediente digitalizado.
5 Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf) NroActua2. Fls.
66 a 80 del expediente digitalizado.
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comunidad de Villa Pilar, si se realizaba de manera técnica el lleno con respeto de la faja
forestal protectora. Esa situación se le había comunicado al municipio, el cual era el
encargado de establecer el lugar de las escombreras y de la gestión de riesgo.
Señaló que, en el año 2013, debido a que el municipio de Manizales no contemplaba los
sitios para la construcción y operación de escombreras, el Concejo Municipal le otorgó
poder al alcalde para que realizara la inclusión de nuevos sitios de ubicación de
escombreras municipales, previa la concertación para la ubicación y el tratamiento de
aspectos ambientales con la Corporación Autónoma Regional de Caldas.
Narró que, conforme al Acuerdo Municipal núm. 0819 del 30 de julio de 2013, se le
otorgaron facultades a la administración municipal para determinar la localización de
nuevas escombreras, previa concertación con la Corporación Autónoma Regional de
Caldas hasta la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de
Manizales.
Describió cómo el municipio le solicitó la concertación y la Corporación Autónoma
Regional de Caldas le respondió con los resultados de la visita técnica, en los cuales
estableció los resultados de la evaluación ambiental elaborada y los aspectos a
considerar para el desarrollo del proyecto.
Argumentó que, conforme a la Resolución 541 de 1994, el municipio es la autoridad que
debe dar respuestas a la comunidad en relación con las inconformidades con el
establecimiento de la escombrera.
Señaló que, en el oficio 2019-IE-00025043 del 4 de octubre de 2019, la Corporación
Autónoma Regional de Caldas analizó detenidamente la situación e identificó el
cumplimiento de la normatividad ambiental y el desarrollo de actividades necesarias para
una adecuada operación de la escombrera Las Peñas, con las recomendaciones que
debía adoptar el municipio, frente a la disposición de residuos de demolición.
Conceptuó que la disposición final de escombros no requería licencia ambiental, ni planes
de manejo ambiental conforme al Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.
Manifestó que la competencia para definir la ubicación de escombreras era del municipio
y que la verificación de parámetros básicos ambientales para la construcción,
específicamente, cuando las escombreras se establecían en zonas aledañas a cauces,
requerían técnicamente la implementación de obras de adecuación, estabilidad del
relleno, manejo de aguas lluvias de escorrentía superficial y subsuperficial y de protección
contra la erosión para evitar la estabilidad interna y externa.
Dijo que bajo el número 2016-II-00012573 del 15 de mayo 2016 de la subdirección de
evaluación y seguimiento ambiental de la Corporación, en su función asesora a los entes
territoriales en aspectos medio ambientales había realizado una visita técnica en el lote
de la escombrera Las Peñas y generó unas recomendaciones para el aprovechamiento
forestal de una parte del bosque natural secundario y de las especies plantadas en zonas
de potrero.
Además, se recomendó a la Secretaría del Medio Ambiente de Manizales suspender toda
actividad de disposición de material en la escombrera hasta tanto el desarrollador de esta
implementara las acciones establecidas en el acta de concertación y en el decreto que
autorizó la operación de la escombrera, para mitigar los impactos generados por la
actividad sobre el medio ambiente.
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Formuló como excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva y competencia
exclusiva del municipio de Manizales en la conformación de escombreras, el manejo,
transporte y control de escombros; (ii) ausencia de transgresión de los derechos
colectivos, cumplimiento integral y diligente de las funciones asignadas por la ley a la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, en atención a su órbita de competencia; (iii)
Indebida escogencia de la acción6.
2.5. Mediante auto del 27 de noviembre de 20207, el Tribunal Administrativo de Caldas
fijó fecha para la celebración de la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró
fallida el 10 de diciembre del mismo año8.
2.6. En providencia del 23 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo de Caldas
resolvió vincular a la acción popular a los señores Clara Inés Pinilla Zuluaga en su calidad
de propietaria del predio, y Carlos Albeiro Ramírez como responsable de la operación de
las actividades de la escombrera.
2.7. El 19 de julio de 2021, se abrió el proceso a la etapa probatoria9 y el 23 de febrero
del 2022 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión10.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 15 de julio de 2022, El Tribunal Administrativo de Caldas amparó
los derechos colectivos. Específicamente, en la parte resolutiva señaló11:
[…]
DECLÁRESE probada la excepción denominada “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA”, propuesta por el CONCEJO DE MANIZALES.
DECLÁRESE la improcedencia de la acción popular respecto de la solicitud de revocatoria
(sic) del Acuerdo 819 de 23 de mayo de 2013 con el cual se dio trámite a una revisión
extraordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial, y del Decreto 602 de 6 de diciembre de
2016 con el que el Alcalde de la ciudad autorizó el funcionamiento de una escombrera en
el sector “Las Peñas”.
DECLÁRESE la amenaza de los derechos colectivos consagrados en los literales c) y m)
del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, dentro del proceso de PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS (acción popular) promovido por los señores
ALBERTO VALENCIA GAVIRIA, WILMAR ARENAS DE LA PAVA y JORGE WILSON
ARENAS DE LA PAVA contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS-
CORPOCALDAS, el MUNICIPIO DE MANIZALES y el CONCEJO DE MANIZALES, trámite
en el cual actúan en calidad de vinculados los señores CLARA INÉS PINILLA ZULUAGA y
CARLOS ALBEIRO RAMÍREZ HENAO.
En consecuencia,
6 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. Fls. 136 a 149 del expediente digitalizado.
7 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. Fl. 289 del expediente digitalizado.
8 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-02AUDIENCIAPACTOCUM(.pdf) NroActua2.
9 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-06AUTODECRETAPRUEBA(.pdf)
NroActua2.
10 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-42AUTOTRASLADOALEGA(.pdf)
NroActua2.
11 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED-01DEMANDACUADERNOPRI(.pdf)
NroActua2. . ED_02SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2.
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ORDÉNESE a los señores CARLOS ALBEIRO RAMÍREZ HENAO y CLARA INÉS
PINILLA ZULUAGA, responsables de operación de la escombrera “Las Peñas” y
propietaria del predio, respectivamente, para que, dentro de un plazo de tres (3) meses
contados a partir de la notificación de esta sentencia, se sirvan atender las
recomendaciones contenidas en el informe 2021-IE-00022138 elaborado por
CORPOCALDAS, con el fin de que cese la amenaza a los derechos colectivos
mencionados, como consecuencia del incumplimiento de parámetros ambientales en la
ejecución de las actividades de depósito que se vienen realizando en el inmueble.
ORDÉNESE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS-
CORPOCALDAS y al MUNICIPIO DE MANIZALES para que, en uso de sus facultades
constitucionales y legales como autoridades ambientales, continúen realizando las labores
de seguimiento y vigilancia a la escombrera “ Las Peñas”, a efecto de asegurar que la
ejecución de sus actividades se realice bajo los estándares ambientales de ley, de modo tal
que cese la amenaza de los derechos colectivos que se han venido transgrediendo, y se
adopten medidas tendientes a evitar la consolidación de riesgos potenciales.
ORDÉNESE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS-
CORPOCALDAS y al MUNICIPIO DE MANIZALES que, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la ejecutoria del fallo, realicen una visita técnica a la escombrera mencionada,
para verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe 2021-IE-
00022138, y en caso de hallar el incumplimiento, se dé inicio a las actuaciones
sancionatorias, coactivas y/o policivas del caso. Una vez realizada la visita técnica, deberán
remitir a este Tribunal un informe detallado de los hallazgos encontrados, el estado de
cumplimiento de las recomendaciones y, en caso tal, las acciones emprendidas para
asegurar su ejecución.
CONFÓRMASE un comité auditor que vigile y asegure el cumplimiento de la sentencia, el
cual estará integrado por el PERSONERO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES o su
delegado, quien lo presidirá, un delegado de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CALDAS, un delegado del MUNICIPIO DE MANIZALES, los accionantes, el señor
Procurador Judicial, comité que deberá otorgar informes semestrales con destino al
proceso.
NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
SIN COSTAS
[…].12
Para arribar a esa conclusión, el Tribunal advirtió dos problemas jurídicos a resolver; el
primero, si era procedente el ejercicio de la acción popular por la presunta vulneración de
derechos colectivos al involucrar actos administrativos, y, si se encontraba demostrada
la afectación de los derechos colectivos invocados, como consecuencia de la operación
de la escombrera Las Peñas.
Al resolver los problemas, precisó que era viable emprender el estudio de derechos
colectivos, incluso cuando la conducta vulnerante fuera un acto administrativo o un
contrato, sin que se pudiera anular el acto o el contrato, con la posibilidad de adoptar
medidas que fueran necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de derechos
colectivos.
Por otra parte, en el estudio de vulneración de los derechos colectivos en relación con la
moralidad administrativa estimó que no se evidenciaba una inobservancia grosera,
12 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED_55DICTAFALLO(.pdf) NroActua 2
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arbitraria o alejada de todo fundamento legal con la expedición del Decreto núm. 0819
del 23 de mayo de 2013 que demostrara la mala fe de la administración municipal para
transgredir el ordenamiento jurídico.
Sobre los derechos colectivos consagrados en los literales c)13, l)14 y m)15 de la Ley 472
de 1998 consideró que conforme a los medios probatorios allegados al proceso se
demostró el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 541 de 1994, por el cual se
regulaba el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de
escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.
Estimó que, si bien no era posible un análisis de legalidad de los actos administrativos,
la escombrera “Las Peñas” operaba sin transgredir el ordenamiento jurídico, toda vez que
la actividad estaba sustentada en el Decreto 01819 del 23 de mayo de 2013, el Decreto
0602 del 6 de diciembre de 2016, así como, en el acta de concertación de los asuntos
ambientales de la escombrera sector las Peñas, el anexo del estudio técnico de las
escombreras y el documento denominado “ Escombrera vía antigua la Cabaña, Estudio
Geotécnico, Obras de Adecuación, Diseños, Plan de Manejo”.
En cuanto a las pretensiones, se refirió a cada una de ellas. Estableció que, frente a la
solicitud de nulidad, este no era el escenario procesal para hacerlo; sobre la pretensión
de suspensión de la actividad de escombros estimó que no era posible acceder por la
presunción de legalidad de los actos que habilitaban la actividad.
En relación con la solicitud de otorgamiento de un plazo a las autoridades accionadas
para poner en conocimiento de la comunidad los estudios que se adelantaron para
viabilizar el funcionamiento de la escombrera dijo que, por tratarse de documentos de
interés público, los propios actores podían allegarlos a la comunidad.
Sin embargo, con fundamento en el informe técnico 2021- IE-00022138 de Corpocaldas
se incluyó una serie de recomendaciones técnicas para asegurar la operación de la
escombrera, estimó que era necesario ajustarla de acuerdo con los hallazgos
encontrados y declaró la amenaza de los derechos consagrados en los literales c) y m)
del artículo 4º de la Ley 472 de 1998.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
4.1. La Corporación Autónoma Regional de Caldas16 en el recurso manifestó que
reiteraba todos los argumentos formulados por la entidad en la contestación de la
demanda y en los alegatos de conclusión.
Señaló como motivo de inconformidad contra el fallo de primera instancia, que a pesar
de haber reconocido que Corpocaldas había asesorado al municipio de Manizales y
efectuado el seguimiento permanente a la actividad de depósito para garantizar el
13c)La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de
las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados
con la preservación y restauración del medio ambiente.
14 l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
15 m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
16 Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED_59APELACIONSENTENCIA(.pdf) NroActua2.
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desarrollo sostenible, la preservación y restauración del medio ambiente y la prevención
de desastres mediante la disminución de riesgos y las actuaciones diligentes, el fallo lo
incluyó en las órdenes dadas, por lo que le resultaba una decisión incongruente.
Sostuvo que se le incorporó dentro de las órdenes del fallo, a pesar que al municipio de
Manizales le correspondía la evaluación de los estudios y diseños para la construcción
de la escombrera Las Peñas o La Liviona, así como, la responsabilidad derivada del
cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros,
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación y la definición de las medidas de
mitigación y manejo para disminuir los impactos ambientales.
Así mismo, defendió la competencia para definir la ubicación de las escombreras
municipales a cargo del municipio y, sin embargo, se concluyó erróneamente una
vulneración de derechos por parte de Corpocaldas y la consecuente imposición de cargas
u órdenes.
Adujo que, aun cuando Corpocaldas es la máxima autoridad ambiental, no se podía
obviar la carga funcional de los municipios en la vigilancia y control ambiental, conforme
a las atribuciones contenidas en las Leyes 715 de 2001 y 99 de 1993.
Replicó el argumento, conforme al cual el Decreto 2041 de 2014 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible señalaba que la disposición final de escombros no
requería licencia ambiental, razón por la que el municipio de Manizales no tramitó ante
Corpocaldas licencia ambiental y, por tanto, no se encontraba bajo su vigilancia.
Reiteró que la competencia para definir la ubicación de las escombreras municipales y
su autorización, así como el seguimiento en su etapa de operación era del municipio, lo
que conllevaba igualmente, la verificación de los parámetros básicos ambientales para
su construcción y seguimiento. Especificó que cuando las escombreras se establecían
en zonas aledañas a cauces se requería técnicamente la implementación de obras de
adecuación, estabilidad de relleno, manejo de lluvias de escorrentía superficial y de
protección contra la erosión, con el fin de garantizar una mínima condición de estabilidad
interna y externa, sin embargo, las acciones requeridas no eran de su competencia.
Sostuvo que se tenía conocimiento que la operación de la escombrera finalizó, lo que
daba lugar a la mitigación de una posible vulneración de los derechos colectivos de los
actores populares lo que conllevaba la revocatoria del fallo proferido por una acreditación
de carencia actual de objeto y a que entonces ya no habría acciones a implementar por
parte de Corpocaldas.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. En proveído del 13 de febrero de 2023 se admitió el recurso de apelación17 y se
prescindió del traslado para alegar de conclusión.
5.2. El 13 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al Despacho para fallo18.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
17 Índice 4 de SAMAI.
18
Índice 14 de SAMAI.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia,
de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.
6.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia
6.2.1. De la lectura del recurso de apelación se observa que la Corporación Autónoma
Regional de Caldas discute que se le hubiera incluido en las órdenes, a pesar de haber
cumplido con sus funciones y obligaciones legales; y alegó la configuración de la
carencia actual de objeto porque la operación de la escombrera finalizó.
Para resolver lo anterior, la Sala se ocupará de establecer si le corresponde a
Corpocaldas cumplir las órdenes del fallo conforme a sus funciones.
En primer lugar, la Sala trae las órdenes dadas a la Corporación Autónoma Regional de
Caldas en el fallo de primera instancia. Veamos cómo:
ORDÉNESE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS-
CORPOCALDAS y al MUNICIPIO DE MANIZALES para que, en uso de sus facultades
constitucionales y legales como autoridades ambientales, continúen realizando las labores
de seguimiento y vigilancia a la escombrera “ Las Peñas”, a efecto de asegurar que la
ejecución de sus actividades se realice bajo los estándares ambientales de ley, de modo tal
que cese la amenaza de los derechos colectivos que se han venido transgrediendo, y se
adopten medidas tendientes a evitar la consolidación de riesgos potenciales.
ORDÉNESE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS-
CORPOCALDAS y al MUNICIPIO DE MANIZALES que, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la ejecutoria del fallo, realicen una visita técnica a la escombrera mencionada,
para verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe 2021-IE-
00022138, y en caso de hallar el incumplimiento, se dé inicio a las actuaciones
sancionatorias, coactivas y/o policivas del caso. Una vez realizada la visita técnica, deberán
remitir a este Tribunal un informe detallado de los hallazgos encontrados, el estado de
cumplimiento de las recomendaciones y, en caso tal, las acciones emprendidas para
asegurar su ejecución.
CONFÓRMASE un comité auditor que vigile y asegure el cumplimiento de la sentencia, el
cual estará integrado por el PERSONERO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES o su
delegado, quien lo presidirá, un delegado de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE CALDAS, un delegado del MUNICIPIO DE MANIZALES, los accionantes, el señor
Procurador Judicial, comité que deberá otorgar informes semestrales con destino al
proceso.
De la lectura de la parte resolutiva, se identifican las siguientes órdenes a cargo de la
entidad apelante:
(i) continuar con las labores de seguimiento y vigilancia de la escombrera “Las Peñas”,
para asegurarse que la ejecución de las actividades se realice bajo los parámetros
ambientales y así cesar la amenaza de los derechos colectivos comprometidos con la
adopción de medidas para evitar la consolidación de riesgos potenciales;
(ii) realizar una visita técnica a la escombrera para verificar el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en el informe 2021- IE-00022138 y, en caso, de
incumplimiento dar inicio a las actuaciones administrativas sancionatorias;
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(iii) rendir un informe detallado de los hallazgos encontrados, el estado de cumplimiento
de las recomendaciones; y,
(iv) hacer parte del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia.
De entrada, la Sala advierte que no hay en la orden un desconocimiento de las
actividades desplegadas por Corpocaldas para controlar la problemática descrita, por esa
razón, el a quo ordenó que continuara las labores de seguimiento, lo que conlleva el
reconocimiento implícito del cumplimiento de las funciones.
Conforme al artículo 2º de la Ley 472 de 1998, el medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la amenaza, la vulneración de derechos e intereses colectivos o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible. De tal suerte, que no siempre que se establece
una orden a una entidad deviene de un juicio de responsabilidad fáctico, sino que puede
provenir de la necesidad de intervención a la luz de las competencias y funciones
otorgadas a esta por la ley.
Así también, es necesario precisar que en el caso concreto la forma como fueron
abordados y amparados los derechos colectivos se produjeron las órdenes en virtud de
la amenaza de los derechos colectivos invocados.
Por otra parte, en cuanto a la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas
Regionales, en virtud de la Ley 99 de 1993, se tiene que son entidades especiales del
orden nacional, con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotadas de
personería jurídica sujetas a un régimen especial (art. 40 Ley 489 de 1998, en
consonancia con los arts. 113 inciso 2° y 150.7 y 371 CN) y desarrollan sus funciones
frente a las entidades territoriales que por sus características constituyen
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica,
biogeográfica o hidrogeográfica.
Las Corporaciones Autónomas Regionales, son pues, por la ley las encargadas de
administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales
y propender el desarrollo sostenible (art. 23 Ley 99 de 1993).
En esa vía, conforme el numeral 20 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, las
Corporaciones Autónomas Regionales están facultadas, entre otras para ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos,
programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea
necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.
Así mismo, en términos de los numerales 4, 5, 12 y 16 y 18 del artículo 31 de la Ley 99
de 1993 les es dado coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y
proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción
y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de su territorio en la
definición de los planes de desarrollo ambiental, en sus programas y proyectos de
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas
entidades territoriales.
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Igualmente, deben participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito
de su jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial para que el
factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; y también debe
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua,
el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprende las aguas
a cualquiera de sus formas y los suelos y reservas, alinderar, administrar o sustraer en
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques
naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento, así como,
administrar las reservas forestales nacionales en el área de su jurisdicción.
También les corresponde ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de
las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las
disposiciones superiores y a las políticas nacionales.
Como se ve, las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales no son
menores, no se agotan en el tiempo por haberse desempeñado en una sola vez, sino que
son constantes en la medida que el bien jurídicamente tutelado es el medio ambiente, y
este, requiere de un seguimiento constante, porque su naturaleza tampoco es finita, de
allí que las funciones y la intervención de entidades como las Corporaciones Autónomas
Regionales sean de la mayor importancia para enervar las amenazas a las que se vean
expuestos los derechos colectivos relacionados al medio ambiente. Es precisamente allí
donde se le requirió, en el caso concreto, para que desplegara todas sus funciones.
En armonía con esas competencias, el numeral 2 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,
otorga a las Corporaciones Autónomas Regionales la facultad de ejercer como máxima
autoridad ambiental en el área de su jurisdicción. En ese ejercicio como autoridad los
artículos 1, 2 y 4 de la Ley 1333 de 2009, faculta para prevenir y sancionar las infracciones
que se presenten en materia ambiental con acciones preventivas, correctivas y
compensatorias, para garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en la
Constitución, los Tratados Internacionales, la ley y el Reglamento.
Lo anterior, sin olvidar que estas entidades, cumplen funciones dentro de la gestión del
riesgo, en virtud de lo previsto por la Ley 1523 de 2012, con estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo para apoyar a las entidades territoriales en el estudio y reducción
de riesgo, en sostenibilidad ambiental y en la articulación de acciones de adaptación al
cambio climático y el mejoramiento de la gestión ambiental territorial sostenible bajo
principios de concurrencia, coordinación y subsidiariedad positiva.
De la lectura de los medios probatorios se destaca que en el marco de la problemática
se adelantó la visita técnica 2016-II-00012573 del 15 de mayo 2016 de la subdirección
de evaluación y seguimiento ambiental de la Corporación, en su función asesora a los
entes territoriales en aspectos medio ambientales en la cual se generaron unas
recomendaciones. Veamos cuáles:
[…]1. Es necesario dar un adecuado manejo a los materiales a conformar con el fin de evitar
el desplazamiento de los mismos hacia la parte baja y afectación de los recursos naturales.
2. Mientras se termina de conformar la escombrera, se recomienda la implementación de
obras provisionales para la retención de materiales sueltos como trinchos y cubrir con
plásticos las zonas más inestables.
3. EN GENERAL, SE DEBE IMPLEMENTAR DE MANERA ADECUADA, OBRAS DE
MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESTABILIDAD DE TALUDES, Y DE
CONFORMACIÓN DEL DEPÓSITO DE MATERIALES (TERRAPLÉN EN TALUDES DE
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MENOR ALTURA E INCLINACIÓN), CONFORME A LOS DISEÑOS APROBADOS POR
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ACTIVIDADES QUE DEBEN SER OBJETO DE
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE DE MANIZALES, POR SER LA DEPENDENCIA COMPETENTE EN EL TEMA
DE ESCOMBRERAS MUNICIPALES.
4. Se deben implementar jornadas de recolección de los residuos misceláneos que se
encuentran mezclados con los residuos de construcción y demolición y ser remitidos al
relleno sanitario La Esmeralda de la ciudad de Manizales.
5. Retirar el material arrastrado y depositado sobre dos (2) humedales y dos (2) nacimientos
identificados en el año 2016, así como también, retirar los materiales de las áreas forestales
protectoras de los cuatro (4) drenajes, como se muestra en la ilustración 5.
6. Favorecer los procesos de recuperación de la cobertura natural intervenida mediante la
siembra de especies nativas como dragos, yarumos, arbolocos y Balsos. (20 árboles) que
deberán mantenerse por lo menos por un año, realizando las labores culturales necesarias
para su establecimiento. (4 mantenimientos el primer año).
7. Con respecto al individuo de Helecho arbóreo (Cyatheaceae sp) una especie vedada
para su uso y aprovechamiento según las resoluciones 0801 de 1977 (INDERENA) y
Resolución 810 de 1996 de CORPOCALDAS, deberá rescatar el individuo que fue
intervenido, plantándolo nuevamente, adicional a esto, como medida de mitigación y
compensación ambiental, deberá establecer 5 individuos de Helecho arbóreo (Cyatheaceae
sp) en un núcleo de restauración al interior de un claro (apertura de bosque) dentro de las
áreas de bosque existentes en el área de influencia del proyecto, a fin de dinamizar los
proceso ecológicos de la especie y favorecer su conservación.
8. Con el fin de evidenciar los procesos de recuperación de las áreas afectadas y el
cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación ambiental, deberá presentar 4
informes el primer año, donde se evidencie el desarrollo de labores culturales que permitan
el establecimiento de las especies plantadas. (Plateos, resiembras, etc.).
9. Recuperar los nacimientos y humedales identificados, que se encuentran por fuera del
polígono y en el sector sur del área y fueron afectados por presencia de escombros […].19
Al observar estas recomendaciones, la Sala ratifica la importancia de que Corpocaldas
continúe con las labores antes señaladas, tanto en su rol de autoridad ambiental como
en lo que le concierne en lo relacionado con la prevención de riesgo, porque como ya se
dijo, no nacen y se agotan en la recomendación. Esta vez se requiere del despliegue de
sus funciones para resistir a las amenazas de los derechos colectivos, como a juicio de
esta Sala lo enfocó de manera correcta el a quo, por lo que en este aspecto se mantendrá
la decisión.
6.3. En relación con el segundo cargo que es el de la proposición del hecho superado
por haberse terminado la operación de la escombrera, la única prueba que podría tener
relación con lo afirmado es el informe del 3 de marzo de 2022, como la última información
que se obtuvo en la primera instancia, sobre la situación actual del lugar, en el cual se
señaló que los operadores habían suspendido la operación y recepción de material, lo
que impedía trabajar con la actividad de terraceo. Informa igualmente, la construcción de
filtros perimetrales centrales, lo cual evidenció ausencia de empozamientos de agua ni
surcos, entre otras particularidades como la elaboración de planos, diseño de perfiles y
obras hidráulicas y análisis de estabilidad.
19 Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. ED_30INFORMEVISITATECN(.pdf) NroActua 2.
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Lo anterior lleva a concluir a la Sala que no se ha producido el hecho superado, del cual
no basta su afirmación, sino que requiere ser probado. Sobre este instituto, esta Sección
ha referido:
Por otra parte, en cuanto a la consolidación de una carencia actual de objeto por “hecho
superado”, esta Corporación ha explicado que para que se estime un hecho superado se
debe entender:
[…]Respecto de la carencia actual de objeto por hecho superado esta Sala ha sostenido20:
[…] la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la acción
se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento de dictar el
fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había solicitado y, en
tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección, pero en todo caso, debe el
juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración existió, pero desapareció […]
En ese entendido, el fenómeno de la carencia actual de objeto se configura cuando: i) se
prueba que a la fecha de presentación de la acción existía una vulneración o amenaza de
un derecho colectivo, sin embargo, si no se acredita la transgresión, no se configura el
hecho superado; ii) que en el curso del proceso, cese la amenaza o vulneración del derecho;
y, iii) que al momento de dictar sentencia no sea posible, por sustracción de materia, impartir
órdenes de amparo del derecho colectivo porque este ya no se encuentra amenazado ni
vulnerado.[…]21
De tal manera que la afirmación del recurso de haberse finalizado la operación de la
escombrera no tiene la virtualidad de configurar el hecho superado, en la medida que la
misma apelación señala “que le informan que no está funcionando”. No obstante, no
estar demostrado, la función y competencia de la Corporación Autónoma Regional de
Caldas no se agotaría con la finalización de la operación, como quiera que se elaboraron
unas recomendaciones que necesitan ser verificadas, incluso al punto de establecer, que
en gracia de discusión de que no estuviera funcionando, aspectos como pasivos
ambientales e implicaciones medio ambientales de la operación, entre otros más.
A lo anterior se agrega que la suspensión no implica la terminación de la actividad, más
cuando lo que quedó demostrado fue la proyección de planos, diseños de perfiles y
manejos hidráulicos.
6.4. En cuanto a los argumentos adicionales de la alzada, la Sala se referirá
concretamente, así:
Sobre la competencia para definir la ubicación de las escombreras municipales, las
obligaciones están en la Ley 388 de 1997 que le atribuyen al municipio la obligación de
ordenar su territorio y en el numeral 3º del artículo 7º de la Resolución núm. 1257 de 2021
para identificar las áreas de disposición final de residuos sólidos. Lo anterior no riñe con
las órdenes dadas por el A quo, porque no se le impuso a la Corporación Autónoma
Regional de Caldas que fuera la entidad encargada de definir este aspecto. Además, la
orden supeditó el cumplimiento a las facultades constitucionales y legales de cada
entidad.
En cuanto al reparo de haber obviado las funciones de los municipios en el control y
vigilancia del medio ambiente; la Sala no observa que las órdenes dadas en la primera
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio
Velilla Moreno, sentencia de 29 de agosto de 2013, número único de radicación: 25000-23-24-000-2010-00616-01(AP).
21 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera- 27 de enero de 2022. Ponente: Nubia
Margoth Peña Garzón. Radicado: 63001-23-33-000-2019-00254-01 (AP).
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instancia lo hubieran hecho. De la lectura de la sentencia no se infiere que se estuvieran
desconociendo las contenidas en la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1076 de 2015.
Contrario a ello, tanto el municipio como la Corporación Autónoma Regional de Caldas
deben cumplirlas como se lee en la parte resolutiva “como autoridades ambientales”, por
tanto, este cargo tampoco prospera.
En lo relativo a la disposición final de escombros y el no requerimiento de licencia
ambiental para ejercer vigilancia sobre el municipio. La Sala estima que a la Corporación
Autónoma Regional de Caldas, en el fallo de primera instancia, no se le conminó a dicha
exigencia funcional. Como quedó explicado, se le exigió que en su calidad de máxima
autoridad ambiental dentro de esa jurisdicción, al haber efectuado unas
recomendaciones, verifique su cumplimiento y continue con el acatamiento de las
funciones otorgadas legalmente.
Finalmente, es claro que la operación, verificación de los parámetros básicos ambientales
para la construcción, el seguimiento y la necesidad técnica de la implementación de obras
de adecuación, estabilidad de relleno, manejo de lluvias de escorrentía superficial y de
protección contra la erosión como garantía mínima de la condición de estabilidad interna
y externa de la escombrera no desconoció las funciones del ente territorial. La Resolución
núm. 1257 de 2021 en ese sentido también impone obligaciones a las autoridades
ambientales, de ello da cuenta el artículo 18 de la mencionada norma.
Entonces, lo que se le exige a la Corporación Autónoma Regional de Caldas, tal como se
indicó en párrafos anteriores, es que en el marco de sus funciones desempeñe tanto las
actividades de las que se les exigió continuidad como las que le corresponden en su
calidad de autoridad ambiental y las que sean necesarias para preservar los derechos
colectivos amparados.
En suma, todos los argumentos sustentados en la competencia del municipio con el
objetivo de no integrar la orden por parte de la Corporación Autónoma Regional de Caldas
sucumben ante el razonamiento general de esta providencia, pues como se evidenció
con anterioridad las competencias de dichas entidades quedaron plenamente descritas
en el fallo impugnado. Por lo tanto, los cargos no están llamados a prosperar.
6.5. De otra parte, como en la sentencia apelada se omitió precisar a quien le
correspondería presidir el comité de verificación denominado “comité auditor”, cuya
función, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de la
Sección22, le compete al Juez que conoció del asunto en primera instancia. En ese
sentido, se modificará la orden relacionada con dicho aspecto y se precisará el nombre
del comité tal como fue establecido legalmente. Para tal efecto, la Sala transcribirá
integralmente las órdenes dadas por el Tribunal y resaltará el aparte específico del ajuste
anunciado.
6.6. Finalmente, la Sala confirmará las demás órdenes de amparo, y según lo previsto en
los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y atendiendo
al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de
agosto de 201923, no se condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su
causación.
22 Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, consejero
Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018-00361-
01, consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
23Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia
de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el aparte de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 15
de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caldas, relativo a la conformación del
Comité de Verificación. Léase en su integridad así:
DECLÁRESE probada la excepción denominada “FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA, propuesta por el CONCEJO DE MANIZALES.
DECLÁRESE la improcedencia de la acción popular respecto de la solicitud de revocatoria
del Acuerdo 819 de 23 de mayo de 2013 con el cual se dio trámite a una revisión
extraordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial y del Decreto 602 de 6 de diciembre de
2016 con el que el Alcalde de la ciudad autorizó el funcionamiento de una escombrera en
el sector de “Las Peñas”.
DECLÁRESE la amenaza de los derechos colectivos consagrados en los literales c) y m)
del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, dentro del proceso de PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS (acción popular) promovido por los señores
ALBERTO VALCNIA GAVIRIA, WILMAR ARENAS DE LA PAVA y JORGE WILSON
ARENAS DE LA PAVA contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS-
CORPOCALDAS, el MUNICIPIO DE MANIZALES y el CONCEJO DE MANIZALES,
trámite en el cual actúan en calidad de vinculados los señores CLARA INÉS PINILLA
ZULUAGA y CARLOS ALBEIRO RAMÍRES HENAO.
En consecuencia,
ORDÉNESE a los señores CARLOS ALBEIRO RAMÍREZ y CLARA INÉS PINILLA
ZULUAGA, responsables de la operación de la escombrera “Las Peñas” y propietaria del
predio, respectivamente, para que, dentro de un plazo de tres (3) meses contados a partir
de la notificación de esta sentencia, se sirvan atender las recomendaciones contenidas en
el informe 2021-IE-00022138 elaborado por CORPOCALDAS, con el fin de que cese la
amenaza a los derechos colectivos mencionados, como consecuencia del incumplimiento
de parámetros ambientales en la ejecución de las actividades de depósito que se vienen
realizando en el inmueble.
ORDÉNESE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS-
CORPOCALDAS y al MUNICIPIO DE MANIZALES para que, en uso de sus facultades
constitucionales y legales como autoridades ambientales, continúen realizando las labores
de seguimiento y vigilancia a la escombrera “Las Peñas”, a efecto de asegurar que la
ejecución de actividades se realice bajo los estándares ambientales de ley, de modo tal que
cese la amenaza de los derechos colectivos que se han venido transgrediendo, y se
adopten medidas tendientes a evitar la consolidación de riesgos potenciales.
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CORPOCALDAS y al MUNICIPIO DE MANIZALES que, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la ejecutoria del fallo, realicen una visita técnica a la escombrera mencionada,
para verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe 2021-IE-
00022138, y en caso de hallar el incumplimiento, se dé inicio a las actuaciones
sancionatorias, coactivas y/o policivas del caso. Una vez realizada la visita técnica, deberán
remitir a este Tribunal un informe detallado de los hallazgos encontrados, el estado de
cumplimiento de las recomendaciones y, en caso tal, las acciones emprendidas para
asegurar su ejecución.
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CONFÓRMESE un Comité de Verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual estará
integrado por el magistrado ponente, quien lo presidirá, el Personero del Municipio de
Manizales o su delegado, un delegado de la Corporación Autónoma Regional de
Caldas, un delegado del Municipio de Manizales, los accionantes, el señor Procurador
Judicial. El Comité de Verificación de cumplimiento de la sentencia rendirá informes
semestrales dentro del proceso.
NIÉGENSE las demás pretensiones de los accionantes.
SIN COSTAS
PUBLÍQUESE la parte resolutiva de esta sentencia en un diario de amplia circulación
nacional a cargo del municipio de Manizales.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el 15 de julio de 2022
por el Tribunal Administrativo de Caldas.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 16 de
abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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