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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2019-00254-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 63001-23-33-000-2019-00254-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR los numerales 4 y 5 de la parte resolutiva de la sentencia de 8 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, por cuanto sí existió la vulneración de los derechos colectivos alegados por el actor; empero no es del caso imponer orden alguna por configurarse la carencia actual de objeto por hecho superado. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 63001-23-33-000-2019-00254-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de enero dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 63001-2333-000-2019-00254-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: JUAN ESTEBAN RICO TOQUICA

TESIS: SE DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO, EN
ATENCIÓN A QUE DURANTE EL TRÁMITE DE LA ACCIÓN CESARON
LOS HECHOS QUE AFECTARON LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LA
COMUNIDAD.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE
DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE Y A LA REALIZACIÓN
DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS
URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -INVIAS1 y el CONSORCIO

ALIANZA YDN – EL EDÉN2 contra la sentencia de 8 de octubre de

2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío3, que

declaró la amenaza de los derechos colectivos invocados.

1 En adelante INVIAS.
2 En adelante el Consorcio.
3 En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 63001-2333-000-2019-00254-01
Actor: JUAN ESTEBAN RICO TOQUICA

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

El señor JUAN ESTEBAN RICO TOQUICA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88

de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de

agosto de 19984, presentó demanda ante el Tribunal contra el

INVIAS, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL

MUNICIPIO DE ARMENIA5 y el CONSORCIO, tendiente a que se

protegieran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a

la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a

la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos

urbanos respetando las disposiciones jurídicas y el derecho a la paz.

I.2. Hechos

Indicó que en el año 2017 se inició la obra de ampliación de la doble

calzada que comunica a los Municipios de Armenia y la Tebaida, en

virtud de la cual, en el primer trimestre del año 2019, se realizó la

4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 En adelante el Municipio.

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Actor: JUAN ESTEBAN RICO TOQUICA

instalación de “bandas alertadoras resaltadas” en una vía pública

ubicada entre la finca La Gaviota, el Hotel Mechas y Patro y el Hostal los

Juanes, la cual se encuentra en un área rural y zona residencial.

Afirmó que las referidas bandas alertadoras no cumplían con su función,

ya que los vehículos que pasaban por el sector no reducían su velocidad,

en especial los de carga pesada, que al pasar con exceso de velocidad

provocaban oscilaciones periódicas de amplia magnitud sobre el

subsuelo y la capa asfáltica, situación que empeoraba en las horas de la

noche y madrugada por el fuerte efecto sonoro y vibratorio del paso

vehicular, lo que, a su juicio, afectaba la paz, salud y tranquilidad de los

habitantes del sector, así como sus inmuebles.

Aseveró que aunque el sector se encuentra a las afueras de la ciudad, es

un área residencial en donde viven familias compuestas por niños,

estudiantes y adultos mayores, quienes han visto afectada su salud,

tranquilidad y calidad de vida por las fuertes vibraciones ocasionadas por

el tráfico pesado y la contaminación acústica.

Manifestó que también se han causado afectaciones en las viviendas e

inmuebles comerciales aledaños a la ubicación de las bandas resaltadas,

pues su infraestructura presenta grietas y debilitamiento.

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Informó que a través de peticiones elevadas al INVIAS y al Consorcio, se

les ha puesto de presente la situación antes narrada, sin que se le

hubiese dado solución a la misma, sino que, por el contrario, justifican la

presencia de las bandas resaltadas en el hecho de que el proyecto de la

doble calzada ya había sido aprobado y solo podía ser modificado por

determinación del contratante y de la interventoría.

Afirmó que la Secretaría de Tránsito del Municipio ha guardado silencio.

Puso de presente que una de las residentes del sector ha presentado

episodios de angustia y ansiedad generados por los efectos de las

bandas alertadoras, por lo que tuvo que iniciar el respectivo tratamiento

médico para mejorar su salud física y mental.

I.3. Pretensiones

La actora solicitó lo siguiente:

“[…] 1. Ordenar a los demandados la remoción de estas BANDAS
ALERTADORAS RESALTADAS.

2. Ordenar a los demandados, instalar RESALTO PARABÓLICO
CIRCULAR (policía acostado), en reemplazo de las bandas alertadoras
resaltadas.

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3. Como pretensión subsidiaria, ordenar a los demandados como
ejecutantes de la obra reubicar estas BANDAS ALERTADORAS
RESALTADAS en un PR suficientemente alejado donde no afecte más a
los habitantes y a los inmuebles […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO manifestó que ha dado respuesta a las

peticiones incoadas por el accionante y por el señor Patrocinio Pérez

López, en el oficio de 2 de agosto de 2019, informándoles que sus

requerimientos habían sido remitidos al INVIAS, pues la Secretaría

de Tránsito y Transporte del Municipio no tenía competencia en la

problemática planteada.

Afirmó no estar legitimado en la causa por pasiva, ya que los

hechos narrados por el accionante no son de su competencia, pues

la obra es responsabilidad del INVIAS, motivo por el que solicitó

no ser condenado en el presente proceso.

I.4.2.- EL INVIAS adujo que se oponía a la prosperidad de las

pretensiones, en atención a que la instalación de las bandas

alertadoras obedecía a estudios y diseños de señalización y

seguridad vial, los cuales estuvieron precedidos de la necesidad

latente de seguridad de los usuarios de la vía, quienes requerían de

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los elementos adecuados de señalización, es decir, que no

obedecieron a un capricho o circunstancia ajena a la necesidad

colectiva de la comunidad.

Asimismo, afirmó que la instalación de un reductor de velocidad

tipo resalto parabólico en reemplazo de las bandas alertadoras

resaltadas no resultaba procedente en el presente caso, de acuerdo

con lo establecido en el Manual de Señalización Vigente.

Se refirió su objeto, funciones y competencias previstas en el

Decreto 2618 de 20 de noviembre de 20136 y en el artículo 5º de la

Ley 489 de 29 de diciembre de 19987.

Argumentó que no se afectaron intereses o derechos colectivos por

acción u omisión, pues el análisis y definición de las bandas

alertadoras lo hizo un especialista en seguridad vial y su ubicación

obedeció a la presencia de peatones en el sector de la Universidad

la Gran Colombia, las cuales están acompañadas de señales

restrictivas de la velocidad.

6 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías (Invías) y se
determinan las funciones de sus dependencias
7 Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.

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Actor: JUAN ESTEBAN RICO TOQUICA

Señaló que la medida adoptada en conjunto con el contratista, la

interventoría y la entidad buscaba garantizar la seguridad de los

usuarios de la vía, quienes requerían de elementos de señalización

y, por tanto, se satisfizo la necesidad de la comunidad.

Arguyó que la distancia existente entre las edificaciones y el

esquema de señalización contenía una masa de suelo que, sumada

a la estructura de pavimento flexible de la vía, absorbía las ondas

generadas por el tránsito vehicular y, por tanto, aislaba cualquier

afectación a las construcciones aledañas.

Precisó que el retiro de los reductores de velocidad le dificultaría

garantizar las condiciones de seguridad mínimas en una vía de

primer orden, como lo es la doble calzada al aeropuerto.

Por lo anterior, propuso como excepciones la “inexistencia de

violación de los derechos e intereses colectivos por acción u omisión

del INVIAS” e “inexistencia de daño”.

I.4.2.- El CONSORCIO afirmó que las bandas alertadoras se

instalaron para prevenir a los conductores de la vía, sobre la

existencia de un paradero de buses de alta concurrencia, dada su

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proximidad a la Universidad La Gran Colombia; además, al pasar

por las bandas, los conductores se percatarían de la existencia de

señalización adicional, de forma que pudieran estar atentos a los

buses que se estacionaban en la vía.

Propuso como excepción la que denominó como “AUSENCIA DE

RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO ALIANZA YDN – EL

EDÉN POR CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA”, la cual

sustentó en que, de acuerdo con las obligaciones contenidas en el

Contrato núm.1559-2015 suscrito con el INVIAS, estaba en el

deber de instalar elementos de seguridad en el tramo contratado,

así como de efectuar la señalización de obras de protección a

peatones en zonas escolares y la actualización de elementos de

seguridad, razón por la que optó por la instalación de las bandas

alertadoras y no un resalto parabólico, dado que este último no

cumplía con las indicaciones necesarias de seguridad en el sector

objeto de la acción.

Precisó que la instalación de las bandas correspondió a un diseño

aprobado por la interventoría, por lo que no podía a su arbitrio

removerlas y/o modificar el diseño de la vía. Para sustentar su

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posición se refirió a la jurisprudencia de la Sección Tercera del

Consejo de Estado.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 15 de julio

de 2020, la cual se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de

las partes.

I.6. Coadyuvancia

Por medio de auto de 30 de julio de 2020, el Tribunal aceptó la

solicitud de coadyuvancia elevada por el ciudadano JAIR ANDRÉS

RIVEROS MUÑOZ.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 8 de octubre de 2020, accedió a las

súplicas de la demanda, para lo cual adujo lo siguiente:

En relación con la legitimación en la causa del INVIAS y del

Consorcio, precisó que tenían relación sustancial con los hechos

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objeto de la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos

2º de la Constitución Política y 12 de la Ley 105 de 30 de diciembre

de 19938, máxime si se tenía en cuenta que en atención al mapa de

carreteras del INVIAS, el sector Club Campestre – Armenia, objeto

de la presente acción, hacía parte de la infraestructura de la

Nación, pues estaba categorizado como de primer orden, razón por

la que su administración estaba a cargo del Instituto.

Adicionalmente, indicó que el Decreto 2056 de 24 de julio de 20039,

modificado por el Decreto 2618 de 20 de noviembre de 201310,

establece que el INVIAS tiene dentro de su objeto la ejecución de

políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de

infraestructura no concesionada de la red vial Nacional y, por tanto

debe elaborar, en conjunto con el Ministerio de Transporte, los

planes, programas y proyectos tendientes a la construcción,

reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación,

atención de emergencias, entre otros, que requiera la

8 Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen
competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la
planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones.
9 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías, Invías, y se dictan

otras disposiciones.
10 Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías (Invías) y se

determinan las funciones de sus dependencias.

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infraestructura que se encuentra a cargo de la Nación en lo que se

refiere a carreteras (artículo 2° idem).

Con fundamento en lo anterior, consideró que el MUNICIPIO no

estaba legitimado en la causa por pasiva y, en consecuencia,

declaró probada la excepción propuesta por el ente territorial.

Respecto del caso concreto, planteó como problema jurídico si la

instalación de las bandas alertadoras en el PR 44+080 y PR 44+100

de la vía Aeropuerto El Edén - Club Campestre -Armenia, por parte

del Consorcio en virtud del contrato de obra suscrito con el

INVIAS, vulnera los derechos colectivos.

Se refirió al material probatorio obrante en el expediente, del cual

destacó que si bien la proximidad a la Universidad La Gran

Colombia hacía necesaria la existencia de dispositivos que

advirtieran a los conductores sobre la misma, lo cierto era que las

bandas alertadoras instaladas causaban vibración y ruido tanto en

el vehículo como en las edificaciones contiguas, lo que generaba

conflictos con la comunidad, conforme se acreditó en el Manual de

Señalización Vial, el cual, por demás, también previó que no se

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recomendaba su uso en zonas de edificaciones habitadas, como

ocurrió en el asunto sub examine.

Advirtió que la comunidad aledaña estaba asentada en dicho sector

mucho antes de la construcción de la doble calzada, cuya situación

era conocida por el contratista, pues los predios habitados hacían

parte del “Corredor Suburbano Murillo Tramo II”, por lo que, a su

juicio, no se justifica que el único argumento de las entidades

accionadas para mantener las bandas alertadoras se apoyara en el

hecho de que éstas hacen parte de un diseño de señalización

aprobado, el cual no tuvo en cuenta la afectación que causaría a la

comunidad, lo que era totalmente previsible.

Señaló que las bandas alertadoras, por el contrario, crean un riesgo

para la vida e integridad de los actores de la vía, pues, conforme se

advirtió del material probatorio, algunos conductores no disminuyen

la velocidad, no distinguen los carriles de aceleración y

desaceleración y algunos motociclistas realizan maniobras

peligrosas sobre la berma para evitar pasar las bandas.

Indicó que lo anterior pone de manifiesto que los derechos

colectivos vulnerados son la seguridad y salubridad pública y la

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realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos

urbanos respetando las disposiciones jurídicas, toda vez que con la

puesta en funcionamiento del proyecto de construcción de la doble

calzada no tomaron medidas conducentes para evitar que se

produjera el impacto negativo en las condiciones de salud y

seguridad de los asociados y, a su vez, desatendieron la

recomendación del mismo Manual de Señalización Vial respecto de

los conflictos que las bandas alertadora generan con la comunidad

por el incremento de los niveles de ruido y vibración por el paso de

los vehículos, lo que va en detrimento de los habitantes del sector.

En virtud de lo anterior, el Tribunal profirió las siguientes órdenes:

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE probada la falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por el MUNICIPIO DE ARMENIA, por lo
expuesto.

SEGUNDO: DECLÁRESE no probadas las excepciones de Inexistencia
de violación de los derechos e intereses colectivos por acción u omisión
del INVIAS e Inexistencia del daño propuestas por el INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS y la denominada Ausencia de
responsabilidad del CONSORSIO ALIANZA YDN-EL EDÉN por
cumplimiento de norma técnica, por lo considerado.

TERCERO: DECLÁRESEN que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS -
INVIAS y el CONSORSIO ALIANZA YDN-EL EDÉN, se encuentran
vulnerando los derechos colectivos a el goce de un ambiente sano, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes,
(consagrados en los literales a), l) y m) del artículo 4º de la Ley 472 de

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1998); así como, el derecho a la paz de los residentes de las
edificaciones del kilómetro 7 de la doble calzada Aeropuerto El Edén -
Club Campestre-Armenia, contiguas a las bandas alertadoras
resaltadas instaladas en el PR 44+800 y PR 44+100 de dicha
carretera; por las consideraciones expuestas.

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, ORDÉNESE al
INVIAS y al CONSORCIO ALIANZA YDN – EL EDÉN, como responsables
de la obra y de la vía de primer orden, de manera conjunta en virtud
de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
consagrados en el artículo 288 de la Constitución Política de 1991,
adopten las medidas administrativas y presupuestales a que haya
lugar para que en el término de tres (3) meses contados desde la
ejecutoria de la presente providencia, remueva las bandas alertadoras
resaltadas instaladas en el PR 44+800 y PR 44+100 de la doble
calzada Aeropuerto El Edén - Club Campestre-Armenia y las reemplace
por otros dispositivos que brinden seguridad en la vía, de acuerdo a
reevaluación del estudio y diseño de señalización vial aprobado que
deberá realizar en el mismo término.

QUINTO: INTÉGRESE un COMITÉ DE VERIFICACIÓN, el que estará
presidido por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del
Quindío e integrado por el actor popular, un delegado del Instituto
Nacional de Vías - INVÍAS-, un delegado del CONSORCIO ALIANZA
YDN-EL EDÉN, un delegado de la Defensoría del Pueblo y por el
Procurador Judicial delegado ante este Tribunal. El mencionado Comité
que se constituirá dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la
presente providencia, deberá reunirse de forma bimestral, para lo cual,
previa a su convocatoria por parte de quien lo preside cada uno de los
integrantes presentará un informe para ser valorado en la reunión del
Comité y uno final sobre el cumplimiento total de las obligaciones acá
impuestas

SEXTO: Para los fines indicados en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998, por secretaría REMÍTANSE las copias pertinentes a la Defensoría
del Pueblo […]”.

III.- FUNDAMENTO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- El INVIAS reiteró los argumentos expuestos en la

contestación de la demanda en el sentido de afirmar que no vulneró

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los derechos e intereses colectivos por acción u omisión, pues el

proceso de análisis y definición de las bandas alertadoras lo hizo un

especialista en seguridad vial y su ubicación obedecía a la presencia

de peatones en el sector de la Universidad La Gran Colombia, las

cuales están acompañadas de señales restrictivas de la velocidad y

demarcación en el pavimento.

Sostuvo que la instalación de las bandas alertadoras acataba

estudios y diseños de señalización y seguridad vial, los cuales

estuvieron precedidos de la necesidad de seguridad de los usuarios

de la vía, lo que evidenciaba que no fueron producto de un

“capricho” ajeno al interés general.

Indicó que en el presente caso no era procedente la instalación de

un resalto parabólico, ya que, de acuerdo con el Manual de

Señalización Vial (numeral 5.8 reductores de velocidad), no debe

permitirse su uso en vías de superior jerarquía, ni en vías

interurbanas, ni en aquellas con volumen vehicular diario superior a

500 vehículos.

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Con fundamento en lo anterior, estimó que no era procedente la

declaratoria de violación o amenaza de derechos colectivos que le

fue atribuida.

Argumentó que en el presente caso no se configuró un daño, pues

la distancia existente entre las edificaciones y las bandas

alertadoras contenían una masa de suelo que sumada a la

estructura de pavimento flexible de la vía, absorbían las ondas

generadas por el tránsito vehicular del sector.

Destacó que el contratista y la interventoría suscribieron con los

propietarios de los predios las actas de vecindad núms. 095, 096 y

113, en las que el accionante y demás habitantes de los predios

presuntamente afectados recibieron a satisfacción las obras.

Arguyó que aun en presencia de los reductores de velocidad los

conductores de la vía no respetaban los límites establecidos, motivo

por el que era necesaria la presencia de las bandas alertadoras, de

modo que, pese a que el Tribunal tuvo por cierto que la presencia

de esos elementos causaba afectaciones en la salud y tranquilidad

de los habitantes, lo cierto era que se debió tener en cuenta que el

retiro total de las bandas ponía en grave riesgo a los usuarios de la

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carretera y a la comunidad del sector por el incremento de

accidentes que podría producirse.

Informó que por “actos vandálicos” fueron removidas parte de las

bandas alertadoras, lo que ocasionó la fractura de los materiales

que las conformaban, circunstancia que, a su juicio, podría

ocasionar accidentes.

Manifestó que, por lo anterior, las presuntas perturbaciones

alegadas en la demanda habían cesado, pues los vehículos

transitaban por los espacios dejados entre las bandas.

Afirmó que con el retiro parcial de las bandas alertadoras, cesó toda

situación de perturbación incluida la presunta intranquilidad y

problemas de salud de la comunidad residente en el sector objeto

de la presente acción, por lo que se configuraba un hecho

superado.

III.2. El CONSORCIO afirmó que el fallo de primera instancia no

efectuó un análisis exhaustivo de la responsabilidad patrimonial y

jurídica sobre los daños, pues, en su criterio, dentro del plenario

quedó suficientemente demostrado que no está llamado a ser

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condenado en lo pretendido por el accionante por carecer de

legitimación en la causa, además, de que la causa eficiente de los

daños que se alegan no tiene como fuente su actuar.

Se refirió al contrato de obra núm.1559 de 2015, suscrito con el

INVIAS, y a la jurisprudencia del Consejo de Estado que ha

señalado que la responsabilidad de las entidades públicas que

tienen a cargo vías, no se desdibujaba por la suscripción de un

contrato con un tercero, razón por la que no existía título de

imputación jurídica en virtud del cual debiera atender las

pretensiones del demandante, pues la instalación de las bandas se

debió al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Arguyó que los presuntos daños alegados no obedecieron al diseño

de la vía, sino al incumplimiento por parte de terceros de las

normas de tránsito, pues son éstos los que no respetan los límites

de velocidad, cuyo control está en cabeza de las autoridades de

tránsito Departamentales y Municipales, aspecto que no fue

abordado por el a quo.

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Afirmó que se configuró la figura de carencia actual de objeto por

hecho superado, debido a los actos “vandálicos” de los que fueron

objeto las bandas alertadoras por parte de la comunidad.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. El Actor aseveró que las entidades condenadas, durante el

trámite del recurso, retiraron las bandas alertadoras e

implementaron una medida más adecuada en materia de tránsito y

movilidad, motivo por el cual afirmó que se está en presencia de un

hecho superado, pues han cesado los efectos nocivos y

contraproducentes enunciados en la demanda.

IV.2. El COADYUVANTE manifestó que los accionados cumplieron

con la orden dada en el numeral cuarto de la sentencia apelada,

pues se retiraron las bandas alertadoras instaladas en el PR44+800

y PR44+100 de la doble calzada al Aeropuerto el Edén – Club

Campestre – Armenia y, en su lugar, implementaron reductores de

velocidad tipo resalto vial.

IV.3. El CONSORCIO, además de reiterar los argumentos

expuestos en las etapas procesales anteriores, estimó que había

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carencia actual de objeto por el retiro de las bandas alertadoras que

efectuó con el INVIAS, las cuales reemplazó con resaltos

parabólicos.

IV. 4. El INVIAS, tras referirse a la carencia actual de objeto,

informó que dio cumplimiento al fallo de primera instancia, tal como

constaba en el concepto de revisión y diseño de bandas alertadoras

elaborado por un especialista en diseño vial, el registro fotográfico

de las obras, el acta de entrega y recibo definitivo de las obras y las

actas suscritas por el Consorcio con la comunidad debidamente

aportados.

V.- MINISTERIO PÚBLICO

La Delegada del Ministerio Público guardó silencio.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución

Política y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la

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protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos

resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un

daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades

públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar

a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y

sencillo para la protección de sus derechos.

En el caso sub examine, el señor JUAN ESTEBAN RICO TOQUICA

instauró acción popular contra el INVIAS, el MUNICIPIO y el

CONSORCIO, por estimar vulnerados los derechos colectivos al

goce de un ambiente sano, a la seguridad y prevención de

desastres previsibles técnicamente y a la realización de las

construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las

disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al

beneficio de la calidad de vida de los habitantes, así como el

derecho a la paz.

A juicio de la parte demandante, dichos derechos se vulneraron por

la instalación de unas bandas alertadoras en el PR 44+080 y PR

44+100 de la vía Aeropuerto El Edén - Club Campestre -Armenia,

pues con el paso de los vehículos sobre las mismas se generaban

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ondas sonoras y vibraciones que afectando la salud y tranquilidad

de los habitantes de la zona, e incluso sus edificaciones.

El Tribunal, en sentencia de 8 de octubre de 2020, declaró la

vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad

pública y la realización de las construcciones, edificaciones y

desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, la cual le

fue atribuida al INVIAS y al Consorcio, en atención a que la vía

objeto de la acción era de primer orden y, por tanto, su

administración estaba a cargo de dicho Instituto.

A juicio del Tribunal, la vulneración de los derechos colectivos en

mención obedeció a que las bandas alertadoras instaladas causaban

vibración y ruido tanto en el vehículo como en las edificaciones

contiguas, lo cual era previsible, pues el Manual de Señalización

Vial no recomendaba su uso en zonas de edificaciones habitadas,

como ocurrió en el asunto sub examine, las cuales, por demás,

estaban asentadas en la zona mucho antes de la construcción de la

doble calzada, lo cual era conocido por el Consorcio.

Asimismo, el Tribunal destacó que las bandas alertadoras creaban

un riesgo para la vida e integridad de los actores de la vía, pues

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algunos conductores no disminuían la velocidad, no distinguían los

carriles de aceleración y desaceleración y algunos motociclistas

realizaban maniobras peligrosas sobre la berma para evitar pasar

las bandas.

Por lo anterior, el Tribunal consideró que las entidades responsables

no tomaron medidas conducentes para evitar que se produjera el

impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los

asociados y desatendieron la recomendación del mismo Manual de

Señalización Vial, respecto de los conflictos que las bandas

alertadoras generaban con la comunidad por el incremento de los

niveles de ruido y vibración por el paso de los vehículos, lo que iba

en detrimento de los habitantes del sector.

En virtud de lo anterior, el a quo ordenó a las responsables

adelantar las acciones necesarias para el retiro de las referidas

bandas y su consecuente reemplazo por otros dispositivos que

brindaran seguridad en la vía.

Inconforme con la anterior decisión, el INVIAS y el Consorcio

interpusieron recurso de apelación en el que, además de reiterar los

argumentos expuestos en sus escritos de contestación de la

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demanda, pusieron de presente la existencia de la carencia actual

de objeto por hecho superado, habida cuenta que la comunidad,

presuntamente, a través de actos vandálicos, retiró parcialmente

las bandas alertadoras.

Asimismo, se advierte que en la etapa de alegatos de conclusión el

actor, el coadyuvante y las entidades declaradas como

responsables, coincidieron en manifestar que las bandas

alertadoras fueron reemplazadas por resaltos parabólicos, lo que

daba lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho

superado.

Problema jurídico

De conformidad con lo anterior, la Sala determinará si, en efecto,

en el asunto sub examine se configuró la carencia actual de objeto

por hecho superado.

Caso concreto

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Respecto de la carencia actual de objeto por hecho superado esta

Sala ha sostenido11:

“[…] la carencia de objeto por haberse superado el hecho
vulnerador que originó la acción, se da cuando se comprueba que
entre la presentación de ésta y el momento de dictar el fallo cesó
la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había
solicitado y, en tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de
protección, pero en todo caso, debe el juez declarar que la
mencionada amenaza o vulneración existió pero desapareció […]”
(Destacado de la Sala).

En ese entendido, el fenómeno de la carencia actual de objeto se

configura cuando: i) se prueba que a la fecha de presentación de la

acción existía una vulneración o amenaza de un derecho colectivo,

sin embargo, si no se acredita la transgresión, no se configura el

hecho superado; ii) que en el curso del proceso, cese la amenaza o

vulneración del derecho; y, iii) que al momento de dictar sentencia

no sea posible, por sustracción de materia, impartir órdenes de

amparo del derecho colectivo porque este ya no se encuentra

amenazado ni vulnerado.

Con fundamento en lo anterior, la Sala verificará el cumplimiento

de los aspectos mencionados en precedencia.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero
Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia de 29 de agosto de 2013, número único
de radicación: 25000-23-24-000-2010-00616-01(AP).

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De la existencia de vulneración a los derechos colectivos

invocados

Con respecto a la vulneración de los derechos colectivos invocados,

la Sala considera que la posición adoptada al respecto por parte del

Tribunal de primera instancia resulta acertada, pues analizada la

totalidad del material probatorio aportado es dable concluir que las

bandas alertadoras fueron instaladas en los puntos PR 44+800 y PR

44+100 de la doble calzada del Aeropuerto El Edén – Club

Campestre – Armenia, y que las mismas estaban produciendo

intranquilidad y problemas de salud en la comunidad aledaña al

sector.

Lo anterior, en atención a que se pudo establecer que los

elementos instalados producían ruido y vibración al paso de los

vehículos, no solo porque las pruebas aportadas así lo demuestran,

sino porque el Manual de Señalización vigente señala que este tipo

de reductores de velocidad producen un efecto sonoro y vibratorio

en el interior del vehículo que pasa sobre ellas y que “[…] no se

recomienda su utilización en zonas de edificaciones habitadas, ya

que se incrementan los niveles de ruido y se genera vibración al

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paso de los vehículos sobre estos dispositivos, creando conflictos

con la comunidad […]”.

De manera que si bien la instalación de reductores de velocidad en

el sector objeto de la acción era necesaria, pues la presencia de la

Universidad La Gran Colombia y las viviendas aledañas así lo

indicaban, lo cierto es que el Consorcio y el INVIAS tenían la

carga de determinar cuál de las opciones disponibles era la más

acorde para no afectar a la comunidad del sector, lo que no se hizo,

ya que, como se indicó en precedencia, las bandas alertadoras no

eran las más adecuadas para la zona, conforme se colige del

Manual de Seguridad Vial, el cual es claro en establecer que la

medida escogida no era la indicada debido a sus implicaciones en

materia de ruido y vibraciones, lo que redundó en la vulneración a

los derechos colectivos.

Por lo anterior, la Sala prohijará los argumentos expuestos por el

Tribunal sobre este aspecto, que para el efecto adujo:

“[…] Por lo expuesto, considera la Sala que se vulneraron los
derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes, consagrados en los literales g y m del artículo 4 de

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la Ley 472 de 1998, de los residentes de las edificaciones del
kilometro 7 de la doble calzada Aeropuerto El Edén – Club
Campestre – Armenia, contiguas a las bandas alertadoras
resaltadas instaladas en el PR 44 +800 y PR 44+100 de dicha
carretera; por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
y el CONSORCIO ALIANZA YDN – EL EDÉN, por cuanto con la
puesta en funcionamiento del proyecto de construcción de la
doble calzada no tomaron medidas conducentes para evitar que
se produjera el impacto negativo en las condiciones de salud y
seguridad de los asociados, en la forma en como fue expuesta,
desatendiendo incluso la recomendación del mismo Manual de
Señalización sobre los conflictos que estos dispositivos crean en la
comunidad por incremento de los niveles de ruido y vibración al
paso de los vehículos sobre las bandas alertadoras resaltadas,
desmejorando la calidad de vida de los habitantes del sector.

En consonancia, el incremento del ruido y vibración producida por
estos elementos artificiales – bandas alertadoras resaltadas -,
deterioran la calidad del medio ambiente, cuando es deber de
todas las autoridades velar por su conservación, por tanto, resulta
amenazado el derecho colectivo consagrado en el literal a del
artículo 4º de la citada ley, y de la misma forma, el derecho a la
paz de los miembros de esta comunidad, en razón a que la
existencia de las bandas mencionadas crearon un conflicto en sus
propias casas de habitación […]”.

De la cesación de la vulneración de los derechos colectivos

Al respecto, la Sala advierte que el INVIAS, en escrito allegado a

esta Corporación el 23 de julio de 2021, informó que dio

cumplimiento al fallo de primera instancia luego de adelantar las

respectivas gestiones administrativas, las cuales enunció así:

-. A través de oficio DT – QUI 48115 de 25 de noviembre de 2020,

la Dirección Territorial Quindío del INVIAS solicitó al Consorcio

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que, de acuerdo con el fallo de primera instancia, entregara la

reevaluación del estudio y diseño de señalización vial aprobado, en

el que se estableciera qué dispositivos podrían ser ubicados en

reemplazo de las bandas alertadoras instaladas en PR 44+800 y PR

44+100, de la doble calzada Aeropuerto El Edén - Club Campestre-

Armenia.

-. En cumplimiento de lo anterior, el 11 de diciembre de 2020, el

Consorcio dio respuesta al requerimiento efectuado por el INVIAS

en el sentido de indicar que adjuntaba el concepto de revisión y

diseño de las bandas alertadoras y el diseño y señalización peatonal

en los referidos kilómetros.

-. El Consorcio remitió al INVIAS el registro fotográfico y las actas

suscritas con los habitantes del sector, en las que se les puso en

conocimiento las actividades realizadas e indicaron que retiraron las

bandas alertadoras y, en su lugar, instalaron un resalto parabólico

para disminuir la velocidad.

-. Con fundamento en lo anterior, la Dirección Territorial Quindío

del INVIAS consultó a la Unidad Ejecutora de Proyectos –

Subdirección Red Nacional de Carreteras, a través de memorandos

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de 12 de febrero y 5 de mayo de 2021, sobre lo informado por el

Consorcio, para que determinara si se habían adelantado las obras

y si el fallo había sido cumplido.

-. En virtud de lo anterior, mediante memorando SRN 34457 de 19

de mayo de 2021, la referida Subdirección de la entidad afirmó que

las obras fueron ejecutadas en diciembre de 2020 por el contratista

y supervisadas por el interventor del contrato de obra núm.1559 de

2015, razón por la que tuvo por cumplido a satisfacción lo ordenado

por el Tribunal.

Asimismo, el INVIAS, allegó, entre otros, los siguientes

documentos:

-. Concepto de revisión y diseño de bandas alertadoras en el

k44+100 Y K45+200 en la vía Aeropuerto El Edén - Club

Campestre-Armenia, de fecha 9 de diciembre de 2020, en el que se

propuso la instalación de “[…] resaltos parabólicos acompañados

con una adecuada demarcación horizontal y señalización vertical

siguiendo lo estipulado en el Manual de Señalización del

Ministerio de Transporte de Colombia, año 2015 y las

Especificaciones de Construcción de Carreteras vigentes en

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Colombia […]”12; igualmente, se recomendó la construcción de

puentes peatonales en la zona por el alto riesgo de siniestro vial

que existe;

-. Fotografías donde se observan obreros removiendo el pavimento

e instalando los resaltos parabólicos;

-. Actas de reunión núms. 01 y 02 de 9 de febrero de 2021,

elaboradas por el INVIAS, con participación de la comunidad, en

las que consta que se retiraron las bandas alertadoras instaladas en

el K44+100, y en su reemplazó se ubicó un resalto parabólico;

-. Memorando SRN 34457 de 19 de mayo de 2021, por medio del

cual la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS,

afirmó que las obras de retiro y sustitución de las bandas

alertadoras adelantadas por el Consorcio fueron ejecutadas en

diciembre de 2020 y supervisadas por el interventor del contrato,

como constaba en las respectivas actas de entrega y recibo

definitivo de las obras.

12 Resaltado de la Sala.

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Analizados en conjunto los anteriores documentos y las pruebas

decretadas en primera instancia, así como lo manifestado por el

demandante, el coadyuvante, el Consorcio y el INVIAS en el

escrito de alegatos de conclusión, la Sala colige que las bandas

alertadoras resaltadas instaladas en el PR 44+800 y PR 44+100 de

la doble calzada Aeropuerto El Edén - Club Campestre – Armenia,

fueron retiradas de la vía y, en su lugar, se instaló un resalto

parabólico, con lo cual se superó la vulneración de los derechos

colectivos amparados por el Tribunal.

En consecuencia y por sustracción de materia, no hay lugar a

impartir órdenes de amparo de los derechos colectivos porque éstos

ya no se encuentran vulnerados.

Siendo ello así, la Sala encuentra que sí existió la vulneración de los

derechos colectivos alegados por el actor, empero se presenta una

carencia actual de objeto por hecho superado, razón por la que se

revocarán los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la

sentencia y se confirmará en lo demás el fallo apelado.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR los numerales 4 y 5 de la parte resolutiva de

la sentencia de 8 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal

Administrativo del Quindío, por cuanto sí existió la vulneración

de los derechos colectivos alegados por el actor; empero no es del

caso imponer orden alguna por configurarse la carencia actual de

objeto por hecho superado.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente

al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

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Actor: JUAN ESTEBAN RICO TOQUICA

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 27 de enero

de 2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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