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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2017-00268-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2017-00268-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la primera instancia y, en su lugar, se ordena así: […] TERCERO: ORDENAR las siguientes medidas: 3.1. El Instituto Nacional de Vías, en el término de cuatro (4) meses siguientes a la notificación de la presente sentencia, realizará los estudios técnicos que permitan identificar cuáles son los dispositivos de seguridad vial que deben implementarse en el tramo vial del debate procesal, aplicando un criterio de reducción del impacto auditivo y vibracional, para lo cual deberá tener en cuenta el manual de seguridad vial. 3.2. Si de los estudios se desprende, la necesidad de desarrollar alguna obra, el Instituto Nacional de Vías, en el término de seis (6) meses siguientes al referido estudio, deberá adelantar las gestiones presupuestales y contractuales respectivas. La obra deberá ejecutarse en el término de un (1) año, contado a partir de la suscripción del contrato que tenga dicho fin. CUARTO: Se le ORDENA al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y AL DEPARTAMENTO DEL META, de manera conjunta, en el marco de sus competencias cumplir las siguientes órdenes: 4. CONFORMAR una mesa de trabajo, que tendrá que cumplir los siguientes objetivos: 4.1 La Alcaldía Municipal de Villavicencio implementará los estudios jurídicos y técnicos necesarios para adoptar, dentro del marco de la Constitución y la Ley, un diagnóstico del uso del suelo en el sector donde se evidenció la amenaza del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, con énfasis e impacto inmediato en la Institución Educativa Guillermo Cano Isaza, el Centro de Salud y las casas de habitación sobre las cuales en el marco de la inspección judicial, se puso de presente la situación de riesgo. 4.2. El Departamento del Meta estará a disposición del municipio y coordinará ante el requerimiento de trámites administrativos y la suscripción de convenios, contratos, transferencias de los recursos para enervar la problemática las Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia 24 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 50001233300020170026801 Demandante: Pablo Efraín Álvarez Medina […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2017-00268-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación núm.: 50001233300020170026801
Demandante: Pablo Efraín Álvarez Medina
Demandados: Instituto Nacional de Vías INVIAS, Departamento del Meta y
otros
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Se pretende la protección de los derechos colectivos al goce de
un ambiente sano, la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, con ocasión de la instalación de unas
bandas sonoras en la vía que conduce de Bogotá a Villavicencio
y en donde está ubicado, entre otras edificaciones el colegio
Guillermo Cano Isaza.

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por el INVIAS, el
Departamento del Meta y el Municipio de Villavicencio, contra la sentencia del 2 de marzo
de 2023 emitida por el Tribunal Administrativo del Meta, por la cual se ampararon los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el tramo conocido como la vía antigua que conduce desde Villavicencio (Curva del tigre)
hasta el peaje Pipiral, vía a Bogotá -costado derecho- está ubicada la Institución Educativa
Guillermo Cano Isaza, la cual es transitada por carrotanques y tractocamiones. A través de
un contratista, el Instituto Nacional de Vías-INVIAS instaló unos mecanismos denominados
bandas sonoras –como reductores de velocidad– que impactan con vibración y ruido, por lo
que, afectan las construcciones de la institución educativa y viviendas aledañas.

Señala el actor, que los hechos descritos vulneran los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente de los
estudiantes y de la comunidad educativa del colegio Guillermo Cano Isaza.

Radicado: 50001233300020170026801
Demandante: Pablo Efraín Álvarez Medina
Demandados: INVIAS y otros

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

II.1. Mediante auto del 30 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la
demanda, ordenó notificar al INVIAS, a la Defensoría del Pueblo- Regional Meta, así como,
le comunicó la existencia de la acción a la Procuraduría Judicial II Delegada ante el Tribunal
Administrativo del Meta.1

II.2. Como vecinos del lugar donde presuntamente se generaba la vulneración, los
ciudadanos Pilar Estela García Pineda, Carlos Miguel Romero, Ana Cleofe Jiménez, Blanca
Susana Romero Romero presentaron coadyuvancia al medio de control de derechos e
intereses colectivos, la cual fue admitida por auto del 31 de octubre de 2018.2

II.3. El Instituto Nacional de Vías–INVIAS contestó la demanda. Dijo que se oponía a
todas las pretensiones. Expuso, como principales argumentos de defensa, el cumplimiento
de los deberes legales de la entidad y atención de la vía. Señaló que las bandas alertadoras
se instalaron con ocasión de las solicitudes de la comunidad y con los requerimientos
técnicos y estándares nacionales e internacionales para la construcción de reductores de
velocidad, en el marco de la ejecución del contrato 1205 de 2015.

II.4. Por auto del 14 de diciembre de 2018, el Tribunal Administrativo del Meta fijó fecha
para celebrar audiencia de pacto de cumplimiento3, la cual se llevó a cabo y se declaró
fallida el 30 de enero de 2019.4

II.5. El 19 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo del Meta abrió el proceso a la etapa
probatoria5 y el 10 de junio de 2019 corrió traslado para los alegatos de conclusión.6

II.6. El demandante presentó alegatos de conclusión. Manifestó que el Instituto Nacional de
Vías INVIAS tenía a su cargo el mantenimiento de la vía antigua que conduce desde
Villavicencio hasta el peaje el Pipiral.

En relación con las pruebas pidió que se desestimara lo manifestado por el Director
Regional de INVIAS sobre las condiciones técnicas de las viviendas del sector, de las cuales
sostuvo, que si bien no fueron construidas con los requerimientos legales y técnicos, no era
el asunto discutido en el proceso, sino más bien, que se tuviera en cuenta la consideración
principal, esto es, que las bandas instaladas afectaban los derechos colectivos a un
ambiente sano y a la prevención de riesgos técnicamente previsibles.

En cuanto a la prueba pericial resaltó que se concluyó que, pese a la construcción de las
defensas o bandas alertadoras, se encontraron afectaciones en la estructura a causa de
ello.

Llamó la atención la prueba pericial en lo que refería al paso de la vía antigua Villavicencio
Bogotá, las fallas geológicas y los movimientos en masa, para resaltar que era importante

1 Fl. 71 del C. Principal.
2 Fls. 76 a 90 y fl. 121 del C. Principal.
3 Fl. 130 del C. Principal.
4 Fls. 145 y 146 del C. Principal.
5 Fls. 156 a 158 del C. Principal.
6 Fl. 219 del C. Principal.

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Demandante: Pablo Efraín Álvarez Medina
Demandados: INVIAS y otros

evaluar, analizar y minimizar las afectaciones que el paso de los vehículos pesados podría
causar en una zona geológica como esta.

Pidió que se concluyera que las bandas alertadoras si tenían incidencia en los daños que
se generaban en las construcciones de la institución educativa.

Respecto de la afectación sonora, manifestó que era evidente que la afectación amenazaba
el derecho colectivo al goce de un ambiente sano.7

II.7. La Procuraduría 48 Judicial Delegada ante el Tribunal del Meta emitió concepto y
solicitó negar las pretensiones de la demanda, puesto que, demostrada la inestabilidad
geológica, acreditados los movimientos en masa y las variaciones de taludes, y en general,
cualquier aspecto que afectara la morfología de la zona, aunado a la existencia de la norma
técnica NSR 10 promulgada por el decreto 926 del 19 de marzo de 2010 -la cual no se
aplicó a la construcción de la institución educativa- llevaban a concluir que la afectación a
los derechos colectivos no era imputable al INVIAS.

En cuanto a la problemática del ruido como afectación al derecho colectivo a un ambiente
sano, señaló que no estaba demostrado técnicamente que superara los decibeles
permitidos, ya que no se demostró en el proceso.8

II.8. El Instituto Nacional de Vías–INVIAS presentó alegatos de conclusión. Señaló que
suscribió el contrato 1205 de 2015, para atender las solicitudes de la comunidad y de la
institución educativa en la construcción y mantenimiento de reductores de velocidad en la
jurisdicción de la Dirección Territorial del Meta a cargo del INVIAS.

Argumentó sobre la importancia de las bandas alertadoras para garantizar la seguridad de
los usuarios, con el objetivo de restringir la velocidad a 30 kilómetros por hora, en esta zona
por ser un cruce peatonal y de estudiantes.

Señaló que, de la inspección judicial realizada en el marco del proceso se estableció que el
paso de tractomulas no generaba vibración, así como, que las viviendas que se encuentran
construidas dentro de la banda de retiro de la vía tienen construcciones con materiales
irregulares variados y métodos constructivos artesanales sin ningún tipo de licenciamiento
de construcción.

Trajo en mención el informe rendido por el ingeniero civil Rafael Eduardo Comas Mejía que
realizó una revisión detallada de las condiciones estructurales de la institución educativa y
de las viviendas aledañas a la vía, el cual da cuenta de las falencias de los métodos
constructivos, por lo tanto, estableció que no le asistía razón a la parte actora para afirmar
que los daños de las estructuras aledañas son producidos por el INVIAS.9

II.9. El 16 de marzo de 2022, la magistrada sustanciadora vinculó al Municipio de
Villavicencio, Departamento del Meta y a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Área de Manejo Especial de la Macarena -Cormacarena-, en atención a que, rendidos el
informe de peritazgo y adelantada la inspección judicial, se evidenció la presencia de un

7 Fls. 221 a 224 del C.Principal.
8 Fls. 225 a 228 del C.Principal.
9 Fls. 229 a 232 del C. Principal.

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riesgo como consecuencia de la ubicación, las condiciones geológicas, sísmicas y la
construcción de viviendas sin las normas técnicas adecuadas para el terreno.10

II.10. El Departamento del Meta pidió que lo desvincularan del proceso y se negaran las
pretensiones de la demanda, porque no se había demostrado que la vulneración o amenaza
le fueran atribuibles a la entidad, por lo que excepcionó falta de legitimación en la causa
material de la entidad.11

II.11. El Municipio de Villavicencio se opuso a las pretensiones de la demanda y alegó la
falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que el tramo de la vía donde se
instalaron los reductores de velocidad estaba a cargo del INVIAS y el municipio no debía
asumir el mantenimiento.12

II.12. Cormacarena señaló que no tenía competencia para determinar riesgos o amenazas
en temas de sismología, lo cual le correspondía al servicio geológico colombiano.13

II.13. Frente a la vinculación de las entidades, el 21 de junio de 2022 se llevó a cabo
audiencia de pacto de cumplimiento, en la cual no hubo acuerdo.14

II.14. Como resultado de la vinculación del Departamento del Meta, del Municipio de
Villavicencio y de CORMACARENA, el Tribunal Administrativo del Meta decretó pruebas
solicitadas por las vinculadas mediante auto del 9 de noviembre de 2022 15 y por auto del 9
de diciembre de 2022 corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.1617

II.15. El 13 y 14 de diciembre de 2022, el accionante y el INVIAS allegaron nuevamente los
alegatos de conclusión presentados con antelación.18

II.16. El 15 de diciembre de 2022, el municipio de Villavicencio presentó alegatos de
conclusión. En su memorial señaló que no tenía legitimación en la causa para ser
demandada, porque el INVIAS era quien se encargaba de la infraestructura vial, en este
caso de la ruta 40 de la Red Vial Nacional. Afirmó que la prueba de la responsabilidad
estaba consagrada en el Contrato 1205 del 11 de agosto de 2015 suscrito para la
“Construcción y mantenimiento de reductores de velocidad en la jurisdicción de la Dirección
Territorial del Meta en carreteras a cargo del INVIAS.

10 Índice 0003 de SAMAI. Expediente digital, actuaciones en otros Despachos. Magistrada sustanciadora

Teresa Herrera Andrade.
11 Índice 00012 de SAMAI. . Expediente digital, actuaciones en otros Despachos. Magistrada sustanciadora

Teresa Herrera Andrade.
12 Índice 000013 de SAMAI. Expediente digital. actuaciones en otros Despachos. Magistrada sustanciadora

Teresa Herrera Andrade.
13 Índice 000014 de SAMAI. Expediente digital. actuaciones en otros Despachos. Magistrada sustanciadora

Teresa Herrera Andrade.
14 Índice 00032 de SAMAI. Expediente digital. actuaciones en otros Despachos. Magistrada sustanciadora

Teresa Herrera Andrade.
15 Índice 000041 de SAMAI. Expediente digital. Actuaciones en otros Despachos. Magistrada sustanciadora

Teresa Herrera Andrade.
16 Índice de SAMAI 00049. Gestión en otros despachos. M. Ponente. Teresa de Jesús Herrera Andrade.

18 índice de SAMAI 00052 y 00053. Gestión en otros despachos. Magistrada ponente Teresa de Jesús
Herrera Andrade.

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A su vez, señaló que no existía alguna obligación del municipio frente al mantenimiento de
la vía 40 de la Red Nacional de vías, por lo que, no podía eliminar los reductores de
velocidad instalados.

En cuanto a las competencias del municipio, señaló que requirió a su propia Secretaría de
Educación para que analizara la situación de riesgo y en caso de ser necesario tomara las
medidas, tales como la cofinanciación del gobierno nacional para solucionar la
problemática.

Afirmó que en cuanto al contenido del numeral 9.2 del artículo 76 de la Ley 715 de 2001, la
facultad allí contenida está condicionada a que exista un acompañamiento de financiación
por parte de la Nación, por las limitaciones presupuestales del municipio, además, que la
garantía de la prestación del servicio de educación debía generarse desde el gobierno
nacional.19

II.17. El 11 de enero de 2023, Cormacarena presentó alegatos de conclusión. Adujo que
con la expedición de la Ley 99 de 1993 se dispuso que las corporaciones autónomas
regionales son los entes encargados de administrar el medio ambiente dentro de su área
de jurisdicción, por tal razón, señaló que Cormacarena no tenía la competencia para
determinar los riesgos y las amenazas relativos a estudios sismológicos sino que en materia
de riesgos le correspondía el estudio de posibles amenazas a fenómenos naturales.

Señaló que no había nexo causal entre el daño y la demandada Cormacarena y tampoco
podía imputársele alguna responsabilidad, por lo que, pidió que se denegaran las
pretensiones de la demanda.20

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo del Meta amparó los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, y la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. A
continuación, se transcribe la parte resolutiva:

“PRIMERO: Se DECLARA probada la falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta
por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO
ESPECIAL LA MACARENA- CORMACARENA, por lo expuesto en la parte considerativa de
esta providencia.

SEGUNDO: PROTEGER LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce de un ambiente sano, a
la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, de conformidad con las
consideraciones expuestas.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se le ordena al INVIAS que en el
término de tres (3) meses contados desde la ejecutoria de la presente providencia, remueva
las bandas alertadoras resaltadas instaladas en la ruta 40 MTA Vía Antigua Pipiral-
Villavicencio en el PR90+850 y las remplace por otros dispositivos que brinden seguridad en

19 Índice 00054 de SAMAI. Gestión en otros despachos. Magistrada Ponente. Teresa de Jesús Herrera
Andrade.
20 índice 00056 de SAMAI. Gestión en otros despachos. Magistrada Ponente: Teresa de Jesús Herrera
Andrade

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la vía, de acuerdo con la reevaluación del estudio y diseño de señalización vial aprobado que
deberá realizar en el mismo término.

Así mismo, se le ORDENA al INVIAS para que en el término de tres (3) meses contados
desde la ejecutoria de la presente providencia, elabore los estudios necesarios encaminados
a determinar la necesidad del paso peatonal, teniendo en cuenta factores tales como el flujo
poblacional alrededor de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO CANO ISAZA y las
condiciones del sector son adecuadas para la construcción de un puente peatonal, en aras de
proteger los derechos de dichas personas.

CUARTO: Se le ORDENA al DEPARTAMENTO DEL META y AL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, que de manera conjunta, en virtud de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad consagrados en el artículo 288 de la Constitución Política de
1991, adopten las medidas administrativas y presupuestales a que haya lugar para que en el
término de tres (3) meses contados desde la ejecutoria de la presente providencia, realicen
un estudio que permita adoptar medidas de mitigación a los inmuebles afectados, entre ellos,
la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO CANO ISAZA, por la alta inestabilidad geológica
y tectónicamente activa que se presenta en la zona, estudio que les corresponde efectuar a
las autoridades en comento, en su calidad de responsables de la gestión del riesgo.

QUINTO: CONFORMAR un Comité de verificación del cumplimiento de este fallo, el cual
estará presidido por la Magistrada Ponente e integrado por el actor popular, un delegado del
INVIAS, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META y por el
Procurador Judicial delegado ante este Tribunal. El mencionado Comité que se constituirá
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia, deberá reunirse de forma
trimestral, para lo cual, previa su convocatoria por parte de quien preside cada uno de los
integrantes presentará un informe para ser valorado en la reunión del Comité y uno final sobre
el cumplimiento total de las obligaciones acá impuestas.

SEXTO: CONDENAR en costas parciales al INVIAS, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y
DEPARTAMENTO DEL META, equivalente a un 50% de la liquidación que se practique.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 de
Ley 472 de 1998 y remítase copia del fallo definitivo a los integrantes del Comité de
Verificación, para que procedan de conformidad. […]” 21

Al amparar los derechos, el Tribunal Administrativo del Meta consideró que:

Independientemente de la causa de las fallas en las estructuras con la instalación de los
reductores de velocidad que instaló el INVIAS, existía un riesgo demostrado con el informe
de peritazgo por las condiciones de las estructuras, puesto que carecían de técnicas sismo
resistentes, aunado a que la zona es de alta inestabilidad geológica y tectónica activa.

Entonces, conforme a la Ley 715 de 2001, sobre la responsabilidad de los municipios en
prevención y atención de desastres y la ley 1523 de 2012 -sobre la responsabilidad de
gobernadores y alcaldes como conductores a nivel territorial de la seguridad, la tranquilidad
y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción- y, en el caso de los gobernadores -bajo los
principios de coordinación, complementariedad y subsidiariedad- debían solucionar la
problemática que amenaza los derechos colectivos invocados.

21 Índice de SAMAI 00002. Expediente digital.

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En cuanto a CORMACARENA, señaló que no se le podía atribuir responsabilidad porque
la acción no conllevaba gestión del riesgo correspondiente a la sostenibilidad ambiental,
por tanto, no había legitimación en la causa por pasiva para la entidad.

Sobre la vulneración de los derechos colectivos invocados con ocasión de la instalación de
reductores de velocidad, señaló que en la inspección judicial se pudo constatar desde una
distancia considerable el ruido que se generaba cuando los vehículos pesados transitaban
por encima de las bandas alertadoras, además, que cuando se le preguntó al Director
Territorial del INVIAS sobre los estudios que se tuvieron en cuenta para la instalación de
los reductores, cotejado con el informe de peritazgo y el manual de señalización vial 2015
se concluyó que: si bien la instalación de reductores de velocidad en el sector era necesaria,
por las personas que viven y transitan por allí y por encontrarse las instituciones educativas
las bandas alertadoras, no eran la opción más acorde, por la producción del ruido y
vibración que genera al paso de los vehículos.

Señaló que, al realizar un comparativo con las características de las bandas alertadoras,
no cumplían con los requerimientos técnicos establecidos para ello –conforme al Manual
de Señalización Vial 2015– por lo que se incrementó el ruido. Además, la vibración
producida por estos elementos artificiales deteriora la calidad del medio ambiente, en
consecuencia, encontró vulnerado el derecho al goce de un ambiente sano. Determinó que,
como el INVIAS es el encargado del cuidado de ese tramo y quien, además, instaló las
bandas alertadoras, le correspondía enervar la causa de la vulneración.

En relación con el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente precisó que resultaban evidentes las afectaciones en las estructuras de las
viviendas y de la institución educativa conforme al informe de peritazgo, cuya causa era la
presencia de una zona de inestabilidad geológica y tectónicamente activa, por lo que se
hacía necesario que cualquier edificación que se hiciera debía adecuarse a la norma técnica
NRS-10.

Concluyó que como no se podía establecer que las bandas fueran la causa, en todo caso,
les correspondía a las autoridades territoriales –Municipio de Villavicencio y Departamento
del Meta– atender la problemática evidenciada, como autoridades llamadas a prevenir y
atender los desastres en su jurisdicción.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

IV.1. El Municipio de Villavicencio insistió en la falta de legitimación en la causa por pasiva
y la inexistencia de la obligación a su cargo, porque el encargado de la Vía 40 de la Red
Nacional de Vías a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) de Colombia, el cual se
encarga de ejecutar políticas públicas, estrategias, planes y programas relacionados con la
infraestructura vial.

En cuanto a la responsabilidad atribuida conforme a las competencias de los municipios en
materia de prevención y desastres, manifestó que conforme al numeral 9.2 del artículo 76
de la Ley 715 de 2001 se deben adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo
y reubicación de asentamientos conforme a las limitaciones presupuestales de los
municipios.

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Además, dijo que no existen circunstancias relevantes para establecer que el Municipio de
Villavicencio como entidad pública obró indebidamente y que es al INVIAS a quien
corresponde solucionar la problemática presentada.

Finalmente argumentó, que el tránsito de vehículos de carga pesada había disminuido
porque se habilitó el paso por el túnel Buenavista, por lo que, los derechos invocados por
el actor popular se entendían como un hecho superado.

IV.2. El Departamento del Meta en el recurso de apelación manifestó su inconformidad
con la sentencia de primera instancia, porque se le responsabilizó por la vulneración del
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente sin
que se demostraran cuáles eran las acciones u omisiones en las que incurrió la entidad por
los daños estructurales que presentan las viviendas y la institución educativa, porque, si
bien es cierto que por las fallas geológicas produjeron la afectación de las edificaciones
construidas, no son razones suficientes para determinar que el Departamento del Meta esté
vulnerando o amenazando el derecho colectivo amparado.

Agregó que, si bien está probado que los inmuebles están afectados estructuralmente
debido a la zona donde se encuentran, el fallo de primera instancia omitió determinar
verdaderamente las causas que dieron origen a la situación que se presenta y los
responsables de la vulneración o amenaza, porque conforme al uso del suelo se omitió
razonar sobre: ¿Cuál era el nivel de riesgo de la zona?, ¿Si está permitida o no la
construcción de edificaciones en el lugar? ¿Si quienes realizaron las construcciones son
los propietarios y tienen licencia de construcción ante las curadurías urbanas? ¿En qué
sector se encuentran las edificaciones y si hay un área de protección ambiental? ¿Si de ser
permitidas las construcciones de edificaciones en este sector conforme al POT, el municipio
había desarrollado sus competencias, a través de la Secretaría de Control Físico para
verificar en esas edificaciones el cumplimiento de las normas de construcción?

De acuerdo con lo anterior, alega una falta de competencia y le traslada la responsabilidad
al Municipio de Villavicencio, por ser el responsable de la gestión del riesgo, y, a los
propietarios de las construcciones, por desarrollarlas sin las condiciones técnicas.

IV.3. El Instituto Nacional de Vías-INVIAS señaló que no se debió concluir que las bandas
alertadoras deterioraban la calidad del medio ambiente, porque de la inspección judicial y
el dictamen pericial se estableció que las bandas no eran la causa del deterioro de las
edificaciones adyacentes, y si estas se encontraran diseñadas bajo los parámetros de
sismo resistencia de la norma técnica NRS- 10 no existiría el riesgo señalado.

Reparó que el informe de peritazgo no hizo comprobaciones técnicas de ruido ocasionado
por las bandas alertadoras y tampoco sobre los límites sonoros establecidos en la
Resolución No 0627 de 2006 –norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental–, por
lo que, a su juicio, se dio valor probatorio a la sensación auditiva de la magistrada
sustanciadora en la inspección judicial, y no a las reglas de carga probatoria contenidas en
el artículo 167 del Código General del Proceso al no acreditar objetivamente la vulneración
del derecho al medio ambiente sano, sino que conjeturó esa circunstancia para estructurar
la responsabilidad del INVIAS.

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Criticó la forma como se interpretó el Manual de Señalización Vial de 2015, con una
interpretación gramatical de uno solo de los apartes del capítulo 5, numeral 5.9, sin tener
en cuenta otras características de la vía, sumadas a las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que llevaron técnicamente al INVIAS a optar por las bandas alertadoras.

Dijo que el artículo 5.9.1 del manual técnico citado señala que este dispositivo se utiliza
para alertar a los conductores de los vehículos cuando se acercan a cambios en las
condiciones de la vía o de su entorno, por ejemplo, curvas pronunciadas, entradas a
poblados en vías rurales, proximidades a estaciones de peaje, zonas escolares, fin de vía
con situación de PARE, y otras singularidades que a veces pueden no ser percibidas
adecuadamente por un conductor que no esté totalmente alerta. La acción preventiva para
implementar debe deducirse de la señalización que se disponga en las proximidades a las
bandas.

Manifestó que el PR 90+450 – PR 90+650 se encuentra ubicado en una vía curva, con zona
escolar, con entrada a poblado en sector rural y que para el año 2015 tenía tránsito vehicular
de carga pesada de lo cual se deduce que es viable su instalación ya que la vía cumple con
las condiciones establecidas en el manual de señalización para la instalación de bandas
alertadoras.

Igualmente, sostuvo que el poco número de casas construidas sobre la vía ocupan la franja
de la misma, lo que quiere decir que construyeron sin licencia urbanística, sin cumplir con
la norma sismorresistente y sin respetar lo previsto por el artículo 2 de la ley 1228 de 2008
sobre “ Zonas de reserva para carreteras de la red vial nacional”, que dispone para las
carreteras de primer orden 60 metros de distancia, situación que genera que los ruidos de
cualquier tipo de tráfico sean más sensibles por la cercanía de las edificaciones en la vía.

En cuanto a la aplicación del aparte del manual de señalización vial 2015 que contempla
que el uso de las bandas debe privilegiarse en vías rurales y que no se recomienda la
utilización en zonas de edificaciones habilitadas, ya que se incrementan los niveles de ruido
y se genera vibración al paso de los vehículos sobre estos dispositivos, el sentido de la
disposición es que debe privilegiarse en vías rurales, pero se trata de una recomendación
discrecional, porque la razón de ser de las bandas es alertar a los conductores y peatones
como acción preventiva para mitigar posibles accidentes viales.

Argumentó que las circunstancias que suscitaron los hechos de la acción popular para el
año 2015 habían cambiado, porque por Resolución No 4012 del 25 octubre de 2022,
expedida por el INVIAS, se autorizó el cierre total de la vía Pipiral- Villavicencio, Ruta
Nacional 40MTA, entre el PR 80+0000 y el PR 94+0583 y la concesión COVIANDINA, en
comunicado colgado a partir del 1° de diciembre de 2022 comenzó la operación normal del
túnel de Buenavista para todo tipo de vehículos incluidos los de tráfico pesado. Siendo
importante aclarar que el tráfico de la ruta 40MTA es netamente local y básicamente solo
circulan por esta vía automóviles y motocicletas.

Dijo que en cuanto a la orden del estudio ordenado en la primera instancia para determinar
el paso peatonal con factores como flujo poblacional alrededor de la institución educativa
Guillermo Cano Isaza, señaló que durante los años 2020 no se había reportado accidentes
entre los PR 90+450- PR90+650.

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Demandante: Pablo Efraín Álvarez Medina
Demandados: INVIAS y otros

Señaló que el volumen de tránsito del corredor vial Pipiral- Villavicencio se redujo en un
90% aproximadamente, debido a la apertura de los túneles de Buenavista, por lo que
solicitó que en aras de proteger el patrimonio público y evitar realizar gastos innecesarios
en la elaboración de informes en los cuales han desaparecido las circunstancias, pretendió
revocar las órdenes dadas a la entidad.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

V.1. Mediante auto del 23 de octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación promovido
por INVIAS, el Municipio de Villavicencio y negó la prueba solicitada por el Municipio de
Villavicencio para oficiar al INVIAS sobre el estado actual de la vía y a COVIANDINA para
que informara desde cuándo estaba permitido el paso de vehículos de carga pesada por el
túnel Buena Vista.22

V.2. Por auto del 23 de octubre de 2023, el Despacho ajustó el efecto en el que se
concedieron los recursos de apelación al efecto suspensivo.23

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150 de
la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por el Consejo de
Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los
recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.

VI.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia

VI.2.1. La Sala encuentra que el departamento del Meta y el municipio de Villavicencio
cuestionan las responsabilidades que se les atribuyen a cada uno –sin discutir la amenaza
a los derechos colectivos invocados–, por esta razón, en el caso de las entidades
territoriales, se estudiará si conforme a las funciones les es atribuible responsabilidad.

VI.2.2. En el caso del INVIAS cuestiona el alcance probatorio del amparo al derecho
colectivo del goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias- literal a del artículo 4 de la Ley 472
de 1998 y la interpretación que se le da a la disposición técnica del manual de señalización
de 2015. Por tanto, se establecerá si conforme a las pruebas se vulneró el derecho al goce
de un ambiente sano y la interpretación dada a la norma técnica –manual de señalización
de 2015–.

VI.3 El Municipio de Villavicencio

En el recurso de apelación, el municipio señaló que no tenía legitimación en la causa por
pasiva y no existía una obligación a su cargo, porque el encargado de la vía 40 era el
Instituto Nacional de Vías (INVIAS). De entrada, este argumento será desestimado, porque

22 Índice 00006 SAMAI.
23 Índice 00007 SAMAI.

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Demandante: Pablo Efraín Álvarez Medina
Demandados: INVIAS y otros

el origen de la responsabilidad atribuida al municipio no es la administración de la vía sino
las obligaciones que le corresponden como responsable de la prevención de desastres.

De otra parte, en el recurso se debate la responsabilidad atribuida conforme a las
competencias de los municipios en materia de prevención de desastres, porque conforme
al numeral 9.2 del artículo 76 de la Ley 715 de 2001 se deben adecuar las áreas urbanas y
rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos conforme a las limitaciones
presupuestales de los municipios, y además, se debate que no existen circunstancias
relevantes para establecer que el municipio obró indebidamente y que es al INVIAS a quien
corresponde solucionar la problemática presentada.

Sobre este argumento, vale la pena recordar que conforme el artículo 311 de la Constitución
Política le corresponde a los municipios ordenar el desarrollo de su territorio y promover el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

En armonía, la ley 388 de 1997 establece para los municipios -dentro de los límites de su
competencia fijados por la Constitución y las leyes- el deber de promover el ordenamiento
de su territorio mediante el conjunto de acciones político administrativas y de planificación
física concertadas, en orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización, transformación y
ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico, el
medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

A su vez, el artículo 14 de la ley 1801 de 2016, en ejercicio del poder extraordinario para la
prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad, obliga a
los municipios a adoptar medidas necesarias ante la materialización de un evento de riesgo;
y el artículo 40 de la ley 1523 de 2012 establece la obligación para los municipios de
identificar los asentamientos en riesgo y definir los mecanismos de reubicación de éstos,
así como ofrecer soluciones de vivienda, a partir de actuaciones urbanas integrales que
impliquen la colaboración efectiva y armónica entre las entidades del sector, por ejemplo,
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Fonvivienda.

En el proceso se encuentra demostrada la situación de riesgo conforme quedó establecido
en el informe de peritazgo rendido por el ingeniero civil, especialista en estructuras de la
sociedad Asesoría y Consultoría SAS, señor Rafael Eduardo Comas Mejía24 y el informe
técnico No 0015 de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres del 9 de junio de
2023, en los que se puede leer lo siguiente:

4. RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES:

24 Fls. 184 a 203 del C. Principal. Extraído del informe de peritazgo mencionado, según el cual:
“CONCLUSIONES(...)
Es importante tener en cuenta que la zona puesta en análisis es una zona de alta inestabilidad geológica y
tectónicamente activa, por lo que es esencial que cualquier edificación construida cuente con los elementos
estructurales capaces de asegurar la estabilidad a cargas gravitatorias y que además absorban cargas
sísmicas, así como lo indican los lineamientos de la NSR-10
Las construcciones adyacentes a la vía, construidas en los últimos 8 años no cuentan con un diseño
sismoresistente que permita el comportamiento óptimo de los elementos estructurales frente a escenarios
como este.
En lo que refiere al paso por la vía antigua Villavicencio- Bogotá, cabe resaltar que era de total importancia,
evaluar, analizar y minimizar las afectaciones que el paso de vehículo pesado podría causar en una zona
geológica como esta, con las estructuras que ya se encontraban antes de su construcción.

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En cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal Administrativo del Meta, Magistrada TERESA
HERRERA ANDRADE, en virtud del expediente 50001-23-33-000-2017-00268-00, el día 9 de
junio de 2023, se realizó visita técnica a la vereda Buenavista, específicamente Colegio
Guillermo Cano y sectores aledaños, incluyendo el tramo de la vía antigua vía Villavicencio-
Bogotá, frente a la misma Institución Educativa, sector donde están los reductores de
velocidad, encontrándose que:

• El área se ubica en la Unidad Geológica denominada “Formación Brechas de Buenavista
estructuralmente limitado por las fallas de Buenavista al oriente, falla del Mirador occidente.
-
• De acuerdo con el plano de amenaza por eventos de remoción en masa y plano de
zonificación de áreas con condición de Amenaza y Riesgo por remoción en masa Suelo Rural,
proporcionados por la Oficina de Gestión del Riesgo de Villavicencio, se identifica que
Institución Educativa Guillermo Cano y las viviendas ubicadas sobre el costado derecho de la
antigua vía Villavicencio- Bogotá en el sector visitado, han sido clasificadas de acuerdo a dicho
plano como “áreas con condición de riesgo”.
-
Cerca a la Institución Educativa, se identifica que algunas viviendas ubicadas en el costado
izquierdo de la antigua vía Villavicencio- Bogotá, solo presentan condición de amenaza, sin
embargo, en el plano de áreas con condición de riesgo, no se encuentran clasificadas dentro
de dicha zonificación.

• Regionalmente, el municipio de Villavicencio hace parte de los 12 municipios del
departamento del Meta, con amenaza sísmica alta, conforme a lo contenido en el Plan
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Norma Sismo Resistente
Colombiana- NSR-10 (…).
-
En virtud del análisis de información secundaria, las observaciones de la visita de campo y lo
contenido en la Ley 1523 de 2012, se presentan las siguientes recomendaciones “en relación
a las medidas de mitigación a los inmuebles afectados, entre ellos, la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA GUILLERMO CANO ISAZA, por la alta inestabilidad geológica y tectónicamente
activa que se presenta en la zona, de acuerdo a lo solicitado por el Tribunal Administrativo del
Meta.

. - A la Institución Educativa, se recomienda la aplicación del “Plan Escolar para la Gestión del
Riesgo siendo necesario la vinculación a los procesos de gestión del riesgo a estudiantes,
gobierno escolar, rectoría, Consejo Directivo, Consejo Académico, entre otras instancias de
la Institución Educativa, e involucrará en dicho Plan Escolar de Gestión de Riesgo todos los
eventos naturales y antrópicos que puedan generar amenaza/ riesgo.

. - De acuerdo a la Ley 1523 de 2012, se recomienda a la Oficina de Gestión del Riesgo de
Villavicencio, realizar acciones derivadas de los procesos de Conocimiento del Riesgo, en
sentido de concientizar a la comunidad acerca del riesgo existente en el territorio, rutas de
evacuación, puntos de encuentro, sistemas de alarma o alertas para avisar a la comunidad y
dar a conocer la cadena de llamado en caso de materializarse los diferentes escenarios de
riesgo.

. - A la Secretaría de Educación del municipio de Villavicencio, se recomienda realizar un
estudio estructural y geotécnico, conforme a la Normatividad Sismo Resistente NSR-10,
especialmente de acuerdo con el capítulo A-10 evaluación e intervención de edificaciones
construidas antes de la vigencia de la presente versión del reglamento.

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Con base en el principio de concurrencia, contemplado en el Artículo 3 de la Ley 1523 de
2012, es importante la articulación de la Institución Educativa con la Secretaría de Educación
del Municipio de Villavicencio y entidades que hacen parte del Consejo Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres Villavicencio. (…)

Tener en cuenta el Principio de Precaución contemplado en el Artículo 3 de la Ley 1523 de
2012, (…)

A INVIAS Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de se recomienda respetuosamente, la
aplicación de su Plan de Gestión de entidades Públicas y Privadas, en virtud del Decreto 2115
de 2017.

Nótese que, sobre el lugar existe una situación de riesgo probada que le corresponde al
municipio solucionar desde sus funciones legales y constitucionales, por lo que se
confirmará la decisión de primera instancia, en cuanto a la amenaza al derecho colectivo a
la seguridad y la prevención de desastres previsibles técnicamente.

Además, en cuanto a las limitaciones presupuestales no es cierto que el numeral 76.9.2 de
la Ley 715 de 2001 condicione la adecuación de las áreas urbanas y rurales en zonas de
alto riesgo y reubicación de asentamientos a factores presupuestales, para ello, la ley prevé
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres contenido en la Ley 1523 de 2012,
el cual contempla las formas, los fondos y las gestiones que deben adelantar los entes
territoriales a fin de desarrollar ese contenido normativo.

Finalmente, en cuanto a la consolidación de una carencia actual de objeto por hecho
superado, dada la disminución del tránsito de vehículos de tráfico pesado por habilitación
de otra vía diferente al lugar que presenta la problemática-, esta Corporación ha explicado
que para que se estime un hecho superado se debe entender:

“[…]Respecto de la carencia actual de objeto por hecho superado esta Sala ha
sostenido25:

“[…] la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la
acción se da cuando se comprueba que entre la presentación de ésta y el momento de
dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había
solicitado y, en tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección, pero en
todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración existió pero
desapareció […]” (Destacado de la Sala).

En ese entendido, el fenómeno de la carencia actual de objeto se configura cuando: i)
se prueba que a la fecha de presentación de la acción existía una vulneración o
amenaza de un derecho colectivo, sin embargo, si no se acredita la transgresión, no se
configura el hecho superado; ii) que en el curso del proceso, cese la amenaza o
vulneración del derecho; y, iii) que al momento de dictar sentencia no sea posible, por
sustracción de materia, impartir órdenes de amparo del derecho colectivo porque este
ya no se encuentra amenazado ni vulnerado.[…]”26

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco

Antonio Velilla Moreno, sentencia de 29 de agosto de 2013, número único de radicación: 25000-23-24-000-
2010-00616-01(AP).
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera- 27 de enero de 2022.

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicado: 63001-23-33-000-2019-00254-01 (AP)

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De acuerdo con lo anterior, para la Sala no está demostrado que en el transcurso del
proceso cesara la amenaza o vulneración del derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente o que por sustracción de materia no se puedan impartir
órdenes, dado que el sólo hecho que hubiese disminuido el tráfico en la vía, no enerva la
situación de riesgo que se presenta en la zona, pues ello como quedó acreditado en el caso
concreto deviene en gran medida por la ubicación y las condiciones técnicas en que fueron
construidas las viviendas, con anuencia del municipio, por lo tanto, no ha operado la
carencia actual de objeto por hecho superado, en consecuencia, se confirmará la decisión
de primera instancia en relación con el amparo y obligaciones impuestas al municipio de
Villavicencio.

VI.4. El departamento del Meta

En el recurso de apelación señaló como discrepancia con el fallo de primera instancia que
se le hubiera responsabilizado por la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente sin demostrar las acciones u omisiones
en que incurrió la entidad por los daños estructurales que presentan las viviendas.

De conformidad con los artículos 12 y 13 de la Ley 1523 de 2012, el gobernador funge
dentro del sistema nacional de prevención de riesgos como conductor en su nivel territorial
y tiene las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad en el ámbito de su jurisdicción, así mismo, la administración departamental es la
instancia de coordinación de los municipios que existen en su territorio y están a cargo de
las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los
municipios de su departamento.

De acuerdo con lo anterior, el principio de subsidiariedad positiva le impone a las
autoridades de rango superior el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango
inferior, cuando estas últimas no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su
materialización en desastres o cuando esté en riesgo un valor, un interés o un bien jurídico
protegido relevante en el que la autoridad superior acude en ayuda de la entidad afectada,
lo anterior, en los términos del numeral 14 del artículo 3 de la Ley 1523 de 2012.

Por otra parte, ante la discusión de la existencia del riesgo, la legalidad de las
construcciones, las cuales devienen de los interrogantes formulados en la apelación, según
los cuales el fallo de primera instancia no definió: ¿Cuál era el nivel de riesgo de la zona?
¿Si estaba permitida la construcción de edificaciones en el lugar?, ¿Si quienes realizaron
las construcciones eran los propietarios y tenían licencia de construcción ¿Si en los lugares
donde está construido hay una zona de protección ambiental? y, ¿Si el municipio ejerció el
control físico para verificar el cumplimiento de las construcciones?

Demostrada como se encuentra la situación de riesgo, tal como se señaló en el acápite
anterior, del cual vale la pena traer a colación las siguientes precisiones del informe de
peritazgo del ingeniero Comas Mejía:

[…]

• De acuerdo con el plano de amenaza por eventos de remoción en masa y plano de
zonificación de áreas con condición de Amenaza y Riesgo por remoción en masa Suelo Rural,
proporcionados por la Oficina de Gestión del Riesgo de Villavicencio, se identifica que

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Institución Educativa Guillermo Cano y las viviendas ubicadas sobre el costado derecho de la
antigua vía Villavicencio- Bogotá en el sector visitado, han sido clasificadas de acuerdo a dicho
plano como “áreas con condición de riesgo”.
-
Cerca a la Institución Educativa, se identifica que algunas viviendas ubicadas en el costado
izquierdo de la antigua vía Villavicencio- Bogotá, solo presentan condición de amenaza, sin
embargo, en el plano de áreas con condición de riesgo, no se encuentran clasificadas dentro
de dicha zonificación. […]

En armonía con lo anterior, la Sala observa que en la inspección judicial se visitó la
Institución Educativa Guillermo Cano Isaza, a las casas aledañas y al centro de salud, en
la cual se hicieron las siguientes observaciones:

[…] Se procedió a realizar la inspección al (sic) INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GUILLERMO CANO ISAZA en compañía de los asistentes (…) acto seguido, el
personal de la diligencia se dirige a las aulas que según el Accionante, fueron afectadas
y reconstruidas por el Banco Congente, se ingresó al aula de clases ubicadas en el
primer piso de las instalaciones donde se observó grietas en el piso y en la pared exterior
del aula; posteriormente, se visita un salón ubicado en el 2º piso y en la pared exterior
del aula; posteriormente, se visita un salón ubicado en el 2º piso del Colegio,
evidenciándose igualmente grietas en el piso (…). Seguidamente se procede a realizar
inspección a los inmuebles de las coadyuvantes BLANCA SUSANA ROMERO
ROMERO (VIDEO 5 Casa 1- CD), ANA CLEOFE JIMENEZ (VIDEO 6 CASA 2- cd) y
CARLOS MIGUEL ROMERO (Video 7 Casa 3- CD); así mismo, al centro de salud (video
8 Puesto de Salud- CD), y se interrogó a la jefe del Centro de Salud sobre el impacto
del paso de las tractomulas por el sector respondió, que la semana anterior habían
hecho reparaciones en el Centro de Salud debido al agrietamiento por la vibración de
las tractomulas por el sector, pues se siente mucho y afecta a los pacientes.
Continuamos la inspección en la vivienda del señor GILBERTO ROMERO, vecino del
sector observando agrietamientos en los pisos y en las paredes (video 10- casa 5- CD);
también en la casa de la coadyuvante PILAR ESTER GARCIA PINEDA, donde se
observan agrietamientos en los pisos y en las paredes (video 10 Casa 5- CD); también
la casa de la Coadyuvante PILAR ESTER GARCÍA PINEDA, donde se observan
agrietamientos (video 11 Casa 6- CD) y por último la casa de un vecino del sector, señor
MARCO ANTONIO MATEOS CAMACHO, en el sótano tiene agrietamiento en las
paredes y marcos de las puertas.

Por tanto, de acuerdo con estos medios probatorios analizados, los cuales dan cuenta de:
(i) la situación de riesgo concluida fundamentalmente del informe de peritazgo, y, (ii) las
condiciones físicas de las casas, centro de salud e institución educativa, llevan a desestimar
el argumento de la apelación que cuestiona la situación de riesgo del sector.

Sobre la legalidad de las construcciones, la consolidación de las viviendas en el lugar y la
falta de control por parte del municipio, esta Sala frente a la responsabilidad de municipios
y departamentos en un caso similar señaló que:

[…] V. 5. Sobre el municipio de Quetame

Según el recurso de apelación, al municipio no debe responsabilizársele: (i) por el
asentamiento de la comunidad de Puente Quetame, porque los hechos son anteriores
(asentamiento de 40 años aproximadamente) a la expedición de la ley 388 de 1997 y el
Decreto 024 del 2001 -por el cual creó la Oficina de Planeación Municipal-; (ii) por la
falta de regularización de construcciones preexistentes, porque no es un ejercicio que

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pueda hacer de oficio, más cuando la ubicación de las viviendas impiden el
reconocimiento de edificaciones por la imposibilidad establecida en el Decreto 1197 de
2016; (iii) finalmente, no puede responsabilizársele, porque inició las actuaciones
administrativas decretadas en las medidas de urgencia.

Sobre el particular, precisa la Sala que la demanda fue interpuesta aproximadamente
14 años después de la expedición del Decreto 024 de 2001 municipal -creación de
planeación municipal-, y 18 años de la expedición de la ley 388 de 1997, lo cual obliga
a mirar qué actividades ha emprendido la administración, para organizar su territorio y
cuáles podrían hacer falta.

Bajo esa perspectiva, es deber del municipio avanzar en el cumplimiento de las normas
relacionadas con su actividad, y es así como, el artículo 311 de la Constitución Política,
les impone a los municipios ordenar el desarrollo de su territorio y promover el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

A su vez, la ley 388 de 1997 establece para los municipios -dentro de los límites de su
competencia fijados por la Constitución y las leyes- el deber de promover el
ordenamiento de su territorio mediante el conjunto de acciones político administrativas
y de planificación física concertadas, en orden a disponer de instrumentos eficientes
para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo
socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y
culturales […]

[…]

Sobre el argumento de la falta de legitimación en la causa del departamento de
Cundinamarca, se tiene que, en los términos de los numerales 12 y 13 de la ley 1523
de 2012, los gobernadores, al igual que los alcaldes, son conductores del sistema
nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para
conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción;
Así mismo, son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y
desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres y proyectan hacia las
regiones la política del Gobierno Nacional y responden por la implementación de los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito
de su competencia territorial. En esa vía, los gobernadores tienen el deber de poner en
marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres
en su territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo departamental,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a
través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación,
constituyéndose como instancia de coordinación de los municipios en su territorio. […]27

Por tanto, en aplicación del principio de subsidiariedad positiva, el departamento deberá
concurrir en la solución de la problemática, sin embargo, habrá de aclararse la orden, en
tanto, deben precisarse las obligaciones y el impacto de estas.

VI.5. El INVIAS

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera- 03 de abril de 2025.

Ponente: Oswaldo Giraldo López. Radicado: 25000-23-41-000-2015-01977-03 (AP)

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En el recurso del INVIAS se señaló que en la sentencia de primera instancia no se debió
concluir que las bandas alertadoras deterioraban “la calidad del medio ambiente, por tanto,
resultaba amenazado el derecho colectivo consagrado en el literal a del artículo 4 de la Ley
472 de 1998”, porque de la inspección judicial y el informe de peritazgo no se estableció
que este mecanismo deteriorara las edificaciones adyacentes.

Así mismo, que la causa de la avería en las instalaciones de la institución educativa y las
casas aledañas es la falta de diseños sismo resistentes.

Por otra parte, se atacó: (i) la decisión de amparar el derecho colectivo al goce de un
ambiente sano, por falta de comprobaciones técnicas de los niveles de ruido, y (ii) la
interpretación que se hizo de la norma técnica “Manual de Señalización Vial 2015”, la cual,
según el recurso, era una recomendación y no una norma imperativa en cuanto a la
prevalencia de ubicación de las bandas en sitios rurales por el ruido y vibración que
ocasionaban.

Finalmente, se argumentó que con la Resolución No 4012 del 25 de octubre de 2022,
mediante la cual el INVIAS cerró la vía y puso en operación el túnel Buenavista –lo cual
mutó el tránsito de tráfico pesado a carros livianos y motos en el sector de la vulneración–
se configura un hecho superado.

Sobre el particular, el fallo de primera instancia razonó lo siguiente:

“(…) Teniendo en cuenta las pruebas obrantes en el plenario, entre ellas, la diligencia de
inspección judicial, que se llevó a cabo en el kilómetro 5 de la vía antigua que de
VILLAVICENCIO conduce a la ciudad de BOGOTÁ, la cual fue presidida por la Magistrada
Sustanciadora, en la video- grabación de la misma, se puede percibir desde una distancia
considerable el ruido que se genera cuando los vehículos pesados transitan por encima de
las bandas alertadoras. Así mismo, cabe señalar, que cuando se le indagó al Director
Territorial de INVIAS, acerca de los estudios que tuvieron en cuenta para la instalación de
estos reductores de velocidad, textualmente manifestó:

“(…) La instalación de las bandas alertadoras o reductoras se hace con base en el manual de
señalización del año 2015, del MINISTERIO DE TRANSPORTE y del INVIAS que está
vigente, según directriz del MINISTERIO DE TRANSPORTE y define cuál es el número de
bandas, el ancho y longitud de las mismas y los espesores del material que se instala en cada
sentido de la vía, y los espesores del material que instala en los sitios donde se debe
garantizar la seguridad de los usuarios y buscar que los vehículos cumplan con la velocidad
restringida que se tiene; en el caso es de 30 kilómetros por hora, como se señalizó; además
de ser cruce de peatones y zona escolar, se procura que los vehículos se mantengan dentro
de los límites de velocidad establecidos (…).

Continuando con el análisis de las ´pruebas, en el informe técnico pericial elaborado por el
Ingeniero Civil RAFAEL EDUARDO COMAS MEJÍA, respecto a las bandas alertadoras, se
indicó:

“(…) En la ruta 40 MTA Vía Antigua Pipiral- Villavicencio en el PR90+0850 Colegio Guillermo
Cano se encuentran localizadas bandas alertadoras que se realizaron como lo indica el
contrato No 1205 de 2015 cuyo objeto es “ CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN JURISDICCIÓN DE LA TERRITORIAL META EN
CARRETERA A CARGO DEL INVIAS”, Realizadas con base a lo estipulado en el Manual de

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Demandante: Pablo Efraín Álvarez Medina
Demandados: INVIAS y otros

Señalización Vial, Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles,
Carreteras y Ciclorutas de Colombia 2015.

Dicha construcción de bandas alertadoras se realizó el 5 de diciembre del año 2015 desde la
Institución Educativa, así mismo en Pipiral y Servitá, en procura de prevenir riesgos en el
tránsito de niños de la Institución y sus sedes.

(…)

Así las cosas, con el fin de analizar la vulneración de los derechos colectivos invocados, la
Sala primeramente hará referencia a lo que consagra el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL
2015, acerca de las BANDAS ALERTADORAS.

El numeral 5.2. del Capítulo 5 del Manual de Señalización Vial 2015, preceptúa que las
BANDAS ALERTADORAS: “Son dispositivos usados para generar una vibración y ruido que
sirve para alertar a los conductores que pasen por ellos sobre la necesidad de prestar atención
a ciertos elementos de señalización o de retomar el carril o calzada por donde circulan”

A su vez, el numeral 5.9.1. ibidem, establece que el sistema de BANDAS ALERTADORAS
estará constituido, así:

“El sistema de bandas alertadoras está constituido por tres o más grupos de bandas blancas
dispuestas en forma transversal a la vía modifican la superficie de rodadura de la calzada.
Cada uno produce un efecto sonoro y/o vibratorio en el interior del vehículo cuando éste pasa
sobre ellas. Cada grupo de bandas está constituido por 10 líneas transversales, cuya altura
no exceda 20 mm cuando son resaltadas o elevadas y su profundidad no supere los 15 mm
cuando son de bajo relieve o fresadas.
(…)
En el referido manual, también se indica que el uso de las BANDAS ALERTADORAS debe
privilegiarse en vías rurales; no recomendando su utilización en zonas de edificaciones
habitadas, ya que se incrementan los niveles de ruido y se genera vibración al paso de los
vehículos sobre estos dispositivos, creando conflictos con la comunidad.

De esta manera, precisa la Sala que si bien la instalación de reductores de velocidad en el
sector objeto de la acción era necesario, no solo el riesgo de las personas que viven y/o
transitan por ese sector, sino por encontrarse cerca la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GUILLERMO CANO ISAZA, las bandas alertadoras, no era la opción más acorde, por la
producción del ruido y vibración que genera el paso de los vehículos, lo que genera conflictos
con la comunidad, tal como lo prevé el MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015; aspectos
que debió tener en cuenta el INVIAS, al momento de realizar la instalación de las BANDAS
ALERTADORAS.

Otro aspecto de suma relevancia es que, la Sala, al realizar un comparativo con las
características de las bandas alertadoras que fueron ubicadas en las coordenadas 4.167883
– 73.680932, sector colindante con la INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO CANO
ISAZA y que se encuentran detalladas en el informe de actividades y visita técnica No. 1300-
40.01/0097 del 5/04/2022, que realizó personal adscrito a la SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE del MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, colige que tal y como se concluyó en el
referido informe, las bandas alertadoras instaladas no cumplen con los requerimientos
técnicos establecidos para ello, por lo siguiente:

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Aunado a lo anterior, en la videograbación (sic) de la inspección judicial que se realizó al lugar
de los hechos y que fue presidida por la (sic) queda en evidencia que (sic) grupo de bandas
blancas está constituido por 5 y no por 10 líneas transversales, como lo establece el MANUAL
DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015.

En ese orden de ideas y como ya se indicó en precedencia, las BANDAS ALEATORIAS que
instaló el INVIAS, en la ruta 40 MTA Vía Antigua PIPIRAL- VILLAVICENCIO, en PR90+850
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO CANO, no era la indicada o la más adecuada para
la zona, conforme se colige del Manual de Señalización Vial 2015, por lo que el incremento
del ruido y vibración producida por estos elementos artificiales -BANDAS ALERTADORAS-
deterioran la calidad del medio ambiente, por tanto, resulta amenazado el derecho colectivo
consagrado en el literal a del artículo 4º, de la Ley 472 de 1998, esto es, “ “El goce de un
ambiente sano”.

De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse –como en efecto lo hace la sentencia recurrida–
que, a una distancia considerable, se constató el ruido y movimiento a la interacción de las
bandas con el paso de los vehículos pesados que transitaban por el lugar, lo cual conlleva
a la Sala a establecer que en la vulneración reclamada, si bien no se demostró el nexo con
el deterioro estructural de la institución educativa y las casas adyacentes, sí se probó que
los mecanismos generaban el ruido y la vibración narrada en la demanda, lo que da lugar
a confirmar la decisión en cuanto a la vulneración al derecho colectivo al goce de un
ambiente sano, como se pasa a explicar.

En la primera instancia se tuvo por acreditada la vulneración a partir de dos circunstancias,
que ahora la Sala comparte, a saber, que independientemente de una prueba técnica que
hubiese determinado los niveles de decibeles que producen las bandas alertadoras, si está
acreditado que al interior de la institución educativa y las casas adyacentes, cuando
circulaba un vehículo por el lugar, se escuchaba un ruido y vibración de una intensidad
anormal28, lo que sumado a lo exigido por el manual de señalización vial, conduce a
confirmar la decisión de primera instancia.

Nótese como, al revisar el acta de la inspección judicial, se observa que tanto el profesor
de la Institución Educativa como la Directora del Centro de Salud dieron cuenta del ruido y
las vibraciones producidas por las bandas sonoras. Así mismo, el funcionario del INVIAS
que asistió a la diligencia sobre el sonido explicó que "efectivamente el ruido que generan

28 Cfr minuto 1:48 a 1:53 y 7:24 a 8:13 de la inspección judicial

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los vehículos es alto hacia el exterior pero es generado por el accionar de los camiones y
la incidencia de la banda en cuanto a la vibración y ruido se hace exclusivamente para el
conductor y el interior de su vehículo va pasando. El ruido se transmite con una onda
sinusoidal que aumenta con las alturas. En los edificios el ruido se siente con mayor
intensidad en el 1er, en el 4o piso y en el 7o y por eso ese tipo de construcciones, el
aislamiento de las construcciones se hace con énfasis en esos pisos”.

En igual sentido en el Informe de la Secretaría de Medio Ambiente No 1300-40.01/0097 del
5 de abril de 2022 se consignó que, a pesar de no tener los instrumentos de calibración del
sonido "el ruido generado por el tránsito pesado en la interacción de las bandas alertadoras
es considerable".

Ahora bien, sumado todo lo anterior, a lo que indicaba el manual de señalización de 2015,
aplicable a la fecha de los hechos –replicado en el manual de señalización de 2024– en el
numeral 5.2. del Capítulo 5 que contemplaba que “las bandas alertadoras son dispositivos
usados para generar una vibración o ruido que sirve para alertar a los conductores que
pasen por ellos sobre la necesidad de prestar atención a ciertos elementos de señalización
o de retomar el carril o calzada por donde circulan”.

A su vez, el numeral 5.9.1 establece que el sistema de bandas alertadoras está constituido
por tres o más grupos de bandas dispuestas en forma transversal a la vía, que modifican la
superficie de rodadura de la calzada, que cada uno produce un efecto sonoro y/o vibratorio
en el interior del vehículo cuando éste pasa sobre ellas. Así mismo, señala que cada grupo
de bandas está constituido por diez líneas transversales, cuya altura no debe exceder 20
mm cuando son resaltadas o elevadas y su profundidad no debe superar los 15 mm cuando
son de bajo relieve o fresadas.

En el referido manual se indica que el uso de las bandas alertadoras debe privilegiarse en
vías rurales, y que no se recomienda la utilización en zonas de edificaciones habitadas, ya
que se incrementan los niveles de ruido y se genera vibración al paso de los vehículos
sobre estos dispositivos, creando conflictos con la comunidad.

Por lo tanto, independientemente del argumento de la entidad recurrente sobre la ausencia
de prueba técnica de los niveles de ruido y del nexo causal del deterioro de las instalaciones
del colegio y de las casas, la instalación de esta medida si genera niveles de ruido y
vibraciones, pues esa es una de sus funciones y utilidades -, eso está advertido en el
manual.

Sobre el impacto de estas medidas en una decisión reciente la Sala tuvo la oportunidad de
estudiar sus efectos respecto al derecho colectivo al goce de un ambiente sano, así se
puede leer:

“[…] De la existencia de vulneración a los derechos colectivos invocados

Con respecto a la vulneración de los derechos colectivos invocados, la Sala considera que la
posición adoptada al respecto por parte del Tribunal de primera instancia resulta acertada,
pues analizada la totalidad del material probatorio aportado es dable concluir que las bandas
alertadoras fueron instaladas en los puntos PR 44+800 y PR 44+100 de la doble calzada del
Aeropuerto El Edén – Club Campestre – Armenia, y que las mismas estaban produciendo
intranquilidad y problemas de salud en la comunidad aledaña al sector.

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Lo anterior, en atención a que se pudo establecer que los elementos instalados producían
ruido y vibración al paso de los vehículos, no solo porque las pruebas aportadas así lo
demuestran, sino porque el Manual de Señalización vigente señala que este tipo de reductores
de velocidad producen un efecto sonoro y vibratorio en el interior del vehículo que pasa sobre
ellas y que “[…] no se recomienda su utilización en zonas de edificaciones habitadas, ya que
se incrementan los niveles de ruido y se genera vibración al paso de los vehículos sobre estos
dispositivos, creando conflictos con la comunidad […]”.

De manera que si bien la instalación de reductores de velocidad en el sector objeto de la
acción era necesaria, pues la presencia de la Universidad La Gran Colombia y las viviendas
aledañas así lo indicaban, lo cierto es que el Consorcio y el INVIAS tenían la carga de
determinar cuál de las opciones disponibles era la más acorde para no afectar a la comunidad
del sector, lo que no se hizo, ya que, como se indicó en precedencia, las bandas alertadoras
no eran las más adecuadas para la zona, conforme se colige del Manual de Seguridad Vial,
el cual es claro en establecer que la medida escogida no era la indicada debido a sus
implicaciones en materia de ruido y vibraciones, lo que redundó en la vulneración a los
derechos colectivos.29

Nótese que la Sala no cuestiona que este tipo de medidas son necesarias en lugares como
el objeto de este proceso, sin embargo, si precisa que no es la única, esto, de acuerdo con
el manual de señalización, y que existen otras.

Entonces, reiterando este precedente, que resulta aplicable al caso concreto, pues se trata
de una situación fáctica similar y la protección del mismo derecho colectivo, se confirmará
que existe vulneración, pues, justamente, el manual de señalización de 2015 -ya citado-
advierte que las zonas edificadas no son lugares adecuados para ubicar este tipo de bandas
sonoras.

Ahora, en cuanto al mecanismo adecuado, la Sala se refirió a este aspecto, tal como se lee:

[…]

63. El manual precisó que el uso de las bandas alertadoras se debe privilegiar en las
rurales, pues “[…] no se recomienda su utilización en zonas de edificaciones habitadas,
ya que se incrementan los niveles de ruido y se genera vibración al peso de los vehículos
sobre estos dispositivos, creando conflictos con la comunidad […] “.

64. Sobre las bandas alertadoras longitudinales señaló que estas pueden ser “[…]
resaltadas con pintura termoplástica o similar […] bajo relieve, igual que las bandas
alertadoras transversales […].

65. Estas bandas “[…] se pueden generar con una demarcación que se utiliza para
advertir a los conductores que su vehículo está traspasando la línea borde de calzada
en vías con berma” y “consiste en una línea dentada que produce un efecto sonoro y
vibratorio dentro del vehículo cuando éste la traspasa, advirtiendo así al conductor […]

66. A partir de lo anterior, la Sala concluye que los reductores de velocidad son
elevaciones transversales de la superficie de la rodadura, cuyo objetivo es obligar a los
conductores a reducir su velocidad al aproximarse a zonas críticas, como cruces,

29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera- 27 de enero de 2022.

Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Radicado: 63001233300020190025401

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escuelas o puentes. Estos dispositivos están sujetos al desarrollo de un estudio
técnico de las características de flujo vehicular.

67. Los estoperoles son elementos cilíndricos de metal o plástico de alta duración que
se fijan al pavimento mediante pernos o adhesivos. Su función es delimitar carriles,
bordes de calzada, líneas de pare o zonas prohibidas. Los estoperoles pueden utilizarse
en el diseño de reductores de velocidad.

68. Los taches son elementos metálicos o plásticos que se utilizan para aumentar la
visibilidad de las líneas de demarcación vial, especialmente en condiciones de poca
iluminación o lluvia. Estos elementos tienen un efecto sonoro y vibratorio, pero su uso
en zona urbana no está prohibido o condicionado.

69. Las bandas sonoras son ranuras o resaltos paralelos a la dirección de la vía que
producen una vibración y un sonido al ser transitadas por los vehículos. Su propósito es
alertar a los conductores sobre posibles situaciones de riesgo, como curvas cerradas,
cambios de calzada o fin de la autopista. Esta tipología de señalización es la “única cuyo
uso “[…] no se recomienda (…) en zonas de edificaciones habitadas, ya que se
incrementan los niveles de ruido y se genera vibración al paso de los vehículos sobre
estos dispositivos, creando conflictos con la comunidad […].

70. Sin duda alguna, la selección de estos dispositivos depende del cumplimiento
de unas recomendaciones técnicas, en donde la autoridad vial valora: (i) el tipo
de material a utilizar; (ii) el objeto de la medida; (iii) la visibilidad nocturna; y el
nivel de urbanización del sector, entre otros factores.30 (Negrillas fuera del texto
original).

De allí que, si bien la instalación de reductores de velocidad en el sector objeto de la acción
era necesaria –porque la presencia de la Institución Educativa Guillermo Cano Isaza y las
viviendas aledañas lo requería–, lo cierto es que el INVIAS tenía la carga de determinar
cuál de las opciones disponibles era la más acorde para no afectar a la comunidad del
sector, circunstancia que no se hizo, lo cual, conlleva a modificar para precisar la orden de
la primera instancia y que sean los estudios técnicos los que determinen el dispositivo a
utilizar previo el retiro de las bandas sonoras.

En ese sentido, sobre lo manifestado en el recurso: “que El PR 90+450 – PR 90+650 se
encuentra ubicado en una vía curva, con zona escolar, con entrada a poblado en sector
rural y que para el año 2015 tenía tránsito vehicular de carga pesada de lo cual se deduce
que es viable su instalación ya que la vía cumple con las condiciones establecidas en el
manual de señalización para la instalación de bandas alertadoras”, la Sala no puede inferir
este razonamiento, sino que correspondía al INVIAS demostrar la viabilidad técnica y la
instalación adecuada de las bandas alertadoras, y si era el caso, controvertir el informe de
la Secretaría del Medio Ambiente, en el que se concluyó que la medida no cumplía con las
condiciones técnicas de las referidas bandas31.

En cuanto a los argumentos relacionados con (i) la ausencia de reportes de accidentes, (ii)
el cierre total de la vía Pipiral- Villavicencio (por Resolución 4012 del INVIAS); (iii) la
operación normal del túnel de Buenavista para todo tipo de vehículos (incluidos los de

30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera- 11 de julio de 2024.

Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicado: 52001-23-33-000-2019-00577-01.
31 Sobre el particular, ver gráfica de la página 20.

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tráfico pesado) y (iv) la sola circulación de automóviles y motocicletas en la vía afectada,
estas circunstancias debieron acreditarse en el proceso y dentro de la oportunidad procesal
para hacerlo.

Ahora bien, al consultar la Resolución No 401232 (mencionada en el recurso), la autorización
del cierre total de la vía Pipiral-Villavicencio, Ruta Nacional 40MTA (entre el PR80+0000 y
el PR94+0583 del departamento del Meta por pérdida de banca vial), esta constituyó una
medida temporal -para proteger la seguridad de los usuarios de esa ruta- hasta que se
superara la emergencia, por lo que la Sala no puede tener por cierto que a la fecha no
circule tráfico pesado, pues como en el mismo acto se reconoció se trató de una medida
“temporal”.

En consecuencia, no hay lugar a declarar un hecho superado como se propuso en el
recurso de apelación.

Por último, sobre la responsabilidad de los habitantes en la construcción de las viviendas
sin las condiciones técnicas, corresponde a una situación que ya fue abordada cuando se
estudió la responsabilidad del municipio.

Independiente de esto, lo que se cuestiona al INVIAS en este proceso, es si la medida
adoptada para mitigar el riesgo de siniestros viales era la adecuada y como ya se explicó
no es así.

Por esta razón se confirmará la decisión de primera instancia en lo que respecta con el
INVIAS.

VI.6. De la condena en costas.

Según lo previsto en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 1, en donde se
estableció que “[…] En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las
costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la condena se
hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso,
de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas y
se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme con lo previsto en el artículo
366 del Código general del Proceso […]”.

En lo que respecta al reconocimiento de las agencias en derecho en este caso, la Sala
encuentra que las pretensiones de amparo prosperaron, el actor presentó la demanda,
acudió a las audiencias y prácticas de pruebas como inspección judicial, estuvo presente
en la audiencia de pacto de cumplimiento, lo cual, da cuenta que las agencias se encuentran
causadas a favor del actor popular.

Por ello, teniendo en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada
por la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad. Como lo señala el artículo 366
del CGP y los artículos 2º, 3º y 5º del Acuerdo núm PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016,

32 Tomado de la página: https://www.invias.gov.co/index.php/historico-cartelera-virtual/9314-resolucion-
4012-del-2-de-agosto-de-2019

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el tribunal de primera instancia deberá liquidar las agencias en derecho a favor del
demandante.

Sin embargo, en lo que atañe a los gastos procesales, la Sala se abstendrá a emitir esa
condena en atención a que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la primera
instancia y, en su lugar, se ordena así:

[…] TERCERO: ORDENAR las siguientes medidas:

3.1. El Instituto Nacional de Vías, en el término de cuatro (4) meses siguientes a
la notificación de la presente sentencia, realizará los estudios técnicos que
permitan identificar cuáles son los dispositivos de seguridad vial que deben
implementarse en el tramo vial del debate procesal, aplicando un criterio de
reducción del impacto auditivo y vibracional, para lo cual deberá tener en cuenta
el manual de seguridad vial.

3.2. Si de los estudios se desprende, la necesidad de desarrollar alguna obra, el
Instituto Nacional de Vías, en el término de seis (6) meses siguientes al referido
estudio, deberá adelantar las gestiones presupuestales y contractuales
respectivas. La obra deberá ejecutarse en el término de un (1) año, contado a
partir de la suscripción del contrato que tenga dicho fin.

CUARTO: Se le ORDENA al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO y AL
DEPARTAMENTO DEL META, de manera conjunta, en el marco de sus
competencias cumplir las siguientes órdenes:

4. CONFORMAR una mesa de trabajo, que tendrá que cumplir los siguientes
objetivos:

4.1 La Alcaldía Municipal de Villavicencio implementará los estudios jurídicos y
técnicos necesarios para adoptar, dentro del marco de la Constitución y la Ley,
un diagnóstico del uso del suelo en el sector donde se evidenció la amenaza del
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, con énfasis e impacto inmediato en la Institución Educativa
Guillermo Cano Isaza, el Centro de Salud y las casas de habitación sobre las
cuales en el marco de la inspección judicial, se puso de presente la situación de
riesgo.

4.2. El Departamento del Meta estará a disposición del municipio y coordinará
ante el requerimiento de trámites administrativos y la suscripción de convenios,
contratos, transferencias de los recursos para enervar la problemática las

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gestiones que deban adelantarse frente a las demás entidades del orden
nacional.

SEGUNDO: Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia.

TERCERO: Ordenar a la secretaría del Tribunal que se liquiden las agencias en derecho
según los parámetros del Acuerdo núm PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.

CUARTO: REMITIR copia de la providencia a la Defensoría del Pueblo, conforme lo
dispuesto en el artículo 80 de la ley 472.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 11 de
diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidente

CARLOS FERNANDO MANTILLA GERMÁN EDUARDO OSORIO
NAVARRO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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