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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2015-01977-03

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2015-01977-03

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2015-01977-03

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral primero y en su lugar declarar probada la violación de los derechos colectivos en cabeza del Departamento de Cundinamarca. SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la decisión de primera instancia y en su lugar se establece: “DECLÁRASE NO probada la violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa. DECLÁRASE probada la violación de los siguientes derechos colectivos: (1) la seguridad y salubridad pública; (2) la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; (3) la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídica, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes imputable a la Nación —Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Coviandes S.A., Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres-UNGRD, Municipio de Quetame- Secretaría de Planeación de Quetame, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. En forma complementaria, en aras de satisfacer la protección material de los derechos colectivos amparados, se dispone: 1. Ordenar la conformación de una mesa de trabajo, la cual debe estar integrada por el Municipio de Quetame, el Departamento de Cundinamarca, la Agencia Nacional de Infraestructura y Coviandes y tendrá que cumplir los siguientes objetivos: 1.1. 1ra etapa: la Alcaldía Municipal de Quetame-Secretaría Municipal de Planeación de Quetame implementará los estudios jurídicos y técnicos necesarios para adoptar, dentro del marco de la Constitución y la Ley, una regulación relacionada con el uso del suelo en el sector afectado, que impida su reutilización para fines similares. Así mismo, en forma concertada con la comunidad, definirá y determinará la ubicación del reasentamiento, para lo cual deberán implementarse los estudios, permisos, licencia, adquisiciones de predios en sitios seguros, en donde la comunidad afectada pueda desplegar las actividades que fueron permitidas durante más de 40 años en su lugar de origen e interrumpidas como consecuencia de los hechos materia de protección en la presente acción popular. Mientras se ejecutan estas medidas […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2015-01977-03

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de abril de 2025

1

Radicación núm: 25000234100020150197703
Demandante : Defensoría del Pueblo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá DC., tres (03) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos
Radicación núm.: 250002341000201501977-03
Demandante: Defensoría del Pueblo
Demandados: Agencia Nacional de Infraestructura y otros

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Agencia
Nacional de Infraestructura, el municipio de Quetame, la Concesionaria Vial de los
Andes S.A.S-Coviandes y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos contra la
sentencia del 26 de septiembre de 2019 emitida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, previo
recuento de los siguientes antecedentes.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el corredor vial Bogotá-Villavicencio, a través del contrato de concesión No 444
de 1994, COVIANDES (junto con sus contratistas y subcontratistas en sus diversas
etapas y especialidades -Constructora Latinoamericana de Ingeniería- Colinsa S.A,
la compañía Technology and Managment Ltda. T.N.M Limited, Coviandes S.A y la
Constructora AIA Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A-) ejecutó el tramo
número 2 de la vía en la que se ubica la construcción del túnel número 6, y la
construcción de una galería de escape, en la jurisdicción de la inspección de policía
de Puente Quetame, Municipio de Quetame.

Señala el actor que las casas ubicadas al margen izquierdo de la ladera del río
Rionegro, Inspección de Puente Quetame –en el corredor vial Bogotá-Villavicencio–
quedaron en riesgo de desplomarse, por las fisuras y grietas ocasionadas por las
detonaciones en la construcción de la galería de escape del túnel No 6 (doble
calzada Bogotá-Villavicencio).

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1.- ORDENAR a las partes demandadas, AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, UNIDAD NACIONAL PARA
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UNGRD), ALCALDÍA MUNICIPAL DE
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Demandante : Defensoría del Pueblo

QUETAME Y COVIANDES S.A. y/o su representante legal, se implementen las
soluciones adecuadas, oportunas y eficientes para solventar gravísima problemática
ya planteada en los hechos de esta demanda, tales como la reubicación de las
personas que habitan en las viviendas afectadas y ubicadas en el costado izquierdo
de la doble calzada que de Bogotá conduce a Villavicencio, específicamente, en la
Inspección de Puente Quetame, municipio de Quetame, Cundinamarca, como se
describe en el capítulo de HECHOS de la presente demanda.

2.-se DECLARE que los representantes de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA, UNIDAD NACIONAL PARA
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UNGRD), ALCALDIA MUNICIPAL DE
QUETAME Y COVIANDES han violado los derechos colectivos consagrados el artículo
88 de la Constitución Política y los determinados en el artículo 4 de Ley 472 de 1998,
Derechos e intereses colectivos, literales b, g y l; La moralidad administrativa;
seguridad y salubridad públicas; derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.

3.-Se DECLARE que los demandados están vulnerando los derechos colectivos
mencionados, al no realizar las obras necesarias para mitigar los efectos en el río, en
primer lugar, y en segundo, las detonaciones que se realizan en la construcción del
túnel de escape No. 6 están originando la afectación de viviendas en donde se
encuentran los puestos de dulcería, haciendo caso omiso a los requerimientos que la
comunidad y esta entidad les han formulado.

4- Se ORDENE a los accionados que tomen las medidas que legalmente les
corresponden solucionar en la Inspección de “Puente Quetame”, y, por la grave
afectación de las viviendas, solucione definitivamente del riesgo inminente en que se
encuentra la vida de las personas que residen, trabajan y/o frecuentan el sector.

5- Se ESTABLEZCA mediante esta acción, que el servidor o servidores públicos
demandados, como garantes del desarrollo y conservación de los intereses de la
comunidad, así como los particulares accionados, realicen las obras necesarias y
pertinentes para que cese la vulneración de los derechos colectivos arriba enunciados
y con ello se garantice una vivienda digna para todas las personas que residen en las
viviendas afectadas por la socavación de río en la ladera izquierda de vía de la
Inspección de “Puente Quetame”, costado izquierdo de la doble calzada de la Bogotá-
Villavicencio, así mismo cesen las detonaciones que se producen en la construcción
del túnel de escape No. 6, galería de la misma vía e igualmente, se indique cual es
el impacto que producen los vehículos pesados de carga con el paso por el lugar.”1

Así mismo, presentó una solicitud de medida preventiva cautelar para que se
suspendieran las obras de construcción del túnel número 6, galería de escape, en
la inspección de “Puente Quetame”, municipio de Quetame, hasta que se realizara
la reubicación provisional de los afectados. Pidió que se reubicaran a todas las
personas, se les pagara el valor de los inmuebles y estableciera un lugar adecuado
para su reubicación2.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

II.1. Mediante autos del 26 y 27 de enero de 2016, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la demanda, ordenó notificar a la Agencia Nacional de

1 Fl. 6 del C.1 – Índice 002 de Samai.
2 Fl. 1 Cuaderno de medidas cautelares. Índice 002 SAMAI.

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Demandante : Defensoría del Pueblo

Infraestructura, la Gobernación de Cundinamarca, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, la Alcaldía Municipal de Quetame, la Constructora
Latinoamericana de Ingeniería-Colinsa S.A, la compañía Technology and
Managment Ltda. T.N.M Limited, Coviandes S.A y la Constructora AIA Arquitectos e
Ingenieros Asociados S.A.3. Además, decretó la medida de urgencia de reubicación
de los habitantes que, como propietarios, poseedores y tenedores ocupaban el lugar
presuntamente afectado.

Como medidas de urgencia, le ordenó a la alcaldía de Quetame elaborar un censo
de los habitantes de las viviendas del sector con determinación del uso de los
inmuebles, identificación de habitantes y grupos familiares, y la identificación de las
actividades comerciales a las que se encontraran destinados los inmuebles. A la
gobernación de Cundinamarca-Empresa Inmobiliaria de Cundinamarca iniciar las
actuaciones administrativas para ubicar por cabida y linderos los inmuebles en
riesgo, estudiar los títulos de los inmuebles y realizar un avalúo pericial.

A su vez, dispuso que la Agencia Nacional de Infraestructura y la Unidad de Gestión
del Riesgo de Desastres iniciaran las actuaciones administrativas para determinar el
estado estructural de los inmuebles amenazados, y que Coviandes suspendiera de
inmediato las obras de construcción del túnel, galería de escape, hasta que no se
produjera el reasentamiento de los habitantes del sector amenazado.

Finalmente, les impuso a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Concesionaria
Coviandes formular el plan de reasentamiento de las comunidades en riesgo. 4

II.2. El departamento de Cundinamarca contestó la demanda y señaló que no
estaba legitimado para ser demandado, porque los hechos, acciones y omisiones
que motivaban la acción estaban relacionados con otras personas jurídicas y que,
conforme a la ley 136 de 1994 y a la ley 99 de 1993, la planificación del desarrollo
económico, social, ambiental del territorio, el manejo adecuado, el control y la
vigilancia de los recursos naturales y del medio le correspondía al municipio.

Manifestó que conforme al artículo 74 de la ley 715 de 2001, el departamento no
sustituye las obligaciones directas de los municipios; su función es promover el
desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercer funciones
administrativas, de coordinación, complementarias y de intermediación de los
municipios con la nación.

Señaló que el Departamento no había vulnerado los derechos colectivos
reclamados y que los orígenes de las grietas en las casas estaban relacionados con
las detonaciones y la socavación del río Negro imputables al concesionario de la
vía y a la Corporación Autónoma Regional Corporinoquía. Solicitó, entonces, la
desvinculación del proceso.5

II.3. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contestó la
demanda y presentó una exposición de la normatividad que describe el Sistema
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Señaló que, aunque existan
autoridades del orden nacional dentro del sistema, los entes territoriales deben

3 Fls. 244 a 247 del C. Principal
4 Fl. 168 a 182 del Cuaderno de medidas cautelares. Índice 002 SAMAI.
5 Fls. 280 a 290 del C.1. Índice 002 SAMAI.

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realizar las obligaciones constitucionales y legales que les corresponde.

Expuso las funciones de la Unidad consagradas en el artículo 4 del Decreto 4147
de 2011 y concluyó que de las mismas no podía comprometerse su actividad como
entidad, porque, según la ley 1253 de 2012, el asunto radicaba funcionalmente en
el municipio de Quetame, en asocio con el Concejo Municipal para la Gestión del
Riesgo en cabeza del alcalde, y, de manera subsidiaria, al Departamento de
Cundinamarca -Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo del
Departamento de Cundinamarca-. En lo ambiental correspondía a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca, a la Corporación Autónoma Regional de la
Orinoquía y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó la
vinculación del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, a Fonvivienda, la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el Ministerio de Agricultura y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En esa línea, sostuvo que no se estructuraban los supuestos esenciales para
establecer una responsabilidad de la entidad, porque no se podía imputar el daño
alegado por la parte accionante a la UNGRD –por ser obligaciones radicadas en los
entes territoriales– y que se rompía el nexo causal entre el hecho dañino y la
supuesta omisión de la UNGRD.

Manifestó que había un hecho exclusivo y determinante de un tercero, puesto que
el sistema de gestión de riesgo establece la obligación de prever y mitigar los
riesgos en el municipio y no en la UNGRD6.

II.4. El municipio de Quetame, en la contestación de la demanda, manifestó que
se oponía a todas las pretensiones en relación con su responsabilidad y señaló
como responsable a COVIANDES S.A., como constructor de la doble calzada
Bogotá- Villavicencio, por las detonaciones para la construcción del túnel. Y señaló
que la concesionaria había destinado como beneficiaria de la licencia los recursos
para comprar los predios necesarios para la ejecución de obras.

Argumentó que no podía interpretarse como vulneración a derechos colectivos,
porque los titulares de los derechos reclamados eran personas perfectamente
identificables y determinadas.

Sostuvo que por parte del municipio no había una acción u omisión que violara los
intereses colectivos y que la amenaza a los derechos provenía de unas obras
ejecutadas por Coviandes S.A en el centro poblado de Puente Quetame- municipio
de Quetame. Agregó que el Ministerio de Ambiente había concedido la licencia
ambiental; que el INCO dejó constancia del desplazamiento de personas en el área
de impacto -Resolución 081 de 2010-, por lo que era deber del beneficiario de la
licencia tomar las medidas adecuadas y hacer las adquisiciones necesarias para
sanear el impacto. Además, dijo que la misma Resolución estableció que durante
la ejecución de las obras –para efectos ambientales no previstos– era obligación
del beneficiario de la licencia suspender los trabajos e informar a la autoridad
ambiental para que tomara las medidas adecuadas.

6 Fls. 300 a 309 del C.1. Índice 002 SAMAI.

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Dijo que, conforme a la ley 1228 de 2008, los predios están en las áreas
obligatorias de exclusión para las carreteras del Sistema Nacional de carreteras y
la beneficiaria de la licencia ambiental debía adquirirlos.

Refirió las actividades adelantadas por el municipio en el encerramiento del parque
del centro poblado de Puente Quetame, el ofrecimiento a los afectados como
medida de urgencia, la realización de oficios a las entidades relacionadas y la
conversación con los habitantes de los predios afectados para tomar medidas de
urgencia y preventivas.7

II.5 Las sociedades TNM LIMITED y CONSULTORA LATINOAMERICANA DE
INGENIERIA S.A- COLINSA S.A –integrantes del consorcio Interconcesiones–
contestaron la demanda y atribuyeron, como la fuente de la vulneración
(afectación a viviendas) la socavación natural del río, el indebido manejo de las
aguas residuales y señaló que esas circunstancias eran anteriores al contrato de
interventoría No SEA-067 de 2012.

Manifestaron que no se debió vincular al consorcio y que era incongruente que los
accionantes no les hubieran incluido en su demanda y no les atribuyeran
responsabilidad, y aun así el juez pidiera su vinculación sin necesidad.

Especificaron que no se podían responsabilizar al consorcio ni a sus miembros por
funciones propias de las entidades estatales municipales y departamentales y que
la celebración y ejecución del contrato de interventoría No SEA- 067 de 2012 no
era la causa de la vulneración de los derechos colectivos de la comunidad
accionante.

Citaron el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro que fue
contratado por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía con la empresa
Enviromental Ingenieros Consultores con ocasión de la declaratoria de ordenación
de la cuenca del rio Rionegro – Resolución 2431 de 2005- y sostuvieron que,
conforme a lo establecido, el consorcio no se encontraba obligado a realizar las
medidas de mitigación para proteger a los accionantes sino que le correspondía a
las autoridades municipales y a Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía.
En esa lógica, sostuvieron que no había legitimación en la causa por pasiva frente
al consorcio y sus integrantes.8

II.6. La Concesionaria Vial de los Andes S.A.S-Coviandes contestó la demanda y
señaló que la causa de los daños presentados por las viviendas de Puente Quetame
eran por la inestabilidad geológica de la zona, y que no eran por impacto de las
obras del túnel 6 de la doble calzada sobre las viviendas de Puente Quetame. Al
respecto, adujo que la construcción del túnel se dio por medios mecánicos en
diciembre de 2012 y solo requirió voladuras esporádicas dos años después de
haberse iniciado las obras, fecha en la que las viviendas ya presentaban grietas
como constaba en las actas de vecindad. Además, que el Consorcio Dragados-
Concay contrató a la firma Geosoftmine Blast Vibrations en el mes de noviembre
de 2012, para la realización del estudio de vibraciones producidas por voladuras
en el tramo 2 túnel 6, y concluyó que las velocidades generadas por las voladuras
estaban dentro de los rangos permisibles. Descartó, además, cualquier daño a

7 Fls 315 a 322 del C.1. Índice SAMAI 002.
8 Fls. 345 a 379 del C.1. Índice SAMAI 002.

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estructuras y viviendas cercanas a los sitios de explosión.

Finalmente, excepcionó la falta de legitimación en la causa por pasiva y dijo que,
sin aceptar la responsabilidad por las grietas en las casas, Coviandes (la
concesionaria) contrató para la construcción de las obras a Coninvial S.A.S, quien,
a su vez, subcontrató con Dragados- Concay la ejecución de las obras en el sector
donde están las viviendas de Puente Quetame. Por tal razón, la reclamación debía
hacerse bajo una necesaria relación de causalidad entre la vulneración y quien lo
causó.9

II.7 La Agencia Nacional de Infraestructura interpuso recurso de reposición contra
el auto que admitió la demanda; por auto del 4 de abril de 2016, notificado en el
estado del 6 de abril de 2016, el Tribunal negó la reposición. En el expediente no
se observa escrito de contestación de la demanda, en el acta del comité expuso
que no tenía fórmula de arreglo porque no había legitimación en la causa por pasiva
y que había una inexistencia de amenaza o vulneración a los derechos colectivos
por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura”10.

II.8. La sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados –AIA contestó la demanda y
alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva y señaló que la constructora
no dio lugar a la producción del daño.

Señaló que la acción popular era improcedente respecto de la constructora, porque
no estaban ejecutando acciones que generaran algún tipo de riesgo.11.

II.9. Mediante auto del 19 de julio de 2016 se fijó fecha para celebrar la audiencia
de pacto de cumplimiento.12

II.10. El 9 de septiembre de 2016, El Tribunal declaró fallida la audiencia de pacto
de cumplimiento.13

II.11. El 19 de enero de 2017, el proceso abrió la etapa probatoria y decretó como
pruebas de acuerdo con el valor que la ley les otorgaba, los documentos aportados
por la parte demandante, la Gobernación de Cundinamarca, el Municipio de
Quetame, las sociedades TNM Limited y Consultoría Latinoamericana de Ingeniería
S.A.- Colinsa, la Concesionaria Coviandes, la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros
Asociados y la Agencia Nacional de Infraestructura.

Decretó los oficios solicitados por cada una de las partes, así como los testimonios
y los dictámenes periciales solicitados por la parte actora, la Gobernación de
Cundinamarca, el Municipio de Quetame, las sociedades TNM Limites y Consultoría
Latinoamericana de Ingeniería S.A.- COLINSA y Coviandes.14

II.13. El 26 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la

9 Fls 457 a 476 del C.1. Índice SAMAI 002. La contestación de la demanda se presentó el 29 de marzo de 2016.
10 Fl. 623 del C.1.
11La sociedad AIA contestó la demanda el 15 de abril de 2016. Cuaderno separado Índice SAMAI 002.
11ED_09CUADERNOCONTESTA.

12 Fl. 587 del C.1. índice de SAMAI 002.
13 Fls. 598 a 601 del C.1. Índice de SAMAI 002.
14 Fls. 640 a 649 del C.1. Índice de SAMAI 002.

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audiencia de contradicción del dictamen pericial, y una vez concluida cerró la etapa
probatoria, dio traslado a las partes para presentar sus alegatos finales.15

II.14. El Ministerio Público rindió concepto y señaló que, de acuerdo con las pruebas
del proceso, consideraba que estaba lesionado el derecho colectivo a la previsión
de desastres previsibles técnicamente y a la seguridad pública. Afirmó que la
afectación de las viviendas relacionadas en la acción tuvo origen en las
detonaciones que se realizaron para la apertura del túnel No 6 (de acuerdo con el
dictamen pericial y los testimonios del proceso) y que no se evidenciaba una
actividad estatal eficaz para controlar la situación. Concluyó que se debería llamar
a las entidades a ordenar el territorio, a la reubicación definitiva, a la solución de
vivienda y de proyectos productivos similares a las que las personas asentadas
ejercían en el sector; la realización de obras con los estándares de construcción y
ambientales para prevenir los daños. Así mismo, a realizar acciones para atender
la socavación del Río Negro, y que Coviandes S.A y los demás contratistas y
subcontratistas debían prestar la colaboración para que en el marco de sus
obligaciones contractuales se pudiera cumplir con el amparo de los derechos
solicitados.16

II.15. Mediante autos del 17 octubre de 2019 y 16 de febrero de 2022 se concedió
el recurso de apelación propuesto por el Municipio de Quetame, la Concesionaria
Vial de los Andes COVIANDES S.A., la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y
la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo del Desastre.17

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la vulneración
de los derechos colectivos. A continuación, se transcribe la parte resolutiva:

“PRIMERO. - DECLÁRASE PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Gobemación de Cundinamarca, en consecuencia,
DENIÉNGANSE las pretensiones de la demanda formuladas en su contra.

SEGUNDO. - DENIÉGASE la solicitud de nulidad procesal formulada por la Unidad
Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres.

TERCERO. - DECLARECE NO probada la violación del derecho colectivo a la moralidad
administrativa. DECLÁRASE probada la violación de los siguientes derechos colectivos:
(1) la seguridad y salubridad pública; (2) la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente; (3) la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes imputable a la Nación —
Agencia Nacional de Infraestructura ANI — Coviandes S.A. - Unidad Nacional de Gestión
de Riesgos y Desastres — Municipio de Quetame — Secretaría de Planeación de
Quetame, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. | En
forma complementaria, en aras de satisfacer la protección material de los derechos
colectivos amparados, se dispone:

15 Fls. 1188 a 1190 del C.1.
16 Fls. 1301 a 1310 del C.1
17 Fl. 1555 del C.1

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1o Ordenar a la Nación — Agencia Nacional de Infraestructura ANI — Coviandes S.A.
(responsables solidarios del 50%), y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y
Desastres, y el Municipio de Quetame — Secretaría Municipal de Planeación de Quetame
(responsables solidarios del otro 50%), en forma solidaria y con cargo a su patrimonio,
atender las obligaciones de desalojo y reasentamiento de la comunidad afectada,
conforme a la descripción contenida en el dictamen pericial.

2° — Disponer la demolición técnica de los inmuebles descritos y adoptar las medidas
necesarias en orden a garantizar que los mismos o el sector vuelva a ser ocupado con
los mismos fines, dado el alto riesgo del sector.

3º Ordenar a la Alcaldía Municipal de Quetame — Secretaría Municipal de Planeación de
Quetame, la implementación de estudios jurídicos y técnicos necesarios para adoptar,
dentro del marco de la Constitución y la Ley, una regulación relacionada con el uso del
suelo en el sitio de reubicación, que impida su reutilización para fines similares. Así
mismo, en forma concertada con la comunidad, se defina y determine la ubicación del
reasentamiento, para lo cual deberán implementarse los estudios, permisos, licencia,
adquisiciones de predios en sitios seguros, en donde la comunidad afectada pueda
desplegar las actividades que fueron permitidas durante más de 40 años e interrumpidas
como consecuencia de los hechos materia de protección en la presente acción popular.

CUARTO. - CONFÓRMASE un Comité de Verificación integrado por el actor popular o su
delegado; por un integrante de la comunidad afectada señora ANA PLAUTILA LEAL
MORENO; por un delegado de la Nación — ANI; por un delegado de Coviandes S.A.; por
un delegado de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres; por el Alcalde
o su delegado del Municipio de Quetame y por el Secretario de Planeación de Quetame
o delegado, el cual será presidido por el Magistrado Ponente (…)

Para el amparo de los derechos solicitados, el Tribunal consideró que, desde la
fecha de adopción de la medida cautelar y la producción de la sentencia no habían
cambiado las circunstancias de avería de las casas y no estaban en condición para
ser habitadas, lo que lo llevó a concluir que las mismas debían ser demolidas. Lo
propio concluyó con el centro de comercio que dejó de funcionar como resultado
de las obras implementadas en el sector que impactaron la vía.

Estableció que de las pruebas del proceso no se podía evidenciar que los habitantes
de Puente Quetame no tuvieran acceso a infraestructura de servicios, por lo que
no podía establecerse la vulneración de ese derecho.

Determinó que las pruebas demostraron el peligro de las personas que habitan una
zona calificada de alto riesgo y relacionó los daños a las casas con las explosiones
y detonaciones realizadas para la construcción del túnel No 6 -la galería de escape-
y la socavación o excavación del río generadoras de filtraciones. Así mismo, estimó
que la falta de control urbanístico en las edificaciones desarrolladas en el sector
Puente Quetame y el avance (sin el lleno de los requisitos legales de un
asentamiento en una zona de alto riesgo, junto con la prueba del impacto de la
construcción del túnel en la avería de las casas y su magnitud) lo llevaron a concluir
que existió concausalidad en la producción de la vulneración.

En cuanto a la imputación de responsabilidad, encontró probado que el corredor
vial Bogotá-Villavicencio forma parte de las carreteras de cuarta generación y que
la administración del corredor vial y la construcción de la segunda calzada fue
adjudicada a COVIANDES a través del contrato de concesiones No 444 de 1994,

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quien ejecutó el tramo número 2 de la vía en la que se ubica la construcción del
túnel número 6 y la construcción de una galería de escape en la jurisdicción de la
inspección de policía de Puente Quetame- Municipio de Quetame.

Para atribuir responsabilidad a la Agencia Nacional de Infraestructura, tomó como
prueba la información del dictamen pericial y la conducta de la ANI quien compró
dos de los inmuebles lo que calificó como un conocimiento previo del riesgo al que
sometía al sector por causa de la obra.

Señaló que para imputarle responsabilidad a la UNGRD tomaba como elemento
fundamental la existencia de afectaciones a la comunidad y utilizó las actas de
vecindad que daban muestra del riesgo mayor al que se sometió a la comunidad,
sin que la Unidad hubiere efectuado algún acto positivo de protección.

En cuanto al municipio de Quetame, hizo consistir la responsabilidad en el hecho
de consentir la construcción de viviendas y locales comerciales sin permiso, sin
licencias de construcción y que por más de cuatro décadas se hubiera permitido
que una zona de alto riesgo se convirtiera en un asentamiento y centro de comercio
sin adoptar medidas necesarias para solucionar el problema.

Concluyó por declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva a la
Gobernación de Cundinamarca; declaró no probada la violación del derecho a la
moralidad administrativa, y probada la vulneración de los derechos colectivos a la
seguridad y salubridad pública, la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Declaró a la Nación- Agencia Nacional de Infraestructura ANI- Coviandes S.A
(responsables solidarios del 50%) y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y
Desastres, y el municipio de Quetame- Secretaría Municipal de Planeación de
Quetame (responsables solidarios del 50% restante) para que, con cargo a sus
patrimonios y de forma solidaria, atendieran las obligaciones de desalojo y
reasentamiento de la comunidad afectada. Dispuso la demolición técnica de los
inmuebles y tomar las medidas necesarias para evitar futuros reasentamientos y
ordenó que la Alcaldía Municipal de Quetame- Secretaría de Planeación Municipal
hiciera la implementación de estudios jurídicos y técnicos para una reglamentación
del uso del suelo que impida la reutilización del mismo para fines similares y que
de manera concertada con la comunidad se redefiniera la ubicación del
reasentamiento con implementación de estudios, permisos, licencia, adquisición de
predios seguros en donde la comunidad pudiera desplegar las actividades que
fueron permitidas en el asentamiento.18

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

IV.1 La Agencia Nacional de Infraestructura-ANI apeló el fallo de primera
instancia y como razones del recurso reiteró que la Agencia Nacional de
Infraestructura no vulneró los derechos colectivos porque no está dentro de sus
funciones la de ejecución de obras de infraestructura sino la administración de los
18 Fls. 1449 a 1496 del C.1.

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contratos de concesión.

Manifestó su inconformidad con la decisión, porque en el proceso se había
demostrado una preexistencia de la situación de riesgo antes de la construcción
del túnel tal como se encontraba consignado en el comunicado GG007533 (SCIBV-
3074-14), mediante el cual, el concesionario daba respuesta a la ANI de acuerdo
con la situación que evidenció la gobernación de Cundinamarca sobre la erosión
del talud al margen derecho del Rio Negro y que se podía ver que no era nuevo de
acuerdo con el estudio contratado por Corporinoquía con la empresa Enviromental
Ingenieros Consultores.

Señaló que la problemática se debía a la falta de control de los entes territoriales,
que les permitieron a las familias asentarse en una zona de alto riesgo y no a la
ANI quien no tiene funciones para reubicar poblaciones en estado de vulneración.

Expuso su inconformidad con el fallo de primera instancia en la apreciación de la
prueba técnica, porque a pesar de que hubiera sido la única prueba tomada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para imputar responsabilidad, dijo que
con este dictamen no se demostró que la causa del deterioro de estas viviendas
fuera la construcción del túnel No 6 y que por el contrario la prueba había enlistado
un sin número de posibilidades que pudieron incidir en el deterioro de las viviendas
como, las condiciones del suelo, la socavación del Rio Negro, las estructuras
antitécnicas de las construcciones y dijo que la ANI en el proceso cuestionó la
idoneidad del perito para rendir este dictamen porque no demostró experiencia en
construcción de túneles, por lo que no podía establecer si la construcción se hizo
de manera correcta.

Finalmente, hizo ver su desacuerdo con el hecho que el fallo no se hubiera
pronunciado sobre la responsabilidad de los ejecutores de la obra, pues ellos
estaban en el proceso y sin embargo no se les atribuyó responsabilidades a los
ejecutores directos de las obras- subcontratistas al contrato de concesión19.

IV.2 La Concesionaria Vial de los Andes S.A.S-Coviandes interpuso recurso
de apelación y manifestó su inconformidad con el fallo de primera instancia por
haber relacionado como pruebas para decidir el caso, el dictamen pericial y los
testimonios del señor Luis Miguel Contreras Herrera, Luz Alba Ávila Salamanca,
Ana Plautilla Leal, Rafael Hernando Reyes Muñoz, Luis Hernando Dávila Lamar,
Jaime William Barrantes Parra, Carlos Arturo Rodríguez Amaya, Jairo Enrique
Charry y Bertha Cárdenas, a pesar de haberse decretado y practicado otros medios
probatorios de igual importancia.

Afirmó que la sentencia no se detuvo a analizar la mala construcción de las
viviendas como factor decisivo y determinante para el estado actual de deterioro,
para lo cual resaltó lo dicho por el perito Luis Miguel Contreras Herrera, según el
cual las construcciones habían sido realizadas sobre suelos originados en depósitos
no consolidados en pendientes escarpadas que estaban siendo socavados por el
Río Negro.

Reparó que no se tuvo en cuenta el testimonio del ingeniero Rafael Hernando Reyes

19
Fls. 1550 a 1552 del C.1 Índice SAMAI 002.
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Muñoz, quien narró que la causa de los daños era el constante vertimiento de
aguas residuales que de manera incontrolada llegan a la carretera concesionada y
la cantidad de basuras que arrojan sin ningún tipo de control y taponan las
alcantarillas y rebozan las aguas hasta desestabilizar la vía.

Dijo que tampoco fue tenido en cuenta el testimonio del señor Carlos Rodríguez
Amaya con la idoneidad como profesional especializado en la materia y varios años
estudiando el tema, que manifestó que el río produce desestabilización geológica
sobre el terreno por las fuerzas del cauce fluvial que inciden con el paso del tiempo
en la problemática de los inmuebles afectados.

Lo mismo dijo frente al testimonio de Jairo Enrique Charry Gómez –gerente técnico
de Coviandes- que testificó conocer el sector desde hacía mucho tiempo, porque
por ahí pasaba la carretera concesionada y que observaba que las construcciones
ubicadas en el punto de la afectación habían crecido anti técnicamente y que los
moradores levantaron más pisos que desestabilizaban el terreno, por lo que la
causa del daño de las viviendas se debía a la indebida ubicación y a las actividades
antrópicas de los pobladores del lugar.

Manifestó que Luis Hernando Dávila Lamar- representante legal de Coninvial SAS,
empresa contratada por Coviandes para la ejecución de las obras de la segunda
calzada – incluido el túnel 6 afirmó en su testimonio cómo la empresa era muy
cuidadosa en la selección de sus contratistas (de acuerdo a su desempeño
profesional para ejecutar los trabajos), y por eso había subcontratado al Consorcio
Dragados Concay para la construcción, mientras que para contratar la ejecución
de la obra de la galería de escape contrató a la sociedad AIA S.A. Además, que
había afirmado que en todos los estudios se concluyó que las ondas sísmicas
derivadas del empleo de dinamita estaban por debajo de los límites de riesgo que
pudieran afectar los inmuebles de la zona.

En cuanto al testimonio de Jaime Barrantes –gerente de Arquitectos y Ingenieros
– AIA SAS- encargada de la construcción de la galería de escape del Túnel 6-, dijo
el recurso que había demostrado que las explosiones llevadas a cabo fueron
monitoreadas y desde el principio se había constatado técnicamente que ellas no
eran suficientes para causar daños en las viviendas ubicadas en el centro poblado
Puente Quetame.

Así mismo, manifestó que no se tuvieron en cuenta las conclusiones del POMCA -
instrumento anterior a las obras de la doble calzada en Puente Quetame- que
plasmó la priorización dentro dicho plan para la ejecución de proyectos que
permitieran controlar la situación relacionada con la socavación del río negro en
los taludes en los cuales descansan las viviendas afectadas, que aunadas a un
fenómeno natural y del accionar descuidado por el manejo de aguas residuales,
debían tenerse en cuenta.

Sostuvo que fue un error no darles valor probatorio a las actas de vecindad por
considerarlas anti técnicas al no contar con un ingeniero en su elaboración, porque
la finalidad de esos documentos no es expresar asuntos técnicos sino dejar una
evidencia del estado que presentan las edificaciones ubicadas en el área de
influencia directa de las obras antes de la ejecución del proyecto y después al
finalizar la obra, para mostrar el grado de afectación real sobre las construcciones
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Radicación núm: 25000234100020150197703
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existentes. Para el caso, afirmó que en las actas aportadas por el Consorcio
Dragados- Concay quienes practicaron las visitas se dejaba ver junto con las
fotografías que las viviendas ubicadas en el kilometro42+840 y el Km 43+600 de
la vía Bogotá- Villavicencio estaban en mal estado de agrietamiento y con fisuras.

Dijo que la sentencia pasó por alto apreciar la prueba documental técnica – Estudio
de Vibraciones producidas por las voladuras, Túnel 6 Tramo 2, Puente Quetame
elaborado por Geosoftmine Blast Vibration Colors en el mes de noviembre de 2012
contratado por el Consorcio Dragados Concay contratista del constructor Coninvial
SAS firma constructora contratada por Coviandes para el proyecto- relacionada
con las vibraciones generadas por las detonaciones realizadas para las obras de la
doble calzada en la zona que concluyó que las velocidades generadas por las
voladuras estaban dentro de los rangos permisibles y descartó cualquier daño a
estructuras y viviendas cercanas a los sitios de explosión. Y que tampoco se tuvo
en cuenta el Informe de Resultados de Medición de Vibraciones por Voladuras
Galería Acceso al Túnel 6 de julio de 2015 de la empresa Geotécnica Andina de
Consultores S.A.S que concluyó que los niveles de vibración producidos por las
detonaciones realizadas y el paso de vehículos no representaron una amenaza para
la cimentación ni las estructuras aledañas.

Señaló que no se habían tenido en cuenta los documentos que probaban la forma
como se habían diseñado y ejecutado las voladuras como quedaba demostrado con
la carta 123- GG- 001628-17-121 dirigida a Coviandes por parte del representante
legal de CONINVIAL S.A.S en donde se expresó que para los túneles 4, 5, 6 del
sector 2, el diseño de las voladuras los había desarrollado el Consorcio Concay y
lo había ejecutado AIA conforme al protocolo diseñado.

Agregó que tampoco se habían tomado en consideración los documentos que
demostraban la ejecución técnica de las voladuras realizadas y que la onda
expansiva no podía generar daños estructurales ni aparentes en las viviendas de
la zona, tales como, el informe de control de vibraciones generadas por Voladuras
Portal Bogotá- Vereda Guacapate Galería de Escape- Vereda Trapichito Fase III de
Julio de 2015, Informe de Pruebas de Vibraciones en la voladuras de frente
ventana de excavación Túnel 6 doble calzada Bogotá- Villavicencio, Copia del
informe “ Resultado de Medición de Vibraciones en las voladuras del frente Ventana
de evacuación Túnel 6 del 6 de julio de 2015 elaborado por Geotécnica Andina
Consultores S.A.S, registro de prueba de vibración tomada a la voladura de la
galería de evacuación realizada el 20 de mayo de 2015 a 50 metros de la ventana
de evacuación del túnel 6 del sector 1 (Puente Quetame) y el estudio de vibraciones
generadas por el tráfico de vehículos en el sector.

El recurso criticó la forma como el dictamen pericial había concluido que Coviandes
no tuvo previsión al no realizar las obras determinadas por Hidroconsulta para
evitar la socavación del río negro, porque Coviandes no estaba facultada para llevar
a cabo obras por fuera del contrato 444 de 1994. Así mismo, dijo que no era cierta
la conclusión del perito sobre la falta de mantenimiento de Coviandes respecto del
drenaje de la vía y los taludes superior e inferior, pues, si bien es cierto que
Coviandes hacía el mantenimiento periódico, la causa del deterioro estaba
demostrada con el testimonio del señor Rafael Hernando Reyes Muñoz -Director
de Viabilidad de la Carretera Bogotá- Villavicencio- que había declarado sobre la
gran cantidad de basuras que se arrojaban sin ningún control, las que taponaban
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las alcantarillas, cunetas, posetas, disparadores, encoles, descoles y canales de
drenaje, lo que generaba que se rebosaran las aguas y terminaran por
desestabilizar los taludes aledaños a la vía.

Finalmente, dijo que el fallo debía ajustarse a los requisitos del artículo 280 del
Código General del Proceso, en el sentido de motivar la sentencia con un examen
crítico de las pruebas y la explicación razonada de las conclusiones dadas, porque
al no estudiar todas las pruebas, se llegó a conclusiones equivocadas y sin
motivación.20

IV.4 El municipio de Quetame interpuso recurso de apelación y manifestó que
el fallo incurrió en un error al considerar que hubo una negligencia por permitir el
asentamiento sin licencias urbanísticas y sin las disposiciones de sismo-resistencia,
cuando las reglas y el control de la actividad urbanística se reguló, a través de los
planes de ordenamiento territorial, y la obligación legal para los municipios nació
bajo la ley 388 de 1997.

Narró que el 17 de octubre de 2001, a través del Decreto 024, el Municipio de
Quetame estableció la planta de personal de la Alcaldía Municipal y creó la Oficina
de Planeación Municipal y aportó la copia del decreto con el recurso, por lo que
concluyó que no se le podía atribuir responsabilidad.

Señaló que en cuanto a los reconocimientos de construcción –procedimiento para
que las construcciones preexistentes regularicen su construcción- no es un
procedimiento que la administración municipal tenga que realizar de oficio, sino
que se efectúa a petición del interesado y que solo opera para las viviendas que
cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 2.2.6.4.1.1 del Decreto 1077 de
2015 modificado por el Decreto 1197 del 2016. Además, precisó que para las
viviendas ubicadas al margen izquierdo del Río Negro hay una clasificación que
impide el reconocimiento de edificaciones.

Enfatizó en que se demostraron las actividades desplegadas por el municipio, al
iniciar actuaciones administrativas para la reubicación de los habitantes del sector,
en cumplimiento de la medida de urgencia decretada, y manifestó que el fallo se
equivocó en afirmar que son 34 inmuebles los que se vieron afectados, cuando en
el último censo se determinó que las viviendas afectadas eran 8 y no estaban
habitadas. La recurrente aportó, con el recurso, las resoluciones números 086 del
4 de junio de 2016 y 283 A del 26 de septiembre de 2018, por las cuales se
reconoció el pago de un subsidio familiar de vivienda para arrendamiento a 17
personas entre las cuales se encuentran los 8 propietarios de las viviendas del
margen izquierdo del Río Negro.

Señaló que solo los señores María Yinda Pardo Ríos, Alcira Pardo de Guevara, Ana
Plautila Leal, Mario Amiro Leguizamón Gil, Franky Velásquez Cruz, Julio Eduardo
Herrera Baquero, Benito García Navarro, María Herminda Betancourt adjuntaron la
documentación para poder recibir los subsidios de arrendamiento y precisó que no
todas las personas que dijeron que eran afectadas lo fueran y solo las ocho
viviendas fueron desalojadas.

Concluyó que, como la única causa para responsabilizarle era que había
20 Fls. 1533 a 1549 del C.1.

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pretermitido los deberes de vigilancia, control y regularización de la situación de
asentamiento, y dicha actividad no le correspondía legalmente, quedaba
desvirtuada la responsabilidad del municipio.21

IV. 5. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres manifestó
estar en desacuerdo con el fallo de primera instancia y pidió revocar la sentencia,
la que consideró errada por desconocimiento del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres (Competencias de la Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgo de Desastres, la competencia de los entes territoriales en gestión de
riesgos, los consejos territoriales de gestión de riesgo de desastres,
desconocimiento de los mecanismos de financiación en materia de gestión de
riesgos de desastres- las cuales relacionó en el recurso).

Como consecuencia de lo anterior, apeló por una equivocada imputación del daño,
porque no se logró demostrar cuáles de las funciones otorgadas legalmente por el
Decreto 4147 de 2011 incumplió y sin embargo le fue ordenado que solidariamente
se hiciera cargo del 50% de los gastos derivados del desalojo y reasentamiento de
la comunidad afectada.

Indicó que para imputar la responsabilidad del daño debía acudirse a las reglas de
la ley 388 de 1997, que establecen la responsabilidad en cabeza de los municipios
como entes territoriales ejercer el control y hacer cumplir la prohibición de
asentamientos en zonas catalogadas como de riesgo.

Estuvo en desacuerdo con que se hubiera declarado la falta de legitimación en la
causa por pasiva del Departamento de Cundinamarca, porque conforme al artículo
12 de la ley 1523 de 2012, los gobernadores son la instancia de coordinación de
los municipios de su jurisdicción, encargados de apoyar de manera subsidiaria para
adelantar los procesos de conocimiento, reducción y manejo de desastres, aunado
a que en el proceso había quedado establecido sobre el conocimiento de los hechos
por parte del departamento.

Criticó la tesis de la primera instancia sobre la configuración de la concausalidad
de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, porque para que la
misma pudiera ser aplicada, se debía analizar la conducta del agente dañoso y
definir cuál era la conducta cuya infracción permite obligarlo a reparar. Además,
insistió que, como la responsabilidad recaía legalmente a los entes territoriales, no
se le podía hacer un estudio de conducta en quien no recaía la obligación legal.22

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido
por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en
21 Fls. 1505 a 1511 del C.1.
22 Fls. 1629 a 1643 del C.1. Índice SAMAI 002

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segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias
emitidas por los Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de
intereses y derechos colectivos.

V.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia.

De la lectura de los recursos de apelación, la Sala observa que ninguno desconoce
la problemática de riesgo que se presenta sobre las viviendas ubicadas en el
municipio de Puente Quetame y con ocasión de ello la vulneración a los derechos
colectivos aducidos en la demanda y declarados vulnerados en la decisión de
primera instancia, por ello en este punto no se detendrá la Sala. Los
cuestionamientos van dirigidos a quienes son los responsables de ello, esto a partir
de las pruebas obrantes según las sociedades contratistas y por el lado de las
entidades públicas en atención a sus competencias legales, por lo que en ese orden
se abordarán.

V.3. la Agencia Nacional de Infraestructura y el contrato de concesión:

De acuerdo con el recurso de apelación de la ANI no se le ha debido responsabilizar
de la vulneración de derechos colectivos, porque su función no es la de ejecutar
directamente obras de infraestructura, sino la administración de los contratos de
concesión.

El artículo 4 de la ley 80 de 1993 dispone que, para la consecución de los fines del
Estado, las entidades estatales exigirán del contratista, la ejecución idónea y
oportuna del objeto contratado.

Por su parte, el artículo 80 de la ley 80 de 1993 define el contrato de concesión
como aquel que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a una
persona –concesionario– la prestación, operación explotación, organización o
gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación
o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o
uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del
concesionario, y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente.

El Decreto Ley 4165 de 2011, por medio del cual se cambió la naturaleza jurídica
del antiguo Instituto Nacional de Concesiones INCO a la Agencia Nacional de
Infraestructura, dispuso que esta última sería una agencia del sector
descentralizado de la Rama Ejecutiva -adscrita al Ministerio de Transporte- con
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y
técnica y su objeto sería: coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y
evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privadas–
APP, para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y
explotación de la infraestructura pública de transporte en todas sus modalidades,
de los servicios conexos relacionados. Así como el desarrollo de proyectos de
asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo
determinara expresamente el gobierno nacional.

En ese marco, conforme al artículo 4 –numeral 15- le corresponde a esta entidad

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ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para
garantizar la oportuna e idónea ejecución de los contratos a su cargo y proteger el
interés público, de conformidad con la ley.

El Consejo de Estado, a propósito del contrato de concesión -en punto de las
responsabilidades del concedente- ha establecido que:

“(…) la celebración de un contrato de concesión no conlleva ausencia de
responsabilidad de la entidad concedente, toda vez que, al utilizar una forma
de gestión indirecta del servicio público, las competencias de dirección, vigilancia y
control se intensifican porque se están “delegando” facultades propias de la
administración al concesionario y otorgándole derechos y prerrogativas
respecto de la utilización de bienes de titularidad pública. Por esa razón, la
dirección como competencia no se restringe a verificar si el contratista cumple, sino
si lo puede hacer de mejor forma en cuanto a la calidad, cantidad y precio(…)”.23

De conformidad con la jurisprudencia citada, la Agencia Nacional de Infraestructura
debe ejercer la función de dirección, vigilancia y control en las concesiones y las
actividades deben intensificarse, porque delega, precisamente, actividades propias
de la administración, es decir, actividades que –de ordinario- le corresponde
ejecutar al Estado. En este caso, tenía a su cargo atender y vigilar el objeto y
ejecución del contrato No 444 de 1994 “por el cual se realizaría por el sistema de
concesión los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de
construcción, la operación y el mantenimiento del sector Santafé de Bogotá -
Caqueza –k55+000 y el mantenimiento y operación del sector KM 55+ 000
Villavicencio”.

Si bien, no le corresponde la ejecución directa de la obra, no basta con verificar si
el contratista cumple el contrato de concesión, sino que su calidad de
concedente lleva implícita la delegación propia de la administración y por
tanto le corresponde la dirección y vigilancia de la actividad concesionada con
mayor rigor e intensidad. En ese orden, no es de recibo el argumento en que como
no ejecuta el contrato no está llamada a responder, pues precisamente en su
condición de cesionario tiene la función de ejercer la vigilancia y control, a partir
de la cual puede exigir al concesionario en el marco del contrato el cumplimiento
de las cláusulas que garantizan los escenarios de responsabilidad por cualquier
daño o afectación que se produzcan con ocasión de la ejecución de éste.

V.4. La Agencia Nacional de Infraestructura y Coviandes S.A

Puesto que ambos recursos de apelación comparten unidades temáticas, es decir,
acuden a los mismos cargos en cuanto a: (1) que el riesgo de una afectación a
viviendas en el sector señalado en la acción popular existía antes del contrato de
concesión, y el municipio de Quetame lo permitió. Por tanto, la concreción de ese
riesgo es imputable al Municipio; y (2) que las detonaciones de la “construcción
del túnel 6 más la galería de escape” (en la jurisdicción de la inspección de policía
de Puente Quetame, Municipio de Quetame) no fueron la causa de la vulneración
alegada, la Sala los abordará de manera conjunta.

Ahora, como para Coviandes el cuestionamiento consistió en que se dejó de

23 Consejo de Estado. Radicación 250000-23-26-000-1999-0002-04. 1 de noviembre de 2012. C. Enrique Gil Botero

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valorar unos testimonios, resultan pertinentes las siguientes precisiones:

Para que un testimonio tenga poder demostrativo –eficacia probatoria– debe ser
exacto, completo y adecuar la respuesta a la pregunta formulada; debe tener un
grado de exactitud sobre los hechos que pretenden probar.

Cuando se trata de cotejar varios testimonios, se exige que sean coherentes entre
sí. En ese marco, el juez, en su ejercicio intelectivo, debe establecer la mayor o
menor credibilidad de los testimonios, pudiendo escoger unas como fundamento
de la decisión y desechar otras. El mencionado ejercicio apreciativo es válido,
siempre que no sea contraevidente o absurdo.

Dicho lo anterior, en el proceso se practicó la prueba testimonial del señor Carlos
Rodríguez Amaya, quien se identificó como asesor de Coviandes en la línea
hidráulica Bogotá-Villavicencio. Además, señaló ser ingeniero civil con maestría
en ingeniería civil de riego y drenaje de la Universidad de Illinois y doctorado en
hidráulica de la Universidad del Estado de Colorado. De su declaración se extraen
textualmente las siguientes respuestas:

(…) No tuve injerencia en el manejo de los túneles, tan solo el manejo hidráulico en
la zona, particularmente antes de la construcción de los túneles (…) Pregunta del
Despacho ¿Cuál es su opinión? Respuesta: (…) No conozco el desarrollo de los
proyectos de los túneles….desde el punto de vista hidráulico, en mi opinión como
técnico, hay realmente una invasión de cauce como quiera que, sencillamente, es
un río de alta montaña con altísimo transporte de sedimentos, gran pendiente y
como consecuencia de su evolución natural divaga de margen derecha y margen
izquierda, y uno si aprecia francamente que las viviendas a lo largo de la margen
derecha después del puente de Quetame sobre el rio negro están en una zona de
alto riesgo y obviamente con permanente amenaza por las crecientes del río y la
escorrentía general en el sector (…) Mi opinión como técnico, porque no es una
situación diferente a la que se vive en otras partes, es que desafortunadamente,
por una u otra razón, nosotros permitimos la invasión de los cauces naturales de
los ríos. Si normalmente se define un valor de 30 metros de ancho como que debe
respetarse de la orilla del río, la realidad es que eso en el país desafortunadamente
no se respeta, y recibimos situaciones tan críticas como Mocoa y, como todo, aquí
antes, la verdad sea dicha, no ha pasado mayor cosa, pero realmente ese río es de
gran energía (…) Particularmente en el sitio yo critico mucho el hecho que se
permitan la construcción de viviendas a lo largo de la margen derecha del río o,
inclusive, de la margen izquierda, sobre todo, si la dinámica del rio está exigiendo
un espacio para evolución natural del río.
(…)
Pregunta el Despacho ¿Conoce usted las viviendas que se encuentran en la
margen izquierda del río después Puente Quetame donde existen ventas de
productos como dulcerías? Respuesta: Sí las conozco, y las conozco
particularmente desde el sector inferior, de abajo hacia arriba. Pregunta el
Despacho: Usted la última vez que las vio en qué estado las ha mirado. Responde:
Yo personalmente estuve, aproximadamente, hace unos dos años tratando de mirar
de manera directa cuál era la condición. En ese momento se había llamado la
atención de que había habido un gran transporte de sedimentos y se había
modificado. hace aproximadamente dos años hubo una intervención por parte del
Instituto Nacional de Vías de establecer algunos movimientos de tierra aguas abajo
del puente en toda la esquina en donde sencillamente el río naturalmente evoluciona
con el ánimo de controlar el ataque directo frontal sobre ese talud derecho, donde
están asentadas las viviendas. Pregunta el Despacho: Indica la parte demandante
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que, efectivamente, “esta acción popular surgió como consecuencia de la
construcción del túnel no 6” y específicamente por el uso de explosivos que
agravaron la situación de las viviendas, en el conocimiento o pericia que usted
manifiesta tener y que ha acreditado tener en esta diligencia ¿es probable que ese
estado de las viviendas obedezca a la construcción del túnel o a la acción del río?
Contestó: Como ingeniero civil que soy, y el conocimiento que tengo, porque mi
actividad con la línea hidráulica está directamente relacionada con el componente
geotécnico de proyectos, es decir, normalmente no puede pensarse en hacer un
proyecto hidráulico sin considerar la geotecnia o hacer un proyecto geotécnico sin
considerar la hidráulica y en la construcción de túneles se tiene mucha precaución y
mucho estudio de investigación preliminar que determina cuál es la condición
litológica de los taludes donde podría construir un túnel con el ánimo de poder
determinar el control que debe hacerse para la construcción del túnel en cuanto al
uso de explosivos y eso normalmente está controlado desde el punto de vista de la
construcción del túnel, yo pensaría, porque la observación que yo vengo haciendo
sobre este río, como de los otros ríos del país, es que la incidencia de los grandes
caudales temporales del río afecta la base del talud y, como consecuencia, incide de
manera directa, más que cualquier otro componente, en la desestabilización de las
viviendas (…) Pregunta el apoderado de Coviandes: Qué cargo desempeña en la
empresa Hidroconsulta y qué es la empresa Hidroconsulta Contestó: Hidroconsulta
es una firma consultora establecida hace más de 35 años con sede en Bogotá
dedicada a la actividad en materia de hidráulica, diseños de acueductos y
alcantarillados interventorías de acueductos y alcantarillados, parte hidráulica de
carreteras y muy especialmente somos especializados en hidráulica fluvial, yo soy
socio de la firma, somos dos socios, cada uno tiene el 50% y yo soy el gerente
técnico y me desempeño como gerente técnico desde la fundación de la compañía
en el año de 1982. Preguntado: Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que
usted manifestó que Hidroconsulta era asesora en la construcción de carreteras de
Coviandes, quiero preguntarle, en esa calidad antes mencionada, manifiéstele al
Despacho si usted observó que las viviendas ubicadas en los kilómetros 42+800 y
43+600, en el municipio de Quetame, se ubican en la ronda del Rio Negro, explique
su respuesta y haga especial mención en su respuesta de qué es un bosque ripario. Contestó: Realmente las viviendas a las que se refiere el abogado entre las abscisas
42+800 y 43+600 están ubicadas a lo largo de la margen derecha del río. Un bosque
ripario es aquel que se desarrolla a lo largo de las márgenes de los ríos como en
efecto en este sector y en otros sectores del río se puede llegar a desarrollar, pero
realmente es inexistente en términos prácticos para efectos hidráulicos (…) Las
viviendas están dentro de los 30 metros del cauce del río…Preguntado: En su
condición de ingeniero civil y técnico en la materia de hidráulica, manifiéstele al
Despacho cuál es la incidencia de estar ubicadas las viviendas en la ronda del río,
aunque ya lo dijo, quisiera que fuera más claro para que el Despacho tenga una
precisión de concepto sobre el tema. Contestó: Pues sencillamente tenemos unas
viviendas en x sitio, no importa dónde, esas viviendas necesariamente tienen un
consumo de aguas, aguas que pueden traer por escorrentía de una quebrada o
pueden hacer uso del acueducto veredal o del acueducto municipal, en este caso no
lo sé, pero necesariamente se generan aguas servidas, aguas provenientes de los
lavaderos, aguas provenientes de los sanitarios que sencillamente es muy usual y se
observa en la zona que se arrojan sin control a los taludes de los ríos (…)
Preguntado:

Manifiéstele al Despacho si la erosión y las malas técnicas agrícolas
sumadas a la alta capacidad de transporte de caudales liquidados de rio negro
desestabilizan la zona. Contestó: Indiscutiblemente la combinación de los dos
procesos desestabiliza la zona. Manifiesto que no he detallado el aspecto de
presencia de desarrollo agropecuario o agrícola en los taludes de la margen derecha
del rio. He observado en general y he observado que definitivamente hay mal manejo
de aguas en el sector. El apoderado del municipio de Quetame pregunta: Ingeniero Carlos, como quiera que usted ha probado tener un conocimiento amplio
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de la zona y de las viviendas cuya afectación real o supuesta. Por favor dígale al
Despacho a qué distancia de la vía se encuentran las viviendas afectadas. Contestó: Podemos considerar que la zona afectada es inmediatamente aguas abajo del
puente, cruzamos el puente con el Rio Negro, el Río toma un alineamiento
relativamente rectilíneo y va frontalmente hacia el talud derecho, como se observa
está la carretera puede haber un espacio de unos 10 a 15 metros de la margen
izquierda de la carretera sobre la cual hay parcialmente viviendas, pero con precisión
esos metrajes no se los puedo decir. Pregunta el apoderado de la UNGRD: Ingeniero desde el tiempo que usted ha tenido conocimiento ya existían las viviendas
de las que estamos hablando. Contestó: Si, realmente las viviendas son muy
antiguas, no puedo precisar la fecha como tal, pero la carretera originalmente antes
de que fuera concesionada en el gobierno del presidente Gaviria, que fue la primera
concesionada, entre otras cosas, existía la vía y a lo largo de la vía había viviendas,
muchas de esas viviendas posiblemente estaban en ese momento allí y después de
la vía, a raíz de que se desarrolla naturalmente un negocio, un comercio se
incrementan las viviendas, la gente busca el espacio para construir, esas viviendas
muchas pueden ser antiguas, muchas pueden ser recientes. Preguntado: ¿Puede
afirmar que estas obras no han afectado las viviendas? Contestó: Te refieres a las
obras de los túneles… yo hice referencia a lo siguiente y reitero no conozco en detalle
los estudios y diseños en el proceso constructivo del túnel, lo que hice referencia sí,
es que es normal que los estudios y diseños que conllevan, estudios geológicos,
estudios de geofísica, para determinar la estratigrafía, perforaciones de conocimiento
directo de confirmación de la fotointerpretación geológica y de la información de
geofísica obtenida para la construcción de un túnel está bastante controlado para
que realmente se minimice cualquier efecto pero no conozco más detalle que lo que
comento, no me lleves a decir que los túneles afectaron, no me consta, no conozco
el detalle pero como técnico yo si puedo aseverar que esas condiciones se
determinaron en los diseños para minimizar cualquier posible efecto (…) Yo en este
caso particular insisto que el mayor afectación de cualquiera de estas viviendas es
por el rio mismo y por el mal manejo de las aguas servidas y aguas de escorrentía
en el sector. En principio yo no le achacaría mucho a lo que ustedes dicen. Preguntado: Esa socavación de la que usted nos hizo una ilustración bastante
amplia y clara, puede verse potenciada por el desarrollo de explosiones en la zona
Contestó: Yo diría que la zona se afecta mucho más por la extracción de materiales
granulares arriba del sector, porque sencillamente permítame ampliar algo que de
una manera muy sencilla la voy a decir. Imaginémonos una balanza en donde yo en
este caso tengo el caudal líquido y aquí tengo el material que ese líquido transporta
a lo largo del rio. El río está hecho por naturaleza para transportar liquido y suelo. Yo tengo un equilibrio, el rio nunca adquiere ese equilibrio, pero permanentemente
lo busca, resulta que llueve en la cuenca alta. Hay más caudal, se desestabiliza la
balanza, entonces el mayor caudal tiene que transportar más suelo para transportar
más suelo de manera que el equilibrio se recupere (…) Preguntado: Las obras del
túnel pueden afectar el cauce del río Contestó: No, totalmente independiente, no
tiene que ver las obras arriba con el cauce y el equilibrio del río. Preguntado: La
ausencia del sistema colector genera la afectación de la magnitud que se ha dado en
las viviendas de los actores populares. Contestó:

Por concepto del mal manejo de
las aguas indiscutiblemente, porque las aguas sino se colectan y se controlan y hay
un direccionamiento de las aguas a un punto especifico en donde eventualmente se
construya una estructura que disipe la energía, esa energía está distribuida en las
mangueritas que estoy botando de casa en casa y como consecuencia desestabiliza
todo. (…) Apoderado de la Defensoría: Si esas viviendas son antiguas, ¿cómo
explica usted que a partir de la construcción del túnel No 6 es el momento donde
aparecen los daños en las viviendas? Contestó: Yo dije que no conocía las acciones
de construcción de los túneles (…) no puedo precisar en qué momento se empezaron
a deteriorar, por cuanto yo no estoy en el diario de observación continuo de las
viviendas, pero las viviendas se afectan por el mal manejo de las aguas en general,
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en este caso particular por la incidencia directa del río. Preguntado por parte del
Despacho: Usted ha estado en la zona, cuando Coviandes construyó el túnel No 6
Contestó. No estuve. Transito por la vía, pero no estuve.24

Del testimonio hay que destacar que se trata de un especialista en riego y drenaje,
en ese sentido, es útil y adecuado para apreciar el comportamiento del Río Negro
como una de las causas del riesgo de las construcciones de los habitantes del
sector Puente Quetame. Sin embargo, todas las apreciaciones relativas a los
túneles y el manejo en las voladuras no pueden tenerse en cuenta porque, como
dijo a lo largo de su testimonio, no tuvo relación ni contacto con este aspecto. Se
puede establecer por medio del testigo que una de las causas de las averías de las
casas es la invasión del cauce del Río Negro, sumado al manejo de las aguas
servidas y la escorrentía, el comportamiento de los sedimentos y la evolución del
río sobre las zonas comprometidas.

Por otro lado, se practicó el testimonio del señor Jairo Enrique Charry Gómez,
Ingeniero Civil, que dijo trabajar en Coviandes como Gerente Técnico y de
Operaciones y quien señaló no tener otra formación profesional adicional.

De su testimonio se resaltan los siguientes apartes:

“Diga al Despacho si participó en la ejecución de la construcción del túnel número 6
en el sitio de Puente Quetame Concesión Vial de Bogotá a Villavicencio. Respuesta:
Directamente no participé, la organización tiene un constructor que se llama
Coninvial y a su vez Coninvial subcontrató a la firma Dragados el túnel principal un
consorcio entre Dragados Concay y la galería de escape la hizo la firma AIA.
Pregunta el apoderado del municipio de Quetame: Podría usted indicarnos cuál
es el ancho de la vía a la altura de Puente Quetame. Contestó: El ancho de la vía a
la altura de Puente Quetame es el mismo ancho que tenía construido por el INVIAS
en su momento del orden de 9 metros. Preguntado: Conoce usted, obviamente,
me imagino que sí, el concepto de franja de reserva o área de restricción o de
exclusión respecto de las vías. Contestó: Claro que sí, lo mencioné al principio los
15 metros, a lado y lado del eje de la carretera. Preguntado: De acuerdo a su
conocimiento de la zona, por favor, infórmenos si las viviendas que han sido
afectadas y que han dado lugar a esta acción se encuentra dentro de esta zona de
exclusión que usted acaba de mencionar de estos 15 metros al lado y lado de la vía.
Contestó: Si, están metidas en el corredor vial. Lo que pasa es que, insisto, cuando
la concesión y cuando el INVIAS, después el INCO y después la ANI eso ya era un
hecho cumplido y así fue que recibimos la carretera y eso es lo que hay hoy en día
que las viviendas están dentro del corredor vial. Pregunta el Despacho: La
empresa Coviandes hace extracción del material del río. Contestó: no señor, ni en
ese punto y tampoco en la variante por el lado de Cáqueza que es donde se hace
explotación. Se le pone de presente fotografía y se le pregunta si ese es el túnel 6 y
el allega una donde está el túnel 6, con base en ello Preguntado: De acuerdo con la
fotografía se observa la entrada del túnel número 6 y en la parte izquierda del túnel
se observa la carretera unas construcciones y el río, como consecuencia de la
construcción de este túnel se pudieron ver afectadas la estructura de esas viviendas.
Contestó: o sea, hoy en día nuestra única limitante son las normativas, tengo
entendido que el constructor cumplió con el elemento de ondas, no tengo los
elementos para decirle que no o que sí, pero nosotros digamos que el constructor
cumplió la normativa que nos exigía para el tema de vibraciones. Preguntado: usted
conoce las viviendas que se encuentran en una situación de afectación o de amenaza

24 Tomado del cd obrante en el expediente físico, sin foliatura. Cd denominado recepción de testimonios

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Contestó: Las he visto desde la carretera. 25.

Del testimonio hay que rescatar que, en su calidad de gerente técnico y de
operaciones, dijo que las vías afectadas hacen parte del corredor vial,
circunstancia que es constatable y se vuelve útil al proceso, en la medida que es
un testigo que conoce la vía. Narró que la concesión recibió la vía y ya las casas
estaban ubicadas en el corredor vial. Sin embargo, frente a la respuesta de
conocimiento sobre los hechos de las voladuras y las construcciones de los túneles,
no se puede tener en cuenta su relato porque manifestó “tener entendido que el
constructor había cumplido la normativa en materia de vibraciones”, por lo tanto,
no ofrece ninguna precisión y es, apenas, un testigo de oídas al que no le consta
ese aspecto.

A través de este testimonio se puede establecer que el comportamiento de los
pobladores en el manejo del alcantarillado y su utilización, así como el manejo de
las aguas de escorrentía y las construcciones que están sobre el cauce del río son
una de las posibles causas de las averías en las casas.

Por otro lado, se practicó el testimonio de Rafael Hernando Reyes Muñoz, quien
manifestó ser ingeniero civil, y tener relación con Coviandes, por trabajar para el
concesionario- Director de mantenimiento de la vía Bogotá Villavicencio.

Frente a la pregunta del Despacho, de hacer un relato de las circunstancias que
lo traen en particular la de las viviendas en riesgo, respondió:

(…) Yo participo en calidad de Director de Mantenimiento en la vía Bogotá-
Villavicencio, pero calzada existente, pero conozco que hay una situación de
deterioros en las viviendas, pero no debido a la construcción de la doble calzada sino
afectaciones que se dan por embates del río que se dan paralelo a Puente Quetame.
Eso pues ya tiene una historia larga, empezando, antes de conocerse, empezó a
agravarse en un sismo que hubo en mayo de 2008 y de ahí en adelante pues en las
acciones de los periodos invernales, si presenta problemas. El Despacho
Preguntado: Sírvase indicar a qué se refiere a que existe una vía vieja y una
construcción nueva. Contestó: Si correcto, la vía Bogotá- Villavicencio tiene en este
momento 86 kilómetros de longitud, eso es lo que nosotros denominamos vía
existente. Inicia en el kilómetro 0 en la jurisdicción del municipio de Usme, termina
en el 86 en la jurisdicción de Villavicencio, atraviesa a las localidades de Chipaque,
Caqueza, Puente Quetame Pipiral y llega a la jurisdicción de Villavicencio. Esa vía se
inició su construcción acerca de los años, 55, 56, 57. En primer lugar ha sufrido pues
unos ensanchamientos y luego Coviandes hizo el contrato para la construcción del
kilómetro 0 al Kilometro 25 que es de construcción de Chipaque y Caqueza, de resto
de longitud únicamente para la operación y mantenimiento, eso es lo que
denominamos nosotros la vía existente. La doble calzada es un contrato posterior a
lo que he nombrado que también está a Cargo de Coviandes y Coviandes tiene una
filial para la construcción de la vía que es Conanvial y a su vez Conanvial contrató a
otras empresas para la ejecución de las deferentes actividades para esa doble
calzada. Pregunta el Despacho: Conoce usted el sector de Puente Quetame al que
se refiere la presente acción popular que relata la existencia de deterioros originados
por la construcción de vía doble calzada especialmente por la construcción de un
túnel en el punto 46+250 metros aproximadamente. Contestó: Conozco la
jurisdicción de Puente Quetame, ya que, por la actividad e mantenimiento de la vía,
pues tengo que transitar la zona, pero como ya le dije no conozco profundamente el

25 Tomado del cd obrante en el expediente físico, sin foliatura. Cd denominado “Recepción de testimonios”.

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tema de la doble calzada ya que no participé en el tema de la doble calzada, no
participo ni he participado en la construcción de la doble calzada, soy director de
mantenimiento de la vía Bogotá- Villavicencio. Se le concede la palabra al señor
apoderado de Coviandes: Preguntado: los testigos han manifestado que las casas
del centro poblado Puente Quetame se encuentran cerca de la vía antigua, según lo
que se ha venido diciendo, sabe usted como jefe de mantenimiento sabe si la acción
de los pobladores de Puente Quetame, las construcciones que han hecho genera
efectos nocivos de la carretera, explique su respuesta por favor. Contestó: Puente
Quetame es ese tipo de construcciones que se desarrolla a medida que se va
haciendo una vía, en el 57 cuando se empezó, se hacían unos cortes y el material se
colocaba a la derecha de la vía, eso fue el origen de Puente Quetame, entonces, en
el devenir, yo tengo que pasar con mis microempresas de mantenimiento, yo tengo
empresas de mantenimiento, en las jurisdicciones de los municipios, vale decir, yo
paso por los municipios y contrato la gente en las actividades que proponemos de
mantenimiento y en Puente Quetame tenemos algunas personas de esa zona que
trabajan en la vía. ¿Qué nos genera a nosotros problemas? En la zona de Puente
Quetame hay drenajes que consiste en alcantarillas y box culvert porque Puente
Quetame queda cerca de unas laderas, vienen la carretera que pasa por un corte y
luego sigue el rio, de esas laderas viene aguas de escorrentía en los aguaceros y
además hay unas quebradas de cauce perenne, es decir, no se pierde el agua sino
hay agua permanentemente. El problema que tenemos nosotros es en esas
alcantarillas y en ese drenaje, el box culvert los usuarios, o sea, los habitantes de
Puente Quetame construyeron sus viviendas sobre el cauce, es decir, hicieron unos
canales y sobre los canales hicieron unas placas y construyeron sus viviendas,
obviamente eso obstruye el buen drenaje de la vía y además se genera un riesgo
para ellos mismos, porque en una gran afluencia de inviernos como los inviernos que
se están presentando disminuyeron la capacidad hidráulica del box culvert que está
en estos momentos que es un box culvert de 2 por dos que eso genera cuatro
metros cuadrados que es más o menos la capacidad que una creciente puede
evacuar, eso lo disminuyeron, genera peligrosidad para ellos mismos y a nosotros
nos afecta en cuanto a la limpieza porque pues ahí llegan todas las basuras, los
efectos que se producen de las viviendas específicamente en esa zona, eso mismo
sucede con las alcantarillas, porqué razón, porque a lo largo de la inspección de
Puente Quetame arrojan las basuras, las acumulan sobre las cunetas. A lo largo de
la inspección de Puente Quetame arrojan las basuras en las cunetas y el municipio
de Quetame con su sección de servicios públicos no retira la basura, entonces eso
genera que se taponan las alcantarillas (…). Otra problemática…es la siguiente,
Todas las construcciones que están en Puente Quetame primero también hay un
sistema de recolección de aguas lluvias y no existe sistema de alcantarillado
entonces hay el sistema tradicional de que cada vivienda tiene su pozo séptico para
el manejo de las aguas grises y negras, esto genera que al llenarse los pozos sépticos
y todas esas cuestiones las aguas discurran por las laderas, las laderas generan
erosión y eso es una problemática para la ladera y para los mismos usuarios. Eso es
una problemática que los afecta a ellos gravemente y nos afecta a nosotros. Obviamente también la presencia del rio que es tan cercana pues también genera
problemática para ellos y para la concesión. Preguntado: Para efectos de aclaración
de su respuesta anterior, le manifiesto que diga al Despacho ¿qué significa un box
culvert? Respuesta:

Tenemos un sistema de drenaje las alcantarillas y box culvert,
las alcantarillas son tuberías normalmente de en esta localidad eran de 24 pulgadas
de diámetro y se pasaron a 36 pulgadas de diámetro de acuerdo a la ANI. box culvert
es una construcción de 4 x 4, una alcantarilla de cajón. Se le concede el uso de la
palabra al apoderado del municipio de Quetame. Preguntado: Ingeniero Reyes, de
acuerdo a sus respuestas ha manifestado que conoce suficientemente el sector
poblado de Puente Quetame, por favor manifiéstele al Despacho, las viviendas que
se consideran afectadas por unas explosiones y que es lo que ha dado motivo al
presente proceso, están ubicadas en la vía Villavicencio a qué distancia de la que
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usted denominó vía existente, es decir, la vía antigua. Contestó: Me referiré
primero… la sección habitada en el sentido de la vía dirigiéndonos del km 0 al km 86
es el lado izquierdo de la vía, las construcciones están paralelas a la vía. La vía tiene
11 metros su calzada de pavimento, luego sigue una berma y luego sigue en algunas
zonas una cuneta y luego siguen unos andenes en el municipio y los andenes son de
diferente ancho, significa que hablando desde el eje de la vía están de 20 o más
metros, como dije en el lado izquierdo de la construcción (…) las construcciones
están a lo largo de la vía al lado derecho, son muy pocas viviendas en esas zonas
del lado derecho. Lo que usted me preguntó sobre las construcciones y las
afectaciones de eso no tengo conocimiento porque mi trabajo es abajo en la doble
calzada, sé que por eso estoy acá presente. No me consta ni lo sé. Hay otros testigos
de las empresas constructoras. Concede la palabra al apoderado de la UNGRD. Preguntado: las viviendas que son afectadas en este proceso se encontraban
construidas cuando empezó la obra de la que usted hace referencia. Respuesta: Sí,
sí claro, son construcciones de más o menos – digamos hay pocas como se inició del
año 57, 60- como se inició la construcción de la carretera en esa época, pues hacían
unos costes y llenaban la ladera que eso es poco adecuado hacer viviendas en esa
zona de relleno, llamémoslo y fue creciendo. …Eso ha crecido pues desde esa época
y hay construcciones más recientes… sobre la vía…si uno las ve desde la vía tienen
un piso, pero si se pasa al otro lado del lado del río tienen cinco y seis pisos. Obviamente como nosotros hemos indagado y hay algunas cuestiones que nos han
solicitado, la mayoría de viviendas no tienen licencias de construcción ni cosas de
esa naturaleza y sobretodo lo que se tiene es que es una zona de riesgo. el río es un
problema grande, tan es así que en algunas oportunidades algunos habitantes de
Puente Quetame nos solicitan apoyo para cuestiones, la construcción de gaviones no
es una solución para un embate del río (…) Preguntado: Tiene conocimiento cuándo
empezaron las obras de la doble calzada. Respuesta (…) Cerca del año 2012. Pregunta el Despacho: usted hace presencia en la vía: Si. Usted se percató o
percibió la presencia de daños estructurales en las viviendas que generaron la
presente acción popular. Contestó. Como ya dije señor magistrado en puente
Quetame las afectaciones vienen desde mucho tiempo antes. Digamos que se
incrementaron en el sismo del 2008, porque pues obviamente nosotros como
funcionarios de Coviandes tuvimos que ir a participar porque fue una cuestión
general (…) y fuimos y revisamos y verificamos las casas con mayor afectación,
vimos unos edificios de tres o cuatro pisos y las casas también tuvieron muchas
afectaciones y eso fue en el año 2008. Como ya dije también nos solicitaron unos
apoyos y fuimos a verificar las afectaciones y digamos a verificar qué lo causó y
la mayoría de esas acciones las ha causado el río. Hay un parque que está en la zona
que se afectó y las viviendas aledañas se cayeron y las viviendas en general
paralelas, que el río también discurre paralelo a Puente Quetame a una distancia
aproximada de 30 metros Puente Quetame es una ladera lo cual lo afecta
mayormente porque el embate es mayor entonces siempre ha tenido esas
afectaciones de viviendas en Puente Quetame. Pregunta el Despacho: Los
demandantes afirman que hubo unas explosiones para la construcción especialmente
de un túnel esas explosiones afectaron la vía a la que usted hacía mantenimiento,
hubo fisuras, hundimientos de la vía como consecuencia de esas explosiones. Contestó: No señor, ninguna. Seguramente van a hablar dos ingenieros
especialistas que son funcionarios para eso, pero normalmente cuando se construye
un túnel, las primeras maniobras son manuales, no se utilizan explosivos.

Se avanza
en una construcción un determinado número de metros, de acuerdo a la longitud del
mismo túnel y obviamente a partir de que se van comprobando los estudios, hay
unos estudios generales y le dicen que hay tal tipo de piso y tal tipo de terreno y a
medida que van avanzando hacen perforaciones para comprobar si el piso o el
terreno que van a intervenir coincide con los estudios o no y si es necesario utilizar

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los explosivos, eso es lo que yo 26entiendo. En la vía que yo manejo como director
de mantenimiento hay una galería, una galería es un túnel transversal que se
construye para efecto de seguridad del túnel mayor que es el que está paralelo a
Puente Quetame, esa galería tiene alrededor de unos 300 metros, esa galería se
inició como yo les manifiesto que si lo vi y obviamente estaba al lado de mi carretera,
iniciaron con perforación manual con equipos, pero sin utilización de explosivos,
posteriormente cuando avanzó la construcción si utilizaron explosivos y dada la
cercanía que estaba en la carretera, pues yo vigilaba exactamente lo que usted me
está preguntando que no hubiese ninguna afectación sobre la carretera no se
presentaron daños como yo lo mencioné (…)27

De este testimonio se destaca que se trata del gerente de mantenimiento de la vía
Bogotá- Villavicencio –vía antigua-. Sobre las voladuras no puede tenerse en
cuenta ninguna apreciación, ya que su nivel de precisión se limita a decir que no
tuvo relación directa con esos hechos, pero por su conocimiento del lugar físico,
es útil para establecer que los daños en las estructuras de las casas tienen que
ver con las deficiencias físicas constructivas, el mal manejo de las aguas, el
comportamiento del río, los sistemas de recolección de aguas lluvias, al
inadecuado manejo de alcantarillas y del box culvert.

En el proceso también declaró señor Luis Hernando Dávila Lamar, ingeniero civil,
manifestó que representa una firma que es subcontratista de Coviandes y dentro
de su testimonio dijo lo siguiente:

Pregunta el Despacho: Diga al Despacho si usted tiene conocimiento acerca
de la existencia de unos daños en infraestructura especialmente en casas de
habitación de casas ubicadas en el municipio de Puerto Quetame, como
consecuencia de la implementación de un contrato de obra de la doble calzada
Bogotá- Villavicencio. Contestó: Si, conozco algunas afectaciones que tienen
algunas viviendas, pero considero que no son derivados de la implementación
del contrato de Coviandes. Preguntado: Sírvase hacer una explicación de las
razones por las cuales usted afirma que no son imputables a la obra la
ejecución de esos daños. Contestó: Bueno, en el municipio de Puente
Quetame calzada izquierda se ha venido presentado hace un tiempo atrás,
una serie de situaciones con las construcciones que hay básicamente, primer
conocimiento que por lo menos tuve yo acerca del caso fue en el año 2012
cuando el alcalde Parrado, alcalde en esa ocasión de Puente Quetame, le hizo
solicitud a Coviandes de una ayuda o algún tipo de apoyo acerca de la acción
del rio que estaba teniendo sobre esa orilla. El Alcalde le hizo una solicitud de
un muro de contención sobre las orillas del rio Negro. Eso fue en el año 2012,
que es precisamente donde ahora están esas casas y donde desde ese
momento se veía que el rio estaba afectando y que podía ser el origen de la
afectación de las casas, esa carta fue firmada además de la alcaldía por una
serie de habitantes de la región. Adicionalmente. Habitantes de la Región
también le había escrito a la alcaldía una solicitud de colaboración, está
firmada por el señor Luis Vidal Baquero que le estaba llamando la atención
sobre la situación que se estaba dando en esas casas y pues adicionalmente
hay una carta firmada por muchos habitantes principalmente por este señor
Luis Vidal Baquero en el año 2014, Elvira Hernández, Luz Alba Ávila, Cindy
26 . Tomado del cd obrante en el expediente físico, sin foliatura. Cd denominado recepción de testimonios
27 Tomado del cd obrante en el expediente físico, sin foliatura. Cd denominado “Recepción de testimonios”.

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Baquero, Omar Rojas y otras firmas donde le estaban hablando a la Alcaldía
que construcción de Gaviones en esa zona y la alcaldía le contestó que no
tenía recursos y así muchas otras cosas, como les digo esta es una situación
que se viene presentando desde el 2012 y ha sido reiterativo el tema, la
administración local no tomó acciones sobre el asunto. Ya después llegó el
2014, iniciamos nosotros con la construcción de los túneles, en inicios del
2014, los túneles se construyeron inicialmente con métodos mecánicos,
simplemente uno abre el hueco con una retroexcavadora sin necesidad de
voladuras, hubo necesidad de hacer algunas voladuras esporádicas
tanto en el túnel como en la galería después en el 2015, posterior
cuando vino todo esto, la comunidad elevó solicitudes al contratista, o sea,
Coninvial es la firma contratada por Coviandes para la construcción de la
segunda calzada Bogotá- Villavicencio tercio medio el Tablón Chirajara.
Coninvial subcontrato a dos firmas Dragados Concay y AIA para que hicieran
la ejecución del túnel y de la galería respectivamente, entonces, cuando inició
la construcción hubo necesidad de hacer algunas voladuras tanto en el túnel
como en la galería, donde la comunidad, pues obviamente el tema de hacer
una voladura trae temas de vibración, la misma vibración producida por la
misma voladura y por el ruido, cuando hay una voladura uno siente que hay
ruido, el ruido son las ondas por eso se mueven los vidrios y todas esas cosas.
Entonces la comunidad en ese momento endilgó a la construcción de la
segunda calzada el tema de la afectación de sus casas, pues como vemos
venía desde antes, las casas están siendo afectadas, o sea nosotros, o pues
nosotros, a través de los contratistas AIA principalmente, Dragados Concay
en su momento AIA con la construcción de la galería se hicieron las
mediciones de las vibraciones que producía esas construcciones, esas
voladuras. AIA que es la firma que hizo la galería que es la que está más
cercana de las casas hizo mediciones presentó un informe y este informe dice
que el nivel de vibración no es superior al umbral de daño, o sea lo que mueve
no es suficiente para causar un daño. Eso basado en normas internacional,
desafortunadamente normas nacionales no existen, ellos pues simplemente
se basaron en hacer su informe en normas internacionales y aplicaron la más
restrictiva de todas y la más restrictiva de todas pues finalmente está
mostrando que las vibraciones no producían daño en las casas. Entonces yo
basándome en simplemente en mi opinión en esto. La situación era conocida
anteriormente, desde el 2012, la alcaldía, la misma comunidad están
solicitando cosas sobre sus casas, eran conocedoras de la situación sobre sus
casas, estaban llamando la atención sobre su situación y finalmente pues
nosotros a través de los contratistas hicimos nuestras mediciones que están
demostrando que lo que la comunidad y la alcaldía en su momento están
endilgando como responsabilidad no tiene injerencia, básicamente es eso.
Pregunta el apoderado de Coviandes. (…) Preguntado: Manifiestele al
Despacho de qué forma los subcontratistas podían evidenciar el estado de las
viviendas en la zona de influencia directa antes de empezar los trabajos.
Contestó: Antes de iniciar cualquier contrato sea este o uno diferente, antes
de iniciar todos los contratos, lo primero que debe hacer todo contratista debe
hacer un documento que se llama las actas de vecindad, los contratistas van
con su grupo social y hacen una verificación de las viviendas, terrenos que
tengan todos los predios cercanos a donde se va a dar la construcción, si no
me equivoco es una franja de 200 metros. Los contratistas van, hacen un
registro fotográfico, un registro fílmico, revisan el estado de cada una de las
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viviendas y dejan eso consignado en un documento. Esas visitas se hacen en
conjunto con los propietarios, entonces pues finalmente se identifica el estado
de cada una de las viviendas y construcciones, así como de los terrenos que
están cercanos a la vía, eso es antes, ahí no para, después se hace un
seguimiento de cada una de las actas de vecindad sino estoy mal cada seis
meses y se hace para evaluar si ha habido deterioro, mejoras de los predios
y cuando se termina la construcción se hace una última acta de vecindad
donde se verifica como terminó la propiedad. (…) Preguntado: Manifiestele
al Despacho si como contratante de las empresas Dragados Concay y AIA,
sabe usted si hay algún tipo de incumplimiento sobre las anteriores
obligaciones. Contestó: No existió ningún tipo de incumplimiento, los
contratistas siempre desarrollaron sus actas de vecindad, actas de
seguimiento. Hubo un inconveniente con la última acta porque pues los
propietarios no quisieron firmar esos documentos simplemente, sin embargo,
el contratista asistió, su obligación es hacerlo…no pueden obligar a firmar.
Pregunta apoderada de Puente Quetame: Usted personalmente visitó las
viviendas que se dicen afectadas por la construcción de las obras. Contestó:
viviendas en particular no he visitado, de todas maneras, mi oficina es en la
carretera, yo recorro la carrerta todos los días, la obra la recorro seguido
mejor dicho voy a la obra todos los días, participo de la obra, participo de su
ejecución, pero viviendas particulares en particular no, para eso están los
encargados de eso. Preguntado. Quienes son los encargados de eso: Como
dije Dragados Concay y AIA les exigimos tener unos grupos sociales
encabezado por un trabajador social quien tenía sus ayudantes y hacen el
trabajo en cada una de las casas quienes hacen los informes de manera
periódica a Conalvias. (….) Preguntado. Como quiera que tiene usted
conocimiento de la zona, por favor manifiéstele al Despacho a qué distancia
de la vía antigua se encuentran las viviendas afectadas Contestó. Las
viviendas se encuentran prácticamente al lado de la vía, esas están inclusive
en la zona de vía, están inclusive contra la línea blanca. Apoderado de la
UNGRD: (...) en esas actas de vecindad se han evidenciado afectación a las
viviendas, desde cuándo y qué tipo de afectación. Contestó. Pues mire en
general, las actas de vecindad están desarrolladas en el inicio de la obra, por
lo menos desde 2012 y en 2015 terminó, en general en general, afectaciones
pueden existir, adicionalmente es posible que existan afectaciones, pero lo
que habría que mirar es el origen de la afectación…ese es un elemento que
ayuda a los propietarios para ver cómo estaban las casas y como
terminaron.28

El testimonio del señor Dávila Lamar, por razón de su profesión y en atención a
que fue un subcontratista de Coviandes, está construido como una prueba de
contexto, en el sentido de narrar los pormenores de antes y después de las
voladuras, por haberlos presenciado y contar que había estado en las pruebas.
Sin embargo, como el fin de la prueba es determinar la injerencia de las voladuras
en el estado de las viviendas, no brinda mayor certeza a la Sala, por lo que como
se verá a continuación si lo hace la prueba técnica que obra en el proceso.

El señor Jaime Barrantes, ingeniero civil, también declaró en el proceso, quien
dice no tener relación con ninguna de las partes y testificó lo siguiente:

28 Tomado del cd obrante en el expediente físico, sin foliatura. Cd denominado recepción de testimonios

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Pregunta el Despacho: Diga si usted tiene conocimiento acerca de la existencia de
una acción popular según la cual se afirma la existencia de unos hechos de unos
daños estructurales de unas viviendas con ocasión de una construcción de la doble
calzada Bogotá- Villavicencio. Contestó: Si tengo conocimiento. Preguntado. Sírvase hacer un relato sobre los hechos que usted tenga conocimiento frente a esa
situación. Contestó: Se que el defensor de pueblo instauró una acción popular en
contra de Coviandes- Dragados AIA no se que más firmas…… Coninvial y Coviandes
me informaron y conozco porque yo fui el gerente de ese proyecto durante la
construcción, la construcción de ese proyecto para nosotros en ese sector consistió
en un túnel que se llama el túnel 3 A más delante de Puente Quetame y una galería
de 240 metros perpendicular al túnel 6 que construyó la firma Dragados, nosotros
como AIA solo construimos una galería de 28 mtrs 2, el túnel tiene como 96 mtrs 2. Pregunta el Despacho: Esa galería que tan distante se encuentra de las viviendas
supuestamente afectadas con la construcción. Contestó. Se encuentra como a 100
metros aproximadamente. Pregunta el Despacho: Diga al Despacho si para la
construcción de esa galería se utilizaron explosivos. Contestó: Si, al comienzo, esa
galería inició con una excavación mecánica debido al tipo de suelo encontrado la roca
que iba resultando se utilizaron de acuerdo con las normas colombianas de la
construcción de túneles que hay. Preguntado: Diga al Despacho si la explosión o el
uso de esos explosivos pudieron generar daños en la estructura de las viviendas que
se encuentran en el municipio de Puente Quetame ladera del Rio Negro. Contestó: Bueno, las voladuras producen unas vibraciones las cuales nosotros tenemos que
controlar en el sentido de hacer estudios acerca de las posibles afectaciones. Nosotros hicimos un estudio acerca de esas posibles vibraciones, se hicieron varias
mediciones, incluso estuvieron presentes personas de la comunidad, la alcaldía,
planeación de Quetame y el resultado del estudio lo hizo Geotecnia Andina que son
nuestros asesores y que es muy reconocida aquí en Colombia expertas en la materia,
donde concluye que las vibraciones que se hicieron en ese momento no afectaban
esas viviendas que estaban cercanas en ese momento. Apoderado de Coviandes: Manifiesta usted que se hizo un seguimiento a esas voladuras atendiendo a
diferentes normas y parámetros internacionales. Manifiestele al despacho que
normas usted refiere. Contestó: El geotecnista consideró que se debía hacer con
base en normas internacionales porque no tenemos normas nacionales y lo hizo ese
estudio bajo dos normas internacionales, se utilizó una norma estadounidense y una
alemana que es aún más exigente, esta norma tienen en cuenta vibraciones en
edificaciones, lo dice el estudio, incluso mas delicadas de una casa, en edificios por
ejemplo que no pueden haber vibraciones, por ejemplo, sitios de manufactura donde
se hace manufactura, normas incluso mas exigentes. Ante la ausencia de esas
normas no hay en Colombia, es lo que nos dice el geotecnista, se usan estas normas. Preguntado: Manifiestele al Despacho cuál fue el resultado del estudio por ustedes
contratado de las viviendas aledañas al sector poblado de Puente Quetame. Contestó: El Estudio como les dije lo hizo Geotecnia Andina en cabeza del ingeniero
Héctor Salazar que es un ingeniero muy reconocido aquí en Colombia en geotecnia,
el hizo unas mediciones con sismógrafo cerca de las viviendas, es casi al lado de las
viviendas mientras se hacían unas detonaciones, para avanzar el túnel, allí se
estuvieron midiendo esas vibraciones, se hacen unas lecturas, hay un estudio que
se lo entregué a Coninvial al respecto y él concluyó que las velocidades de onda
producidas por las detonaciones no afectaban las viviendas, no afectarían las
viviendas que estuvieran cercanas a la boca de la galería.

Adicionalmente, él apuntó
pues porque es geotecnista, el estuvo mirando toda la zona porque ellos son muy
rigurosos en esos temas y si miró que las construcciones estaban construidas en
unos coluviones que se afectan demasiado con las aguas, no solamente que las
aguas lluvias sino con las socavaciones del río negro, estas construcciones en ladera
que el describe muy bien ahí, son bastante inestables y requieren para
construcciones de ciertos tipos y requieren estudios para construcciones, el en su
estudio aconsejó que se revisaran los estudios estructurales y de suelos con los
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cuales se había construido para realmente determinar las causas de los
asentamientos diferenciales que tenían en ese momento las viviendas. Preguntado: Según su conocimiento manifiéstele al Despacho cuál fue la incidencia del uso de
explosivos en las obras sobre las viviendas ubicadas en los kilómetros 42+840 y
43+600 en el municipio de Quetame en comparación con las actas de vecindad
levantadas. Contestó: Si, a ver las actas de vecindad se levantaron cuando se fue
a construir el túnel que construyó la firma Dragados en un túnel como de 1800 mtrs
en una sección muchísimo más grande a la de la galería, eso se construyó antes de
la construcción de la galería, cuando nosotros entramos a construir la galería nos
suministraron las actas ya que Coviandes nos indicó que no se debían levantar
nuevas actas ya que las actas estaban levantadas para construir, de manera que nos
entregaron las actas y las analizamos, tengo entendido que el acta de una de las
casas no estaba porque una de las casas estaba en construcción, entonces pues si
estaba en construcción no se levantó, eso fue lo que me contaron los de Dragados
que no habían dejado levantar el acta porque estaba en construcción, cuando se
hace un seguimiento 6 meses después,, entonces se hicieron las actas, las que
faltaban, pues respecto a lo que sigue cuando se hacen las actas pues las viviendas
ya estaban afectadas obviamente que no era causado ni por las detonaciones que
estábamos haciendo ni tampoco por las del túnel, porque entiendo que Dragados
hizo unos estudios antes de iniciar las detonaciones, igual que las hicimos nosotros. Apoderado de Puente Quetame. Preguntado: Por favor infórmele al Despacho a
qué distancia se encuentran ubicadas las viviendas de esa vía. Contestó: Si, están
como a unos 100 metros aproximadamente, eso es lo que dice el estudio de lo que
midieron ahí, aproximadamente 100 metros aclara: ah las viviendas están al borde
la vía. Pensé que me estaba preguntando de la galería. No están al borde de la vía
las casas, están ahí pegadas, un antejardín antecitos de la casa, están pegadas de
la vía. Apoderado de la UNGRD: Cuando fueron realizadas las detonaciones de la
empresa para la que trabaja. Contestó: Si, a ver nosotros iniciamos la construcción
de esa galería en el mes de marzo de 2015 y la iniciamos la construcción del portal
que fue una excavación mecánica y luego iniciamos la construcción de la galería
mecánicamente hasta que encontramos el tipo de roca que utilizamos el explosivo
ya llevábamos aproximadamente 100 metros, desde ese momento comenzamos a
usar explosivo algo así a mediados de junio y lo suspendimos como en la primera
semana de junio ya que el señor alcalde de Quetame me envió una carta en donde
me pedía que disminuyéramos las explosiones ya que la ola invernal (…) entonces
yo le contesté otra carta que está en el archivo de la empresa, que dice que dados
los temores de las lluvias y los temores de la gente yo tomo la decisión de que vamos
a suspender las voladuras por un tiempo y eso fue lo que hicimos, o sea que nosotros
hicimos voladuras aproximadamente unos 23 días, tocaría mirar cuantas voladuras
hicimos, de ahí la suspendimos y luego la comunidad y el alcalde nos pidieron que
con voladuras hiciéramos las pruebas de vibraciones cerca de las viviendas, eso fue
lo que hicimos, incluso con la petición de la comunidad solo de tracto mulas sin
detonaciones y luego de detonaciones y tracto mulas y luego de ahí ya suspendimos
pues del todo las voladuras era como que para que estuvieran todos, las peticiones
de ellos es que ellos querían estar durante eso. Preguntado: Frente a los estudios
que hace referencia que hicieron del geotécnico sobre las voladuras, ese estudio
cuándo fue realizado. Contestó: las mediciones se hicieron como el 7 de julio se
hicieron las mediciones de 2015, yo ya había suspendido como el 5 y el 7 se hicieron
las detonaciones, pero antes ya se habían hecho otras mediciones con vibro grafos.

Preguntado: esos estudios se hicieron solo por las obras de la galería solamente. Contestó: claro porque lo que me habían contratado solamente hacer la galería en
unos 240 metros en una sección digamos pequeña comparado con los túneles. Preguntado: Ese estudio quién lo contrató y lo pagó. Contestó: Lo contrató AIA y
lo pagó AIA con un experto en geotecnia que ha hecho muchos estudios en el país
de todo tipo, tiene una empresa que se llama Geotecnia Andina. Pregunta el

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Despacho: La obra que usted fue contratado se terminó. Contestó. Sí señor. 29

En relación con este testimonio, que antecede del señor Barrantes, quien fue
gerente de la construcción de la galería que está a 240 metros del túnel 6 que se
encuentra a 100 metros aproximadamente, resulta útil como prueba de contexto,
al igual que el testimonio que antecede, pero como su dicho se refiere a la práctica
de unos estudios, desde el punto de vista de la conducencia de la prueba y la
finalidad de la misma, la cual era “establecer la falta de relación causal entre las
voladuras y el riesgo creado” son precisamente las pruebas técnicas y
documentales las que pueden acercar a un razonamiento más exacto, no estas
declaraciones. Este último testimonio, al igual que los anteriores resulta útil en el
sentido de indicar que las viviendas están en el borde de la vía.

Así las cosas, conforme a los testimonios de los señores Carlos Rodríguez Amaya,
Rafael Hernando Reyes Muñoz, Jairo Enrique Charry Gómez, Luis Hernando Dávila
Lamar, se pueden tener por ciertos los siguientes hechos:

(i) El emplazamiento impropio por ser zonas de riesgo a deslizamiento y
sismicidad frecuente; (ii) la informalidad de las construcciones por falta de
licencias; (iii) la deficiencia en el suelo de cimentación y adversa geología local;
(iv) la vestudez de las edificaciones y deficiencias generales en el método de
construcción; (v) el inadecuado manejo de aguas servidas -aunque fuera a borde
de rivera-; (vi) el constante vertimiento de aguas, la desestabilización geológica
que produce el cauce del río y el paso del tiempo, y (vii) las construcciones anti
técnicas que generan desestabilización en el terreno.

Ahora bien, el desacuerdo de los recurrentes con la valoración de la prueba nace
en si hay una relación de causalidad entre las voladuras del túnel número 6 y la
galería de entrada, y la creación del riesgo a las viviendas comprometidas. En
esa vía, lo conducente es acudir, más que a la prueba testimonial, a las pruebas
de carácter técnico, esto es, los documentos y el dictamen pericial practicado.

En relación con el documento aportado con la contestación de Coviandes,
denominado Informe de Resultados – Medición de Vibraciones por Voladuras-
Galería de Acceso al Túnel 6 -Geotecnia Andina, y mencionado en el testimonio
del señor Jaime Barrantes, se dijo lo siguiente:

“ el 7 de julio del presente año -2015- se realizaron las mediciones de los niveles de
vibración asociados a las detonaciones para la construcción de la galería de acceso
al túnel 6 (sector 2 de la segunda calzada Bogotá- Villavicencio, ubicadas en las
cercanías del sector Puente Quetame, del municipio de Quetame (…) el objetivo
principal de las mediciones es registrar las ondas producidas por detonación en los
puntos predefinidos para verificar la posible afectación de las construcciones
analizadas con el fin de registrar la velocidad de la partícula, su componente
frecuencial y estudiar dicha información a la luz de diferentes criterios de prevención
tales como las normas USBM 1980 (Estados Unidos) y DIN 4150 (Alemania), ya que
no existen normas nacionales, las anteriormente son las más exigentes en el mundo
(…)

METODOLOGÍA.

29 Tomado del cd obrante en el expediente físico, sin foliatura. Cd denominado recepción de testimonios

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Se definió la realización de mediciones en el punto Sector Vereda Guacapati… Las
mediciones de las vibraciones se realizaron tanto para la condición de la voladura en
el frente de excavación de la galería de acceso al túnel 6, como para las condiciones
de vibraciones por el paso de vehículos frente al unto de medición.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Los niveles de vibración producidos por las detonaciones realizadas y por el paso de
vehículos pesados no representan una amenaza con efectos de daño para la
cimentación ni estructuras aledañas de los predios.

Por lo anterior se recomienda

Realizar un análisis detallado de las condiciones estructurales de las viviendas
afectadas por agrietamientos, considerando los estudios de suelos, diseños
estructurales y condiciones de construcción de cada una.

Evaluar las condiciones de cimentación de las viviendas afectadas, especialmente las
características del terreno en la parte posterior.

Evaluar las condiciones de movimiento de remoción en masa del sector sobre el cual
están construidas las viviendas.

Analizar los efectos de la socavación que genera el Rio Negro sobre la ladera,
especialmente aguas arriba del sector de análisis y frente al portal de la galería de
acceso al túnel 6, donde ya se han realizado obras de drenaje, estabilización y obras
de protección. Igualmente, se debería analizar un sector aguas arriba socavado
recientemente que está generando un riesgo inminente para la operatividad de la
vía. Con base en los análisis del fenómeno de socavación de todo el sector, debería
analizarse ampliar el tratamiento realizado tanto aguas arriba como aguas debajo de
lo construido.

Solicitar al CLOPAD una evaluación de la situación de riesgo de todo el sector tanto
por amenaza de remoción en masa, con el fin que las autoridades competentes
puedan tomar decisiones que provengan y permitan la atención de un riesgo de
desastre en época de invierno.

Adicionalmente, obra el documento denominado “Informe No 1- Pruebas de
Vibraciones en las Voladuras del Frente Ventana de Evacuación Túnel 6- Doble
Calzada Bogotá- Villavicencio”, se expresa lo siguiente:

“Se realiza reunión el día 7 de julio de 2015 dando cumplimiento a lo acordado el día
viernes 3 de julio de 2015 con la comunidad para llevar a cabo las siguientes
actividades:

Instalación del equipo (vibrógrafo) para la prueba
Coordinación para realizar la detonación- Socialización de la prueba
Socialización de la prueba cargo de la geóloga (ilegible) Aguilar dando un resultado
preliminar de la prueba, donde los rangos de frecuencia tuvieron valores normales
y de velocidad bajos, lo cual se interpreta al descargar los datos. Se realizaron 2
pruebas después de la detonación con tráfico normal”

Este segundo documento sólo da cuenta que la comunidad se reunió con el
coordinador de obra, la geóloga Aguilar Cruz, el especialista en Geotecnia Héctor
Salazar; el Jefe de planeación, José Lizardo Vargas Afanador; el Alcalde Municipal,
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el señor John Alex López director de la UTA, y miembros de la comunidad, quienes
firman como asistentes y se hicieron unas pruebas de impactos con voladuras. Es,
por tanto, un documento que no logra demostrar la materia de la prueba del
proceso y de los recursos de apelación, puesto que solo da cuenta de las
vibraciones del día 7 de julio de 2015 como resultado de pruebas en el sitio, pero
no se ocupa de demostrar cuál fue el comportamiento de las voladuras durante
los meses de construcción del túnel 6 y la galería de escape.

Sobre los documentos denominados “Informe de vulnerabilidad Sísmica de la Vía
entre el K-40+000 y el K 70+000- Consorcio EDL LTDA- CEI S.A.”, Deslizamientos
en Trapichitos- Quetame” y “Control de Vibraciones generadas por Voladuras
Portal Bogotá- Vereda Guacapate- Galería de Escape- Vereda Trapichito Fase III-
Blast Vibrations Controls”, ofrece una visión limitada sobre el hecho pues refiere a
la actividad sísmica como una de las causas de riesgo –que ya quedó demostrado–
y la inestabilidad del terreno.

Ahora, en el caso del estudio “Blast Vibration Colors”, dice: los valores de velocidad
de particula pico PPV (mm/seg) y onda aérea (ruido db), obtenidas en el presente
estudio, están dentro de los rangos permisibles, luego no se esperan daños en las
viviendas de la Vereda Trapichito, la cual se localiza a más de 16 metros del frente
de excavación donde se realizan las voladuras (…)” tampoco es conducente en
cuanto a la materia de la prueba, puesto que demostraría que, para el momento
en que se hicieron los experimentos, los rangos de velocidad eran adecuados y no
se esperaban daños en las viviendas. Sin embargo, lo que habría de demostrarse
es que durante las voladuras con explosivos no hubo ninguna afectación en las
estructuras de las viviendas. Se lee que es, entonces, un medio de prueba anterior
a las voladuras y, por tanto, no lograría demostrar lo pretendido con la prueba.

De otra parte, en cuanto al estudio de Hidroconsulta en el informe de diciembre
de 2004, su contenido solo es ilustrativo de la problemática del rio y las soluciones
técnicas que podrían darse a la situación, situación que fue abordada por el mismo
experto, en el marco de la recepción del testimonio.

En relación con el dictamen pericial, la ley procesal establece que la pericia
debe contener (i) el proceso intelectivo de conocimiento y (ii) las conclusiones. El
primero supone una relación detallada de las operaciones practicadas y de sus
resultados, con una explicación clara sobre los instrumentos empleados que dan
cuenta y garantizan la credibilidad de sus conclusiones. El segundo, establece que
las conclusiones sean ajustadas a principios de la ciencia, técnica o arte del ámbito
de aplicación que respondan de forma clara y sin ambages de ninguna naturaleza.
Esas conclusiones no solo pueden ser opiniones del experto, sino que deben
justificarse con base en soportes, lo cual le da eficacia y seriedad a la prueba.

Dijo el dictamen pericial que usó la siguiente metodología:

“Para cumplir con el objeto de la prueba pericial y dar contestación a los puntos
indicados por las partes y ordenados en audiencia, efectué el procedimiento
consistente en: solicitud de ordenamiento y análisis de documentos procesales, (39
visitas de reconocimiento y otras (4) visitas técnicas detalladas; solicitud, recolección
y análisis de documentos de investigación personal acudiendo a la parte
demandante, a las partes demandadas y a otras fuentes de información como:

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Ministerio de Transporte, Dirección de Infraestructura
Instituto Nacional de Vías – INVIAS
Servicio Geológico Colombiano- SGC
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ANLA
Ministerio de Defensa Nacional- Industria Militar Colombiana – INDUMIL
Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC
Notaría Única del Municipio de Cáqueza, Departamento de Cundinamarca
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Municipio de Cáqueza,
Departamento de Cundinamarca.
LLanogas
Alcaldía Local de Barrios Unidos
Bibliografía técnica convencional y consulta de páginas por medio electrónico
internet.

Finalmente, con el conjunto de información, su análisis, el conocimiento profesional,
la experiencia particular y el apoyo de otros profesionales en particular del Geólogo
Especializado Luis Fernando Cifuentes Toro, el Ingeniero Siegfried Werner Moog B
en Alemania y otros profesionales, se dio contestación a los interrogantes solicitados.

Dice, igualmente, que usó la siguiente documentación y fuentes:

Documentos producto de Investigación Personal y solicitudes a la demandante y las
demandadas

CATEGORIA DE VÍAS QUE CONFORMAN LA RED VIAL NACIONAL,
Mintransporte, Dirección de Infraestructura, Radicación 20173210352932.

DERECHOS DE VÍA ANCHOS VIAL, INVIAS, Subdirección de Estudios e Innovación,
Radicación 177066.

EXPEDIENTE LAM- 4409, RESOLUCIÓN 081 de 2010, RESOLUCIÓN 078 DE 2014,
CONCEPTO TÉCNICO 17 DE ENERO DE 2010, CONCEPTO TÉCNICO 6149 DE ENERO
DE 2014, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, Radicaciones:
2017044393-1-000 y 2017061175-1-000 de junio y agosto de 2017
respectivamente.

CUPOS Y DISEÑOS PARA VOLADURAS, Comando general de las Fuerzas militares,
Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos, DCCA, Radicación
0117000026161 de agosto de 2017.

ANTECEDENTES SISMOLÓGICOS, GEOLOGÍA Y EVENTOS SÍSMISO EN EL MUNICIPIO
DE QUETAME. Servicio geológico colombiano, radicado SGC- 20173200046741 de
septiembre de 2017.

INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA DEL CONSORCIO INTERCONCESIONES
pedidos a ANI, que allegó los números 34, 35 y 36 de los meses de mayo, junio,
julio de 2015, respecto al momento de construcción de la galería de evacuación del
Túnel 6 en el sector 2.

RESGISTROS DIARIOS PARCIALES SOBRE EL CONTROL DE VOLADURAS DE LA
GALERÍA DE EVACUACIÓN PARA EL TUNEL 6 y diligenciado por AIA SAS, durante el
periodo mayo 4 a junio 7 de 2015, Documento entregado por la ANI. Auditoria
externa EDL Ltda. y CEI S.A.

En este punto, se observa que la prueba pericial, en los casos de los predios
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visitados, estableció las siguientes causas coincidentes -en algunos casos
confluyen todas y en otros algunas de las mencionadas- pero hay un lugar común
entre todas: le atribuyen, como una de las causas de los daños en las casas del
sector, los efectos de las voladuras. Se extrae lo pertinente:

“(…) REPORTE INTEGRAL DE PREDIOS VISITADOS Y EVALUADOS:

Causa de los daños
Como causa de los daños descritos puede atribuirse:

Deficiencias del método de construcción para el manejo de la precipitación (lluvia)
en su aspecto de recolección y disposición, mal empate de viga canal- bajante baja
calidad de materiales.
Deficiencia en el suelo de cimentación y asentamiento leve de la placa de piso.
Debilidad en la unión o entrelazamiento de muros esquineros a solicitación de
esfuerzos usuales y extraordinarios.
Informalidad de la autoconstrucción por carecer de licencia de construcción y por
consiguiente falta de estudios y diseños aprobados.
Emplazamiento impropio por ser zona de riesgo a deslizamiento y sismicidad alta y
frecuente.
Incidencia por voladura con explosivos en parte posterior con grietas sobre suelo.
Debilidad en los nudos- viga columnas.
Efecto de la onda vibratoria producida por las voladuras para construcción
del Túnel 6 y la galería del mismo.
Conclusiones:

Concepto del geólogo especialista

Desde el punto de vista geológico y geomorfológico, las viviendas ubicadas sobre el
sitio 2, fueron construidas sobre suelos originados en depósitos no consolidados en
pendientes escarpadas que están siendo afectados por procesos de socavación del
Río Negro debido al soporte de caudal y carga de sedimentos del Río Contador. Los
procesos de inestabilidad se han acentuado por actividad sísmica reciente y la
presencia de zonas de debilidad por la presencia de fallas y lineamientos. Sumados
a lo anterior el vertimiento de las aguas servidas producto de construcciones sobre
el talud y las altas precipitaciones durante la temporada invernal contribuyen a la
saturación y desestabilización de los suelos.

Dijo, igualmente, que:

(…) En respuesta del 1 de agosto de 2017 mediante oficio GT- 00375 la
CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES COVIANDES SA, respondió:

“Finalmente, se le informa que el estudio y diseño de voladura no era una exigencia
contractual para los diseños fase III y, por ende, no se cuenta con el mismo. Sin
embargo, se contó con los estudios previos para la ejecución de las voladuras por
parte de la firma constructora Dragados Concay (empresa contratista de nuestro
contratista de obras Coninvial), los cuales determinaron la realización de dicha
actividad con bajo riesgo y con la mayor seguridad para la preservación de
edificaciones vulnerables, además de que se establecieron los parámetros para
monitoreos”

Y concluyó:

“Con absoluta certeza, puedo afirmar que el contratista AIA S.A, si tenía que elaborar
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lo pertinente con el diseño de las voladuras de acuerdo a lo señalado en el ANEXO
1, ESPECIFICACIONES PARTICULARES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES
SECCIÓN 3 EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS, numeral 3.1.2. Aprobaciones, siendo
obligatoria su presentación a la AUDITORIA EXTERNA (EDL LTDA Y CEI SA) y al
INTERVENTOR INTERCENCESIONES (TNM Tecnologhy and Managment Ltd.-
COLINSA S.A) y en el caso concreto los diseños de marras ni fueron presentados por
AIA S.A ni exigidos por el interventor, ya que se hicieron ingentes esfuerzos por
obtenerlas y al final no hubo resultado.

Las pruebas adelantadas por GEOTECNIA ANDINA CONSULTORES S.A. y
contrastadas por AIA S.A, aunque se presentan para convalidar que las explosiones
no tuvieron repercusión en los daños de las viviendas y problemas de estabilidad de
taludes en el sector particular del Km 42 +850 a km 43+240, son bastante a
posteriori porque ya habían acontecido al menos 30 voladuras.

Si bien el documento presenta un balance satisfactorio en cuanto a los parámetros
de velocidad y frecuencia y están dentro de la norma empleada, a mi juicio la
planeación y ejecución en campo no tuvo en consideración los siguientes aspectos:

No se precisó la abscisa de la galería de evacuación donde hubo la detonación.

No se precisó la abscisa del punto sobre la carretera donde se ubicaron los geófonos.

No se ilustra ningún detalle respecto a la operación de la voladura en aspectos como:
geometría de la malla, carga en el cuele, carga en la destroza y zapatera, cargas de
contorno, tipo de explosivos y fichas técnicas, área de la sección transversal del
túnel, volumen de la excavación según longitud del barreno, diámetro de los berrnos,
tiempos de retardo, tipo de roca.

El criterio de ubicación del equipo y geófono, porque según lo visto en la fotografía
que acompaña el informe fue un punto próximo a la carretera siendo que lo
pertinente y óptimo, era evaluarlo respecto de la estructura de una edificación que
es el elemento que por excelencia recibe la onda vibratoria e interactúa con su
frecuencia propia y la convergente de la detonación.

(…)

Se desconocen por completo cuáles fueron los parámetros de entrada y el tipo de
soporte lógico (software) al momento de realizar el procesamiento de la información
como, por ejemplo: densidad y velocidad de detonación del explosivo, densidad y
velocidad longitudinal de la onda en la roca e incidencia de los factores de
acoplamiento entre diámetro del barreno y del explosivo.

Se desconoce el modelo o ecuación característica para el cálculo de la velocidad pico
de partícula, el criterio de escogencia y como se estimaron los coeficientes de las
estructuras y del terreno.

Respecto a la predicción de la distancia pronosticada en las isolineas de vibración
qué relación o no guardó con la distancia de la prueba y del valor teórico PPV en
función de las variaciones de la carga instantánea máxima.

(…)

Al cierre del presente informe el 16 de noviembre de 2017 por medio de correo
electrónico recibí contestación (rad. 2017-402-036563-19 de la cadena ANI-
COVIANDES- CONINVIAL- AIA SAS y este último por intermedio del ingeniero Jaime
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Barrantes Parra, Gerente de Proyecto informa los siguientes detalles concernientes
con las voladuras para la galería de escape del túnel 6:

Indica que el diseño de voladura fue realizado por el ingeniero Carlos Diaz Tabares

Confirma que a partir del 7 de julio de 2015 se suspendieron por completo las
voladuras por el portal de salida.

Explica que después del km 0+144,20, por encontrar luitas calcáreas brechadas cada
10 a 12 m la excavación mecánica es poco práctica y que sería más perjudicial la
frecuencia de golpes y por eso acude a explosivos.

Con el uso de explosivos y detonación ordenada uy programada de cargas máximas
permitidas no se tiene mayor efecto por vibraciones y choques al aire.

Explica que la galería de escape del túnel 6, fue excavada mecánicamente entre el
portal de salida (Km 0+227) hasta el K 0+144 +, 20 y en los últimos 88, 280 m al
cambiar la roca a tipo IV implementó el uso de explosivos.

(…)

El contenido del Contrato de Construcción 123- OT- 027- 006 señaló en el numeral
5.2.6 “ Otras obligaciones a cargo del constructor” indicando que se debían
implementar metodologías antes de las actividades para generar los menores
impactos a la población aledaña y que CONINVIAL y/o Auditoria Externa, verificarían
su implementación con prioridad a las que hicieran uso de explosivos o equipos que
generaran vibración excesiva o percusión, al se r actividades críticas que más daños
podían ocasionar a las edificaciones e infraestructura de aledaña a la obra.

En conclusión, queda de manifiesto la irresponsabilidad por actuación ignorando las
previsiones para la operación de actividades que emplearon explosivos en particular
la galería de evacuación del túnel 6 y su relación con los daños en las viviendas entre
el kilómetro 42+888 y 43+230, por efecto de las vibraciones de la onda explosiva
en medio de una geología compleja y delicada por fallas y lineamientos susceptibles
a deslizamientos y a reconocida alta sismicidad”30.

La mencionada prueba pericial no fue tachada de falsa ni desconocida. Sólo fue
cuestionada por el apoderado de Conalvias en los alegatos de conclusión. Sin
embargo, la Sala encuentra que está ajustada a derecho en cuanto a su práctica,
requisitos formales, así como ofrece la suficiente certeza para arribar a la misma
conclusión del Tribunal, como se pasa a explicar.

Coincide, además, con cada uno de los testigos que presentó Coviandes en el
sentido de encontrar, como fuente del riesgo creado, las deficiencias constructivas,
el emplazamiento impropio por ser zonas de riesgo a deslizamiento y sismicidad
frecuente; la informalidad de la autoconstrucción por falta de licencias de
construcción y por tanto la falta de estudios y diseños aprobados; la deficiencia en
el suelo de cimentación y adversa geología local; la vestudez de las edificaciones
y deficiencias generales en el método de construcción; el inadecuado manejo de
aguas servidas aunque fuera a borde de rivera; el constante vertimiento de aguas;
la desestabilización geológica que produce el cauce del río y el paso del tiempo, y
las construcciones antitécnicas que generan desestabilización en el terreno.

30 Tomado del cuaderno de dictamen pericial. SAMAI 8ED_06CUADERNODICTAMEN.

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Finalmente, el dictamen concluyó –con una explicación loable– de por qué había
una relación entre el efecto de las voladuras en las estructuras de las casas y
comercios del lugar. Por lo tanto, para la Sala no hay razón para dudar de la
idoneidad del perito en la prueba practicada y en la eficacia probatoria de la
misma, dado que el ejercicio fue juicioso, explicativo, ilustrativo y metódico de la
relación de causalidad entre las voladuras y el riesgo creado en las casas. Por lo
tanto, queda demostrada la relación de causalidad y el impacto que tuvo la
ejecución de las obras por parte del concesionario en las viviendas ubicadas en el
municipio de Puente Quetame, por lo que se confirmará la vulneración de los
derechos colectivos amparados por parte de la sociedad Coviandes como empresa
concesionaria de la vía –y de la ANI como administradora del contrato.

V. 5. Sobre el municipio de Quetame

Según el recurso de apelación, al municipio no debe responsabilizársele: (i) por el
asentamiento de la comunidad de Puente Quetame, porque los hechos son
anteriores (asentamiento de 40 años aproximadamente) a la expedición de la ley
388 de 1997 y el Decreto 024 del 2001 -por el cual creó la Oficina de Planeación
Municipal-; (ii) por la falta de regularización de construcciones preexistentes,
porque no es un ejercicio que pueda hacer de oficio, más cuando la ubicación de
las viviendas impiden el reconocimiento de edificaciones por la imposibilidad
establecida en el Decreto 1197 de 2016; (iii) finalmente, no puede
responsabilizársele, porque inició las actuaciones administrativas decretadas en las
medidas de urgencia.

Sobre el particular, precisa la Sala que la demanda fue interpuesta
aproximadamente 14 años después de la expedición del Decreto 024 de 2001
municipal -creación de planeación municipal-, y 18 años de la expedición de la ley
388 de 1997, lo cual obliga a mirar qué actividades ha emprendido la
administración, para organizar su territorio y cuáles podrían hacer falta.

Bajo esa perspectiva, es deber del municipio avanzar en el cumplimiento de las
normas relacionadas con su actividad, y es así como, el artículo 311 de la
Constitución Política, les impone a los municipios ordenar el desarrollo de su
territorio y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

A su vez, la ley 388 de 1997 establece para los municipios -dentro de los límites
de su competencia fijados por la Constitución y las leyes- el deber de promover el
ordenamiento de su territorio mediante el conjunto de acciones político
administrativas y de planificación física concertadas, en orden a disponer de
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción
y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y
las tradiciones históricas y culturales.

Por su parte, el artículo 14 de la ley 1801 de 2016, en ejercicio del poder
extraordinario para la prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia,
seguridad y calamidad, obliga a los municipios a adoptar medidas necesarias ante
la materialización de un evento de riesgo o de una situación que afecte el medio
ambiente. Y el artículo 40 de la ley 1523 de 2012 establece la obligación para los
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municipios de identificar los asentamientos en riesgo y definir los mecanismos de
reubicación de éstos, así como ofrecer soluciones de vivienda, a partir de
actuaciones urbanas integrales que impliquen la colaboración efectiva y armónica
entre las entidades del sector, como lo es el Ministerio de Vivienda y Fonvivienda.

Los contenidos legales mencionados tomaron concreción en la medida de urgencia
decretada, que le ordenó al municipio elaborar un censo de los habitantes de las
viviendas del sector con determinación del uso de los inmuebles, identificación de
habitantes y grupos familiares, y la identificación de las actividades comerciales a
las que se encontraran destinados los inmuebles. Y en la sentencia de primera
instancia le ordenó la implementación de estudios jurídicos y técnicos necesarios
para adoptar, dentro del marco de la Constitución y la Ley, una regulación
relacionada con el uso del suelo en el sitio de reubicación, que impida su reutilización
para fines similares. Así mismo, en forma concertada con la comunidad, se defina y
determine la ubicación del reasentamiento, para lo cual deberán implementarse los
estudios, permisos, licencia, adquisiciones de predios en sitios seguros, en donde la
comunidad afectada pueda desplegar las actividades que fueron permitidas durante
más de 40 años e interrumpidas como consecuencia de los hechos materia de
protección en la presente acción popular.

Ahora, en el expediente está probado que el 28 de mayo de 2012, el Municipio le
solicitó a la concesionaria Coviandes “la realización de un muro de contención a
orillas del Río Negro, debido a que se venía socavando, dando afectación a las
viviendas ubicadas en el sector31. Realizó una solicitud de apoyo y atención en
obras de infraestructura para atender la problemática al Departamento de
Cundinamarca del 2 de octubre de 201532; también elaboró oficios al Ministerio del
Interior33, a la Procuraduría Delegada para lo Ambiental y Agrario, a la Gerencia
del ICCU34, al Ministerio de Transporte y a la Defensoría del Pueblo 35.

Se encuentra demostrado que el municipio mediante comunicación PMQ/164/14
en respuesta a la solicitud de intervención de la comunidad respondió que no
contaba con los recursos necesarios para tomar los correctivos del caso y por tal
razón acudía ante los entes de nivel departamental y del nivel nacional, para
obtener una solución definitiva.

Está probado que el municipio constituyó el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo el 2 de julio de 2015 y 8 de septiembre de 2015, para tratar los temas de
riesgo, en los cuales quedó incluido los que son materia de la presente acción
popular y se estableció como medida otorgar un subsidio por arriendo hasta por
tres meses y que se iba informar al Comité Departamental de Gestión del Riesgo
para ver cómo podían contribuir y qué decisiones administrativas tomarían en el
caso concreto. En ese sentido, también quedó demostrado que para unos casos
concretos se iba a presentar proyectos ante el ICCU y darle solución de vivienda a
7 habitantes dentro del colectivo afectado y se reiteró la ausencia de recursos y
por tanto la necesidad de trasladar el asunto de los deslizamientos al Comité
Departamental de Gestión de Riesgo36.

31 (Fl. 21 del C.1).
32 (Fl. 323 del C.1).
33 (Fl. 325 del C.1).
34 (Fl. 327 del C.1).
35 (Fls. 328 y 329 del C.1).
36 (Fls. 1526 a 1532 del C.1).

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Así mismo, está probado que, el 19 de noviembre de 2018, se constituyó el Consejo
Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, en donde se toma como decisión
elaborar un oficio al Tribunal que le preguntaría sobre medidas a adoptar para la
demolición, tal como solicitar maquinaria a la ANI y al Ministerio en la construcción
de gaviones.

Y está acreditado, según el informe de la Defensoría del Pueblo- Delegada de
Derechos Colectivos de la Defensoría que, para el año 2023, con ocasión de la ola
invernal, que la comunidad se enfrentó a dificultades y hubo 115 familias
evacuadas, de las cuales 23 familias tuvieron que ubicarse en un alojamiento
temporal, 62 personas se ubicaron en un asentamiento temporal, 194
comerciantes formales afectados, 162 comerciantes informales afectados, 43
viviendas afectadas, 2 gaviones afectados y una planta de tratamiento afectada.

Las pruebas dan cuenta que el municipio realizó algunas actividades
administrativas dirigidas a diferentes autoridades del orden nacional y
departamental para intentar su intervención, así como constituyó el Consejo
Municipal para la Gestión de Riesgo, sin embargo, estas medidas no son suficientes
para brindar una solución definitiva a la problemática de riesgo que se presenta en
el municipio de Puente Quetame, por lo que se insistirá en la orden de reubicación
definitiva dispuesta en la decisión de primera instancia.

En ese sentido, deben adoptarse las medidas para concertar con la comunidad la
ubicación del reasentamiento -previos los estudios, permisos, licencias y
adquisiciones de predios en sitios adecuados-. Por esa razón, será confirmada la
vulneración de los derechos colectivos a su cargo.

V.6. Sobre la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo

Según el recurso de apelación, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo no
debe asumir la responsabilidad de pagar el 50% de los gastos derivados del
desalojo y reasentamiento, porque, de acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión
de Riesgos de Desastres y de los Mecanismos de Financiación, la responsabilidad
le corresponde al municipio y a la Gobernación de Cundinamarca –ésta última
subsidiaria del municipio–. Tampoco estuvo de acuerdo con que se hubiera
declarado la falta de legitimación en la causa por pasiva al Departamento de
Cundinamarca. Finalmente, no considera que se declarara la concausalidad, puesto
que para que se produzca la misma, debía haber una imputación y una relación
causal entre el daño y el sujeto imputado y, en este caso, no se le puede imputar
a la UNGRD ningún incumplimiento en las funciones en el marco del Decreto 4147
de 2011.

De acuerdo con la teleología descrita por el gobierno nacional para la expedición
de la ley 1523 de 201237, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres
y los Mecanismos de Financiación se construyó como una herramienta para superar
las debilidades del Sistema Nacional para la Atención de Desastres que se

37 Extraído de la cartilla del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior. Primera Edición abril

de 2012. Presidente Juan Manuel Santos Calderón Presidente y Germán Vargas Lleras- Ministro del Interior.
Imprenta Nacional de Colombia. Ley_1523_2012.pdf
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evidenciaron en la ola invernal del año 2010 -Declaratoria de emergencia
económica, social y ecológica por la calamidad pública del impacto del fenómeno
de la Niña-.

Entre sus finalidades e innovaciones buscó fortalecer los instrumentos de
coordinación con los entes territoriales para que fueran quienes en primer lugar
gestionaran y reaccionaran ante situaciones de riesgo de desastre; y también,
planteó un cambio de paradigma en el nuevo SNPAD (Sistema Nacional para la
Atención y Prevención de Desastres), que ya no fuera la respuesta a las
calamidades ocurridas como resultado de la desatención sino que fuera el resultado
del fortalecimiento de la reducción del riesgo (prevención y mitigación),
aseguramiento y protección financiera.

En cuanto a la estructura, dijo el gobierno nacional de la época, que concebía la
ley con énfasis en los entes territoriales, para que los municipios y departamentos
tuvieran la capacidad de invertir autónomamente en materia de calamidad pública
y si fuera del caso declararla, a diferencia de la norma anterior, el Decreto Ley 919
de 1989.

Dijo igualmente, que creaba el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo como un
sistema abierto, público, privado y comunitario; dirigido por el Presidente de la
República y en el cual las entidades territoriales por los respectivos gobernadores
y alcaldes y para garantizar la ejecución de tres procesos esenciales para el país:
el proceso de conocimiento del riesgo, el proceso de reducción del riesgo, y el
proceso de manejo de desastres.

En esa vía, se crearon las instancias de Dirección y Coordinación del Sistema
Nacional, definidas respectivamente por el Presidente de la República, el Director
de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Gobernador y el
alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción, y por el Consejo Nacional
para la Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, el Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, Comité Nacional
para la Reducción del Riesgo, Comité Nacional para el Manejo de Desastres, los
Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. Se
creó el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, como la instancia superior
encargada de orientar, dirigir y planificar el Sistema Nacional, bajo la dirección del
Presidente de la República y se dispuso que las Corporaciones Autónomas
Regionales, hacían parte, en materia de gestión del riesgo y su apoyo en la
planificación territorial.

Para financiar la gestión del riesgo se dispuso como mecanismos que el anterior
Fondo Nacional de Calamidades se convirtiera en Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo con subcuentas específicas para conocimiento y reducción del riesgo,
manejo de desastres, recuperación, y protección financiera. Se dispuso que la
administración del fondo continuaría en cabeza de la Fiduciaria La Previsora S. A.
y que las administraciones departamentales, distritales y municipales pudieran
constituir sus propios fondos para apoyar el financiamiento de la gestión del riesgo
en su territorio.

Se propuso que el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo
tuviera un nuevo enfoque metodológico que permitiera implementar la gestión en
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un sentido transversal, e incluyera competencias y actividades que estaban
separadas y enclaustradas en cada entidad que empezara por el conocimiento del
riesgo, continuara como reducción del riesgo y eventualmente se concretara en el
manejo del desastre.

Se concibió el Sistema Nacional Para la Atención de Desastres como una
organización abierta, que dependía más de la coordinación que de la jerarquía y
que fuera más bien una estructura administrativa descentralizada, pero con un
elemento nacional fuerte a cargo de la dirección general y de la articulación del
Sistema Nacional con la administración pública que funge como el entorno
inmediato del mismo.

Se mantuvo una red de instancias colectivas de coordinación a nivel nacional,
departamental, distrital y municipal (Consejos) pero, a diferencia del SNPAD, hizo
énfasis en señalar a las respectivas autoridades políticas (Presidente, ministros,
directores de departamentos administrativos, gobernadores, alcaldes) como los
responsables de las decisiones en el Sistema Nacional.

Se consolidó la función de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, en el sentido de entregarle como misión, servir de núcleo articulador al
segmento nacional del Sistema con las entidades territoriales que hacen parte de
él y, además, de garantizar la comunicación del conjunto con otros sistemas y
autoridades externos a la organización.

Y se dispuso que el esquema financiero del Sistema Nacional de Gestión fuera
coherente con su estructura para un manejo eficiente y flexible de las fuentes y
usos de los recursos por parte de los agentes y entidades que la conformarían, con
el fin de cumplir con los objetivos de la gestión del riesgo, en una estructura de
financiamiento respetuosa de las restricciones legales e institucionales que tuviera
en consideración el conjunto de reglas y normas fiscales que regulan la acción de
los municipios y departamentos, tales como la Ley 358 de 1997, por medio de la
cual el gobierno nacional estableció el sistema de semáforos, consistente en
medidas cuantitativas que restringen el endeudamiento de la entidad territorial a
su capacidad de pago.

Con todo esto, para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en los numerales 3,
10, 11, 12 y 13 del artículo 3º de la ley 1523 de 2012 consagró los principios de
solidaridad social, gradualidad, sistémicidad, de coordinación y de concurrencia.

Bajo la dirección de esos principios, la gestión del riesgo está a cargo de personas
naturales y jurídicas de derecho público y privado que despliegan, de manera
continua, procesos secuenciales de la gestión y prevención de riesgos en tiempos
y alcances que se renuevan permanentemente.

Se trata, pues, de un sistema de gestión de riesgo -estatal y particular- en una
suerte de integración sectorial- con acciones comunes y de coordinación de
competencias, en donde la concurrencia de competencias entre entidades
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario constituyen
el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, cuya acción puede darse
en beneficio de todas o alguna de las entidades, sin perjuicio de las atribuciones
propias de las autoridades involucradas.

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Dentro de las autoridades que forman el sistema, conforme los artículos 18 y 19
de la ley 1523 de 2012, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se le dispuso
que debía articular los niveles nacional y territorial del sistema nacional, los
intervinientes privados, las organizaciones sociales y las organizaciones no
gubernamentales en el sistema nacional y elaborar y hacer cumplir la normatividad
interna del sistema nacional, entiéndase: Decretos, Resoluciones, Circulares,
Conceptos y otras normas, así como dirigir los Comités Nacionales para la gestión
de riesgos.

En armonía con la ley 1523 de 2012, el Decreto ley 4147 de 2011, a su vez, le
otorgó funciones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la
cual dirige y coordina el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, coordina e impulsa el conocimiento y manejo del riesgo y de los
desastres y sirve de engranaje con los procesos de desarrollo en los ámbitos
nacional y territorial. A su vez, debe promover la articulación con otros sistemas
administrativos, tales como el Sistema Nacional de Planeación, el Sistema Nacional
Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación y el Sistema
Nacional de Bomberos y otros, de acuerdo a su competencia; también debe prestar
el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y gestionar con la Unidad
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la consecución de recursos
para fortalecer la implementación de las políticas de gestión de riesgo de desastres
en Colombia.

A su vez, el numeral 2.3.1.6.3.12 del Decreto 1289 de 2018, le otorga funciones
a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, en cuanto a la
solicitud de recursos, consistentes en: recepcionar, evaluar y hacer parte de la
aprobación de las solicitudes de los representantes legales de las entidades que
requieran y pidan formalmente recursos económicos (con cargo a la fiducia
administrada por la Fiduprevisora) que administra los recursos del Fondo Nacional
de Gestión de Riesgos.

Está probado que la posición jurídica de la UNGRD, en el proceso, ha sido que son
los municipios –a través de los Consejos Municipales de Gestión de Riesgos de
Desastres– los responsables de atender en primera medida dichos asuntos y
subsidiariamente los departamentos a través del Consejo Departamental de
Gestión de Riesgo de Desastres38.

Nótese que de la lectura de las normas aquí explicadas, la Sala observa que el
Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres no está instituido para que la
responsabilidad recaiga en los municipios o en los departamentos única y
exclusivamente, porque justamente, al consultar las finalidades y la filosofía bajo
la cual se construyó la normativa, la UNGRD es el actor principal para solucionar
problemáticas de esta naturaleza y sirve de núcleo articulador al segmento
nacional del sistema con las entidades territoriales, por lo que sus argumentos no
están llamados a prosperar.

Ahora bien, en cuanto a la decisión de primera instancia, según la cual, la UNGRD
debe asumir la responsabilidad de pagar el 50% de los gastos derivados del
desalojo y reasentamiento; de la lectura normativa que antecede, se tiene que es

38 Fl. 164 del C.1

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al municipio a quien le corresponde procurar y destinar los recursos para prevenir,
mitigar y solucionar el riesgo con los límites contemplados en la Ley 358 de 1997.
La UNGRD, a su vez, podría participar en la consecución de recursos con la Unidad
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia -y además juega un papel
fundamental en el trámite de los recursos- por ser quien recibe las solicitudes de
recursos del Sistema de Riesgos, las evalúa y las aprueba, para que posteriormente
se celebran los convenios, contratos o transferencias con la Fiduprevisora
(encargada de administrar el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo). En ese
sentido, la Sala modificará la orden de amparo por 50% a cargo de la UNGRD. Y,
en su lugar, se encargará de cumplir las obligaciones que legalmente le
corresponden y que serán precisadas en la parte resolutiva de esta sentencia.

Sobre el argumento de la falta de legitimación en la causa del departamento de
Cundinamarca, se tiene que, en los términos de los numerales 12 y 13 de la ley
1523 de 2012, los gobernadores, al igual que los alcaldes, son conductores del
sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito
de su jurisdicción; Asi mismo, son agentes del Presidente de la República en
materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de
desastres y proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y
responden por la implementación de los procesos de conocimiento y reducción del
riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial.

En esa vía, los gobernadores tienen el deber de poner en marcha y mantener la
continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así
como integrar en la planificación del desarrollo departamental, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, especialmente a través
del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación,
constituyéndose como instancia de coordinación de los municipios en su territorio.

En suma, para la Sala es claro que las funciones de las entidades
territoriales no son excluyentes las unas de las otras entre municipios y
departamentos, sino que le imponen la necesidad de conjugar todas las
fuerzas en atención a mantener la gestión del riesgo de desastres en su
territorio.

En relación con la responsabilidad de las sociedades subcontratadas para realizar
la construcción de las obras, la Sala no analizará este punto como quiera que la
responsabilidad que allí se debate es de naturaleza contractual entre el
concesionario Coviandes y sus subcontratistas, y quien tiene la posición para
garantizar el correcto ejercicio de la concesión es la Agencia Nacional de
Infraestructura y el concesionario Coviandes indistintamente si hubo o no
cumplimiento en los protocolos para efectuar las voladuras en el túnel 6 y la galería
por parte de los subcontratistas.

V.7. De la condena en costas.

El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 establece:

“ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil
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Radicación núm: 25000234100020150197703
Demandante : Defensoría del Pueblo

relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los
honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción
presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de
las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios
mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de
los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que
haya lugar”.

Ahora bien, de acuerdo a lo previsto en la sentencia de unificación del 6 de agosto
de 201939, se estableció que “[…] En cualquiera de los eventos en que cabe el
reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y
gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular
o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas
en el artículo 365 del Código General del Proceso, de forma que sólo se
condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas y se liquidarán
en la medida de su comprobación, conforme con lo previsto en el artículo 366
del Código general del Proceso […]”.

El artículo 365.1 del CGP, a su vez, ordena condenar en costas a la parte vencida
en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
de conformidad con el artículo 366.4 CGP y en los términos del numeral 1.7 del
Acuerdo nº 18887 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha de
presentación de la demanda- 7 de octubre de 2015.

En el caso concreto está comprobado el pago de gastos o expensas de honorarios
efectuado por la Defensoría del Pueblo como accionante en la presente demanda-
Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la entidad40, y en ese
sentido, se reconocerá a título de gastos, de acuerdo con la definición de dicha
institución.

Ahora bien, en cuanto a las agencias en derecho las mismas serán reconocidos,
en el entendido que la entidad accionante -Defensoría del Pueblo- tuvo que
destinar la actividad de un defensor público, para ejercer la representación, quien
de la lectura de las diferentes etapas procesales ejerció su actividad en el
transcurso del proceso hasta el 25 de julio de 201941, cuando cesaron sus
obligaciones contractuales, de las cuales obra copia del contrato de prestación de
servicios sustituyó el poder a una nueva defensora pública, de lo cual se infiere
que la representación de la entidad se ocupó en tiempo y esfuerzo dedicados al
ejercicio de la acción y por lo tanto-,como para la segunda instancia en acciones
populares y de grupo en los términos del mencionado acuerdo, se fiján agencias
en derecho hasta de 2 salarios mínimos mensuales vigentes para acciones
populares y de grupo, la Sala fijará los 2 SMMLV que permite el precitado acuerdo,
en ese sentido, se ordenará que por Secretaría se liquiden.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

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Radicación: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P Rocio Araujo Oñate – Sentencia de Unificación. seis (6) de
agosto de dos mil diecinueve (2019).
40
Fls. 1078 a 1079 del C.1.
41
Fls. 1439 a 1446 del C.1.
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FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero y en su lugar declarar probada la
violación de los derechos colectivos en cabeza del Departamento de Cundinamarca.

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero de la decisión de primera instancia y
en su lugar se establece:

“DECLÁRASE NO probada la violación del derecho colectivo a la moralidad
administrativa. DECLÁRASE probada la violación de los siguientes derechos
colectivos: (1) la seguridad y salubridad pública; (2) la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente; (3) la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídica, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes
imputable a la Nación —Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Coviandes S.A.,
Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres-UNGRD, Municipio de Quetame-
Secretaría de Planeación de Quetame, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia.

En forma complementaria, en aras de satisfacer la protección material de los
derechos colectivos amparados, se dispone:

1. Ordenar la conformación de una mesa de trabajo, la cual debe estar integrada
por el Municipio de Quetame, el Departamento de Cundinamarca, la Agencia Nacional
de Infraestructura y Coviandes y tendrá que cumplir los siguientes objetivos:

1.1. 1ra etapa: la Alcaldía Municipal de Quetame-Secretaría Municipal de
Planeación de Quetame implementará los estudios jurídicos y técnicos necesarios
para adoptar, dentro del marco de la Constitución y la Ley, una regulación relacionada
con el uso del suelo en el sector afectado, que impida su reutilización para fines
similares. Así mismo, en forma concertada con la comunidad, definirá y determinará
la ubicación del reasentamiento, para lo cual deberán implementarse los estudios,
permisos, licencia, adquisiciones de predios en sitios seguros, en donde la comunidad
afectada pueda desplegar las actividades que fueron permitidas durante más de 40
años en su lugar de origen e interrumpidas como consecuencia de los hechos materia
de protección en la presente acción popular. Mientras se ejecutan estas medidas
jurídicas, para evitar la concreción de daños o mitigar los ya consumados, el
municipio garantizará la vivienda temporal de las familias afectadas y sujetas al
traslado en lugares seguros y en condiciones de dignidad, salubridad y con los
servicios públicos necesarios.

1.2. 2da- etapa: Por parte del Departamento de Cundinamarca coordinara que
entre el municipio de Quetame y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de
Desastres-UNGRD se establezcan y destinen los recursos que se requieren para
llevar a cabo el desalojo y reasentamiento de la comunidad afectada.

Con la coordinación del Departamento de Cundinamarca, La Unidad Nacional de
Gestión de Riesgos-UNGRD y el municipio de Quetame se reunirán para que, en caso
de requerirse recursos del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo, se consoliden todos
los documentos y requisitos de manera que se acompañe al Municipio hasta la etapa
de aprobación y suscripción de los convenios o contratos o transferencias de los
recursos destinados al desalojo y reasentamiento de la comunidad afectada.

1.3. 3ra etapa: Una vez establecido el presupuesto, apropiados los recursos
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propios o conseguidos en las instancias, y asegurado el reasentamiento de las
familias afectadas, la Agencia Nacional de Infraestrcutura–ANI y Coviandes
programará junto con el Municipio, el Departamento y la Unidad Nacional para la
Gestión de Riesgo-UNGRD el desalojo y desarrollará la demolición técnica de los
inmuebles descritos (con cargo a los recursos de la Agencia Nacional de
Infraestructura y Coviandes) quienes asumen esta obligación –solidariamente- como
resultado del daño ocasionado con las voladuras y por tener a su cargo la vía en
calidad de concedente y concesionario.

Para el cumplimiento de las órdenes se concede un término de 24 meses a partir
de la ejecutoria de la presente providencia

CUARTO: CONFIRMAR el numeral cuarto de la sentencia.

QUINTO: CONFIRMAR el numeral quinto del fallo de primera instancia y FIJAR
como agencias en derecho en esta instancia 2 Salarios Mínimos Mensuales Legales
Vigentes que deberán pagar en proporción de 25% cada una de las apelantes, esto
es, Agencia Nacional de Infraestructura, UNGRD, Municipio de Quetame y la
Concesionaria Conviandes o quien haga sus veces.

SEXTO.- Por Secretaría liquídense los gastos del proceso en la modalidad de
expensas a favor de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo con los comprobados por
concepto de honorarios del perito en el acápite de costas del proceso del presente
fallo y los demás que se observen para su reconocimiento.

SEXTO: REMITIR copia de la providencia a la Defensoría del Pueblo, conforme lo
dispuesto en el artículo 80 de la ley 472.

Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado Con aclaración de voto
Con aclaración de voto

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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