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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00063-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2021-00063-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del 14 de marzo de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima para, en su lugar, disponer - se destacan los apartes objeto de la modificación-: […] Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las siguientes órdenes con miras a superar la afectación de los derechos colectivos declarados como amenazados en esta sentencia, así: - El Municipio de Ibagué, el Municipio de Rovira y el Departamento del Tolima, en un término no superior a tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deberán suscribir un convenio interadministrativo que tenga como finalidad la contratación de una consultoría que permita estructurar los estudios y diseños de las obras que mejor se adapten al sector, y permitan la transitabilidad de los pobladores de las veredas Pando, La Joya, La Manga, Limoncito, Osera, la Punta y Los Cauchos, los cuales deberán entregarse por la entidad consultora, en un periodo no superior a cuatro (4) meses siguientes. . -Una vez se tengan tales estudios y diseños, los municipios de Ibagué y Rovira y el Departamento del Tolima, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima en el marco de sus funciones, deberán elaborar, en un término de seis (6) meses, el proyecto de construcción y/o mantenimiento de las obras viales requeridas, de acuerdo a lo que defina la consultoría. .-Elaborado el proyecto, los municipios de Rovira e Ibagué y el Departamento del Tolima, deberán garantizar la consecución del 100% de los recursos de financiación de tales obras a través de las diferentes herramientas jurídicas y fondos destinados para el efecto (recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones (SGP), las líneas de redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) o el Invías (Colombia Rural o Vías para la Paz), entre otros), labor que no podrá tardar más de tres (3) meses. La totalidad de las obras se deberán materializar en un plazo no superior a dos (2) años siguientes al […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2021-00063-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 73001-23-33-000-2021-00063-01
Demandantes: Luis Enrique Jiménez Moreno y otros
Demandados: Instituto Nacional de Vías -INVÍAS- y otros
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Derecho al goce de un ambiente sano; el goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público; seguridad y
salubridad públicas; acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes
Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Corporación Autónoma
Regional del Tolima (Cortolima), el departamento del Tolima, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Transporte, el Instituto
Nacional de Vías (INVÍAS) y el municipio de Rovira en contra de la sentencia del 14 de
marzo de 2024 del Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 18 de diciembre de 2020, los señores Luis Enrique Jiménez Moreno, Diógenes Leonel,
Enober Tavera Ángel y Luz Amparo Romero Ríos demandaron al municipio de Rovira, el
departamento del Tolima, el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres y el Invías, para obtener la protección de los derechos e
intereses colectivos al goce de un ambiente sano; el goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público; seguridad y salubridad públicas;
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea efectiva y oportuna; la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes.

Específicamente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 73001-23-33-000-2021-00063-01
Demandantes: Luis Enrique Jiménez Moreno y otros
Demandados: Instituto Nacional de Vías- Invías y otros

[…]
Que se ordene a los responsables del goce de un ambiente sano, de conformidad con lo
establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias, el goce del
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la moralidad
Administrativa, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y a
que su prestación sea eficiente y oportuna y la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, a saber,
el demandado con esta acción, que de manera inmediata y sin dilaciones injustificadas de
conformidad con sus funciones:

3.1.1- Efectúen de manera inmediata las actuaciones necesarias para que se garantice el
acceso a la zona por medio de las vías terciarias y dejarlas en óptimas condiciones para
una eventual evacuación.

3.1.2- Efectúen de manera inmediata la construcción y habilitación de un puente Militar
vehicular sobre el Rio Coello para garantizar el tránsito de los habitantes de las veredas
Pando, La Joya, Limoncito y Osera del sector la punta, para salir por la vereda Los
Cauchos del Municipio de Ibagué.

3.1.3- Que de manera inmediata adelante las actuaciones administrativas y
presupuestales que garanticen la construcción y habilitación de una vía Alterna para las
veredas Pando, La Joya, Limoncito y Osera, por encontrarse en el sector de influencia del
volcán Machín, por ende, presentan especial vulnerabilidad.

3.1.4- Se conmine a las entidades demandadas para que realicen el mantenimiento
correspondiente a las carreteras intervenidas, de tal suerte que se evite su deterioro
especialmente en época de lluvia.1

1.1. Como fundamento de las anteriores pretensiones, en la demanda se narró que las
comunidades de las veredas Pando, La Joya, Limoncito del municipio de Rovira han
acudido en diferentes ocasiones al departamento del Tolima y a la mencionada entidad
territorial para que resuelvan la problemática que se presenta en las citadas veredas, la
cual está relacionada con el mal estado y falta de vías de evacuación para el caso en el
que se presente una eventual emergencia por la actividad del volcán el Machín, al ser
zona de influencia de este.

Describieron que acudieron al departamento del Tolima y a los municipios de Ibagué y
de Rovira para solicitar su intervención y no obtuvieron una respuesta efectiva para la
solución de la problemática.

Contaron que, en diversas oportunidades, el departamento les había señalado que la
intervención y mantenimiento de las vías les correspondía a los municipios de Rovira y
de Ibagué, conforme a la delimitación de cada territorio, en atención a que se trataba de
vías terciarias.

Al dar respuesta el municipio de Ibagué afirmó que las vías a intervenir eran de
jurisdicción del municipio de Rovira y por ser terciarias estaban a su cargo.

Señalaron que, frente a las solicitudes de intervención al municipio de Rovira, este les
respondió que se encontraba adelantando trámites para la aprobación de la compra de
una maquinaria que serviría para atender las necesidades de la comunidad.

1Índice 2 de SAMAI en esta instancia.

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Demandados: Instituto Nacional de Vías- Invías y otros

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Por auto del 8 de abril de 20212, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió
la demanda y ordenó la notificación personal del Ministerio de Transporte, el INVÍAS y la
UNGRD, el departamento del Tolima, el municipio de Rovira, la Procuraduría Judicial ante
el Tribunal y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y dispuso comunicarle
la decisión a la Defensoría del Pueblo, a la Corporación Autónoma Regional del Tolima y
a la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria para el Tolima.

2.2. Mediante escrito del 22 de abril de 20213, el departamento del Tolima contestó
la demanda.

Al oponerse a las pretensiones, señaló que las competencias para solucionar la
problemática eran del municipio de Rovira, en cuanto a la conservación, mantenimiento
y pavimentación dentro de su jurisdicción, de acuerdo con la clasificación contenida en la
Resolución núm. 0744 de marzo de 2009, al clasificarlas como vías terciarias.

Subrayó que se trataba de vías de acceso que unían cabeceras municipales con las
veredas o veredas entre sí, por tanto, al constituir infraestructura distrital y municipal de
transporte eran responsabilidad del municipio.

Citó la responsabilidad de los alcaldes como jefes de la administración local en materia
de gestión de riesgo y concluyó que toda la responsabilidad recaía en el municipio.

El 26 de abril de 2021, el municipio de Rovira4 contestó la demanda. Se opuso a las
pretensiones. Adujo que el municipio era de sexta categoría y la mayoría de sus ingresos
dependían de las transferencias que le realizara el gobierno nacional sin que pudiera
hacer obras de gran impacto social.

Señaló que se requería de la colaboración del departamento y de la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres, bajo los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, para solucionar la problemática.

Por escrito del 30 de abril de 2021, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres5 contestó la demanda. En relación con las pretensiones señaló que no debían
prosperar.

En cuanto a las competencias para resolver la problemática señaló que era el municipio
de Rovira al que le correspondía ordenar el desarrollo de su territorio; verificar las obras
requeridas por la población; en el caso concreto, facilitar la movilidad o tránsito entre las
veredas que no contaran con un fácil y seguro acceso de sus habitantes y determinar si
la situación de riesgo era real, para posteriormente realizar los estudios pertinentes e
implementar los procesos de riesgo en sus etapas de conocimiento, reducción y manejo
de desastres.

2Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
3Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
4Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
5Índice 2 de SAMAI en esta instancia.

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El 30 de abril de 2021, el Ministerio de Transporte6 señaló en la contestación de la
demanda que no existía vinculación directa con los hechos y tampoco vulneración de los
derechos colectivos de los cuales se alegaba su afectación.

Indicó que sus funciones eran la coordinación, promoción, vigilancia, evaluación y
ejecución de políticas del gobierno nacional en materia de tránsito, transporte e
infraestructura, pero no era el órgano ejecutor de esas políticas.

Señaló que la ley contemplaba unas entidades adscritas a ese ministerio, tales como el
Instituto Nacional de Vías – INVÍAS- a la que le correspondía adelantar las obras públicas
en las vías nacionales y terciarias; y a la Agencia Nacional de Infraestructura atender las
obras público- privadas en las vías concesionadas.

Formuló como excepciones: la falta de legitimación en la causa por pasiva porque los
hechos u omisiones alegadas no se relacionaban con las imputaciones de
responsabilidad reclamadas en la demanda; la inexistencia de solidaridad del Ministerio
de Transporte, al diferenciar sus funciones como organismo rector en materia de política
de transporte de las desempeñadas por sus entidades adscritas y vinculadas.

El 4 de mayo de 2021, el Instituto Nacional de Vías7 presentó memorial de contestación
de la demanda. Se opuso a todas las pretensiones y alegó la falta de legitimación en la
causa por pasiva, al señalar que, revisada la cartilla de las vías de la red terciaria a cargo
de la Dirección Territorial Tolima del INVÍAS, las zonas rurales del municipio de Rovira-
Tolima, veredas Pando, La Joya, Limoncito, Osera y del sector la Punta no corresponden
a vías a cargo del Instituto Nacional de Vías.

2.3. El 26 de abril de 2021, el Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima
presentó memorial de coadyuvancia ante el Tribunal Administrativo del Tolima.

2.4. Por providencia del 7 de septiembre de 2021 se vinculó al municipio de Ibagué-
Tolima.

2.5. El 1 de octubre de 2021, el municipio de Ibagué8 contestó la demanda y se opuso
a las pretensiones. Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque las
veredas enunciadas por el demandante no eran de su jurisdicción y, por tanto, no podía
destinar recursos para proyectos ajenos a su territorio. Adujo que la gobernación del
Tolima estableció en su plan de desarrollo un programa de infraestructura para el
mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias y secundarias.

Señaló que la vía a cargo del municipio contaba con un estado transitable para todo tipo
de vehículo, tal como lo manifestó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de
Ibagué.

Allegó gráficamente, la división político- administrativa del municipio de Ibagué, para
aclarar que las veredas Pando, la Joya, Limoncito y Osero no hacían parte del municipio.

En cuanto a la vereda “Los Cauchos” reconoció que era de su jurisdicción y además
transitable. Señaló que sería intervenida para mantenimiento y mejoramiento porque con
los factores climáticos desfavorables requería nivelación y conformación del corredor vial.
6Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
7Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
8Índice 2 de SAMAI en esta instancia.

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Alegó la inexistencia de la vulneración de derechos colectivos por parte del municipio,
por cuanto las veredas no hacían parte de su territorio.

2.6. El 10 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Tolima realizó audiencia
de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida9.

2.7. El 22 de abril de 2022, se abrió el proceso a la etapa probatoria10 y el 15 de junio
del 2023 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 14 de marzo de 2024, el Tribunal Administrativo del Tolima
amparó los derechos colectivos invocados. Específicamente, en la parte resolutiva
señaló11:

[…]

Primero. DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el Municipio de Ibagué, el Ministerio de Transporte y el Invías,
conforme lo indicado en parte considerativa.

Segundo. DECLÁRENSE vulnerados los derechos e intereses colectivos invocados en la
demanda, al goce de un ambiente sano, el espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna y la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de las
Veredas Pando, La Joya, La Manga, Limoncito, Osera, Los Cauchos, La Punta, de los
Municipios de Rovira e Ibagué, por parte del Departamento del Tolima, Municipio de Ibagué,
Municipio de Rovira, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerio
de Transporte e Invías, conforme lo indicado en parte considerativa de esta providencia.

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las siguientes órdenes con
miras a superar la afectación de los derechos colectivos declarados como amenazados en
esta sentencia, así:

• El Municipio de Ibagué, Municipio de Rovira y Departamento del Tolima, en un término no
superior a tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deberán suscribir
un convenio interadministrativo que tenga como finalidad la contratación de una consultoría
que permita estructurar los estudios y diseños de las obras que mejor se adapten al sector,
y permitan satisfacer las necesidades de transporte de los pobladores de las veredas
Pando, La Joya, La Manga, Limoncito, Osera, la Punta y Los Cauchos, los cuales deberán
entregarse por la entidad consultora, en un periodo no superior a cuatro (4) meses
siguientes.

• Una vez se tengan tales estudios y diseños, los Municipio (sic) de Ibagué y Rovira y el
Departamento del Tolima, con el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima, deberán elaborar, en un término no superior a tres (3) meses, el proyecto de
construcción y/o mantenimiento de las obras viales requeridas, de acuerdo a lo que defina
la consultoría.

9Índice 62 de SAMAI de la primera instancia.
10Índice 79 de SAMAI de la primera instancia.
11Índice 2 de SAMAI en esta instancia.

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• Elaborado el proyecto, todas las entidades involucradas (Municipio de Ibagué, Municipio
de Rovira, Departamento del Tolima, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Ministerio
de Transporte e Invías), deberán garantizar la consecución del 100% de los recursos de
financiación de tales obras a través de las diferentes herramientas jurídicas y fondos
destinados para el efecto (recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), el
Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones (SGP), las líneas de
redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Nacional (sic) de
Gestión del Riesgo de Desastres – (UNGRD) o el Invías (Colombia Rural o Vías para la
Paz), entre otros), labor que no podrá tardar más de tres (3) meses. La totalidad de las
obras se deberán materializar en un plazo no superior a dos (2) años siguientes al
vencimiento del anterior plazo.

Cuarto. DISPÓNGASE la integración de un comité de verificación, el cual estará
conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, el agente del Ministerio Público, el
Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, el Defensor del Pueblo Regional
Tolima o su delegado, el Gobernador del Departamento del Tolima o su delegado, el alcalde
del Municipio de Ibagué o su delegado, el alcalde del Municipio de Rovira o su delegado, el
Director de Cortolima o su delegado, el representante legal de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres o su delegado, el Ministro de Transporte o su delegado y
el representante legal del Invías o su delegado.

Quinto. CONDENAR a las entidades accionadas Municipio de Ibagué, Municipio de Rovira,
Departamento del Tolima, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Ministerio de
Transporte e Invías, a cancelar, en proporciones iguales, los gastos procesales en que
incurrió el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos para el trámite de
estas diligencias, conforme se indicó en (sic) parte considerativa de esta providencia. Por
Secretaría adelántese la correspondiente liquidación de los gastos procesales, en los
términos del artículo 366 del Código General del Proceso.

Sexto: Para los efectos del Art. 80 de la ley 472 de 1998 remítase copia a la Defensoría del
Pueblo, como Representante del Ministerio Público.

Séptimo. Esta sentencia será publicada a cargo de los Municipios de Rovira e Ibagué, en
un diario de amplia circulación nacional.

Octavo. Aceptar la renuncia al poder presentada el 16 de diciembre de 2023 por el Dr.
Wilyan Jair Galarraga Guzmán como apoderado judicial del Municipio de Rovira, en
atención a que cumple con los presupuestos del artículo 76 del Código General del Proceso.

Noveno. Una vez en firme esta providencia, archívese el expediente.

Para resolver lo anterior, el Tribunal Administrativo del Tolima consideró que, conforme a
las pruebas obrantes en el expediente, con relación a la conexión de las veredas la Osera
y Limoncito se había establecido la necesidad de diseñar y construir una nueva vía
conforme a lo establecido por el EOT de Rovira.

Precisó que, conforme a las pruebas, se había establecido que la vereda la Osera era la
más desprotegida en caso de una erupción del volcán Machín por no tener comunicación
con Ibagué y en condiciones lejanas y lamentables respecto de Rovira.

Así mismo señaló que, la vía Osera- Limoncito- Pando- La Joya era una vía en muy mal
estado de conservación, sin diseño, que podría ser una alternativa siempre que se hiciera
un mantenimiento intensivo. Esta vía, de acuerdo con las pruebas, llega hasta
inmediaciones de la Escuela de la vereda Limoncito donde como consecuencia de las
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actuaciones de la comunidad, tales como donación de terrenos para la ampliación,
construcción de cunetas y mejoramiento de remociones era transitable hasta la vereda
Pando- La Joya y servía como una vía de evacuación para una actividad del volcán
Machín. Sin embargo, requería la realización de un estudio de mantenimiento.

En cuanto a la vía La Joya- la Bella- Los Andes- el Cedral Martínez se estableció que era
una vía definida por el EOT del municipio de Rovira como vía del sistema de
comunicación integrado (secundarias): Rovira- La Bella- Andes- el Pando- la Joya y las
pruebas indicaron que era una vía con tránsito vehicular que desciende de la vereda la
Joya hacía la Vereda Martínez para unir finalmente con el municipio de Rovira con este
último tramo pavimentado; se comunica con la vía que viene de Limoncito y sirve de
evacuación por posible actividad del volcán Machín de esta vereda, así como, de las
veredas Pando- la Joya- la Bella- Los Andes, el Cedral hacia el municipio de Rovira.

En cuanto al tramo de los Cauchos Altos- Cauchos Bajos que era una vía del municipio
de Ibagué dijo que también sería una alternativa de evacuación para las veredas Osera
y Limoncito con Ibagué, previa construcción de la vía y el puente sobre el río Coello en el
sector la Punta, de acuerdo al trazado topográfico adelantado por Cortolima, la cual
necesita un mantenimiento riguroso.

Adujo que, del material probatorio, se logró establecer con suficiencia probatoria que la
comunidad demandante se encuentra ubicada en la zona de influencia del cerro volcán
Machín y que no tienen una red vial óptima que en situación de emergencia les permita
la rápida evacuación, aunado a que la imposibilidad de tránsito vehicular permanente
afectaba la economía local, la conectividad, el abastecimiento, el bienestar y el desarrollo
de los pobladores del sector.

Manifestó que se evidenciaba frente a las deficientes condiciones de acceso del sector,
que se evidenciaba que el Departamento del Tolima en desarrollo de mesas técnicas en
el corredor vial vereda Martínez- Los Cauchos en la que se concluyó que se debe analizar
el trazado de una nueva vía, ya que el afluente del Río Coello que tenía límite con el
sector la Punta de la Vereda Los Cauchos en caso de emergencia no contaría con acceso
de salida para los habitantes del sector.

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Administrativo del Tolima señaló que las malas
condiciones de las vías atraviesan las veredas citadas y en algunas de ellas la
inexistencia de carreteables era un hecho público y notorio, que permitía evidenciar la
vulneración de los derechos colectivos de la demanda, de una población que estaba
expuesta a un riesgo mayor por estar en una zona de influencia del cerro Volcán el
Machín, por lo que decidió amparar los derechos colectivos.

En cuanto a la responsabilidad de las entidades demandadas señaló que los municipios
de Rovira e Ibagué eran responsables directos conforme a las normas de gestión de
riesgo como conductores del desarrollo local.

Por otra parte, en relación con la conservación, mantenimiento y pavimentación de las
vías estableció que conforme a la Ley 105 de 1993 radicaba la competencia en los
municipios respecto de las vías urbanas, suburbanas y terciarias.

Acudió a los principios de concurrencia y complementariedad para acudir a entidades
nacionales que permitieran el estudio, diseño, financiación y ejecución de las obras
requeridas.
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En relación con el departamento del Tolima señaló que tenía una función principal dentro
de esta problemática, ante la evidente falta de capacidad institucional, administrativa,
técnica y financiera del municipio de Rovira, en atención a criterios de coordinación y
complementariedad de la acción municipal, siendo el intermediario entre la Nación y los
municipios.

Sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres indicó que debía
efectuar propuestas para la mejora en la gestión del riesgo en los niveles nacional y
territorial. Además, debía orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en
su fortalecimiento institucional para la gestión de riesgo de desastres y asesorarlos para
la inclusión de la política del riesgo en los planes territoriales, brindar apoyo técnico,
informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema Nacional de Prevención
y Atención de Desastres.

Así mismo, señaló que la entidad tenía la potestad de dar viabilidad para la financiación
de proyectos que contengan como objeto, justificación y alcance, la implementación y
continuidad de la política de gestión de riesgo de desastres.

Sobre la Corporación Autónoma Regional del Tolima señaló que le acompañaba una
competencia de apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en la
elaboración de los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo.

Finalmente, sobre la competencia del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de
Vías- INVÍAS- dijo que corresponde al INVÍAS de manera conjunta con el Ministerio de
Transporte, elaborar los planes, programas y proyectos tendientes a la construcción,
mejoramiento, rehabilitación, operación y mantenimiento, atención de emergencias y
demás obras que requiera la infraestructura de su competencia.

En esa vía afirmó que, el INVÍAS estaba llamado a ejecutar las políticas y proyectos
relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación en lo que se refería a
carreteras, lo que incluye la construcción mantenimiento y rehabilitación de este tipo de
vías, pero debe hacerlo en coordinación con el Ministerio de Transporte.

En lo que concierne al Ministerio de Transporte señaló que no le correspondía ejecutar
directamente las obras relacionadas con la construcción, mantenimiento o rehabilitación
de vías, pero no indicaba que se desentendiera del tema, dado que la ley le asigna
expresamente la obligación de coordinar con el INVÍAS para que ésta pueda ejecutar
tales labores, lo que implica el análisis y destinación presupuestal respectiva, motivo por
el cual la excepción de falta de legitimación en la causa no estaba llamada a prosperar.

Concluyó que, los titulares de las vías objeto de análisis son los municipios de Rovira e
Ibagué eran los principales obligados a enervar las problemáticas; sin embargo, las
dificultades financieras que estos presentaban para atender las obligaciones de
construcción y mantenimiento vial, especialmente del municipio de Rovira, harían inviable
tal posibilidad, en detrimento de los intereses de la comunidad demandante, lo que
obligaba a involucrar al departamento del Tolima y a las otras autoridades del orden
nacional para que, en desarrollo de los principios de coordinación y colaboración,
definieron las obras necesarias para garantizar a los habitantes de la zona rural de los
municipios de Rovira e Ibagué (Veredas Pando, La Joya, La Manga, Limoncito, Osera,
Los Cauchos del sector la Punta, sector de influencia del Volcán Cerro Machín), y las
fuentes de financiación de las mismas.
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IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. La Corporación Autónoma Regional del Tolima- Cortolima12 en el recurso
manifestó que estaba en desacuerdo con la sentencia de primera instancia.

Señaló que dentro de las funciones de Cortolima no estaba llevar a cabo detener o
sancionar las conductas lesivas a los derechos e intereses colectivos invocados en esta
demanda, ya que esas funciones recaían en el municipio, el departamento y el Instituto
Nacional de Vías, dependiendo del tramo de la vía específica.

Argumentó que la distribución de competencias entre la Nación y las entidades
territoriales en materia de infraestructura vial confirmaba la intención del legislador de
asignar responsabilidad de conservación y mantenimiento de las vías a cada uno de los
entes responsables, siendo que el presupuesto nacional está dirigido a ejecutar vías que
por sus características integran la red vial nacional, y, los recursos departamentales,
municipales o distritales a solucionar infraestructura vial a su cargo, por tanto, cada
incumplimiento a estas obligaciones era atribuible a las diferentes entidades.

Por otra parte, señaló que, conforme las normas que adoptaron la política nacional de
gestión de riesgo de desastres y establecieron el sistema nacional de gestión de riesgo
de desastres, las corporaciones autónomas regionales apoyan a las entidades
territoriales y su intervención es complementaria y subsidiaria a la labor de las alcaldías
y gobernaciones.

Afirmó que Cortolima no debió ser vinculada como posible responsable e insistió en la
falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no ha omitido el cumplimiento de sus
funciones no se ha extralimitado en ellas y solicitó la desvinculación de la entidad de las
órdenes de amparo.

4.2. El departamento del Tolima13 interpuso recurso de apelación. Las razones de su
inconformidad consistieron en que, conforme a la clasificación de las carreteras se estaría
dando la orden al departamento de realizar un proyecto de construcción y/o
mantenimiento de las obras viales requeridas en una carretera terciaria, que deberían
intervenir los municipios.

Así mismo, señaló que los tiempos dados para la ejecución de las órdenes no tenían en
cuenta que esta no era una obra de responsabilidad directa del departamento, por tanto,
no estaba proyectada y aun así les daban el plazo de 3 meses para la consecución del
100% de los recursos de financiación de las obras.

Finalmente, solicitó que el departamento fuera desvinculado de las órdenes de la acción
popular, y en caso, de no acceder a esa solicitud, se diera un término prudencial, por
cuanto se estaba hablando de un megaproyecto.

4.3. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres14 en el recurso de
apelación señaló que estaba en desacuerdo con la decisión adoptada, porque la UNGRD
como entidad del orden nacional solo debía prestar asesoría, coordinación y apoyo a las
entidades territoriales, más no garantizar la consecución de los recursos para la
realización de las obras del proyecto de construcción, mantenimiento, rehabilitación y
12Índice 143 de SAMAI de primera instancia.
13Índice 144 de SAMAI en la primera instancia.
14Índice 145 de SAMAI en la primera instancia.

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construcción de una nueva vía que permita la conexión de todas las veredas de ese
territorio.

Sostuvo que la situación presentada en Rovira no estaba originada en la manifestación
de algún evento natural o antropogénico no intencional como avalanchas, terremotos,
precipitaciones, huracanes, sino que correspondía a la omisión de la entidad territorial en
la construcción de vías para permitir el tránsito, acceso o movilidad de la población entre
las diferentes veredas del municipio de manera segura.

En cuanto a la vía Coello- Cocora- Honduras- San Cristobal Parte Alta señaló que, de
acuerdo al dictamen pericial, había quedado establecido que se trataba de una vía
veredal sin especificaciones mínimas de bancada, sin cumplimiento de condiciones
topográficas no generadas por fenómenos de la naturaleza sino porque la intervención
del hombre fue avanzando en su obra de movilización y el municipio nunca intervino en
su elaboración o construcción y tampoco en su rehabilitación y mantenimiento.

Manifestó que, en consecuencia, cuando el riesgo se genera en las vías como un riesgo
creado y el municipio no interviene adecuadamente, la responsabilidad es del ente
territorial, del departamento o de la entidad que administra el acceso vial dentro del
territorio nacional.

De otro lado, argumentó que conforme al Sistema General de Participaciones la
responsabilidad directa recaía en los municipios para atender asuntos en materia medio
ambiental y de prevención y atención de desastres.

En cuanto a la competencia relativa a la planificación y administración de la
infraestructura del transporte, manifestó que le correspondía a la Nación y a las entidades
territoriales, la construcción, conservación y la planeación de todos los componentes
correspondientes a infraestructura de transporte de su propiedad.

Sostuvo que no era solo el mantenimiento y rehabilitación de la red vial primaria, sino de
las vías terciarias y era competencia del Ministerio de Transporte, del Instituto Nacional
de Vías – INVÍAS- quienes deben brindar el apoyo que requieran las entidades
territoriales para la construcción, mantenimiento y atención de infraestructuras; y del
departamento, éste último, por cuanto en su gestión debe permitir la comunicación y/o
acceso entre los municipios de su jurisdicción y tiene el deber legal de apoyar al municipio
en la construcción de esas infraestructuras.

Manifestó el desacuerdo con la orden consistente en que la UNGRD debía adelantar las
gestiones para garantizar el 100% de los recursos de financiación de tales obras, por no
ser sus funciones, las cuales se limitaban a brindar asesoría técnica a departamentos y
municipios.

Señaló que, conforme a la normativa, las entidades públicas del orden municipal y
departamental debían destinar los recursos económicos, necesarios y suficientes, a sus
Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres, los cuales una vez depositados
tenían como característica ser de carácter acumulativo, lo que implicaba que los mismos
no podían ser retirados por motivos diferentes al cumplimiento de los procesos misionales
en materia de gestión del riesgo de desastres y; ser de destinación específica, ya que,
los mismos sólo podían ser invertidos en cumplimiento de los ya mencionados procesos
misionales de la política pública de gestión del riesgo de desastres.

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Adujo que la responsabilidad de implementar procesos de gestión de riesgo de
conocimiento, reducción y manejo eran de la administración pública del municipio, y que,
los municipios, departamentos y la UNGRD eran sujetos de derechos y obligaciones
independientes, autónomas y, en consecuencia, la responsabilidad de unos y otros era
individual.

Argumentó que, conforme a los principios de subsidiariedad y concurrencia, podrían
acceder a mecanismos no de financiación sino de visibilización de proyectos no como
una competencia sino frente a casos de calamidad y desastre.

Aseguró que la intervención de la UNGRD no estaba dada para mecanismos de
financiación en actividades que no eran de emergencia, por tanto, violentaría el régimen
constitucional al no estar dicha vereda y esa vía en calamidad pública, por lo que las vías
y desarrollos requeridos se debían tramitar por los mecanismos ordinarios.

Concluyó que, era evidente que la responsabilidad en la atención y satisfacción de las
necesidades de los habitantes de esa zona les correspondía a las autoridades
municipales, como primera fase de respuesta y la no inclusión de este proyecto en sus
planes de desarrollo conllevaba que no se podía generar un proyecto para intervención,
cuando el primer obligado no lo ha considerado en su plan de desarrollo.

Solicitó que se revocaran las costas a cargo de la UNGRD.

4.4. El Ministerio de Transporte15 en el recurso de apelación señaló que según la
clasificación de las carreteras, al responsabilizar y darle órdenes a la cartera ministerial
se estaban imponiendo labores que no eran de su competencia, en razón a que sólo
estaba facultado para atender las vías tercerías no concesionadas y concesionadas a
cargo de la Nación, a través de entidades adscritas como el INVÍAS y la ANI, las cuales
tienen unas funciones específicas asignadas, y que, las necesidades que se registran en
las carreteras departamentales y municipales debían ser atendidas directamente por el
ente territorial que tiene a cargo la infraestructura vial.

Explicó que el sistema estaba constituido por red primaria (grandes troncales a cargo de
la Nación), red secundaria (a cargo de los departamentos y municipios) y la red terciaria
integrada por carreteras terciarias o caminos vecinales. En el caso concreto, las vías
objeto de cuestionamiento no son de competencia del Ministerio de Transporte e INVÍAS,
porque no son parte de la red de carreteras a cargo de la Nación.

Adujo que, de lo probado en el plenario, el Tribunal señaló que, en principio, los titulares
de las vías objeto de análisis son los municipios de Rovira e Ibagué y no se tiene en
cuenta que el Estado a través del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS, ha ejercitado
diferentes esquemas integrales de infraestructura de carreteras orientado a mejorar la
competitividad y productividad del país conocidos por las autoridades locales, para
acceder a través de programas de rehabilitación y mantenimiento integral de la red de
carreteras a cargo de la Nación, así como programas de infraestructura vial de integración
y desarrollo regional, en la búsqueda de mejorar la infraestructura vial secundaria y
terciaria, para lograr una mayor integración regional. No existe prueba que las entidades
se hayan acogido a programas o gestionado para garantizar la consecución de recursos.

15Índice 147 de SAMAI en la primera instancia.

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Alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Transporte y que
se declarara en la segunda instancia que el Ministerio de Transporte no había vulnerado
los derechos colectivos, así como, que la entidad no había incurrido en conducta activa
u omisiva.

4.5. El Instituto Nacional de Vías16 presentó recurso de apelación. Solicitó que fuera
declarada la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no tenía competencia
para la consecución de los recursos de ejecución de obras requeridas en la vía que
comunica las veredas Pando, La Joya, Limoncito y Osera de Rovira- Tolima para salir a
la vereda Los Cauchos del municipio de Ibagué.

Las razones de inconformidad las fundamentó en que el Tribunal Administrativo del
Tolima no tuvo en cuenta las funciones y el objeto de la entidad, las cuales estaban
orientadas a la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de
infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras primarias y terciarias
de su competencia, siendo en este caso, una vía terciaria que comunica las veredas
Pando, la Joya, Limoncito y Osera de Rovira para salir a la vereda Los Cauchos del
municipio de Ibagué que no está a cargo del instituto sino del municipio de Rovira.

Señaló que, si bien era cierto que dentro del objeto del INVÍAS se encontraba también la
ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura
no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras terciarias, este objeto se ejecuta
de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Transporte, lineamientos en los cuales
las vías de la problemática relacionada no corresponden a vías terciarias a cargo del
Instituto Nacional de Vías. Enlistó las vías terciarias del departamento del Tolima que se
encontraban a cargo del Invías.

Estuvo en desacuerdo con que se hubiera ordenado a las entidades involucradas la
consecución del cien por ciento de los recursos de financiación de las obras, porque su
competencia es de carácter ejecutor, por lo que, no tenía competencia en la consecución
de recursos para atender las vías que no son de su competencia.

Solicitó que conforme a los argumentos de competencia y de consecución de recursos
se declarara que no tenía legitimación en la causa.

4.6. El municipio de Rovira17 en el recurso de apelación alegó que el ente territorial era
de sexta categoría y tenía ingresos reducidos en su mayoría transferencias del gobierno
nacional, los cuales eran insuficientes para adelantar las obras ordenadas.

Adujo que el municipio solo contaba con una retroexcavadora, un compactador, una
motoniveladora y volquetas, lo cual ha sido insuficiente para los trabajos requeridos en
los más de 700 kilómetros de la vía terciaria, con un apoyo ocasional del departamento
del Tolima; sin embargo, dentro del plan de desarrollo del municipio estaba proyectado
el mantenimiento de vías terciarias.

Señaló que se requería de la solidaridad de todas las entidades departamentales y
nacionales concernidas, para atender las necesidades de las comunidades localizadas
en las veredas donde se presenta la problemática.

16Índice 148 de SAMAI en la primera instancia.
17Índice 148 de SAMAI en primera instancia.

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Afirmó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres era la encargada
de establecer y vigilar el comportamiento del Volcán Machín y sobre ello no existía una
alerta enviada al ente territorial que establecía un nivel de riesgo de alguna de las veredas
señaladas, con el fin de conocer las actuaciones existentes sobre la actividad de dicho
volcán.

Citó la importancia de los principios legales de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad para reiterar que el municipio no estaba en la capacidad de atender todos
los requerimientos ordenados en la acción popular en relación con las vías terciarias y la
construcción de puentes.

Alegó que, si se hace un estudio exhaustivo, no se logra evidenciar una vulneración que
sea imputable al municipio de Rovira, porque no existen argumentos fácticos ni jurídicos
en la demanda que demuestren la acción u omisión del ente territorial, que hubiese
ocasionado una transgresión a los derechos e intereses colectivos.

Finalmente, dijo que correspondía al accionante aportar las pruebas para demostrar la
vulneración y que no existía siquiera prueba sumaria que demostrara un comportamiento
del municipio que configure una afectación real de los derechos colectivos. Solicitó que
se revocara la sentencia.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. En proveído del 11 de marzo de 202518 se ajustó el efecto en que fueron concedidos
los recursos de apelación al efecto suspensivo.

5.2. Mediante auto del 2 de abril de 202519, se admitieron los recursos de apelación y se
prescindió del traslado para alegar de conclusión.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia,
de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.

6.2. Análisis de la Sala

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, la Sala se ocupará de analizar de manera
individual los cargos propuestos en los escritos de apelación que fueron interpuestos por
los demandados, de la siguiente manera:

6.2.1. Recurso de apelación del municipio de Rovira

De la lectura de la alzada se advierte que son dos los cargos que propone el municipio,
el primero está relacionado con la falta de vulneración de los derechos colectivos

18Índice de SAMAI 5 en esta instancia.
19Índice 12 de SAMAI en esta instancia.

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invocados por parte de dicha administración, y el segundo, hace referencia a la capacidad
para dar cumplimiento a las órdenes.

6.2.1.1. Sobre la vulneración de los derechos colectivos invocados

Así las cosas, la Sala procede a analizar si se incurrió en la vulneración de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano; el goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público; seguridad y salubridad públicas; acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea efectiva y oportuna; la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes, si el apelante afirma que la demanda carecía de justificación jurídica,
fáctica y probatoria que evidenciara la acción u omisión en la que presuntamente incurrió.

Con el fin de desatar el anterior cuestionamiento, se trae a colación el material probatorio
que reposa en el expediente, para abordar el estudio de vulneración de los derechos
colectivos demandados:

a) El oficio del 22 de junio de 2017, del departamento del Tolima frente a una solicitud
radicada por la comunidad para la solución de la problemática planteada, en el cual se
dijo:

[…]

Nos permitimos informarle que una vez revisada su petición de limpieza de la Vía el Pando-
La Joya- Vereda Los Andes, en el municipio de Rovira- Tolima, tenemos que esta vía es
terciaria y la competencia en primera instancia es del Municipio de Ibagué, con el fin de que
se realice a ellos directamente la solicitud y petición realizada por usted.

Es necesario (sic) aclara que eventualmente la Gobernación del Tolima, brinda apoyo a
algunos proyectos, siempre y cuando existan los recursos suficientes para ejecutarlos y a
la fecha no se cuenta con el proyecto estructurado, ni la disponibilidad presupuestal de
recursos suficientes para brindar una solución a la petición planteada por usted. Todo esto,
debido a que dichas necesidades están sujetas a la disponibilidad de recursos que a su vez
dependen de la articulación de las políticas y programas desarrollados por la Nación y las
entidades territoriales, los cuales, como es de conocimiento público, han sido recortados
por la Nación.

En consecuencia, de lo anteriormente planteado, la Secretaría de Infraestructura y Hábitat
del Departamento del Tolima, no se puede dar trámite a su petición.

[…].20

b) El oficio del 3 de mayo de 2018 de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat del
departamento del Tolima, en el que se precisó:

[…]

Me permito dar respuesta a su solicitud informándole que actualmente la licitación de
personal que opera la maquinaria pesada de la (sic) secretaría de infraestructura y Hábitat,
no se ha adjudicado.

20Índice 2 de SAMAI en esta instancia.

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Le informamos que una vez se adjudique el contrato en mención, se programará la
maquinaria para realizar el mantenimiento del tramo vial “pando alto al pando bajo la joya”
en el municipio de Rovira en el departamento del Tolima. Teniendo en cuenta su solicitud
se coordinará para el mes de junio del año en curso, las actividades a realizar de
mantenimiento vial.

[…].21

c) El Oficio núm. 0856 del 25 de junio de 2018 del Departamento del Tolima que contestó
al municipio de Rovira frente a la solicitud de apoyo en la problemática del cual se extrae
lo siguiente:

[…]

Reciba un cordial saludo por parte del Gobierno Departamental “Unidos por la Grandeza
del Tolima”, agradecemos la solicitud enviada y de la misma manera le informo que las vías
terciarias están a cargo del Municipio de Rovira, por lo tanto, su mantenimiento,
rehabilitación y mejoramiento debe ser ejecutado por el ente territorial, de manera que las
mismas tengan una transitabilidad adecuada.

De igual manera comunicarle que hace parte de nuestros objetivos apoyar el mantenimiento
y rehabilitación de la malla vial terciaria el municipio de Rovira, pero en la actualidad no
contamos con la suficiente maquinaria disponible, ni con los recursos suficientes para
realizar dichas actividades.

[…]. 22

d) La respuesta del 17 de julio de 2019 a un derecho de petición por parte de la Secretaría
del Ambiente y Gestión del Riesgo, en la cual se indicó:

[…]

Primero: En certificación expedida por el secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la
Gobernación del Tolima, se identifican las veredas la Osera, La Punta, Limoncito, Pando,
La Joya, Morro Bajo, Los Andes y Los Cauchos, las cuales se presentan como veredas que
se encuentran en la zona de influencia del volcán “Machín”, presentando especial
vulnerabilidad.

Segundo: Conforme la ley 1523 de 2012, y las competencias de la Secretaría de Ambiente
y Gestión del Riesgo, no contamos con los medios para llevar a cabo esta clase de obras,
es por eso que existen otras entidades encargadas de desarrollar este tipo de solicitudes.

Tercero: Frente a este requerimiento, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo
realizará el respectivo traslado a quien compete, en este caso, a la Secretaría de
Infraestructura y Hábitat, para que den trámite oportuno a este punto.

(sic) Quinto: La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo teniendo conocimiento de la
situación de vulnerabilidad de esta población y en aras de dar una pronta solución a esta
situación apremiante realizaremos todas las actuaciones de coordinación e intermediación
para el (sic) ministerio de defensa nacional lleve a cabo la obra del puente militar solicitado
por usted.

21Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
22 Índice 2 de SAMAI en esta instancia.

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[…].23

e). La certificación de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento
del Tolima del 24 de octubre de 2018, en la cual se lee:

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

CERTIFICA

Que las veredas la Osera, La Punta, Limoncito, Pando, La joya, Morro bajo, Los andes
y Los cauchos que comunican al municipio de Rovira, con la ciudad de Ibagué, son
veredas que se encuentran en la zona de influencia del Volcán del Machín y por tanto
presentan especial vulnerabilidad.

La presente certificación se expide a los 24 días del mes de octubre de 2018, como soporte
documental y de gestión ante el Ministerio de Defensa Nacional- área de infraestructura. -

[…].24 (Negrillas y resaltado por fuera del texto original)

f) El oficio ALC núm. 170 del 29 de junio de 2019 del municipio de Rovira, en el que se
señaló:

[…]

De acuerdo con esto, es importante resaltar que si bien es cierto, el municipio de Rovira es
quien debe encargarse en primera instancia de la atención de la red vial terciaria, estas
atenciones en mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento se realizan con las
herramientas que tiene a su disposición el Municipio, sobre todo, desde que haya la
disponibilidad de recursos, articulada además con las políticas y programas establecidos
en el plan de desarrollo municipal, destacando que para el sector del (sic)pando la joya si
se han realizado intervenciones con maquinaria de propiedad del Municipio, del cual según
reporte entregado por la oficina de planeación municipal en el mes de diciembre de 2018,
se logró la atención en el sector de la Bella los andes- Pando la Joya con atención de 4
kilómetros en intervención de conformación de vías, conformación de cunetas, aplicación
de material en la zona y ampliación de banca; sin embargo, siendo conscientes de que
municipio se queda corto en atención de las múltiples necesidades de la red vial
terciaria, este Gobierno tomó la iniciativa de estructurar un proyecto de acuerdo, el
cual fue presentado al honorable concejo Municipal con el ánimo de adquirir un
empréstito para la compra de una máquina tipo BULLDOZER.

[…]

Que, frente a la solicitud específica de un Bulldozer presentada por la peticionaria, la
Alcaldía Municipal de Rovira, reitera que no cuenta con máquina tipo bulldozer, debiendo
realizar esfuerzos importantes de préstamos del Gobierno Departamental y la (sic)
corporación autónoma regional del Tolima, cuando ha existido la necesidad,
especialmente cuando son atenciones de Gestión del Riesgo. Así mismo se ha (sic)
realizados procesos de contratación para el alquiler de este tipo de maquina priorizando
necesidades, sin embargo; estos esfuerzos son insuficientes ante la necesidad en
diferentes sectores que comprende la red vial terciaria del municipio, resaltando que una
vez el municipio pueda lograr la obtención de la maquina tipo bulldozer que pretende
comprar, su solicitud será tenida en cuenta para atender a la comunidad del sector.

23Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
24 Índice 2 de SAMAI en esta instancia.

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[…].25

g) El oficio del 10 de febrero de 2021 de la alcaldía de Rovira dirigido a la Secretaría de
Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento del Tolima, del cual se resalta lo
siguiente:

Solicitamos tomar las acciones pertinentes para realizar la apertura de la vía que
comunica la vereda Pando La Joya del municipio (sic) De Rovira con la vereda (sic)
LA PUNTA del municipio de Ibagué. Toda vez que la comunidad de la Osera, La Punta,
Limoncito, Pando La Joya, Morro Bajo, Los Andes y Los Cauchos se encuentran en
zona de influencia del volcán el (sic) machín y no cuenta con una vía de evacuación
ante alguna calamidad.

Teniendo en cuenta que la gobernación del Tolima tiene destinado permanentemente un
kit de maquinaria que está atendiendo el corredor lapias-toche en la zona rural de Ibagué,
vía de tercer orden que es ruta de evacuación ante emergencia del Volcán Cerro Machín,
solicitamos también se atienda la emergencia latente que presenta el sector previamente
nombrado de la zona rural de Rovira, toda vez que en las mismas condiciones precarias no
cuenta con una vía que permita el (sic) des-embotellamiento y evacuación ante alguna
emergencia.
[…].26

h) El dictamen pericial del 16 de marzo de 2021, del cual se resalta:

[…]

VII IDENTIFICACIÒN Y DIMENSIONAMIENTO DEL PROBLEMA
1. VIA COELLO COCORA HONDURAS SAN CRISTÓBAL PARTE
ALTA

En campo el día 18 de enero de 2023 se realizó visita conjunta con la comunidad y los
asesores del perito a la vía Coello Cocora – Honduras – San Cristóbal parte alta.

25Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
26
Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
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Vía que dentro del contexto geográfico su clasificación nacional por su funcionalidad es
terciaria y por su topografía es terreno montañoso y escarpado.

Es una vía angosta con calzada de tres (3) y cuatro (4) metros de ancho, con pendientes
altas, curvas cerradas y peligrosa para transitar. Se pudo llegar al destino: San Cristóbal
parte Alta en vehículo en razón del tiempo seco y soleado que hizo, en tiempo lluvioso es
intransitable. Se constituye en el único medio de comunicación que tienen las veredas
Honduras San Cristóbal parte Alta y, La Osera (después de caminar cerca de 5 Kilómetros
por terrenos boscosos para llegar a San Cristóbal parte Alta).

Las veredas La Osera y Martínez están definidas dentro del EOT del municipio de
Rovira como Bosque Protector Productor (BPP) y las intervenciones viales que se
hagan al futuro deben enmarcarse dentro de ese marco, así como, dentro de la
reglamentación para los usos del suelo para rondas de nacimientos de quebradas y
ríos definidas del EOT de Rovira de la siguiente manera:

ARTÍCULO 50. AREAS DE ESPECIAL SIGNIFICACIÓN AMBIENTAL: Se declaran como
Areas de especial significación ambiental las siguientes: Bosque Protector.

Bosque Protector Productor: Rondas y Nacimientos de Ríos y Quebradas, Zonas de
Reserva Forestal Productora.

2. Bosque Protector- Productor: Son aquellas áreas de protección conformadas por
bosque natural, bosques plantados, relictos de bosque secundario y sistemas
silvopastoriles, que por su ubicación estratégica e importancia ecológica su finalidad
es proteger los recursos naturales bajo restricciones de uso. Cubre veredas
Riomanso, Aguabonita, Tuamo, Alto Bonito, Buenos Aires, La Divisa, Montenegro,
Martínez y la Osera. Cubre un área de 605,96 Hás, para un 0.82% del territorio
municipal.

3. Rondas y Nacimientos de Rios y Quebradas (RRQ). Son las áreas localizadas
alrededor o circundantes a los nacimientos y en las márgenes izquierda y derecha de
los ríos y quebradas. Su función es proteger el nacimiento y las orillas del cauce con
el fin de evitar desbordamientos e inundaciones.

[…]

La vía Coello Cocora Honduras San Cristóbal parte Alta, la plantea la comunidad
como una posible alternativa para comunicar las veredas La Osera, Limoncito, San
Cristóbal parte Alta, Honduras con el municipio de Ibagué en caso de evacuación por
estar en zona de influencia del Volcán Machín. Se precisa que las veredas La Osera
y Limoncito están separadas de la vía en estudio, en consecuencia, para comunicar
con Ibagué a estas dos veredas es necesario la construcción de una nueva vía de
aproximadamente 6 kilómetros.

DICTAMEN TÉCNICO DE LA VÍA EN ESTUDIO

Como ya lo expresé es una vía en malas condiciones técnicas, con el afirmado de la calzada
en malas condiciones y sin las especificaciones mínimas, de banca demasiado pequeña,
sin el cumplimiento de condiciones topográficas de pendiente demasiadas altas, no tiene el
ancho de vía que exige la ley (derecho de vía 20 metros), presenta remociones en masa
en varios puntos y alcantarillas con tubería reventada (leer informe de los asesores
que se anexan) y sin diseño geométrico de curvas horizontales y verticales, sin sobre
anchos, sin cunetas y pocas alcantarillas para el manejo de las aguas de escorrentía.
Ha sido intervenida por la comunidad lo que genera impactos ambientales negativos
como remociones en masa, no ha sido sometida a mantenimiento periódicos, ni
rutinarios por parte de la autoridad encargada. Transitable en época de verano con
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peligro pero que en las condiciones expuestas no es recomendable para una
emergencia de tipo erupción del volcán Machín.

Las comunidades relacionadas necesitan una vía en buenas condiciones para sacar sus
productos, para emergencias médicas, movilización de estudiantes, evitar pérdidas de
cosechas, comunicación con la capital del departamento Ibagué, para consecución de
víveres, para disminuir costo de pasajes, para compra de ropas, combustibles y lo más
importante para mejorar su calidad de vida, desarrollo del campo y consolidación de la paz
y que genere los menores impactos ambientales.

SOLUCIONES TÉCNICAS

Por el estado descrito de la vía, es necesario emprender un estudio de alternativas con sus
diseños, costos y cronogramas en que sea ella incluida para tomar la decisión de la mejor
solución costo – beneficio para estructurar el mejor proyecto que sirva para consecución de
recursos.

Respecto de la vía existente y de la que estamos hablando, se debe hacer un estudio
para su mantenimiento que consiste en las intervenciones lineales y puntuales de los
sitios críticos observados y descritos en nuestra visita y, los que resulten de un estudio
detallado de la vía con costos y cronograma por parte de la autoridad encargada, para dar
una solución estructural (soportes de cargas y condiciones climáticas) y funcional
(transitabilidad confortable y segura) con obras de estabilización de taludes y drenaje
(muros de contención, alcantarillas, cunetas, box culvert y disipadores de energía),
rectificación de curvas, sobreanchos y pendientes y, ampliación de la zona de vía y
especialmente de la calzada que generen el menor impacto ambiental teniendo en cuenta
las zonas de inestabilidad geológica y geotécnica.

A la par del anterior estudio, se recomienda realizar por lo menos dos alternativas de
construcción de vía nueva con sus diseños, valores y cronogramas de obra con el fin de
compararlos con el costo del mantenimiento y Ampliación de la vía anterior para tomar la
mejor alternativa.

Respecto a la conexión de las veredas La Osera y Limoncito, con la vía en estudio o
la mejor alternativa para su conexión con Ibagué, es necesario diseñar y construir
una nueva vía teniendo los establecido (sic) en el EOT de Rovira ya mencionado en
algunos de sus apartes.

La vereda La Osera es la vereda más desprotegida en caso de una erupción del
volcán Machín por estar incomunicada con Ibagué y en condiciones muy lamentables
y lejanas con Rovira, asunto en el que me ocupare con mayor detalle más adelante.

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3. VÍA LA OSERA LIMONCITO PANDO LA JOYA

En el recorrido realizado encontramos una vía que empieza en inmediaciones de la escuela
La Osera, construida por la comunidad en muy mal estado de conservación y que
transitamos a caballo por ser imposible el tránsito vehicular.

Se trata de una vía que no presta servicio, sin ningún diseño y que se reseña como
una posible alternativa a tener en cuenta con un mantenimiento intensivo similar al
que se reseñó para la vía Coello Honduras San Cristóbal parte Alta pero que a
diferencia de esta última que tiene transitabilidad insegura en verano y nula en
invierno, aquella no tiene transitividad vehicular en ninguna época.

Esta vía llega hasta inmediaciones de la Escuela de la vereda Limoncito, donde como
consecuencia de las actuaciones de la comunidad: donación de terrenos para la ampliación,
construcción de cunetas, mejoramiento de remociones, es transitable hasta la vereda
Pando La Joya y sirve como una vía de evacuación para una actividad del volcán Machín.
Sin embargo, es una vía que requiere que se le realice un estudio de mantenimiento similar
al expuesto para la vía Coello Cocora – Honduras – San Cristóbal.

Al llegar a Pando La joya, ya existe una vía en mejores condiciones que llega hasta la
vereda Martínez y que paso a describir.

4. VIA PANDO LA JOYA LA BELLA LOS ANDES EL CEDRAL
MARTINEZ

Es una vía definida en EOT del municipio de Rovira como vía del “Sistema de comunicación
vial integrado (secundarias)”: Rovira La Bella Andes El Pando La Joya.

[…]

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Vía con tránsito vehicular que desciende de la vereda La Joya Hacia la Vereda
Martínez para unir finalmente con el Municipio de Rovira con este último tramo
pavimentado; se comunica con la vía que viene de Limoncito y, en consecuencia,
sirve para evacuación por posible actividad del volcán Machín de esta vereda, así
como, de las veredas Pando La Joya La Bella Los Andes, El cedral hacia el municipio
de Rovira.

El trayecto es de aproximadamente 12 kilómetros y es necesario someterlo a
mantenimiento para mejorar pasos puntuales de alcantarillas en mal estado, falta de
cunetas, tratamiento de remoción de taludes construyendo con muros de gaviones o muros
de contención de acuerdo a estudio de suelo y de geotecnia, y ampliación de vía en partes
en donde se ha deslizado la banca; es necesario revisar los pasos de agua con base en
estudios hidrológicos e hidráulicos para buscar la mejor solución de las obras como
badenes, alcantarillas y cunetas, es necesario la corrección de pendientes altas y de
algunas curvas horizontales y verticales para obtener una mejor visibilidad y seguridad.

Con el mantenimiento aconsejado, es una vía que sirve de evacuación en una posible
actividad del volcán Machín para las veredas anunciadas y las adyacentes que se pueden
observar en el plano veredal entregado al perito por Cortolima y que se anexa en la parte
inicial de esta experticia.

5. VÍA CAUCHOS ALTOS – CAUCHOS BAJOS

Vía con tránsito vehicular del municipio de Ibagué que une a cauchos Altos con Cauchos
Bajos y allí en vía pavimentada con Ibagué.

Es una alternativa que tiene de evacuación por posible actividad del volcán Machín
las veredas La Osera y Limoncito con Ibagué previa la construcción de la vía y el
puente sobre el río Coello en el sector La Punta cuyo trazo topográfico realizó
Cortolima y que se describió en el punto 2 del presente dictamen.

Es necesario realizar mantenimiento de esta vía (Cauchos Alto – cauchos Bajo) siguiendo
la misma metodología descrita para la vía Coello Cocora Honduras San Cristóbal parte Alta
pero preciso que esta vía está en mejores condiciones topográficas, de drenaje, de
pendientes, de ancho de vía y de seguridad que la Coello Cocora San Cristóbal parte Alta.

• CONCLUSIONES Y SOLUCIONES TÉCNICAS VIABLES PARA MEJORAR EL
TRANSITO DE LA POBLACIÓN QUE RESIDE ALLÍ

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Presento las soluciones técnicas viables para la población de las veredas objeto de la
Acción Popular para salida para Rovira e Ibagué con las recomendaciones que se dan en
cada numeral así.

5.1 EVACUACIÓN Y TRANSITO VEREDA LA OSERA PARA IBAGUE

Construcción de vía nueva La osera – San Cristóbal parte alta (levantamiento topográfico
Cortolima o alternativa que se escoja) y salida a Ibagué por la alternativa escogida de San
Cristóbal, parte Alta Honduras Coello Cocora Ibagué.

6.2. EVACUACIÒN Y TRÁNSITO VEREDA SAN CRISTOBAL PARTE ALTA HONDURAS
COELLO COCOERA IBAGUE.

Por la alternativa escogida en el numeral 1 de la presente experticia.

6.3. EVACUACIÒN Y TRÁNSITO VEREDA LIMONCITO PANDO LA JOYA MARTINEZ
ROVIRA

Por la alternativa 3 Y 4.

7. EVACUACIÓN Y TRÁNSITO VIA PANDO LA JOYA LA BELLA LOS ANDES EL
CEDRAL MARTINEZ ROVIRA

Por la alternativa 4

7.2. EVACUACIÓN Y TRÁNSITO CAUCHOS PARTE ALTA CAUCHOS PARTE BAJA

Por la alternativa 5

De esta forma doy respuesta la experticia encomendada y solicito se me asignen los
honorarios por el trabajo realizado, su calidad, extensión e investigación del mismo. […].27

i) De la visita técnica de la gobernación del Tolima al corredor vial Coello- Cocora- San
Cristobal- La Osera- Los Cauchos en los municipios de Ibagué y Rovira del 6 de julio de
2021 se rescatan los siguientes elementos:

[…]

27 Índice de SAMAI 002 en esta instancia.

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De la lectura de los medios probatorios que anteceden se observa que las veredas la
Osera, la Punta, Limoncito, Pando, La Joya, Morro Bajo, Los Andes del municipio de
Rovira y Los Cauchos del municipio de Ibagué están en zona de influencia del volcán el
Machín, lo que genera que se encuentren en un estado de riesgo por su situación de
cercanía; además, cuentan con importantes activos ambientales que necesitan ser
tratados, de acuerdo con la clasificación del suelo dada por el municipio.

Al analizar la descripción física y geográfica de las vías, se tiene que existen cuatro
tramos o vías a identificar: (i) la vía Coello- Cocora- Honduras- San Cristóbal parte Alta;
(ii) La vía La Osera- Limoncito- Pando La Joya; (iii) la vía Pando- La Joya- La Bella- Los
Andes- El Cedral Martínez; y (iv) la vía Cauchos Altos y Cauchos bajos.

En cuanto a la primera vía Coello- Cocora- Honduras- San Cristóbal parte Alta- se dice
que es un tramo angosto con pendientes altas y curvas cerradas que se pueden transitar
en tiempo seco; sin embargo, es intransitable en tiempo de lluvia. Y que, para llegar desde
la Osera hacia San Cristobal Alta, se debe caminar aproximadamente 5 kilómetros por
terrenos boscosos.

Asimismo, se plantea que esa vía es una alternativa para comunicar las veredas la Osera,
Limoncito, San Cristobal parte Alta-Honduras con la ciudad de Ibagué, a la cual se podría
acudir en caso de evacuación, siempre y cuando se construya una vía de 6 kilómetros
para conectar las veredas la Osera y Limoncito que son las que están incomunicadas
totalmente, particularmente la primera de la cual se establece que no tiene conexión ni
con Ibagué ni con Rovira, por lejanía y las condiciones de la carretera.

En relación con el segundo tramo La Osera-Limoncito-Pando La Joya no tiene tránsito
vehicular desde La Osera que se conecta con Limoncillo. A partir de esta última, se podría
volver transitables hasta la vereda Pando- La Joya, si se realizara un mantenimiento

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adecuado de la vía, lo cual resultaría siendo un camino de evacuación para los habitantes
de dichas zonas.

La tercera es la denominada Pando La Joya-La Bella-Los Andes-el Cedral Martínez (vía
secundaria de acuerdo con el dictamen pericial, el cual explicó que hacía parte del
Sistema de Comunicación Vial integrado conforme el artículo 19 del EOT de Rovira) de
la cual se observa que sirve como evacuación ante la actividad del volcán el Machin para
los citados sectores. Esta vía tiene aproximadamente 12 kilómetros y requiere
mantenimiento para atender de manera óptima cualquier posible evacuación ante una
actividad del accidente geográfico.

En cuarto lugar, al referirse al tránsito vehicular de la vereda Cachos Altos con Cauchos
Bajos aunque se describe en mejores condiciones de tránsito se debe hacer un
mantenimiento.

Al reunir y analizar las diferentes vías, en sus diversos tramos, se encuentra que, todas
requieren intervenciones, mantenimientos o construcción con el objetivo de estar prestos
ante cualquier actividad del volcán Machín. Además, las posibilidades de evacuación se
ven truncadas ante la necesidad de conectar tramos que, o son inexistentes,
intransitables o transitables parcialmente.

También es posible observar que hay veredas que no cuentan con ninguna vía habilitada
correctamente para evacuar, como el caso de la vereda Osera, mientras que las otras
cuentan con tramos que están deterioradas, que son intransitables en época de lluvia, y
que, en la zona geográfica descrita hay activos ambientales tales como bosques
protegidos.

De cara a la problemática aquí expuesta, esta Sección28 ha efectuado algunas
precisiones frente a la necesidad de mejorar y conservar los componentes de la
infraestructura de transporte nacional. Ha señalado que se debe procurar esa mejoría
bajo los principios de economía, celeridad, eficacia, planeación y efectividad.

En efecto, al explicar el tema, la Sección Primera ha señalado que conforme los artículos
41 a 46 de la Ley 105 de 1993 se han adoptado herramientas de planeación financiera
que ordenan los presupuestos de los programas y proyectos de inversión pública nacional
y territorial relativos a la malla vial. Se ha referido a los planes sectoriales de transporte,
los planes territoriales de transporte e infraestructura de los departamentos y los planes
modales.

A su vez, se ha dicho que conforme a la Ley 1682 de 2013 se estableció que los proyectos
de infraestructura se planificarían con el objetivo de asegurar la intermodalidad de la
infraestructura de transporte, la multimodalidad de los servicios que se prestan y la
integración de las diferentes formas de transporte, para lograr la conectividad de las
regiones del país y con el exterior.

De acuerdo con lo anterior, esta Corporación ha fijado un entendimiento sobre la
intervención del juez popular en casos relacionados con la malla vial, la cual se justifica
cuando: (i) las condiciones de las vías o sus elementos integrantes y accesorios generan
un riesgo de desastres o de accidentabilidad para la población en general; o (ii) cuando

28 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Expediente: 17001-23-33-

000-2019-00188-01.
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se evidencia un daño material a los intereses colectivos relacionado con el goce del
espacio público, con la afectación injustificada de la movilidad o con el incumplimiento de
los plazos contractuales de los proyectos que se encuentran en fase de construcción.

En esa vía, se ha dicho que el amparo procede cuando hay una transgresión o amenaza
efectiva a los derechos e intereses colectivos que justifique intervenir en la autonomía de
la administración y que se identifique una desproporción en las prioridades o que exista
una omisión grave en materia de mitigación del riesgo existente.

Así, en diversas oportunidades se han amparado los derechos colectivos a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente u otros derechos tales como defensa
del patrimonio público, goce del espacio público y la utilización de los bienes públicos.
Estos bienes han sido amparados bajo un criterio común, es la situación de riesgo, en
donde se identifique que, no basta con la mera afectación de la malla vial sino que el
actor popular demuestre que hay una necesidad de priorizar las obras de infraestructura
requerida incluso contra los planes sectoriales o territoriales de transporte e
infraestructura y el desarrollo ordinario y planeado a realizarse en el tiempo para corregir
las deficiencias. De esto se dejó una evidencia histórica en el tratamiento en la sentencia
citada.29

De lo anterior, la Sala extrae que se vulneran los derechos colectivos invocados, por
cuanto se evidencia el riesgo al que se encuentran sometidas las comunidades de las
veredas la Osera, Limoncito, Pando, La Joya, Morro Bajo, Los Andes y Los Cauchos, en
razón a que estas se encuentran en zona de influencia del volcán Machín, en razón a que
no cuentan con vías que tenga un estado transitable u optimo que les permitan evacuar
la zona de forma fácil y ágil.

Por tanto, la Sala considera que en la línea que se ha venido desarrollando, acreditado
el riesgo y considerando que la malla vial es uno de los factores que lo intensifican, amén
de la existencia del volcán como riesgo natural latente; se habilita la acción popular y la
intervención del juez, para ponderar que los procedimientos ordinarios para desarrollar
las vías bajo el principio de planeación común a la administración pública está vez ceden
ante la necesidad de tomar medidas de amparo.

Por tanto, se hace necesario amparar los derechos colectivos reclamados y confirmar en
ese sentido la decisión del A quo, al constatar las reglas que han sido decantadas con
antelación se han cumplido.

Asimismo, cabe resaltar que la responsabilidad de proteger los derechos colectivos
invocados sí le corresponde al municipio de Rovira, en razón a que la vía Pando- La Joya-
Vereda Los Andes se encuentra a su cargo, tal como se evidenció con el material
probatorio aportado; además, de que fue catalogada como de tercer nivel. Por lo tanto,
es claro que el mantenimiento del tramo le corresponde a la autoridad territorial.

6.2.1.2 De las competencias del municipio de Rovira

De acuerdo con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala definir si el municipio
de Rovira tiene la obligación de atender las obras o tramos referentes a las vías terciarias
y la construcción de puentes, si afirma que es un municipio de sexta categoría que no
cuenta con la maquinaria ni los recursos necesarios para suplir la afectación que se

29 Ibidem.

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27

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genera en las veredas Osera, la Punta, Limoncito, Pando, la Joya, Morro Bajo, los Andes
del municipio y que son el departamento del Tolima y la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres los encargados de efectuar las labores requeridas para atender
las necesidades de la comunidad en riesgo.

Conforme el artículo 17 de la Ley 105 de 1993, la integración de la infraestructura distrital
y municipal de transporte está constituida por las vías urbanas, suburbanas y a aquellas
que sean propiedad del municipio.

A su vez, el artículo 44 de la misma Ley contempla que los planes de infraestructura de
los distritos y municipios harán parte de sus planes de desarrollo, y que, esos planes
están conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones a mediano y a corto
plazo.

Por otra parte, conforme al artículo 14 de la Ley 1523 de 2012, el alcalde como jefe de la
administración local es el responsable directo de la implementación de los procesos de
gestión de riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del
riesgo y el manejo de desastres en su jurisdicción.

En esa vía, en la planificación del desarrollo local deben integrar acciones prioritarias y
estratégicas en materia de gestión del riesgo de desastres en los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital.

En el artículo 40 de la precitada Ley, se contempló que los municipios en un plazo no
mayor a un año, posterior a la fecha de su sanción debían incorporar en sus respectivos
planes de desarrollo y ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo
seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo y los programas y proyectos
prioritarios. Se pidió en particular que se incluyeran mecanismos para el inventario de
asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de zonas expuestas a
amenaza de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no intencionales,
incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos, la transformación del uso
asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo, la constitución de
reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los
instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios
para reubicación de poblaciones de alto riesgo.

De acuerdo con las normas citadas con antelación, se observa que en el presente caso
confluyen dos obligaciones para los municipios. La primera de ellas obedece a la correcta
administración de la infraestructura vial de su propiedad, lo cual implica que, a través de
los instrumentos previstos legalmente, tales como los planes de infraestructura
territoriales se prevean las fórmulas para intervenir sus vías. Por otra parte, son los
alcaldes los responsables directos de la implementación de la gestión del riesgo en sus
territorios.

Conforme lo anterior, se define la competencia de los municipios para afrontar la
problemática como la del caso concreto frente a una situación de riesgo, que como se
desarrolló en el numeral 6.2.1.1, es la que habilita para resolver estas problemáticas por
la vía de este medio de control.

Ahora, al verificar si existe alguna normativa especial para excusar a un municipio por su
categoría y su presupuesto para no cumplir las obligaciones anteriormente previstas, no
se encuentra ninguna disposición que así lo contemple. Sobre el particular ha de
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recordarse que esta Corporación ya ha dicho que “(…) la falta de presupuesto no es óbice
para proceder a adoptar conductas tendientes a hacer cesar la amenaza o vulneración
de derechos colectivos demostrada (…)”.30 económicas para desconocer o tratar de
desligarse de la vulneración de derechos, por lo tanto, este argumento será desestimado.

Ahora, en relación con lo que concierne al departamento del Tolima, esta providencia se
ocupará posteriormente de señalar cómo y cuándo se activan los principios de
concurrencia, coordinación, subsidiariedad positiva en el caso concreto; sin embargo, el
acudir a los precitados principios no exime al municipio de la responsabilidad contenida
en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2011, según el cual, se reitera, son los alcaldes los
responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y los
conductores del desarrollo local encargados de integrar en sus planes de desarrollo,
acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres. Por
tanto, este argumento no prospera.

Bajo la misma lógica, sobre la responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres frente a la vigilancia del comportamiento del Volcán Machín y la
inexistencia de una alerta enviada al ente territorial que establezca un nivel de riesgo de
alguna de las veredas señaladas, con el fin de conocer las actuaciones existentes sobre
la actividad de dicho volcán, en primer lugar, se tiene que, la Secretaría de Ambiente y
Gestión de Riesgo del departamento del Tolima certificó que las veredas la Osera, la
Punta, Limoncito, Pando, la Joya, Morro Bajo, Los andes y los Cauchos se encuentran
en zona de influencia del volcán el Machín y por tanto presentan especial vulnerabilidad
(literal (a) del numeral 6.2.1.1).

De acuerdo con lo anterior, si bien no se establece el nivel de riesgo, no tiene mayor
sentido que, el municipio que viene alegando la existencia de este, para solicitar la
intervención de las vías como mecanismo de evacuación, argumente la necesidad de
establecer el nivel del riesgo, para exonerarse de las obligaciones que le impone la ley y
atribuirle la responsabilidad a la UNGRD.

Así mismo, la Sala encuentra que el hecho que se determine que la UNGRD deba
integrarse a la solución de la problemática, como se desarrollará posteriormente, no
implica que el municipio se exima las responsabilidades que legalmente le fueron
conferidas. En este caso, se le pone de presente la citada obligación del artículo 14 de la
Ley 1523, y además, la de incorporar en sus municipios y poner en funcionamiento los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en los términos de los artículos 27, 28 y 29 de
la precitada Ley, por lo tanto, el argumento no prospera.

En cuanto a la importancia de los principios legales de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad basados en el principio de solidaridad descrito en el recurso, este
argumento no sirve para sustraerse de las obligaciones legales del municipio en las
materias descritas. Por tanto, este argumento tampoco prospera y por esta razón serán
confirmadas las órdenes dadas al ente territorial municipal por parte del Tribunal
Administrativo del Tolima.

Ahora, en este punto la Sala se ocupará de las apelaciones de las entidades y los
argumentos señalados por cada una de ellas.

30 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P María Elizabeth García González. Expediente: 15001-23-31

000-2010-01396-01.
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6.2.2. De las competencias de las entidades acusadas para acatar las órdenes
impartidas

6.2.2.1. El recurso de apelación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima

La Sala procede a analizar si la Corporación Autónoma Regional del Tolima es
competente para garantizar las obras de infraestructura vial requeridas para solucionar
la problemática, si afirma que dicha obligación está en cabeza del municipio, el
departamento o el Instituto Nacional de Vías dependiendo de la naturaleza del tramo.

En primer lugar, conforme el artículo 8º de la Ley 1682 de 201331, los proyectos de
infraestructura deberán cumplir con cada una de las exigencias establecidas en la
legislación ambiental y contar con la licencia ambiental expedida por la Agencia Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA o la autoridad competente.

Así mismo, la mencionada Ley dispone que los proyectos de infraestructura deberán
desarrollarse con los más altos criterios de sostenibilidad ambiental, acorde con los
estudios previos de impacto ambiental con cumplimiento de todas las exigencias
establecidas en la legislación para la protección de los recursos naturales y en las
licencias expedidas por la autoridad competente, quien deberá hacer estricto control y
seguimiento en todas las actividades.

Por otra parte, conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 201232, corresponde a las
corporaciones autónomas regionales en el sistema nacional de gestión del riesgo apoyar
a las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de
cuencas, gestión ambiental, de ordenamiento territorial y desarrollo.

Así mismo, la precitada norma dispone que el papel de dichas entidades es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones, y está
enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que corresponden a la
sostenibilidad ambiental del territorio y no eximen de las responsabilidades a alcaldes y
gobernadores.

Su función debe propender por la articulación de las acciones de adaptación al cambio
climático y la gestión del riesgo de desastres en su territorio en virtud que ambos procesos
contribuyen a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.

En esa vía, al integrar los consejos territoriales de la gestión del riesgo, en aplicación de
los principios de solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva deben
apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas jurisdicciones en la
implementación de los procesos de gestión de riesgo de acuerdo con el ámbito de su
competencia y serán corresponsables en su implementación.

Armonizando las normas anteriormente descritas con los medios probatorios analizados
por la Sala, se tiene que, ante cualquier acción que se fuera a emprender en desarrollo,
adecuación o mantenimiento vial para garantizar la seguridad de los habitantes frente al
riesgo latente de la acción del volcán Machin, se encuentra frente unos activos
31
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de
transporte y se conceden facultades extraordinarias”
32 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
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ambientales que necesitan ser protegidos como describe la Ley 1682 de 2013, con los
más altos estándares en sostenibilidad ambiental y allí es donde la Corporación
Autónoma Regional del Tolima está habilitada para desplegar sus funciones.

Clarificado lo anterior, vale la pena traer la orden concreta dada a la entidad en la primera
instancia, para ver que se haya adecuado a lo previsto normativamente. Veamos:

[…]

• Una vez se tengan tales estudios y diseños, los Municipio (sic) de Ibagué y Rovira y el
Departamento del Tolima, con el acompañamiento de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima, deberán elaborar, en un término no superior a tres (3) meses, el proyecto de
construcción y/o mantenimiento de las obras viales requeridas, de acuerdo a lo que defina
la consultoría.

[…]

Al revisar la orden específica, la Sala observa que se ordenó un acompañamiento de
Cortolima, para elaborar el proyecto de construcción y/o mantenimiento de las obras
viales requeridas, de acuerdo a lo que defina la consultoría.

En ese sentido, siendo fiel a la literalidad de la norma se modificará para precisar que en
el proyecto establecido, esta entidad deberá apoyar a las entidades territoriales en todos
los estudios necesarios para el conocimiento y reducción del riesgo relacionadas con la
sostenibilidad ambiental y articulará tales acciones a la adaptación al cambio climático y
la gestión del riesgo, teniendo como factores determinantes todos los aspectos que
mejoren la gestión ambiental territorial sostenible, siendo corresponsables en su
implementación.

Finalmente, en cuanto al argumento sobre la imposibilidad de detener y/o sancionar las
acciones lesivas frente a los derechos colectivos del amparo, se debe poner de presente
que esa no fue la orden dada, pues no se buscaba que en el caso concreto ejerciera las
facultades sancionatorias para enervar la vulneración de los derechos sino que ejerciera
su función de apoyo en el marco de la gestión de riesgo, que además, es viable la orden
al verificar la importancia del apoyo cuando se trata de desarrollos de infraestructura vial.
Por tanto, los cargos desarrollados no prosperan.

6.2.3. El Departamento del Tolima

De la revisión del recurso del departamento del Tolima, se advierte que son tres los
argumentos expuestos por este: i) se relaciona con la falta de competencia para efectuar
el mantenimiento y/o construcción de obras viales; ii) que no cuenta con los recursos para
ejecutar las obras y iii) que el término concedido para dar cumplimiento a la orden judicial
es limitado frente a la magnitud del proyecto a realizar.

6.2.3.1. Así las cosas, le compete a la Sala determinar si el departamento del Tolima es
competente para llevar a cabo un proyecto que mejore el estado de las vías de las
veredas Pando, La Joya, La Manga, Limoncito, Osera, la Punta y Los Cauchos, si afirma
que no es el encargado de efectuar labores relacionadas con el mantenimiento y/o
construcción de vías.

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El artículo 288 de la Constitución Política de Colombia establece que las competencias
atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva, en los términos que establezca la ley.

Por su parte, el artículo 298 de la Carta establece que los departamentos ejercen
funciones administrativas, de coordinación y de complementariedad frente a la acción
municipal, de intermediación entre la nación y los municipios.

A su vez, el artículo 300 de la Constitución señala impone en el numeral 2º que les
corresponde a departamentos expedir las disposiciones relacionadas con la planeación,
el desarrollo económico y social, el apoyo financiero y crediticio de los municipios, el
turismo, el transporte, el ambiente, las obras públicas, las vías de comunicación y el
desarrollo de sus zonas de frontera.

Por otra parte, conforme el artículo 13 de la Ley 1523, los gobernadores son agentes del
Presidente de la República en el sistema de gestión de riesgo, lo cual incluye la gestión,
la proyección hacia las regiones de la política del gobierno nacional y la integración dentro
de la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en
esa materia, especialmente, a través del plan de desarrollo departamental y demás
instrumentos de planificación bajo su responsabilidad.

En ese sentido, son la instancia de coordinación de los municipios que existen en su
territorio, por lo que, están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva respecto de los municipios de su departamento.

Al cotejar este postulado normativo con las pruebas del proceso, se encontró que el
municipio ha acudido en búsqueda de ayuda ante el departamento para solucionar la
problemática, lo cual habilita para que el departamento concurra bajo los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva a la solución de la problemática
descrita, de acuerdo con los límites de su competencia y funciones.

Ahora, al traer las órdenes dadas al departamento se observa lo siguiente:

[…]
El Municipio de Ibagué, Municipio de Rovira y Departamento del Tolima, en un término no
superior a tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deberán suscribir
un convenio interadministrativo que tenga como finalidad la contratación de una
consultoría que permita estructurar los estudios y diseños de las obras que mejor se
adapten al sector, y permitan satisfacer las necesidades de transporte de los
pobladores de las veredas Pando, La Joya, La Manga, Limoncito, Osera, la Punta y
Los Cauchos, los cuales deberán entregarse por la entidad consultora, en un periodo
no superior a cuatro (4) meses siguientes.

• Una vez se tengan tales estudios y diseños, los Municipio de Ibagué y Rovira y el
Departamento del Tolima, con el acompañamiento de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima, deberán elaborar, en un término no superior a tres (3) meses, el
proyecto de construcción y/o mantenimiento de las obras viales requeridas, de
acuerdo a lo que defina la consultoría.

• Elaborado el proyecto, todas las entidades involucradas (Municipio de Ibagué, Municipio
de Rovira, Departamento del Tolima, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo,
Ministerio de Transporte e Invías), deberán garantizar la consecución del 100% de los
recursos de financiación de tales obras a través de las diferentes herramientas
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jurídicas y fondos destinados para el efecto (recursos del Presupuesto General de la
Nación (PGN), el Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones
(SGP), las líneas de redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo
Territorial (Findeter), el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
(DPS), la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – (UNGRD) o el Invías
(Colombia Rural o Vías para la Paz), entre otros), labor que no podrá tardar más de
tres (3) meses. La totalidad de las obras se deberán materializar en un plazo no
superior a dos (2) años siguientes al vencimiento del anterior plazo.
[…].33

De lo anterior subyacen tres obligaciones a cargo del departamento:

(i) Suscribir un convenio interadministrativo con el municipio de Ibagué y el municipio de
Rovira para la contratación de una consultoría que sirva para estructurar los estudios y
diseños de las obras que mejor se adapten al sector;

(ii) Con fundamento en el estudio de consultoría anterior junto con los municipios
señalados y con la asesoría de Cortolima debería realizar el proyecto de construcción y/o
mantenimiento de las obras viales requeridas, y luego;

(iii) Garantizar la consecución de los recursos junto con las otras entidades del 100% de
tales obras a través de las diferentes herramientas jurídicas y fondos destinados para el
efecto (recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de
Regalías, el Sistema General de Participaciones (SGP), las líneas de redescuento con
tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres – (UNGRD) o el Invías (Colombia Rural o Vías para la Paz), entre
otros.

De tal suerte, que al cotejar estas órdenes ninguna excede el marco funcional del
departamento, puesto que la celebración del convenio interadministrativo para contratar
una consultoría se enmarca en las acciones estratégicas y prioritarias en esta materia de
gestión de riesgo; así mismo, la realización del proyecto para la construcción y/o
mantenimiento estaría inmersa en los instrumentos de planificación y acciones
estratégicas enunciadas por la norma señalada.

Finalmente, en lo que se relaciona con acudir junto con las demás entidades a la
consecución del 100% de los recursos es la materialización de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, ante las deficiencias técnicas,
administrativas y financieras que aduce tener el municipio para encarar la problemática,
justamente por ser ente articulador entre la nación y su territorio.

Así las cosas, en relación con el departamento del Tolima se concluye que, si le
corresponde cumplir las órdenes y por ello será confirmado en ese aspecto, siendo que,
como quedó establecido son principalmente del municipio, pero bajo los principios
señalados, también lo son para el departamento.

6.2.3.2. Por otra parte, en cuanto al argumento del tiempo de los tres meses para la
consecución de los recursos de financiación de las obras, la Sala encuentra ponderado
el cargo teniendo en cuenta los trámites que implica, la presentación del proyecto, las
apropiaciones presupuestales que deben surtirse ante la instancia o instancias a las que

33Índice 2 de SAMAI en esta instancia.

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deba acudir, por tanto, modificará la orden y concederá un término de seis meses para la
consecución del 100% de los recursos.

6.2.3.3. Por último, con relación al aspecto que invoca el departamento del Tolima
respecto de la falta de recursos, se advierte que esta Sección34 en múltiples ocasiones y
como bien se puso de presente en párrafos anteriores, no es motivo suficiente para
desconocer la vulneración de los derechos colectivos.

6.2.2.3. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Corresponde a la Sala establecer si la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres es la competente garantizar los recursos de financiación de las obras para el
mejoramiento del tramo vial que conecta a las veredas Pando, La Joya, La Manga,
Limoncito, Osera, la Punta y Los Cauchos, si afirma que el origen del riesgo no es un
evento natural o antropogénico no intencional sino la intervención de las vías en mal
estado.

Conforme al artículo 15 de la Ley 1523 de 2012, se establece que el Sistema Nacional
para la Atención y Gestión del Riesgo de Desastres está integrado por la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres como instancia de orientación y coordinación
para optimizar el desempeño de las diferentes entidades públicas, privadas y
comunitarias en la ejecución de acciones de gestión del riesgo.

Le corresponde, de acuerdo con el artículo 18 en su marco funcional articular los niveles
nacionales y territoriales del Sistema Nacional para la Atención y Gestión del Riesgo de
Desastres.

Conforme al parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 1523 que fue modificado por el artículo
2º de la Ley 2474 de 2025, la gestión del riesgo incorpora el elemento de la prevención.
A su vez, el artículo 4º numeral 18 relativo a la prevención del riesgo señaló que son las
medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación
para precaver eventos riesgosos.

La Sección Primera del Consejo de Estado, a propósito de la función de la UNGRD35 se
ocupó de hacer un estudio sobre la teleología de las normas sobre el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual se precisó cómo debían interpretarse las
funciones de la entidad. Veamos:

[…]
Se consolidó la función de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en
el sentido de entregarle como misión, servir de núcleo articulador al segmento nacional del
Sistema con las entidades territoriales que hacen parte de él y, además, de garantizar la
comunicación del conjunto con otros sistemas y autoridades externos a la organización.

Y se dispuso que el esquema financiero del Sistema Nacional de Gestión fuera coherente
con su estructura para un manejo eficiente y flexible de las fuentes y usos de los recursos
por parte de los agentes y entidades que la conformarían, con el fin de cumplir con los
objetivos de la gestión del riesgo, en una estructura de financiamiento respetuosa de las
restricciones legales e institucionales que tuviera en consideración el conjunto de reglas y

34
Consejo de Estado. Sección Primera. C.P María Elizabeth García González. Expediente: 15001-23-31
000-2010-01396-01.
35 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P Oswaldo Giraldo López. Radicación
250002341000201501977-03.
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normas fiscales que regulan la acción de los municipios y departamentos, tales como la Ley
358 de 1997, por medio de la cual el gobierno nacional estableció el sistema de semáforos,
consistente en medidas cuantitativas que restringen el endeudamiento de la entidad
territorial a su capacidad de pago.

Con todo esto, para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en los numerales 3, 10, 11,
12 y 13 del artículo 3º de la ley 1523 de 2012 consagró los principios de solidaridad social,
gradualidad, sistemicidad, de coordinación y de concurrencia.

Bajo la dirección de esos principios, la gestión del riesgo está a cargo de personas naturales
y jurídicas de derecho público y privado que despliegan, de manera continua, procesos
secuenciales de la gestión y prevención de riesgos en tiempos y alcances que se renuevan
permanentemente.

Se trata, pues, de un sistema de gestión de riesgo -estatal y particular- en una suerte de
integración sectorial- con acciones comunes y de coordinación de competencias, en donde
la concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos
público, privado y comunitario constituyen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres, cuya acción puede darse en beneficio de todas o alguna de las entidades, sin
perjuicio de las atribuciones propias de las autoridades involucradas.

Dentro de las autoridades que forman el sistema, conforme los artículos 18 y 19 de la ley
1523 de 2012, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos se le dispuso que debía articular
los niveles nacional y territorial del sistema nacional, los intervinientes privados, las
organizaciones sociales y las organizaciones no gubernamentales en el sistema nacional y
elaborar y hacer cumplir la normatividad interna del sistema nacional, entiéndase: Decretos,
Resoluciones, Circulares, Conceptos y otras normas, así como dirigir los Comités
Nacionales para la gestión de riesgos.

En armonía con la ley 1523 de 2012, el Decreto ley 4147 de 2011, a su vez, le otorgó
funciones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la cual dirige y
coordina el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, coordina e
impulsa el conocimiento y manejo del riesgo y de los desastres y sirve de engranaje con los
procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial. A su vez, debe promover la
articulación con otros sistemas administrativos, tales como el Sistema Nacional de
Planeación, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
innovación y el Sistema Nacional de Bomberos y otros, de acuerdo a su competencia;
también debe prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros
del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y gestionar con la Unidad
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la consecución de recursos para
fortalecer la implementación de las políticas de gestión de riesgo de desastres en Colombia.

A su vez, el numeral 2.3.1.6.3.12 del Decreto 1289 de 2018, le otorga funciones a la Unidad
Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, en cuanto a la solicitud de recursos,
consistentes en: recepcionar, evaluar y hacer parte de la aprobación de las solicitudes de
los representantes legales de las entidades que requieran y pidan formalmente recursos
económicos (con cargo a la fiducia administrada por la Fiduprevisora) que administra los
recursos del Fondo Nacional de Gestión de Riesgos.
[…]

Al recoger los argumentos de la apelación y de las pruebas obrantes en el proceso, se
concluye que:

Teniendo en cuenta que la finalidad del litigio es la construcción, habilitación y reparación
de la malla vial del tramo que conduce a las veredas Pando, La Joya, La Manga,
Limoncito, Osera, la Punta y Los Cauchos, de cara a lo expuesto por la UNGRD en
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35

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principio se advierte que le asistiría razón en cuanto a que no se trata de un evento natural
o antropogénico no intencional, pues es claro, que la afectación se desprende de la falta
de transitabilidad de la citada vía. Sin embargo, no se puede desconocer la situación de
riesgo que deviene del hecho de estar en una zona de influencia del volcán el Machín, lo
que genera, que la citada entidad deba participar en la solución de la problemática que
aquí se presenta.

En ese sentido y de acuerdo con las normas que regulan las competencias de la UNGRD,
ésta debe brindar un asesoramiento o acompañamiento a las entidades territoriales en
virtud de la naturaleza preventiva que le asiste como gestora de la gestión del riesgo en
el país, por lo tanto, esa será la calidad en la que acudirá al presente proceso, para
desarrollar su marco funcional.

Ahora, conforme al argumento de la planificación y administración de la infraestructura
del transporte a cargo de la Nación y a las entidades territoriales conforme a la
infraestructura de transporte de su propiedad o a su cargo es cierto, pues la UNGRD
debe integrar la solución a la problemática, no como quien tiene principalmente la
obligación del desarrollo de vías sino como quien tiene que estar atenta a la articulación
entre las entidades territoriales y la nación, para prevenir y mitigar el riesgo.

Por otro lado, respecto de lo relacionado con la participación de la UNGRD en el aporte
de recursos y apoyo para financiar el proyecto vial en el municipio de Rovira, lo que
advierte la Sala es que no debe garantizar la consecución del 100% de los recursos de
financiación de las obras junto con las demás entidades, puesto que esas funciones le
competen principalmente a los entes territoriales por la naturaleza de las vías,
subsidiariamente al departamento, cuando el municipio no cuenta con los recursos para
desarrollar las actividades. Es así que, solo se tendría que acudir a esa entidad en su
dimensión de atención de desastres, cuando efectivamente se concrete una amenaza.

Bajo esta interpretación, la UNGRD no tendrá participación en la orden de garantizar la
consecución del 100% de los recursos para la ejecución del proyecto de intervención vial,
la cual quedará de la siguiente manera:

.-Elaborado el proyecto, Municipio de Rovira y el Departamento del Tolima, deberán
garantizar la consecución del 100% de los recursos de financiación de tales obras a través
de las diferentes herramientas jurídicas y fondos destinados para el efecto (recursos del
Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Regalías, el Sistema
General de Participaciones (SGP), las líneas de redescuento con tasa compensada de la
Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (DPS) o el Invías (Colombia Rural o Vías para la Paz), entre otros), labor
que no podrá tardar más de tres (3) meses. La totalidad de las obras se deberán materializar
en un plazo no superior a dos (2) años siguientes al vencimiento del anterior plazo.

Así mismo, se adicionará a las órdenes impuestas conforme a las funciones de la entidad,
en el sentido de ordenarle realizar la gestión y acompañamiento a las entidades que
quedarán en la orden, para que coordine y apoye para la aplicación de las políticas de
gestión del riesgo de desastres en el desarrollo del proyecto de construcción y/o
mantenimiento de las obras viales requeridas.

Finalmente, en cuanto a la solicitud que se revoquen las costas a cargo de la UNGRD, la
entidad no desarrolló mínimamente el cargo y las razones para que su solicitud sea
recibida de manera favorable, por lo que la Sala se abstendrá para referirse de fondo a
este asunto.
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6.2.5. El Ministerio de Transporte

Corresponde a la Sala definir si es competente el Ministerio de Transporte para ejecutar
acciones para financiar las obras necesarias para mitigar la vulneración, si afirma que la
vía es terciaria adscrita al municipio de Rovira.

El artículo 288 de la Constitución Política de Colombia tal como se describió preceptúa
los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad entre las entidades de los
diferentes niveles.

En relación con el problema planteado, esta Sección36 ha señalado que la forma como
se debe abordar que comporta la aplicación de los principios de coordinación,
concurrencia, complementariedad, subsidiariedad, colaboración entre entidades y
solidaridad y equidad en el sector transporte.

Lo anterior, fundado en los artículos 288 y 365 de la Constitución Política, así como en
los artículos 5 y 6 de la Ley 489 de 1998, el artículo 3 de la Ley 1454 de 2011 y 3 de la
Ley 105 de 1993.

Se ha sostenido también, que conforme al numeral 2.9 del artículo 2 del Decreto 87 de
2011, el ministerio debe apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales
en los planes y programas que requieran asistencia técnica en el área de construcción
de obras y de infraestructura física, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento
de condiciones que propicien el bienestar y desarrollo comunitario.

Además, según el artículo 12 de la precitada disposición prevé que la Dirección de
Infraestructura del ministerio debe adelantar los procesos y prestar la colaboración
técnica a las entidades territoriales en los planes y programas que requieran asistencia
técnica en el área de construcción de obras y de infraestructura física del sector
transporte.

De igual forma, la jurisprudencia también ha afirmado que la confluencia de competencias
no implica que el propietario de la infraestructura vial pierda sus funciones principales de
mantenimiento y planeación. Así, ha dicho que es deber del juez considerar si la magnitud
de la obra o las estrategias de financiación son insuficientes de cara al ente territorial,
para operar bajo los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad.

Por tanto, al aplicar estas consideraciones que se han venido estableciendo y
considerando que los municipios no acudieron directamente ante la cartera ministerial,
de cara a la orden, la cual fue dada en los siguientes términos:

Elaborado el proyecto, todas las entidades involucradas (Municipio de Ibagué, Municipio de
Rovira, Departamento del Tolima, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Ministerio
de Transporte e Invías), deberán garantizar la consecución del 100% de los recursos
de financiación de tales obras a través de las diferentes herramientas jurídicas y
fondos destinados para el efecto (recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), el
Sistema General de Regalías, el Sistema General de Participaciones (SGP), las líneas de
redescuento con tasa compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad Nacional de

36 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación: 85001-23-

33-000-2021-00163-01.
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Gestión del Riesgo de Desastres – (UNGRD) o el Invías (Colombia Rural o Vías para la
Paz), entre otros), labor que no podrá tardar más de tres (3) meses. La totalidad de las
obras se deberán materializar en un plazo no superior a dos (2) años siguientes al
vencimiento del anterior plazo.

No es propiamente la consecución de recursos junto con las demás entidades lo que le
corresponde a la cartera ministerial, sino que, de constatarse que las entidades
territoriales- municipios no cuentan con las posibilidades financieras para ejecutar,
deberá, conforme a los principios de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad,
prestar la colaboración técnica a las entidades territoriales en los planes y programas que
requieran asistencia técnica en el área de construcción de obras y de infraestructura física
del sector transporte, con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de condiciones
que propicien el bienestar y desarrollo comunitario de las comunidades concernidas de
los municipios de Rovira e Ibagué.

6.2.6. El Instituto Nacional de Vías

En el recurso de apelación se discute que la entidad no tiene competencia. Las razones
de inconformidad las fundamentó en que el Tribunal Administrativo del Tolima no tuvo en
cuenta las funciones y el objeto de la entidad, las cuales estaban orientadas a la ejecución
de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura no
concesionada de la red vial nacional de carreteras primarias y terciarias de su
competencia, siendo en este caso, una vía terciaria que comunica las veredas Pando, la
Joya, Limoncito y Osera de Rovira para salir a la vereda Los Cauchos del municipio de
Ibagué que no está a cargo del instituto sino del municipio de Rovira.

Señaló que, si bien era cierto que dentro del objeto del INVÍAS se encontraba también la
ejecución de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura
no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras terciarias, este objeto se ejecuta
de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Transporte, lineamientos en los cuales
las vías de la problemática relacionada no corresponden a vías terciarias a cargo del
Instituto Nacional de Vías. Enlistó las vías terciarias del departamento del Tolima que se
encontraban a cargo del Invías.

Estuvo en desacuerdo con que se hubiera ordenado a las entidades involucradas la
consecución del cien por ciento de los recursos de financiación de las obras, porque su
competencia es de carácter ejecutor, por lo que, no tenía competencia en la consecución
de recursos para atender las vías que no son de su competencia.

El Tribunal Administrativo del Tolima, por su parte, determinó que, conforme a las
funciones del INVÍAS, concretamente a la consignada en el artículo 2 del Decreto 1292
de 2021, correspondía a la entidad junto con el Ministerio de Transporte la elaboración
de planes, programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción,
mejoramiento, rehabilitación, conservación de infraestructura de su competencia,
entonces debía junto al Ministerio de Transporte labores que implicaban el análisis y
destinación presupuestal respectiva.

Corresponde a la Sala establecer si le compete cumplir al INVÍAS la orden de la
consecución junto con las demás entidades del 100% de los recursos de financiación de
las obras requeridas o si por el contrario la competencia de la entidad solo es ejecutora
de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura no

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concesionada de la red vial nacional de carreteras primarias y terciarias de su
competencia.

En ese sentido, al constatar el artículo 1º del Decreto 1292 de 2021 se estableció que
esta entidad tiene por objeto la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas
y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras
primaria y terciaria, férreas, fluviales, marítimas y sus infraestructuras conexas o
relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.

A su vez, al indagar por las funciones del INVÍAS, el artículo 2º del precitado Decreto
dispuso que son:

[…]

2.1 Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de
transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por
el Ministerio de Transporte.

[…]

2.5 Asesorar y prestar apoyo técnico, así como en la ejecución de proyectos a las
entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados de la
construcción, mantenimiento y atención de infraestructuras a su cargo, cuando ellas
lo soliciten, se cuente con recursos o se acuerde con el INVÍAS.

[…]

En ese sentido, la Sala observa que, de cara a la orden dada, no le correspondería la
consecución de la financiación del 100% junto con las demás entidades para la
financiación de las obras requeridas, pues su resorte funcional es fundamentalmente la
ejecución de la política del Gobierno Nacional en relación con la infraestructura de
transporte de su competencia, de conformidad con los lineamientos establecidos por el
Ministerio de Transporte , así como, asesorar y prestar apoyo técnico en la ejecución de
proyectos a las entidades territoriales o a sus organismos descentralizados encargados
de la construcción, mantenimiento y atención de infraestructuras a su cargo, cuando ellas
lo soliciten, se cuente con recursos o se acuerde con la entidad.

En ese sentido, tal como se determinó para el ministerio no es propiamente la
consecución de recursos junto con las demás entidades lo que le corresponde a la
entidad, sino que, más bien será la prestación de asesoría y apoyo técnico para que los
municipios de Rovira e Ibagué puedan desarrollar los proyectos de mantenimiento,
adecuación o construcción de vías.

6.3. La Sala advierte que al revisar la orden impuesta por el Tribunal Administrativo del
Tolima se observa que al ordenar el estudio de consultoría del proyecto se especificó que
se “permitan satisfacer las necesidades de transporte de los pobladores”; sin embargo,
se indica que, como quiera que la finalidad del litigio es el mantenimiento de la
infraestructura vial de los municipios de Rovira e Ibagué en las veredas antes
mencionadas, la consultoría lo que buscará es garantizar la transitabilidad en el sector
afectado, y en ese sentido, será modificada la decisión.

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6.4. Por último, en lo que respecta al comité para la verificación del cumplimiento de
esta providencia, se modificará la orden para establecer que adicionalmente será
conformado por la parte actora y que será el magistrado ponente -quien lo presidirá-,
conforme el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

6.5. Finalmente, la Sala confirmará las demás órdenes de amparo, y según lo previsto en
los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y atendiendo
al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de
agosto de 201937, no se condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su
causación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la sentencia del 14 de marzo
de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima para, en su lugar, disponer -
se destacan los apartes objeto de la modificación-:

[…]

Tercero. Como consecuencia de lo anterior, IMPÁRTANSE las siguientes órdenes con
miras a superar la afectación de los derechos colectivos declarados como amenazados en
esta sentencia, así:

• El Municipio de Ibagué, el Municipio de Rovira y el Departamento del Tolima, en un
término no superior a tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, deberán
suscribir un convenio interadministrativo que tenga como finalidad la contratación de una
consultoría que permita estructurar los estudios y diseños de las obras que mejor se
adapten al sector, y permitan la transitabilidad de los pobladores de las veredas Pando, La
Joya, La Manga, Limoncito, Osera, la Punta y Los Cauchos, los cuales deberán entregarse
por la entidad consultora, en un periodo no superior a cuatro (4) meses siguientes.

. -Una vez se tengan tales estudios y diseños, los municipios de Ibagué y Rovira y el
Departamento del Tolima, con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
en el marco de sus funciones, deberán elaborar, en un término de seis (6) meses, el
proyecto de construcción y/o mantenimiento de las obras viales requeridas, de acuerdo a
lo que defina la consultoría.

.-Elaborado el proyecto, los municipios de Rovira e Ibagué y el Departamento del Tolima,
deberán garantizar la consecución del 100% de los recursos de financiación de tales obras
a través de las diferentes herramientas jurídicas y fondos destinados para el efecto
(recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Regalías, el
Sistema General de Participaciones (SGP), las líneas de redescuento con tasa
compensada de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) o el Invías (Colombia Rural o Vías para la
Paz), entre otros), labor que no podrá tardar más de tres (3) meses. La totalidad de las
obras se deberán materializar en un plazo no superior a dos (2) años siguientes al
vencimiento del anterior plazo.

37Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia

de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40

Radicado: 73001-23-33-000-2021-00063-01
Demandantes: Luis Enrique Jiménez Moreno y otros
Demandados: Instituto Nacional de Vías- Invías y otros

-La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá realizar la gestión y
acompañamiento a los municipios de Rovira e Ibagué y al departamento del Tolima, para
que coordine y apoye la aplicación de las políticas de gestión del riesgo de desastres en el
desarrollo del proyecto de construcción y/o mantenimiento de las obras viales requeridas.

• En todas las etapas hasta la consolidación material del proyecto, el Ministerio de
Transporte en el marco de sus competencias deberá prestar la colaboración técnica al
municipio de Rovira, al municipio de Ibagué y al departamento del Tolima en los planes y
programas que requieran asistencia técnica en el área de construcción de obras y de
infraestructura física de su sector en vías.

• En todas las etapas hasta la consolidación material del proyecto, el INVÍAS en el marco
de sus competencias deberá prestar al municipio de Rovira, al municipio de Ibagué y al
departamento del Tolima la asesoría y apoyo técnico para que los municipios de Rovira e
Ibagué puedan desarrollar los proyectos de mantenimiento, adecuación o construcción de
vías.

Cuarto. DISPÓNGASE la integración de un comité de verificación, el cual estará
conformado por el Magistrado Ponente de esta decisión, quien lo presidirá, el agente del
Ministerio Público, el Procurador Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima, el Defensor
del Pueblo Regional Tolima o su delegado, la parte demandante, el Gobernador del
Departamento del Tolima o su delegado, el alcalde del Municipio de Ibagué o su delegado,
el alcalde del Municipio de Rovira o su delegado, el Director de Cortolima o su delegado, el
representante legal de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o su
delegado, el Ministro de Transporte o su delegado y el representante legal del Invías o su
delegado.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la
fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41

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