Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2021-00163-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2021-00163-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2021-00163-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: PERSONERÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA
Demandados: DEPARTAMENTO DE CASANARE Y OTROS
Coadyuvante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL CASANARE
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación presentados por el Ministerio de
Transporte y el Departamento Nacional de Planeación contra la sentencia de 30 de
mayo de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare1.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. La Personería Municipal de Chámeza, en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra el
departamento de Casanare, el municipio de Recetor, el Instituto Nacional de Vías
(INVIAS), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte
y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el propósito de obtener la
salvaguarda de los derechos colectivos establecidos en los literales d), e) y l) del
artículo 4.°2 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19983.
2. La demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1) Que se declare a los demandados DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN (DNP), Representado por su Director LUIS ALBERTO
RODRÍGUEZ, al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), representado por su
Director General JUAN ESTEBAN GIL CHAVARRÍA, al MINISTERIO DE
TRANSPORTE, representado por la Ministra ÁNGELA MARÍA OROZCO
GÓMEZ, a la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, representada por
su presidente MANUEL FELIPE GUTIÉRREZ TORRES, al DEPARTAMENTO DE
CASANARE, representado por el Gobernador SALOMON ANDRES SANABRIA
1
De conformidad con la constancia secretarial de 9 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 15 del expediente digital del Consejo de Estado.
2
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
e) La defensa del patrimonio público; […]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.
3
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
2
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
CHACON, y al MUNICIPIO DE RECETOR, representado por el señor alcalde
EDGAR YESID BERNAL GALLEGO, o por quien haga sus veces para cada uno
de los invocados, que han vulnerado por acción y omisión respectivamente los
derechos constitucionales colectivos al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público, derecho
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, y los derechos
a la seguridad vial y a la movilidad en transporte automotor terrestre en
condiciones óptimas.
2) Solicito respetuosamente del Tribunal Administrativo de Casanare amparar los
derechos colectivos consagrados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a
la defensa del patrimonio público, y el derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente; respecto del 100% de la población
Chamezana y al menos el 35% de la población Recetoreña, vulnerados por el
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP), INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS (INVIAS), MINISTERIO DE TRANSPORTE, AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el DEPARTAMENTO DE CASANARE y
el MUNICIPIO DE RECETOR, por la omisión en las obras definitivas para
garantizar el acceso y conectividad de manera plena por la vía del Cusiana –
Miraflóres (sic) (Sector San Benito - Recetor - Chámeza - Río Upía), identificada
con el Código 62CA01, con la superación total de la falla geológica conocida como
“EL ESPEJO”, ubicada en el RR 13+066, Vereda Cerro Rico, municipio de
Recetor, y que le permita a la comunidad acceder a la oferta institucional de bienes
y servicios que presta el Estado.
3) Decretar el amparo a los derechos colectivos de locomoción, seguridad vial
y movilidad en transporte automotor terrestre en condiciones óptimas, para
los residentes en el municipio de Recetor y Chámeza, debido a la vulneración de
los mismos por parte de las demandadas DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN (DNP), INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), MINISTERIO
DE TRANSPORTE, AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el
DEPARTAMENTO DE CASANARE y el MUNICIPIO DE RECETOR;
materializado por las continuas alteraciones geológicas del tramo de vía
denominado “EL ESPEJO”, ubicada en el RR 13+066, Vereda Cerro Rico,
municipio de Recetor, ya que las mismas impiden el paso de los vehículos
automóviles o similares.
4) Que se ordene mediante un plan progresivo a las demandadas
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP), INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS (INVIAS), MINISTERIO DE TRANSPORTE, AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, el DEPARTAMENTO DE CASANARE y
el MUNICIPIO DE RECETOR, bajo el principio de coordinación,
complementariedad y subsidiaridad, tomar las medidas administrativas,
técnicas, políticas y jurídicas para garantizar una transitabilidad vial sin riesgo a la
población del municipio de Chámeza y Recetor por el sitio conocido como “EL
ESPEJO”, ubicado en el RR 13+066, Vereda Cerro Rico, municipio de Recetor,
vía del Cusiana – Miraflóres (sic) (Sector San Benito - Recetor - Chámeza - Río
Upía).
5) Que se incluya el corredor vía del Cusiana - Miraflóres (sic)(Sector San
Benito - Recetor - Chámeza - Río Upía), identificada con el Código 62CA01, la
cual tiene una longitud total de 41,4 kl, dentro del Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022, como una meta de resultado y se le realice la respectiva asignación
presupuestal que garantice la conectividad vial regional entre los departamentos
de Casanare y Boyacá.
6) Que se ordene a las entidades demandadas DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PLANEACIÓN (DNP), INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS),
MINISTERIO DE TRANSPORTE, AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, DEPARTAMENTO DE CASANARE y MUNICIPIO DE
3
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
RECETOR, la estructuración de una reglamentación del uso de la vía del Cusiana
– Miraflóres (sic) (Sector San Benito - Recetor - Chámeza - Río Upía) para
garantizar su preservación […]”4. (Negrilla del texto).
3. Indicó que los municipios de Recetor y Chámeza obtuvieron su reconocimiento
oficial y delimitación territorial mediante el Decreto 870 de 18 de mayo de 1974 5,
expedido por el Ministerio de Gobierno.
4. Manifestó que, para el año 2020, el municipio de Recetor contaba con una
población de 1.371 habitantes, distribuidos 297 en la cabecera, 956 en el área rural
y 118 en el centro poblado. Por su parte, el municipio de Chámeza registraba para
2019 una población de 2.571 personas, de las cuales el 34% residía en la zona
rural, dedicadas principalmente a labores agropecuarias.
5. Expuso que la vocación económica de ambos municipios se centra en la
ganadería y la agricultura, siendo la ganadería la actividad predominante en todas
las veredas y fincas de la región.
6.Añadió que la vía Cusiana – Miraflores, en el tramo San Benito – Recetor –
Chámeza – río Upía, identificado con el código 62CA01, se clasificó como vía
secundaria de segundo orden, conforme a la Resolución 0005054 de 25 de
noviembre de 20166, por lo que su mantenimiento y mejoramiento corresponde a la
Gobernación de Casanare, sin perjuicio de la concurrencia de otras entidades
competentes.
7. Indicó que dicha vía departamental, con una longitud total de 41,4 kilómetros, ha
sido objeto de intervenciones desde el año 2005, encontrándose pavimentada en
su mayoría, desde la abscisa K0+000 en San Benito hasta el casco urbano de
Chámeza en la K28+500.
8. Indicó que, al momento de presentar la demanda, se estaba llevando a cabo la
construcción de la primera etapa del tramo entre el casco urbano de Chámeza y el
río Upía, en la frontera con el municipio de Páez del departamento de Boyacá,
utilizando pavimento flexible.
9. Precisó que, pese a las intervenciones mencionadas, el tramo conocido como “El
Espejo”, ubicado en la abscisa aproximada K13+066, vereda Cerro Rico del
municipio de Recetor, permanece sin pavimentar, con una longitud en curva cercana
a 120 metros y una pendiente aproximada del 40%, donde se han presentado
diversos incidentes que han afectado la salud y los bienes de las personas que
transitan por el lugar.
10. Sostuvo que, en el año 2008, el departamento de Casanare ejecutó el proyecto
denominado “Construcción y Pavimentación de la Vía San Benito – Recetor –
4
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “6ED_Demanda1EXPEDIENTEDI(.pdf)
NroActua 2”.
5
“[…] Por el cual se fijan los límites de los diferentes Municipios en que se divide la Intendencia de Casanare […]”.
6
"[…] Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional
correspondientes al Departamento de Casanare […]".
4
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
Chámeza, III Etapa”, por valor de $4.123.131.472, el cual abarcó el tramo en
referencia entre las abscisas K15+750 y K18+000. Sin embargo, este tramo no fue
pavimentado y no se conocen las razones técnicas que justificaron esta decisión, a
pesar de que el contrato relacionado finalizó y se liquidó.
11. Manifestó que, en el estudio previo elaborado por la Gobernación de Casanare
para justificar la intervención, se contempló la pavimentación de las abscisas
K15+750 y K18+000, con el fin de disminuir los riesgos e incomodidades de los
usuarios viales. No obstante, el punto más crítico de la vía continúa representando
una amenaza para la vida, integridad y seguridad de los habitantes.
12. Argumentó que el tramo “El Espejo”, además de su elevada pendiente, presenta
constantes derrumbes de talud y pérdida de la banca, lo que impide la transitabilidad
de las comunidades y hace necesario contratar estudios y diseños que permitan
establecer una solución definitiva a una problemática que persiste desde hace más
de una década.
13. Indicó que la vía departamental 62CA01, además de comunicar los municipios
de San Benito, Recetor y Chámeza, constituye un corredor vial alterno entre
Casanare y Boyacá, útil para la movilidad hacia el centro del país, especialmente
ante eventuales restricciones en la vía Pajarito–Sogamoso.
14. Finalmente, refirió que a inicios de 2021 el Fondo Nacional de Turismo
(FONTUR), junto con el Presidente de la República, la Vicepresidenta, la Presidenta
de la entidad y los alcaldes de diversos municipios, suscribieron un convenio de
cooperación por valor de $428.916.668, denominado “Diseño de Producto Turístico
de la Ruta de la Cuenca del Río Cusiana”, orientado a la reactivación económica y
turística de Boyacá y Casanare, para lo cual resulta indispensable contar con una
infraestructura vial segura y adecuada.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de Casanare mediante auto de 3 de agosto de 20217
admitió la demanda, vinculó como tercero con interés al municipio de Chámeza,
ordenó la notificación y el traslado correspondiente a las demandadas, notificó al
agente del Ministerio público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(ANDJE), y comunicó la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.
16. Por auto de 25 de mayo de 20228, se realizó la audiencia de que trata el artículo
27 de la Ley 472 de 1998, en la que estructuró un pacto parcial de cumplimiento.
17. En providencia de 29 de junio de 20229, el a quo aprobó el pacto parcial de
cumplimiento configurado entre la parte actora, el departamento de Casanare y el
municipio de Recetor en el proceso de la referencia. En esa providencia se precisó
que: “[…] Lo relativo a las soluciones de largo plazo, (obras definitivas de
7
Cfr. Índice 9 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 62 del expediente digital de primera instancia.
5
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
construcción y/o rehabilitación de la carretera), que se deben adoptar para las que
no hubo acuerdo, se discutirán en periodo probatorio y analizarán en sentencia
complementaria […]”. El contenido de ese acuerdo parcial es del siguiente tenor:
“[…] i) El municipio de Recetor deberá adelantar proceso precontractual, contratación
y hacer ejecutar contrato de consultoría para estudios previos que se requieran para
identificar puntos críticos con perturbación de la movilidad en el corredor San Benito
– Recetor, incluyendo lo que atañe al punto crítico “El Espejo”, objeto del proceso.
ii) El producto esperado deberá ser la solución que el consultor proponga a la
administración para acometer las obras de ingeniería para resolver las problemáticas
de la vía, puntualmente lo que corresponda al punto crítico “El Espejo”. Para dichos
efectos, Recetor solicitará a Casanare el aval o autorización para inversión de
recursos del municipio en la consultoría para dicha vía secundaria.
iii) Plazos: Recetor deberá radicar ante las dependencias técnicas de Casanare, la
solicitud de autorización para inversión de recursos en un plazo de 15 días. Casanare
se pronunciará en un lapso no mayor a 5 días hábiles siguientes a la radicación de la
solicitud y el proyecto con producto de consultoría deberá obtenerse en un tiempo
que no exceda de la actual vigencia fiscal (diciembre de 2022), con informes
periódicos de avance mediante informes ejecutivos. El primero deberá presentarse
antes de terminar el mes de julio 2022; los siguientes cada dos meses y el penúltimo
a más tardar el último día hábil judicial de 2022 […]”.
18. Por auto de 8 de septiembre de 202210, se decretaron las pruebas del proceso.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. Departamento de Casanare11
19. El ente territorial se opuso a las pretensiones de la demanda. Argumentó que el
tramo cuestionado no está pavimentado porque con ocasión al contrato 2046 de
2015, los estudios realizados evidenciaron que el sector conocido como “el espejo”
presenta una inestabilidad geológica significativa. Por ese motivo, intervenir esa
parte de la vía requiere una inversión considerable.
20. Señaló que la Secretaría de Obras del departamento de Casanare expidió el 17
de agosto de 2021, una certificación sobre la vía denominada “Vía del Cusiana -
Miraflores (sector San Benito - Recetor - Chámeza - Río Upía)”, conforme a la cual
su mantenimiento y gestión son responsabilidad del departamento de Casanare,
según lo dispuesto en la Resolución 0005054 de 2016.
21. Aclaró que el departamento ha intervenido constantemente la vía para asegurar
que sea transitable y así prevenir la vulneración de los derechos colectivos.
Respecto al sector conocido como “el espejo”, existe un estudio técnico realizado
en el marco del contrato No. 2046 de 2015, cuyo objetivo fue “[…] REALIZAR EL
DIAGNOSTICO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA APLICACIÓN DE LOS PUENTES
Y LAS OBRAS DE PROTECCIÓN DE LA VÍA ENTRE SAN BENITORECETOR Y
CHAMEZA DEPARTAMENTO DE CASANARE […]”. El resultado de este estudio
10
Cfr. Índice 70 del expediente digital de primera instancia.
11
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.
6
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
determinó que dicho tramo presenta una inestabilidad geológica significativa, por lo
que requiere una inversión considerable.
I.3.2. Municipio de Recetor12
22. El ente territorial manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda.
Presentó las excepciones de: i) “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva
[…]”; ii) “[…] Aplicación en favor del municipio de Recetor del principio general del
derecho “nadie está obligado a lo imposible […]”; y iii) “[…] No configuración de
afectación o amenaza al derecho colectivo del goce del espacio público […]”.
23. Consideró que la demanda carecía de sustento fáctico y jurídico, pues no se
acreditó la vulneración de los derechos colectivos invocados. La vía objeto de la
acción es de segundo orden y su estado actual obedece a múltiples factores, por lo
que no podía atribuirse al municipio responsabilidad alguna por omisión o acción.
La Ley 136 de 2 de junio de 199413 precisó que los municipios solo son responsables
de las vías de carácter municipal.
24. Manifestó que el demandante no demostró que la entidad hubiera ejecutado
actos que ocasionaran la presunta afectación, ni que existiera una incidencia sobre
el 35 % de la población, cifra que calificó como una mera conjetura carente de
respaldo técnico.
25. Agregó que los derechos de locomoción, seguridad vial y movilidad en
condiciones óptimas no se encuentran expresamente reconocidos en el artículo 4
de la Ley 472 de 1998 como susceptibles de protección mediante acción popular.
26. Afirmó que el municipio no se opone a promover proyectos para mejorar la
infraestructura vial. Sin embargo, su ejecución depende de la coordinación con las
autoridades del orden central y de la disponibilidad presupuestal. Según la
Resolución 0005054 de 2016, la vía Cusiana–Miraflores (sector San Benito–
Recetor–Chámeza–Río Upía) es de segundo orden y su mantenimiento
corresponde al departamento de Casanare.
27. Adujo que Recetor es un municipio de sexta categoría con limitados ingresos y
una alta carga de gastos de funcionamiento, lo que imposibilita asumir obras de
gran envergadura.
I.3.3. Instituto Nacional de Vías14
28. El INVIAS se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda porque
carece de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que, según el Decreto
2618 de 20 de noviembre de 201315, no está dentro de sus funciones realizar obras
de infraestructura en las vías departamentales. Por lo tanto, no le corresponde
12
Cfr. Índice 14 del expediente digital de primera instancia.
13
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
14
Cfr. Índice 15 del expediente digital de primera instancia.
15
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías (Invías) y se determinan las funciones de sus
dependencias […]”.
7
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
construir, mejorar, mantener ni señalizar las vías secundarias, como es el caso de
la vía Cusiana - Miraflores (sector San Benito - Recetor - Chámeza - Río Upía).
I.3.4. Agencia Nacional de Infraestructura16
29. La ANI afirmó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva. Manifestó
que, conforme a los Decretos 1800 de 26 de junio de 2003 17 y 4165 de 3 de
noviembre de 201118, le corresponde la administración de los contratos de
concesión en los proyectos de infraestructura de transporte priorizados para tal
efecto. En estos contratos, el concesionario ejecuta directamente los proyectos bajo
su propia responsabilidad y riesgo, mientras la ANI supervisa y controla el
cumplimiento.
30. Sostuvo que no administra el tramo vial cuestionado y, en todo caso, las acciones
populares, según la Ley 472 de 1998, solo proceden ante una amenaza real y
comprobable a los derechos colectivos.
I.3.5. Ministerio de Transporte19
31. La cartera ministerial afirmó que carece de competencia para ejecutar las obras
de iniciación, mantenimiento o rehabilitación de las vías municipales y
departamentales, pues sus atribuciones se limitan a la formulación, regulación y
orientación de las políticas del sector transporte. Presentó las excepciones de “[…]
Falta de legitimación en la causa por pasiva […]” e “[…] Incumplimiento del principio
procesal de onus probandi incumbit actori – al demandante le incumbe el deber de
probar los hechos en que funda su acción […]”.
32. Planteó que, conforme al artículo 52 de la Ley 489 de 29 de diciembre 199820,
los organismos administrativos deben ejercer de manera directa e inmediata las
funciones que les son expresamente asignadas por la ley, el acuerdo o el
reglamento ejecutivo. Dicha norma establece que el ejercicio de las competencias
debe realizarse bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
consagrados en el artículo 288 de la Constitución Política.
33. Precisó que, según el artículo 79 de la misma ley, la distribución de competencias
debe procurar que la prestación de los servicios corresponda a los municipios, el
control a los departamentos y la definición de políticas a la Nación. Esta estructura
funcional impide que una entidad nacional asuma tareas que corresponden a niveles
territoriales distintos.
34. Indicó
que, conforme al artículo 68 de la Ley 489 de 1998, las entidades
descentralizadas del orden nacional cuentan con personería jurídica, autonomía
16
Cfr. Índice 17 del expediente digital de primera instancia.
17
“[…] Por el cual se crea el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, y se determina su estructura […]”.
18
“[…] Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional
de Concesiones (INCO) […]”.
19
Cfr. Índice 13 del expediente digital de primera instancia.
20
"[…] Por la cuál se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]"
8
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
administrativa y patrimonio propio, aunque permanecen sujetas al control político y
a la dirección suprema del órgano de la administración al que están adscritas. Dicha
disposición es extensiva a las entidades descentralizadas de orden territorial, las
cuales ejercen sus funciones con sujeción a la Constitución, la ley y sus estatutos.
35. Expresó que los establecimientos públicos, de acuerdo con el artículo 70 ibidem,
son organismos encargados de atender funciones administrativas y de prestar
servicios públicos conforme a las reglas del derecho público. El artículo 71 prevé
que su autonomía administrativa y financiera debe ejercerse conforme a los actos
que los rigen, sin que puedan desarrollar actividades distintas a las previstas en la
norma de creación.
36. Adujo que integra la Rama Ejecutiva del Poder Público y que sus funciones se
encuentran delimitadas por el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, conforme al cual
los ministerios deben preparar proyectos normativos, formular políticas sectoriales,
coordinar su ejecución y ejercer funciones de planeación, control y asesoría técnica.
La referida norma no le otorga la responsabilidad de realizar directamente obras en
las vías.
37. Sostuvo que la Ley 105 de 30 de diciembre de 199321 reafirmó su función
normativa, al establecer que la definición de políticas generales sobre transporte y
tránsito corresponde al ministerio en coordinación con las entidades sectoriales.
Indicó que los artículos 5 y 20 de dicha ley le asignaron la planeación de la
infraestructura de transporte, más no su construcción, conservación o
mantenimiento.
38. Precisó que el artículo 2 del Decreto 087 de 17 de enero de 201122 reiteró que el
Ministerio de Transporte tiene como objetivo formular políticas, planes y
regulaciones económicas y técnicas en materia de transporte e infraestructura, y no
la ejecución material de obras.
39. Manifestóque la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido uniforme al
determinar que el Ministerio de Transporte no tiene competencia para ejecutar
acciones de construcción, mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura vial,
dado que su papel es eminentemente regulador y de dirección sectorial.
I.3.6. Departamento Nacional de Planeación23
40. El DNP solicitó no acceder a las pretensiones del actor popular. Presentó las
excepciones de: i) “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia
de vulneración de derechos colectivos por parte del Departamento Nacional de
Planeación (DNP) […]”; ii) “[…] Improcedencia del Medio de control de la referencia
para ordenar la inclusión de un corredor vial dentro del Plan Nacional de Desarrollo
21
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.
22
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias
[…]”.
23
Cfr. Índice 16 del expediente digital de primera instancia.
9
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
“2018-2022” […]”; y iii) “[…] El DNP no tiene competencias para expedir
reglamentaciones sobre el uso de las vías públicas […]”.
41. Manifestó que no se encarga de la ejecución de obras de infraestructura vial,
pues su función se circunscribe a la planeación, coordinación y evaluación de
políticas públicas. Conforme al Decreto 1082 de 26 de mayo de 201524, la ejecución
de los proyectos viales corresponde al Ministerio de Transporte, al INVIAS y a la
ANI, entidades con capacidad contractual y operativa para adelantar obras.
42. Precisó que su intervención en materia de infraestructura se limita a la definición
de lineamientos de inversión y a la inclusión de proyectos en el Banco de Programas
y Proyectos de Inversión Nacional (BPIN). El DNP no administra recursos ni celebra
contratos para la ejecución de obras, de manera que carece de facultades para
responder por la materialización o estado físico de la vía objeto de la demanda.
43. Expuso que la responsabilidad de gestionar y mantener la vía Cusiana –
Miraflores, en el tramo San Benito – Recetor – Chámeza – Río Upía, recae sobre el
INVIAS y las entidades territoriales encargadas de la red vial secundaria o terciaria.
Las entidades territoriales, conforme al artículo 287 de la Constitución y la Ley 80
de 18 de octubre de 1993, son autónomas en la gestión contractual y presupuestal
de sus proyectos, debiendo vigilar la correcta ejecución de los contratos y garantizar
la idoneidad del contratista.
44. Precisóque el proyecto BPIN 0011100130000 – FNR 28177, denominado
“Construcción a nivel de pavimento vía San Benito – Recetor – Chámeza K3+390
al K21+000, departamento de Casanare”, se financió con recursos del Fondo de
Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP), administrados por el extinto Fondo
Nacional de Regalías.
45. Indicó que el contrato de obra suscrito por el departamento de Casanare ascendió
a $4.123.131.35. El DNP, por su parte, solo se encargó de supervisar y verificar que
los recursos se utilizaran correctamente, sin participar en la ejecución de la obra.
46. Manifestó que el Fondo Nacional de Regalías (FNR), de origen constitucional
conforme al artículo 361, fue suprimido mediante el Acto Legislativo 05 de 2011 y
liquidado a partir del 1º de enero de 2012, según el Decreto Ley 4923 de 26 de
diciembre de 201125.
47. Explicóque la directora de Vigilancia de Regalías del DNP actuó como
liquidadora, culminando el proceso el 30 de junio de 2018, de acuerdo con el
Decreto 2179 de 22 de diciembre de 201726. Tras la liquidación, el DNP asumió las
competencias técnicas, administrativas y financieras relacionadas con los bienes y
obligaciones remanentes del FNR.
24
“[…] "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional […]”.
25
“[…] Por el cual se garantiza la operación del Sistema General de Regalías […]”.
26
“[…] Por el cual se prorroga el plazo para la liquidación del Fondo Nacional de Regalías en Liquidación y se dictan otras
disposiciones para el cierre de dicho Fondo en liquidación […]”.
10
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
48. Indicó que, en desarrollo de las funciones de control y vigilancia, el DNP actuaba
a través de la Interventoría Administrativa y Financiera (IAF), encargada de verificar
el uso adecuado de los recursos, realizar visitas, elaborar informes y remitir
irregularidades a los órganos de control. Aclaró que esta función no implicaba
injerencia en la autonomía de las entidades territoriales ejecutoras, ni convertía al
DNP en parte contractual, pues la responsabilidad sobre los procesos de
contratación, ejecución e interventoría técnica recaía exclusivamente en dichas
entidades.
49. Precisó que el proyecto FNR 28177 fue aprobado por el DNP mediante oficio DR
3038 de 14 de diciembre de 2005 por valor de $29.700.866.590, con el
departamento de Casanare como ejecutor. En el año 2008 el Consejo Asesor de
Regalías autorizó la reformulación del proyecto, reduciendo el tramo a pavimentar
de 17,07 km a 13,614 km, debido a condiciones topográficas y geológicas adversas.
Relató que la primera etapa de obras se ejecutó entre 2006 y 2008 mediante
convenio 0220-05 con la SECAB, y la segunda etapa en 2009 con el contrato de
obra 092-2008 suscrito con Miko Ltda.
50. Informó que la interventoría administrativa y financiera verificó un avance físico
del 100%, en la visita realizada en marzo de 2016, confirmando que las obras
cumplían el objeto del proyecto y prestaban servicio a la comunidad.
51. Indicó que el DNP solicitó la documentación de cierre en 2012 y 2013, y se
procedió al cierre del proyecto, mediante Resolución 206 de 31 de marzo de 2017,
expedida por la liquidadora del Fondo Nacional de Regalías.
I.3.7. Defensoría del Pueblo
52. En calidad de coadyuvante27, señaló que las actuaciones emprendidas para
culminar la pavimentación total de la vía y realizar seguimiento continuo a su estado
obedecen a una gestión del riesgo acorde con las condiciones geológicas de la zona
objeto de la demanda.
53. Planteó que dicha gestión responde al principio de gradualidad consagrado en el
numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1523 de 24 de abril de 201228, según el cual las
acciones en materia de riesgo deben desarrollarse de manera continua, secuencial
y en coherencia con el contexto social y económico del territorio beneficiado.
54. Explicó que, conforme al artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200129,
corresponde a los municipios prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, de
manera directa o con cofinanciación de la Nación y los departamentos. Esta
disposición impone a las entidades territoriales la responsabilidad de promover,
27
Cfr. Índice 22 del expediente digital de primera instancia.
28
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.
29
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
11
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Demandante: Personería Municipal de Chámeza
financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal, incluyendo aquellos dirigidos
a la prevención y mitigación de desastres.
55. Indicó que, al encontrarse la zona denominada “El Espejo” dentro de la
jurisdicción del municipio de Recetor, en la vía que conduce a Chámeza, resulta
procedente la vinculación de este último municipio a la presente acción.
56. Sostuvo que la participación de ambas administraciones municipales, junto con
la departamental y las entidades nacionales competentes (DNP, INVIAS, Ministerio
de Transporte y ANI), es necesaria para la prevención y atención coordinada de los
fenómenos geológicos que puedan presentarse en dicho corredor vial.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
57. El Tribunal Administrativo de Casanare mediante sentencia de 30 de mayo de
202430, amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización
y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público y a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
58. Determinó que el Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de
planeación están legitimados para participar en el proceso, ya que tienen el deber,
dentro de sus competencias, de apoyar la gestión y consecución de los recursos
económicos necesarios para la ejecución de las medidas técnicas definitivas que
requiera la vía pública en cuestión.
59. Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
propuesta por el INVIAS y la ANI, al considerar que ambas autoridades no
desempeñaban funciones en la materia.
60. Señaló que el problema jurídico consistía en establecer si el departamento de
Casanare, el municipio de Recetor, el Ministerio de Transporte y el DNP vulneraron
los derechos colectivos invocados debido a que no realizaron las obras necesarias
para asegurar el tránsito por la vía, a pesar de que las entidades responsables
conocen las acciones que deben adelantar para solucionar la problemática.
61. Explicó que, según las Leyes Ley 9ª de 11 de enero de 198931, 388 de 18 de julio
de 199732, 715 de 2001 y 1523 de 2012, los alcaldes y gobernadores tienen la
obligación de identificar, prevenir y atender los desastres en sus territorios. Esta
responsabilidad de gestionar el riesgo no recae solo en ellos, sino que todas las
autoridades deben participar, y los municipios deben incluir la gestión del riesgo en
sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. También estudió las normas que
30
Cfr. Índice 146 del expediente digital de primera instancia.
31
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
“[…] Artículo 5º. Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, […]
las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías […]”.
32
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
12
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
establecen las competencias del Ministerio de Transporte y el DNP en virtud de las
cuales deberían concurrir en la solución de la problemática.
62. Indicó que la Corte Constitucional ha dicho que los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad deben aplicarse juntos, sobre todo cuando los
problemas superan la capacidad de los municipios. Es decir, los jueces pueden
ordenar a las autoridades locales que trabajen en conjunto para proteger los
derechos colectivos, incluso si solo una entidad tiene la competencia principal.
63. Concluyó que existe un riesgo comprobado en el punto crítico conocido como “El
Espejo”, en la vía San Benito – Recetor – Chámeza – Río Upía. En ese sector el
departamento de Casanare y el municipio de Recetor identificaron los puntos
críticos, cumpliendo con el pacto parcial aprobado en 2022. Sin embargo, aún no
se adoptan las soluciones definitivas necesarias para resolver el problema.
64. Con fundamento en lo anterior, el tribunal resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por el
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS – REGIONAL CASANARE y la AGENCIA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de FALTA DE
LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA propuesta por el
MINISTERIO DE TRANSPORTE, el DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN – DNP y el MUNICIPIO DE RECETOR.
TERCERO: PROTEGER los derechos colectivos al goce del espacio público y la
utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público
y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, vulnerados por
el DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN “DNP”, el MINISTERIO DE
TRANSPORTE, el DEPARTAMENTO DE CASANARE y el MUNICIPIO DE
RECETOR, atendiendo las razones expuestas en la parte considerativa de esta
sentencia.
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración se ordena:
a. DEPARTAMENTO DE CASANARE y MUNICIPIO DE RECETOR:
• En el término de tres (3) meses, contados a partir de la ejecutoria del presente
fallo, culminar el trámite de revisión y aprobación del proyecto “MEJORAMIENTO
VIAL DEL SECTOR EL ESPEJO, SOBRE LA VÍA RECETOR - CHÁMEZA,
MUNICIPIO DE RECETOR, DEPARTAMENTO DE CASANARE” para que sea
financiado a través del Sistema General de Regalías o los recursos que
correspondan incluyendo de la Nación por intermedio del Ministerio de Transporte
y del Departamento Nacional de Planeación.
• Cumplido lo anterior y dentro de los tres (3) meses siguientes, adelantar los
trámites presupuestales y los procesos correspondientes a fin de contratar las
soluciones propuestas en la consultoría celebrada con ocasión del pacto de
cumplimiento parcial aprobado en este proceso.
b. MINISTERIO DE TRANSPORTE Y DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN - DNP -: en el marco de sus competencias concurrir a la consecución
de recursos económicos del nivel nacional para el financiamiento del proyecto que
presenten el DEPARTAMENTO DE CASANARE y el MUNICIPIO DE RECETOR,
13
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
en el evento que no sea posible su financiamiento a través del Sistema General de
Regalías, actuación que deberá cumplir en un plazo no mayor a tres (3) meses a la
radicación del mismo.
c. DEPARTAMENTO DE CASANARE y MUNICIPIO DE RECETOR: en un término
máximo de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia realicen la intervención y mantenimiento preventivo y correctivo del
corredor vial ubicado en el sitio denominado EL ESPEJO, RR 13+066, VEREDA
CERRO RICO, MUNICIPIO DE RECETOR, garantizando el tránsito seguro de
vehículos y personas en condiciones de seguridad, y cuantas veces se requiera
mientras se realizan las obras definitivas.
QUINTO: CONFORMAR un comité de verificación del cumplimiento de las órdenes
dadas en esta sentencia, integrado por un comité integrado por los representantes
legales del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN “DNP”, MINISTERIO
DE TRANSPORTE, DEPARTAMENTO DE CASANARE y MUNICIPIO DE
RECETOR o sus delegados, el actor popular, el Defensor del Pueblo Regional
Casanare y al representante del Ministerio Público delegado ante esta Corporación.
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SÉPTIMO: Vencidos los plazos otorgados en el numeral tercero de la presente
providencia, REGRESAR las diligencias al Despacho para verificar su cumplimiento.
OCTAVO: Sin costas en esta instancia. […]”. (Negrilla del texto).
III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. Ministerio de Transporte
65. La cartera ministerial mediante escrito de 5 de junio de 202433, expuso los
motivos de inconformidad respecto de la sentencia de primera instancia. Afirmó que
“[…] las entidades han obrado de manera diligente en la atención de las
necesidades de la comunidad, por lo que en el caso concreto no existe una
amenaza real, inminente ni concreta a los derechos colectivos que el actor señala
como vulnerados […]”. A su juicio, “[…] no basta para que prospere la pretensión
que el accionante invoque subjetivamente una situación, sino que se requiere que
realmente se acredite la vulneración de las garantías colectivas […]”.
66. Señaló que el departamento de Casanare en el transcurso del proceso reconoció
que intervino la vía con el único propósito de mantenerla transitable y evitar la
vulneración de derechos fundamentales a la comunidad. Por ello, como
consecuencia de un estudio técnico realizado bajo el contrato No. 2046 de 2015,
cuyo objeto fue “[…] Realizar el diagnóstico, los estudios y diseños para la
aplicación de los puentes y las obras de protección de la vía entre San Benito–
Recetor y Chámeza, Departamento de Casanare […]”, se determinó que el tramo
mencionado presenta una inestabilidad geológica compleja y que su intervención
requiere una inversión cuantiosa.
33
Cfr. Índice 151 del expediente digital de primera instancia.
14
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
67. Indicó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado 34, el amparo del
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres requiere la demostración
de una afectación grave y la falta de acciones preventivas. Sin embargo, en este
caso, las entidades demandadas actuaron con diligencia y no existe una amenaza
real, inminente o concreta a los derechos colectivos señalados como afectados.
68. Puso de presente que los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, conforme a la Ley 1454 de 2011, “[…] obligan al Ministerio de
Transporte a brindar apoyo técnico a las entidades estatales en proyectos de
infraestructura cuando estas lo requieran […]”. Sin embargo, “[…] en el caso
analizado no se evidencia vulneración de derechos colectivos por parte del
Ministerio, ya que la Gobernación de Casanare no ha solicitado dicha asistencia
técnica […]”.
69. Anotó que la Sección Primera explicó en la sentencia de 9 de mayo de 2024 35
que a esa cartera ministerial le corresponde “[…] apoyar y prestar colaboración
técnica a los organismos estatales en los planes y programas que requieran
asistencia técnica en el área de la construcción de obras y de infraestructura física,
con el fin de contribuir a la creación y mantenimiento de condiciones que propicien
el bienestar y desarrollo comunitario […]”.
70. Con fundamento en ese criterio jurisprudencial, solicitó que “[…] en caso de no
ser revocada la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare de
fecha 30 de mayo de 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de
la Ley 472 de 1998, […] se modifique el artículo cuarto de la sentencia recurrida, a
fin de que se precise […] que el MINISTERIO DE TRANSPORTE en el marco de
sus competencias debe apoyar, prestar asistencia técnica y hacer seguimiento a la
actividad contractual para la consecución de recursos económicos […]”.
71. Finalmente, requirió que: “[…] Se amplíen los plazos otorgados para dar
cumplimiento a lo ordenado […]”, y “[…] Se modifique la conformación del Comité
de verificación del cumplimiento de fallo, a fin de que este sea integrado por la Sala
de Decisión del Tribunal Administrativo de Casanare a través de su Magistrada
Ponente en calidad de Presidente […]”.
III.2. Departamento Nacional de Planeación
72. ElDNP argumentó que no vulneró los derechos colectivos amparados, y
consideró que la sentencia de primera instancia desconoce sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, motivo por el cual solicitó la revocatoria
de las órdenes impartidas en su contra.
73. Sostuvo que, conforme al principio de legalidad, la entidad no tiene competencia
para ejecutar obras de construcción, mantenimiento o mejoramiento vial, ni para
34
Mencionó lo siguiente: “[…] en sentencia del 8 de junio de 2011, expediente AP-1330-01 (al respecto ver sentencia de la
Sección Cuarta proferida el 11 de junio de 2004, expediente 01423-01 y sentencia de la Sección Primera proferida el 22 de
enero de 2009, expediente 03002-01) […]”.
35
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-
00227-01.
15
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
realizar inversiones, estudios o contratos con ese propósito. La Ley 105 de 1993
asignó esas funciones a la Nación respecto de las vías nacionales, y a los
departamentos y los municipios frente a las vías secundarias y terciarias,
respectivamente.
74. Adujo que no es la entidad competente para formular, priorizar o gestionar
proyectos financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación, o con el
Sistema General de Regalías. De acuerdo con el Decreto 1893 de 30 de diciembre
de 202136, el Acto Legislativo 05 de 2019 y la Ley 2056 de 30 de septiembre de
202037, brinda apoyo técnico y coordina la planeación de la inversión pública, sin
interferir en la autonomía presupuestal de los ministerios, departamentos
administrativos o entidades territoriales.
75. Complementó que el DNP presta asistencia técnica en la formulación y viabilidad
de los proyectos del sistema, pero no decide sobre su priorización ni ejecución. El
proyecto “Construcción de obras para la mitigación del riesgo y mejoramiento vial
del sector El Espejo” fue viabilizado por el departamento de Casanare el 7 de
noviembre de 2023 y se encuentra registrado en el Sistema Unificado de
Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP-SGR como “Proyecto viable”, financiado
con asignaciones directas del departamento.
IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
76. Mediante auto de 27 de junio de 202438 la magistrada sustanciadora del proceso
concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación presentados por el
Ministerio de Transporte y el Departamento Nacional de Planeación.
77. A través de auto de 18 de julio de 202439, se admitieron los recursos de
apelación, se notificó al Ministerio Público para que emitiera concepto, se prescindió
del traslado para alegar de conclusión, y se les advirtió a los sujetos procesales que
podían pronunciarse en relación con el recurso de apelación.
78. Mediante memorial de 26 de julio de 202440, el Procurador Quinto Delegado ante
el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia.
Argumentó que las entidades demandadas están relacionadas entre sí y deben
trabajar conjuntamente en la salvaguarda de los derechos colectivos, pero esto no
implica que se les asignen obligaciones que no les corresponden ni que sean
responsables directas de prestar el servicio público esencial. No obstante, señaló
que, conforme a los principios de colaboración, concurrencia y subsidiariedad, todas
las entidades tienen la obligación de actuar de manera coordinada y solidaria para
asegurar el bienestar colectivo y cumplir adecuadamente con sus funciones.
79. Las partes guardaron silencio.
36
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación […]”.
37
“[…] Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías […]”.
38
Cfr. Índice 155 del expediente digital de primera instancia.
39
Cfr. Índice 8 del expediente digital del Consejo de Estado.
40
Cfr. Índice 13 del expediente digital del Consejo de Estado.
16
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
80. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201141 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201942, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.
V.2. Planteamiento del problema jurídico
81. El demandante atribuyó al departamento de Casanare, al municipio de Recetor
al Instituto Nacional de Vías, a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Ministerio
de Transporte y al Departamento Nacional de Planeación, la vulneración de los
derechos colectivos previstos en los literales d), e) y l) del artículo 4° de la Ley 472,
por la falta de pavimentación del tramo conocido como “El Espejo”, ubicado en la
abscisa aproximada K13+066, vereda Cerro Rico del municipio de Recetor, con una
longitud en curva cercana a 120 metros y una pendiente aproximada del 40%,
donde se han presentado diversos incidentes que han afectado la salud y los bienes
de las personas que transitan por el lugar.
82. El Tribunal Administrativo de Casanare mediante sentencia del 30 de mayo de
2024, amparó los derechos colectivos al considerar acreditado que el deterioro del
corredor vial y la falta de coordinación institucional comprometieron la seguridad de
la comunidad y el goce del espacio público. En consecuencia, ordenó a las
entidades demandadas adoptar medidas conjuntas para garantizar la rehabilitación
y el mantenimiento de la vía.
83. Inconformes con la decisión, el Ministerio de Transporte y el Departamento
Nacional de Planeación interpusieron recursos de apelación, en los que
cuestionaron la atribución de responsabilidades y el alcance de las órdenes
impartidas.
84. El Ministerio de Transporte alegó que las entidades actuaron con diligencia y que
no existe amenaza real a los derechos colectivos, pues la vía presenta una
inestabilidad geológica compleja que exige inversiones significativas. Sostuvo que
su papel se limita a brindar apoyo y asistencia técnica, y no a ejecutar obras, por lo
que solicitó modificar el fallo en ese sentido, ampliar los plazos de cumplimiento y
ajustar la conformación del comité de verificación.
85. El Departamento Nacional de Planeación manifestó que carece de competencia
para ejecutar obras viales o realizar inversiones directas, ya que su función se limita
a la planeación y apoyo técnico en la formulación de proyectos. Añadió que el
41
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
42
“[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
17
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proyecto “Mitigación del riesgo y mejoramiento vial del sector El Espejo” fue
viabilizado por el departamento de Casanare y cuenta con financiación a través de
recursos departamentales.
V.3. Análisis del caso concreto
86. Para resolver el problema jurídico, la Sala estudiará: i) la prueba sobre la
vulneración de los derechos colectivos amparados; ii) la responsabilidad del
Ministerio de Transporte en el caso concreto; iii) la responsabilidad del
Departamento Nacional de Planeación en el caso concreto; iv) la pertinencia de los
plazos dispuestos en la sentencia de primera instancia; y v) la integración del comité
de verificación.
V.3.1. La prueba sobre la vulneración de los derechos colectivos amparados
87. El Ministerio de Transporte considera que no se demostró la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización y
defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público y a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, porque el
departamento de Casanare, al intervenir la vía objeto del litigio para garantizar su
transitabilidad, identificó que ese sector presenta inestabilidad geológica y es
necesaria una inversión significativa.
88. Explicóque la jurisprudencia de esta Sección exige, para que prospere el
amparo, la demostración de la afectación grave de los derechos colectivos, y la
ausencia de acciones preventivas, lo cual no se evidenció en este caso, porque las
entidades responsables están adelantando las gestiones exigibles en la materia.
89. Para resolver los argumentos, la Sala pone de presente que los supuestos
sustanciales para la procedencia de las acciones populares son, en primer lugar,
que se demuestre una acción u omisión por parte de las autoridades públicas o de
los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales43. En
segundo orden, la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza o
vulneración de los derechos colectivos44. Y, en tercer lugar, la relación de
causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses
mencionados45.
90. En la sentencia de 23 de noviembre de 202346, esta Sección efectuó una
recopilación jurisprudencial sobre los eventos en los que el juez popular cuenta con
43
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, C.P. María Elizabeth García González, radicación
núm. (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01.
44
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación
núm. 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP). El artículo 9. ° de la Ley 472 previó que: “[…] Las acciones populares proceden
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los
derechos e intereses colectivos. […]”.
45
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2011, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación núm.
50001-23-31-000-2004-00640-01(AP).
46
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de noviembre de 2023, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
radicación núm. 17001-23-33-000-2019-00188-01, demandante: Enrique Arbeláez Mutis.
18
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
la obligación de impartir instrucciones de amparo respecto de la malla vial, sin
desconocer con ello el principio de planeación aplicable a dicha materia.
91. En ese precedente se precisó que “[…] la intervención del juez popular, en los
casos relacionados con la malla vial, se justifica cuando las condiciones de las
carreteras o de sus elementos integrantes y accesorios generan un riesgo de
desastre o de accidentabilidad para la población en general; o cuando se
evidencia un daño material a los intereses colectivos relacionado con el goce del
espacio público, con la afectación injustificada de la movilidad o con el
incumplimiento de los plazos contractuales de los proyectos que se encuentran en
fase de construcción […]” (negrilla fuera del texto).
92. Enel proceso se demostró que la vía identificada con el código 62CA01,
denominada vía del Cusiana – Miraflores (sector San Benito – Recetor – Chámeza
– Río Upía), hace parte del inventario de las vías de segundo orden del
departamento de Casanare, conforme a la Resolución núm. 0005054 de 25 de
noviembre de 201647.
93. Con la demanda, el actor popular allegó un registro fotográfico, en el que se
puede observar el estado de la vía a inicios del mes de abril de 2021 en el punto
conocido como “el Espejo”.
94. Conforme al oficio núm. 700-41-23-266 de 14 de mayo de 202148, elaborado por
el departamento de Casanare, se demostró que el plan de desarrollo departamental
2020-2023 contempló en el subprograma de vías para garantizar la movilidad, la
priorización del tramo objeto del debate judicial. Allí se resaltó la necesidad de
fomentar el desarrollo productivo, a través del mantenimiento, mejoramiento y/o
rehabilitación de esos tramos viales.
95. En ese oficio se manifestó que “[…] la secretaria de infraestructura enviará al
personal técnico necesario al punto donde se presenta la falla geológica conocida
como el ESPEJO, ubicada en el RR 13+066, Vereda Cerro Rico, para realizar una
evaluación para posibles intervenciones […]”.
96. En relación con la vía del caso concreto, se reconoció que “[…] con el apoyo del
banco de maquinaria de la Gobernación de Casanare y el Municipio de Recetor, el
día 16 de abril de 2021, se aplicaron 5 metros cúbicos de re-parcheo, en la vía que
47
“[…] Por la cual se expide la categorización de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial
Nacional correspondiente al Departamento de Casanare […]”.
48
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “1_ED_001DEMANDA(.PDF) NroActua
3”.
19
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
de san Benito conduce a Recetor, una vía que está siendo afectada no por uso sino
por socavación […]”.
97. Se mencionó que el departamento suscribió el contrato de obra núm. 2124 de
2018 que a 2021 se encontraba en ejecución con el objeto: “[…] Construcción de
pavimento flexible de la primera etapa en el tramo vial comprendido entre el casco
urbano del Municipio de Chameza (sic), el río Upía (límite con el Municipio de Páez
Boyacá) del Departamento de Casanare, suscrito con el contratista UNION
TEMPORAL VIAS 2018, por el valor de $13.881.682.774 […]”.
98. En el plenario obra además el contrato de consultoría 2064-2015 realizado en el
año 201649, pactado entre la Gobernación de Casanare y la sociedad Grupo Arco
Ingeniería S.A.S., el cual tuvo como objeto “[…] Realizar el diagnóstico los estudios
y diseños para la ampliación de los puentes y las obras de protección de la vía entre
San Benito, Recetor y Chámeza – Departamento de Casanare […]”. Como resultado
de la consultoría se determinaron las siguientes recomendaciones:
“[…] 5. De los cuatro (4) grandes movimientos de falla de taludes, dos (2) son en roca
correspondiendo a los movimientos presentados en el km 5 + 000 y km 7 + 300; los
otros dos (2) movimientos se producen en suelo y corresponden a los que se presentan
en las abscisas km 13 + 100 y km 15 + 050, todos los movimientos se presentan sobre
la margen derecha de la vía en el sentido San Benito – Recetor – Chámeza.
[…] 7. De la clasificación geomecánica del macizo rocoso se concluye que este es
clasificado como Roca Mala, Clase IV y que la orientación de las fisuras y el
buzamiento de la estratificación son desfavorables para la estabilidad de los taludes.
[…] 9. Al determinar el factor de seguridad para estos tipos de falla se concluye que
los taludes son inestables, por lo tanto, se hizo necesario el diseño de un sistema de
anclajes pasivos para estabilizar los bloques.
[…] 11. Sobre las diferentes muestras de suelo obtenidas en las perforaciones, se
realizaron ensayos para determinar sus propiedades físicas o índice y ensayos para
definir los parámetros de resistencia al corte, parámetros que son muy importantes
para el análisis de estabilidad de taludes y diseños geotécnicos.
[…] 13. Se concluye que el factor de seguridad obtenido en los análisis de estabilidad
del km 13 + 100, no cumplen con los mínimos exigidos en el Reglamento NSR – 10,
Título H, Capítulos H.5 y H.6, por lo tanto, se diseñaron obras de protección, control y
estabilización para garantizar que con dichas obras, se logre estabilizar el proceso de
falla de taludes en roca que afecta la vía en este sector.
[…] 15. Para estabilizar la falla de taludes en roca se recomienda la construcción de
sistemas de anclajes pasivos por medio de pernos y malla electrosoldada, además de
la construcción de obras de drenaje superficial y subsuperficial. Los pernos de anclaje
se recomienda que tengan una longitud mínima de 6,0 m y sean construidos con varilla
corrugadas de acero de 1” de diámetro, el espaciamiento tanto vertical como horizontal
es de 3,0 m y dispuestos en forma de tres bolillo, con el fin de abarcar de manera
sistemática los principales sistemas de discontinuidades que son los que controlan la
estabilidad de taludes en roca.
16. Para controlar los procesos de remoción en masa, las obras recomendadas para
ser construidas principalmente consisten en el perfilaje y abatimiento de la pendiente
49
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.
20
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
(terraceo), para disminuir el peso de la masa movilizada, la construcción de un muro
en concreto reforzado de 4.000 Psi como obra de contención, estas obras deben estar
acompañadas por la construcción de sistemas de drenaje superficial y subsuperficial
[…]”.
99. La Sala pone de presente que el municipio de Recetor el 24 de agosto de 202350,
dando cumplimiento al pacto parcial de cumplimiento, remitió el producto final de la
consultoría del punto crítico objeto de esta acción.
100. Ese documento contiene un análisis del riesgo de desastre para el tramo vial,
en el contexto del proyecto “[…] Construcción de obras para la mitigación del riesgo
y mejoramiento vial del sector del Espejo, sobre la vía Recetor- Chámeza, municipio
de Recetor, Departamento de Casanare […]”, en el que se identificaron las
siguientes condiciones del área para el año 2023:
“[…] En la actualidad en este sitio se identifica un deslizamiento complejo que
generó pérdida de alineamiento de la vía, deslizamiento del talud superior y
afectación del talud inferior este. Se identifica la corono de deslizamiento que
alcanza la parte alta de los taludes, con una marcada zona de falla y
escalonamientos.
Dada la condición superficial se estima que el evento ha sido recurrente en periodos
prolongados de tiempo por la cantidad de la cobertura vegetal. Se identifican
variaciones laterales en el material desde el inicio del deslizamiento, se
identifican afloramientos laterales y alto grado de meteorización del material.
Este es un punto que ha generado grandes afectaciones a la movilidad de los
pobladores del sector y en general del departamento, es una falla de gran afectación
en cuanto a su tamaño. Se presenta perdida de la banca en el talud superior e
inferior de la vía que de Recetor conduce a Chámeza, en el sector denominado El
Espejo51.
Constantemente se presentan deslaves, caídos y demás fenómenos que afectan la
movilidad y seguridad de los usuarios de la vía […]”. (Negrilla fuera de texto).
101. También obra el estudio geotécnico y estabilidad de taludes, en el que se
diagnosticó:
“[…] El sitio crítico 7, corresponde a un deslizamiento complejo donde se generó
pérdida de alineamiento de vía, deslizamiento del talud superior y afectación del
talud inferior. Se identifica la corona de deslizamiento que alcanza la parte alta
donde se encuentran torres eléctricas. La identificación del movimiento de tierras,
se realizará en etapa de diseño, así como la definición de la litología de la zona.
[…]Dada la condición superficial se estima que el evento ha sido recurrente en periodos
prologados de tiempo por la calidad cantidad de la cobertura vegetal.
50
Cfr. Índice 119 del expediente digital de primera instancia.
51
Tomado de Estudio Geotécnico y Diseño – Consorcio Urbano 2022, abril de 2023.
21
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
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Se identifican variaciones laterales en el material desde el inicio del deslizamiento, se
identifican afloramientos laterales, alto grado de meteorización del material […]”.
(Negrilla fuera de texto).
102. El estudio incluyó fotografías sobre la condición actual del sitio crítico:
103. La Secretaría de Planeación y Obras Públicas presentó el 20 de junio de 2023
el “[…] Estudio y diseño para la atención de puntos críticos en la vía que comunica
San Benito – Recetor Y Recetor – Chámeza, en el Municipio de Recetos (sic),
departamento de Casanare […]”52, el cual tuvo como objetivo general realizar el
diagnóstico de cada uno de los 11 sitios críticos, definiendo su condición actual y el
planteamiento de posible intervención como base para el diseño definitivo de cada
uno de ellos. La información se presenta de manera resumida en el siguiente
esquema:
Sitio Tramo Condición actual / Evidencia fotográfica Propuesta preliminar de intervención
Críti Afectación
co
SC1 San Socavación en Análisis multidisciplinar para definir
Benito – cimentación del reposición total o parcial del puente o
Recetor puente sobre reforzamiento de cimentación; estudios
quebrada geotécnicos e hidráulicos.
Maracagua;
patologías en
carpeta asfáltica y
deficiencia de
drenaje.
SC2 San Pérdida de banca Reforzamiento de subrasante,
Benito – izquierda (40 m recuperación de banca y obras de drenaje
Recetor aprox.) por superficial y subsuperficial.
socavación y
taponamiento de
obras hidráulicas.
SC3 San Deslizamiento Terraceo del talud superior, construcción
Benito – complejo con de obras de soporte y contención en talud
Recetor pérdida parcial de inferior, ajuste geométrico de la vía.
banca, grietas y
deficiencia de
drenaje.
SC4 San Pérdida de banca Reforzamiento estructural de subrasante,
Benito – (25 m), hundimiento confinamiento lateral, obras de drenaje y
Recetor severo y control de deformaciones.
desconfinamiento;
relleno no
estructural.
52
Cfr. Índice 103 del expediente digital de primera instancia.
22
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
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SC5 San Calzada sin carpeta Reforzamiento estructural del pavimento,
Benito – asfáltica, superficie corrección del drenaje y control de
Recetor irregular, drenaje escorrentía.
deficiente.
SC6 San Deslizamiento lento Verificación de estabilidad global del
Benito – en talud inferior talud, diseño de obras de contención y
Recetor (zona cementerio), drenaje.
saturación de
material.
SC7 Recetor Deslizamiento Ajuste geométrico, terraceo del talud
– complejo (sector El superior y construcción de estructuras de
Chámez Espejo) con pérdida contención.
a de alineamiento y
afectación total.
SC8 Recetor Hundimiento del Verificación del suelo, obras de
– carril izquierdo, confinamiento lateral, reforzamiento
Chámez grietas y falta de estructural y drenaje.
a cunetas.
SC9 Recetor Hundimiento y Construcción de nueva estructura de
– socavación en muro contención y mejoramiento hidráulico del
Chámez de contención, sector.
a pérdida parcial de
calzada.
SC1 Recetor Socavación en Reposición del muro de contención, obras
0 – alcantarilla, hidráulicas y reconstrucción de
Chámez hundimiento de pavimento.
a banca y vegetación
obstructora.
SC1 Recetor Hundimiento del Reforzamiento de subrasante,
1 – carril izquierdo (28 mejoramiento del drenaje y control de
Chámez m), grietas y deformaciones.
a drenaje ineficiente.
104. Como puede apreciarse en las pruebas obrantes en el proceso, el punto vial
conocido como “El Espejo” presenta una situación estructural crítica y persistente
que compromete la estabilidad del corredor Recetor–Chámeza. El deslizamiento
complejo identificado afecta de manera simultánea la ladera superior e inferior,
ocasionando pérdida de banca, deformación del trazado y riesgo permanente de
colapso, lo cual fue ratificado tanto por los estudios técnicos de 2016 (Grupo Arco
Ingeniería S.A.S.) como por la consultoría más reciente de 2023.
105. Las evidencias demuestran que el fenómeno de remoción en masa y la
socavación asociada a este sector no son hechos recientes ni aislados, sino
procesos recurrentes y progresivos. Los estudios coinciden en la necesidad de
implementar obras de contención, drenaje y estabilización geotécnica, incluyendo
terraceos, muros de concreto reforzado y sistemas de anclajes pasivos. Dichas
medidas a la fecha no se habían materializado plenamente, pese a los compromisos
y diagnósticos formulados por las autoridades competentes.
106. El propio departamento de Casanare reconoció que la afectación del tramo no
obedecía al uso de la vía, sino a fenómenos de socavación y falla geológica,
23
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
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admitiendo además que es necesaria una evaluación técnica, así como la
participación del banco de maquinaria para obras de emergencia.
107. Cabe mencionar que el numeral 1.2 del Manual de Diseño Geométrico de
Carreteras del 2008, adoptado como Norma Técnica mediante la Resolución
número 0744 de 4 de marzo del 200953 y modificado a través de la Resolución
20213040041135 de 13 de septiembre de 202154, establece cuál es la clasificación
de las carreteras según su funcionalidad y tipo de terreno.
108. Respecto de las vías secundarias dicho manual señala que “[…] pueden
funcionar pavimentadas o en afirmado […]”. Igualmente, define criterios técnicos en
materia de geotecnia, estabilidad de taludes, estructura del pavimento, drenaje,
obras hidráulicas y seguridad vial.
109. Frente al cumplimiento de esos parámetros se evidenció en el caso concreto
que: (i) en el sector vial debatido existen taludes inestables; ii) se presentan algunos
fenómenos de erosión superficial que amenazan a los usuarios viales; iii) existen
hundimientos de banca; iv) se evidencia pérdida de la estructura del pavimento en
varios tramos; y v) existen colapsos parciales en cunetas y drenajes, lo que pone
en riesgo la integridad de la infraestructura.
110. Según el artículo 2.° de la Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013 55, “[…] la
infraestructura del transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto
de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con
este, el cual está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera
estable para permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso
y la integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento,
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos […]”.
111. El artículo 63 de la Constitución Política, el artículo 674 del Código Civil 56, el
artículo 5° de la Ley 9ª de 1989 y el artículo 5° del Decreto 1504 de 4 de agosto de
199857, compilado en el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 26 de mayo de
201558, reconocieron que la citada infraestructura es un bien de uso público
destinado a la utilización y disfrute colectivo.
112. La infraestructura vial, conforme a la Constitución y a las Leyes 105 de 1993 y
769 de 6 de agosto 200259, además de hacer parte del Sistema Nacional de
Transporte, está diseñada y regulada con el propósito de garantizar la
53
“[…] Por la cual se actualiza el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras […]”.
54
“[…] Por el cual se adiciona un numeral al capítulo 7 del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, adoptado mediante
Resolución No. 000744 del 04 de marzo de 2009 del Ministerio de Transporte […]”.
55
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]”.
56
“[…] ARTÍCULO 674. <BIENES PUBLICOS Y DE USO PUBLICO>. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio
pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas,
puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio […]”.
57
“[…] Artículo 5º. […] El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y
complementarios: […] 2. Elementos constitutivos artificiales o construidos:
a) Ares integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, constituidas por:
i) Los componentes de los perfiles viales […]
ii) Los componentes de los cruces o intersecciones […]”.
58
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.
59
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
24
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
materialización de los intereses de la colectividad60 relacionados con la libre
circulación por el territorio nacional, el acceso a los bienes afectados para el uso y
goce público, el acceso y expansión del comercio, el desarrollo social y económico,
y la prosperidad general.
113. Bajo esa perspectiva, la Ley 105 consagró el principio de “[…] acceso al
transporte […]”, según el cual se debe garantizar que el usuario “[…] pueda
transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de
acceso, comodidad, calidad y seguridad […]”61. Aunado a ello, los artículos 19 y 20
de la Ley 105 complementaron cuáles serían las entidades encargadas de
garantizar el mantenimiento y construcción de las infraestructuras viales.
114. Igualmente, el artículo 84 de la Ley 1523 de 2012, los artículos 12 y 63 de la
Ley 1682 de 2013 y el Decreto 602 de 6 de abril de 201762 -que adicionó la parte 4
del libro 2 del Decreto 1079 de 26 de mayo de 201563-, incorporaron y fijaron las
condiciones para la gestión del riesgo de desastres del sector transporte.
115. El artículo 2.4.9.2.2. del Decreto 1079 establece que las entidades públicas y
los particulares encargados de estructurar, administrar o ejecutar planes y proyectos
viales “[…] deberán evaluar las condiciones de riesgo a través de sus principales
factores, como amenazas, elementos expuestos y vulnerabilidad, para prever las
actividades preventivas, correctivas y prospectivas tendientes a reducir o mitigar los
riesgos que puedan generar daños en la infraestructura de transporte […]”.
116. El parágrafo de la misma norma señala que “[…] deberá incorporarse la
reducción de riesgos de desastres en los planes y proyectos de infraestructura de
cada una de las entidades del sector, contando, entre otros, con metodologías de
planificación y con normas técnicas de diseño a lo largo del ciclo de formulación y
ejecución de proyectos […]”.
117. La infraestructura de transporte constituye un bien de uso público, esencial para
el desarrollo social, económico y la prosperidad general del país. En ese contexto
normativo, la adecuada planificación, mantenimiento y vigilancia de la
infraestructura vial permite la materialización de los derechos colectivos al goce del
espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa
del patrimonio público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.
118. Porlo tanto, el argumento de apelación formulado por el Ministerio de
Transporte no tiene vocación de prosperidad. Si bien esa cartera sostuvo que las
60
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2006. Radicación núm.:25000-23-26-000-
2004-01092-01(AP). C.P: Martha Sofia Sanz Tobón. Derecho colectivo “[…] es todo aquel que se halla en cabeza de un grupo
social, que es de muchos, pero de nadie en particular, expuesto al agravio o vulnerado por la acción u omisión de la autoridad,
o de los particulares en casos excepcionales, el grupo o cualquiera de sus miembros en representación legal de todos, está
legitimado para reclamar ante el juez administrativo la protección de los derechos afectados, sin perjuicio de que exista o se
acuda a otro medio de defensa judicial […]”.
61
Ley 105 de 1993, artículos 2.°, literal e., y 3.° y Ley 769 de 2002, artículos 1°. y 7.°.
62
“[…] Por el cual se adiciona la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y se reglamentan los artículos 84 de la Ley
1523 de 2012 y 12 y 63 de la Ley 1682 de 2013, en relación con la gestión del riesgo de desastres en el Sector Transporte y
se dictan otras disposiciones […]”.
63
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte […]”.
25
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
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entidades obraron con diligencia y que no existe una amenaza real, inminente o
concreta a los derechos colectivos, las pruebas técnicas y documentales que obran
en el proceso demuestran lo contrario.
119. El tramo vial San Benito–Recetor–Chámeza, y en especial el sector
denominado “El Espejo”, presenta condiciones geotécnicas de alta inestabilidad,
procesos de remoción en masa activos y pérdida de banca, lo que configura una
situación objetiva de riesgo y vulneración continuada a los derechos colectivos
amparados.
120. Elhecho de que las entidades territoriales hayan ejecutado labores de
mantenimiento parcial o correctivo no desvirtúa la existencia del peligro, pues los
mismos informes reconocen que dichas acciones han sido meramente paliativas y
no estructurales, sin que se hubieren materializado las obras de estabilización,
drenaje y contención recomendadas desde 2016.
121. En consecuencia, no puede afirmarse que la actuación institucional haya sido
suficiente para garantizar la seguridad vial ni la prevención de desastres, máxime
cuando el fenómeno de deslizamiento persiste y ha afectado de manera directa la
movilidad y seguridad de los habitantes del municipio de Recetor y su zona de
influencia.
V.3.2. La responsabilidad del Ministerio de Transporte en el caso concreto
122. El Ministerio de Transporte afirmó en la alzada que, de acuerdo con los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, tiene la obligación de
brindar apoyo técnico a las entidades estatales en el desarrollo de los proyectos de
infraestructura cuando estas lo soliciten. Sin embargo, agregó que, en este caso no
operan esos principios, porque la Gobernación de Casanare no solicitó esa
asistencia.
123. Además, solicitó la modificación del literal b del ordinal cuarto de la sentencia
de primera instancia para que, en el evento de confirmar el amparo, se precise que
el ministerio “[…] en el marco de sus competencias debe apoyar, prestar asistencia
técnica y hacer seguimiento a la actividad contractual para la consecución de
recursos económicos […]”.
124. Para resolver ambos argumentos, la Sala pone de presente que los principios
de coordinación, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad, colaboración
entre entidades, solidaridad y equidad territorial son aplicables al sector transporte,
conforme a lo reglado en los artículos 288 y 356 de la Constitución Política, 5 64 y
64
"[…] ARTÍCULO 5.- Competencia Administrativa. Los organismos y entidades administrativos deberán ejercer con
exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan
sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo.
Se entiende que los principios de la función administrativa y los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
consagrados por el artículo 288 de la Constitución Política deben ser observados en el señalamiento de las competencias
propias de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva y en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos. […]".
26
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
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665 de la Ley 489 de 29 de diciembre de 199866, 367 de la Ley 1454 de 2011, y 368
de la Ley 105 de 1993.
125. Estos principios permiten la articulación del departamento demandado y del
ministerio apelante, en el ejercicio de sus competencias propias, dado que, dicha
entidad, conforme al numeral 2.9 del artículo 2 del Decreto 87 de 17 de enero de
2011 debe “[…] Apoyar y prestar colaboración técnica a los organismos estatales
en los planes y programas que requieran asistencia técnica en el área de la
construcción de obras y de infraestructura física, con el fin de contribuir a la creación
y mantenimiento de condiciones que propicien el bienestar y desarrollo comunitario
[…]”69.
126. El artículo 12 ibidem agrega que la Dirección de Infraestructura del ministerio
debe “[…] adelantar los procesos y prestar colaboración técnica a las entidades
territoriales en los planes y programas que requieran asistencia técnica en el área
de la construcción de obras y de infraestructura física en el sector transporte […]”.
127. En este contexto, la Sala prohíja el criterio expuesto en las sentencias de 9 de
mayo de 202470 y 4 de febrero de 201671, oportunidad en la que la Sección Primera
del Consejo de Estado explicó que “[…] si bien es cierto al Ministerio de Transporte
no le corresponde ejecutar directamente las obras relacionadas con la construcción,
mantenimiento o rehabilitación de vías del orden nacional, eso no quiere decir que
se puede desentender del tema, dado que la ley le asigna expresamente la
obligación de coordinar con el INVÍAS para que ésta pueda ejecutar tales labores
[…]”.
128. Sin embargo, también es una realidad que dicha confluencia de competencias
no significa que el propietario de la infraestructura vial pierda sus funciones
principales de mantenimiento y planeación. En cada caso el juez debe valorar si la
magnitud de la obra o las estrategias de financiamiento previstas en el plan modal
65
"[…] ARTÍCULO 6.- Principio de coordinación. En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y
cometidos estatales.
En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán
de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. […]".
66
"[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]".
67
"[…] Artículo 3°. Principios rectores del ordenamiento territorial.
Son principios del proceso de ordenamiento territorial entre otros los siguientes:
8. Solidaridad y equidad territorial.
Con el fin de contribuir al desarrollo armónico del territorio colombiano, la Nación, las entidades territoriales y las figuras de
integración territorial de mayor capacidad política, económica y fiscal, apoyarán aquellas entidades de menor desarrollo
relativo, en procura de garantizar el acceso equitativo a las oportunidades y beneficios del desarrollo, para elevar la calidad
de vida de la población. […]”.
68
"[…] ARTÍCULO 3.- Principios del transporte público. El transporte público es una industria encaminada a garantizar la
movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en
condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica y se regirá
por los siguientes principios: […]
3. DE LA COLABORACIÓN ENTRE ENTIDADES:
Los diferentes organismos del Sistema Nacional de Transporte velarán porque su operación se funde en criterios de
coordinación, planeación, descentralización y participación. […]”.
69
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las funciones de sus dependencias
[…]”.
70
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 85001-23-33-000-2021-
00227-01
71
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala Bogotá, radicación núm. 85001-23-33-000-2012-00268-
01(AP).
27
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
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o en el presupuesto departamental, entre otros mecanismos, son insuficientes, de
manera que operan los principios de complementariedad, concurrencia y
subsidiaridad.
129. En este caso no se acreditó que el departamento haya solicitado la asesoría
técnica del ministerio a efectos de acceder a los programas a que alude el artículo
2.4.10.172. y siguientes del Decreto 1079 de 2015 para la financiación de proyectos
para la intervención de la red vial de competencia de las entidades territoriales, o
que requiriera su asesoría técnica en el desarrollo de las obras necesarias para
corregir la problemática transgresora de los derechos colectivos.
130. Por lo tanto, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
de 30 de mayo de 2024 para ordenar que el departamento de Casanare y el
municipio de Recetor, en coordinación con el Ministerio de Transporte y respetando
las competencias que la Constitución, la ley y el reglamento le asignan a cada
entidad, adopten de manera definitiva las medidas de protección necesarias para
corregir la vulneración de los derechos amparados, siempre que se demuestre que
la magnitud del problema, los costes o las actuales estrategias de financiación
resultan insuficientes de manera que es preciso aplicar los principios de
complementariedad, concurrencia y subsidiariedad.
131. Ahora bien, la Sala advierte que no modificará las órdenes impuestas al
municipio de Recetor, conforme a los principios dispositivo y de congruencia, por
cuanto dicho análisis excede el objeto del debate planteado en la segunda instancia.
V.3.3. La responsabilidad del Departamento Nacional de Planeación en el caso
concreto
132. En la sentencia de 30 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de Casanare
consideró que el Departamento Nacional de Planeación vulneró los derechos
colectivos afectados por el mal estado del tramo “El Espejo” de la vía Cusiana -
Miraflores, dado que le corresponde brindar apoyo técnico y financiero a las
entidades territoriales para el desarrollo de sus funciones.
133. El tribunal explicó que, bajo los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, y en los términos de los numerales 4 y 12 del artículo 3° del Decreto
2189 de 201773, el DNP debía colaborar con el Ministerio de Transporte y el
departamento de Casanare en la consecución de recursos y priorización de
proyectos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y del Sistema General de
Regalías, de modo que su falta de gestión contribuyó a la prolongación del riesgo y
la vulneración de los derechos colectivos amparados.
134. El
Departamento Nacional de Planeación argumentó que no vulneró esos
derechos colectivos, porque no le corresponde ejecutar obras de infraestructura vial
72
“[…] ARTÍCULO 2.4.10.1. Objeto. El presente título tiene por objeto definir los criterios de priorización que deberán aplicar
el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL, en el evento en
que consideren apoyar la financiación de proyectos para la intervención de la red vial, fluvial y los aeropuertos regionales de
competencia de las entidades territoriales. […]”.
73
Norma derogada por el artículo 82 del Decreto 1893 de 2021.
28
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
ni realizar inversiones o contratar estudios con ese fin, de conformidad con el
principio de legalidad, la Ley 105 de 1993 y sus competencias legales y
reglamentarias.
135. Indicó que su rol se limita a brindar apoyo técnico y coordinar la planeación de
la inversión pública, pero no interviene en la priorización ni ejecución de proyectos
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación o del Sistema
General de Regalías, los cuales están a cargo de la Nación, los departamentos y
los municipios según la categoría de la vía. Además, manifestó que el proyecto de
mitigación de riesgo y mejoramiento vial en el sector El Espejo fue viabilizado por el
departamento de Casanare y está registrado como viable y financiado con recursos
departamentales en el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas.
136. Para desatar el recurso de apelación en este punto, resulta oportuno mencionar
que el Departamento Nacional de Planeación es una entidad técnica que, según lo
dispuesto en los artículos 59 de la Ley 489 de 1998, 9 de la Ley 2056 de 30 de
septiembre de 202074 y 3.° del Decreto 1893 de 30 de diciembre de 202175,
coordina, diseña y apoya la planificación de las políticas públicas y del presupuesto
de los recursos de inversión del país.
137. Ese departamento administrativo, conforme al artículo 59 de la Ley 489, entre
otras funciones, es responsable de preparar, formular y coordinar planes y
programas de inversión y de desarrollo para su sector. Aunado a ello, el artículo 9
de la Ley 2056 establece que ese departamento define las metodologías para la
formulación y viabilidad de proyectos de inversión del Sistema General de Regalías,
presta asistencia técnica, y calcula y distribuye los recursos entre beneficiarios.
138. Los numerales 1, 6, 9, 12, 13, 21, 22 y 24 del artículo 3 del Decreto 1893 de
2021, establecen que el DNP desempeña un rol central en la elaboración,
coordinación e integración del Plan Nacional de Desarrollo, así como en la
formulación y seguimiento de las políticas públicas nacionales. Igualmente es
responsable de asegurar una adecuada programación y distribución de los recursos
de inversión provenientes del presupuesto general de la Nación y del Sistema
General de Regalías. Además, coordina el cumplimiento de las políticas de
inversión pública, garantiza la coherencia entre el plan de inversiones y los
presupuestos plurianuales, y prioriza programas y proyectos para su incorporación
en la Ley Anual del Presupuesto.
139. Esto significa que el DNP desempeña un papel fundamental en la planeación
financiera del Estado, ya que no solo diseña y coordina las políticas públicas y la
programación del presupuesto de inversión, sino que también garantiza la correcta
distribución y seguimiento de los recursos del Presupuesto General de la Nación y
del Sistema General de Regalías.
140. Ahora bien, con el propósito de verificar si el DNP transgredió los derechos
colectivos amparados al incurrir en una omisión en el ejercicio de sus funciones,
74
"[…] Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema general de regalías […]".
75
“[…] Por el cual se modifica la estructura del Departamento Nacional de Planeación […]”.
29
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Demandante: Personería Municipal de Chámeza
cabe recordar que, según lo dispuesto en el literal b) del artículo 2°, en el numeral
3° del artículo 3° y en los artículos 15, 29, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley 105 de
1993, el Sistema Nacional de Transporte se fundamenta en el principio de
planeación y, consecuentemente, el legislador adoptó una serie de herramientas de
planeación financiera que orientan de forma ordenada los presupuestos de los
programas y proyectos de inversión pública nacional y territorial sobre la malla vial.
141. Dicho sistema está conformado por actores del orden nacional y local 76, a
quienes les corresponde definir los objetivos, priorizar los recursos y direccionar las
acciones, para que exista una prospectiva común que guie las intervenciones
individuales.
142. El artículo 2.4.4.377 del Decreto 1079 de 2015 establece los lineamientos para
la planeación de la infraestructura de transporte que deben acatar las autoridades
propietarias de los corredores viales, cuyo cumplimiento es verificado por el
Ministerio de Transporte conforme al artículo 2.4.4.478. ibidem.
143. En las sentencias de 12 de mayo de 202279 y de 23 de noviembre de 202380, la
Sección Primera del Consejo de Estado, al estudiar el referido marco normativo y
funcional, reconoció que todo proyecto de infraestructura vial, sin importar su
76
La Ley 105 señala que el Sector Administrativo Transporte está conformado por el Ministerio de Transporte, sus organismos
adscritos o vinculados y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional. Para el desarrollo de las políticas
de transporte, el Sistema Nacional de Transporte está integrado por los organismos anteriormente mencionados y los
organismos de tránsito y transporte e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y demás dependencias de los
sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan funciones relacionadas con dicha actividad. (Artículo 1°)
77
“[…] ARTÍCULO 2.4.4.3. Lineamientos para la planeación de la infraestructura de transporte. En la planeación y desarrollo
de los proyectos de infraestructura de transporte y con el objeto de favorecer la multimodalidad e intermodalidad, deben
observarse los siguientes lineamientos:
a) Conectividad: todo proyecto de infraestructura de transporte debe asegurar su conectividad con la red de transporte
existente a cargo de la Nación, los departamentos y/o municipios, directamente o a través de nodos.
b) Complementariedad modal: la planeación y desarrollo de programas y proyectos de transporte debe propiciar la
complementariedad modal con el fin de potencializar las ventajas de cada modo, aumentar el flujo de bienes y servicios,
reducir los costos de distribución física de los productos y facilitar la movilidad y accesibilidad para los pasajeros y la carga.
c) Complementariedad de Servicios Logísticos: la aplicación de este lineamiento debe conducir a una provisión coordinada y
articulada de servicios logísticos, con el fin de contribuir al desarrollo competitivo de los negocios y al reconocimiento de las
cadenas productivas a lo largo de corredores logísticos.
d) Equilibrio: la planeación y el desarrollo de los proyectos de infraestructura de transporte debe orientarse hacia el máximo
aprovechamiento de las potencialidades de las diferentes regiones del país en cuanto a recursos naturales, industrialización,
tipos de bienes y servicios que cada una produce o requiere, considerando la eficiencia de cada uno de los modos y la
vocación de la carga a transportar.
e) Redundancia: en la planeación de todo proyecto de infraestructura de transporte y en la medida de lo posible, se propenderá
por el establecimiento de varias alternativas de transporte, monomodales o multimodales, de tal forma que en caso de una
eventualidad el sistema de transporte continúe prestando el servicio de manera eficiente. Igualmente el desarrollo de este
lineamiento se encamina a promover la libre competencia.
f) Sostenibilidad: Atendiendo a criterios de costo - beneficio, la planeación y desarrollo de todo proyecto de infraestructura de
transporte debe propender por: (i) el incremento de la eficiencia y la competitividad en los procesos productivos; (ii) el
mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del crecimiento económico; (iii) el uso racional de los recursos
naturales; (iv) la reducción de externalidades negativas, (v) la conservación del patrimonio ecológico, y (vi) la implementación
de mecanismos para contrarrestar los impactos de los fenómenos naturales.
g) Visión Estratégica: la planeación de la infraestructura de transporte debe desarrollarse considerando horizontes de mediano
y largo plazo, acorde con los Planes de Desarrollo y otras herramientas de planificación de los Gobiernos Nacional y locales
que permitan complementar los proyectos a futuro.
h) Vocación: los proyectos de infraestructura de transporte deben planearse y desarrollarse de acuerdo con los volúmenes y
la vocación de la carga o de los flujos a movilizar.
i) Articulación: en la planeación y desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte intermodal o multimodal debe
propiciarse el diálogo constructivo entre los distintos niveles de gobierno, de tal manera que se posibilite el desarrollo de
proyectos más integrales y competitivos a todo nivel.
PARÁGRAFO. Quienes tengan a su cargo la planeación de proyectos de infraestructura de transporte a los cuales se refiere
este Título, tienen la obligación de identificar explícitamente en la formulación del proyecto, la forma como se da cumplimiento
a los lineamientos señalados en el presente artículo […]”. 78
“[…] ARTÍCULO 2.4.4.4. Mecanismos de seguimiento. El Ministerio de Transporte o la autoridad que este designe, debe
diseñar e implementar mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en este Título,
así como realizar el seguimiento a aquellos que lo requieran […]”. 79
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación 52001-23-33-000-2013-00357-02. 80
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación 17001-23-33-000-2019-00188-
01.
30
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Demandante: Personería Municipal de Chámeza
modalidad contractual, requiere una cuidadosa etapa de planeación y priorización
basada en estudios técnicos realizados por las autoridades competentes.
144. En ambos precedentes, esta corporación explicó que el presupuesto disponible
es limitado y, por ello, es fundamental que las autoridades del sector transporte
asignen los recursos de forma eficiente considerando los planes nacionales,
regionales y territoriales de transporte, para atender las verdaderas necesidades del
país, promover el desarrollo, y evitar la ejecución de obras desordenadas que
puedan favorecer a unos pocos y perjudicar el avance integral de la comunidad.
145. En la sentencia de 23 de noviembre de 202381, expresamente se mencionó que
“[…] el principio de planeación permite la elaboración de estrategias coordinadas
que incentiven el adecuado desarrollo de la infraestructura del transporte de
conformidad con la prospectiva contenida en el plan de expansión vial, en el plan
sectorial de transporte, en los planes territoriales de transporte e infraestructura de
los departamentos y en los planes modales. Por eso, el problema planteado debe
repercutir a tal grado en el interés general que amerite la transformación ponderada
de aquellos lineamientos. […]”.
146. Acto seguido se concluyó que “[…] la condena en este tipo de casos se soporta
en una transgresión o amenaza efectiva a los intereses o derechos colectivos que
amerite la incursión en el ámbito discrecional de planeación de la administración,
pues la manifiesta desproporcionalidad en la selección de prioridades, o las graves
omisiones en materia de mitigación o corrección de los riesgos o daños existentes
serían las causas que justificarían la intervención del juez popular […]”.
147. En este orden de ideas, resulta claro que al Departamento Nacional de
Planeación le asiste la razón cuando señala que carece de legitimación material en
la causa por pasiva, pues no se demostró que esa entidad incurriera en una grave
omisión que justifique la necesidad de modificar las prioridades definidas en el plan
nacional de inversiones, o en el plan sectorial de transporte e infraestructura vigente
a nivel nacional.
148. En el proceso se demostró que el DNP actuó conforme a sus competencias y
de manera adecuada en relación con el proyecto BPIN 0011100130000 – FNR
28177, tal como lo evidencia la Resolución 206 de 31 de marzo de 2017. Desde el
inicio, el DNP se encargó de supervisar y verificar el uso correcto de los recursos
provenientes del Fondo Nacional de Regalías, sin intervenir en la ejecución directa
de la obra. Aunado a ello, se destaca que dicho proyecto no abarcó la infraestructura
cuestionada.
149. En relación con las obras objeto del proceso, como lo afirmó el DNP en su
recurso de apelación, el proyecto “Construcción de obras para la mitigación del
riesgo y mejoramiento vial del sector El Espejo” fue viabilizado por el departamento
de Casanare el 7 de noviembre de 2023 y está registrado en el Sistema Unificado
de Inversiones y Finanzas Públicas – SUIFP-SGR como “Proyecto viable”. Aunado
81
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de noviembre de 2023, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
radicación núm. 17001-23-33-000-2019-00188-01.
31
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Demandante: Personería Municipal de Chámeza
a ello no existe prueba de un requerimiento por parte del ente territorial
departamental a efectos de solicitar asistencia técnica al DNP.
150. Es importante precisar que, según el oficio núm. 050 de 17 de mayo de 202382
este proyecto se financiará exclusivamente con asignaciones directas del
departamento.
151. Todo lo anterior demuestra que, frente a otros tramos viales, la entidad ejerció
sus funciones de control y vigilancia con responsabilidad, sin incurrir en omisiones
ni transgresiones; pero en el sector objeto de debate no participa en la financiación
o planeación de las obras.
152. De acuerdo con las normas y jurisprudencia citadas supra, corresponde al
departamento, gestionar y priorizar los recursos requeridos para la ejecución de las
obras, contando con el apoyo del Ministerio de Transporte y del municipio de
Recetor, conforme a las consideraciones esbozadas en precedencia.
153. En consecuencia, se modificarán los ordinales primero, segundo, tercero y
cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, por cuanto el
Departamento Nacional de Planeación no tenía legitimación material en la
transgresión de los derechos colectivos amparados.
V.3.4. La pertinencia de los plazos dispuestos en la sentencia de primera
instancia
154. El Ministerio de Transporte en el recurso de apelación solicitó la ampliación de
los plazos otorgados para el cumplimiento de las órdenes, sin argumentar las
razones para ello. Sin embargo, teniendo en cuenta los términos otorgados por esta
Sección para el acatamiento de este tipo de medidas de conformidad con el principio
de planeación, se modificarán los plazos como se indicará en la parte resolutiva83.
V.3.5. La integración del comité de verificación
155. El artículo 34 de la Ley 472 de 1998 establece que el juez podrá integrar un
comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, “[…] en el cual
participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por
el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo. […]”.
156. Como en el caso concreto el tribunal ordenó la constitución del Comité, pero no
indicó quien lo presidirá, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de esa
providencia para precisar que será el magistrado ponente del tribunal de primera
instancia.
82
Cfr. Índice 119 del expediente digital de primera instancia.
83
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 13 de diciembre de 2023, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes,
radicación núm.: 17001-23-33-000-2022-00255-01.
32
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
42. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201284 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201985, no se condenará
en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de
la parte resolutiva de la sentencia proferida el 30 de mayo de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, los cuales quedarán así:
“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación
material en la causa por pasiva propuesta por el Instituto Nacional de Vías, la Agencia
Nacional de Infraestructura y el Departamento Nacional de Planeación.
SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación
material en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Transporte y el
municipio de Recetor.
TERCERO: PROTEGER los derechos colectivos al goce del espacio público, a la
utilización y defensa de los bienes de uso público, a la defensa del patrimonio público
y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, vulnerados por
el municipio de Recetor, el departamento de Casanare y el Ministerio de
Transporte.
CUARTO: ORDENAR al departamento de Casanare y al municipio de Recetor
que, en coordinación con el Ministerio de Transporte, conforme a las competencias
constitucionales, legales y reglamentarias de cada entidad y en el marco de los
principios de complementariedad, concurrencia y subsidiaridad, adelanten las
medidas definitivas de amparo tendientes al mejoramiento vial del sector El Espejo,
sobre la vía Recetor–Chámeza del municipio de Recetor.
En el término de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de este fallo,
deberán adelantar las acciones financieras, administrativas y contractuales
necesarias para aprobar un proyecto de implementación de las soluciones
propuestas en la consultoría celebrada con ocasión del pacto de cumplimiento parcial
aprobado. Realizada la anterior actuación, las entidades deberán iniciar la ejecución
de las obras requeridas, las cuales deberán culminarse en el plazo máximo de doce
(12) meses.
En todo caso, el departamento de Casanare y el municipio de Recetor, en un término
máximo de treinta (30) días, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia deben realizar la intervención preventiva y transitoria del corredor vial
objeto del proceso, garantizando el tránsito seguro de vehículos y personas en
condiciones de seguridad, mientras se realizan las obras definitivas.
84
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
85
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019. Radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.
33
Radicación núm.: 85001-23-33-000-2021-00163-01
Demandante: Personería Municipal de Chámeza
QUINTO: ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación, el cual estará
integrado por el Despacho 002 del Tribunal Administrativo de Casanare, a través de
su magistrado ponente quien lo presidirá; por el actor popular; por los representantes
legales del Ministerio de Transporte, del departamento de Casanare y del Municipio
de Recetor o sus delegados; por el Defensor del Pueblo Regional Casanare; y por el
representante del Ministerio Público. […]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 30 de mayo de 2024.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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