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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2013-00357-02

Fecha
12 de mayo de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2013-00357-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia apelada que declaró probada parcialmente la configuración de la excepción de cosa juzgada y, en su lugar, se ACCEDE a la pretensión consistente en ORDENAR al INVIAS realizar un estudio técnico de tránsito y de movilidad integral, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia apelada, los cuales quedarán así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 51 Radicado: 52-001-23-33-000-2013-00357-02 Demandante: Christian Laurin Villota Rosero “CUARTO: ORDENAR al Instituto Nacional de Vías- INVIAS realizar un estudio técnico de tránsito y de movilidad integral, con la participación del Municipio de Buesaco, con el fin de que éste realice observaciones al respecto. El estudio consistirá en: 4.1. Realizar un diagnóstico de las distintas alternativas, sin descartar ninguna de ellas, estudiando en detalle cada posibilidad, por lo que el estudio también deberá contemplar la alternativa de construir una variante para el paso nacional que atraviesa el municipio, definiendo su viabilidad y eficiencia, para así llegar a determinar la opción más eficiente para solucionar la problemática del municipio, teniendo en cuenta la relación costo beneficio y la seguridad de los habitantes del municipio de Buesaco. 4.2. El estudio deberá determinar y detallar si hay lugar a la realización de obras de infraestructura, así como el tiempo estimado de duración de las mismas, y deberá ser ejecutado dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia. QUINTO: ORDENAR, al municipio de Buesaco (Nariño) y al Instituto Nacional de Vías- INVIAS, de ser necesario, si de la alternativa más eficiente se origina la ejecución de obras de infraestructura, según sus competencias, que, dentro de un plazo de seis (6) meses, realicen los trámites que se requieran para incorporar el proyecto a ejecutar en el plan de desarrollo correspondiente, si éste no existe, para lo cual debe agotar el trámite para tal fin; o priorizar los […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2013-00357-02

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

12 de mayo de 2022

Radicado: 52-001-23-33-000-2013-00357-02
Demandante: Christian Laurin Villota Rosero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., doce (12) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Medio de Control de protección de los derechos e
intereses colectivos
Radicación: 52-001-23-33-000-2013-00357-02 (AP)
Demandante: Christian Laurin Villota Rosero
Demandado: Municipio de Buesaco Nariño e Instituto Nacional de Vías
INVÍAS

Tesis: No se configura el fenómeno de la cosa juzgada parcial
respecto de la pretensión consistente en realizar estudios
técnicos para evaluar la adecuación de una variante para
el paso nacional que atraviesa el Municipio de Buesaco
Nariño.

Hay lugar a ordenar la realización de estudios técnicos
integrales para evaluar las posibilidades existentes,
incluyendo la alternativa de adecuar una variante para el
paso nacional que atraviesa el municipio de Buesaco,
Nariño; tanto el municipio de Buesaco como el INVÍAS
tienen competencias en torno a la adecuación y
mantenimiento de la vía del orden nacional que atraviesa
el perímetro urbano del municipio de Buesaco.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte actora
y por la Defensoría del Pueblo – Regional Nariño en contra de la sentencia
proferida el 24 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Nariño, por medio de la cual se declaró probada parcialmente la
excepción de cosa juzgada y se concedió el amparo de los derechos
colectivos a la seguridad y prevención de desastres de la población del
municipio de Buesaco afectados por el riesgo de accidentalidad que se
presenta en la vía nacional que atraviesa la mentada entidad territorial.

I. ANTECEDENTES

I.1 LA DEMANDA

El 27 de septiembre de 2013, Christian Laurín Villota Rosero, actuando en
calidad de ciudadano, promovió una acción popular en contra del

Radicado: 52-001-23-33-000-2013-00357-02
Demandante: Christian Laurin Villota Rosero

municipio de Buesaco, Nariño, y el Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, con
el fin de que se protejan los derechos colectivos a la seguridad y
prevención de desastres en conexidad con derechos fundamentales a la
vida e integridad física de los habitantes de dicho municipio.

Explicó que la calle principal del casco urbano del municipio de Buesaco
es una vía nacional, en la cual transitan automóviles y vehículos de carga
pesada provenientes del norte de Nariño y de otras partes del país.
Aunado a ello, y a raíz del crecimiento demográfico, se ha elevado el
número de automotores de los habitantes del municipio, lo cual ha
generado que los peatones se vean expuestos a riesgos de accidentes
fatales al momento de cruzar la vía.

Indicó que, tratándose de una vía nacional, su mantenimiento y seguridad
está a cargo del INVIAS; sin embargo, su protección, uso y goce del
espacio público están a cargo del municipio.

Resaltó que en la vía en comento no hay ningún tipo de señalización, puentes
peatonales y semáforos que permitan al transeúnte cruzar la calle con
seguridad. El índice de inminente peligro se agrava en las horas de entrada y
salida de los colegios.

Consideró que la vía está saturada por todo tipo de vehículos y personas, por
lo que se debe considerar necesariamente la posibilidad de abrir una vía
transversal.

Allegó estadísticas acerca del número de accidentes que se presentan en la vía.

Como consecuencia de lo anterior, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones:

“1. Se protejan los derechos colectivos a la seguridad y prevención de
desastres en conexidad con derechos fundamentales a la vida e integridad
física de los habitantes del municipio de Buesaco (Nariño).

2. Se ordene a INVIAS o al Municipio de Buesaco, "realicen los
estudios técnicos y/o científicos a efectos de determinar la viabilidad
técnica de variar el PASO NACIONAL del lugar en que actualmente se
encuentra hacia otro trasversal". De proceder a dicho estudio, se ordene
a uno u otro según sus competencias, se hagan las apropiaciones
presupuestales y ajuste jurídico administrativos necesarios para su
ejecución.

3. Si técnicamente no es posible el cambio del paso nacional se ordene
a INVIAS o al Municipio de Buesaco, realizar los estudios técnicos o
científicos tendientes a determinar las acciones y obras necesarias para
conjurar el peligro de la comunidad de este municipio para lo cual deberán
hacerse las apropiaciones presupuestales correspondientes.

4. De igual modo sean practicadas las respectivas inspecciones y
pruebas periciales, con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, por cuanto no se dispone de los recursos necesarios
y la finalidad es proteger a los miembros de la comunidad de Buesaco.

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5.- Para evitar la causación de un daño irreparable en la integridad o vida
de esta comunidad, y en especial la garantía de la seguridad de los
estudiantes de los establecimientos educativos del casco urbano, se
decrete una medida cautelar tendiente a determinar e implementar con
urgencia el modo de contrarrestar tal peligro.”

I.2. TRÁMITE PROCESAL Y CONTESTACIONES A LA ACCIÓN
POPULAR

En auto proferido el 19 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo
de Nariño admitió la acción popular presentada y ordenó notificar al
Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, al Alcalde del Municipio de Buesaco,
al agente del Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y a la comunidad en general.

En esta misma providencia se denegó la solicitud de medidas cautelares
solicitada con el escrito de demanda, sin embargo, posteriormente,
mediante auto del 20 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo
decretó de manera oficiosa una medida cautelar, que en el fallo de
primera instancia ordenó levantar, no obstante quedar referenciado en la
parte resolutiva el auto del 19 de noviembre de 2013.

Las entidades demandadas informaron lo siguiente:

I.2.1. El Instituto Nacional de Vías INVÍAS, por intermedio de
apoderado judicial, contestó la demanda solicitando negar las
pretensiones de la misma por los siguientes motivos:

Indicó que no ha vulnerado ningún derecho colectivo.

Frente a las estadísticas, sostuvo que éstas no provienen de una fuente
acreditada como lo es el DANE, y no dan certeza sobre el número de
vehículos que transitan por el municipio en cuestión.

Afirmó que, en efecto, la vía que atraviesa por Buesaco es del orden
nacional, pero no es la única que comunica a Nariño y Cauca con el interior
del país., que más del 90% de vehículos transitan ahora por la troncal de
occidente o vía panamericana desde hace más de tres décadas.

Apuntó que el INVIAS ha cumplido con las obligaciones contempladas en
el artículo 2° numeral 2.2 del Decreto 2618 del 20 de noviembre del 2013,
relacionado con la construcción, reconstrucción, mejoramiento,
rehabilitación, conservación, atención de emergencias y demás que
requiera la infraestructura de esa vía.

Explicó que los hechos narrados por el accionante, en su gran mayoría,
son producto de la falta de políticas de organización del espacio público y
de seguridad por parte de las autoridades municipales, según lo
contempla el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012.

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Dijo que es un hecho notorio la falla geológica que rodea al municipio de
Buesaco, conocida como "sistema de fallas de “El Romeral", los
constantes movimientos que han generado bastas grietas a lo largo de
ese sector, por cuanto sus suelos son altamente susceptibles de erosión,
según el estudio de la firma ACUATERRA.

Indicó que la posibilidad de realizar una variante o "transversal" ya fue
objeto de estudio dentro de la acción popular nro. 2008-0180 en contra
del INVIAS y el municipio de Buesaco, en aras de la protección de los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, en la que
adicionalmente se solicitó la construcción de una variante por Santacruz;
situación que fue resuelta positivamente por el Tribunal Administrativo de
Nariño en sentencia del 23 de agosto del 2010.

A su juicio, la construcción de una nueva vía está sujeta a una decisión
gubernamental, la cual debe estar prevista en el plan de desarrollo
nacional a la petición de la entidad territorial afectada, la cual también
debe estar contemplada en el plan de ordenamiento territorial y el plan
de inversiones nacionales, por el costo de su construcción.

Respecto al índice de accidentalidad, aseveró que se han presentado
accidentes no solamente en el casco urbano del municipio; por lo tanto,
estima que este hecho deberá ser probado.

En cuanto a las muertes que relaciona el accionante en su escrito de
demanda, consideró que no se allegó prueba de si las mismas fueron
producto de un accidente de tránsito en el denominado paso nacional.

Explicó que, siendo una actividad de alto riesgo la conducción de vehículos
automotores, las campañas de prevención, sensibilización y uso adecuado
de las vías atendiendo sus señales de tránsito es responsabilidad del ente
municipal y el control de las normas de tránsito es competencia de la
Subsecretaría de Tránsito Departamental de Nariño.

Por último, formuló las siguientes excepciones:

• Improcedencia de la acción popular por cosa juzgada

A su juicio, las pretensiones propuestas por el actor ya fueron objeto de
estudio en la acción popular 2008-0180 interpuesta contra las mismas
autoridades que hoy se accionan. En esa oportunidad el juez encontró
responsable al municipio de Buesaco y ordenó efectuar los estudios de
microzonificación geotécnica y los demás que considere pertinentes para
evaluar el riesgo de las viviendas de Buesaco (veredas Pajajoy e
Higuerones).

En esa misma sentencia, el juez declaró que no había responsabilidad por
parte del INVIAS, en atención a las conclusiones y recomendaciones
dadas por la firma ACUATERRA.

• Falta de legitimación en la causa por pasiva

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Explicó que corresponde al municipio de Buesaco, por disposición del
artículo 56 de la Ley 9° de 1989, la Ley 388 de 1997, ley 1551 del 2012,
Ley 769 del 2002, adelantar las medidas administrativas tendientes a
regular el tráfico vehicular en la zona urbana del municipio, el manejo del
espacio público, y velar por la seguridad y vida de sus administrados, más
no a INVIAS.

• Improcedencia de la acción popular por ausencia de acciones u
omisiones del INVIAS que den lugar a negligencia por parte del
INVIAS.

Aseveró que se invocaron como derechos colectivos vulnerados la
seguridad, la prevención de desastres previsibles técnicamente y el goce
del espacio público, los cuales no han sido afectados por el INVIAS; por
lo tanto, ésta no es la entidad llamada a responder sino el municipio de
Buesaco.

I.2.2. El municipio de Buesaco, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó negar las pretensiones de la acción popular, por los siguientes
motivos:

En cuanto a los hechos, consideró pertinente atenerse a lo que se logre
probar en el proceso.

Expuso que la administración municipal ha realizado acciones tendientes
a la organización de la movilidad, cuyos cambios resultan ser de gran
dimensión.

Puso de presente una comunicación dirigida a la Secretaría de Planeación
Departamental el día 26 de julio del año 2013, informando que la
Subsecretaría de Tránsito, creada mediante Resolución 1552 de 2009,
aún no cuenta con el grupo operativo como lo ordenó la decisión
administrativa adoptada, concluyendo que la falta de control es la que ha
contribuido al desorden, la congestión y el incumplimiento de las normas
de tránsito.

Sostuvo que en dos oportunidades ha presentado al Concejo Municipal un
proyecto de acuerdo para la creación de la Dirección de Tránsito y
Transporte municipal, con la que se pretende mejorar la movilidad del
municipio.

Explicó que la Gobernación de Nariño y la Policía Nacional, conjuntamente
con la administración municipal, suscribieron convenio para adelantar
acciones direccionadas al control de tránsito y reducir los accidentes.

Por último, formuló las siguientes excepciones:

• Falta de legitimación sustancial en la causa por pasiva

Sostuvo que la vía en cuestión es del orden nacional; por lo tanto, la
responsabilidad de mantenimiento, conservación y seguridad en su uso

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recae sobre el INVIAS, de conformidad con lo previsto en el Decreto 2056
de 2003.

En ese mismo sentido, indicó que la legitimación en la causa por pasiva
debe ser corroborada axiológicamente desde las pretensiones y el nexo
de causalidad entre el daño y la entidad demandada.

• Inexistencia de vulneración de derechos colectivos acusados

Expuso que la responsabilidad por los hechos de la presente acción
popular debe ser endilgada al INVIAS, sin perjuicio que se tomen medidas
que permitan una mejor movilización y disminuya el peligro existente.

I.2.3. Mediante providencia del 20 de agosto de 2014 1, el Tribunal de
instancia decreto medida cautelar de manera oficiosa, ordenando entre
otras medidas la elaboración de un estudio técnico que permitiese evaluar
la viabilidad de la construcción de puentes peatonales, reductores de
velocidad, entre otras medidas dirigidas a gestionar la movilidad en la vía.

I.2.4. Esta Corporación, mediante decisión del 12 de mayo de 2016,
decidió los recursos de apelación presentados por los demandados contra
la medida cautelar decretada con Auto del 20 de agosto de 20142,
resolviendo modificar la medida cautelar y le ordenó a las entidades
accionadas adoptar las medidas necesarias para garantizar la adecuada
movilidad en la vía3.

II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 24 de agosto
de 2017, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones de la acción
popular, así:

“[...]

PRIMERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de “Cosa
juzgada” propuesta por el apoderado legal del INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS - INVIAS, en lo concerniente a los estudios técnicos y científicos.

SEGUNDO.- DECLARAR no probadas las excepciones denominadas:
inexistencia de vulneración de derechos colectivos, falta de legitimación
en la causa par pasiva e improcedencia de la acción popular por ausencia
de acciones u omisiones de INVIAS que den lugar a la negligencia por
parte de INVIAS” formuladas por los apoderados legales del MUNICIPIO
DE BUESACO (N) y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
respectivamente.

TERCERO.- PROTEGER los derechos e intereses colectivos a la seguridad
y prevención de desastres de la población del MUNICIPIO DE BUESACO
(NARINO), conculcados por el citado municipio y por el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS — INVIAS.

1
Cuaderno nro. 2 medida cautelar folios 121 a 124
2
Cuaderno nro. 2 medida cautelar folios 121 a 124
3
Cuaderno nro. 2 medida cautelar folios 168 a 179

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CUARTO: ORDENAR al municipio de Buesaco Nariño para que dentro del
término de seis (6) meses siguientes a la fecha de notificación de esta
providencia, realice o contrate un estudio técnico de tránsito y movilidad
a efectos de obtener diseños de mejoramiento del espacio público y
ordenamiento para construir las obras atinentes a la señalización,
construcción de reductores de velocidad, rampas y andenes, instalación
de semáforos, construcción de puentes peatonales si a ello hubiere lugar,
sardineles, separadores centrales, y el diseño, implementación y
ejecución de campañas de sensibilización social dirigidas a la comunidad
en temas de espacio público y movilidad, así como también, las demás
obras que fueren indispensables para evitar la alta accidentalidad que se
viene presentando en la vía nacional que atraviesa el casco urbano del
municipio de Buesaco (Nariño).

En consecuencia, se ejecutaran las obras que resulten necesarias producto
del estudio técnico de tránsito y movilidad, en un plazo de seis (6) meses
contados a partir del vencimiento del plazo para efectuar o contratar el
mencionado estudio.

QUINTO: ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVÍAS para que
realice una permanente inspección, vigilancia y ejecución de labores
dirigidas al mantenimiento, adecuación y conservación de la vía nacional
que atraviesa el casco urbano del municipio de Buesaco (Nariño), con
recursos económicos propios y en el ámbito de sus competencias.
Rendirá un informe cada seis (6) meses al Municipio señalado, Personería
Municipal de Buesaco, Defensoría del Pueblo y a este Tribunal.

SEXTO.- CONFORMAR un comité para la Verificación del cumplimiento de
la presente sentencia, en el cual participará el señor Magistrado Ponente,
las partes del proceso, la PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUESACO
(NARINO), DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL NARINO y la señora
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, el cual se reunirá cada dos (2) meses
bajo la Coordinación del señor (a) Personero (a) Municipal,
correspondiéndole elaborar el respectivo informe que será remitido a las
entidades públicas del proceso y al Tribunal Administrativo de Nariño.

SÉPTIMO.- LEVANTAR la medida cautelar dictada en este proceso
mediante providencia de fecha 19 de noviembre de 2013 y confirmada
por el H. CONSEJO DE ESTADO mediante providencia de fecha 12 de mayo
de 20164.

OCTAVO.- CONDENAR en costas en esta instancia a la parte vencida, es
decir a las entidades accionadas (Municipio de Buesaco (N) y Instituto
Nacional de Vías - INVIAS), a favor de la parte accionante. Liquídense por
conducto de secretaria de la Corporación.

NOVENO.- REMITIR copia de este fallo con destino al REGISTRO PUBLICO
DE ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO que organiza la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472
de 1998.

DÉCIMO.- ORDENAR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO - FONDO PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, para que en el
término de un (1) mes, siguiente a la expedición de esta providencia,

4
Según obra en el expediente Cuaderno nro. 2 Folios 121 a 124, la providencia que decretó la medida cautelar
fue calendada el 20 de agosto de 2014.

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Radicado: 52-001-23-33-000-2013-00357-02
Demandante: Christian Laurin Villota Rosero

proceda a cancelar a favor del señor Ingeniero Civil, perito en el presente
proceso, RICARDO ARTURO VILLOTA ROJAS identificado con cédula de
ciudadanía No. 12.990.725 expedida en Pasto (Nariño), la suma de CINCO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($5.745. 450.oo) por concepto de
honorarios fijados mediante providencia de fecha 27 de julio de 2016, por
la realización de la prueba pericial decretada de oficio por este Tribunal.

DÉCIMO PRIMERO. - DEVOLVER por conducto de la secretaría de la
Corporación los expedientes entregados en calidad de préstamo a los
Juzgados Tercero y Séptimo Administrativos del Circuito de Pasto (N).”

El tribunal únicamente se pronunció respecto a las acciones y obras
necesarias para sortear el peligro en el que se encuentra la comunidad de
Buesaco, dado los altos índices de accidentalidad que se presentan en la
vía nacional que transcurre su casco urbano.

A su juicio, se encuentra probada la existencia de la cosa juzgada respecto
de las pretensiones encaminadas a la elaboración de estudios técnicos,
científicos y profesionales para evaluar la viabilidad de la construcción de
una vía alterna o variante en el municipio de Buesaco.

En relación con la identidad de causa y de objeto, el tribunal estimó que
los hechos ventilados en las acciones populares 2008-00180 y 2008-
00190, tramitadas por los Juzgados Tercero y Séptimo Administrativo del
Circuito de Pasto, respectivamente, son semejantes a los que originaron
el ejercicio de la acción popular en el presente asunto; estos son, los
imperfectos viales acaecidos en la vía nacional que se atraviesa por el
sector urbano del municipio de Buesaco, la gran cantidad de accidentes,
y la búsqueda de la elaboración de estudios técnicos, científicos y
profesionales para una vía alterna en dicho municipio.

Consideró que del caudal probatorio allegado al expediente, se logró
demostrar que se adelantaron estudios de microzonificación geotécnica
en el municipio de Buesaco - Nariño (veredas Pajajoy e Higuerones).

Estimó que en la presente acción popular el actor considera que la
población del municipio de Buesaco se encuentra expuesta
constantemente a un alto grado de accidentalidad en la vía del orden
nacional que atraviesa aquél, dada la topografía, que es necesaria la
construcción de una vía alterna, y que no se han adoptado las medidas
tendientes a conjurar el peligro, tales como señalización vial,
demarcación de zonas de parqueo, zonas escolares, construcción de
reductores de velocidad y andenes, instalación de semáforos, entre otras.

Aseguró que se configura la cosa juzgada respecto de los estudios
técnicos y científicos de la malla vial, uso del suelo, hidrografía,
acueducto, alcantarillado, tratamiento de aguas y viviendas ubicadas en
el municipio de Buesaco, por cuanto, en el proceso 2008-00180, se tuvo
en cuenta el estudio adelantado por la firma ACUATERRA, el cual
estableció las causas, conclusiones y recomendaciones para contrarrestar
el problema de inestabilidad del suelo en el casco urbano del municipio

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de Buesaco, estudio que, si bien es cierto no hizo alusión a la posibilidad
de variar el denominado paso nacional hacia una vía alterna, guarda
íntima relación con la presente acción popular.

Sumado a ello, aseveró que en el proceso 2008-00180 el Instituto
Colombiano de Geología y Minería INGEOMINAS adelantó estudio técnico
en el kilómetro 7 de la vía Pasto - Buesaco, veredas Pajajoy e Higuerones
y sector sur del casco urbano del municipio, en el cual se concluyó que,
dada la ubicación geográfica en el noreste del complejo volcánico del
Galeras, el municipio de Buesaco se encuentra afectado por el sistema de
falla geológica “Romeral”, como consecuencia de una tectónica de
comprensión de placas que corresponde al contacto entre la cordillera
centro oriental.

A esta activación de fallas se asocian también asentamientos,
agrietamientos y averías graves en las carreteras y viviendas; las
principales causas de ello son la activación de la falla geológica,
empinamiento de las laderas, cambios climáticos y el inadecuado manejo
de taludes, lo que genera la inestabilidad del terreno.

Así mismo, apuntó que INGEOMINAS realizó una zonificación de la
amenaza por movimientos en masa, estudio consistente en plasmar a
través de mapas las zonas de riesgo, clasificando el riesgo en bajo, medio
y alto no mitigable. Con base en este estudio se recomendó a los entes
competentes adoptar las medidas pertinentes para contrarrestar el
fenómeno natural y como punto preponderante se aconsejó adelantar
estudios geotécnicos al momento de construir obras civiles en el
municipio.

De lo anterior dedujo que, sobre el trayecto que comunica a Pasto con los
municipios del norte de Nariño, atravesando el casco urbano de Buesaco,
ya se han efectuado estudios técnicos y científicos que dan cuenta de las
condiciones, dificultades, recomendaciones y alternativas de solución, de
modo que las investigaciones son suficientes, pues en ellas se consignan
aspectos relacionados con el asunto bajo estudio y no se puede
desconocer que el municipio de Buesaco está sumido en una falla
geológica, que desestabiliza el terreno sobre el cual se asienta la
población.

Infirió que la posibilidad de construir una vía alterna al paso nacional no
es posible por lo antes esbozado, máxime si se tiene en cuenta que dichos
estudios requieren una alta inversión por parte de la administración, pues
no se justifica que la estabilidad económica y presupuestal del ente estatal
se vea afectada cuando precedentemente los estudios e investigaciones
se han llevado a cabo.

Explicó que, si bien es cierto el municipio de Buesaco, de conformidad con
el artículo 311 de la Constitución Política, tiene la obligación de adelantar
obras que propendan por el progreso social, debe también priorizar la
destinación y distribución de recursos, atendiendo aquellas necesidades
de mayor preponderancia, tales como la salud, educación, vivienda y
saneamiento básico.

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Radicado: 52-001-23-33-000-2013-00357-02
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Reiteró que, allegados los estudios técnicos y científicos solicitados por el
accionante, según el soporte aportado al expediente como pruebas, los
mismos ya fueron objeto de debate en la acción popular adelantada por
el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pasto en el proceso
2008-00190, en el cual se instó al INVIAS para que adelante los estudios
pertinentes.

Por su parte, indicó que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Pasto, en el proceso nro. 2008-00180, se pronunció y decretó de oficio la
excepción de “cosa Juzgada” parcial respecto del derecho e interés
colectivo a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles
técnicamente de los transeúntes de la vía Pasto-Buesaco.

Por consiguiente, estimó que existe identidad jurídica de objeto, partes y
causa entre los procesos 2008-00190 y 2008-00180.

Por lo tanto, declaró probada la excepción de cosa juzgada parcial sobre
la pretensión consistente en realizar estudios técnicos y/o científicos para
determinar la viabilidad técnica de variar el PASO NACIONAL del lugar en
que actualmente se encuentra hacia otro trasversal, advirtiendo que, si
se considera que los hechos aún persisten y los derechos colectivos siguen
siendo vulnerados, se debe promover un incidente de desacato de la
sentencia en los citados procesos.

Por otro lado, estimó que resulta necesario referirse a la diligencia de
inspección judicial efectuada por ese tribunal el 1 de diciembre de 2015
en el municipio de Buesaco, en la cual verificó que en la vía nacional que
atraviesa el casco urbano de ese municipio se presenta lo siguiente: i)
transitan en ambos sentidos vehículos y motocicletas del norte del
Departamento y de Buesaco; ii) no existen puentes peatonales,
semáforos, reductores de velocidad y espacios o lugares predeterminados
técnicamente para que los peatones puedan pasar con seguridad de un
lado a otro de la vía o calle principal; iii) hay obstrucciones en el trayecto
por parte de los pobladores y comerciantes quienes irrumpen el espacio
público con sus actividades de comercio; iv) las vías del municipio se
encuentran en mal estado; v) hay retraso en las obras en algunos
sectores, como por ejemplo el Barrio el Socorro, que requiere adecuación
y mantenimiento.

Manifestó que también se inspeccionó como posible vía alterna la ubicada
en los barrios San Fernando y la inmaculada, la cual constituye la primera
vía urbana del municipio de Buesaco, se encuentra adoquinada, pero
carece de señalización y dificulta el tránsito de vehículos pesados por lo
estrecha, y su ubicación no es adecuada para mitigar el grado de
accidentes sobre esta zona; por lo tanto, es inapropiado adoptarla como
alterna.

Consideró que, si bien es cierto se decretó como medida cautelar la
instalación de semáforos, reductores de velocidad, ondulaciones
trasversales, resaltos o denominados "policías acostados" y las
correspondientes señales de tránsito tendientes a la prevención de un
daño inminente o hacer cesar el que se hubiere causado, esto no es óbice

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para que el ente municipal se desatienda de sus obligaciones que por
orden legal y constitucional se ha encomendado; al contrario, las medidas
deberán ostentar un carácter permanente con una continua inspección,
vigilancia, mantenimiento, adecuación e implementación de estrategias
que contrarresten la accidentalidad.

Recordó que los testimonios rendidos ante esa Corporación por los
ingenieros civiles Vicente Efraín Lima Zarama y Ana Isabel Jurado
Santacruz, exfuncionarios del INVIAS, dieron cuenta que hay un
deficiente acatamiento de las normas de tránsito por parte de los
conductores y transeúntes, toda vez que conducen en estado de
embriaguez, excediendo los límites de velocidad, no utilizan los
implementos de protección personal, como por ejemplo casco o cinturón
de seguridad, lo que incrementa el riesgo de sufrir afectaciones en la
persona.

Indicó que los testigos añadieron que la accidentalidad en la vía no se
soluciona con una transversal, pues el paso nacional no está saturado,
pese a los inconvenientes antes referenciados; de ahí que es necesaria la
implementación de campañas pedagógicas encaminadas a crear
conciencia en la colectividad respecto a las normas de tránsito y
transporte.

Señaló que el mantenimiento de la vía como carretera nacional le
corresponde al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, pero las adecuaciones
dentro del casco urbano le incumben al municipio; sin embargo, es viable
la realización de obras en el casco urbano mediante convenios
interadministrativos entre el municipio e INVIAS.

Respecto al interrogatorio rendido por el señor Daniel Alexander Cabrera
Gómez, aquél manifestó que conoce los estudios técnicos y científicos
adelantados en el sector por la firma Acuaterra, en los cuales se establece
que la zona adolece de una inestabilidad en el terreno, de manera que
hay un evidente peligro de deslizamiento.

Aunado a lo anterior, indicó que el testigo manifestó que el municipio de
Buesaco, al encontrarse en una zona de alto riesgo, requiere una mayor
inversión de recursos; por esta razón, únicamente se ha podido adoquinar
un trayecto que ha servido para descongestionar la vía principal, pero
sobre ella sólo pueden transitar vehículos livianos dadas las
particularidades de la vía, de manera que los vehículos de carga deben
seguir circulando por la vía principal.

En lo atinente a las vías ubicadas dentro del casco urbano, indicó que no
cuentan con rampas de acceso que favorezcan a las personas en condición
de discapacidad, hay algunos sobresaltos o reductores de velocidad y es
muy recurrente la falta de planificación en las construcciones, de ahí que
se hace indispensable la implementación de medidas urgentes.

En concordancia con lo anterior, tuvo en cuenta el dictamen pericial
rendido por el ingeniero civil Ricardo Arturo Villota Rojas, en el cual se
concluyó que la vía que transcurre el casco urbano del municipio se

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encuentra pavimentada en concreto asfáltico, presenta agrietamientos,
hundimientos y baches, hay únicamente dos cruces semaforizados,
existen reductores de velocidad con tachas reflectivas que, dado su uso y
vida útil, ya se han desprendido, existe precaria demarcación vial y no se
cuenta con puentes para el cruce peatonal.

En cuanto al peligro que existe para las personas, dada las condiciones
de la vía, el ingeniero adujo que, debido al incipiente espacio existente
(andenes angostos), obstrucción de la vía por actividades de comercio y
cargue-descargue de mercancías, y la invasión del espacio público, la
población está en inminente peligro, toda vez que para circular deben
utilizar las bermas o carriles vehiculares.

En el estudio se puntualizó que no se observó policía o autoridad de
tránsito que regule y esté en frente del tráfico vehicular.

Con base en lo anterior, el perito recomendó realizar un estudio de
tránsito y movilidad dirigido al mejoramiento del espacio público urbano,
que establezca la necesidad de puentes peatonales, cruces
semaforizados, ampliación de andenes, establecimiento de zonas de
parqueo, restricción de horarios para cargue y descargue de mercancías
en el sector comercial y demás medidas tendientes a mejorar la movilidad
y garantizar la seguridad de los peatones; resaltando que la medida más
urgente es la reparación del pavimento, demarcación horizontal en cuanto
a líneas longitudinales de delimitación de carriles, demarcación de paso
peatonal, y reductores de velocidad tipo resalto parabólico.

Sugirió que se propicien campañas pedagógicas y de sensibilización en
temas de movilidad y seguridad vial y que las autoridades de tránsito
efectúen los controles respectivos.

El experto concluyó manifestando que no es factible que se construya una
variante perimetral al municipio, dadas las condiciones topográficas de la
región, pues no cumpliría con la normatividad exigida en la ingeniería de
carreteras.

Así las cosas, estimó necesario ordenar a la alcaldía Municipal de Buesaco
la regulación del tránsito vehicular de la vía nacional que trascurre el
casco urbano del municipio, con el fin de propiciar la construcción de
andenes, rampas, establecimiento de zonas de parqueo, señalización vial,
semaforización, puentes peatonales, mantenimiento vial según sea su
competencia, implementación de campañas pedagógicas y medidas
coactivas con el fin de sancionar las conductas que pongan en peligro la
vida e integridad de las personas.

Finalmente, tendría que decirse que efectivamente la demanda que
instauró el actor popular se encamina a la protección de derechos
colectivos: entre ellos, la prevención de desastres, entendido lo último
como un suceso que produce mucho daño o destrucción, y todo lo
detallado en el proceso da cuenta realmente que, dadas las actuales
características del tramo objeto de la discordia, se han generado muchos
daños, incluyendo la pérdida de vidas humanas debido a la falta de

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señalización y demarcación vial, sumado al deteriorado estado de la vía,
invasión del espacio público tanto por vehículos, comerciantes como por
moradores, y naturalmente la protección del derecho se consolidaría con
las órdenes que se imparten.

Como se invocan órdenes a la administración municipal, razonable es que
ella adelante sus acciones y gestiones económicas y administrativas, con
el fin de dar cumplimiento de esta sentencia que protege los derechos
colectivos de la población de Buesaco (Nariño).

En relación con las excepciones denominadas inexistencia de vulneración
de derechos colectivos, falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por INVIAS y EL MUNICIPIO DE BUESACO, e improcedencia de
la acción popular por ausencia de acciones u omisiones de INVIAS, no las
declaró probadas, toda vez que los entes accionados son los encargados
de velar por el mantenimiento, conservación y adecuación de la vía
nacional que atraviesa el municipio de Buesaco, según sea el ámbito de
su competencia.

III. RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. La parte actora interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por los
siguientes motivos:

Aseveró que existe una incongruencia entre lo solicitado en la acción
popular y lo decidido en el fallo, pues, no obstante sus pretensiones, el
tribunal las descarta con base en el fenómeno jurídico de la cosa juzgada,
la cual en este caso no se configura.

Adujo que la acción popular a la que se refiere el INVÍAS y el a quo no
fue presentada por él, tampoco alude a la vía que atraviesa el casco
urbano, ni su motivación radica en el problema de movilidad; se trata de
hechos y pretensiones totalmente diferentes.

Indicó que, si bien es cierto en una acción popular que no fue presentada
por él se habló de una variante, esta no era la vía que atraviesa el casco
urbano, sino otro sector (rural), y ante la ocurrencia de hechos totalmente
diferentes a los planteados en la acción popular objeto de estudio.

Aseguró que puede ser cierto que exista una falla geológica que impida
variar la vía nacional hacia otra parte, pero si se lee la primera pretensión
de su acción popular, se puede observar que en ella solicita que se efectúe
un estudio técnico y científico para efectos de mirar la viabilidad de variar
el paso nacional que atraviesa el casco urbano del municipio de Buesaco,
Nariño, dado que el mismo es a la vez calle principal y soporta el flujo de
todos los carros que transitan desde el Norte de Nariño hacia Pasto y
viceversa.

Explicó que en el paso nacional circulan 2000 o 2500 vehículos de todas
las clases y características, situación que pone en peligro la vida y la

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integridad física de los Buesaqueños; de hecho, muchos han perdido la
vida, como fue el caso de su madre.

A su juicio, es con el estudio técnico y científico solicitado en la acción
popular con base en el cual se debió descartar o no la posibilidad de variar
el paso nacional que atraviesa el casco urbano de Buesaco, el cual los ha
despojado de su espacio público, según quedó determinado en la
diligencia de inspección judicial hecha por el tribunal.

Aseguró que, contrario a lo solicitado en el escrito de acción popular, el a
quo ordenó al municipio de Buesaco realizar un estudio técnico de tránsito
y movilidad a efectos de obtener diseños de mejoramiento de espacio
público, señalizaciones, reductores de velocidad, rampas y andenes,
instalación de semáforos, puentes peatonales, y a INVÍAS, que es la
entidad a cargo de la vía, sólo le ordenó vigilar, ser un simple espectador,
cuando, por mandato legal, es esa entidad la competente para garantizar
la seguridad y el mantenimiento de las vías que están en su inventario, y
debe llevar a cabo los estudios y las obras que sean necesarias.

Indicó que para qué serviría un estudio de movilidad en el casco urbano
si la única vía que tiene el municipio se ha convertido en nacional, no se
le podría cerrar precisamente porque es una vía nacional, sin otra
alternativa en Buesaco, de allí la necesidad del estudio de la posibilidad
técnica y científica de crear una variante.

Por último, formuló las siguientes preguntas:

“¿cómo pensar en hacer diseños de mejoramiento de espacios públicos si
la calle principal del casco urbano de Buesaco, que es el espacio público
por esencia, INVÍAS, lo tiene como vía nacional, por lo cual los
Buesaqueños tienen que afrontar injustificadamente la amenaza y peligro
de sus vidas e integridad física, señalando que ha habido ya pérdidas
fatales, pues basta observar en el expediente la estadística de la alta
accidentalidad, la cual pretende desconocer INVÍAS, aduciendo que no son
las estadísticas hechas por el DANE, criterio este que está fuera del lugar,
por cuanto los hechos notorios no se prueban según el ordenamiento
jurídico, además que están acreditados con documentos oficiales como el
conteo de vehículos hecho por el mismo INVÍAS, certificaciones de la ESE
del municipio de Buesaco, y de la Policía Nacional? ¿Para qué serviría la
señalización, si siendo la calle principal del municipio se convirtió en vía
nacional, cuya solución al problema no está en hacer líneas verticales u
horizontales, sino en descargar la sobresaturación de toda clase de
vehículos que transitan en ambos sentidos?”

III.2. La Defensoría del Pueblo, por intermedio de apoderado judicial,
presentó recurso de apelación en contra del fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Nariño, con fundamento en los siguientes argumentos.

Indicó que no está de acuerdo con lo resuelto en los numerales 8 y 10 de
la sentencia de primera instancia, toda vez que el valor por concepto de
honorarios profesionales a favor del perito no debe ser imputado al Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos sino a la parte

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vencida en el proceso, esta es, el municipio de Buesaco, Nariño, y al
INVÍAS.

Apuntó que en el presente asunto no fue decretado el amparo de pobreza
como lo exige el artículo 19 de la Ley 472 de 1998 y el literal b) del
numeral 7 del artículo 3 de la Resolución 263 de 2006, proferida por el
Defensor del Pueblo.

Explicó que, de acuerdo con el parágrafo del artículo 19 de la Ley 472 de
1998, “El costo de los peritazgos, en los casos de amparo de pobreza,
correrá a cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, a partir de su creación. Estos costos se
reembolsarán al Fondo por el demandado, en el momento de satisfacer la
liquidación de costas, siempre y cuando fuere condenado.”

Citó los artículos 70 y 71 de la ley en comento, los cuales regulan las
fuentes de los recursos del Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos y sus funciones.

Explicó que, de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución nro. 263 de 10
de abril de 2006, expedido por el Defensor del Pueblo, el Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos tiene, entre otras, las
siguientes funciones: “(…) 7) Siempre que exista disponibilidad
presupuestal, una vez admitida la acción popular o de grupo y decretado
amparo de pobreza, la financiación, contempla: (…) peritazgos cuando el
juez decrete amparo de pobreza, su costo será reintegrado al Fondo,
conforme al parágrafo del artículo 19 de la Ley 472 de 1998.”

Igualmente, referenció la sentencia C-630 de 2011 de la Corte
Constitucional, sobre la organización y funcionamiento del Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, en la cual se indicó lo
siguiente:

“El artículo 70 de la Ley 472 de 1998 dispuso la creación del Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, cuya gestión
fue encomendada a la Defensoría del Pueblo. Los recursos de ese
Fondo provienen de diversas fuentes de acuerdo con la regulación
legal; sin embargo, actualmente el total de los recursos se obtiene
de incentivos y multas impuestas por los jueces en acciones
populares.

Las funciones del Fondo mencionado se relacionan con la defensa
de los derechos e intereses colectivos (artículo 71 de la ley 472 de
1998); y, para el manejo de los recursos del mismo, el artículo 73,
ibídem, dispone que el monto de la financiación a demandantes en
acciones populares o de grupo debe determinarse por la Defensoría
del Pueblo, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, la
situación socioeconómica de los peticionarios y los fundamentos de
la posible demanda.”

Citó el artículo 365 del Código General del Proceso, el cual, sobre la
condena en costas, prescribe lo siguiente:

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“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes
reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto.
Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas,
una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo
dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación
que dio lugar a aquella.”

Explicó que la condena en costas procesales fue consagrada como una
forma de sancionar a la parte que resulta vencida en el litigio y consiste
en el reconocimiento a favor de la parte contraria de los gastos en que
incurrió para impulsar el proceso (expensas) y de los honorarios de
abogado (agencias en derecho).

Por último, solicitó la aplicación del parágrafo del artículo 19 de la Ley 472
de 1998 y del literal b) del numeral 7 del artículo 3 de la Resolución 263
de 2006 proferida por el Defensor del Pueblo, en el sentido que las costas
de los peritazgos correrán a cargo del Fondo y estas se reembolsarán al
fondo por el demandado, en este caso, por el municipio de Buesaco e
INVÍAS en el momento de satisfacer la liquidación de costas. En otras
palabras, a su juicio, las costas ordenadas en el numeral 8 a favor de la
parte accionante deben ordenarse a favor del fondo.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Por auto del 3 de abril de 2018, el Despacho admitió los recursos de
apelación interpuestos por el actor y por la Defensoría del Pueblo Regional
Nariño en contra de la sentencia proferida el 24 de agosto de 2017.

El 27 de abril de 2018, el Despacho corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

En auto de 13 de diciembre de 2019, se requirió al Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Pasto para que remitiera copia íntegra de
la sentencia proferida el 27 de marzo de 2009 en el proceso radicado nro.
2008-00190, con el fin de estudiar la configuración del fenómeno de la
cosa juzgada.

Durante la segunda instancia, las partes manifestaron lo siguiente:

IV.1. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

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Adicionalmente, indicó que lo decidido por el a quo no soluciona el
problema de fondo que afrontan en el municipio de Buesaco.

Citó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la obligación de los
municipios de adecuar la estructura de las vías nacionales dentro del
respectivo perímetro urbano de conformidad con las necesidades de la
vida municipal. Sin embargo, no puede entenderse que dicha obligación
de adecuar o acomodar signifique el mantenimiento, sostenimiento o la
señalización de la respectiva vía nacional.

IV.2. El apoderado del municipio de Buesaco, Nariño, manifestó que no
es obligación de los municipios realizar el mantenimiento y señalización
de las vías del orden nacional que atraviesan el perímetro urbano; esta
obligación es del INVÍAS.

Aseguró que la obligación de los municipios sobre las vías nacionales se
limita a realizar las obras estructurales requeridas para su debido
funcionamiento, que es diferente a la realización de obras relacionadas
con el mantenimiento o la señalización de la vía, actividad legalmente
atribuida al INVÍAS.

Citó la sentencia proferida el 22 de junio de 2009 por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, expediente 16333, en la cual se indicó que, de
acuerdo con el literal d) del artículo 1 del Decreto 80 de 1987, a los
municipios no les corresponde el mantenimiento y la señalización de las
vías nacionales, pues prescribe expresamente que éstos tienen la
obligación de adecuar la estructura de las vías nacionales dentro del
respectivo perímetro urbano de conformidad con las necesidades de la
vida municipal. Sin embargo, dicha obligación de adecuar o acomodar no
significa el mantenimiento, sostenimiento o la señalización de la
respectiva vía nacional.

Indicó que, de acuerdo con un plan de movilidad que se lleva a cabo
diariamente por parte de la Alcaldía Municipal, se han identificado riesgos,
puntos, corredores y sectores críticos, tratamiento y soluciones
orientadas a la disminución de accidentes, lo que hace que sea viable y
posible el tránsito tanto de vehículos automotores como principalmente
de personas.

Por el plan de movilidad no se permite el estacionamiento permanente de
vehículos en las vías; así mismo, negocios comerciales que afecten el
tránsito de las personas. Respecto a lesionados y muertes por el
estacionamiento de vehículos automotores, actualmente se han
disminuido casi al 100% por este tipo de estrategias asumidas tanto por
el municipio de Buesaco como del departamento de Nariño; es decir, que
dicho plan de movilidad ha funcionado en beneficio de los habitantes de
Buesaco y transeúntes.

De manera extemporánea, en sus alegatos de conclusión allegó el Plan
de Movilidad del Municipio de Buesaco, material fotográfico, y pidió que
se practiquen los testimonios de Ario Moncayo Guerrero, contratado por
la Alcaldía de Buesaco como asistente institucional y de apoyo a la gestión

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de movilidad y seguridad vial, y de Hernán Carvajal, líder de la comunidad
de Buesaco.

IV.3. El Ministerio Público, por intermedio del Procurador Delegado
para la Conciliación Administrativa, indicó que el problema jurídico
principal que se debe examinar consiste en determinar si se configuró la
cosa juzgada parcial en cuanto a la pretensión de realizar estudios
técnicos y científicos para la variación del paso nacional a una transversal
que evite la congestión vehicular por la vía municipal de Buesaco Nariño.

Indicó que, en la sentencia proferida el 2 de marzo de 2010, en el proceso
2008-00180, el Juzgado Séptimo Administrativo de Pasto ordenó al
municipio de Buesaco realizar los estudios de microzonificación geotécnica
para determinar si las viviendas deben ser mejoradas, rehabilitadas o
reubicadas y conformar un comité de verificación de las obras. Por su
parte, en el fallo 2008-00190, el Juzgado Tercero Administrativo de Pasto
ordenó proteger los derechos colectivos de los habitantes de Buesaco.
Esta decisión fue modificada parcialmente en sentencia de segunda
instancia, en la cual se ordenó al INVÍAS y al Municipio de Buesaco que,
conforme a sus competencias, realizara el mantenimiento y la
conservación de la vía que una a Pasto con Buesaco y con los demás
municipios del norte de Nariño, haciendo énfasis en el tramo comprendido
en los kilómetros 32 a 39 de la vía.

Aseguró que nos encontramos frente a tres procesos fallados con objetos
y pretensiones diferentes, sustentadas en estudios que no se han
centrado en el caso concreto que se examina. Por lo tanto, no debe
prosperar la excepción de cosa juzgada.

Adicionalmente, indicó que en el expediente obran los siguientes estudios:

• Servicio Geológico Colombiano, el cual informa que no ha
desarrollado estudios puntuales en el municipio de Buesaco, que ha
desarrollado cartografía geológica pero no estudios de tipo
geotécnico.

• El INVÍAS realiza una evaluación de las condiciones de estabilidad
para la vía 2501ª en el paso nacional del municipio de Buesaco entre
los PR36+0000 y PR 39+000. En su estudio analiza las condiciones
de la vía comprendida entre el Río Buesaco y el Casco urbano por
la ola invernal y la inestabilidad de las laderas.

• Estudio geotécnico AQUATERRA, efectuado en diciembre de 2001,
en el cual se recomienda tomar medidas por los problemas de
estabilidad que presentó la vía Pasto Buesaco Higuerones por el
periodo invernal 1999-2000.

Revisados estos estudios, concluyó que en ellos no se encuentra uno
concreto que permita determinar la viabilidad de variar el paso nacional.

Aseveró que obran testimonios, informes y fotografías que demuestran la
vulneración de los derechos colectivos incoados. Entre ellos, destaca el

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dictamen pericial del ingeniero civil Ricardo Arturo Villota Rojas, quien
concluyó que la población se encuentra en inminente riesgo dado lo
angosto de los andenes, las condiciones de la vía y la invasión del espacio
público. Por lo tanto, recomendó realizar un estudio de tránsito y
movilidad para el mejoramiento del espacio público urbano y concluyó
que no es posible construir una variante perimetral al municipio.

Por lo anterior, estimó que se encuentran vulnerados los derechos
colectivos a la seguridad pública, al goce del espacio público y a la
prevención de desastres previsibles técnicamente de los habitantes del
municipio de Buesaco, por lo que debe accederse a las pretensiones de la
demanda, también en el sentido de ordenar la realización de un estudio
específico dirigido a determinar la viabilidad de variar el paso nacional del
casco urbano del municipio.

En relación con la obligación de pago de peritaje por la Defensoría del
Pueblo, indicó que, en providencia del 6 de diciembre de 2017, el Tribunal
Administrativo de Nariño explicó las razones para la aplicación del artículo
19 de la Ley 479 de 1998, el cual establece que el juez podrá conceder el
amparo de pobreza cuando fuere pertinente.

Por último, manifestó que, mientras no se verifique el cumplimiento de
determinar la viabilidad de variar el paso nacional con base en estudios
técnicos específicos, INVÍAS y el municipio de Buesaco deberán cumplir
con las órdenes impuestas por el Tribunal Administrativo de Nariño en
sentencia de 24 de agosto de 2017.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1 COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de
agosto de 1998, el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA),
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado, esta
Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los
recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los
Tribunales Administrativos en las acciones populares.

V.2. CUESTIÓN PREVIA – Cosa juzgada

En el recurso de apelación presentado por la parte actora se puso de
presente que no es posible configurar la excepción de cosa juzgada
parcial, dado que los procesos que tuvo en cuenta el tribunal para el
reconocimiento de dicha excepción no coinciden en cuanto al objeto,
causa petendi y partes.

La Sala advierte que el artículo 282 del Código General del Proceso,
aplicable por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998, en armonía
con el artículo 306 del CPACA, faculta al juez para declarar la excepción de
cosa juzgada, así: “En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle
probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla

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oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y
nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.”
(Se destaca)

Teniendo en cuenta que, si los procesos 2008-00180, 2008-00190 y el
presente proceso (2013-00357), tratan de las mismas controversias en
cuanto a la causa petendi y el objeto del litigio, sería procedente confirmar
la declaratoria de la excepción de cosa juzgada. Por lo tanto, la Sala
examinará si esta excepción se configura en el caso concreto.

V.2.1. Cosa juzgada en acciones populares

La cosa juzgada es una garantía que se refiere a los efectos jurídicos de
las decisiones que toman las autoridades judiciales que tiene como
consecuencia la inmutabilidad, así como el carácter vinculante y coercitivo
de una sentencia ejecutoriada.

La Corte Constitucional se pronunció en dichos términos en la sentencia
C-622 de 2007: “La cosa juzgada hace referencia a los efectos jurídicos de las
sentencias, en virtud de los cuales éstas adquieren carácter de inmutables,
definitivas, vinculantes y coercitivas, de tal manera que sobre aquellos asuntos
tratados y decididos en ellas, no resulta admisible plantear litigio alguno ni emitir
un nuevo pronunciamiento. La cosa juzgada brinda así seguridad y estabilidad a
las decisiones judiciales.”

Adicionalmente, en la misma decisión, la Corte refirió las consecuencias
de la cosa juzgada, de la siguiente manera: “A la cosa juzgada se le
atribuyen las siguientes consecuencias: la de vincular o constreñir al juez
para que reconozca y acate el pronunciamiento anterior (principio de la
res judicata pro veritate habetur); la prohibición que se impone también
al operador jurídico para resolver sobre el fondo de conflictos ya decididos
a través de sentencia en firme, evitando además que respecto de una
misma cuestión litigiosa se presenten decisiones contradictorias con la
primera; y la que se materializa en el hecho de que, por su intermedio,
se brinda la posibilidad de ejecución forzada de la sentencia.”

En síntesis, la sentencia ejecutoriada que hace tránsito a cosa juzgada: i)
vincula al juez para que acate el pronunciamiento anterior; ii) prohíbe al
juez resolver sobre conflictos ya decididos; iii) evita pronunciamientos
contradictorios sobre una misma cuestión litigiosa, y iv) lo resuelto en la
sentencia es de ejecución forzosa.

La Corte, en la decisión citada, también fijó los requisitos generales para
que se configure la cosa juzgada, en los siguientes términos: “ Para que
una decisión alcance el valor de cosa juzgada se requiere que concurran en
ambos juicios tres requisitos comunes: identidad de objeto, identidad de
causa e identidad de partes. La identidad de partes marca el límite subjetivo
de la cosa juzgada en el sentido de que en virtud de tal identidad la sentencia
sólo produce efectos entre quienes fueron parte en el proceso y, por tanto no se
extiende a terceros que han permanecido ajenos a dicha actuación. La identidad
de objeto y causa fija los llamados límites objetivos de la cosa juzgada, dando a
entender que ésta se predica si y solo si, de las causas que han sido debatidas
en el proceso y decididas en la sentenci a.”

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Como se puede observar, se requiere que concurra identidad de objeto,
causa y partes para declarar la cosa juzgada. No obstante, estos
requisitos en materia de acciones populares, adquieren unas especiales
particularidades.

Por la naturaleza constitucional de la protección de derechos colectivos
que se pretende garantizar con la acción popular, el artículo 35 de la Ley
472 de 1998 establece que, “la sentencia tendrá efectos de cosa juzgada
respecto de las partes y del público en general”.

Tal regulación ha determinado una relativización del requisito ‘identidad
de partes’ en la acción popular, en los siguientes términos:

Respecto de la parte demandante, se ha expresado que, en virtud de que
su objeto de protección está constituido por derechos cuya titularidad es
difusa, lo decidido en la sentencia afecta por igual a toda la comunidad
interesada, dentro de la cual puede o no estar el actor popular.

En lo que atañe a la parte demandada, esta Corporación, desde tiempo
atrás, ha sostenido que la excepción de cosa juzgada, respecto de la parte
pasiva, procede cuando “los responsables por la afectación al derecho
colectivo invocado sean los mismos.”5

En tal sentido, la exigencia de identidad de la parte accionada deriva de
un vínculo estrecho entre lo decidido en la sentencia ejecutoriada por
parte del juez popular y las funciones de las entidades responsables de
solucionar la vulneración a los derechos colectivos.

En lo que atañe a la identidad de objeto y causa, el artículo 303 del Código
General del Proceso (en adelante, CGP), señala lo siguiente: “La sentencia
ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa
juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se
funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes.”

De una parte, que verse sobre el mismo objeto significa que las
pretensiones decididas en la sentencia ejecutoriada sean coincidentes con
las propuestas en el proceso que se examina.

Ahora, que se funde en la misma causa significa que los fundamentos
fácticos y jurídicos (causa petendi) guardan identidad entre el proceso
que tiene sentencia ejecutoriada y el nuevo proceso que se examina.

V.2.2. Caso concreto

Para determinar la configuración de la excepción de cosa juzgada, a la
Sala le corresponde estudiar la causa petendi (fundamentos de hecho y
de derecho) y el objeto del litigio (pretensiones o aspecto jurídico a
considerar) de los casos resueltos en las sentencias proferidas el 27 de

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 12 de junio de 2008, rad. 2005-
90013-01 (AP). Magistrado Ponente Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

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marzo de 2019, por el Juzgado Tercero Contencioso Administrativo del
Circuito de Pasto en el proceso 2008-00190, y la sentencia proferida por
el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto en el proceso
2008-00180, y posteriormente compararlos con el caso objeto de análisis.

Para lo anterior, corresponde en primer lugar determinar qué fue lo que
se amparó en la sentencia proferida el 27 de marzo de 2019 en el proceso
2008-00190, en relación con lo que ahora se pretende, para
posteriormente hacer un análisis de la identidad de causa petendi, objeto
y partes, en lo pertinente, a fin de determinar si operó el fenómeno de la
cosa juzgada total o parcialmente.

Así, en fallo proferido el 27 de marzo de 2009 por el Juzgado Tercero
Contencioso Administrativo del Circuito de Pasto, dentro del proceso rad.
2008-00190, se resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: PROTEGER el derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, de los habitantes
del municipio de Buesaco.

SEGUNDO: ORDENAR al Instituto Nacional de Vías, para que en el
término de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de
esta providencia, adelante los estudios técnicos, científicos y
profesionales en el sector comprendido entre el puente sobre
el río Buesaquito y el ingreso al casco urbano del municipio
de Busaco, a fin de que no quede aislado por vía terrestre de
la capital del Departamento de Nariño, de manera que
confluya firmemente las obras que deben adelantarse,
sometiéndolas, sin son del caso, al régimen de
presupuestación pública y de contratación estatal
establecido en la Constitución y en la ley.

TERCERO: DESIGNAR a los señores Personero Municipal de Buesaco
y al Defensor del Pueblo – Regional Nariño, para que integren el
comité de verificación, que supervise el cumplimiento de la orden
impartida, en todo caso el comité velará que los derechos
salvaguardados con esta sentencia se cumplan a cabalidad.

CUARTO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia –
Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres, según
las razones contenidas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: RECONOCER en favor del actor CRISTIAN LAURIN
VILLOTA ROSERO, el incentivo económico previsto en el artículo 39
de la Ley 472 de 1998, en cuantía de diez (10) salarios mínimos
legales mensuales. Tal incentivo debe ser pagado por el Instituto
Nacional de Vías.

SEXTO: REMITIR a la Defensoría del Pueblo, las copias señaladas
en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, con destino al Registro
Público de Acciones Populares y de Grupo.”

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Como puede apreciarse, en el fallo transcrito se amparó el derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente de los habitantes del municipio de Buesaco y se ordenó al
INVÍAS que adelante los estudios técnicos, científicos y profesionales en
el sector comprendido entre el puente sobre el río Buesaquito y el ingreso
al casco urbano del municipio, a fin de que no quede aislado por vía
terrestre de la capital del Departamento de Nariño.

Por su parte, en el fallo proferido el 2 de marzo de 2010, el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Pasto resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva respecto del Departamento de Nariño, por
las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: DECLARAR de oficio probada la excepción de cosa
juzgada parcial respecto del derecho e interés colectivo a la
seguridad y a la prevención de desastres previsibles
técnicamente de los transeúntes de la vía – Pasto – Buesaco,
dado que fue objeto de pronunciamiento en la Acción Popular
radicada con el No. 2008-00190.

TERCERO: DECLARAR que en el presente proceso no se amenazó o
vulneró el derecho e interés colectivo a la moralidad administrativa
por parte del Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, de conformidad
con lo expuesto en este fallo.

CUARTO: AMPÁRESE el derecho e interés colectivo a la seguridad y
la prevención de desastres previsibles técnicamente, respecto de
los habitantes del municipio de Buesaco y de las Veredas Pajajoy e
Higuerones. En consecuencia, se ordena al Municipio de Buesaco
(N), que dentro del término de seis (6) meses contados a
partir de la ejecutoria de esta sentencia, realice los estudios
de micro zonificación geotécnica y los demás estudios
pertinentes en el Municipio de Buesaco y en las veredas
Pajajoy e Higuerones, para determinar si las viviendas
construidas deben ser mejoradas, rehabilitadas o reubicadas. Dicho
estudio deberá ser avalado por INGEOMINAS.

Así mismo se dispone que las medidas que la administración
determine adoptar sean implementadas por el municipio
demandado en un término máximo de dos (2) años contados desde
el vencimiento del primer plazo mencionado, para lo cual el
MUNICIPIO DE BUESACO adelantará las operaciones presupuestales
que se requieran.

QUINTO: CONFORMAR un Comité de verificación de las obras que
se ordene realizar, integrado por el Defensor del Pueblo – Regional
Nariño y el Personero Municipal de Buesaco.

SEXTO: CONCEDER a la FUNDACIÓN JURÍDICA POPULAR DE
COLOMBIA, en su calidad de actor popular un incentivo equivalente

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a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que
deberá ser cancelado por el Municipio de Buesaco, máximo dentro
de los dos meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

SÉPTIMO: En firme esta providencia se remitirán copias a la
Defensoría del Pueblo Regional Nariño, a la Personería Municipal de
Buesaco, a INGEOMINAS y a CORPONARIÑO.

OCTAVO: Copia de este fallo se remitirá a la Defensoría del Pueblo
con sede en la ciudad de Bogotá.”

En este pronunciamiento se declara la excepción de cosa juzgada parcial
respecto a lo decidido en la sentencia proferida el 27 de marzo de 2019
en el proceso 2008-00190, específicamente en lo relacionado con
adelantar los estudios técnicos, científicos y profesionales en el sector
comprendido entre el puente sobre el río Buesaquito y el ingreso al casco
urbano del municipio de Busaco, a fin de que no quede aislado por vía
terrestre de la capital del Departamento de Nariño. Adicionalmente se
ordenó al municipio de Buesaco que realice los estudios de
microzonificación geotécnica en el casco urbano y en las veredas Pajajoy
e Higuerones, para determinar si las viviendas construidas deben ser
mejoradas, rehabilitadas o reubicadas.

Ahora, en el fallo que es objeto de apelación en la presente acción
popular, según se transcribió en líneas anteriores, se declaró probada
parcialmente la excepción de cosa juzgada en lo concerniente a la
realización de estudios técnicos y científicos, y se ordenó al municipio de
Buesaco, entre otras cosas, que realice o contrate un estudio técnico de
tránsito y movilidad a efectos de obtener diseños de mejoramiento del
espacio público y ordenamiento para construir las obras atinentes a la
señalización, construcción de reductores de velocidad, rampas y andenes,
instalación de semáforos, construcción de puentes peatonales si a ello
hubiere lugar, sardineles, separadores centrales, y el diseño,
implementación y ejecución de campañas de sensibilización social
dirigidas a la comunidad en temas de espacio público y movilidad, así
como también, las demás obras que fueren indispensables para evitar la
alta accidentalidad que se viene presentando en la vía nacional que
atraviesa el casco urbano del municipio de Buesaco.

V.2.2.1. Causa petendi

La Sala se permite exponer los fundamentos fácticos y jurídicos que
determinan la causa petendi de cada proceso, así:

V.2.2.1.1. Fundamentos fácticos

En cuanto a los fundamentos fácticos, la Sala se permite transcribir los
hechos expuestos en la acción popular radicada bajo el número 2008-
00190, fallada por el Juzgado Tercero Contencioso Administrativo del
Circuito de Pasto el 27 de marzo de 2009, la acción popular radicada con
el número 2008-00180-00, fallada por el Juzgado Séptimo Administrativo

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del Circuito de Pasto, y la acción popular 2013-00357 que ahora se
estudia, así:

Proceso número Proceso número Proceso actual 52-
52001-3331-003- 52-001-3331-007- 001-23-33-000-
2008-00190-00 2008-00180-00 2013-00357-02
(AP) (AP)
El actor popular señaló La parte accionante Indicó que el
que el municipio de argumentó que, municipio de
Buesaco es paso debido a una falla Buesaco es un lugar
obligatorio hacia los geológica, la que se ha convertido
municipios del norte, a carretera que en un paso
través de la única vía comunica al municipio obligatorio de los
existente, de Buesaco con el municipios del norte
convirtiéndose en eje municipio de Pasto se de Nariño, desde y
fundamental del encuentra en estado hacia la ciudad de
desarrollo social, de deterioro y Pasto, así como
administrativo y amenaza con también vehículos
económico de la hundimiento de otras partes del
región norte de definitivo. país, por existir una
Nariño, por la cual se autorización emitida
movilizan diariamente Afirma que el derecho el 4 de marzo del
miles de personas en e interés colectivo a la 2013 por el
vehículos particulares moralidad Secretario de
y de servicio público. administrativa se ha Gobierno del
vulnerado ante la municipio.
Afirmó que en el falta de inversión de
trayecto Pasto las autoridades Explicó que siendo la
Buesaco entre los estatales en la calle principal del
kilómetros construcción de una casco urbano la
comprendidos entre el variante por misma vía del
K 32+000 hasta K Santacruz, dado que denominado paso
39+500, se existen estudios de nacional, transitan
encuentran daños de factibilidad de esta automóviles,
gran magnitud, medida, realizados vehículos de carga
consistentes en por la firma pesada. Aunado a
hundimientos, Acuaterra de ello, y a raíz del
pérdida de banca, Manizalez, por valor crecimiento
agrietamientos, de $140.000.000. demográfico,
derrumbes y también se ha
filtraciones de agua Indicó que la falla elevado el número
que amenazan la geológica ha de automotores
seguridad de las afectado muchas propios de los
personas que por viviendas ubicadas habitantes del
allí transitan. en el Barrio Sur de municipio; lo cual
Buesaco y las veredas ha generado que
Pajajoy e Higuerones los peatones se
debido al hundimiento vean expuestos a
del suelo, causando la constantes
demolición de varias riesgos de
de ellas. accidentes fatales

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al momento de
intentar cruzar la
aludida calle.

Indicó que,
tratándose de una
vía nacional, el
mantenimiento y
seguridad en su
utilización está a
cargo del INVIAS,
obligación
contemplada en los
artículos 1 y 2 del
Decreto 2056 del
2003 y el artículo 57
del Código Nacional
de Tránsito,
respectivamente.
Obligación que
también recae sobre
las autoridades
municipales, en
cuanto a velar por la
protección, uso y
goce del espacio
público de su
jurisdicción.

Resaltó que en
dicha vía no hay
ningún tipo de
señalización,
puentes
peatonales,
semáforos, entre
otros, que
permitan al
transeúnte cruzar
la calle con
seguridad. Acentúa
que el índice de
inminente peligro se
agrava en las horas
de entrada y salida
de los colegios, esto
es, más de mil
menores de edad
que
indiscriminadamente
deben caminar y

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cruzar la calle
principal en
cuestión.

El accionante
considera que la
saturación de todo
tipo de vehículos y
personas (7.000
habitantes) no da
lugar a una
"mínima e ineficaz
señalización de
tránsito" ya que el
problema de
movilidad en el
casco urbano es de
tal magnitud, que se
debe considerar
necesariamente la
posibilidad de abrir
una vía transversal.

Como puede observarse, los hechos planteados en las acciones populares
2008-00190-00 y 2008-00180-00 giran en torno a problemáticas
diferentes a la popular 2013-00357-02, pues, mientras en las dos
primeras se ponen de presente fallas geológicas tales como hundimientos,
pérdida de banca, agrietamientos, derrumbes y filtraciones de agua en el
trayecto vial Pasto Buesaco entre los kilómetros K 32+000 hasta K
39+500, en la popular que es objeto de estudio en este proceso (2013-
00357) se pone de presente el alto flujo vehicular, la falta de señalización,
puentes peatonales y semáforos en la calle principal del casco urbano del
municipio de Buesaco.

V.2.2.1.2. Fundamentos jurídicos

La Sala observa que en las tres acciones populares se pone de presente
la vulneración del derecho colectivo a la prevención de desastres
previsibles técnicamente, dado que, si bien se trata de problemáticas
diferentes, las mismas afectan el mismo derecho colectivo.

V.2.2.2. Objeto del litigio

En lo concerniente al objeto del litigio, en cada acción popular se
invocaron las siguientes pretensiones:

Proceso número Proceso número Proceso actual 52-
52001-3331-003- 52-001-3331-007- 001-23-33-000-
2008-00190-00 (AP) 2008-00180-00 2013-00357-02 (AP)
“Que previos los “PRIMERA: ORDENAR “1. Se protejan los
trámites previstos en la protección de los derechos colectivos a

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la Ley 472 de 1998, se derechos e intereses la seguridad y
haga cesar la colectivos invocados, prevención de
amenaza, el peligro y así como los que desastres en
el riesgo del derecho a encuentre conexidad con
la seguridad y configurados el derechos
prevención de juzgado. fundamentales a la
desastres previsibles vida e integridad física
técnicamente, SEGUNDA: ORDENAR de los habitantes del
ordenando la a los accionado municipio de Buesaco
apropiación de los oficiales, para (Nariño).
recursos por el garantizar el 2. Se ordene a
rubro de restablecimiento de INVIAS o al Municipio
emergencia para la los derechos colectivos de Buesaco, "realicen
ejecución concreta vulnerados, tomar los estudios técnicos
y técnica de obras medidas como las y/o científicos a
civiles, en los siguientes: efectos de determinar
tramos afectados y 2.1 En el término de la viabilidad técnica de
la adopción de las tres meses siguientes variar el PASO
medidas que sean a la sentencia, iniciar NACIONAL del lugar
necesarias para la las gestiones, tomar en que actualmente
garantía de los las medidas se encuentra hacia
derechos administrativas otro trasversal". De
vulnerados.” necesarias y asignar proceder a dicho
los recursos para estudio, se ordene a
posibilitar la uno u otro según sus
construcción de la competencias, se
variante por Santa hagan las
Cruz, obra que apropiaciones
deberá culminarse presupuestales y
en el término ajuste jurídico
máximo de seis administrativos
meses siguientes a necesarios para su
este fallo. ejecución.
2.2. En el término de 3. Si técnicamente
tres meses siguientes no es posible el
a la sentencia, iniciar cambio del paso
las gestiones, tomar nacional se ordene a
las medidas INVIAS o al Municipio
administrativas de Buesaco, realizar
necesarias, y asignar los estudios técnicos o
los recursos científicos tendientes a
necesarios para determinar las
posibilitar la acciones y obras
reubicación de necesarias para
Buesaco, todo de conjurar el peligro de
conformidad a los la comunidad de este
resultados de la municipio para lo cual
prueba técnica, sin deberán hacerse las
que en ningún apropiaciones
momento, transcurran presupuestales
más de doce meses, o correspondientes.

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el plazo que determine 4. De igual modo
el Juzgado, sin haber sean practicadas las
culminado la obra. respectivas
inspecciones y
TERCERA: pruebas periciales,
CONFORMAR un con cargo al Fondo
Comité de verificación para la Defensa de los
integrado por la Derechos e Intereses
Defensoría del Pueblo, Colectivos, por cuanto
la Procuraduría no se dispone de los
Regional, Personería recursos necesarios y
Municipal de Buesaco, la finalidad es proteger
la ONG accionante, y a los miembros de la
demás autoridades comunidad de
que el juzgado Buesaco.
disponga.
5.- Para evitar la
CUARTA: CONDENAR causación de un daño
a cada uno de los irreparable en la
accionados a pagar los integridad o vida de
incentivos en la esta comunidad, y en
máxima cuantía de especial la garantía de
que el artículo 39 de la la seguridad de los
Ley 472 de 1998, estudiantes de los
anotando establecimientos
expresamente, que no educativos del casco
se solicitan los urbano, se decrete
incentivos previstos en una medida cautelar
el art. 40, por cuanto tendiente a
no se trata de una determinar e
acción de implementar con
enriquecimiento urgencia el modo de
particular, sino del contrarrestar tal
favorecimiento a peligro.”
comunidades pobres y
vulnerables de esta
región de Nariño,
siendo en cambio el
incentivo en salario
mínimos un justo
premio al actor
popular diligente.

Como puede apreciarse, las pretensiones en cada uno de los procesos no
son las mismas. Mientras que en los procesos 2008-00190 y 2008-00180
se busca la construcción de una variante por el sector Santa Cruz, y la
reubicación del municipio de Buesaco, debido a la falla geológica que se
presenta en el paso nacional, en la acción popular 2013-00357-02 se
pretende que se realicen estudios técnicos para determinar la viabilidad
de variar el paso nacional por otro sector, debido al alto flujo vehicular

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que se presenta por el sector y a los accidentes que se presentan debido
a la falta de una adecuada señalización en la zona.

Ahora bien, el a quo señala que en la popular 2008-00190 se tuvo en
cuenta el estudio titulado “Estudios geotécnicos y diseño de las obras para
controlar la inestabilidad en el paso por Buesaco, de la carretera Pasto,
Buesaco, Higuerones”, llevado a cabo por la firma de ingenieros
ACUATERRA, en diciembre del año 2001. 6 A juicio del tribunal, en el
estudio en comento se establecieron causas, conclusiones y
recomendaciones con el fin de contrarrestar el problema de inestabilidad
del suelo en el casco urbano del municipio de Buesaco, lo cual, a su juicio,
guarda íntima relación con el asunto objeto de examen.

No obstante lo anterior, esta Sala advierte que el problema geotécnico en
el sector donde cruza el paso nacional por el municipio de Buesaco no es
objeto de estudio en la presente acción popular. Lo que constituye el
objeto de estudio en la presente acción popular es el presunto problema
de alto flujo vehicular y falta de adecuada señalización en la vía nacional
que atraviesa el casco urbano del citado municipio, y como consecuencia
de ello, la solicitud de realizar estudios y desarrollar un proyecto de obra
pública para que se construya una variante que no pase por el centro
urbano.

Adicionalmente, una vez leído el estudio en comento, se observa que en
ninguna parte se hizo alusión a la posibilidad de variar o no el paso
nacional a una vía alterna. Luego, no es posible concluir, como lo hizo el
a quo, que se configura la cosa juzgada respecto de la pretensión
consistente en la realización de estudios técnicos para variar el paso
nacional del municipio de Buesaco.

Así mismo, en el estudio llevado a cabo por INGEOMINAS en el año 2009,
en la acción popular 2008-00190, se puso de presente que, dada la
ubicación geográfica del municipio, este se encuentra afectado por el
sistema de falla geológica ROMERAL, asunto que igualmente es ajeno a la
presente acción popular.

La Sala observa que en el expediente obran los siguientes estudios:

• Estudio llevado a cabo por el Servicio Geológico Colombiano
INGEOMINAS el 10 de septiembre de 2013, en el cual indica que no
ha desarrollado estudios puntuales en el municipio de Buesaco, que
se ha desarrollado cartografía geológica en el territorio, pero no
estudios de tipo geotécnico.

• Estudio llevado a cabo por el INVÍAS titulado “EVALUACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE ESTABILIDAD PARA LA VÍA 2501A EN EL PASO
NACIONAL DEL MUNICIPIO DE BUESACO ENTRE LOS PR 36+0000
Y PR 39+0000” fechado el 2 de junio de 2010.7 En este estudio se
analizan las condiciones de la vía comprendida entre el Río Buesaco

6
Estudio obrante a folios 169 a 281 del cuaderno principal.
7
Folios 283 a 295 del cuaderno principal.

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y el Casco Urbano, por la ola invernal y la inestabilidad de las
laderas.

• “Estudios geotécnicos y diseño de las obras para controlar la
inestabilidad en el paso por Buesaco, de la carretera Pasto,
Buesaco, Higuerones”, llevado a cabo por la firma de ingenieros
ACUATERRA, en diciembre del año 2001. En este estudio se realizan
recomendaciones para tomar medidas por los problemas de
inestabilidad y hundimientos de la vía nacional que cruza el
mentado municipio.

En este contexto, para la Sala es claro que, así como lo sostiene el
Ministerio Público, en las acciones populares falladas previamente, no se
tuvo en cuenta un estudio concreto en relación con la viabilidad de variar
el paso nacional que cruza el municipio de Buesaco por otro sector. Por lo
tanto, no es posible advertir la configuración de la cosa juzgada en
relación con este estudio puntual.

Así las cosas, no se configura el fenómeno de la cosa juzgada parcial como
lo advirtió el tribunal, dado que la causa petendi y el objeto del litigio en
cada uno de los procesos es diferente.

Por lo expuesto, la Sala revocará el numeral primero de la sentencia
apelada, que declaró probada parcialmente la excepción de cosa juzgada
en lo concerniente a la pretensión de realizar estudios técnicos y
científicos para examinar la viabilidad de variar el paso nacional por otro
sector.

V.3. Problema de hecho

De manera previa a la formulación de los problemas de derecho, la Sala
observa que el tribunal cita en su fallo unos testimonios en los cuales se
afirma que la accidentalidad en la vía nacional que atraviesa el casco
urbano del municipio de Buesaco no se soluciona con una transversal,
pues el paso nacional no está saturado. Por su parte, en el recurso de
apelación, la parte actora manifiesta que la vía nacional presenta un alto
flujo vehicular y de accidentalidad.

En este contexto, la Sala debe resolver si es cierto que la vía nacional que
atraviesa el municipio de Buesaco, Nariño, presenta alto flujo vehicular y
de accidentalidad.

A este respecto, en el expediente obran las siguientes pruebas:

1.-. Oficio fechado el 19 de julio de 2013, en el cual el Gerente del Centro
de Salud – Empresa Social del Estado Virgen de Lourdes de Buesaco
certifica que, a partir del primero de febrero de 2013 hasta el 11 de julio
de 2013, se han presentado 40 accidentes de tránsito, información que
se sustrae del software de la ESE Virgen de Lourdes. 8

8
Folio 19 del cuaderno principal

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2. Certificado expedido por el Concejo Municipal de Buesaco, Nariño,
fechado el 22 de septiembre de 2014, en el cual se indica que, “revisado
el archivo institucional de la Corporación se encontraron las actas y oficios
de invitación a las diferentes autoridades para debatir el problema de
la movilidad y accidentalidad en el casco urbano de Buesaco
Nariño.”9(Se destaca)

4. Testimonios rendidos por Vicente Efraín Lima Zamara y Ana Isabel
Jurado Santacruz, exfuncionarios del INVÍAS, quienes afirman que la
accidentalidad en la vía no se soluciona con una transversal, pues el paso
nacional no está saturado, de ahí que es necesaria la implementación de
campañas pedagógicas encaminadas a crear conciencia en la colectividad
respecto de las normas de tránsito y transporte.10

5. Fotografías donde se observa una vía con alto flujo de vehículos y
personas.11

6. Inspección judicial llevada a cabo el 2 de diciembre de 2015, por el
Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Nariño, en la cual se
informó lo siguiente:

“Se inicia recorrido en el barrio Bolívar, que tiene como partida una
estación de gasolina, se observa que confluyen como punto final unas
motocicletas que según se informan, pertenecen a 3 cooperativas del
municipio que hacen mototaxismo que según se informa que por esta
calle ingresan vehículos de todo tipo desde el sur de Nariño hacia
los municipios del norte del Departamento, constituyéndose esta
vía como la vía principal la cual se identifica como la carrera 2. La
vía hace parte del casco urbano y se encuentra asfaltada.

(…) Llegada a la Plaza principal cerca al puesto de Policía Nacional, al lado
izquierdo, se observa 2 camiones sobre la calle según se informa esta vía,
es de carácter peatonal, se observa señalización de 20 kilómetros y se
informa a partir de este punto, cambió la nomenclatura de la vía
convirtiéndose en carrera 3. Se observa mucho flujo de motocicletas
y vehículos, en este sector del parque. A esta hora 12:10 pm se
observa salida de estudiantes del colegio Rafael Uribe, y sobre el
parque principal sobre el que se constituye la iglesia frente a las
instalaciones de la alcaldía, se aprecia vehículos estacionados. Se
informa que en este sector por disposiciones municipales no se puede
parquear vehículos pero debido a la afluencia de personas de otra
parte, los vehículos se estacionan en lugar donde encuentren
disponible (…) Desde la esquina principal del parque, tres cuadras más
abajo, se aprecia una zona comercial y también se aprecia
estacionamiento de carros de lado y lado de la vía. (…) continuando con
el recorrido en la misma vía, se llega al barrio San Antonio, concretamente
al estadio municipal que es donde termina el paso urbano al igual que
el perímetro urbano nacional. Se sigue observando todo el flujo de
vehículos en sentido norte y sur que hace difícil el tránsito de
patones y automotores. (…)” (Se destaca)

9
Folio 72 del cuaderno principal.
10
Folios 151 a 155 del cuaderno principal.
11
Folios 48 y 54 del cuaderno principal.

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De acuerdo con el dictamen pericial rendido por el ingeniero civil Ricardo
Arturo Villota Rojas, el 26 de abril de 201612, según se ordenó por auto
de pruebas de 16 de agosto de 201413, se puso de presente lo siguiente:

“b) Sobre la saturación de vehículos y personas en dicha vía nacional,
paso nacional y calle principal, especialmente en los días miércoles,
sábados domingos y horas donde salen los estudiantes de sus
establecimiento educativos (1:00 pm)

Respuesta/ La inspección se realizó́ el día sábado (unos de los días
recomendados para la inspección) 16 de abril en horas de la mañana y se
pudo observar un gran flujo de vehículos, peatones y semovientes
entre la plaza central y el centro de salud ESE Virgen de Lourdes,
dadas las connotaciones comerciales y de paso obligado por esta
vía hacia el municipio de la Unión (Nar) y otros municipios, sin
embargo para dar un dato preciso del grado de saturación vehicular y
peatonal en términos porcentuales, se recomienda realizar un Estudio de
tránsito y movilidad del sector.

c) Si existe o no peligro para las personas.

Respuesta/ La inspección ocular permitió́ determinar que sí existe
peligro para las personas, por el incipiente espacio público
existente (andenes angostos), obstrucción al paso de peatones en
la zona comercial por razones de cargue y descargue de
mercancías, postes en los andenes que obligan al peatón a circular
por la bermas y cuando las bermas están ocupadas por parqueo
de vehículos, los peatones deben desplazarse por los carriles
vehiculares. También se observa falta de señalización para cruces
peatonales, los únicos que existen se encuentran en los sectores de los
dos cruces semaforizados. El parqueo de vehículos y semovientes en
bermas de anchos reducidos, dificulta el paso vehicular por los carriles
principales de circulación. Las tachas faltantes en los reductores de
velocidad evitan el normal funcionamiento del reductor. Existen tramos
largos de vía o calle sin reductores y no hay puentes peatonales. El estado
del pavimento también podría generar accidentes por la presencia de
baches y hundimientos. En la visita no se observó́ presencia de policía de
tránsito.

En el expediente del proceso se encuentran tablas con listados de
personas que han sufrido accidentes, tablas expedidas por la ESE
Virgen de Lourdes como accidentes en el Municipio de Buesaco y
tomadas de sus bases de datos, sin embargo no hay claridad para
el perito si los accidentes reportados corresponden a la calle principal
o en general al municipio de Buesaco, por lo tanto no se pudo analizar la
información para determinar, por ejemplo, los días de la semana de mayor
accidentalidad en la calle principal.” (Se destaca)

Como puede apreciarse, después de una interpretación en conjunto de las
pruebas relacionadas con el flujo vehicular en la vía nacional que atraviesa
el casco urbano del municipio de Buesaco, se observa que es cierto que
en esta vía se presenta un alto flujo de todo tipo de vehículos que ingresan

12
Folios 172 a 199 del cuaderno principal.
13
En el cual se dispuso decretar un dictamen pericial, consistente en la realización de una evaluación técnica
del sector objeto de la acción popular.

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desde el sur de Nariño hacia los municipios del norte del Departamento,
que también hay un flujo alto de peatones y que se presentan accidentes.

V.4. Procedencia de estudio técnico para variar el paso nacional

Ahora bien, como se explicó, no se configura el fenómeno de la cosa
juzgada parcial, dado que la causa petendi y el objeto del litigio en cada
uno de los procesos estudiados es diferente.

En consecuencia, en cuanto a la pretensión consistente en realizar un
estudio técnico para determinar la viabilidad de variar el paso nacional
que cruza por el municipio de Buesaco, la Sala observa que la misma es
procedente, bajo los siguientes aspectos:

En primer lugar, de acuerdo al dictamen practicado, se tiene acreditado
un problema de movilidad en el paso nacional que atraviesa el casco
urbano del municipio de Buesaco Nariño, en el que se reportan una serie
de accidentes.

Cabe anotar que, en la sentencia de primera instancia, el tribunal declaró
no probada la excepción denominada “inexistencia de vulneración de
derechos colectivos”, y en su lugar, protegió los derechos e intereses
colectivos a la seguridad y prevención de desastres de la población del
Municipio de Buesaco (Nariño), conculcados por el citado municipio y por
el Instituto Nacional de Vías.

Como consecuencia de ello, el tribunal dispuso que el municipio de
Buesaco, Nariño, debe contratar un estudio técnico de tránsito y movilidad
a efectos de obtener diseños de mejoramiento del espacio público y
ordenamiento para construir las obras atinentes a la señalización,
construcción de reductores de velocidad, rampas y andenes, instalación
de semáforos, construcción de puentes peatonales, si a ello hubiere lugar,
sardineles, separadores centrales, y el diseño, implementación y
ejecución de campañas de sensibilización social dirigidas a la comunidad
en temas de espacio público y movilidad, así como también, las demás
obras que fueren indispensables para evitar la alta accidentalidad que se
viene presentando en la vía nacional que atraviesa el casco urbano del
municipio de Buesaco (Nariño).

Respecto al problema que originó la presente acción popular, se tiene que
en el dictamen pericial rendido por el ingeniero civil Ricardo Arturo Villota
Rojas el 26 de abril de 201614, se recomendó lo siguiente:

“d) Y sobre las medidas que deben adoptarse.

Respuesta/.- Se recomienda realizar un estudio de tránsito y
movilidad y a partir de éste, obtener diseños de mejoramiento del
espacio público urbano y ordenamiento para construir las obras resultado
de las recomendaciones de ese estudio para establecer la necesidad de
puentes peatonales, más cruces semaforizados, ampliación de andenes,
establecimiento de zonas de parqueo, restricción de horarios para cargue
14
Folios 172 a 199 del cuaderno principal.

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y descargue de mercancías en la zona comercial, y todas las demás
medidas que sean necesarias para mejorar la movilidad y garantizar la
seguridad de peatones y usuarios de transporte en bicicletas,
motocicletas, vehículos particulares, buses, camiones, etc.

.- En principio, mientras se elaboran los estudios detallados y se busca
presupuesto, se recomienda tomar medidas inmediatas en cuanto a la
reparación del pavimento, demarcación horizontal suficiente en cuanto a
líneas longitudinales de delimitación de carriles, demarcación de paso de
peatones, poner más reductores de velocidad tipo resalto parabólico ya
que los de tachas reflectivas están perdiendo sus elementos.

.- Algo muy relevante es iniciar campañas de sensibilización y trabajo de
pedagogía con la comunidad relacionada con los temas de movilidad y
seguridad vial, inclusive desde la etapa escolar de los ciudadanos del
sector.

.- Es muy importante también efectuar controles con policía de tránsito
para que los conductores y peatones del sector y de paso tengan
conocimiento del comportamiento vial exigido al paso por la población de
Buesaco.”

(...)

“f) Y demás aspectos que tanto su despacho como el señor perito
consideren pertinentes y necesarios

Respuesta:

Dentro de las alternativas de soluciones para reducir el volumen de
tránsito vehicular y la accidentalidad en la calle principal de Buesaco, se
ha escuchado sobre proyectar la construcción de una variante
perimetral al municipio, lo cual no es imposible pero sí de muy
difícil obtención ya que las condiciones topográficas de la región
harían dificultoso encontrar una línea pendiente que cumple con
las normatividades exigidas en la ingeniería de carreteras, dicha
situación se encuentra a ambos lados de Buesaco, por tanto que el
terreno útil del sector está ocupado precisamente por la población.
Aunado al tema de la dificultad topográfica, la construcción de una vía por
las laderas conllevaría la implementación de varias obras viales
especiales, esto sin contar con los problemas que se encuentren con la
parte geológica, en lo que tiene sus antecedentes la región.

También se quiere manifestar que se visitaron calles alternas, que un
futuro estudio de tránsito podría verlas como alternativa de variantes; la
primera corresponde a la carrera 4 entre calles 3 y 7 pasando por la plaza
de mercado, esta vía no permite conectar los puntos más extremos a las
entradas sur y norte del pueblo, además es una calle con pavimento
articulado (adoquines) no apta para tráfico frecuente y pesado.

La segunda alternativa es el uso de la carrera 1 entre calles 4 y 13 que
igual que la anterior alternativa, no conecta los puntos más extremos a
las entradas sur y norte del pueblo, además es una vía en pavimento
articulado (adoquines) no apta para tráfico frecuente y pesado.

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Las dos vías son para uso urbano, se recomienda el uso de estas calles
como alternas a la vía nacional hasta tanto no se hagan estudios
detallados y mejoramientos pertinentes si aplica.

Dada la dificultad que representan las alternativas de variantes para
desviar el tráfico vehicular, se hace necesario que se tomen acciones
inmediatas en recuperar la señalización vial aplicando las nuevas
normativas del INVIAS, se realice un Estudio de Tránsito y Movilidad
Vehicular y peatonal y se apliquen las recomendaciones producto del
mencionado estudio y se complemente con la sensibilización de la
comunidad a como de lugar.” (Se destaca)

En complementación al dictamen, el perito afirmó lo siguiente: “En el
informe pericial se plantean algunas acciones de soluciones al problema
y se conceptúa sobre la variación del paso por Buesaco, el cual aunque
tiene sus dificultades no se lo ha descartado del todo, pero
también el informe no asevera que sea una solución definitiva y
de fondo.”15 (Se destaca)

Respecto a lo anterior, es pertinente mencionar que en el dictamen
pericial, si bien es cierto, menciona algunas dificultades para variar el
paso nacional, no expresa su improcedencia, situación esta última que
solo podrá ser determinada por un estudio técnico que así lo defina.

La Sala observa que, con el fin de proteger adecuadamente el derecho
colectivo objeto del presente proceso, se hace necesario elaborar un
estudio integral de tránsito y movilidad que analice todas las posibilidades
o alternativas existentes, así como la comparación de beneficios y costos
en cada una de las opciones planteadas para establecer su viabilidad, que
no solamente indique diseños de mejoramiento del espacio público
urbano, sino que adicionalmente, incorpore un análisis orientado a
determinar la viabilidad o no de variar el paso nacional del municipio de
Buesaco.

Por lo tanto, en este punto, la Sala concederá la pretensión de realizar el
estudio, bajo las condiciones indicadas, por lo que en este sentido
modificará la orden dada por el ad quo.

V.5. Competencia del INVÍAS y del municipio de Buesaco para
cumplir las órdenes impartidas por el a quo

A juicio de la parte actora, el a quo ordenó al municipio de Buesaco
realizar un estudio técnico de tránsito y movilidad a efectos de obtener
diseños de mejoramiento de espacio público, señalizaciones, reductores
de velocidad, rampas y andenes, instalación de semáforos, puentes
peatonales, y a INVÍAS, que es la entidad a cargo de la vía, sólo le ordenó
vigilar, ser un simple espectador, cuando por mandato legal es esa
entidad la competente para garantizar la seguridad y el mantenimiento
de las vías que están en su inventario, y debe llevar a cabo los estudios
y las obras que sean necesarias.

15
Folio 215 del cuaderno principal.

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Para resolver el presente asunto, la Sala se permite exponer el marco
normativo y jurisprudencial en torno a las competencias de los municipios
y del INVÍAS en el mantenimiento y adecuación de las vías del orden
nacional, y con base en estos elementos se resolverá el caso objeto de
examen.

V.5.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre las competencias
y responsabilidades en la administración y gerencia de la red vial
nacional

La Sección Primera de la Corporación, en sentencia de 31 de agosto de
201616, analizó las atribuciones del INVÍAS previstas en el Decreto 2618
de 201317, cuyo artículo 1° dispone que el objeto de esa entidad versa
sobre: “(…) la ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional
de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura
marítima, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de
Transporte (…)”.

En ese orden de ideas, el artículo 2º del mencionado Decreto contempla,
entre otras, las siguientes funciones de INVÍAS:

“(…) 2.1 Ejecutar la política del Gobierno Nacional en relación con la
infraestructura de su competencia, de conformidad con los lineamientos
establecidos por el Ministro de Transporte.

2.2 Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Transporte los planes,
programas y proyectos tendientes a la construcción, reconstrucción,
mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de
emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura de su
competencia.

[…]

2.5. Asesorar y prestar apoyo técnico a las entidades territoriales
o a sus organismos descentralizados encargados de la
construcción, mantenimiento y atención de emergencias en las
infraestructuras a su cargo, cuando ellas lo soliciten.

[…]

(…)

2.13. Definir las características técnicas de la demarcación y
señalización de la infraestructura de transporte de su competencia,
así como las normas que deberán aplicarse para su uso (…)”.
(Negrillas y subrayas fuera de texto)

16
H. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de agosto
de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Proceso No. 52001-23-31-000-2012-00127-01.
17
“Por el cual se modifica la estructura del Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y se determinan las funciones
de sus dependencias”.

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Por su parte, el artículo 16 de la misma normativa, establece en su
articulado lo siguiente:

“[…] Artículo 16. Subdirección de la Red Nacional de Carreteras. Son
funciones de la Subdirección de la Red Nacional de Carreteras, las
siguientes:

[…]

16.2. Administrar integralmente los procesos de construcción,
conservación, rehabilitación, operación, señalización y de
seguridad de la infraestructura vial primaria y secundaria no
concesionada.

[…]

16.4. Elaborar los estudios previos y especificaciones técnicas
directamente o a través de terceros para la contratación de estudios,
diseños y obras de la infraestructura a su cargo.

16.5. Liderar la planificación, programación y metodología del
proceso de supervisión, ejecución y seguimiento a las
interventorías de los contratos de ejecución de obras de la
infraestructura vial de su responsabilidad.

[…]

16.8. Asistir a las Direcciones Territoriales en el proceso de
supervisión, ejecución y seguimiento de los contratos bajo su
responsabilidad […]”. (Negrillas y subrayas por fuera del texto original)

Además de las normas anteriormente citadas, el artículo 76.4.1 de la Ley
715 de 21 de diciembre de 200118 establece como obligación del ente
territorial, lo siguiente:

“[…] 76.4.1. Construir y conservar la infraestructura
municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas,
veredales y aquellas que sean propiedad del municipio, las
instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los aeropuertos
y los terminales de transporte terrestre, en la medida que
sean de su propiedad o cuando éstos le sean
transferidos directa o indirectamente […]”. (Destaca la
Sala)

De otra parte, el Decreto nro. 1735 del 28 de agosto de 200119, establece
en su artículo 4 lo siguiente:

“Artículo 4°. Fijar la Red Nacional de Carreteras construida a cargo del
Instituto Nacional de Vías, de conformidad con el Documento Conpes

18
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
19
“Por el cual se fija la Red Nacional de Carreteras a cargo de la Nación Instituto Nacional de Vías y se adopta
el Plan de Expansión de la Red Nacional de Carreteras y se dictan otras disposiciones".

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número 3085 del 14 de julio de 2000, la cual está constituida por 16.575,1
km. de los cuales 11.650,4 km. corresponden a carreteras pavimentadas
y 4.924,70 km. a carreteras en afirmado, de acuerdo con la evaluación
realizada en diciembre de 1999, así:

Código Sector Km.

1.Troncal de Occidente

(…)

2. Alternas a la Troncal de Occidente

2501 A. Pasto-Buesaco-Mojarras 134.70”

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 literal d) del Decreto 80 de 1987,
“por el cual se asignan funciones a los municipios en relación al transporte
urbano”, “Corresponde a los municipios y al Distrito Especial de Bogotá,
a partir de un año de la vigencia del presente Decreto, el ejercicio de las
siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas que le hayan sido atribuidas
por anteriores disposiciones: d) (…) iii) adecuar la estructura de las
vías nacionales dentro del respectivo perímetro urbano de
conformidad con las necesidades de la vida municipal.” (Se
destaca)

En concordancia con lo anterior, en sentencia proferida el 22 de julio de
200920, la Sección Tercera de la Corporación explicó lo siguiente:

“En primer lugar, señaló el INVIAS que, considerando que el kilómetro 5
de la Av. Simón Bolívar –ubicado frente al SENA- estaba ubicado en el
perímetro urbano del municipio, su mantenimiento y señalización era
responsabilidad del ente territorial, según lo dispuesto en la letra d) del
art. 1 del decreto 80 de 1987 y el art. 113 del decreto 1809 de 1990 –
antes citado-.

Al respecto se tiene la certificación expedida por el Jefe de la Oficina
Jurídica de la alcaldía de Buenaventura, el 23 de junio de 1998, “el tramo
del kilómetro 5 frente al SENA de la Avenida Simón Bolívar, es zona
urbana” –fl. 70, cdno. 3-.

No obstante, la letra d) del art. 1 del decreto 80 de 1987 no atribuye a
los municipios el mantenimiento y la señalización de las vías
nacionales, pues prescribe, expresamente, que los municipios tienen la
obligación de “adecuar la estructura de las vías nacionales dentro
del respectivo perímetro urbano de conformidad con las
necesidades de la vida municipal”. A su vez, el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua define el verbo “adecuar” como: “Proporcionar,
acomodar, apropiar algo a otra cosa”.

En efecto, la norma regula aquella situación fáctica en la que una vía
nacional se ubica en el perímetro urbano de un municipio, situación que
le exige, eventualmente, intervenir la vía en su estructura o

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero Ponente: Enrique Gil
Botero, Bogotá D.C., 22 de julio de 2009, radicación número: 76001-23-31-000-1995-01182-01(16333),
actor: Flor Delid Valencia Hincapie y otros, demandado: Instituto Nacional de Vías.

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realizar las obras que demande a efectos de acomodarla o
adecuarla a las exigencias propias del área o perímetro urbano.

Así mismo, es trascendental, a efectos de establecer el alcance de la
obligación de adecuación de esas vías nacionales, determinar en qué
consiste el “perímetro urbano”, para lo que es preciso acudir al art. 31 de
la ley 388 de 1997, la cual expresa al respecto:

“Suelo urbano. Constituyen el suelo urbano, las áreas del territorio
distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de
ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes
primarias de energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su
urbanización y edificación, según sea el caso. Podrán pertenecer a
esta categoría aquellas zonas con procesos de urbanización
incompletos, comprendidos en áreas consolidadas con edificación,
que se definan como áreas de mejoramiento integral en los planes
de ordenamiento territorial.

“Las áreas que conforman el suelo urbano serán delimitadas por
perímetros y podrán incluir los centros poblados de los
corregimientos. En ningún caso el perímetro urbano podrá ser
mayor que el denominado perímetro de servicios públicos o
sanitario.” –Resalta la Sala-

Como puede observarse, el área urbana es catalogada como tal, en razón
a sus particularidades, a las cuales debe acomodarse o adecuarse la
respectiva vía nacional ubicada en su perímetro, y fue eso, precisamente,
lo que previó la norma en comento. Siendo así, por el hecho de que la
vía cuente con esa naturaleza y, por tanto, sea responsabilidad del
INVIAS, no impide que el municipio la intervenga y adelante las
obras o adecuaciones estructurales necesarias para garantizar el
normal funcionamiento de la “vida municipal”.

Los conceptos anteriores ofrecen claridad en cuanto a la obligación de los
municipios en relación con las vías del orden nacional que traspasan o se
ubican en el perímetro o suelo urbano, toda vez que, cuando el art. 1 en
su letra d) del decreto 80 de 1987 les impone la obligación de adecuar o
acomodar la estructura de las vías o carreteras nacionales según las
necesidades de la “vida municipal”, hace referencia a la realización de las
obras requeridas para el debido funcionamiento del municipio, esto es,
para la correcta prestación de los distintos servicios públicos -entre ellos
los domiciliarios -, también para garantizar la movilidad vehicular y
peatonal en la zona y, así, facilitar la urbanización y edificación. Según lo
anterior, consecuencialmente, cuando el municipio, en desarrollo de las
actividades necesarias para la adecuación de la vía nacional, cause un
daño antijurídico, el ente territorial responderá.

Es claro que el art. 1 en su letra d) del decreto 80 de 1987 otorga
a los municipios la obligación de realizar, sobre las vías
nacionales, las obras estructurales requeridas para su debido
funcionamiento como ente territorial, aspecto que en todo caso
requiere la intervención física de la carretera; sin embargo, ese
deber no conlleva la realización de obras relacionadas con el
mantenimiento o la señalización de la vía, pues estas son
actividades atribuidas, legalmente, al INVIAS, entidad que, incluso,
en el presente caso, certificó que la conservación, mantenimiento y

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señalización de la Av. Simón Bolívar de Buenaventura –vía nacional- era
su responsabilidad –fls. 4 y 5, cdno. 5-.

Bajo esta perspectiva, se observa que la norma otorga a los
municipios la obligación y/o potestad de adecuar o acomodar las
vías nacionales de acuerdo con sus necesidades, a efectos de
garantizar la prestación de los servicios públicos, situación que
exige la construcción de diferentes redes físicas –alcantarillado,
acueducto, etc.-; de regular la circulación vehicular o peatonal en
la zona, integrando o facilitando la convexidad de esa vía con las
demás del orden municipal –construyendo cruces viales y puentes
peatonales-; facilitar la urbanización y edificación en determinada
área; entre otras actividades con similar finalidad y que no están
relacionadas con la construcción, el mantenimiento o la
señalización de una vía nacional. Sin embargo, no puede
entenderse que dicha obligación de adecuar o acomodar signifique
el mantenimiento, sostenimiento o la señalización de la respectiva
vía nacional.

(…)” (Se destaca)

Como puede apreciarse en el marco normativo y jurisprudencial
transcrito, en el caso de vías nacionales que atraviesan el perímetro
urbano de los municipios, éstos tienen la obligación de realizar sobre ellas,
las obras estructurales requeridas para su debido funcionamiento como
ente territorial, aspecto que en todo caso requiere la intervención física
de la carretera. Sin embargo, ese deber no conlleva la realización de obras
relacionadas con el mantenimiento o la señalización de la vía, pues éstas
son actividades atribuidas al INVIAS.

V.5.2. Caso concreto

En el caso objeto de examen se observa que en el paso nacional que
atraviesa el municipio de Buesaco, Nariño, el tribunal ordenó al INVÍAS y
al municipio lo siguiente:

“CUARTO: ORDENAR al municipio de Buesaco Nariño para que dentro del
término de seis (6) meses siguientes a la fecha de notificación de esta
providencia, realice o contrate un estudio técnico de tránsito y movilidad
a efectos de obtener diseños de mejoramiento del espacio publico y
ordenamiento para construir las obras atinentes a la señalización,
construcción de reductores de velocidad, rampas y andenes, instalación
de semáforos, construcción de puentes peatonales si a ello hubiere lugar,
sardineles, separadores centrales, y el diseño, implementación y
ejecución de campañas de sensibilización social dirigidas a la comunidad
en temas de espacio público y movilidad, así como también, las demás
obras que fueren indispensables para evitar la alta accidentalidad que se
viene presentando en la vía nacional que atraviesa el casco urbano del
municipio de Buesaco (Nariño).

En consecuencia, se ejecutarán las obras que resulten necesarias producto
del estudio técnico de tránsito y movilidad, en un plazo de seis (6) meses
contados a partir del vencimiento del plazo para efectuar o contratar el
mencionado estudio.

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Demandante: Christian Laurin Villota Rosero

QUINTO: ORDENAR al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS — INVÍAS para que
realice una permanente inspección, vigilancia y ejecución de labores
dirigidas al mantenimiento, adecuación y conservación de la vía nacional
que atraviesa el casco urbano del municipio de Buesaco (Nariño), con
recursos económicos propios y en el ámbito de sus competencias. Rendirá
un informe cada seis (6) meses al Municipio señalado, Personería
Municipal de Buesaco, Defensoría del Pueblo y a este Tribunal.”

Sobre este punto, la Sala observa que, según lo disponen los artículos
339 y siguientes de la Constitución Política, a nivel nacional existe un Plan
Nacional de Desarrollo que consta de una parte general y un plan de
inversiones de las entidades públicas. Así mismo, establece que las
entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada
entre ellas y el gobierno nacional planes de desarrollo; lo anterior, con un
objetivo único y transversal de “asegurar el uso eficiente de los
recursos”.

A manera de ejemplo, la Ley 1955 de 2019, por la cual se expidió el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022, se construyó con la participación de
todas las entidades territoriales a nivel nacional y dentro de éste se
establecieron unos pactos regionales - Región Pacífico, Región Caribe,
Seaflower Región, Región Central, Región Santanderes, Región Amazonía,
Región Eje Cafetero y Antioquia, Región Llanos – Orinoquía y Región
Océanos, así como un pacto específico para los grupos étnicos.

Dentro de las nuevas regulaciones que se definieron en este plan, se
destaca la creación del FONDES21, así como la priorización de proyectos
de inversión en vías terciarias a través de los OCAD y del programa
“Colombia Rural”.

Lo anterior son ejemplos de la aplicación del principio de uso eficiente de
los recursos, el cual guarda estrecha relación con la gestión pública que
busca la asignación de los recursos públicos a partir de criterios técnicos
y políticos, sustentado en distintas etapas, que incluyen la planeación,
priorización y distribución de los recursos públicos que van a ser
destinados en los planes de inversión, tanto los nacionales como los
regionales.

Dentro de este contexto, las ordenes incorporadas en los numerales
cuarto y quinto de la sentencia apelada no tienen en cuenta que el
desarrollo de un proyecto de infraestructura vial, sea nacional, terciaria o
veredal, y bajo cualquier modalidad contractual, esto es, APP, concesión
o licitación pública, debe estar precedida de una etapa de planeación en
donde se priorizan los proyectos y programas que va a desarrollar la
entidad. Los escasos recursos que existen para el desarrollo de la
infraestructura vial no se pueden destinar de una manera ineficiente, pues
desconocen la prioridad que surge de estudios detallados elaborados por
las autoridades competentes, y obligan a destinar el presupuesto de
manera desorganizada a la atención de necesidades que, si bien pueden
favorecer a un grupo de personas, necesariamente implican desconocer

21
“El objeto del FONDES será la inversión y financiamiento de proyectos de infraestructura...”

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el desarrollo en su conjunto de la infraestructura, como elemento básico
para la comunidad en general.

En consecuencia, para adoptar órdenes de esta naturaleza, resulta
necesario tener en cuenta el conjunto de planes en los niveles nacional,
regional y territorial, que permitan conocer con ellos los programas y
proyectos que se estén desarrollando o se vayan a implementar en el
corto, mediano y largo plazo; ello, teniendo en cuenta las necesidades del
país en su conjunto, los estudios técnicos de priorización y la situación
particular de ciertas regiones que requieren infraestructura, incluso para
promover el desarrollo y reducir los índices de violencia, en un país que
tiene muchas necesidades y pocos recursos para la inversión, y en el cual
la destinación de los mismos requiere del máximo cuidado.

Ahora bien, de ser necesario la inclusión de un programa o proyecto en el
plan de desarrollo correspondiente, con ocasión de las órdenes
impartidas, según lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia22,
así como la ley orgánica de presupuesto23, la Nación, las entidades
territoriales y los organismos públicos de todo orden, cuentan con la
posibilidad de modificar el plan de desarrollo, siempre y cuando surtan el
procedimiento llevado a cabo durante su aprobación y justifiquen, en aras
del principio de planeación, los motivos que la hicieron necesaria.

En este contexto, y teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite anterior,
el municipio de Buesaco no es el único responsable de construir las obras
atinentes a la señalización, construcción de reductores de velocidad,
rampas y bermas, según su plan de desarrollo territorial, pues son labores
propias que implican la intervención de la vía del orden nacional para la
seguridad de la población, asignadas al INVÍAS, según los proyectos viales
en el corto, mediano o largo plazo. En estos casos, y teniendo en cuenta
que se trata de asuntos en los cuales intervienen el orden nacional y el
orden municipal con el propósito común de ofrecer vías adecuadas a los
ciudadanos en todos sus aspectos, las labores de construcción,
mantenimiento, señalización y adopción de mecanismos que ofrezcan
seguridad sobre la vía a la población le corresponde al INVIAS, sin
perjuicio de la obligación que tiene el municipio de adecuar o acomodar
la vía nacional de acuerdo con sus necesidades, ya sea mediante las
disposiciones de tránsito que se requieran y la asignación de personal
para regular el tráfico, o la construcción de andenes, respetando
obviamente las especificaciones de la vía, o regulando las intercepciones
con las vías del municipio o, en general, realizando las labores que sean
necesarias para el adecuado desenvolvimiento de la comunidad en su
territorio.

En consecuencia, y acorde con lo dicho hasta aquí, con el fin de solucionar
la problemática del municipio, la Sala revocará el numeral primero de la
sentencia apelada y en su lugar dispondrá:

22
Artículos 339 al 344
23
Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

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“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de “Cosa juzgada”
propuesta por el apoderado legal del Instituto Nacional de Vías - INVIAS,
en lo concerniente a los estudios técnicos y científicos.

Así mismo, la Sala modificará los numerales 4 y 5 de la orden impartida
por el tribunal, los cuales quedarán así:

CUARTO: ORDENAR al Instituto Nacional de Vías- INVIAS realizar
un estudio técnico de tránsito y de movilidad integral, que
permita la participación del Municipio de Buesaco, con el fin de que
éste realice observaciones al respecto. El estudio consistirá en:

4.1.- Realizar un diagnóstico de las distintas alternativas, sin
descartar ninguna de ellas, estudiando en detalle cada posibilidad,
por lo que el estudio también deberá contemplar la alternativa de
construir una variante para el paso nacional que atraviesa el
municipio, definiendo su viabilidad y eficiencia, para así llegar a
determinar la opción más eficiente para solucionar la problemática
del municipio, teniendo en cuenta la relación costo beneficio y la
seguridad de los habitantes del municipio de Buesaco.

4.2.- El estudio deberá determinar y detallar si hay lugar a la
realización de obras de infraestructura, así como el tiempo estimado
de duración de las mismas, y deberá ser ejecutado dentro de los
seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.

QUINTO: ORDENAR al municipio de Buesaco (Nariño) y al Instituto
Nacional de Vías- INVIAS, de ser necesario, si de la alternativa más
eficiente se origina la ejecución de obras de infraestructura, según
sus competencias, que, dentro de un plazo de seis (6) meses,
realicen los trámites necesarios para incorporar el proyecto a
ejecutar en el plan de desarrollo correspondiente, para lo cual debe
agotar el trámite para tal fin; o priorizar los programas, proyectos
u obras si ya están incorporadas en el plan de desarrollo. El plazo
se contará a partir del momento de la elaboración del estudio, y
éste deberá contener la descripción de las actividades que se
requieran para este propósito.

Con relación al plazo para la ejecución de las obras a cargo del
municipio de Buesaco (Nariño) y cargo del Instituto Nacional de Vías
• INVIAS, de acuerdo con las competencias que deberán quedar
definidas en el estudio, este corresponderá al estimado para ello en
el estudio indicado y siempre garantizando el cumplimiento del
principio de planeación presupuestal.

De las anteriores actividades la entidad a cargo deberá rendir un
informe cada seis (6) meses a la Personería Municipal de Buesaco,
Defensoría del Pueblo y a este Tribunal.”

Finalmente, en los alegatos de conclusión el municipio plantea que no es
competente para la ejecución de las órdenes impartidas en la sentencia.
Respecto a este punto debe la Sala precisar que la etapa procesal de

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alegatos de conclusión no es la prevista para que las partes propongan
nuevas consideraciones respecto a la decisión de primera instancia, lo
anterior en cumplimiento de los principios de lealtad procesal, debido y
derecho de contradicción, dado que su contraparte no tendrá la
oportunidad para contradecirlos. Por lo que no serán considerados por la
Sala en esta decisión.

V.6. Pago de los honorarios del perito

La Defensoría del Pueblo indicó en su recurso de apelación que no está de
acuerdo con lo resuelto en los numerales 8 y 10 de la sentencia de primera
instancia, los cuales expresaron:

“OCTAVO.- CONDENAR en costas en esta instancia a la parte vencida, es
decir a las entidades accionadas (Municipio de Buesaco (N) y Instituto
Nacional de Vías - INVIAS), a favor de la parte accionante. Liquídense por
conducto de secretaria de la Corporación.

(…)

DÉCIMO. - ORDENAR a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO - FONDO PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, para que en el
término de un (1) mes, siguiente a la expedición de esta providencia,
proceda a cancelar a favor del señor Ingeniero Civil, perito en el presente
proceso, RICARDO ARTURO VILLOTA ROJAS identificado con cédula de
ciudadanía No. 12.990.725 expedida en Pasto (Nariño), la suma de CINCO
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($5.745.450.oo) por concepto de
honorarios fijados mediante providencia de fecha 27 de julio de 2016, por
la realización de la prueba pericial decretada de oficio por este Tribunal .”

Manifestó su inconformidad, en razón a que el valor por concepto de
honorarios profesionales a favor del perito no debe ser imputado al Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos sino a la parte
vencida en el proceso, esta es, el municipio de Buesaco, Nariño, y al
INVÍAS. En consecuencia, solicitó que este pago sea realizado por la parte
vencida o en su defecto, sea reembolsado al Fondo por el demandado; en
otros términos, que las costas sean ordenadas a favor del Fondo y no del
accionante.

Sobre este punto, la Sala advierte que, de conformidad con el artículo 19
de la Ley 472 de 1998, el pago de los honorarios del perito por parte de
la Defensoría del Pueblo se configura cuando se ha concedido el amparo
de pobreza a la parte actora, así:

“ARTICULO 19. AMPARO DE POBREZA. El juez podrá conceder el
amparo de pobreza cuando fuere pertinente, de acuerdo con lo
establecido en el Código de Procedimiento Civil, o cuando el
Defensor del Pueblo o sus delegados lo soliciten expresamente.

PARAGRAFO. El costo de los peritazgos, en los casos de
amparo de pobreza, correrá a cargo del Fondo para la
Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, a partir de

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su creación. Estos costos se reembolsarán al Fondo por el
demandado, en el momento de satisfacer la liquidación de costas,
siempre y cuando fuere condenado.”

En el caso objeto de examen, una vez revisado el expediente, se observa
que no fue decretado el amparo de pobreza; por lo tanto, el costo de los
honorarios del perito no puede correr a cargo del Fondo para la Defensa
de los Derechos e Intereses Colectivos.

Ahora bien, en cuanto a la condena en costas en acciones populares, el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998 establece: “El juez aplicará las normas
de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al
demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En
caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una
multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán
destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”. (Se
destaca)

Como se desprende de lo anterior, las reglas aplicables a las costas en
acción popular resultan ser las contenidas en el cuerpo normativo
de procedimiento civil vigente, que actualmente son aquellas
establecidas en el Código General del Proceso (Ley 1564 de
2012). Cuando el demandante es vencido en el proceso, solo habrá lugar
a condenarlo en costas si la acción presentada es temeraria o de mala fe.
En caso de que la parte demandada sea la vencida, se aplica en su
integridad la regulación prevista en el Código General del Proceso.

Las normas del procedimiento civil (Ley 1564 de 2012) que han de ser
tenidas en cuenta establecen:

“Artículo 361. Composición. Las costas están integradas
por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante
el curso del proceso y por las agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y
verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado
en los artículos siguientes.

Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación. (…)” (Se destaca)

El artículo 366 del mismo ordenamiento, sobre la liquidación de las
costas, precisó:

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“Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido
del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso
o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el
superior, con sujeción a las siguientes reglas:

[…]

5. La liquidación de las expensas y el monto de las
agencias en derecho solo podrán controvertirse
mediante los recursos de reposición y apelación contra
el auto que apruebe la liquidación de costas. La
apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no
existiere actuación pendiente, se concederá en el
suspensivo (…)” (Se destaca)

En cuanto a la definición de costas y agencias en derecho, en sentencia
de unificación del 6 de agosto de 2019 se definió lo siguiente:

“6.1 Las costas procesales en las acciones populares 79.
Tratándose de costas en las acciones populares, el legislador las
reguló en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, cuyo tenor es el
siguiente:

COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil
relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante
a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al
demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o
de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes,
el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20)
salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses
Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya
lugar. (Subraya fuera del texto original).

80. Como las costas fueron reguladas expresamente en la Ley
472 de 1998, es clara la voluntad que tuvo el legislador de
introducir este instituto en los procesos en los que se ventila la
protección de los derechos colectivos; sin embargo, del tenor
literal de la norma también se desprenden variantes respecto de
los supuestos autorizados por el legislador para el
reconocimiento de las costas en este tipo de procesos, como se
verifica conforme a la literalidad de la norma.

81. En primer término, la disposición es clara en señalar que las
normas aplicables a las costas procesales son las previstas en el
procedimiento civil. De suyo, el juez está obligado a aplicarlas,
por expresa remisión normativa.

82. En segundo lugar, el artículo 38 ejusdem formula una
hipótesis que limita la condena en costas en relación con el actor

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popular. La norma es clara al señalar que sólo es posible
condenarlo a sufragar los honorarios, gastos y costos
ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea
temeraria o de mala fe.

83. Esta regla normativa es especial y de ella se colige que el
juez no está autorizado para reconocer costas a favor del
demandado victorioso, salvo en aquellos casos en que la
demanda del actor popular resulte temeraria o de mala fe;
evento en el cual, en todo caso, por virtud de la remisión
normativa ordenada en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, el
juez debe aplicar para tal efecto las previsiones del
procedimiento civil.

84. En cuanto al tercer evento previsto por el artículo 38 ibídem,
el legislador configuró una sanción aplicable tanto al actor
popular como al demandado, consistente en la imposición de
multa cuando cualquiera de ellos actúe de mala fe. A la luz de
la norma y su entendimiento armonizado, es claro que lo
regulado en este inciso, es una potestad sancionatoria distinta
pero complementaria de la condena en costas.

85. De las reglas especiales y de los eventos que se señalaron
anteriormente, se desprenden las siguientes reglas y
consecuencias respecto de las costas procesales, en sus
componentes de expensas y de agencias en derecho:

86. Con respecto al demandante/actor popular. La regla general
es que no hay lugar a condenarlo en costas. La excepción a esta
regla se configura sólo en caso de que haya actuado
temerariamente o de mala fe y las normas aplicables para dicha
condena son las previstas en el procedimiento civil. En este
último evento, además de la condena en costas a cargo del actor
popular, éste debe asumir el pago de la multa que se le impone
con ocasión de tal comportamiento.

87. En relación con el demandado/trátese de una autoridad
pública o de un particular. La regla general es que siempre hay
lugar a condenarlo en costas cuando resulte vencido, para lo
cual se aplican las normas del procedimiento civil. En caso de
temeridad o mala fe en su actuación, debe asumir, además, el
pago de la multa que se le impone con ocasión de dicha conducta
procesal.

88. Como la norma prevé que las multas impuestas a cualquiera
de las partes por temeridad o mala fe serán destinadas al Fondo
para la Defensa de los Derechos e intereses colectivos, se
evidencia que su razón de ser es el reproche a los
comportamientos procesales que son contrarios a la lealtad
procesal, mas no al derecho subjetivo que surge con ocasión de
las erogaciones y actividades procesales desplegadas a lo largo
de la acción popular.

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89. En todos los eventos previstos por el artículo 38 y que dan
lugar al reconocimiento de costas/expensas, ya sea a favor del
actor popular o de la autoridad de quien se demanda el
cumplimiento colectivo o difuso, el juez debe remitirse a los
criterios fijados en el procedimiento civil para su reconocimiento.

90. Así pues, de la literalidad de la disposición analizada se
concluye que las costas procesales, en su componente de
expensas y agencias en derecho, es un tema regulado de
manera expresa, especial, clara y completa, en el artículo 38 de
la Ley 472 de 1998, razón por la cual no le está permitido al
fallador aplicar un ordenamiento diferente al del procedimiento
civil, pues tal autorización se previó en el artículo 4420 de la Ley
472 de 1998 respecto de los asuntos no regulados.
(…)

107. En lo que toca con la interpretación sistemática del artículo
38 de la Ley 472 de 1998 y de las normas del procedimiento civil
con las normas constitucionales, la Sala reitera que las acciones
populares son de raigambre superior y constituyen en si mismas
un derecho político, mientras que las costas procesales son un
instituto de carácter procesal, que en el esquema de distribución
de las cargas públicas guarda íntima relación con los principios
de igualdad y equidad, porque, se repite, las expensas y las
agencias en derecho corresponden, en su naturaleza, finalidad
y concepto, a una compensación y como tal no pueden ser
fuente de enriquecimiento injusto, ni para quien se beneficia de
ellas ni para aquel que debe asumirlas.

108. El pago de las costas procesales, trátese de expensas o de
agencias en derecho, no constituye una dádiva o un privilegio a
favor del actor popular que tuvo que acudir a un proceso para
defender los derechos colectivos y el interés público. Por
contrario, se sustenta en la necesidad de restablecer la equidad
quebrantada, cuando el actor popular se ve determinado a
buscar la protección de los derechos colectivos ante las
autoridades judiciales, bien por causa de un agente público o de
uno particular, asumiendo para tal propósito una carga de
defensa económica y de esfuerzo procesal, que de otra manera
no habría tenido que soportar.

109. Una posición contrapuesta permitiría que la sociedad se
beneficie de una carga de solidaridad asumida por el actor
popular, a fin de beneficiar a la comunidad, que rompe el
principio de distribución equitativa de las cargas y con ello el
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta,
constituyendo un privilegio o prerrogativa a favor del agente que
ha ocasionado, por acción o por omisión, la vulneración o
amenaza de los derechos colectivos, protegidos
constitucionalmente.

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110. Si bien no existe una norma constitucional que
expresamente consagre expresamente las costas procesales, el
Constituyente otorgó al legislador la potestad de regular las
acciones populares, y por vía legislativa, en el artículo 38 de la
Ley 472 de 1998 y en las normas del procedimiento civil que le
son aplicables por expresa remisión, en ellas se materializa el
principio de equidad, pues fungen como instrumento que arbitra
el derecho político que tienen los ciudadanos a demandar la
protección de sus derechos colectivos, bajo la garantía de que
tal esfuerzo no le resultará ni oneroso ni desproporcionado o
irrazonable en esfuerzo.

111. Con fundamento en todo los señalado, la Sala advierte que
la interpretación lógica del artículo 38 de la Ley 472 de 1998
indica que al tratarse de régimen especial, propio y autónomo
de las acciones populares y habiendo establecido el legislador
que las costas procesales se rigen por el ordenamiento procesal
civil, sin efectuar distinción alguna entre expensas y agencias en
derecho pero si respecto de los eventos en los que es posible
reconocerlos, el juez está obligado a pronunciarse sobre su
reconocimiento en los estrictos términos señalados por el
legislador.

112. Corolario, la Sala reitera que el artículo 38 de la Ley 472
reguló de manera expresa las costas procesales en los
componentes que la integran, estos son, las expensas y las
agencias en derecho, pues por expresa remisión normativa se
aplican las normas del ordenamiento procesal civil, y en ellas, el
artículo 361 ejusdem, así las define”.

La Corte Constitucional en sentencia C-157 de 2013, precisó:

La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de
mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que
es resultado de su derrota en el proceso o recurso que
haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de
liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las
costas como las agencias en derecho corresponden a los costos
en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el
proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de
su utilidad y de que correspondan a actuaciones
autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se
originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni
pueden asumirse como una sanción en su contra. (Se destaca)

Como puede apreciarse, un elemento importante para el reconocimiento
de las costas es que las mismas se encuentren debidamente acreditadas
en el proceso, otro elemento corresponde al destinatario de ellas que,
como se indica, es quien resulta vencido en el proceso, o que haya sido
vinculado posteriormente, precisamente por los efectos que contra él
tendría la sentencia respectiva.

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En el caso concreto, a folio 304 del cuaderno principal obra cuenta de
cobro, con soportes, por parte del perito Ricardo Arturo Villota Rojas, por
un valor de $5.745.450.

En consecuencia, se ordenará el pago de los honorarios y las costas con
cargo a las entidades demandadas y vencidas en el presente proceso.

V.7. Conclusiones

Como quiera que no se configura el fenómeno de la cosa juzgada parcial
respecto de la pretensión consistente en realizar estudios técnicos para
evaluar la adecuación de una variante para el paso nacional que atraviesa
el municipio de Buesaco, Nariño, se encuentra procedente ordenar la
realización un estudio técnico de tránsito y movilidad integral que analice
las distintas alternativas, incluyendo la alternativa de construir una
variante para el paso nacional que atraviesa el municipio; que tanto el
municipio de Buesaco como el INVÍAS, dentro de sus respectivos planes
de desarrollo y de obras, tienen competencias en torno a la adecuación y
mantenimiento de la vía del orden nacional que atraviesa el municipio de
Buesaco; y que hay lugar a ordenar el pago de los honorarios del perito
a cargo de la parte demandada, la Sala revocará el numeral primero de
la sentencia apelada, y modificará sus numerales cuarto, quinto, sexto y
octavo.

No obstante, se modificará también la orden impartida en el numeral
sexto de la sentencia apelada atinente a la conformación del Comité de
verificación, como herramienta que garantice el cumplimiento de las
órdenes emitidas. Esto, por cuanto el a quo omitió acatar lo previsto por
el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, de la cual se deriva que dicho comité
debe ser presidido por el juez, magistrado o su delegado. Esto en
concordancia con lo sostenido por esta Sección en fallo44 de primero de
junio de 2020.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia apelada que
declaró probada parcialmente la configuración de la excepción de cosa
juzgada y, en su lugar, se ACCEDE a la pretensión consistente en
ORDENAR al INVIAS realizar un estudio técnico de tránsito y de
movilidad integral, acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta
decisión.

SEGUNDO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, los cuales quedarán así:

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51

Radicado: 52-001-23-33-000-2013-00357-02
Demandante: Christian Laurin Villota Rosero

“CUARTO: ORDENAR al Instituto Nacional de Vías- INVIAS realizar
un estudio técnico de tránsito y de movilidad integral, con la
participación del Municipio de Buesaco, con el fin de que éste realice
observaciones al respecto. El estudio consistirá en:

4.1. Realizar un diagnóstico de las distintas alternativas, sin
descartar ninguna de ellas, estudiando en detalle cada posibilidad,
por lo que el estudio también deberá contemplar la alternativa de
construir una variante para el paso nacional que atraviesa el
municipio, definiendo su viabilidad y eficiencia, para así llegar a
determinar la opción más eficiente para solucionar la problemática
del municipio, teniendo en cuenta la relación costo beneficio y la
seguridad de los habitantes del municipio de Buesaco.

4.2. El estudio deberá determinar y detallar si hay lugar a la
realización de obras de infraestructura, así como el tiempo estimado
de duración de las mismas, y deberá ser ejecutado dentro de los
seis meses siguientes a la ejecutoria de la presente providencia.

QUINTO: ORDENAR, al municipio de Buesaco (Nariño) y al Instituto
Nacional de Vías- INVIAS, de ser necesario, si de la alternativa más
eficiente se origina la ejecución de obras de infraestructura, según
sus competencias, que, dentro de un plazo de seis (6) meses,
realicen los trámites que se requieran para incorporar el proyecto a
ejecutar en el plan de desarrollo correspondiente, si éste no existe,
para lo cual debe agotar el trámite para tal fin; o priorizar los
programas, proyectos u obras, si ya pueden ser desarrolladas con
el plan de desarrollo correspondiente. El plazo se contará a partir
del momento de la elaboración del estudio, y éste deberá contener
las actividades a ser desarrolladas con este propósito.

Con relación al plazo para la ejecución de las obras a cargo del
municipio de Buesaco (Nariño) y a cargo del Instituto Nacional de
Vías - INVIAS, de acuerdo con las competencias que deberán quedar
definidas en el estudio técnico, este corresponderá al estimado para
ello en el estudio indicado y garantizando el cumplimiento del
principio de planeación presupuestal.

TERCERO: MODIFICAR el numeral 6 de la sentencia apelada, el cual
quedará así:

“SEXTO.- CONFORMAR un comité para la Verificación del
cumplimiento de la presente sentencia, en el cual participará el
señor Magistrado Ponente, quien lo presidiará, las partes del
proceso, la PERSONERÍA MUNICIPAL DE BUESACO (NARINO),
DEFENSORIA DEL PUEBLO REGIONAL NARINO y la señora AGENTE
DEL MINISTERIO PÚBLICO, el cual se reunirá cada dos (2) meses
bajo la Coordinación del magistrado ponente, correspondiéndole
elaborar el respectivo informe que será remitido a las entidades
públicas del proceso y que se adjuntará al presente proceso.”

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Radicado: 52-001-23-33-000-2013-00357-02
Demandante: Christian Laurin Villota Rosero

CUARTO: MODIFICAR el numeral octavo de la parte resolutiva de la
sentencia apelada y, en su lugar, quedará así:

“OCTAVO.- CONDENAR en costas a la parte demandada; liquídense por el
tribunal de primera instancia.

QUINTO: MODIFICAR el numeral décimo de la decisión de primera
instancia, que, en su lugar, quedará así:

DÉCIMO.- ORDENAR a la parte demandada municipio de
Buesaco e INVIAS que, de manera solidaria y dentro de las
costas que deberá liquidar el tribunal de primera instancia,
proceda a reconocer y cancelar a favor del señor Ingeniero Civil,
perito en el presente proceso, RICARDO ARTURO VILLOTA
ROJAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.990.725
expedida en Pasto (Nariño), la suma de CINCO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL $5.745.450.oo), indexada
a valor presente desde la fecha en que fue decretada y hasta el
momento del pago, por concepto de honorarios fijados mediante
providencia de fecha 27 de julio de 2016, por la realización de
la prueba pericial decretada de oficio por este Tribunal.

SEXTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, remítase el expediente al Tribunal
de origen.

OCTAVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472
de 1998 REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su
sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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