RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-41-000-2019-00444-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00444-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 25000-23-41-000-2019-00444-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal 4.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “4.° Declárase la vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos: (i) al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; (ii) a la seguridad pública; y (iii) a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal 5.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 20 de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] 5.° Ordénase al municipio de Quetame y a la Agencia Nacional de Infraestructura para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales 103 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de junio de 2019. Radicación núm. 520012333000-2018-00361-01(AP). C. P. Hernando Sánchez Sánchez 104 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2024. Radicación núm. 6300123330002020-00407-01 (AP). C. P. Oswaldo Giraldo López. 105 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de unificación de 6 de agosto de 2019. Radicación núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araujo Oñate. 73 Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01 Demandante: Personería Municipal de Quetame y reglamentarias, dentro de los tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia y en caso de que no lo hayan hecho, realicen los estudios de detalle a efectos de definir el nivel de riesgo del sector objeto de esta acción popular, a saber, […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 25000-23-41-000-2019-00444-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: PERSONERÍA MUNICIPAL DE QUETAME
Demandados: MUNICIPIO DE QUETAME, CONCESIONARIA VIAL
DE LOS ANDES (COVIANDES) Y AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (ANI)

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación presentados por el municipio de Quetame
(Cundinamarca), la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes) y la Agencia
Nacional de Infraestructura (ANI), contra la sentencia de 20 de junio de 2024,
proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. La Personería Municipal de Quetame, en ejercicio de la acción popular, presentó
demanda contra el municipio de Quetame, la Concesionaria Vial de los Andes
(Coviandes) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el propósito de
obtener la protección de los derechos colectivos establecidos en los literales “d”, “g”,
“h” e “i” del artículo 41 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. En el escrito de la demanda, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se declare la vulneración de los derechos e intereses colectivos,
como: El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público; la seguridad y salubridad públicas, el acceso a una infraestructura de
servicios que garantice la salubridad pública y el derecho a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, vulnerados por las entidades accionadas

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…] d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…] g) La seguridad y salubridad públicas;
[…] h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
i) La libre competencia económica; […]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUETAME - CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES
(COVIANDES) Y AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI).

SEGUNDA: Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUETAME - CONCESIONARIA
VIAL DE LOS ANDES (COVIANDES) Y AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (ANI), iniciar todos los trámites y gestiones contractuales y
demás acciones como estudios y diseños para la construcción de jarillones, muros de
contención, gaviones, terracear o escalonar la ladera para darle firmeza, o sembrar
plantas especiales para sostener el terreno y demás obras de mitigación y prevención
tendientes a la recuperación, estabilización, reforzamiento de la bancada
comprendida entre el Kilómetro 42 + 720 al 42 + 740; sentido Villavicencio - Bogotá
D.C., ubicada en la inspección de Puente Quetame, Municipio de Quetame, con el fin
de prevenir el riesgo en que se encuentran las viviendas de estas familias y demás
residentes del sector.

TERCERA: Ordenar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUETAME - CONCESIONARIA
VIAL DE LOS ANDES (COVIANDES) Y AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (ANI), iniciar todos los trámites y gestiones contractuales y
demás acciones que sean pertinentes y conducentes para el mejoramiento,
adecuación y renovación urbana de este espacio público para que preste un beneficio
de la comunidad, como por ejemplo la construcción de un parque y zonas verdes,
cambiando la imagen del espacio.

CUARTO: Prevenir a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUETAME - CONCESIONARIA
VIAL DE LOS ANDES (COVIANDES) Y AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA (ANI), para que en ningún caso vuelvan a incurrir en las
omisiones que dieron mérito a iniciar esta Acción Popular y que si lo hacen serán
sancionadas conforme lo dispone el Artículo 41 de la ley 472 de 1998. (arresto, multa,
sanciones penales). […]”3 (negrillas del texto).

3. La demandante señaló que el Instituto Nacional de Concesiones – INCO (hoy
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI4) y la Concesionaria Vial de Los Andes,
suscribieron el 2 de agosto de 1994 el contrato de concesión núm. 444 cuyo objeto
era “[…] ejecutar por el sistema de concesión, los estudios, diseños definitivos, las
obras de rehabilitación, de construcción y la operación y mantenimiento del sector
Santa Fe - Cáqueza - K55 + 000 y el mantenimiento y operación del sector Km
55+000 Villavicencio […]”. El contrato fue adicionado el 22 de enero de 2010, para
la construcción de la doble calzada que cruza por varios municipios, entre ellos,
Quetame (Cundinamarca).

4.Explicó que se compraron y demolieron varios predios situados en el kilómetro
42+720 al 42+740, sentido de la vía Villavicencio – Bogotá, con el fin de la
construcción y renovación urbanística de un “[…] parque de adoquín […]” para la
comunidad, ubicado frente a la citada vía y paralelo al río Negro y varias viviendas.

5. Indicó que luego de dar apertura a dicha obra se presentaron varias olas
invernales en el municipio de Quetame que originaron emergencias como
derrumbes, pérdidas de bancadas, crecientes y avalanchas de los ríos. El 13 de
mayo de 2015 se presentó una avalancha que destruyó varios puentes vehiculares
que comunicaban las veredas Granadillo y Las Mercedes sobre la quebrada

3
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 5 y 6.
4
Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, “[…] Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se
fijan otras disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) […]”.

3

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

Colorada, la Inspección Puente Quetame y la Cabecera Municipal sobre el Río
Contador, dejando incomunicados a los residentes de dichos sectores.

6. Resaltó que, en el año 2015, en el predio donde fue construido el parque de
adoquín ubicado en el kilómetro 42+720 al 42+740 se presentó una pérdida de
bancada, asentamiento del terreno, derrumbes y socavamiento del talud.
Igualmente, que el terreno “[…] no tiene capa vegetal, zona boscosa, arbustos o
matas que ayuden a sostener el terreno con sus raíces y absorber el agua para que
no se filtre y no presente derrumbes […]”.

7. Advirtió que, a causa del derrumbe de la superficie, el parque de Adoquín se
dejó fuera de servicio a la comunidad con el fin de que ninguna persona pudiese
ingresar y caer al abismo. A su juicio esta inestabilidad pone en riesgo la vida de los
residentes de los asentamientos que se extienden a lo ancho de la ladera.

8. Mencionó que el municipio de Quetame se encuentra ubicado en una zona de
alto riesgo y que las autoridades deberían ejecutar obras de mitigación, dado que
se siguen presentando emergencias cada año en la temporada invernal.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto de 27 de mayo de
20195, admitió la demanda, ordenó la notificación y el traslado correspondiente a
las entidades accionadas, notificó al agente del Ministerio Público y a la Defensoría
del Pueblo, y dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la
comunidad.

10.Por auto de 22 de noviembre de 2019, se declaró fallida la audiencia especial de
que trata el artículo 27 de la Ley 472, porque no se formuló proyecto de pacto de
cumplimiento6.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Concesionaria Vial de Los Andes S.A.S. - Coviandes

11.La Concesionaria Vial de Los Andes S.A.S., mediante memorial de 18 de junio
de 20197, se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que no había
incurrido en omisión alguna que implique responsabilidad en la presunta vulneración
de los derechos colectivos.

12. Precisó que no tenía legitimación en la causa porque las obligaciones en materia
de atención de desastres derivadas del contrato núm. 444 de 1994 suscrito con la
Agencia Nacional de Infraestructura, se limitan al control de eventos suscitados con
ocasión de las obras del proyecto y operación vial, situación que no se predica en

5
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 28 a 31.
6
Ibidem, fls. 300 a 301.
7
Ibidem, fls. 61 a 77.

4

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

el caso del municipio de Quetame. Tampoco asumió la responsabilidad de entregar
recursos para atender todas las emergencias en zonas aledañas al proyecto vial.

13. Adujo que “[…] el accionante pretende atribuir la responsabilidad por las
afectaciones que presenta la Plazoleta o parque de Adoquín (KM42+720 al
KM42+740) y las viviendas ubicadas en la inspección del Puente de Quetame,
costado izquierdo de la vía Bogotá – Villavicencio a Coviandes […]”, no obstante, la
problemática planteada de inestabilidad de los asentamientos por emergencias
invernales debe ser atendida por las autoridades municipales, y es ajena a sus
obligaciones.

14. Señaló que contrató a la empresa Coninvial S.A.S., que a su vez subcontrató al
Consorcio Dragados – Concay para la construcción de las obras derivadas de la
doble calzada ubicadas en el parque Adoquín; es decir, en la zona de las viviendas
de Puente Quetame afectados por la erosión del río Negro.

15. Argumentó que corresponde al municipio de Quetame identificar cuáles son las
zonas de riesgo en su territorio e impedir realizar asentamientos de viviendas en
estos sitios, igualmente, proceder a reubicar a las familias ubicadas en esta zona
para prevención de emergencias.

16. Manifestó que interpuso una acción de cumplimiento y requirió a la alcaldía de
Quetame por la problemática de inestabilidad del corredor vial, sin que se evidencie
la gestión necesaria de las autoridades municipales, lo cual, ha agravado la
situación de riesgo por permitir la construcción de viviendas en sitios ilegales y de
alto riesgo que no cumplían con las disposiciones del Plan de Ordenamiento
Territorial.

17. Consideró que el estado de deterioro de las viviendas es evidente, lo cual podría
ocasionar su colapso en cualquier momento y aún más en periodos de altas
precipitaciones en la zona, aunado a los perjuicios que se podrían generar para la
infraestructura vial a cargo de Coviandes.

18. Formuló las excepciones que denominó “[…] falta de legitimidad por pasiva […]”,
e “[…] incumplimiento de obligaciones legales por parte del alcalde municipal de
Quetame […]”.

I.3.2. Municipio de Quetame

19. El municipio de Quetame, en escrito de 20 de junio de 20198, solicitó negar las
pretensiones de la demanda porque en el presente asunto no se demostró la
afectación de los derechos colectivos invocados.

20. Adujo que el parque Adoquín “[…] fue construido en predios de propiedad de la
ANI, es decir, son bienes públicos, mas no hacen parte del espacio público […]

8
Ibidem, fls. 163 a 181.

5

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

constituyéndose de esta manera como una zona de recreación propiedad de la ANI,
no obstante, pese a que esta administración municipal no tiene competencia para
intervenir físicamente el parque (ya que el mismo no ha sido entregado por la ANI
en donación o comodato al municipio […]”. Reiteró que “[…] no es espacio público,
ni bien de uso público […]”.

21. Sostuvo que ha sido diligente con sus obligaciones en materia de seguridad y
salubridad públicas, garantizando la protección de las familias afectadas por las olas
invernales y la avalancha del río Negro.

22. Agregó que el cuerpo de bomberos de Cáqueza y la Estación de Policía de
Quetame, realizan monitoreos y patrullajes a la zona vigilando que los pobladores
no se acerquen a ese lugar.

23. En su criterio, se tomaron las medidas de prevención del caso, esto es, se cerró
el parque Adoquín dejándolo sin funcionamiento y se ofició a los entes competentes
con injerencia para la atención de la emergencia.

24. Por último, propuso las excepciones de “[…] Indebido agotamiento del requisito
de procedibilidad […]”, “[…] improcedencia de la acción por inexistencia de riesgo
para los usuarios de Adoquín […]” e “[…] improcedencia de la acción por la no
existencia de acción u omisión por parte de la accionada […]”.

I.3.3. Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

25. La ANI, en el escrito de contestación de 16 de septiembre de 20199, se opuso a
las pretensiones de la demanda y adujo que no existían fundamentos jurídicos y
fácticos que permitieran concluir la vulneración de los derechos colectivos.

26. Argumentó que los predios adquiridos se ubican entre el Km42+716, 25 al
Km42+743,46 y que en desarrollo de las obras de la etapa núm. 11 adicional 1 del
contrato de concesión 444 de 1994, se efectuó la construcción del parque Adoquín
y el mobiliario urbano de la plazoleta.

27. Resaltó que las obras del parque Adoquín fueron concluidas en el mes de
septiembre de 2012 y puestas al servicio de la comunidad, sin embargo, dada la
temporada de lluvias en la región, el 30 de septiembre de 2014 se vio afectado el
sector de la plazoleta parque Adoquín.

28. Precisó que el objeto del contrato de concesión núm. 444 de 1994 incluido en la
cláusula primera, establecía: “[…] Objeto. EL CONCESIONARIO se obliga a
ejecutar por el sistema de concesión, según lo establecido en el artículo 32, numeral
4 de la ley 80 de 1993, realizar por el sistema de concesión los estudios, diseños
definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el

9
Ibidem, fls. 272 a 281.

6

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

mantenimiento del sector de Santafé de Bogotá – Cáqueza -K55+000 y el
mantenimiento y operación del sector K55+000- Villavicencio […]”.

29. Se opuso a la atribución de la vulneración de los derechos colectivos, al deterioro
del parque Adoquín a la altura del kilómetro 42+730 de la vía Bogotá – Villavicencio
y la reparación y mantenimiento de los puentes vehiculares que comunican las
veredas Granadillo y las Mercedes que atraviesan el río contador y el puente
peatonal del Atajo, con ocasión del contrato de concesión.

30. Indicó que en el informe de supervisión del contrato realizado por la interventoría
y el concesionario se estableció que “[…] el deterioro de la plazoleta ubicada en el
km42+730 de la vía, se debe a la inestabilidad propia de la zona agravada por las
fuertes lluvias, a los malos manejos de aguas en el sector, la deforestación y la
socavación del río Negro sobre los taludes en los que esta se ubica […]”;
adicionalmente, “[…] que la problemática de inestabilidad que se presenta en los
taludes ubicados a la altura de los km42+720 del municipio se ubican muchas
viviendas que se encuentran en una enorme condición de riesgo, pues fueron
construidas en forma antitécnica y en la zona de ronda del río, sin contar con las
respectivas licencias de construcción expedidas por la Oficina de Planeación del
Municipio […]”.

31. Explicó que la obligación de mitigar el riesgo está en cabeza de las entidades
territoriales de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 9 de 11 de
enero de 198910 y el artículo 5 de la Ley 388 de 18 de julio de 199711, así como lo
dispuesto en la Ley 1523 de 23 de abril de 201212, por la cual se adopta la política
nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres.

32. Señaló que para la construcción del parque de Adoquín se adquirieron dos (2)
predios y se culminó la obra sin ningún inconveniente; no obstante, los factores de
riesgo incidieron en las condiciones de inestabilidad de la ladera. Aclaró que el
deterioro se originó porque el talud inferior de la ladera tiene condiciones de
pendiente alta y se deteriora por la corriente del Río Negro.

33. Consideró que la socavación del río a la ladera del sector de Puente Quetame es
un problema que se agrava con la temporada de lluvias, y cuya solución debe ser
atendida por la administración municipal en coordinación con la autoridad ambiental.

34. Finalmente, formuló las excepciones de “[…] falta de legitimación en la causa por
pasiva […]” y “[…] genérica […]”.

10
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
11
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
12
“[…] Por el cual se Adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. […]”.

7

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

35. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia de 20 de junio de 2024, amparó los derechos
colectivos “[…] al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
de uso público, del parque/plazoleta Adoquín ubicada en Puente Quetame
municipio de Quetame Cundinamarca […]”.

36. Para arribar a esa determinación, el a quo advirtió que “[…] la concesionaria
adquirió dos predios ubicados entre el Km42+720 y el Km42+740, los cuales eran
requeridos para la ejecución de obras en zonas inestables de la calzada existente
de la vía y en virtud del Otrosí del 6 de agosto de 2010 al Adicional No. 1 de 2010
al Contrato de Concesión 444 de 1994, y adelantó la construcción de una Plazoleta
como parte de las obras de urbanismo que le fueron encomendadas a la ANI, con
el fin de mejorar las condiciones de este paso urbano […]”.

37. Explicóque las obras fueron ejecutadas por la concesionaria Coviandes y
recibidas a satisfacción por parte de la interventoría del proyecto de la ANI, como
consta en el “[…] Acta de Finalización de las Obras en el Paso Urbano de Puente
Quetame de la Etapa 11 del Adicional 1 al Contrato de Concesión 444 de 1994
Carretera Bogotá – Villavicencio […]” del 19 de septiembre de 2012.

38. Señaló que la concesionaria y la ANI pusieron en conocimiento a la alcaldía
municipal de Quetame las afectaciones que presentaban las viviendas aledañas a
la Plazoleta, las cuales fueron construidas sin atender las normas técnicas y en la
zona de ronda del río. Aclaró que la inestabilidad del asentamiento no era atribuible
a las obras ejecutadas en la vía y que esta situación ya era de conocimiento del
municipio al estar ubicada en una zona de alto riesgo.

39. Manifestó que el parque Adoquín es parte de las obras de urbanismo que le
fueron encomendadas a la ANI y siendo de uso público este espacio no puede ser
aprovechado por la comunidad debido a que ha presentado cerramientos con
ocasión de las afectaciones en la zona, situación que también involucra a las
viviendas que están ubicadas en la ronda del río Negro y que presentan riesgo de
colapso.

40. Agregó que el 24 de mayo de 2008 ocurrió un sismo que afectó la carretera
existente, especialmente en el sector de Puente Quetame – Caño Seco, oportunidad
en la cual fue necesario adelantar obras especiales de emergencia para habilitar el
paso en la vía, para obtener un tramo continuo entre Cáqueza y Chirajara, que
garantizara el tráfico permanente de la carretera.

41. Argumentó que en recorrido realizado el 19 de septiembre de 2012 se verificó la
realización de las obras del puente Quetame que incluían: (i) recuperación del
pavimento en la zona de bahías y en el sector de las carpinterías; (ii) obras de
urbanismo; andenes, bahías de parqueo, mobiliario urbano, barandas, accesos a

8

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

predios tipo rampas y escaleras; y (iii) redes y alumbrado, canalizaciones, cajas
eléctricas, cajas telefónicas, transformadores y postes de alumbrado.

42. Explicó que “[…] se encuentra acreditada la vulneración del derecho e interés
colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público, toda vez que tal como fue afirmado por Coviandes dicha plazoleta fue
requerida para la ejecución de obras en zonas inestables de la calzada existente de
la vía, por lo que desde la construcción de la misma siempre fue de conocimiento
de la ANI, de Coviandes y del Municipio de Quetame que el parque o plazoleta
Adoquín se encuentra en zona de alto riesgo, lo que ha conllevado a que no sea
usado por la comunidad […]”.

43. Reiteró que los problemas de la estructura del parque Adoquín “[…] obedecen a
la inestabilidad del terreno en el cual se ubica, por lo que en principio la
responsabilidad […] no recaería en las demandadas […]”. Sin embargo “[…] la
concesionaria reconoce que dicha plazoleta fue requerida para la ejecución de
obras en zonas inestables de la calzada existente de la vía […]” pese a lo anterior
la inestabilidad de la zona no fue superada con la infraestructura.

44. Adujo que mediante sentencia del 26 de septiembre de 2019, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Primera – Subsección A, dentro del
radicado núm. 250002341000201501977-00 concluyó que las edificaciones
desarrolladas en el municipio de Quetame fueron avanzadas sin el lleno de los
requisitos legales, generando asentamiento en una zona de alto riesgo por la calidad
del suelo y además es catalogada como zona sísmica.

45. Destacó que en la citada providencia ya se había “[…] emitido un
pronunciamiento respecto de la vulneración de los derechos e intereses colectivos
[…] a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […] con
ocasión de las afectaciones que se presentan en la inspección de Puente Quetame,
esto es que, las viviendas ubicadas al costado izquierdo de la vía Bogotá –
Villavicencio […]”.

46. Resolvió declarar de oficio la excepción de cosa juzgada respecto de la
protección del derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres,
vulnerado por las accionadas con ocasión de las afectaciones que se presentan en
las viviendas de Puente Quetame, ubicadas al costado izquierdo de la vía Bogotá –
Villavicencio, que fueron construidas sin el lleno de los requisitos legales, generando
un asentamiento en una zona de alto riesgo por las condiciones del suelo.

47. Agregó que “[…] el alcalde, como conductor del desarrollo local, es el
responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en
el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el
manejo de desastres en el área de su jurisdicción […]”. En consecuencia, es la
autoridad municipal la que debe incluir en los procesos de gestión del riesgo las
zonas que considere en emergencia.

9

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

48. Señaló que “[…] el terreno en el cual se encuentran ubicados el parque Adoquín
y las viviendas aledañas es inestable, y las afectaciones a los mismos también
obedecen al mal manejo de las aguas y a la deforestación, razón por la cual, en
aras de hacer efectivos los principios de solidaridad y responsabilidad se instará a
los habitantes del sector a realizar un manejo adecuado de las aguas, a no arrojar
basuras en dicho sector […]”.

49. El tribunal consideró que “[…] no se encuentra acreditado que las accionadas no
hayan asegurado las condiciones esenciales de salud pública y de tranquilidad de
los habitantes del Municipio de Quetame, por lo que no se encuentra probada la
vulneración de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad
públicas […]”.

50. Relató que de conformidad con las pruebas obrantes del proceso “[…] no se
observa que los habitantes […] no tengan la posibilidad de acceder a instalaciones
y organizaciones que velen por su salud, así como tampoco se advierte que la
comunidad de dicho sector no tenga la posibilidad de beneficiarse de los programas
de salud, de rehabilitación y atención, cuyo objetivo es disminuir el número de
personas enfermas en un lugar específico y en un espacio determinado. En ese
orden, concluye la Sala que en el plenario no se encuentra acreditada la vulneración
del derecho e interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública […]”.

51. Finalmente, el tribunal resolvió:

“[…] 1º) Decláranse no probadas las excepciones denominadas: “Falta de
legitimación en la causa por pasiva”, propuestas por la Concesionaria Vial de los
Andes Coviandes SAS y la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2°) Declárase no probada la excepción denominada “Indebido agotamiento del
requisito de procedibilidad”, propuesta por el Municipio de Quetame – Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3°) Declárase probada de oficio la excepción de cosa juzgada para la Agencia
Nacional de Infraestructura, la Concesionaria Coviandes y El Municipio de Quetame,
respecto de la protección del derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención
de desastres, vulnerados por las accionadas con ocasión de las afectaciones que se
presentan en las viviendas de Puente Quetame, ubicadas al costado izquierdo de la
vía Bogotá – Villavicencio, que fueron construidas sin el lleno de los requisitos legales,
generando un asentamiento en una zona de alto riesgo por las condiciones del suelo,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

4°) Decláranse la vulneración del derecho e interés colectivo al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, del parque/plazoleta
Adoquín ubicada en Puente Quetame municipio de Quetame Cundinamarca, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

5°) Ordénase a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la Concesionaria Vial de
los Andes SAS Coviandes SAS, en coordinación con el Municipio de Quetame y la
Concesionaria Vial Andina – COVIANDINA S.A.S, que dentro del término de tres (3)
meses a la ejecutoria de esta sentencia, inicien las respectivas actuaciones de

10

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

carácter administrativo y presupuestal, con el fin de trasladar el Parque/Plazoleta
Adoquín, para que el mismo pueda ser utilizado para el fin recreativo para el cual fue
construido.

6°) Ordénase al Municipio de Quetame – Cundinamarca, que del término de tres (3)
meses a la ejecutoria de esta sentencia realice dentro del marco de la constitución y
la ley los estudios técnicos y jurídicos para evaluar el cierre definitivo o la demolición
del Parque/Plazoleta Adoquín y la regulación del uso del suelo en el sector objeto de
la presente acción popular.

7°) Ordénase la integración un comité de verificación integrado por la parte actora
(Personero Municipal de Quetame – Cundinamarca, un delegado de la Agencia
Nacional de Infraestructura- ANI, un delegado de la Concesionaria Coviandes SAS,
un delegado del Municipio de Quetame – Cundinamarca, para que se encarguen de
comprobar el cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo. Este Comité deberá
rendir ante esta Corporación un informe cada tres (3) meses de las gestiones
adelantadas, a fin del cumplimiento total y efectivo a las ordenes aquí impartidas.

8°) Deniéganse las pretensiones de la demanda respecto de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

9°) Conmínase al Alcalde de Quetame – Cundinamarca, para dentro del marco de
sus funciones, realice e implemente los procesos de gestión del riesgo en el Municipio
de Quetame Cundinamarca, que incluyan el conocimiento y deducción del riesgo,
teniendo en cuenta que dicha zona es de alto riesgo por la inestabilidad del suelo y la
socavación del río Negro.

10) Ínstase a los habitantes de Puente Quetame municipio de Quetame –
Cundinamarca a realizar un manejo adecuado de las aguas y a no arrojar basuras en
dicho sector, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

11) Sin condena en costas en la instancia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

12) En caso de no ser apelada la presente sentencia, para los fines de que trata el
artículo 80 de la Ley 472 de 1998 remítase copia integral de esta a la Defensoría del
Pueblo.

13) En firme esta providencia archívese el expediente, con las respectivas
constancias previas de Secretaría. […]” (negrilla del texto).

III. FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. El municipio de Quetame

El municipio de Quetame, mediante memorial de 4 de julio de 202413, presentó
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar que las
órdenes impartidas debían ser adelantadas parcialmente, toda vez que no le era
atribuible la reparación del lugar donde la Concesionaria Vial Andina S.A.S
desarrolló la obra consistente en el parque Adoquín.

13
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 2, fls. 584 a 586.

11

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

52. Afirmó que la ubicación de la infraestructura “[…] presenta un deterioro muy alto,
ello en virtud a que la obra fue ejecutada de manera superficial […] comoquiera que
el inmueble se encuentra a la rivera del Río Negro y no se adoptaron obras para
evitar taludes o deslizamiento […]”.

53. Indicó que las obras no han concluido en su totalidad y que la zona continúa sin
ser estabilizada, adicionalmente “[…] el lugar del parque está al borde de la vía
Bogotá – Villavicencio y el constante paso de vehículos es un riesgo para que
cualquier niño, joven o adulto tenga actividad recreativa […]”.

54. En su criterio, la infraestructura del parque Adoquín que debe adecuarse, no es
un bien a cargo del municipio y correspondería al concesionario como propietario
del inmueble adelantar las obras necesarias que impidan deslizamiento y así
afectaciones a las viviendas aledañas.

55. Solicitó modificar la orden del numeral 6.° de la sentencia, en el sentido de no
imponer la carga al municipio de adelantar todas las acciones necesarias para la
reparación y/o mantenimiento del inmueble, como sería la construcción de muros
de contención, para evitar la erosión del terreno que puede afectar las viviendas
contiguas.

III.2. La Concesionaria Vial de Los Andes S.A.S.

56. La Concesionaria Vial de Los Andes S.A.S., mediante memorial de 2 de julio de
202414 solicitó la modificación de la sentencia de primera instancia al no tener
responsabilidad en la infraestructura sobre la que presenta la inestabilidad que
generó la presunta vulneración de los derechos colectivos.

57. Precisó que, con ocasión del Contrato de Concesión 444 de 1994 suscrito con la
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y adicionado en el año 2010, adelantó las
obras de modificación y mejoramiento de la vía Bogotá – Villavicencio, que incluían
a la altura del Km 42+730 la construcción de una plazoleta, como parte del paso
urbano de Puente Quetame.

58. Argumentó que terminada la obra, fue entregada a la interventoría del proyecto y
a la ANI, quienes la recibieron a entera satisfacción, como se evidencia en el “[…]
Acta de Finalización de la Obras en el Paso Urbano de Puente Quetame de la Etapa
11 del Adicional 1 al Contrato de Concesión 444 de 1994 Carretera Bogotá –
Villavicencio […]”.

59. Afirmó que sus obligaciones contractuales sobre la infraestructura culminaron
cuando, “[…] según conta (sic) en acta del 19 de diciembre de 2019, La
CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S. COVIANDES, entregó formal y
materialmente a título de Reversión a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA el corredor vial concesionado […]”.

14
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 2, fls. 576 a 583.

12

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

60. En su criterio, el a quo desconoció que es la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI) la entidad que está a cargo de la construcción, operación y mantenimiento de
la vía Bogotá – Villavicencio, en virtud de la entrega material que se realizó a esta
entidad mediante acta de reversión de 19 de diciembre de 2019.

61. Adujo que no le era posible cumplir con las órdenes adoptadas, toda vez que, la
ANI en el año 2019 entregó la infraestructura en concesión a otra operadora vial
denominada Concesionaria Vial Andina S.A.S. - Coviandina, que desde el 3 de
noviembre de 2019 está a cargo de la construcción, operación y mantenimiento de
este corredor vial.

62. Puso de presente que, en la sentencia de primera instancia se cometió el error
de afirmar que la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. - Coviandes, pasó a
llamarse Concesionaria Vial Andina S.A.S. - Coviandina, cuando se trata de
compañías independientes con su propia personería jurídica y representación legal.
Refutó que “[…] la sentencia esta condenando a una persona jurídica, que no fue
demandada, no intervino en el proceso y es totalmente diferente a Coviandes […]”.

63. Cuestionó que el tribunal, pese a citar varias pruebas en la sentencia, no tuvo en
cuenta el informe allegado el 16 de junio de 2021 en el que se indicó que “[…] el
denominado parque El Adoquín, hace parte del espacio público construido por
Coviandes 444 de 1994. Dichas obras hacen parte de la infraestructura que fue
revertida a la ANI el día 2 de noviembre de 2019 […]”. Información que fue
igualmente allegada por la ANI en el documento denominado “[…] interventoría
técnica, financiera, contable, jurídica, medioambiental, socio-predial, administrativa,
de seguros, operativa y de mantenimiento del Contrato de Concesión No. 444 de
1994 y demás documentos que lo modifiquen, adicionen o complementen para la
Concesión de la vía Bogotá – Villavicencio Contrato No.067 de 2012 […]”.

64. Adujo que “[…] cumplió con entregar las obras debidamente terminadas a las
entidades competentes, siendo así que cualquier anomalía respecto a la entrega
formal que echa de menos la alcaldía, es responsabilidad de la Agencia Nacional
de Infraestructura ANI […]”.

65. Manifestó que “[…] el deterioro pronunciado del Paso Adoquinado […] no le es
atribuible […] por ende, su reparación tampoco es responsabilidad […]”, dado que
la inestabilidad es propia de la zona y se ha agravado por las fuertes lluvias, los
malos manejos de aguas del sector, la deforestación y la socavación del río Negro
sobre los taludes aledaños al parque Adoquín. Igualmente, “[…] al uso indebido que
del Parque hace la comunidad (depósito de basuras y materiales de todo tipo) y a
la permisividad de las autoridades locales, quienes dejan de lado su obligación legal
de preservar, cuidar y mantener los espacios públicos de sus territorios […]”.

66.Estableció que, tal como se ha consignado en actas del Consejo Municipal de
Gestión de Riesgo de Desastres, la zona presenta una grave condición de riesgo
“[…] siendo totalmente vulnerable a la socavación del río Negro el cual, debido a su

13

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

naturaleza propia, tiende a recuperar su cauce con la correspondiente ocupación
parcial o total del mismo en el lugar de los taludes contiguos […]”.

67. Mencionó que, la problemática de inestabilidad geológica del sector que incluye
también todas las viviendas aledañas al parque Adoquín ubicadas entre el Km
K42+840 y el K43+600 de la vía Bogotá – Villavicencio, fue advertida y puesta en
conocimiento de las autoridades competentes a través de múltiples
comunicaciones.

68. Solicitó revocar la orden establecida en el numeral 5º relacionada con el traslado
del parque Adoquín, la cual no tiene en cuenta las imprecisiones jurídicas y los
vacíos sobre la responsabilidad de las entidades municipales que genera la citada
orden.

69. Indicó que conforme la Ley 9 de 11 de enero 198915, el Decreto 919 de 1.º de
mayo de 198916, la Ley 715 de 21 de diciembre de 200117 y la Ley 1523, es
obligación de las autoridades municipales disponer sobre la reubicación de los
asentamientos humanos que se encuentren en zona de riesgo. Los efectos de la
socavación que produce el río Negro en el talud sobre el cual reposan el parque
Adoquín y las viviendas en riesgo de puente Quetame, fueron incluidos en el “Plan
de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Negro (Jurisdicción de
Corporinoquia)” – POMCA, adoptado según Resolución 1255 del 16 de mayo de
2012.

70. Afirmó que la ANI no es la llamada a dar partidas o recursos para que la alcaldía
de Quetame realice el mantenimiento de un parque que está a cargo de la
administración municipal y es de su jurisdicción, pues como entidad de la Nación su
objeto es planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar
proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para
el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación
de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos.

71. Por último, concluyó que la solución planteada de “[…] instar a los habitantes de
Quetame a realizar el manejo adecuado de las aguas y no arrojar basuras al sector
[…]”, no es la solución adecuada a la problemática de riesgo.

III.3. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI

72. La Agencia Nacional de Infraestructura, mediante memorial de 4 de julio de
202418, se opuso a los argumentos y decisiones adoptadas en la sentencia de
primera instancia, por cuanto desconoció la tipología del contrato de concesión núm.

15
“[…] Por la cual se dictan normas sobre Planes de Desarrollo Municipal, Compra - Venta y Expropiación de Bienes y se
dictan otras disposiciones […]”.
16
“[…] Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y se dictan otras disposiciones
[…]”.
17
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
18
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 2, fls. 587 a 601.

14

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

005 de 2015 “[…] suscrito con COVIANDINA, que es una APP de Iniciativa privada
sin desembolso de recursos públicos […]”, en el cual no es posible la adición de
recursos públicos para ejecutar obras nuevas no contempladas.

73. Precisó que el objeto del contrato era realizar “[…] Estudios, diseños,
financiación, construcción, operación, mantenimiento, gestión social, predial y
ambiental de una nueva calzada entre Chirajara y la intersección Fundadores, y el
mantenimiento y la operación de todo el corredor Bogotá – Villavicencio […]”, sin
contemplar la solución a las afectaciones referidas presentadas en el sector del
K42+840 y el K43+600, ni la construcción de obras nuevas, fuera de las
mencionadas dentro del Apéndice Técnico núm. 1 del citado contrato.

74.Añadió que se suscribió el otrosí núm. 5 de 2019 al Contrato de Concesión núm.
005 de 2015 y se destinaron unos recursos a la ejecución de obras de estabilización,
dentro de los cuales se ejecutaron los estudios y diseños para la protección de la
vía en el sector K42+720 al K43+180 de la vía Villavicencio – Bogotá.

75. A su juicio, fueron suficientes las gestiones adelantadas por la Agencia Nacional
de Infraestructura y de los concesionarios Coviandes y Coviandina con ocasión a la
emergencia presentada el 17 de julio de 2023, que causó afectaciones sobre las
quebradas y en la ronda del río Negro, entre otros.

76. Indicóque “[…] se solicitó a la interventoría del proyecto IP Chirajara –
Fundadores, CONSORCIO METROANDINA, remitir un informe del estado de las
afectaciones que, con ocasión de las situaciones de emergencia referidas, se tienen
en la plazoleta y las viviendas aledañas a la plazoleta entre las abscisas K42+720
al K42+740, en el paso urbano por el Municipio de puente Quetame […]”.

77.Señaló que mediante el informe núm. 20234091042772 del 13 de septiembre de
2023, se pudo establecer que “[…] en el sector de Puente Quetame entre el
K42+720 y el K43+180 desde antes de los sucesos acontecidos los días 17 de julio
de 2023 y 17 de agosto de 2023, se presentan afectaciones que de acuerdo con los
reconocimientos en campo y las exploraciones geotécnicas realizadas en el sector
del K42+720 al K42+740, el mecanismo de falla obedece a un movimiento
denominado caída de tierras […]”.

78. Explicó que “[…] el principal factor detonante está relacionado con la erosión
producida por la corriente de los ríos Negro y Quetame (fenómeno de socavación)
en la parte inferior de la ladera […]”, igualmente “[…] la intervención antrópica por
parte de los residentes del sector, quienes generan una disposición inadecuada de
aguas servidas y desechos en el talud […]”.

79. Mencionó que “[…] la afectación de las viviendas ubicadas en la zona de vía y
ronda del río Negro, data a fechas anteriores al 3 de noviembre de 2019, fecha en
la que la Concesionaria Coviandina SAS, recibió de manera física el corredor vial
Bogotá – Villavicencio, para su operación y mantenimiento […]”. Igualmente, “[…] el
sismo ocurrido los días 17 y 18 de agosto de 2023, no causó ningún tipo de

15

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

afectación […]” por lo cual no existe fundamento de la presunta vulneración de
derechos colectivos atribuida.

80. Alegó que, conforme se desprende de la sentencia, es el municipio el competente
para gestionar los trámites de reubicación de la plazoleta objeto de amparo porque
es el ente territorial el que administra las zonas de uso público y no la ANI.

81. Finalmente, expuso que frente a las emergencias presentadas se convocó a un
Comité de Gestión del Riesgo por el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional para
la Gestión de Riesgo de Desastres – UNGRD, consolidándose un puesto de mando
unificado integrado por varias entidades y la comunidad afectada.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

82. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante auto de
26 de agosto de 202419, concedió los recursos de apelación y remitió el expediente
al Consejo de Estado.

83. Esta autoridad judicial, a través de auto de 24 de junio de 202520, admitió los
recursos de apelación, decretó como pruebas los documentos aportados por la
Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. en el escrito de apelación21 y corrió traslado
a los sujetos procesales de los referidos documentos, por el término de 3 días.

84. Através de auto de 21 de julio de 202522, se corrió traslado a los sujetos
procesales para que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

85. En la oportunidad procesal, el municipio de Quetame23, la Agencia Nacional de
Infraestructura y la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S. - Coviandes24 reiteraron
los argumentos expuestos en sus recursos de apelación.

86. El Ministerio Público rindió concepto, mediante escrito de 7 de julio de 202525, en
el que solicitó “[…] confirmar la sentencia de primera instancia […]”.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

87.De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472, en el artículo
150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201126 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de

19
Cfr. Índice 168 del expediente digital de primera instancia.
20
Cfr. Índice 6 del expediente digital de segunda instancia.
21
La prueba documental incorporadas es el: “[…] Acta de Reversión Parcial y Entrega de la Infraestructura vial y los bienes
destinados al Contrato de Concesión No. 444 de 1994 de La Concesionaria Vial de los Andes -Coviandes S.A.S. a la Agencia
Nacional de Infraestructura – ANI de 19 de diciembre de 2019 […]”.
22
Cfr. Índice 21 del expediente digital de segunda instancia.
23
Cfr. Índice 27 del expediente digital de segunda instancia.
24
Cfr. Índice 26 del expediente digital de segunda instancia.
25
Cfr. Índice 19 del expediente digital de segunda instancia.
26
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.

16

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

12 de marzo de 201927, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en
contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

88. La Personería de Quetame le atribuyó a la alcaldía municipal de Quetame, a la
Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes) y a la Agencia Nacional de
Infraestructura (ANI), la transgresión de los derechos colectivos al goce del espacio
público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; la seguridad y
salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública; y a la libre competencia económica. Lo anterior, con ocasión de
la inestabilidad de un “[…] parque de adoquín […]” ubicado en el kilómetro 42+720
al 42+740, sentido de la vía Villavicencio – Bogotá.

89. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia a la Subsección
B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que amparó
parcialmente los derechos colectivos, con el propósito de: (i) “[…] ordenar el
trasladar (sic) el Parque/Plazoleta Adoquín, para que el mismo pueda ser utilizado
para el fin recreativo para el cual fue construido […]”; (ii) “[…] evaluar el cierre
definitivo o la demolición del Parque/Plazoleta Adoquín y la regulación del uso del
suelo […]”; (iii) “[…] conminar al Alcalde de Quetame – Cundinamarca, para dentro
del marco de sus funciones, realice e implemente los procesos de gestión del riesgo
en el Municipio de Quetame Cundinamarca, que incluyan el conocimiento y
deducción del riesgo, teniendo en cuenta que dicha zona es de alto riesgo por la
inestabilidad del suelo y la socavación del río Negro […]” y (iv) “[…] instar a los
habitantes de Puente Quetame municipio de Quetame – Cundinamarca a realizar
un manejo adecuado de las aguas y a no arrojar basuras en dicho sector […]”.

90. Laalcaldía municipal de Quetame, la Concesionaria Vial de los Andes
(Coviandes) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), interpusieron recursos
de apelación contra la anterior decisión.

91. En los recursos, los apelantes cuestionaron, en primer lugar, la responsabilidad
de la concesionaria, el municipio y la ANI respecto de la operación y mantenimiento
de la infraestructura del parque Adoquín, en virtud del contrato de concesión. En
segundo lugar, la relación de los eventos de emergencia y la inestabilidad de la zona
en que se encuentra construido el parque Adoquín, respecto de la ejecución del
contrato de concesión suscrito con la ANI. Las partes cuestionaron adicionalmente
la pertinencia y suficiencia de las órdenes de amparo.

27
“[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.

17

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

92. La Sala considera adicionalmente que, de conformidad con los artículos 32028 y
32829 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201230, aplicables en virtud del artículo 37 de
la Ley 472, se limitará a conocer de los puntos o cuestiones sobre los cuales se
contraen los recursos interpuestos por los apelantes.

93. En ese orden de ideas, no se emitirá pronunciamiento sobre la declaratoria de
oficio de la excepción de cosa juzgada contenida en el ordinal 3.° de la parte
resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; máxime, si se tiene
en consideración que esta Sección profirió sentencia, en segunda instancia, el 3 de
abril de 2025, en el proceso identificado con radicación núm.
250002341000201501977-03, la cual se encuentra ejecutoriada; y que en dicha
oportunidad se delimitó la decisión, en torno a la problemática que afrontan las
viviendas ubicadas en el municipio de Quetame al margen izquierdo de la ladera del
río Negro, Inspección de Puente Quetame, en el corredor vial Bogotá-Villavicencio
y no en relación con el “Parque/Plazoleta Adoquín”, objeto de este caso concreto.

V.3. Análisis del caso concreto

94. En ese orden de ideas, para resolver los problemas jurídicos, la Sala determinará:
(i) la categoría jurídica de la infraestructura objeto de la controversia; (ii) las
condiciones de riesgo de la zona objeto de la controversia y la vulneración de
derechos colectivos; (iii) la sucesión, titularidad y responsabilidad de la
infraestructura objeto de la controversia; y (iv) las competencias del municipio.

V.3.1. La categoría jurídica del paso de adoquín y su administración

95. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los ordinales 4.° y 5.° de la
sentencia impugnada, resolvió declarar la vulneración del derecho colectivo al goce
del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público en relación
con el “[…] parque/plazoleta Adoquín ubicada en Puente Quetame municipio de
Quetame Cundinamarca […]”. En consecuencia, ordenó a las accionadas que se
encargaran de “[…] trasladar el Parque/Plazoleta Adoquín, para que el mismo pueda
ser utilizado para el fin recreativo para el cual fue construido […]”. Adicionalmente,
en el ordinal 6.° se ordenó al municipio de Quetame realizar las evaluaciones
técnicas del caso para “[…] el cierre definitivo o la demolición del Parque/Plazoleta
Adoquín y la regulación del uso del suelo en el sector […]”.

28 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
29 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
30 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.

18

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

96. La Concesionaria Vial de Los Andes S.A.S. (Coviandes) reconoció en su recurso
de apelación que en virtud del contrato de concesión 444 de 1994, celebrado para
la modificación y mejoramiento de la vía Bogotá – Villavicencio, construyó una
plazoleta como parte del paso urbano de puente Quetame.

97. Adujoque el tribunal desconoció que el “parque El Adoquín” hace parte del
espacio público y que, en consecuencia, su mantenimiento y administración está a
cargo del municipio de Quetame.

98. En oposición a ello, el municipio advirtió que no le corresponde intervenir el
parque Adoquín, pues este no se encuentra a su cargo; además, que “[…] fue
construido en predios de propiedad de la ANI, es decir, son bienes públicos, mas no
hacen parte del espacio público […] ni bien de uso público […]”.

99. Pues bien, para determinar a quién le corresponde asumir la eventual
restauración y mantenimiento o la reubicación de la obra objeto de la controversia,
resulta necesario estudiar cuál es la naturaleza jurídica de ésta en atención a las
pruebas incorporadas al proceso.

100.El artículo 5.° de la Ley 9 definió el espacio público como “[…] el conjunto de
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles
privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes. […]”. En tal virtud, la misma disposición
realizó una lista enunciativa de los elementos que integran el espacio público, así:

“[…] Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación
pública, activa o pasiva; para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de
retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas,
zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de
los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos
constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la
preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales,
religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los
elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y
conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de
sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas
existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea
manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso
o el disfrute colectivo. […]” (negrilla fuera del texto).

101.El numeral 3.° del artículo 1.° de la Ley 388, establece que uno de los objetivos
de esa legislación es “[…] garantizar que la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos
los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y
velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del
medio ambiente y la prevención de desastres […]”31.

31
Artículo 1.º, numeral 3.º.

19

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

102. El artículo 3.° ibidem señaló que la función pública de urbanismo debe, entre
otras cosas, “[…] Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas,
infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso
común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios
públicos domiciliarios […]”. Asimismo, el artículo 8.° de dicha ley precisó que la
acción urbanística comprende:

“[…] Localizar y señalar las características de la infraestructura para el
transporte, los servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de los
residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios
de interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios,
aeropuertos y lugares análogos. […].

Dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura para el transporte, los
servicios públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente por la
entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes […]”
(negrilla fuera del texto).

103. El artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto de 199832, indicó que el espacio
público está integrado de elementos constitutivos y elementos complementarios.
Los primeros se subclasifican en naturales -relativos a la orografía y anexos- y
artificiales o construidos, entre los que se encuentran las zonas de mobiliario
urbano, pasos peatonales, escalinatas, bulevares, rampas, andenes, malecones,
camellones, sardineles, cunetas, ciclovías, bahías, bermas, separadores, calzadas,
cruces, intersecciones, glorietas, puentes, parques, zonas de cesión, plazas,
escenarios, antejardines de propiedad privada, etc. Y, entre los elementos
complementarios, se encuentran las arborizaciones, el mobiliario urbano,
señalizaciones, paraderos, luminarias, materas, bancas, esculturas, murales,
bicicleteros, canecas, barandas, hidrantes, entre otros.

104. La Ley 1682 de 22 de noviembre de 201333 definió el concepto de
“infraestructura del transporte” en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 2o. La infraestructura del transporte es un sistema de movilidad
integrado por un conjunto de bienes tangibles, intangibles y aquellos que se
encuentren relacionados con este, el cual está bajo la vigilancia y control del
Estado, y se organiza de manera estable para permitir el traslado de las
personas, los bienes y los servicios, el acceso y la integración de las
diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento, competitividad y
mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos […]” (negrilla fuera del texto).

105.El artículo 3.° ibidem establece que dicha infraestructura se caracteriza “[…] por
ser inteligente, eficiente, multimodal, segura [34], de acceso a todas las personas y

32
“[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”.
33
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […].
ARTÍCULO 1o. Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a la infraestructura del transporte […]”.
34
“[…] ARTÍCULO 8o. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes principios, bajo los cuales se planeará y
desarrollará la infraestructura del transporte: […].
Seguridad. La infraestructura de transporte que se construya en el país deberá atender a criterios y estándares de calidad,
oportunidad, seguridad y la visión de cero muertes en accidentes, para cualquier modo de transporte.

20

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

carga, ambientalmente sostenible, adaptada al cambio climático y vulnerabilidad,
con acciones de mitigación y está destinada a facilitar y hacer posible el transporte
en todos sus modos […]”.

106.Además, conforme al artículo 4.° ibidem, la infraestructura del transporte está
integrada, entre otros, por los siguientes elementos: (i) “[…] La red vial de
transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusión o fajas de retiro
obligatorio, instalaciones operativas como estaciones de pesaje, centros de
control de operaciones, estaciones de peaje, áreas de servicio y atención,
facilidades y su señalización, entre otras […]”35; y (ii) “[…] La infraestructura
urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas integrados de
transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público y sistemas
integrados de transporte público; el espacio público que lo conforman andenes,
separadores, zonas verdes, áreas de control ambiental, áreas de parqueo
ocasional, así como ciclorrutas, paraderos, terminales, estaciones y plataformas
tecnológicas”36 (negrilla fuera del texto).

107. El artículo 5.° ibidem menciona que las acciones de planificación, ejecución,
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de
infraestructura del transporte, además de materializar los derechos de las personas,
constituyen una función pública que se ejerce a través de las entidades y
organismos competentes del orden nacional, departamental, municipal o distrital,
directamente o con la participación de los particulares37. En consecuencia, la
integración de tal infraestructura no modifica las competencias, los usos, la
propiedad o la destinación adicionales que el legislador haya previsto para los
bienes descritos38.

108.Ahora bien, la determinación de la propiedad y de la responsabilidad de los
elementos que integran la infraestructura del transporte, en relación con cada uno
de los niveles de la administración pública, depende de lo establecido en la ley.

109. En ese sentido, los artículos 19 y 20 de la Ley 105 de 30 de diciembre de 199339
señalan que corresponde a la Nación y a las entidades territoriales, la construcción,
conservación y planeación de todos los componentes correspondientes a la
infraestructura de transporte de su propiedad.

110.Así, frente al desarrollo de proyectos de infraestructura del transporte, la Ley
1682, insistió en que esa infraestructura corresponderá a quien obra como su
propietario, al advertir que “[…] Todos los bienes y servicios que se deriven del

Esta seguridad involucra las acciones de prevención o minimización de accidentes de tránsito y las encaminadas a proveer
la información de las medidas que deben adoptarse para minimizar las consecuencias de un accidente al momento de su
ocurrencia. […]”.
35
Numeral 1.º
36
Numeral 10º.
37
Esta disposición también destaca que las acciones de gestión de los proyectos y obras de infraestructura del transporte
materializan el interés general previsto en la Constitución Política al fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país;
su competitividad internacional; la integración del Territorio Nacional, y el disfrute de los derechos de las personas y, además,
constituye un elemento de la soberanía y seguridad del Estado.
38
Artículo 4.º, parágrafo 1.º
39
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.

21

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

desarrollo del proyecto serán de propiedad, uso, explotación y administración de la
Nación o entidad territorial según corresponda. […]”40.

111.El artículo 12 de la Ley 105 indica que “[…] Se entiende por infraestructura del
transporte a cargo de la Nación, aquella de su propiedad que cumple la función
básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del País,
y de éste con los demás países. Esta infraestructura está constituida por: 1. La
red nacional de carreteras, con sus zonas, facilidades, y su señalización […]”
(negrilla fuera del texto).

112.El artículo 13 de la misma regulación dispone que la Red Nacional de Carreteras
debe comprender como mínimo, entre otras especificaciones de diseño, la
construcción de bahías de establecimiento sobre las zonas aledañas a las
carreteras nacionales, las cuales contarán donde sea posible, con los servicios
públicos básicos de acuerdo con los diseños técnicos41.

113. En relación con la planificación de la infraestructura del transporte, la Ley 1228
de 16 de julio de 200842 indica que las carreteras de primer orden que forman parte
de la red vial nacional, tendrán una zona aledaña denominada faja de retiro
obligatorio o área de reserva o de exclusión, cuya longitud será de 60 metros para
las carreteras de primer orden; dichos espacios son de interés público y constituyen
zonas de reserva o de exclusión para carreteras; por lo tanto allí se prohíbe levantar
cualquier tipo de construcción o mejora43.

114.Así pues, el artículo 6.° exige que, cuando las entidades administradoras de la
red vial nacional “[…] requieran adelantar obras destinadas al mejoramiento,
mantenimiento y rehabilitación, realizarán la adquisición únicamente de las
zonas de terreno que se requieran de conformidad con los estudios, diseños
y/o necesidades técnicas para adelantar la ejecución de las obras públicas,
garantizando condiciones de seguridad y operación de la vía. […]”44 (negrilla
fuera del texto).

115. El Decreto 2976 de 6 de agosto de 201045 enfatiza en que sobre las fajas de
retiro obligatorio o zonas de reserva o de exclusión para carreteras “[…] solo se
permite el desarrollo de obras que permitan facilitar el transporte y tránsito y
de los servicios conexos a la vía, tales como construcción de carriles de aceleración
y desaceleración; así como la ubicación o instalación de elementos necesarios
que aseguren y organicen la funcionalidad de la vía, como elementos de
semaforización y señalización vial vertical, mobiliario urbano, ciclorrutas, zonas
peatonales, estaciones de peajes, pesajes, centros de control operacional, áreas
de servicio, paraderos de servicio público, áreas de descanso para usuarios,
y en general las construcciones requeridas para la administración, operación,

40
Artículo 15, inciso tercero.
41
Parágrafo 1.°.
42
“[…] Por la cual se determinan las fajas mínimas de retiro obligatorio o áreas de exclusión, para las carreteras del sistema
vial nacional, se crea el Sistema Integral Nacional de Información de Carreteras y se dictan otras disposiciones […]”.
43
Artículo 1.º, parágrafo 2.º; y 2.º, numeral 1.º.
44
Artículo 6.º.
45
“[…] Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 1° de la Ley 1228 de 2008, y se dictan otras disposiciones […]”.

22

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

mantenimiento y servicios a los usuarios de la vía, contempladas por la
entidad que administra la vía dentro del diseño del proyecto vial […]”46 (negrilla
fuera del texto).

116.No obstante, es del caso precisar que las autoridades del orden local deben
contribuir a la protección, cuidado, preservación y conservación de las zonas
aledañas a las carreteras nacionales, para efectos de garantizar su uso adecuado47.

117.Nótese cómo las disposiciones retratadas refieren a un conjunto de elementos
accesorios a la infraestructura vial que integran la infraestructura del transporte y
que están dispuestos para garantizar la operatividad y la accesibilidad al servicio de
transporte. Además de ello, los textos normativos también recalcan que cuando
dichos elementos hacen parte de la red nacional de carreteras o la red vial nacional,
los mismos se encuentran a cargo y bajo la responsabilidad del respectivo
propietario de la infraestructura de transporte.

118. Elementos tales como la señalización y semaforización, las zonas y cruces
peatonales, los andenes, las estaciones, los carriles de desaceleración, las fajas de
retiro obligatorio o áreas de reserva o de exclusión para carreteras, las áreas de
descanso para usuarios, las áreas de servicio y atención, las bahías de
estacionamiento, las áreas de parqueo ocasional, los paraderos de servicio público
y, en general, las instalaciones, el mobiliario urbano o las construcciones que
soportan el sistema de transporte público, hacen parte del concepto de
infraestructura vial y, por consiguiente, también componen lo que el legislador ha
denominado la infraestructura del transporte.

119.Cada uno de los elementos que componen la infraestructura vial deben estar
dispuestos para garantizar a los usuarios la accesibilidad, operatividad y
funcionalidad de dicha infraestructura, propendiendo por materializar los derechos
a la movilidad, al tránsito y al servicio de transporte en condiciones de seguridad y
comodidad. En consecuencia, resulta exigible al responsable o propietario del
proyecto vial o de la respectiva obra de infraestructura vial, las actividades de
planificación, ejecución, construcción, administración, mantenimiento,
mejoramiento y rehabilitación correspondientes.

120.Conforme a lo anterior, está demostrado que el Instituto Nacional de
Concesiones – INCO (actualmente ANI) y la sociedad Concesionaria Vial de Los
Andes S.A. (Coviandes), celebraron contrato de concesión núm. 444 de 2 de agosto
de 1994, con el objeto de “[…] Realizar por el sistema de concesión los estudios,
diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de construcción, la operación y el
mantenimiento del sector Santafé de Bogotá - Caqueza - k55+000 y el
mantenimiento y operación del sector k55+000 – Villavicencio […]”.

46
Artículo 7.º.
47
Ley 105 de 1993, artículo 13, parágrafo 2.° y Ley 1228 de 2008, artículos 4.° (inciso 2.°) y 9.°.

23

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

121. Posteriormente, las mismas partes suscribieron el otrosí núm. 1 de 6 de agosto
de 201048, a efectos de adicionar el objeto del contrato 444 con las siguientes obras:
(i) construcción y mantenimiento de 45.5 Km de nueva calzada ubicada en el tercio
medio de la carretera Bogotá – Villavicencio, sector el Tablón – Chirajara, (ii)
construcción, operación y mantenimiento de obras faltantes a cargo del INCO dentro
del corredor actual, (iii) mejoramiento de la carretera antigua de acceso a
Villavicencio (Pipiral – Villavicencio por el sitio denominado El Mirador) y (iv)
construcción, operación y mantenimiento de obras necesarias para el “[…]
mejoramiento del paso urbano de Puente Quetame – Caño Seco […]”, como
consecuencia del sismo ocurrido el 24 de mayo de 2008.

122. La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la concesionaria Vial de los Andes
– Coviandes y el consorcio Interconcesiones en calidad de interventor, suscribieron
“[…] Acta de finalización de las obras en el paso urbano de Puente Quetame de la
etapa 11 del adicional 1 al contrato de concesión 444 de 1994 carretera Bogotá –
Villavicencio […]” el 19 de septiembre de 2012.

123. En la citada acta de entrega se verificó la realización de las obras en el paso
urbano de puente Quetame, las cuales comprendieron las actividades de: (i) la
recuperación del pavimento en la zona de bahías y en el sector de carpinterías,
incluye señalización vertical y horizontal, (ii) obras de urbanismo: andenes, bahías
de parqueo, mobiliario urbano, barandas, accesos a predios tipo rampas y escaleras
y (iii) redes y alumbrado: canalizaciones, cajas eléctricas, cajas telefónicas,
transformadores y postes de alumbrado.

124.Dicha acta ilustró la ejecución de la obra objeto de la controversia, la cual se
ubica en el kilómetro 42+730 sentido Villavicencio – Bogotá:

Plazoleta estado inicial – Urbanismo Plazoleta estado final – Urbanismo (20/09/2012)
(21/07/2011)

125. Además, en el mismo documento se acordó, entre otras cosas, que:

“[…] se considera, conforme a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Adicional 1,
que resulta factible la operación de las obras en el paso urbano de Puente Quema,
Etapa 11, por cuanto las mismas hacen parte de la calzada existente actualmente
en funcionamiento y que se encuentra a cargo de COVIANDES S.A. en virtud de
lo dispuesto en el Contrato de Concesión 444 de 1994. […]” (negrilla fuera del texto).

48
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 99 a 113

24

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

126.El alcalde municipal de Quetame, mediante comunicación núm. AMQ-497-18
de 17 de julio de 201849, solicitó a Coviandes la intervención para el cerramiento en
el parque Adoquín. Argumentó que se había incrementado la socavación del talud
a causa del variado afluente del río Negro.

127.El personero municipal de Quetame en oficio PQR/314/2018 de 7 de octubre de
201850, solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI información sobre las
gestiones adelantadas de carácter preventivo respecto de la pérdida de la bancada
comprendida entre el kilómetro 42+720 al 42+740, sentido Villavicencio – Bogotá.

En respuesta a dicha petición, el gerente de proyecto y/o funcional de la ANI por
128.
medio de oficio núm. 2018500038320151, informó al personero municipal que:

“[…] En atención su comunicado con radicado del asunto, nos permitimos
manifestar que en la abscisa referenciada (Km 42+720 al Km 42+740)
únicamente se ejecutaron obras de urbanismo, de conformidad con lo regulado en
el alcance contractual del Adicional No. 1 de 2010 al Contrato No. 444 de 1994. […]”
(negrilla fuera del texto).

La Concesionaria Vial de los Andes S.A. – Coviandes en oficio núm. GJA-
129.
003564 de 13 de agosto de 201952, informó que:

“[…] Coviandes en virtud del otrosí del 6 de agosto de 2010 al Adicional No. 1 de
2010 al Contrato de Concesión 444 de 1994, adelantó la construcción de una
Plazoleta a la altura del Km42+730 de la vía Bogotá - Villavicencio, como parte de
las obras de urbanismo que le fueron encomendadas por la ANI, con el fin de
mejorar las condiciones de este paso urbano […]” (negrilla fuera del texto).

130.El consorcio Interconcesiones, en el marco de la interventoría concesión Bogotá
– Villavicencio, mediante informe allegado el 10 de mayo de 202153, mencionó que
“[…] el denominado parque El Adoquín, hace parte del espacio público construido
por Coviandes en el paso urbano de Puente Quetame, en desarrollo del Adicional
No.1 al Contrato de Concesión 444 de 1994 […]”.

131. Asimismo, mediante informe de 9 de junio de 202154, la concesionaria
Coviandes remitió información relacionada con el estado de las obras en el paso
urbano de puente Quetame, sector plazoleta k42+720 – k42+750, en el siguiente
sentido:

“[…] 1. OBRAS EN EL PASO URBANO DE PUENTE QUETAME SECTOR
PLAZOLETA.

Con cargo al Otrosi Modificatorio al Adicional 1 al Contrato de Concesión 444 de 1994,
Coviandes realizó obras de urbanismo en el centro poblado de Puente Quetame, de

49
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 19
50
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 23
51
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 24.
52
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 282 a 284.
53
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 360 a 362.
54
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 353 a 355.

25

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

las cuales hace parte una plazoleta ubicada entre el K42+720 - K42+750
aproximadamente, actualmente denominada por el municipio como Parque Adoquín,
localizada hacia la calzada Villavicencio - Bogotá, sentido 2 de la vía.

Las obras en el paso urbano de Puente Quetame se ejecutaron entre junio de 2011 y
septiembre de 2012 y fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría y la ANI
mediante Acta de Finalización de las Obras suscrita entre las partes el 19 de
septiembre de 2012.

Las principales intervenciones realizadas en la plazoleta fueron las siguientes:

URBANISMO

• Construcción de andenes y obras de urbanismo
• Instalación de mobiliario urbano
• Instalación de barandas metálicas
• Instalación de un (1) paradero con su mobiliario urbano.

REDES Y ALUMBRADO

• Canalizaciones
• Cajas eléctricas
• Cajas telefónicas
• Iluminación […]” (negrillas y subraya del texto).

132. La Interventoría Concesión Bogotá – Villavicencio emitió informe núm. IBV-
6335-23 de 12 de septiembre de 202355, en el cual remitió sus conclusiones
derivadas de la “[…] Interventoría técnica, financiera, contable, jurídica,
medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 444 de 1994 y demás documentos
que lo modifiquen, adicionen o complementen para la Concesión de la vía Bogotá –
Villavicencio Contrato No.067 de 2012 […]”, junto con el “[…] Registro fotográfico
del estado actual de la plazoleta en adoquín – paso urbano Puente Quetame, entre
el K 42+720 y el K 42+740 de la vía Bogotá – Villavicencio […]”, señalando lo
siguiente:

“[…] Es importante precisar que, el denominado parque El Adoquín, hace parte del
espacio público construido por Coviandes en el paso urbano de Puente Quetame,
en desarrollo del Adicional No.1 al Contrato de Concesión 444 de 1994. Dichas obras
hacen parte de la infraestructura que fue revertida a la ANI el día 2 de noviembre
de 2019. […]” (negrilla fuera del texto).

133.Conforme al planteamiento inicial de este apartado, la Sala observa que la obra
objeto de la controversia no se trata de un “[…] parque para fines recreativos […]”,
sino de instalaciones operativas de la red vial de transporte. Por ende, es un
elemento integrador complementario de la infraestructura del transporte terrestre
desarrollada en virtud del contrato de concesión vial 444 de 1994 y que, por lo
mismo, fue revertida a la ANI el 2 de noviembre de 2019.

Por lo dispuesto en el otrosí de 6 de agosto de 2010, modificatorio del adicional
134.
núm. 1, el objeto del contrato 444 pasaría a comprender la “[…] construcción,

55
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 2, fls. 483 a 486.

26

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

operación y mantenimiento de obras necesarias para el mejoramiento del paso
urbano de Puente Quetame – Caño Seco […]”. En consecuencia, Coviandes
construyó el paso adoquinado a la altura del Km 42+730 de la vía Bogotá –
Villavicencio, por conducto de la firma Coninvial S.A.S. y el Consorcio Dragados –
Concay. Dicha obra tuvo como fin mejorar las condiciones de este paso urbano, de
manera que estuviera acorde con las especificaciones de la vía nacional en
construcción.

135. La Sala precisa que se trata de un área diseñada para complementar las
estructuras de servicios y equipamientos del territorio, especialmente los asociados
al sistema de movilidad. Se demostró que es una estructura dotada de andén,
paradero, señalización horizontal y vertical, luminarias y mobiliario urbano. En tal
virtud, es un espacio afecto al disfrute colectivo, destinado a la circulación peatonal,
a la utilización del servicio de transporte terrestre y al uso público pasivo.

136. Aunque se trate de un elemento o espacio afecto al uso público, no por ello es
propiedad del municipio de Quetame. El suelo y la franja de retiro o zona de
exclusión o aledaña a las vías de la red nacional de carreteras debe ser
administrada por los entes territoriales locales. Sin embargo, las obligaciones del
municipio de Quetame en ese sentido no se extienden a la readecuación, traslado,
rehabilitación, cierre, demolición o intervención física de la obra en cuestión, pues
ésta pertenece a la ANI al ser un elemento que soporta la infraestructura pública
vial.

137.En consecuencia, todo lo relacionado con la integridad de la estructura, sus
deficiencias constructivas o la conveniencia sobre su ubicación son aspectos que
recaen en esa agencia, pues la legislación aplicable le exige garantizar la
funcionalidad de la vía y de sus elementos complementarios. Esto, en tanto que
debe velar porque el sistema de transporte, a partir de sus componentes
estructurales, se encuentre en condiciones mínimas de accesibilidad, operatividad
y seguridad. Como se anotó previamente, estas responsabilidades corresponden al
propietario de la vía, y en este caso no se demostró que la infraestructura vial haya
sido transferida al municipio de Quetame.

138.En otras palabras, debido a que la ANI es la entidad que se encuentra a cargo
de la infraestructura vial del orden nacional que integra la red nacional de carreteras,
es su obligación gestionar todos y cada uno de sus componentes, incluyendo el
paso adoquinado construido por Coviandes, pues así se asegura la funcionalidad
de la vía y, por ende, la movilidad en condiciones de seguridad y comodidad.

139.No obstante, la Sala considera que al municipio de Quetame le corresponde
garantizar el uso adecuado de la obra ejecutada por Coviandes, en el sentido de
prohibir su invasión u ocupación indebida y controlar las acciones de la comunidad
sobre dicho sector, pues, se reitera, es un espacio configurado para el tránsito y uso
de la colectividad.

27

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

140.Por tales razones, la Sala revocará los ordinales 5.° y 6.° de la sentencia
impugnada, en los cuales se ordenó “[…] trasladar el Parque/Plazoleta Adoquín,
para que el mismo pueda ser utilizado para el fin recreativo para el cual fue
construido […]”, pues la orden de amparo desconoce la necesidad y el trasfondo
técnico con el que se adecuan este tipo de infraestructuras.

V.3.2. Las condiciones de riesgo de la zona objeto de la controversia y la
vulneración de derechos colectivos

141.En su recurso de apelación, Coviandes afirmó que el deterioro pronunciado del
paso adoquinado no le es atribuible dado que la inestabilidad se debe a factores
naturales, aunado “[…] al uso indebido que del Parque hace la comunidad (depósito
de basuras y materiales de todo tipo) y a la permisividad de las autoridades locales,
quienes dejan de lado su obligación legal de preservar, cuidar y mantener los
espacios públicos de sus territorios […]”.

142. Añadió que la problemática de inestabilidad geológica también afecta a todas
las viviendas aledañas al parque de Adoquín. Dicha situación fue advertida y puesta
en conocimiento de las autoridades municipales, las cuales son competentes para
reubicar los asentamientos humanos que se encuentren en zona de riesgo.

143.El municipio de Quetame señaló que el deterioro del sector se debe a que la
obra fue ejecutada de manera superficial. Aclaró que el inmueble sobre el que se
desarrolló el paso adoquinado se encuentra a la ribera del río Negro. Pese a ello no
se ejecutaron obras para evitar deslizamientos y afectaciones a las viviendas
aledañas.

144.La ANI estimó que las actividades desplegadas por ella y las concesionarias
Coviandes y Coviandina fueron suficientes para remediar la emergencia que se
presentó el 17 de julio de 2023. Además, señaló que las afectaciones del sector
obedecen a un movimiento de caída de tierras y que el factor detonante principal es
la erosión producida por los ríos Negro y Quetame, así como las intervenciones
inadecuadas de los habitantes vecinos. Agregó que no es responsable de dicha
situación porque esta preexistía al tiempo en que Coviandina recibió en concesión
el corredor vial; es decir, el 3 de noviembre de 2019.

145.En el caso bajo examen, se observó que la Agencia Nacional de Infraestructura
– ANI, la concesionaria Vial de los Andes – Coviandes y el consorcio
Interconcesiones en calidad de interventor, suscribieron “[…] Acta de finalización de
las obras en el paso urbano de Puente Quetame de la etapa 11 del adicional 1 al
contrato de concesión 444 de 1994 carretera Bogotá – Villavicencio […]” el 19 de
septiembre de 2012.

En la citada acta de entrega se realizó el siguiente diagnóstico de la situación
146.
que se presenta en el sector:

28

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

“[…] El deterioro que hoy presenta la plazoleta de puente Quetame no es
atribuible a acciones ni omisiones de Coviandes, sino a la inestabilidad propia de
la zona, agravada por las fuertes lluvias, malos manejos de aguas en el sector,
deforestación y a la socavación del río Negro sobre los taludes en los que ésta
se ubica.

Adicionalmente, el uso indebido por parte de la comunidad (depósito de
basuras y materiales de todo tipo […]), aunado a la permisividad de la autoridades
locales -quienes incumplen su obligación legal de preservar, cuidar y mantener
estos espacios públicos- han contribuido a que la plazoleta presente el estado que
actualmente tiene […].

Las temporadas invernales de los últimos años en la zona han superado cualquier
previsión razonable frente a su intensidad, causando un sinnúmero de afectaciones
en el corredor vial a nuestro cargo y en las poblaciones aledañas a la carretera.

[…] Es conocido de autos que Puente Quetame se ubica en una zona considerada
geológicamente inestable, lo que hace que con cierta frecuencia se presenten
movimientos de tierra y caídas de piedra, con los consecuenciales impactos en
las construcciones allí ubicadas.

[…] [El] sector […] se encuentra en una enorme condición de riesgo, porque es
totalmente vulnerable al comportamiento por socavación del río Negro que, debido a
su naturaleza propia, tiende a recuperar su cauce con la correspondiente ocupación
parcial o total del mismo en el lugar de los taludes contiguos […]

[…] la problemática de inestabilidad que se presenta en los taludes ubicados
a la altura de los Km 42+720 al Km 42+740 de la carretera (puente Quetame) no
es nueva. De tiempo atrás es conocido que en esa zona del municipio se ubican
muchas viviendas que se encuentran en una enorme condición de riesgo pues
fueron construidas en la zona de ronda del río […]” (negrilla fuera del texto).

147.Mediante oficio núm. GG-007533 de 18 de noviembre de 201456, la
concesionaria remitió información a la Agencia Nacional de Infraestructura,
relacionada con las presuntas afectaciones causadas por el río Negro en el
municipio de Quetame, en el siguiente sentido:

“[…] revisado el registro fotográfico anexo a la comunicación de la Gobernación,
inequívocamente puede advertirse que las afectaciones que se presentan, además
de ser consecuencia del comportamiento por socavación del Río Negro, se
encuentran en la zona del paso urbano de Puente Quetame donde lugareños
construyeron viviendas muchísimo antes del Contrato de Concesión […].

56
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 127 a 129.

29

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

Anotamos que el evento sucedido recientemente es la repetición de varios, ocurridos
como consecuencia del meandro que tiene el río justamente en dicho sitio, cuya
corriente descarga directamente con afectación cuando se presentan mayores
crecientes a causa del invierno, presentó un daño a obras de urbanismo construidas
por COVIANDES con motivo del Adicional 1.

Así mismo recalcamos que dicho evento es similar a los ocurridos y potencialmente
para presentarse por las condiciones en que la vía discurre por las márgenes de
los ríos Cáqueza, Negro y Guayuriba, son muchos los eventos que han existido
y que han afectado la banca de la carretera, casos concretos, K7, K18, K22, K23,
K24, K29, y K31 y K32 (Variante de Cáqueza), K41, K42, (Puente Quetame) K46
y, las fundaciones de algunos puentes, como, María Auxiliadora (K27), Casa de
Teja (K65), Chigüire (K69), y Alejandrina (K77).

Más bien es menester advertir que no adoptar medidas de mitigación en la zona,
por parte de las autoridades oficiales competentes, incluido el dueño del
proyecto (ANI) posiblemente generará graves afectaciones que pondrán en
riesgo la transitabilidad del corredor. Claramente, no es Coviandes quien debe
realizar acciones, ni adelantar las reparaciones que refiere la Gobernación.

Debe la ANI tener presente, que la problemática con el Río Negro no es un asunto
nuevo, ni reciente. Lo que ocurre en la zona ha sido objeto de constantes estudios,
considerando en esta oportunidad pertinente destacar lo que en su momento se indicó
sobre el Rio y las afectaciones en la población en el Plan de Ordenación y Manejo de
la Cuenca del Río Negro, estudio que fue contratado por la Corporación Autónoma
Regional de la Orinoquía - Corporinoquia con la empresa Environmental Ingenieros
Consultores, con ocasión de la declaratoria de ordenación de la cuenca del río Negro
mediante la Resolución No. 2431 de 2005, se anotó lo que se cita a continuación:

"Es importante resaltar que en la mayoría de las opiniones recogidas, la población
"culpa" al río, argumentando que "ese no era su curso normal, que ha ido
cambiando a lo largo del tiempo" sin muchas veces tener en cuenta las malas
conductas ni los mismos usos que se les ha dado a estos espacios de la vega del
rio como son las marraneras y pequeños galpones de pollos. Los desagües y las
mangueras que arrojan desechos de estas labores, desembocan directamente al
río Negro sin ningún control, manejo o uso adecuado del terreno."

Luego en el estudio al ocuparse de las amenazas naturales al sector se dispuso:

"Las Lutitas de Macanal son rocas muy inestables según la clasificación propuesta,
debido a sus características litológicas y combinado con las altas pendientes.

30

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

Al combinar estas características con el uso del suelo inadecuado se genera una
zona de alta susceptibilidad a los fenómenos de remoción en masa.

Como se observa en la Figura 6, unos metros aguas arriba del puente sobre el río
Negro que une a Puente Quetame con Quetame, se produjo en el pasado un
deslizamiento, lo cual corrobora las consideraciones anteriores y en tal sentido se
clasifica como zona de alta amenaza.

La dinámica que origina estos eventos es la socavación lateral que erosiona los
taludes y posteriormente se presentan los deslizamientos por ausencia de soporte
del macizo rocoso.

Además, existe vulnerabilidad alta, representada por las viviendas
localizadas en la margen derecha del río Negro, lo que genera una situación
de riesgo, que se debe manejar con diferentes medidas de tipo preventivo."

El análisis realizado, permitió llegar a las conclusiones que se citan a continuación:

1. "De continuar lloviendo o el río bajando crecido, se presentará el
desprendimiento de la parte del talud que aún se sostiene sobre la ladera.

2. Esta situación se generará una vez se sobre-sature de agua el talud y se pierda
material de la base que aún lo sostiene.

3. Desalojar de manera inmediata a las familias que viven en las siete casas que,
bordean la zona más crítica de la parte alta del talud.

4. Retirar el flujo de la base o pata del talud en la zona más crítica. Para tal
caso se debe acomodar material grueso (mayor a 0.50 m) en forma de jarillón,
que desvié (sic) el flujo hacia la parte central del cauce tal y como se presenta
en la foto No. 1.

5. Se puede colocar en la parte frontal hexápodos de 2.20 m de diámetro
debido a la velocidad que presenta el flujo en este sector del río. En la parte
posterior de la hilera de hexápodos, se reacomoda el material grueso. Las
características de los hexápodos se muestran en la gráfica anexa al informe. Estos
se deben amarrar con un cable de media pulgada.

6. Para quitarle fuerza al flujo, se recomienda abrir el brazo izquierdo existente
junto al puente vehicular, tal y como se ilustra en la foto No. 2. Este brazuelo se
encuentra cerrado o colmatado y permitirá desviar parte del caudal hacia la
margen izquierda del río frente al sector más crítico.

7. En las viviendas no pueden habitar las familias especialmente durante la noche.
En el día se debe mantener vigilancia sobre el río, y de presentarse una creciente,
se debe desalojar inmediatamente las viviendas, ya que el río socavará la base del
talud y se presentará el deslizamiento.

Este informe es preliminar y permitirá demarcar en campo el día sábado 25 de
noviembre, la zona donde se acomodará el material para la construcción del jarillón
y la apertura del brazuelo, como medidas de carácter inmediatas sobre la situación
que se presenta en el río."

Teniendo en cuenta lo anterior, en el estudio se impartieron las siguientes
recomendaciones:

"32.1. Abrir la boca del brazo derecho para permitir la entrada de agua y quitarle
fuerza al flujo en su golpe contra la base del talud de la margen derecha.

31

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

32.2. Realizar las obras de protección y redireccionamiento del flujo durante la
temporada de verano: enero a mediados de abril.

32.3. Las obras recomendadas y su posible localización se presentan en los planos
No. 2 y No. 3. Estas obras corresponden a una reconformación del talud en la
base (recuperación de talud) para alejar el flujo de la pata del talud mediante
la utilización de colchón reno, con un gavión enterrado para evitar el colapso
de la estructura por socavación. De igual manera se propone la colocación
de dos (2) espolones en piedra pegada para redireccionar el flujo y ayudar a
contrarrestar la socavación en la pata del talud afectado. Se anexan dos
gráficas de obras similares construidas desde hace varios años en ríos de mayor
torrencialidad como el Unete y Cravo Sur - Casanare, pero que no corresponde a
diseño alguno para el punto.

32.4. Se deben manejar las aguas servidas de la parte superior del talud, ya sea
las que provienen de la escorrentía de la vía y las que se generan en las viviendas
aledañas al deslizamiento.

32.5. A corto plazo se deben reubicar las familias que habitan en el sector más
crítico y que corresponde a siete (7) casas identificadas en la visita del 22 de
noviembre.

32.6. La pendiente del talud es muy pronunciada en estos momentos, lo cual
conlleva que cualquier desprendimiento de los bolos que se encuentran en la base,
representará a la caída del talud y de las casas que se encuentran en la parte
superior del mismo.

32.7. Las obras de protección se deben realizar en el verano actual (2006 a 2007).
Es inminente la caída del talud y de las viviendas en el próximo invierno (2007) de
NO ejecutarse las obras recomendadas. Al desprenderse el talud y las viviendas
es altamente probable que se desprenda parte de la via al llano y se de pie a un
problema mayor.

32.8. Una vez se reubiquen las familias, se deben destruir las viviendas que allí
existen en la actualidad y permitir la colocación de casetas para el sustento de
estas familias.

32.9. A mediano plazo se debe adelantar un programa de reubicación de todas las
viviendas existente en la margen derecha del río (Inspección de policía de Puente
Quetame), especialmente de aquellas que han superado el primer piso (viviendas
de dos a cinco pisos).

32.10. De no diseñarse y construirse unas obras de protección, se deben adelantar
durante el verano y de manera preliminar las actividades recomendadas en el
informe del 25 de noviembre.

32.11. De acuerdo a las condiciones en que se encuentra el talud afectado, el
domo caería en el momento de ser socavada la parte inferior de los bolos que se
han incrustado en el talud. (...)"

Si bien, como bien lo indicó el informe referido, deben realizarse obras de mitigación
para controlar los impactos que el Río Negro genera, con ocasión de cambios
climáticos, tipo de terreno y manejos inadecuados, no es Coviandes quien debe
asumir dicha responsabilidad, al no enmarcarse dichas actividades dentro de sus
obligaiones (sic) de operación y mantenimiento, ni ser la obra de la doble calzada, la
causante de las afectaciones denunciadas. Anotamos que dichas obras hidráulicas
requeridas para corregir en ese punto el curso del rio, deben ser estudiadas y
diseñadas por un especialista, y ejecutadas dentro de la vigencia del estudio pues el
comportamiento del rio es dinámico.

32

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

En efecto, es importante resaltar que de conformidad con el Contrato de Concesión,
la obligación de operación y mantenimiento a cargo del Concesionario, que implica
mantener la transitabilidad del corredor vial, no puede entenderse sin limitaciones, así
se presenten amenzasas (sic) sobre la vía superficie que le ha sido entregada en
concesión, ya que es el mismo Adicional 1 el encargado de establecer en la Cláusula
Décima Primera, al regular el riesgo de operación y mantenimiento, lo siguiente:

"RIESGO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Es aquel riesgo que se genera por
(i) la inobservancia de los parámetros de desempeño especificados; (ii) resultar los
costos de operación y mantenimiento mayores a los inicialmente proyectados; (i)
alteraciones en la disponibilidad y costos de los insumos; y (iv) la interrupción de la
operación por acto u omisión del operador, entre otros eventos.

Los mayores costos que se generen en la operación y mantenimiento de la vía a
superficie así como los que se produzcan en el curso de la operación regular de los
túneles, serán asumidos por EL CONCESIONARIO. Los mayores costos de
operación, reparación y/o reconstrucción de obra civil y equipos que resulte necesario
adelantar, como consecuencia de la ocurrencia de eventos extraordinarios y/o
accidentes que se produzcan en la carretera, sólo serán asumidos por EL
CONCESIONARIO, si la causa del evento le resulta imputable." […].

Es así como puede entonces afirmarse, que la obligación del Concesionario cuando
asume el riesgo de operación y mantenimiento de la vía superficie del corredor vial,
no contempla ni incluye la obligación de asumir costos ilimitados para la garantía de
la transitabilidad, sino aquellos razonables para el mantenimiento del corredor para la
obtención de niveles admisibles de estado, siendo adicionalmente claro que no le
corresponde asumir la obligación de reparar, reconstruir o mitigar ciertos eventos
cuando los mismos obedecen a hechos extraordinarios y/o accidentes que no le son
imputables. […].

Teniendo en cuenta lo anterior y no existiendo duda de que no es Coviandes quien
debe asumir gestiones para mitigar los riesgos que se ponen de presente en la
comunicación de la gobernación, siendo las causas conjuntas de las mismas (i) las
condiciones de la vía contigua a la margen del río con posibilidades de afectación por
causa de socavación como ocurre en muchos sitios de la carretera como los descritos
atrás, con incidencia igualmente sobre viviendas, (ii) los altos caudales del río como
consecuencia de las precipitaciones y el inadecuado manejo de las aguas servidas
de las viviendas ubicadas en el sector, es por lo que solicitamos a la ANI acuda a las
autoridades competentes para que adopten las medidas que solicita la Gobernación,
para evitar afectaciones mayores que en efecto, puedan comprometer no sólo la
seguridad de los habitantes del sector, sino la de los usuarios que transitan por el
corredor vial. […]” (negrillas fuera de texto).

148.El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres se reunió el 13 de abril
de 201657, se discutió la problemática de riesgo en el centro poblado de Puente
Quetame, en el sentido de dar cumplimiento a la orden adoptada como medida
cautelar en el proceso adelantado por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca con radicación núm. 25000-23-41-000-
2015-01977-00.

“[…] PRIMERO: DECRETASE COMO MEDIDA DE URGENCIA la reubicación de los
habitantes, que por su condición de propietarios, poseedores o tenedores, de acuerdo
con el censo elaborado para tal efecto, actualmente ocupan o hacen uso de los
inmuebles ubicados de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, específicamente

57
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 224 a 231.

33

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

las ubicados de la vía que de Bogotá conduce a Villavicencio, específicamente las
ubicadas sobre el margen izquierdo de la misma, en la ladera del Rio Rionegro (sic).

En consecuencia, ORDENASE al Alcalde Municipal de Puente Quetame, que dentro
de las 48 horas siguientes inicie actuación administrativa destinada a la ejecución de
las siguientes actividades:

1° Elaboración de censo de los habitantes de las viviendas del sector:
2° Individualización de los bienes inmuebles que se encuentran en condición de
amenaza determinando:
(1) El estado estructural;
(2) La ubicación por cabida y linderos;
(3) Estudio de títulos
(4) Determinación del uso del inmueble
(5) Avaluó pericial
3° La identificación de los propietarios, poseedores o tenedores de los siguientes
inmuebles, identificando los grupos familiares a los que pertenecen realizando la
caracterización de los mismos.
4° La identificación de las actividades de comercio a las cuales se encuentran
destinados los inmuebles.

Así mismo en la parte resolutiva estableció:

SEGUNDO: Una vez realizado lo anterior, se procederá a la reubicación por concenso
(sic). En caso de que alguna o algunas de las personas en estado de amenaza se
niegue a la reubicación, la autoridad encargada con la preservación de la dignidad
humana procederá a adoptar las medidas policivas necesarias en aras a la
preservación de la vida de las personas.

TERCERO: ORDENASE a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Gobernador de
Cundinamarca y al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, que apoyen en todo lo necesario, conforme a sus funciones, a la Alcaldía
de Puente Quetame con el fin de garantizar el cumplimiento de la presente medida
cautelar. […]” (negrilla del texto).

149.El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres se reunió el 22 de abril
de 201658, se establecieron las acciones para atender la problemática de riesgo que
se presentó en las viviendas en el centro poblado de Puente Quetame y en el Acta
04 de 22 de abril de 2016 se especificó lo siguiente:

“[…] Reitera el señor ALCALDDE (sic) aborda el tema de la problemática de la medida
cautelar ordenada, realizando la observación de que el Municipio no cuenta con los
recursos humanos, técnicos y financieros para la realización de lo ordenado por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, teniendo en cuenta que el municipio es de
categoría sexta, además se acudirá a los diferentes recursos judiciales; en el
entendido que se considera que el Magistrado no incluyo a terceros procesales como
lo es la CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A., y demás CONTRATISTAS del
mismo; por ello considera que se debe acudir al Gobierno Departamental para buscar
apoyo en el cumplimiento de lo ordenado.

ALCALDE
Dan un Saludo, e inicia con el tema de las Inasistencia de Coviandes, ANLA, que por
algunas actividades no pueden asistir, igualmente se informa que a muchas entidades
se les comunico.
Comenta sobre el Acta #3, sobre las peticiones de la Unidad de Gestión del Riesgo.

58
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 232 a 238.

34

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

Temas específicos que no se ha podido identificar, a que Unidades de Predios se van
a afectar de acuerdo a la medida cautelar.
Manifiesta la necesidad de hacerle un tratamiento al río Negro para el manejo del
talud, que da al costado de las viviendas de Puente Quetame. Pide el concepto
técnico por parte de la Corporación Corporinoquia para hacer la intervención al Río
Negro al costado de Puente Quetame y obras de mitigación.

NESTOR JULIAN BOTIA - Asesor Jurídico
Expone la parte del procedimiento jurídico de la medida cautelar.

ALCALDE
Habla sobre el estudio de Hidrología e hidráulica enero 2008, el cual hace parte de
los Estudios y diseños detallados (Fase III), para la construcción de los Sectores 1ª:
Puente Telles - Puente Quetame y 2ª: Puente Quetame - Quebrada Naranjal, en
donde se contempló los efectos de la socavación por parte del Río Negro y la
necesidad de realizar obras de cimiento de Pontones de medidas entre 1,8 y 2,5
metros según sea el caso. Asi (sic) mismo este estudio informa el perfil de la creciente,
el cual se requiere para efectuar los diseños de las obras de protección de estructura
y calzada que debió desarrollar la concesionaria.

INTERVENTORIA Consorcio Interconseciones (sic)
Comenta sobre el estudio técnico de la socavación del rio, y comenta sobre los puntos
que se deben intervenir, comenta que el Rio no es igual sobre su trayecto lo que hace
tener en cuenta obras de mitigación.

ROLANDO CASTRO - ANI
Comenta sobre la vía existente, y que el Rio está afectando el talud, y recomienda
hacer unos expolones (sic) para mitigación del riesgo, y comenta que el
Concesionario tiene el conocimiento del caso del manejo del Rio, pero que se deben
tener en cuenta los trámites Jurídicos para hacer las intervenciones.

ALCALDE
Indaga por qué toca esperar a que la vía sea afectada y ahí si la concesionaria
realizaría los trabajos de las afectaciones, de igual manera plantea que debemos unir
fuerzas para hacer un ANTES DE, y no esperar a que sucedan desastres.

PERSONERO
Comenta sobre la reunión, que se debe hacer una intervención antes y no después,
donde las intervenciones de COVIANDES deben intervenir y no esperar a. (sic)

ROLANDO CASTRO - ANI
Comenta sobre una reunión realizada que llevo a un debate con la defensoría del
Pueblo, sobre los temas de las problemáticas, en donde ninguna entidad ha asumido
la problemática y responsabilidad.
Es claro que la Identidad no tiene recursos para trabajar en la Banca del Rio, a no ser
que por una acción Judiasial (sic) le sea ordenada por la ANI o a la Concesionaria.

INTERVENTORIA Consorcio Interconseciones (sic)
Comenta sobre las obras de mitigación sobre la ronda de Rio, que los costos y
proyectos sobre la Ronda de Rio es una obra Monumental y que sus costos son
elevados. Comenta que hay actores que pueden pedir al Fondo de Adaptación, como
pueden ser la Alcaldía (sic), Corporación.

ROLANDO CASTRO - ANI
Comenta que el Consecionario (sic) construyo entre el 0-25 km Bogotá-Villavicencio
donde la zonas son muy inestables, y que toca medir un techo sobre las obras de
mitigación donde hay un arreglo por el Tribunal de arbitramiento, con el fin de sostener
y hacer el mantenimiento de la vía de acuerdo a trabajos 50%-50% Nación -
Concesión.

35

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

De igual manera el enfoca el tema como ejemplo para las afectaciones sobre Puente
Quetame y su río Negro, debido a la inestabilidad del terreno y desarrollo del Rio
teniendo en cuenta un techo económico en el momento de una afectación.

ALCALDE
Dice que con la obra Bogota (sic)-Villavicencio ha incrementado probablemente los
riesgos sobre el Río Negro de Puente Quetame, de igual manera solicita que se
incluyan a diferentes actores sobre la Medida Cautelar y fallo a futuro, donde se
exprese la necesidad de apoyo por parte de terceros para manejar las obras de
Mitigación.

WILLIAM FERNANDO ORTIZ - CORPORINOQUIA
Habla sobre las intervenciones ambientales sin la necesidad de solicitar los permisos
a la Corporación, donde las intervenciones se realizan y 6 días después tiene que
informar a la Corporación y afirma que hay un decreto que regula las intervenciones
ambientales.

ALCALDE
Comenta sobre el Parque Automotor de la alcaldía, donde no hay Maquinaria que
pueda hacer los trabajos sobre el Rio Nogro (sic).

ROLANDO CASTRO -ANI
Que se puede trabajar con equipo a la Concesión para pedir un apoyo en el trabajo
del rio, pero que muchas veces los apoyos son problemas para las intervenciones
sociales en el caso de reclamaciones jurídicas futuras.

LUIS CARLOS BARRETO GANTIVA Subdirector de Manejo- UAEGRDC
Hace una presentación, y habla sobre los actores en la UAEGRDC, donde toca hacer
los estudios para intervenir y pedir el apoyo a Corporinoquia para definir los puntos
críticos Puntuales, y sugiere que la decisión de intervenciones sean presentadas al
CMGRD para su aprobación y hacer un plan de acción.

WILLIAM FERNANDO ORTIZ - CORPORINOQUIA
Dice que toca solicitar un estudio y Consultoría, Comenta que la oficina departamental
cuenta con Maquinaria para apoyar.

ALCALDE
Habla sobre el Decreto de emergencia y el censo de la personería del 2015, con las
personas afectadas de acuerdo a su arraigo, y que se está actualizando el censo por
parte de Planeación.

LUIS CARLOS BARRETO GANTIVA Subdirector de Manejo- UAEGRDC
Comenta que el ICCU, puede apoyar para emergencia con maquinaria para las obras
de mitigación y Urgencias.

WILLIAM FERNANDO ORTIZ - CORPORINOQUIA
Pregunta sobre cuál sería la obra a realizar espolón o jarillones, y que la decisión
debe ser Conjunta con el Municipio y la asesoría por Corporinoquia

PLANEACION
Comenta que en el caso de generar el estudio para la mitigación del riesgo sobre el
río Negro, se tendrá en cuenta el estudio de Hidrología e hidráulica enero 2008, el
cual hace parte de los Estudios y diseños detallados (Fase III), para la construcción
de los Sectores 1ª: Puente Telles - Puente Quetame y 2ª: Puente Quetame -
Quebrada Naranjal, en donde se contempló los efectos de la socavación por parte del
Río Negro y la necesidad de realizar obras, para definir los puntos a intervenir de
manera provisional mas no a perpetuidad por los problemas ambientales.

36

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

Comenta sobra las Zonas de Explotacion Minera, la cual puede afectar la ronda de
rio y que toca tener en cuenta para un plan de acción, a corto mediano y largo plazo,
con las licencias actuales y futuras solicitando apoyo a la Corporación.

LUIS CARLOS BARRETO GANTIVA Subdirector de Manejo- UAEGRDC
Los planes de acción se dividen en estructurales y no estructurales, en donde se
puede salvaguardar al Municipio en el momento de una acción. Comenta que puede
ayudar con la capacitación NO ESTRUCTURALES, en el Conocimiento por medio de
una solicitud, y tener en alerta de capacitación a la comunidad.

ALCALDE
Comenta que aproximadamente 50 personas están en riesgo, a las cuales se les ha
dado el conocimiento del riesgo.

Servipúblicos -ZAIDA KATHERINE PARADO R
Comenta que la comunidad tiene conocimiento, pero que hay arrendatarios,
propietarios y unidades que están con un grado de arraigo que no quieren irse y que
el censo se realizó con visitas.

PERSONERO
Comenta sobre el deslizamiento de piedras que han caído a la comunidad y han
afectado las edificaciones.

ROLANDO CASTRO - agencia ANI
Comenta que hay un fallo sobre la acción de tutela sobre la caída de piedras.

ALCALDE
Comenta sobre las afectaciones de las caídas de Piedras que a la Comunidad, a
turistas, y demás personas las cuales no son compensadas y que la
CONSECIONARIA tiene conocimiento pero no atiende.

Servipúblicos -ZAIDA KATHERINE PARADO R
Comenta que la CONCESION hace las obras y afecta a la comunidad, de tal forma
que instalan avisos, etc, y dañan la tubería hidráulica y no avisas (sic) las afectaciones
realizadas, de tal forma que no comunican los procesos a la alcaldía.
También comenta que ha solicitado muchas veces apoyo con la maquinaria a
COVIANDES, pero no ha sido posible, para el apoyo con el alcantarillado que fue
tapado por ellos mismos como ejemplo.

ALCALDE
Comenta que la CONCESION está haciendo intervenciones como señalización en la
vía del municipio sin avisar, al igual que obras.

ANI- MARTHA CORDOBA
Solicita copia de los Oficios enviados a Coviandes, para que la interventoría de la ANI,
ANI verifiquen la respuesta de estos.

ALCALDE
Comenta que hay abusos de COVIANDES, donde afecta a la comunidad y abusan de
la buena fe de la comunidad, porque hablan y comentan las cosas pero no dan nada
por escrito, y obran por la vía del hecho. Comenta que COVIANDES genera
expectativas verbales a la Comunidad y no se ven los hechos y expectativas
ofrecidas.

LUIS CARLOS BARRETO GANTIVA Subdirector de Manejo- UAEGRDC
Solicita la adecuación y actualización de la Gestión del riesgo y capacitación del
Gabinete de GR, Como sugerencia pone en consideración el Estudio para establecer
las medidas de mitigación del Riesgo, y adjunta el correo
apoyoemergencias@cundinamarca.gov.co

37

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

No siendo otro el objeto de la presente se termina una vez leída y aprobada. […]”.

150.El Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres se reunió el 22 de
mayo de 201759 y puso de presente la problemática de riesgo en puente Quetame,
en el siguiente sentido:

“[…] El señor alcalde el día miércoles tiene que estar en la Gobernación por que (sic)
en el Comité (sic) De Riesgo Departamental fueron aprobadas (sic) las proposiciones
el mismo miércoles elevadas al Comité (sic) De Riesgo Departamental, predia (sic)
llamada al señor Gobernador a el doctor Carlos Ivan quien de manera verbal le
manifesto (sic) que contaramos de manera inmediata con el puente de Quetame
Puente Quetame (sic) pero pidió unos días que se cumplen esta semana a eso se
desplazara el señor Alcalde a la Gobernacion. (sic) Se tiene como obcion (sic) B si se
ve que el puente militar no es tan rápido como se requiere ya existen unos estudios y
unos diseños para construcción del puente sobre el Rio Contador es un puente que
sería mas (sic) loargo (sic) y mas (sic) amplio de 24 mtrs de largo por 7 de ancho.
Teniendo también en cuenta la problemática que el Rio a seguido socavando el
talud y la bancada de la via (sic) se havisto (sic) afectada se hizo solicitud en el
mismo comité la asignación de una oruga para poder hacer en dragado del Rio,
no fue fácil conseguirla pero se recibió ya el pasado sábado y la indicación es
iniciar donde era el Puente Contador hasta llegar al viaducto a al sector de la
gallera y si el Río Negro lo permite se hace el ejercicio sobre el talud que queda
sobre el parque del adoquin, eso como instrucción del señor Gobernador y la
Doctora Nancy Valbuena directora del ICCU con esta maquina, (sic) de esto ya
se ha avanzado alrededor de unos 150 mts la idea es llega hasta el sitio del Río
Negro frente al parque del adoquin. Frente a este tema es verdad que estamos
ante una emergencia y se hablo (sic) con la delegada de Corporinoquia se ingreso
(sic) la maquina con el permiso de ellos y Planeación, UTA Y USPD deben pasar
informe detallado de todo lo que se esta haciendo de las obras que se están haciendo
y como se va hacer. […]

El Alcalde deja claro en el comité que al censo que saco el cuerpo de bomberos
de la vereda naranjal, Punete (sic) Quetame y casa de lata a los propietarios de
las viviendad (sic) afectadas se les dara (sic) un mes de arriendo, y reitera que
solo propietarios y que recidan (sic) en este lugar.

El sargento de bomberos dice que se le hizo visita a la señora Herminda Betancourth
en Puente Quetame sector Toberin en la cual se evidencia agrietamiento en la
vivienda y fisuras en el lote en el cual ya se fue un pedaso (sic) al rio y amenaza con
llevarse desde la fisura el cual tiene una distancia de esta hasta la vivienda de 14 mts
y la señora solicita dragado del Río Negro para que no siga socavando en este sector
y no le siga afectando su vivienda en la que viven 5 familias entre ellos 8 menores de
edad y quienes se oponen a evacuar el lugar y se evidencia también que tiene una
vivienda en la vereda Guacapate la cual fue beneficiaria de proyecto fénix y otra
vivienda en una finca cerca al sector la playa y aun asi (sic) se apone a evacuar este
lugar que está en zona de alto riesgo dentro de las familias que habitan en este lugar
se encuentra la señora ligia Betancourth hija de la señora Herminda quien aparece
como deplazada (sic) hacia la ciudad de Villavicencio y actualmente vive hay en una
enramada hecha en madera y lata exponiéndose y a sus dos hijos a un gran peligro.

Bomberos hace recomendación al Hospital revisar las ambulancias antes de enviarlas
a cualquier emergencia por que le hacen falta implementos y para alguna emergencia
grave no estaría apta para atendería (sic).

59
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 182 a 191.

38

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

La Comisaria de familia Afirma que ella también le hizo visita a la señora
Herminda Betancourt y a la hija Ligia Teresa Betancourth se le dejo en el acta
que ya no pueden habitar hay con los niños y en dado caso que ella no se quiera
retirar los niños no pueden seguir viviendo en este lugar, también se le solicito
(sic) toda la documentación y ella el día (sic) de hoy quedo de traerla ya hay
información que ella se presento (sic) y ya se hara (sic) respectiva verificación
de los mismo. Se oficiaran (sic) a estas familias que hagan uso de sus viviendas
y a las personas que se encuentren en la misma condición y se opongan a
evacuar. […]” (negrilla fuera de texto).

151.En escrito de 20 de octubre de 2017 con radicado núm. GT-005037 de 20 de
octubre de 201760, la Agencia Nacional de Infraestructura, advirtió sobre la
reubicación de las viviendas en Puente Quetame:

“[…] En atención a su solicitud de la referencia, adjunto remitimos el reporte de visita
de inspección de las viviendas de Puente Quetame entre el K42+940 - K43+000 en
el costado izquierdo de la carretera en el sentido Bogotá - Villavicencio realizado por
el personal técnico de la Auditoría de Calidad y Asistencia Técnica de la Carretera
Bogotá - Villavicencio.

De acuerdo con lo anterior, solicitamos su colaboración y directa intervención para
reubicar con carácter urgente a los habitantes, invasores y/o propietarios de las
viviendas en mención que se encuentran localizados en ronda de río en unas
condiciones de altísimo riesgo, tal y como se confirma en el reporte de nuestro
personal técnico.

Al respecto y como es de su conocimiento, en Puente Quetame se ha venido
presentando de manera recurrente y sin ningún control por parte de la autoridad
municipal, la invasión de la ronda del río Negro, en zona declarada del alto riesgo,
mediante la construcción de viviendas de cuatro o cinco pisos sobre taludes
inestables sin ningún tipo de especificaciones técnicas, con incumplimiento de la
normatividad técnica y ambiental.

Lo anterior, afecta de manera grave la seguridad de los mismos habitantes de las
viviendas y de los usuarios de la vía, por el riesgo de deslizamiento, con clara
amenaza para la vida de todos. Un evento de esa magnitud, también ocasionaría
la pérdida de la bancada de la carretera en el sector de Puente Quetame.

Todo ello porque los pobladores de la zona han invadido la infraestructura vial
nacional con la anuencia de la autoridad municipal. Se han construido viviendas sobre
las obras de drenaje y las estructuras de contención de la carretera a nuestro cargo.

Tal y como se concluye en el reporte de visita mencionado:

1. A lo largo del andén peatonal y coincidiendo en general con los linderos
de las viviendas, se evidencias fisuras y grietas, lo cual indica que se ha
generado un movimiento de la ladera de talud inferior, evidenciado con la
presencia de escarpe sobre la parte media del talud.

2. Presencia de fisuras y grietas en muro, pisos y techos, algunos que revisten
gravedad y exigen la evacuación de las viviendas para prevenir los efectos de
riesgos inminentes.

3. La comunidad sigue construyendo viviendas en la zona declarada de alto
riesgo sin el menor respeto a la ronda de río.

60
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 130 y vlto.

39

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

4. La ladera del río Negro sufre por altas fuerzas erosivas de su margen
derecha donde se asientan las viviendas.

5. Se observó apoyo inadecuado de varias viviendas sobre estructuras de
contención en gaviones y en concreto que hacen parte de la carretera y que
fueron construidas para el corredor vial Bogotá - Villavicencio, no para
viviendas.

6. Se presenta invasión general del descole de alcantarilla de la vía, el cual ha
sido taponado obstruyendo la circulación de aguas de escorrentía y del filtro
longitudinal. En este sitio se ubican seis viviendas lo cual es indicio de que al
no poder evacuarse las aguas de infiltración estas estén circulando a través de
la calzada y en dirección al talud del río margen derecha, saturando el suelo y
disminuyendo su capacidad portante, lo cual, aunado a la afectación que genera
el río sobre la ladera pueden ser los causantes del fenómeno presentado.

7. No se evidencia que las autoridades competentes de orden nacional,
departamental y municipal hayan tomado acciones correctivas para la
reubicación de estas viviendas ubicadas en esta ladera.

En consecuencia, en las condiciones actuales existe una gran amenaza de
deslizamiento de estas viviendas con la consecuente pérdida de banca de vía y
la seguridad de la población. Por tal razón hacemos un llamado a la Alcaldía de
Quetame para que se tomen a la brevedad los correctivos a lugar para reubicar esta
población vulnerable y se proceda a recuperar la infraestructura de la carretera
afectada por la invasión de los habitantes de su municipio, porque Coviandes ni la
ANI son las entidades competentes para solucionar una problemática que se ha
agravado a lo largo de los años, por la permisividad de las autoridades. […]” (negrilla
fuera de texto).

152.Obra en el expediente acta núm. 3 de 30 de mayo de 201861, en la cual se
consignó la reunión del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres, en
la cual se estableció:

“[…] El señor Alcalde, se dirige a los presentes, realiza el saludo correspondiente y
comenta que el comité de riesgo que (sic) está encaminado a poner a consideración
a cada uno de los miembros, su aprobación para determinar que es una necesidad el
tema de la planta de tratamiento de aguas residuales en el colegio de Puente
Quetame y culminar las obras que se requieren para el mudo del CDI, esa es la
propuesta que se pone a consideración del comité, sugerencias o se aprueban, para
que finalmente quede todo con gobernación de Cundinamarca para que se puedan
invertir los recursos.

[…] Menciona que la señora Yurley vecina del predio denominado adoquín en
Puente Quetame, que corresponde a la ANI “presenta un deterioro inminente y
manifiesta que los alumnos y personas en general se acercan a este a mirar
hacia el rio por lo que pude caerse algún individuo y suceder un accidente” para
la administración es importante oficiar a la ANI para que realicen el
encerramiento total o de alguna manera autoricen y den las bases legales para
que la alcaldía pueda hacerlo.

La propuesta queda a consideración del comité y es aprobado por unanimidad. […]”
(negrilla fuera de texto).

61
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 12 a 15.

40

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

153. Mediante oficios núms. SPQ-299-18 de 6 de junio de 201862 dirigido al Instituto
de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU y AMQ-496-18 de 17
de julio de 201863 dirigidos a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, el
municipio de Quetame solicitó apoyo, para “[…] la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS,
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN SECTOR
PARQUE EL ADOQUÍN, ubicado en el Centro Poblado de Puente Quetame –
Municipio de Quetame, referenciado con coordenadas geográficas Norte
4º19’44.08”; Este 73º52’15.77”. Toda vez que se ha incrementado la socavación en
el talud, fenómeno producido por el afluente hídrico denominado Río Negro […]”.

154. La anterior solicitud fue reiterada mediante oficio núm. AMQ-497-18 de 17 de
julio de 201864, mediante la cual el alcalde municipal de Quetame solicitó a
Coviandes la intervención para el cerramiento en el parque Adoquín. Argumentó
que se había incrementado la socavación del talud a causa del variado afluente del
Río Negro.

155. La concesionaria Coviandes, en comunicación de 5 de octubre de 201865,
informó sobre la situación de la vía a la Personería de Quetame, lo siguiente:

“[…] En respuesta a su solicitud, es importante precisar que si bien es cierto la última
temporada invernal trajo consigo numerosas afectaciones en el corredor vial a nuestro
cargo, la problemática de inestabilidad que se presenta en los taludes ubicados a la
altura del Km42+720 al Km42+740 de la carretera (Puente Quetame) no es nueva.

Es conocido de tiempo atrás que en esta zona del municipio se ubican muchas
viviendas que se encuentran en una enorme condición de riesgo, porque al ubicarse
en la ladera del río Negro, son totalmente vulnerables al comportamiento de este
cuerpo hídrico que, debido a su naturaleza propia, tiende a recuperar su cauce con la
correspondiente ocupación parcial o total del mismo en lugar de los taludes contiguos.
Además, estas edificaciones fueron construidas con inadecuadas condiciones
técnicas y presentan un pésimo manejo de aguas residuales, lo cual favorece
la desestabilización de los taludes aledaños a la vía sobre los cuales descansan.

De acuerdo con lo anterior, no es responsabilidad de Coviandes dar solución a la
problemática que se presenta en su Municipio, pues ello es consecuencia de la
permisividad de las autoridades municipales a quienes corresponde impedir y/o
controlar estos asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo dentro de su
jurisdicción y, en últimas, reubicar a dicha población, para evitar mayores tragedias
[…]” (negrilla fuera del texto).

156.La Personería municipal de Quetame en solicitudes núms. PMQ/254/2018 de
15 de agosto de 201866 y PMQ/314/2018 de 7 de octubre de 201867, requirió a la
concesionaria Coviandes y a la ANI, información sobre las acciones de carácter
preventivo adelantadas sobre la carretera Villavicencio – Bogotá a la altura del km
42 + 720 al 42 + 740, debido a que:

62
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 16.
63
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 17.
64
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 19.
65
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 22.
66
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 21.
67
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 23.

41

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

“[…] en este lugar el talud se ha visto gravemente afectado por las varias olas
invernales que han azotado el municipio, además del socavamiento y crecimiento
descontrolado del caudal del río negro, entre otros más factores asociados al clima,
generando desprendimiento de tierra y desestabilizando el terreno, lo que puede
llegar a causar un derrumbe de gran magnitud que afecte no solo las viviendas, sino
también la autopista […]”.

En respuesta a lo anterior el Gerente Técnico y de Operaciones de la
157.
concesionaria Coviandes en escrito de 5 de octubre de 201868, expuso:

“[…] En respuesta a su solicitud, es importante precisar que si bien es cierto la
última temporada invernal trajo consigo numerosas afectaciones en el corredor
vial a nuestro cargo, la problemática de inestabilidad que se presenta en los
taludes ubicados a la altura del Km42+720 al Km42+740 de la carretera (Puente
Quetame) no es nueva.

Es conocido de tiempo atrás que en esa zona del municipio se ubican muchas
viviendas que se encuentran en una enorme condición de riesgo, porque al
ubicarse en la ladera del río Negro, son totalmente vulnerables al
comportamiento de este cuerpo hídrico que, debido a su naturaleza propia,
tiende a recuperar su cauce con la correspondiente ocupación parcial o total
del mismo en el lugar de los taludes contiguos. Además, estas edificaciones
fueron construidas con inadecuadas condiciones técnicas y presentan un
pésimo manejo de aguas residuales, lo cual favorece la desestabilización de los
taludes aledaños a la vía sobre los cuales descansan.

De acuerdo con lo anterior, no es responsabilidad de Coviandes dar solución a la
problemática que se presenta en su Municipio, pues ello es consecuencia de la
permisividad de las autoridades municipales a quienes corresponde impedir y/o
controlar estos asentamientos irregulares en zonas de alto riesgo dentro de su
jurisdicción y, en últimas, reubicar a dicha población, para evitar mayores
tragedias […]” (negrilla fuera de texto).

158. Igualmente, el municipio de Quetame en oficio núm. AMQ-738-18 de 17 de
octubre de 201869, le informó a la Personería municipal las gestiones realizadas en
el siguiente sentido:

“[…] Me permito informar que la Administración Municipal ha adelantado los
requerimientos respectivos ante:

1. Comité de riesgos: Por medio de acta número tres (3) del 30 de mayo del
2018 se analiza el tema del sector parque Adoquin y se oficia a la ANI para su
intervención Se ha venido informando a los propietarios del predio, los riesgos
que se pueden generar por las afectaciones.

2. ICCU: Se le solicitud por medio de SPQ 299/2018 se sirvieran elaborar
estudios diseños y construcción de un muro de contención en el sector parque
el Adoquín toda vez que se había incrementado la socavación ene 1 talud,
fenómeno producido por el afluente hídrico del río negro.

3. ANI: Por medio de AMQ 496/ 2018 se le solicito la intervención para el
cerramiento en el sector parque Adoquín. Por medio de AMQ 630/2018 se
requirió a la ANI reiterándole el cumplimiento de sus compromisos de varios

68
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 22.
69
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 199 y 200.

42

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

asuntos entre ellos el enunciado en el parágrafo. 3 del folio número dos del AMQ
630/2018.

4. COVIANDES: Por medio de AMQ 497 del 17 de julio del 2018 se le solicito
su intervención para el cerramiento en el sector parque Adoquín. Por su
viabilidad de instalar maletines de concreto para señalizar y evitar incidentes
con los usuarios.

5. MIN TRANSPORTE: Por medio de AMQ 498/2018 se le solicito su
intervención para el cerramiento en el sector parque Adoquín.

Así mismo reiterarle que ha sido usted participe de las diferentes reuniones del
CMGR, en los cuales se ha tratado el tema en referencia, razón por la cual conoce de
la problemática y también de las actuaciones que se han dado a lugar. […]”

159. Por su parte la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, informó mediante
oficio núm. 20185000383201 del 21 de noviembre de 2018, que no era su
responsabilidad la atención de la estabilidad del talud, así:

“[…] En atención a su comunicado con radicado del asunto, nos permitimos
manifestar que en la abscisa referenciada (Km 42+720 al Km 42+740) únicamente se
ejecutaron obras de urbanismo, de conformidad con lo regulado en el alcance
contractual del Adicional No. 1 de 2010 al Contrato No 444 de 1994. La problemática
que se evidencia en ese lugar específico y en otros puntos del mismo sector de
Puente Quetame, es un fenómeno de socavación del talud el cual es generado
por el cuerpo de agua que discurre paralelamente al mismo, las problemáticas
generadas por dicho fenómeno no son responsabilidad de la Agencia Nacional
de Infraestructura. […]” (negrilla fuera de texto).

160.Posteriormente en comunicación AMQ-630-18 de 17 de septiembre de 201870
(documento incompleto) la alcaldía municipal de Quetame reiteró su solicitud de
intervención a la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, en los siguientes
términos:

“[…] En reiteradas oportunidades se hicieron las respectivas solicitudes a la
Concesionaria Vial de los Andes COVIANDES de la imperiosa construcción de
accesos peatonales, en el centro poblado de Puente Quetame en el sector entrada
veredas Hoyas - km 42+560, el cual comunicaría dos partes de la zona urbana
prestando servicio para la comunidad de las veredas de Hoya Baja, Hoya Alta y Hoya
Vargas que, hacen su desplazamiento a pie, un puente peatonal ubicado en sector
Puente La Balsa – km 48+220 de la vía existente que comunicaría a (sic) comunidad
de la vereda con la parte baja de la misma y un puente peatonal ubicado en el sector
Oro Perdido que comunicaría con la vereda de Chilcal Bajo. Así como puente
vehicular de ingrese a la Vereda Guacapate, sendero peatonal a la misma, puente
peatonal ingreso a la vereda Llanogrande, sendero peatonal vereda Estaqueca.

Siempre se reiteró las múltiples solicitudes sin que las entidades inmersas en la
construcción de la doble calzada Bogotá - Villavicencio, diesen una solución de fondo
a nuestras peticiones, toda, vez que se presumía que el no tener estos acceso
desencadenaría alta accidentalidad, prueba de ello es que en menos de un mes
perdieron la vida el señor Ángel María Guevara el día cinco (05) de octubre de 2016
y los primeros días de noviembre de la misma anualidad la señora María Inés Rey
Zambrano, dos personas residentes en nuestro municipio por causa de la no
construcción de estos accesos, para lo cual se dejó claro que la responsabilidad de

70
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 18.

43

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

estos y lo que se llegaren a suceder recaería sobre las entidades Concesionaria vial
de los Andes, COVIANDES y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI […]”.

La Concesionaria Vial de los Andes S.A. – Coviandes en oficio núm. GJA-
161.
003564 de 13 de agosto de 201971, informó:

“[…] En atención al oficio de la referencia, a continuación atenderemos puntualmente
cada una de sus solicitudes:

1. "Informar, si dentro del marco establecido en el adicional 1 del contrato de
concesión 444 de 1994, se acordó la adquisición de unos predios ubicados entre
el kilómetro 42+720 y el 42+740, sentido Villavicencio - Bogotá, con la finalidad de
realizar una obra de construcción y renovación urbanística, en el cual se construyó
el Parque El Adoquin (sic) a cargo del Concesionario."

Respuesta: Coviandes adquirió dos predios ubicados entre el Km42+720 y el
Km42+740, los cuales eran requeridos para la ejecución de obras en zonas
inestables de la calzada existente de la vía. […].

2. "Señalar las posibles causas que influyeron en el deterioro del Parque El
Adoquin (sic), como también, indicar si hace parte de nuestra competencia las
obras de mitigación para que dicho parque preste un servicio optimo a la
comunidad."

Respuesta: El deterioro de la Plazoleta ubicada en el Km42+730 de la vía se debe
a la inestabilidad propia de la zona, agravada por las fuertes lluvias, a los malos
manejos de aguas en el sector, la deforestación y a la socavación del río Negro sobre
los taludes en los que ésta se ubica.

3. "Indicar, si las viviendas aledañas al Parque El Adoquín, están siendo afectadas
con la ejecución de alguna obra realizada por el concesionario."

Respuesta: Las afectaciones que presentan las viviendas aledañas a la Plazoleta del
KM42+730 no son atribuibles a las obras ejecutadas por Coviandes en la zona, ya
que la problemática de inestabilidad que se presenta en los taludes ubicados a la
altura de los Km42+720 al Km42+740 de la carretera (Puente Quetame) no es nueva,
es de autos conocido que en esa zona del municipio se ubican muchas viviendas que
se encuentran en una enorme condición de riesgo, pues fueron construidas en forma
antitécnica y en la zona de ronda del río.

4. "Señalar si dentro del alcance del contrato de concesión, el concesionario está
obligado a realizar obras de mitigación y prevención tendientes a la recuperación,
estabilización y reforzamiento de la bancada comprendida entre el kilómetro
42+720 y el 42+740, sentido Villavicencio - Bogotá, en la inspección de Puente
Quetame."

Respuesta: Las obligaciones de Coviandes se derivan del contrato de concesión No.
444 de 1994 y en materia de atención de desastres y/o emergencias, se circunscriben
al manejo y control de aquellos eventos que tengan por causa la ejecución de las
obras del proyecto y la operación vial, situación que no se predica en este caso, toda
vez que las afectaciones que presentan la Plazoleta del Km42+730 y las viviendas
aledañas no tuvieron por causa las obras adelantadas por Coviandes en la zona.

5. "Informar si los puentes vehiculares que comunican las veredas Granadillo y las
Mercedes sobre la quebrada colorada, la inspección de Puente Quetame y la

71
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 282 a 284.

44

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

Cabecera Municipal sobre el rio contador y el puente peatonal del Atajo, son obras
concesionadas por la Concesionaria Vial de los Andes."

Respuesta: Estas obras no hacen parte del contrato de concesión 444 de 1994. […]”
(negrilla fuera de texto).

162.La oficina de Planeación de la Alcaldía municipal de Quetame emitió informe
técnico de visita realizada el 29 de abril de 202172, evidenciando sobre la
problemática lo siguiente:

“[…] 1. INFORMACIÓN GENERAL:

Fecha de la visita: 29 de abril de 2021

2. Introducción:
Con el fin de brindar estabilidad al talud inferior a las viviendas del sector "Los
adoquines" (Catalogado como zona de alto riesgo) en el centro poblado de Puente
Quetame, se instaló un geotextil como obra de mitigación ante la inestabilidad del
sector, situación ocasionada por la acción constante de socavación del rio sobre el
terreno.

3. Desarrollo:
Siendo las 2:00 pm, se realiza visita al sector "Los Adoquines" del centro poblado de
Pte Quetame, entre la abscisa k42+710 y k42+760 para verificar el estado actual de
las obras de mitigación (geotextil) instalado bajo viviendas del sector, evidenciando
que:

Actualmente sobre la vía nacional Bogotá - Villavicencio entre la abscisa k42+710 y
la abscisa k42+760, el geotextil que se instaló se encuentra en avanzado estado de
deterioro, evidenciando fallo en las costuras, además de rasgaduras por las cuales
nace vegetación. (véase en el Anexo 1). Viendo la necesidad de realizar obras de
mantenimiento y/o reinstalación de un nuevo geotextil para y mitigar la situación de
riesgo.

Se procede a hacer dimensionamiento de la zona en inestabilidad, donde, se cuenta
con las siguientes características:

Longitud del geotextil: 120 metros.
Altura al lecho del rio: 11.5 metros
Coordenadas geográficas del lugar: N= 4°19'44.67" W= 73°52'16.10" Altura: 1352
m.s.n.m.

4. Concepto:
Una vez se realiza la visita, se puede evidenciar la situación de riesgo que se presenta
en las viviendas, donde, debido a la inestabilidad del terreno, constante variación del
cauce del rio y fuertes cambios ambientales. Lo que conlleva a la constante amenaza
a las viviendas ubicadas en la parte alta del sector del centro poblado de Puente
Quetame.

Se recomienda la elaboración de obras de contención con objeto de estabilizar
de manera oportuna el talud de la zona y que mitigue el riesgo ante una
remoción del terreno que pueda afectar a los habitantes de la zona ubicados al
margen izquierdo de la vía de orden nacional Bogotá - Villavicencio. […]” (negrilla
fuera de texto).

72
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 331 a 333.

45

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

163.La concesionaria Coviandes S.A.S., mediante informe allegado el 9 de junio de
202173, remitió información relacionada con el estado de las obras en el paso urbano
de Puente Quetame sector plazoleta k42+720 – k42+750, en el siguiente sentido:

“[…] 2. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

En el sector donde se localiza el llamado Parque Adoquín, el espacio público
construido por Coviandes hace casi una década lamentablemente se ha visto
afectado por la inestabilidad evidente de los taludes contiguos a la vía, que se
han visto fuertemente afectados por la socavación del río Negro, acentuada a
partir del año 2018 luego de la fuerte temporada invernal en la zona, sumado a la
intervención antrópica.

Los principales problemas identificados son: hundimiento de la plazoleta, pérdida
de la baranda del cerramiento del parque hacia el talud, pérdida de soporte de
la plazoleta por el deslizamiento en el sitio, invasión del espacio público mediante
la ubicación de mobiliario de negocios y estacionamiento de motocicletas.

Como es bien conocido, gran parte de los predios del centro poblado de Puente
Quetame están localizados en la ronda del río Negro, por tal razón se encuentran en
condición de riesgo por cuanto son vulnerables al comportamiento del río que por
condiciones naturales tiende a recuperar su cauce con la ocupación parcial o total del
mismo, siendo una amenaza permanente para los taludes de la vía y para los propios
habitantes del sector.

Sumado a lo anterior, las construcciones recurrentes sin especificaciones técnicas,
sin manejo de aguas y sin ningún tipo de control por parte de la autoridad municipal
a lo largo del tiempo, han contribuido de manera significativa a la desestabilización de
los taludes acentuando los deslizamientos y el deterioro de la infraestructura vial
nacional.

3. ACCIONES A SEGUIR

Mientras Coviandes tuvo a cargo la operación del corredor vial, esto es, hasta el 2 de
noviembre de 2019 (fecha en la cual revirtió en favor de la ANI, quien a su vez entregó
dicha operación a la empresa Coviandina S.A.S.), realizó de manera continua y
periódica las actividades de mantenimiento del espacio público de Puente
Quetame.

No obstante, los daños que se presentan en el sector de la plazoleta entre el K42+720
• K42+750 requieren intervenciones profundas a partir de un estudio y diseño
geológico, geotécnico e hidráulico de la zona, que permita definir las obras de
contención y de drenaje para atender la falla a profundidad y posteriormente las
reparaciones del urbanismo en mención. Actividades que están por fuera del
alcance del contrato de Coviandes y requieren gestión y recursos económicos de las
entidades del Estado. Tales como la Gobernación de Cundinamarca y la propia
Alcaldía de Quetame debido a que se trata de una problemática totalmente ajena a la
construcción de la vía y, por el contrario, agravada por el indebido uso del suelo y el
territorio, permitidas por la Administración municipal.

Adicionalmente, es prioritaria la intervención de las autoridades municipales para
corregir los efectos de la situación atrás descrita, con la participación de la Unidad de
Gestión del Riesgo para encontrar soluciones inmediatas tendientes a la reubicación
a una zona segura, de la población más vulnerable por su propia seguridad y para
evitar un mayor deterioro por los malos manejos de aguas y construcciones
antitécnicas frecuentes en Puente Quetame que han desencadenado mayores

73
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 353 a 355.

46

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

problemas de inestabilidad en el sector, que también afectan gravemente la
estabilidad de la carretera en ese sector. […]” (negrilla fuera de texto).

164.El consorcio Interconcesiones, en el marco de la interventoría concesión Bogotá
– Villavicencio, mediante informe allegado el 10 de mayo de 202174, remitió
información relacionada con el estado de las obras en el paso urbano de Puente
Quetame sector plazoleta k42+720 – k42+750, en el siguiente sentido:

“[…] nos permitimos informar sobre el estado actual observado en la infraestructura
en comento, en vista efectuada el día 8 de junio de 2021 al sitio en cuestión:

• El parque El Adoquín, que está ubicado entre la calzada existente y la margen
derecha del río Negro, presenta afectaciones parciales en su área por
inestabilidad del talud inferior, como consecuencia de la socavación
originada por una crecida del río Negro en el año 2014.

• No se observa incremento de daños en el área adoquinada, tampoco se observan
avances en las afectaciones al talud, con respecto a lo observado el informe de
2019 referido previamente.

• Los elementos fijos (bancas) se mantienen en el mismo lugar, con lo cual es
preciso afirmar que no se ha presentado avance del proceso de inestabilidad
sobre la zona adoquinada.

• A la fecha se observa que han sido realizadas actividades de mantenimiento
(barrido y limpieza) en la zona del parque adoquín, presuntamente por el nuevo
operador de la vía, y que se encuentra en uso el paradero emplazado en dicha
zona.

• La cobertura vegetal del talud inferior del adoquinado, así como de la parte
posterior de las viviendas aledañas, ubicadas tanto aguas arriba como hacia
aguas abajo, presentan incremento en la cobertura vegetal, conformada por
pastos, arbustos y algunos árboles de bajo porte.

• En los predios aledaños tanto aguas arriba como aguas abajo, se encuentra una
protección del talud en la ronda del río Negro, mediante membrana plástica

• En la parte baja del talud se encuentra una protección paralela a la margen
del río Negro, la cual puede haber mitigado el efecto de socavación que
produce el río; sin embargo, presenta algunas afectaciones puntuales y
requiere mantenimiento. […]” (negrilla fuera de texto).

165. Obra en el expediente el informe técnico de 27 de julio de 2023 remitido por
RDL Ingenieros Consultores a Coviandina, mediante Oficio núm. 900-GRAL-5879
de 31 de julio de 202375, con asunto: “[…] Causas de los hechos ocurridos el 17 de
julio de 2023 en la quebrada El Naranjal, rio Contador y la Quebrada Estaquéca y
la afectación de infraestructura de la vía concesionada […]”, en el cual indicó:

“[…] 1. Hechos acaecidos y causas del fenómeno presentado.

1.3. Puente Quetame

74
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 360 a 362.
75
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fl. 505 a 514.

47

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

El día 17 de julio del presente año, el rio Contador presentó una avenida
torrencial con alto transporte de grandes bloques y sedimentos. Este fenómeno
generó sobre el río Negro un dique de sobre – tamaños provenientes de la cuenca
del rio contador, embalsando el primer cuerpo de agua.

Adicionalmente, esta avenida torrencial generó socavaciones laterales en la
margen del río Negro, poniendo en riesgo la zona urbana las viviendas y la
calzada concesionada en aproximación al casco urbano de Puente Quetame.

El embalse presenta aproximadamente una altura de 6m, represando aguas arriba el
río Negro y generando un cambio en el flujo del mismo, pasando de torrencial a
laminar en aproximadamente 1,2 km aguas arriba. Esta condición de rio
embalsamado podría desencadenar una avalancha por la ruptura súbita del
dique si las precipitaciones continúan a lo largo de la cuenca del río Negro y rio
Contador con magnitudes considerables.

Analizado el comportamiento actual del dique dispuesto durante en (sic) este evento,
se aprecia que el caudal del río Negro esta generando arrastre de los escombros que
conforman esta ‘represa’, por lo cual se ha eliminado parcialmente una porción del
dique.

2. Análisis pluviométrico del sector

Considerando que uno de los principales detonantes son las precipitaciones, se
realizó una búsqueda en los reportes de estaciones pluviométricas cercanas al peaje
Naranjal, con el fin de analizar las precipitaciones del mes de julio […]

[…] En la estación Susurro, ubicada a 12km aguas abajo del peaje Naranjal

48

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

Estos datos permiten tener una idea de la intensidad de la precipitación en lo corrido
del presente mes, y constituyen el factor detonante de las inestabilidades en las
cuencas afluentes al río Negro, sobre filitas de la unidad Quetame y depósitos
cuaternarios de mezcla de grandes bloques en matrices mixtas (terrazas clasto-
soportadas) y en morfologías complejas con pendientes transversales de medias a
altas.

3. Infraestructura concesionada afectada

A continuación, se describirán las afectaciones evidenciadas durante la inspección
técnica del 18 de julio del 2023 por los fenómenos ocurridos en las quebradas
Naranjal, Estaquecá y el río Contador.

[…] 3.3. Afectación de la vía producto de la avenida torrencial del río Contador

La avenida torrencial del río Contador generó grandes procesos de socavación
lateral a la calzada sentido Villavicencio – Bogotá, deformando la capa de
rodadura en aproximadamente 3cm (~60cm acumulados). De igual forma, se
encuentran comprometidas las viviendas localizadas en aproximación al centro
poblado de Puente Quetame.

49

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

[…]” (negrilla fuera de texto).

166. La Interventoría Concesión Bogotá – Villavicencio emitió informe núm. IBV-
6335-23 de 12 de septiembre de 202376, en el cual remitió sus conclusiones
derivadas de la “[…] Interventoría técnica, financiera, contable, jurídica,
medioambiental, socio-predial, administrativa, de seguros, operativa y de
mantenimiento del Contrato de Concesión No. 444 de 1994 y demás documentos
que lo modifiquen, adicionen o complementen para la Concesión de la vía Bogotá –
Villavicencio Contrato No.067 de 2012 […]”, junto con el “[…] Registro fotográfico
del estado actual de la plazoleta en adoquín – paso urbano Puente Quetame, entre
el K 42+720 y el K 42+740 de la vía Bogotá – Villavicencio […]”, señalando lo
siguiente:

“[…] Con las anteriores precisiones, nos permitimos informar sobre el estado actual
observado en vista efectuada el día 12 de septiembre de 2023 al sitio en cuestión:

• La plazoleta Adoquinada, está ubicada entre la calzada existente en la margen
derecha del río Negro, presenta las mismas afectaciones parciales reportadas
(IBV-5805-21) en su área por inestabilidad del talud inferior, como consecuencia
de la socavación originada por una crecida del río Negro en el año 2014.

• No se observa evolución de daños en el área adoquinada, tampoco se observan
avances de degradación en el talud, de acuerdo con lo observado el informe de 2021.

• Los elementos fijos (bancas) se mantienen en el mismo lugar, con lo cual es preciso
afirmar que no se ha presentado avance del proceso de inestabilidad sobre la zona
adoquinada.

• A la fecha se observa que se han realizado actividades de mantenimiento (barrido y
limpieza) en la zona y se encuentra cumpliendo su funcionalidad.

• La cobertura vegetal del talud inferior de la plazoleta adoquinada, así como de la
parte trasera de las viviendas aledañas, ubicadas aguas arriba, presentan incremento
en la cobertura vegetal, conformada por pastos, arbustos y árboles.

76
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 2, fls. 483 a 486.

50

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

• En los predios aledaños aguas abajo, se mantiene la protección del talud, mediante
membrana plástica. Contiguo a esta se evidencia afectación a dos viviendas en
su parte posterior y una nueva pérdida de cobertura vegetal que también está
protegida con membrana plástica.

• Las viviendas aledañas a la plazoleta adoquinada en su fachada frontal y costado
lateral, no presentan indicios de afectaciones causadas por algún evento de magnitud.

• En la parte inferior del talud, paralelo a la margen del río, se encontraba una
protección de gaviones recubiertos en concreto el cual en el año 2021
presentaba deterioro, a la fecha, esta estructura de contención y mitigación
contra la erosión no se observa. Lo que pudo ser causado por las intensas
lluvias que generaron incremento de caudal ocasionando la pérdida de este
elemento de protección.

En el siguiente registro fotográfico se observa el estado actual del parque adoquinado
y las viviendas aledañas:

51

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

De acuerdo con lo anterior, pese a que se observan algunos indicios de pérdida
de estructura de gaviones en el talud inferior, en el límite con el río Negro, en la
plazoleta en adoquín no se observan afectaciones, con lo cual se puede concluir
que se conserva en condiciones semejantes a los reportes anteriores, se
observa incremento de vegetación nativa. […]” (negrilla fuera de texto).

167.Conforme al material probatorio previamente citado, se tiene que en el sector
comprendido entre los Km 42+720 al Km 42+740 de la carretera (puente Quetame)
se presenta una problemática de riesgo de desastre asociada a eventos de
inestabilidad del suelo, derrumbes y deslizamientos, al ser catalogada la zona como
de alta susceptibilidad a los fenómenos de remoción en masa.

168.Dicha problemática se debe a una combinación de factores ambientales y
antrópicos. El principal factor ambiental es la inestabilidad geológica propia de ese
sector, determinado por sus características litológicas y fuertes pendientes. Sin
embargo, el fenómeno se agrava por las altas precipitaciones e intensas
temporadas invernales, y por la socavación lateral de los taludes generada por las
crecientes y la dinámica del río Negro.

169. Entre los factores antrópicos está el uso inadecuado del suelo, la invasión de la
zona de ronda hídrica, la construcción antitécnica de estructuras habitacionales de
hasta cinco pisos, los malos manejos de las aguas en el sector, la deforestación, el
deterioro del paso adoquinado por invasión, disposición de basuras y materiales de
todo tipo y la falta de control de las autoridades locales en materia de desarrollos
urbanísticos en la zona.

170.La situación objeto de la demanda se ha materializado en movimientos de tierra
y caída de piedras. Además, ha ocasionado pérdida de la banca del corredor vial,
grietas y fisuras a las viviendas aledañas y, particularmente, a la obra de urbanismo
ejecutada por Coviandes. Puntualmente, Coviandes señaló que el factor principal
del hundimiento del paso adoquinado y la pérdida de la baranda instalada para su
cerramiento es “[…] pérdida de soporte […] por el deslizamiento en el sitio […]”,
causado por “[…] la inestabilidad propia de la zona […]”.

171.La población vecina se encuentra en condición de vulnerabilidad puesto que
ocupa los taludes o márgenes del río, los cuales son modificados permanentemente
por el comportamiento del caudal. Pero, su exposición al riesgo se ve acentuada en
tanto que sus viviendas se ubican en la proximidad a un meandro del cuerpo hídrico;
es decir, en donde más impacta la energía de la corriente de las aguas, la cual
aumenta en época de crecientes.

172.Esto quiere decir que la infraestructura vial de la ANI también es vulnerable a los
factores ambientales de riesgo, toda vez que, al ser proyectada y ampliada en
proximidades a las márgenes de los cuerpos de agua, se vio afectada a la altura de
Puente Quetame, pero también a lo largo de 15 puntos del corredor vial, los cuales
comprometen los cimientos de 4 puentes:

52

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

“[…] por las condiciones en que la vía discurre por las márgenes de los ríos
Cáqueza, Negro y Guayuriba, son muchos los eventos que han existido y que
han afectado la banca de la carretera, casos concretos, K7, K18, K22, K23, K24,
K29, y K31 y K32 (Variante de Cáqueza), K41, K42, (Puente Quetame) K46 y, las
fundaciones de algunos puentes, como, María Auxiliadora (K27), Casa de Teja (K65),
Chigüire (K69), y Alejandrina (K77). […]” (negrilla fuera del texto).

173.Tal es el riesgo en que se encuentra el corredor vial, que la misma concesionaria
inicial, Coviandes, llamó la atención sobre la necesidad de abordar la problemática
tanto por las autoridades locales, como por las entidades del sector transporte, pues
está en peligro la vida e integridad de los usuarios de la vía:

“[…] no adoptar medidas de mitigación en la zona, por parte de las autoridades
oficiales competentes, incluido el dueño del proyecto (ANI) posiblemente generará
graves afectaciones que pondrán en riesgo la transitabilidad del corredor. […].

solicitamos a la ANI acuda a las autoridades competentes para que adopten las
medidas que solicita la Gobernación, para evitar afectaciones mayores que en efecto,
puedan comprometer no sólo la seguridad de los habitantes del sector, sino la
de los usuarios que transitan por el corredor vial […]” (negrilla fuera del texto).

174. La ANI coincidió con la conclusión planteada por Coviandes, al mencionar que
la materialización de un evento de desastre en el sector “[…] ocasionaría la pérdida
de la bancada de la carretera en el sector de Puente Quetame […]”. Asimismo,
concluyó que “[…] en las condiciones actuales existe una gran amenaza de
deslizamiento de estas viviendas con la consecuente pérdida de banca de vía y la
seguridad de la población […]”.

175. Sobreel punto, valga recordar que Coviandes señaló que, conforme a los
estudios contratados por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía –
Corporinoquia para la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca
del Río Negro (POMCA), se recomendó la ejecución de, entre otras, las siguientes
medidas de intervención estructural de la zona del talud en cuestión:

“[…] Retirar el flujo de la base o pata del talud en la zona más crítica. Para tal caso
se debe acomodar material grueso (mayor a 0.50 m) en forma de jarillón, que
desvié (sic) el flujo hacia la parte central del cauce […].

Se puede colocar en la parte frontal hexápodos de 2.20 m de diámetro debido a la
velocidad que presenta el flujo en este sector del río. En la parte posterior de la hilera
de hexápodos, se reacomoda el material grueso. […]. Estos se deben amarrar con un
cable de media pulgada.

reconformación del talud en la base (recuperación de talud) para alejar el flujo de
la pata del talud mediante la utilización de colchón reno, con un gavión enterrado
para evitar el colapso de la estructura por socavación. De igual manera se
propone la colocación de dos (2) espolones en piedra pegada para redireccionar
el flujo y ayudar a contrarrestar la socavación en la pata del talud afectado […]”
(negrilla fuera del texto).

176. Adicionalmente,
la ANI reportó que en 2017 los pobladores de la zona
construyeron sus viviendas sobre las obras de drenaje y las estructuras de

53

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

contención de la carretera, por lo cual infirió que las aguas de escorrentía estarían
“[…] circulando […] en dirección al talud del río margen derecha, saturando el suelo
y disminuyendo su capacidad portante, lo cual, aunado a la afectación que genera
el río sobre la ladera pueden ser los causantes del fenómeno presentado […]”.

177. No obstante, también está demostrado que la ANI y Coviandes conocieron la
situación de riesgo, por lo menos desde el 2005, pues la concesionaria comunicó a
la Agencia “[…] que la problemática con el Río Negro no es un asunto nuevo, ni
reciente […]”, pues ya contaba con el diagnóstico de Corporinoquia, que contrató
los estudios correspondientes para “[…] la declaratoria de ordenación de la cuenca
del río Negro mediante la Resolución No. 2431 de 2005 […]”.

178. En ese sentido, se precisa que la ANI y Coviandes sabían de la inestabilidad del
sector, incluso antes de haber ejecutado el paso adoquinado objeto de la
controversia, pues “[…] Las obras en el paso urbano de Puente Quetame se
ejecutaron entre junio de 2011 y septiembre de 2012 […]”.

179. En el acta de entrega del paso adoquinado, suscrita el 19 de septiembre de
2012, la concesionaria afirmó que “[…] Las obras en el paso urbano de Puente
Quetame […] fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría y la ANI […]”. Pero,
a la vez, que la obra se encontraba deteriorada principalmente por la inestabilidad
de la zona.

180. Coviandes en dicho documento recalcó que los eventos climáticos en la zona
han ocasionado “[…] un sinnúmero de afectaciones en el corredor vial a nuestro
cargo y en las poblaciones aledañas a la carretera […]. Es conocido de autos que
Puente Quetame se ubica en una zona considerada geológicamente inestable, lo
que hace que con cierta frecuencia se presenten movimientos de tierra y caídas de
piedra, con los consecuenciales impactos en las construcciones allí ubicadas […]”.

181. Pese al conocimiento previo de los factores de amenaza y vulnerabilidad
presentes en la proximidad de la carretera a la altura de puente Quetame, está
demostrado que la construcción de la vía incrementaron el nivel de riesgo
preexistente, pues: (i) aumentaron la carga del talud inestable con la realización del
paso adoquinado; (ii) no acreditaron haber realizado estudios y diseños de la obra
para prevenir, mitigar o corregir el nivel de riesgo detectado; y (iii) pusieron a
disposición de la población una obra que ya presentaba deterioro por cuenta de los
factores de riesgo que fueron asumidos por las partes contratantes.

182. Aunque Coviandes y la ANI sostienen que el fenómeno de riesgo no les es
atribuible por ser hechos de la naturaleza, lo cierto es que, con ocasión del
diagnóstico del sector realizado por la sociedad Environmental Ingenieros
Consultores y de la publicación de la Resolución núm. 2431 de 2005, el riesgo objeto
de la demanda no era imprevisible y tampoco irresistible.

54

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

183. Incluso, en comunicación de 13 de agosto de 2019, Coviandes informó que “[…]
adquirió dos predios ubicados entre el Km42+720 y el Km42+740, los cuales eran
requeridos para la ejecución de obras en zonas inestables de la calzada existente
de la vía […]”. En consecuencia, se corrobora que la concesionaria sabía del
fenómeno de inestabilidad de talud desde antes de haber ejecutado el paso
adoquinado. Y, aunque no lo supiera, en el marco del proyecto de infraestructura
vial, correspondía al contratista identificar la línea base ambiental y el respectivo
análisis de riesgos antes de diseñar el tipo de obra que se requería.

184. La Sala no desconoce que Coviandes realizó diversos diagnósticos donde
encontró que los pobladores de la zona también están incidiendo en la situación de
riesgo de desastre, al efectuar desarrollos urbanísticos con desconocimiento de la
normativa técnica y ambiental, y dar un uso inadecuado al paso adoquinado. Sin
embargo, esto no permite desvirtuar que el riesgo de desastre persiste en la
actualidad ni que la causa principal de afectación del corredor vial son los factores
naturales de riesgo que no fueron debidamente abordados por las partes
contratantes antes de ejecutar el paso o plazoleta adoquinada.

185. En efecto, en el 2021, el consorcio Interconcesiones puntualizó que el paso
adoquinado “[…] presenta afectaciones parciales […] por inestabilidad del talud
inferior, como consecuencia de la socavación originada por una crecida del río
Negro en el año 2014 […]” (negrilla fuera de texto).

186. Además, la ANI y Coviandes no demostraron haber adoptado medidas
oportunas y eficaces para la prevención del riesgo, pese a que son las entidades
encargadas de velar por la integridad de la infraestructura en cuestión y la seguridad
de sus usuarios.

187. Mediante documento de 9 de junio de 2021, Coviandes afirmó haber realizado,
durante el tiempo en que la infraestructura en cuestión estuvo a su cargo,
actividades continuas y periódicas de mantenimiento del espacio público. Pese a
ello, reconoció que la situación requiere principalmente de intervenciones de índole
estructural, sin que haya demostrado alguna labor al respecto:

“[…] los daños que se presentan en el sector de la plazoleta entre el K42+720 -
K42+750 requieren intervenciones profundas a partir de un estudio y diseño
geológico, geotécnico e hidráulico de la zona, que permita definir las obras de
contención y de drenaje para atender la falla a profundidad y posteriormente las
reparaciones del urbanismo en mención […]” (negrilla fuera del texto).

188.Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que la situación de riesgo que
amenaza la infraestructura pública vial, incluido el paso adoquinado construido a la
altura del Km 42+730 de la vía Bogotá – Villavicencio, atenta contra los derechos
colectivos a la seguridad pública y al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público, cuyo amparo requiere con urgencia obras de
contención y estabilización.

55

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

189. Valga resaltar que la perturbación de los derechos colectivos no ha cesado, pues
Coviandes señaló que el 17 de julio de 2023 se presentó una nueva avenida
torrencial que transportó una cantidad importante de sedimentos y bloques de gran
tamaño que se acumularon al punto de formar un dique que obstruyó el paso de las
aguas y ocasionó un fenómeno de embalse del río Negro a 1.2 km aguas arriba del
sector afectado. Dicha sociedad reconoció que esos acontecimientos generaron
nuevas socavaciones laterales y un aumento del riesgo para la infraestructura
establecida en la cima del talud, pues la ruptura súbita del dique desencadenaría
una avalancha. También acreditó que la capa de rodadura de la vía se encuentra
deformada.

190. El 12 de septiembre de 2023, la Interventoría Concesión Bogotá – Villavicencio
advirtió que “[…] En la parte inferior del talud, paralelo a la margen del río, se
encontraba una protección de gaviones recubiertos en concreto el cual en el año
2021 presentaba deterioro, a la fecha, esta estructura de contención y mitigación
contra la erosión no se observa. Lo que pudo ser causado por las intensas lluvias
que generaron incremento de caudal ocasionando la pérdida de este elemento de
protección […]”. También señaló que las afectaciones del sector persisten en el
mismo estado desde el 2021.

191. Aunque el municipio haya instalado un geotextil bajo las viviendas del sector
para evitar el aumento del proceso erosivo, estos elementos se encuentran
deteriorados por la vegetación del talud. Además, el consorcio Interconcesiones
indicó que el geotextil requiere mantenimiento.

V.3.3. La sucesión, titularidad y responsabilidad en relación con paso urbano
y su plazoleta de adoquín

192.La Concesionaria Vial de Los Andes S.A.S. (Coviandes) reconoció en su
recurso de apelación que en virtud del contrato de Concesión núm. 444 de 1994,
celebrado para la modificación y mejoramiento de la vía Bogotá – Villavicencio,
construyó el paso adoquinado objeto del proceso.

193.Sin embargo, adujo que al finalizar la construcción de dicha estructura, fue
entregada y recibida a satisfacción por la ANI, la cual, a su vez, mediante contrato
de 3 de noviembre de 2019, lo entregó, junto con el respectivo corredor vial, a la
Concesionaria Vial Andina S.A.S. (Coviandina).

194. Antes de abordar este punto de la apelación, es necesario advertir que el
artículo 144 de la Ley 1437 estableció que cuando la vulneración de los derechos e
intereses colectivos proviene de un acto administrativo o contrato estatal, es posible
ejercer la acción popular para que el juez tome medidas correctivas o preventivas
de la amenaza o vulneración, sin que pueda llegar a anular el respetivo acto o
contrato.

195. Esto significa que la acción popular resulta procedente cuando la ejecución
del acto o contrato transgrede los derechos colectivos y no para resolver las

56

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

controversias que persigan la nulidad del acto o contrato, pues para ello el legislador
instituyó los medios de control de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho
y de controversias contractuales.

196. Respecto del medio de control de controversias contractuales, el artículo 141
ibidem señaló lo siguiente:

“[…] Artículo 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes
de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad,
que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la
nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al
responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del
contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo
haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento
del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término
establecido por la ley.

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la
actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138
de este Código, según el caso.

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se
declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de
oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él
hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes […]” (negrilla fuera
del texto).

197. En consecuencia, esta corporación judicial explicó en las sentencias de 13
de diciembre de 202377, 27 de julio de 202378 y 5 de septiembre de 202479 que la
acción popular no puede ser empleada para obtener la declaratoria de nulidad de
un contrato, ni para discutir asuntos relacionados con su validez o para debatir los
aspectos de legalidad referidos en el artículo 141 de la Ley 1437, pues ello
conduciría a una eventual declaratoria de nulidad proscrita por el legislador en este
tipo de acciones.

198. Por lo tanto, si la acción popular identifica un contrato administrativo como
causa de la perturbación de los derechos colectivos, la parte demandante debe
demostrar que el contrato estatal, más allá de desconocer el ordenamiento superior,
afectó el ejercicio adecuado de esa clase de derechos.

199. Esta postura se fijó en aras de fortalecer la coherencia y armonía del
ordenamiento jurídico, en relación con el contenido y alcance de los diferentes
medios de control de la actividad administrativa ante la jurisdicción contenciosa80.

77
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón, sentencia de 13 de diciembre de 2023, expediente núm. 66001-23-33-000-2021-00103-02.
78
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejero ponente Martín Bermúdez
Muñoz, sentencia de 27 de julio de 2023, expediente núm. 25000-23-41-000-2017-00083-02.
79
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de septiembre de 2024, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón,
radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00308-01(AP).
80
Cfr.: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de junio de 2007, Rad. 16020, en Antología Jurisprudencias y
Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo A, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, p. 788.

57

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

200. Conforme al criterio jurisprudencial supra, en el caso concreto se advierte que
el contrato de concesión núm. 444 de 2 de agosto de 1994 suscrito entre el Instituto
Nacional de Concesiones – INCO (actualmente ANI) y la sociedad Concesionaria
Vial de Los Andes S.A. (Coviandes), tenía como objeto “[…] Realizar por el sistema
de concesión los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, de
construcción, la operación y el mantenimiento del sector Santafé de Bogotá -
Caqueza - k55+000 y el mantenimiento y operación del sector k55+000 –
Villavicencio […]”.

201.En el citado contrato se establecieron como garantías y requisitos de
conservación y mantenimiento del proyecto, las siguientes obligaciones:

“[…] CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO. El CONCESIONARIO se compromete a
constituir la siguientes (sic) pólizas de cumplimiento de sus obligaciones, dentro de
los diez (10) días siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato: 1.
CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de
multas y demás sanciones que se impongan al Concesionario, por el diez por ciento
(10%) del valor total propuesto para el diseño del proyecto, por un término igual al
plazo previsto para las etapas de diseño del programa y un (1) año más. […] 2. DE
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL
PERSONAL, ORIGINADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO […] 3.
ESTABILIDAD DE LA OBRA. El CONCESIONARIO, a la liquidación del contrato,
deberá garantizar la Estabilidad de Obra por un valor equivalente al dos por ciento
(2%) del costo real de las obras ejecutadas, durante la etapa de construcción,
ajustado a la fecha en que se constituya la garantía, por un término de cinco (5)
años a partir de la fecha en que finalice la etapa de operación. […]

[…] CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA. CONSERVACION Y MANTENIMINETO DEL
PROYECTO. Desde la suscripción del Acta de Iniciación de la Construcción,
hasta la entrega final del proyecto al término del Contrato, el CONCESIONARIO
asume entera responsabilidad por su cuidado. En caso que se produzca daño,
pérdida o desperfecto de algún elemento constitutivo del proyecto, por
cualquier causa que sea, con salvedad y excepción de los hechos debidos a
fuerza mayor o caso fortuito, o a hechos imprevistos que no sean imputables al
CONCECIONARIO, éste deberá repararlas y reponerlas a su propia costa de
manera que a su entrega al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS las obras estén en
buenas condiciones y en buen estado y de conformidad en todos los aspectos con los
requisitos de este contrato y con las instrucciones del interventor. Dentro del mismo
término, la señalización y el mantenimiento del tránsito a todo lo largo del proyecto
son obligaciones a cargo del CONCESIONARIO quien será responsable por los
perjuicios o al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS por falta de señalización, o por
deficiencia en ella, por su negligencia o culpa grave debidamente comprobados. La
señalización temporal durante la etapa de Construcción para la prevención de riesgos
de los usuarios y personal que trabaja en las obras y la señalización informativa y
preventiva del proyecto durante la etapa de operación, debe cumplir con las

Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 19 de noviembre de 2009, Rad. N.° 2004-01492-01(AP), C. P.: Rafael E.
Ostau De Lafont Pianeta/ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de diciembre de 2013. Radicación núm. 76001-
23-31-000-2005-02130-01(AP). C. P.: Stella Conto Díaz Del Castillo/ Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30
de junio de 2017. Radicación núm. 08001-23-31-000-2010-01160-02(AP). C. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés / Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 27 de abril de 2020. Radicación núm. 81001-23-39-000-2015-
00023-01(AP). C. P.: Guillermo Sánchez Luque / Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia de 5 de
marzo de 2021. Radicación núm.73001-23-31-000-2010-00441-01(AP). C. P.: José Roberto Sáchica Méndez / Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Décima Especial de Decisión, sentencia de 4 de octubre de 2021.
Radicación núm. 52001-33-31-008-2008-00304-01(AP)REV. C. P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.

58

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

estipulaciones y especificaciones del Manual sobre Dispositivos para el Control
del Tránsito en Calles y Carreteras, y de las resoluciones vigentes sobre la materia
expedidas por el Ministerio de Transporte. PARAGRAFO PRIMERO. NIVEL DE
SERVICIO DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN. Durante la ejecución de la etapa
de operación, el funcionamiento del proyecto se ajustará a lo establecido en el
Reglamento para la Operación de Carreteras Concesionadas (Capítulo III del
Priego de Condiciones). El CONCESIONARIO, se obliga a mantener el proyecto
con un nivel de servicio que alcance una calificación mínima de cuatro (4)
puntos, conforme a las “Normas de Mantenimiento para Carreteras
Concesionadas”, que forman parte del Pliego de Condiciones. Las revisiones se
efectuarán cada cuatro (4) meses PARÁGRAFO SEGUNDO. El incumplimiento de
estas obligaciones durante la ejecución del contrato, causará al CONCESIONARIO la
imposición de multas proporcionadas al valor del contrato y/o a los perjuicios sufridos
por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, lo cual se hará mediante resolución motivada
cada vez que se compruebe esta omisión con el informe de la Interventoría o con el
resultado de las diligencias ordenadas por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS para
tal caso. […]”

“[…] CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA. REVERSIÓN Y ENTREGA FINAL. Al
vencimiento de la etapa de operación, los bienes afectados a la concesión del
proyecto en los que se incluyen: los predios para la zona de carreteras, la obra civil:
calzadas, separadores, intersecciones, estructuras, obras de drenaje, obras de arte y
señales, las casetas de peaje y sus áreas de servicio y los equipos instalados para la
operación del proyecto, revertirán en favor del Instituto Nacional de Vías, sin costo
alguno, libres de todo gravamen y con un nivel de servicio que alcance una calificación
mínima de cuatro (4) puntos, de acuerdo con las “Normas de Mantenimiento para
Carreteras Concesionadas” que forman parte del Pliego de Condiciones. No obstante,
el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS al vencimiento del periodo de operación podrá
comprar al CONCESIONARIO, los bienes muebles o inmuebles distintos a los
enumerados en el párrafo anterior, que sean necesarios para la operación del
proyecto. En los que se incluyen: plantas de asfalto, trituradoras, maquinaria de
construcción, vehículos y campamentos. De igual forma, reconocerá las mejoras
realizadas sobre los predios que conforman la zona de carretera para la instalación
de los servicios complementarios que hayan sido autorizados por el INSTITUTO
NACIONAL DE VIAS. Las mejoras estarán representadas en construcciones de
mampostería y cubierta dura. El reconocimiento de las mejoras estará precedido por
un acta en la que de común acuerdo se fije el valor de las misas y la forma de pago.
EL CONCESIONARIO, si así lo quisiere, podrán solicitar la ampliación o prórroga de
la concesión para la explotación de los servicios complementarios que se hayan
instalado. El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, dentro de las normas legales y si lo
estima conveniente, autorizará esta ampliación. […]” (negrilla fuera de texto).

202. Posteriormente, las mismas partes suscribieron el otrosí núm. 1 de 6 de agosto
de 201081, a efectos de adicionar el objeto del contrato 444 con las siguientes obras:
(i) construcción y mantenimiento de 45.5 Km de nueva calzada ubicada en el tercio
medio de la carretera Bogotá – Villavicencio, sector el Tablón – Chirajara, (ii)
construcción, operación y mantenimiento de obras faltantes a cargo del INCO dentro
del corredor actual, (iii) mejoramiento de la carretera antigua de acceso a
Villavicencio (Pipiral – Villavicencio por el sitio denominado El Mirador) y (iv)
construcción, operación y mantenimiento de obras necesarias para el “[…]
mejoramiento del paso urbano de Puente Quetame – Caño Seco […]”, como
consecuencia del sismo ocurrido el 24 de mayo de 2008.

81
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 99 a 113

59

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

203.La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la concesionaria Vial de los Andes
– Coviandes y el consorcio Interconcesiones en calidad de interventor, suscribieron
“[…] Acta de finalización de las obras en el paso urbano de Puente Quetame de
la etapa 11 del adicional 1 al contrato de concesión 444 de 1994 carretera Bogotá
– Villavicencio […]” el 19 de septiembre de 2012, en la cual se consignó:

“[…] 8. Que en la Cláusula Décima, numeral 3, del Adicional 1, se determina que EL
CONCESIONARIO dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción del acta de
finalización de las obras, constituirá la póliza de estabilidad y calidad de las obras en
un porcentaje equivalente al cinco por ciento (5%) del valor final de las mismas.

9. Que en el Anexo 17 "Conceptos emitidos por la interventoría de los diseños
respecto a las obras adicionales y su valoración..., mediante la comunicación BIL-
1621-195 del 16 de marzo de 2009, que a su vez corresponde al Anexo C del Otrosí
Modificatorio al Adicional 1, la interventoría Consorcio BILCES confirmó que las obras
para el paso urbano de Puente Quetame cuentan con diseños definitivos y se
consideran necesarias. Igualmente, LA INTERVENTORÍA presentó al INCO el
concepto favorable para el presupuesto resultante de las revisiones conjuntas para
las obras del paso urbano de Puente Quetame, que corresponde a la suma de cinco
mil cien millones setecientos mil pesos ($ 5.100.700.000) de diciembre de 2008.

10. Que en la Cláusula Segunda del Otrosí Modificatorio al Adicional 1, se determina
invertir los recursos que quedan disponibles en las obras relacionadas, dentro de las
cuales se encuentra el urbanismo de Puente Quetame, por un valor global fijo de
cinco mil cien millones setecientos sesenta mil setecientos noventa y cuatro pesos
($5.100.760.794) de diciembre de 2008.

11. Que mediante la comunicación GG-3015 del 31 de agosto de 2010 Rad No. 2010-
409-020091-2 del 01 de septiembre de 2010, EL CONCESIONARIO envió al INCO,
el cronograma de obra y el programa de inversiones actualizado del Adicional 1,
manifestando: “Adjunto a la presente hago envió de la actualización realizada al
programa general de inversiones del contrato de la referencia; el cual tiene como inicio
el 10 de junio de 2010; fecha en la cual se firma del (sic) acta de iniciación de obra./
Es importante destacar, que el presente programa no modifica la entrega final de la
obra prevista para el 31 de diciembre de 2017, sino que mantiene la fecha; y por el
contrario permite con su ajuste realizar la recuperación del retraso de 5 meses que
se generó como consecuencia de la demora en el trámite de firma del acta de
iniciación.” Que de acuerdo con los anexos de la anterior comunicación se estableció
como fecha de inicio de la Etapa No.11, el mes de junio de 2010, la cual finalizaría en
el mes de diciembre de 2011.

12. Que mediante la comunicación GG-008185 del 04 de noviembre de 2011 Rad No.
2011-409-031881-2 del 08 de noviembre de 2011, EL CONCESIONARIO envió al
INCO, los cronogramas actualizados de ejecución, de conformidad con lo establecido
en las Cláusulas Cuarta y Séptima del Adicional 1 y el Parágrafo de la Cláusula
Novena del Contrato de Concesión 444 de 19943, en los cuales se indicó la necesidad
de modificar la fecha de terminación de las obras de urbanismo de Puente Quetame
para julio de 2012, según se expone a continuación:

• Luego del otorgamiento de la Licencia Ambiental de la Doble Calzada Bogotá -
Villavicencio, se realizaron tres socializaciones del proyecto con la comunidad de
Quetame: la primera el 24 de marzo de 2010, la segunda el 23 de febrero de 2011, y
la tercera el 23 de junio de 2011. Esta última, se efectuó por solicitud de la comunidad
para explicar las obras de urbanismo proyectadas dentro del Adicional 1.

• En estas reuniones, entre otros temas, se trató el desarrollo de la movilidad local del
municipio generando inquietudes en la comunidad que combinó los trabajos del Paso

60

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

Urbano con las obras de movilidad en el sector 2 de la Doble Calzada (etapa 5)
ocasionando la ejecución de algunos ajustes a los diseños, retrasando el inicio de las
obras del paso urbano de Puente Quetame, y anticipando la ejecución de algunas
obras de movilidad de la etapa 5.

13. Que mediante la comunicación GG-004945 del 16 de mayo de 2012 Rad No.
2012-409-013825-2 del 17 de mayo de 2012, EL CONCESIONARIO envió a la
Agencia Nacional de Infraestructura, el cronograma de obra y el programa de
inversiones actualizado del Adicional 1, mediante el cual se informó que la terminación
de las obras del paso urbano de Puente Quetame, se postergaba para el mes de
septiembre de 2012.

14. Que según recorrido realizado el 19 de septiembre de 2012 con la participación
del Ingeniero Rolando Castro, actuando como Supervisor de La Agencia Nacional de
Infraestructura, el Ingeniero Felix Alfonso Elías Director del Consorcio
INTERCONCESIONES Interventor Integral del Proyectos y del Ingeniero Jairo Charry
en representación del CONCESIONARIO, se verificó la realización de las obras en el
paso urbano de Puente Quetame que incluye: i) La recuperación del pavimento en
zona de bahías y en el sector de las Carpinterías, incluye señalización vertical y
horizontal, ii) Obras de urbanismo: Andenes, bahías de parqueo, mobiliario urbano,
barandas, accesos a predios tipo rampas y escaleras y iii) Redes y alumbrado:
Canalizaciones, cajas eléctricas, cajas telefónicas, transformadores y postes de
alumbrado.

Con fundamento en lo anterior,

1. Las partes acuerdan suscribir el acta de finalización de las obras del paso urbano
de Puente Quetame, correspondientes a la Etapa 11, al haber finalizado de forma
satisfactoria su ejecución.

2. Las partes reconocen que las obras en el paso urbano de puente Quetame, fueron
construidas y finalizadas conforme el Otrosí Modificatorio del Adicional 1 al Contrato
de Concesión 444 de 1994, que se identifican en el registro fotográfico Anexo No 1 y
en los planos Anexo No. 2 de este documento.

3. Se establece que el valor final de las obras en el paso urbano de Puente Quetame
es de CINCO MIL CIEN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ($5.100.760.794) DE DICIEMBRE DE 2008, a precio
global fijo, de conformidad con la Cláusula Segunda del Otrosí Modificatorio al
Adicional 1 del Contrato de Concesión 444 de 1994.

4. Que se considera, conforme a lo estipulado en la Cláusula Cuarta del Adicional 1,
que resulta factible la operación de las obras en el paso urbano de Puente Quema,
Etapa 11, por cuanto las mismas hacen parte de la calzada existente actualmente en
funcionamiento y que se encuentra a cargo de COVIANDES S.A. en virtud de lo
dispuesto en el Contrato de Concesión 444 de 1994.

5. Según la Cláusula Décima Numeral 3 del Adicional 1, EL CONCESIONARIO
deberá constituir la póliza de estabilidad y calidad de las obras en el paso urbano de
Puente Quetame en las fechas estipuladas y bajo parámetros legales y contractuales
vigentes.

Para constancia firman los que en ella intervinieron, el 19 de septiembre de 2012 en
la ciudad de Bogotá. […]” (negrilla fuera de texto).

61

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

204.Mediante oficio núm. GJA-003564 de 13 de agosto de 201982, Coviandes
informó que:

“[…] en virtud del otrosí del 6 de agosto de 2010 al Adicional No. 1 de 2010 al Contrato
de Concesión 444 de 1994, adelantó la construcción de una Plazoleta a la altura
del Km42+730 de la vía Bogotá - Villavicencio, como parte de las obras de
urbanismo que le fueron encomendadas por la ANI, con el fin de mejorar las
condiciones de este paso urbano.

Estas obras fueron ejecutadas por Coviandes y recibidas a satisfacción por
parte de la Interventoría del proyecto y de la ANI, como consta en el "Acta de
Finalización de la Obras en el Paso Urbano de Puente Quetame de la Etapa 11 del
Adicional 1 al Contrato de Concesión 444 de 1994 Carretera Bogotá - Villavicencio",
del 19 de septiembre de 2012. […]” (negrilla fuera de texto).

205.El consorcio Interconcesiones, en el marco de la interventoría de la concesión
Bogotá – Villavicencio, mediante informe allegado el 10 de mayo de 202183, se refirió
a la titularidad del paso adoquinado de Puente Quetame, sector km 42+720 – km
42+750, en el siguiente sentido:

“[…] Es importante precisar que, el denominado parque El Adoquín, hace parte del
espacio público construido por Coviandes en el paso urbano de Puente Quetame, en
desarrollo del Adicional No.1 al Contrato de Concesión 444 de 1994. Dichas obras
hacen parte de la infraestructura que fue revertida a la ANI el día 2 de noviembre
de 2019. […]” (negrilla fuera del texto).

206.La concesionaria Coviandes S.A.S., mediante informe de 9 de junio de 202184,
manifestó que el paso adoquinado no solo fue revertido a la ANI, sino que a la vez
este fue otorgado en concesión a la sociedad Coviandina S.A.S.:

“[…] 1. OBRAS EN EL PASO URBANO DE PUENTE QUETAME SECTOR
PLAZOLETA.

Con cargo al Otrosi Modificatorio al Adicional 1 al Contrato de Concesión 444 de 1994,
Coviandes realizó obras de urbanismo en el centro poblado de Puente Quetame, de
las cuales hace parte una plazoleta ubicada entre el K42+720 - K42+750
aproximadamente, actualmente denominada por el municipio como Parque Adoquín,
localizada hacia la calzada Villavicencio - Bogotá, sentido 2 de la vía.

Las obras en el paso urbano de Puente Quetame se ejecutaron entre junio de 2011 y
septiembre de 2012 y fueron recibidas a satisfacción por la Interventoría y la ANI
mediante Acta de Finalización de las Obras suscrita entre las partes el 19 de
septiembre de 2012. […].

[…] Coviandes tuvo a cargo la operación del corredor vial, esto es, hasta el 2 de
noviembre de 2019 (fecha en la cual revirtió en favor de la ANI, quien a su vez
entregó dicha operación a la empresa Coviandina S.A.S.) […]” (negrilla fuera del
texto).

82
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 282 a 284.
83
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 360 a 362.
84
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 1, fls. 353 a 355.

62

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

207.La Interventoría Concesión Bogotá – Villavicencio, en su informe de 12 de
septiembre de 202385, corroboró que las obras del paso adoquinado de Puente
Quetame “[…] hacen parte de la infraestructura que fue revertida a la ANI el día
2 de noviembre de 2019. […]” (negrilla fuera del texto).

208. En atención a estas afirmaciones, es pertinente recordar que, conforme al
artículo 1.° de la Ley 1523, la gestión del riesgo de desastres “[…] es un proceso
social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de […]
acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.

209. Este proceso “[…] es responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes del territorio colombiano […]” y, por ello, el artículo 2° de la ley indicada
precisa que “[…] las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y
ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, […] en el marco de sus competencias,
su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres […]”. Además, “[…] los habitantes del territorio
nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución,
solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y
acatarán lo dispuesto por las autoridades […]”.

210. Así las cosas, el artículo 8.° ibidem establece que los principios de protección86,
sistémico87 y de concurrencia88 son postulados que buscan que las autoridades y
los particulares trabajen de forma colaborativa y coordinada en la consecución de
este objetivo, en el marco de sus obligaciones y deberes constitucionales, legales y
reglamentarios. Por ello, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SNGRD) no solo está integrado por las entidades públicas sino también por las
entidades privadas con ánimo y sin ánimo de lucro y por la comunidad.

211. Es necesario señalar que el sistema de gestión de riesgo de desastres está
incorporado en otros subsistemas jurídicos como el de tránsito y transporte. En tal
virtud, los proyectos de infraestructura vial que se desarrollen en el país deben, en
primera medida, desarrollar el componente preventivo del sistema, en el sentido de
planificar, estudiar y diseñar la localización y construcción de infraestructuras en
sitios donde se garantice su funcionamiento seguro. El artículo 38 de la Ley 1523
desarrolló dicha responsabilidad en los siguientes términos:

85
Expediente físico Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cuaderno principal núm. 2, fls. 483 a 486.
86
Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus bienes
y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a
posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados
87
La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades
estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los
procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de
competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación,
recursividad, control, sinergia y reiteración.
88
La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario
que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos,
acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades
involucradas. La acción concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente
de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las
metas comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas.

63

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

“[…] Artículo 38. Incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública. Todos
los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el territorio, bien sea a
nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar
apropiadamente un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará
definido en función de la complejidad y naturaleza del proyecto en cuestión.
Este análisis deberá ser considerado desde las etapas primeras de formulación, a
efectos de prevenir la generación de futuras condiciones de riesgo asociadas
con la instalación y operación de proyectos de inversión pública en el territorio
nacional.

Parágrafo. Todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la
formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y
urbano, incluirán en los contratos respectivos la obligación de incorporar el
componente de reducción del riesgo y deberá consultar los lineamientos del Plan
aprobado de Gestión del Riesgo del municipio o el departamento en el cual se va
ejecutar la inversión. […]” (negrilla fuera del texto).

212.El artículo 84 de la Ley 1523 desarrolla el componente reactivo de la gestión del
riesgo de desastres, en el sentido de imponer a los contratistas del Estado la
obligación de efectuar labores de mitigación, en especial, ante situaciones de
emergencia que pongan en riesgo los derechos de la colectividad:

“[…] Artículo 84. Emergencias viales. El Gobierno Nacional podrá requerir de los
contratistas y concesionarios del Estado la maquinaria, el equipo y personal que se
encuentre a su disposición para atender de manera inmediata las emergencias
viales o de cualquier otra naturaleza que se presenten en su zona de actividad
o de influencia, cuando este método constituya la forma más eficiente de mitigar
el impacto generado por la necesaria atención de emergencias que amenacen
la vida y demás derechos de la población. […]” (negrilla fuera del texto).

213. En virtud de tales postulados legales, se expidió el Decreto 602 de 6 de abril de
201789, compilado en el Decreto 1079 de 26 de mayo de 201590, por medio del cual
se desarrolla el SNGRD en el Sector Transporte91. Esta normativa tiene como
propósito establecer los mecanismos de respuesta ante “[…] las emergencias
generadas por eventos hidroclimatólogicos, climáticos, telúricos, antropogénicos,
terroristas, entre otros […]”. Pero también fue promulgada para que los contratistas
realicen una adecuada valoración del riesgo de desastres en torno a la
estructuración del proyecto respectivo y así prevenir posibles emergencias:

“[…] ARTÍCULO 2.4.9.2.2. Conocimiento y reducción del riesgo en la
estructuración y ejecución de planes y proyectos de infraestructura de
transporte. Las entidades públicas o los particulares encargados de estructurar,
administrar y/o ejecutar los planes, proyectos u obras de infraestructura de transporte,
deberán evaluar las condiciones de riesgo a través de sus principales factores,
como amenazas, elementos expuestos y vulnerabilidad, para prever las

89
“[…] Por el cual se adiciona la Parte 4 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y se reglamentan los artículos 84 de la Ley
1523 de 2012 y 12 y 63 de la Ley 1682 de 2013, en relación con la gestión del riesgo de desastres en el Sector Transporte y
se dictan otras disposiciones […]”.
90
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte […]”.
91
“[…] ARTÍCULO 2.4.9.1.1. Objeto. El presente Título tiene por objeto reglamentar el artículo 84 de la Ley 1523 de 2012 y
el Mantenimiento de Emergencias de que tratan los artículos 12 y 63 de la Ley 1682 de 2013, así como incorporar y fijar
condiciones para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte, y establecer los mecanismos para dar respuesta
a las emergencias generadas por eventos hidroclimatólogicos, climáticos, telúricos, antropogénicos, terroristas, entre otros, y
las actuaciones a seguir en caso de declaratoria de desastre o calamidad pública. […]”.

64

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

actividades preventivas, correctivas y prospectivas tendientes a reducir o
mitigar los riesgos que puedan generar daños en la infraestructura de
transporte.

PARÁGRAFO. Deberá incorporarse la reducción de riesgos de desastres en los
planes y proyectos de infraestructura de cada una de las entidades del sector,
contando, entre otros, con metodologías de planificación y con normas técnicas
de diseño a lo largo del ciclo de formulación y ejecución de proyectos. […]”
(negrilla fuera del texto).

214. De lo anterior se destaca que la gestión de la variable del riesgo de desastres
no concluye con la planeación, diseño y construcción de las obras de infraestructura
del transporte, sino que se extiende a las etapas de funcionamiento, mantenimiento
y administración de la obra respectiva.

215. De tal manera, dicho subsistema dispuso que “[…] Las Entidades Públicas del
Sector Transporte que tienen a su cargo el desarrollo de proyectos de
infraestructura de transporte […]”, como la ANI, deben asumir el rol de “[…] actores
de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte […]”, sin perjuicio de
la participación de otros actores como contratistas, concesionarios o asociaciones
público-privadas, ligados con el Estado en razón de la infraestructura del
transporte92.

216.Para el caso concreto, la Sala advierte la necesidad de que la ANI diseñe y
ejecute una solución para el riesgo que amenaza la infraestructura de transporte
que se encuentra a su cargo, especialmente porque, en principio, las obligaciones
contractuales de Coviandes S.A.S. cesaron con la entrega a satisfacción de las
obras de la concesión a la precitada Autoridad.

217.Más allá de cualquier valoración en torno a las responsabilidades propias de
cada contrato de concesión sobre el sector afectado, está demostrada la afectación
de los derechos colectivos invocados, debido a la vulnerabilidad en que se
encuentra la infraestructura vial ante un posible derrumbe del talud en la cual esta
se soporta.

218.De tal modo, el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 201193 estableció que la
ANI tiene una serie de obligaciones en materia de gestión del riesgo frente a sus
proyectos de concesión, entre las cuales se destacan las de: (i) elaborar estudios

92
“[…] ARTÍCULO 2.4.9.1.2. Actores de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte.Sin perjuicio de la
participación de otros actores, hacen parte de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Sector Transporte, los siguientes:
1. Las Entidades Públicas del Sector Transporte que tienen a su cargo el desarrollo de proyectos de infraestructura de
transporte.
2. Las Entidades Públicas que dentro de sus competencias desarrollen actividades relacionadas con la gestión del riesgo
asociadas al transporte.
3. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
4. Los Entes Territoriales.
5. Los Contratistas que tienen un contrato de obra pública vigente.
6. Los Concesionarios que tienen un contrato de concesión vigente con el Estado o cualquier otro tipo de contrato de
Asociación Público Privada.
7. Los Agentes Privados que tengan propiedad privada destinada al transporte, junto con los elementos, equipos y maquinaria
asociada a esta
8. La Comunidad. (Decreto 602 de 2017, art. 1) […]”.
93
“[…] Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional
de Concesiones (INCO). […]”.

65

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

prediales, ambientales y sociales para poder evaluar los impactos de sus proyectos
de concesión94; (ii) identificar, analizar, valorar, distribuir y administrar los riesgos de
sus proyectos de concesión, así como verificar y exigir el cumplimiento de las
obligaciones correspondientes95; y (iii) prevenir riesgos y daños antijurídicos96, de la
siguiente forma:

“[…] ARTÍCULO 4°. Funciones generales. Como consecuencia del cambio de
naturaleza, son funciones generales de la Agencia Nacional de Infraestructura: […].

6. Elaborar los estudios y adelantar las acciones necesarias para recopilar la
información de carácter predial, ambiental y social requerida para una efectiva
estructuración y gestión de los proyectos de concesión u otras formas de Asociación
Público Privada a su cargo. […].

11. Identificar, analizar y valorar los riesgos de los proyectos de concesión u otras
formas de Asociación Público Privada a su cargo e incorporar en todos los contratos
de concesión y sus modificaciones las reglas de distribución de riesgos de forma que
sea explícita la asunción de riesgos de cada una de las partes. […].

ARTÍCULO 15. Vicepresidencia de Gestión Contractual. Son funciones de esta
Vicepresidencia las siguientes: […].

6. Hacer seguimiento y exigir el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la
distribución de riesgos establecida en los contratos de concesión u otras formas de
Asociación Público Privada –APP. […].

ARTÍCULO 16. Vicepresidencia Jurídica. Son funciones de la Vicepresidencia
Jurídica las siguientes: […].

9. Establecer estrategias de prevención de daño antijurídico y participar en la
definición de los mapas de riesgos jurídicos de la entidad. […].

ARTÍCULO 17. Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno. Son funciones
de la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno las siguientes: […].

6. Diseñar metodologías y coordinar los estudios necesarios para efectuar la
evaluación de impacto de los proyectos a cargo de la Agencia. […].

10. Establecer las metodologías, apoyar y/o coordinar la identificación, valoración,
distribución, administración y el seguimiento de los riesgos en los proyectos de
concesión u otras formas de asociación pública privada a cargo de la entidad, así
como de los riesgos asociados a los procesos misionales y de apoyo de la entidad.
[…]”.

219.Por tales razones, corresponde a la Agencia Nacional de Infraestructura
proteger los derechos colectivos asociados a la integridad de la infraestructura
pública vial y a la seguridad de sus usuarios.

220.En tal virtud y en el marco de sus competencias legales y reglamentarias, la
Agencia Nacional de Infraestructura deberá determinar si el paso de adoquín debe
ser clausurado, trasladado o si puede seguir haciendo parte de las obras de
urbanismo del sector, como un elemento complementario de la infraestructura del

94
Artículos 4, numeral 6; y 17, numeral 6.
95
Artículos 4, numeral 11; 15, numeral 6; y 17, numeral 10.
96
Artículo 16, numeral 9.

66

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

transporte; y si, para ello, se deben adoptar medidas de intervención estructural que
corrijan y reduzcan el nivel de riesgo detectado.

221.Ahora bien, como se explicó anteriormente, el hecho de que la Agencia Nacional
de Infraestructura tenga la condición de principal responsable en torno a la
problemática objeto de pronunciamiento, no exime al municipio de Quetame de sus
obligaciones en torno a garantizar el uso adecuado de los bienes de uso público en
su jurisdicción ni de controlar las acciones de la comunidad sobre dicho sector,
pues, se reitera, es un espacio configurado para el tránsito y uso de la colectividad.

222.Lo anterior cobra relevancia en este caso concreto en la medida en que se probó
que adicional a los factores naturales y climáticos, la acción antrópica ha contribuido
en la problemática pues, se reitera, el manejo inadecuado de las aguas y de
residuos por la comunidad ha contribuido en la generación del riesgo.

223.Al respecto, se pone de presente que la participación de la comunidad en la
generación de las amenazas o vulnerabilidades no constituye una causal de
exoneración de responsabilidad para las citadas autoridades públicas97. Aun así, en
escenarios como los aquí descritos, esta Sección ha considerado que la medida de
instar a la población que desarrolla actividades que aumentan el riesgo, entre otras,
para que cumpla con las instrucciones impartidas por las autoridades competentes
a efectos de gestionar el riesgo existente, es pertinente y necesaria, razón suficiente
para descartar el argumento de apelación propuesto por la Concesionaria.

224.Asimismo, no se trata de una medida aislada, sino que se debe complementar
con las respectivas órdenes impartidas en cada caso concreto con el propósito de
garantizar no solo que las comunidades afectadas sean objeto de medidas para la
protección de los derechos e intereses colectivos, sino que, en una perspectiva de
autoprotección, estas se constituyan en actores relevantes de la superación de la
problemática.

225.Ahora bien, la Ley 1523 estableció deberes concretos en distintas entidades del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, dirigidos a orientar, articular
y armonizar las actividades de gestión ambiental, ordenación del territorio,
planificación del desarrollo, adaptación al cambio climático y conocimiento de
amenazas y vulnerabilidades98. Igualmente señaló que los particulares participarían
en la prevención y gestión de las amenazas.

226. En dicho sistema “[…] administrativamente, son los municipios las entidades
territoriales que ostentan la responsabilidad principal y directa en la prevención y en
la atención de desastres, de allí que los alcaldes como máximas autoridades son
los encargados de la implementación de los procesos de gestión del riesgo,

97
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia proferida el 1.º de marzo de 2018.
Radicación núm. 19001-33-31-005-2011-00294-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
98
Artículos 21 (numeral 8); 23 (numeral 2) y 31 (parágrafo 2.º).

67

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

incluyendo su conocimiento y reducción y, el manejo de los desastres en el área de
su jurisdicción, en la forma señalada por el artículo 14 de la Ley 1523 […]”99.

227. Para garantizar el ordenamiento seguro del territorio, los artículos 8, 9, 12, 13,
14, 15 y 16 de la Ley 388 explicaron que los municipios, a través del instrumento de
ordenación territorial, tendrán que definir el suelo de protección que no es apto para
la localización de asentamientos humanos por estar catalogado bajo riesgo no
mitigable.

228.El POT, EOT o PBOT indicará el inventario de las zonas que presentan alto
riesgo para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, así
como “[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención de
desastres […]”.

229. En igual sentido, el artículo 39 de la Ley 1523 mencionó que los planes de
ordenamiento territorial deben “[…] considerar, el riesgo de desastres, como un
condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de esta forma
evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo […]”. Asimismo, deben
incorporar “[…] el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación
y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas
para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras
para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos
jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”.

230.Para definir lo anterior, los estudios detallados son la herramienta jurídica que
permite a los municipios detectar amenazas, determinar el nivel de riesgo y
vulnerabilidad en categorías de alto, medio o bajo, y fijar las medidas preventivas y
de mitigación adecuadas100.

El artículo 2.2.2.1.3.2.2.6. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015101 señaló
231.
que esos estudios se soportan en los siguientes documentos por cada fenómeno
analizado:

“[…] 3. Mapa de vulnerabilidad categorizada en alta, media y baja.
4. Mapa de riesgo, categorizado en alto, medio y bajo, señalando para el riesgo alto
si es mitigable o no mitigable.
5. Mapas de localización y dimensionamiento de las medidas de intervención
propuestas.
6. Presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas.
7. Inventario de viviendas en alto riesgo no mitigable […]” (negrilla fuera del texto).

99
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia proferida el 12 de julio de 2018.
Radicación núm. 660012331000201000385-02(AP). C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez,
100
Los artículos 2.2.2.1.3.2.2.4. y 2.2.2.1.3.2.2.5. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015 explican que la vulnerabilidad
depende del grado de exposición, resistencia y daño potencial de los elementos que se encuentran en zonas amenazadas
por fenómenos naturales. Estos aspectos se identifican y localizan en la cartografía correspondiente y se zonifican en
categorías de alta, media y baja vulnerabilidad.
101
"[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]".

68

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

El artículo 2.2.2.1.3.2.2.7. ibidem explicó que las medidas de intervención
232.
podrán ser estructurales y no estructurales, así:

“[…] 1. Las medidas estructurales, son medidas físicas encaminadas a la
realización de acciones y obras para atender las condiciones de riesgo ya
existentes. Entre otras se consideran las siguientes: obras de estabilización y
de reforzamiento de edificaciones e infraestructura, las cuáles deben ser
predimensionadas sobre la cartografía a nivel de prediseño, con el estimativo
de costos correspondiente.

En la determinación de este tipo de medidas se deben considerar los potenciales
efectos que producirán aguas abajo.

En las zonas donde se define que el riesgo es no mitigable se deben identificar
en detalle las viviendas y construcciones que serán objeto de reasentamiento,
además de las obras de estabilización necesarias para evitar que aumente la
influencia del fenómeno en estudio.

2. Las medidas no estructurales, orientadas a regular el uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas,
proyectos para la implementación de sistemas de alertas tempranas en los casos que
aplique, así como la socialización y apropiación cultural de los principios de
responsabilidad y precaución. […]” (negrilla fuera del texto).

233.Conforme a la normativa supra, los estudios detallados son la herramienta que
precisa si el riesgo es mitigable o no. Si se establece que el riesgo alto de desastre
no se puede mitigar, las únicas medidas de intervención que podrá el ente territorial
adoptar serán las de reubicación, junto con las obras de estabilización necesarias
para evitar el incremento del fenómeno en estudio. Por el contrario, si el riesgo es
mitigable se realizarán acciones de estabilización, como por ejemplo el adecuado
manejo de las aguas de escorrentía, la intervención de taludes o el reforzamiento
de las edificaciones o la infraestructura expuesta.

234.En ese orden de ideas y sin desconocer que el municipio de Quetame, en el
marco del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, ha realizado
diversas gestiones y actuaciones tendientes al conocimiento y prevención del riesgo
en el paso urbano y su plazoleta de adoquín, la Sala considera que el ente territorial
y su respectivo alcalde, como jefe de la administración local y representante del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en el respectivo distrito o municipio; y como
conductor del desarrollo local y responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en su jurisdicción, incluyendo el conocimiento y la
reducción del riesgo y el manejo de desastres, participar en forma activa en las
medidas que se adopten con el propósito de superar la situación de vulneración y
amenaza de los derechos e intereses colectivos, en especial, los de seguridad
pública y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

235.Es en ese sentido que la Sala considera que el ordinal 9.° de la parte resolutiva
de la sentencia proferida en primera instancia, más que coordinar debió ordenar al
municipio de Quetame que, por intermedio de su alcalde, en el marco de sus

69

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realice e implemente los
procesos de gestión del riesgo que incluyan medidas de conocimiento y reducción
del riesgo, en la zona objeto de esta acción popular. Asimismo, que, en el marco de
sus competencias policivas, controle las acciones de la comunidad sobre el sector
objeto de esta acción popular, a saber, la plazoleta ubicada aproximadamente entre
el K42+720 - K42+750, actualmente denominada por el municipio de Quetame como
parque Adoquín, localizado hacia la calzada Villavicencio – Bogotá, con el objeto de
impedir que la comunidad incurra en conductas que incrementen el riesgo en la
zona.

V.3.4. Las órdenes a impartir en esta sentencia

236.Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta que, conforme se explicó
anteriormente, se modificarán los ordinales 4.°, 5.°, 6.°, 8.° y 9.° de la parte
resolutiva de la sentencia proferida en primera instancia por la Subsección B de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el propósito de
determinar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos e
intereses colectivos y según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472, la sentencia
que resuelve una acción popular debe establecer órdenes precisas en un término
prudencial de cumplimiento.

237.En efecto, esta Sección en la sentencia de 20 de noviembre de 2020102 explicó
que las órdenes judiciales respetarán las competencias de las entidades
condenadas, así como los deberes de los particulares que integren el extremo
pasivo y que, en su sentencia, el juez podrá promover la colaboración armónica
entre las autoridades públicas para el cumplimiento del fallo. También señaló que el
propósito de las órdenes (de hacer y de no hacer) es el restablecimiento de los
derechos colectivos y, de ser posible, la restitución de las cosas al estado anterior
de la vulneración probada.

238.Por último, aclaró que “[…] la estrategia de amparo debe mantener cierto grado
de flexibilidad técnica para que la obligación de hacer o no hacer pueda adecuarse
a las dinámicas cambiantes de la realidad […], en la medida en que el juez
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para la ejecución de
la sentencia, durante el plazo prudencial establecido para su materialización […]”.

239.Como puede apreciarse el juez popular cuenta con el deber de establecer las
órdenes pertinentes y adecuadas, que involucren a las entidades competentes, con
el objeto de superar la vulneración o amenaza que se pretende proteger.

240.En este contexto, y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los
acápites anteriores de esta providencia, la Sala modificará los ordinales 4.º, 5.°, 6.°,
8.° y 9.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal, en primera
instancia en el siguiente sentido:

102
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicación núm. 63001-23-33-000-2019-
00024-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

70

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

241.Se modificará el ordinal 4.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 20
de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de declarar la vulneración y amenaza
de los derechos e intereses colectivos (i) al goce del espacio público y la utilización
y defensa de los bienes de uso público; (ii) a la seguridad pública, en su componente
gestión del riesgo; y (iii) a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. En
consecuencia, se revocará el ordinal 8.°.

242.Se modificará el ordinal 5.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 20
de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de ordenar en forma conjunta al
municipio de Quetame y a la Agencia Nacional de Infraestructura para que, en el
marco de sus respectivas competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
dentro de los tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia y
en caso de que no lo hayan hecho, realicen los estudios de detalle a efectos de
definir el nivel de riesgo del sector objeto de esta acción popular, a saber, la
plazoleta ubicada aproximadamente entre el K42+720 - K42+750, actualmente
denominada por el municipio de Quetame como parque Adoquín, localizado hacia
la calzada Villavicencio - Bogotá y categorizar si este es o no mitigable.

243.En dicho estudio, se deberán determinar las obras de infraestructura
necesarias y definitivas para solucionar la problemática advertida en el sector objeto
de esta acción popular, a saber, la plazoleta ubicada aproximadamente entre el
K42+720 - K42+750, actualmente denominada por el municipio de Quetame como
parque Adoquín, localizado hacia la calzada Villavicencio – Bogotá, así como los
costos de las obras.

244.Para efecto de la elaboración de los estudios, las autoridades obligadas, en
especial, el municipio de Quetame, podrá, en el marco de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, solicitar el apoyo de otras
autoridades ambientales, de gestión del riesgo de desastre o del orden territorial,
como son, entre otras, el departamento y la respectiva corporación autónoma
regional.

245. Se modificará el ordinal 6.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 20
de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de ordenar a la Agencia Nacional de
Infraestructura que, una vez elaborados y entregados los estudios de que trata el
ordinal anterior, en el marco de sus competencias, inicie las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras orientadas a ejecutar las obras de
infraestructura necesarias y definitivas para solucionar la problemática advertida en
el sector objeto de esta acción popular, determinadas en el estudio técnico. Para tal
efecto, se otorgará un plazo de cuatro (4) meses.

71

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

246.La Agencia Nacional de Infraestructura deberá garantizar la ejecución de las
obras de infraestructura necesarias y definitivas para solucionar la problemática
advertida en el sector objeto de esta acción popular, sin que, para ello, se supere el
plazo de 2 años contados a partir de la elaboración del estudio técnico a cargo del
municipio de Quetame y de la Agencia Nacional de Infraestructura.

247.Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura deberá
determinar si el paso de adoquín y, en especial, la plazoleta ubicada
aproximadamente entre el K42+720 - K42+750, actualmente denominada por el
municipio de Quetame como Parque Adoquín, debe ser clausurada, trasladada o si
puede seguir haciendo parte de las obras de urbanismo del sector, como un
elemento complementario de la infraestructura del transporte.

248.Para el cumplimiento de estas órdenes, la Agencia Nacional de Infraestructura
deberá entregar un cronograma de actividades al Comité de Verificación de
Cumplimiento de esta sentencia, en el que se detallarán en forma precisa las
actividades, medidas y etapas necesarias para el cumplimiento de las órdenes a su
cargo y fechas de cumplimiento de cada una. En todo caso, el cronograma deberá
respetar los plazos ordenados en esta providencia.

249.Se modificará el ordinal 9.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida en
primera instancia, en el sentido de ordenar al municipio de Quetame que, por
intermedio de su alcalde, en el marco de sus competencias constitucionales, legales
y reglamentarias y en caso de que no lo haya hecho, dentro del mes siguiente a la
ejecutoria de esta sentencia realice e implemente los procesos de gestión del riesgo
que incluyan medidas de conocimiento y reducción del riesgo, en la zona objeto de
esta acción popular.

250. Asimismo, que, en el marco de su función policiva, controle las acciones de la
comunidad sobre el sector objeto de esta acción popular, a saber, la plazoleta
ubicada aproximadamente entre el K42+720 - K42+750, actualmente denominada
por el municipio de Quetame como parque Adoquín, localizado hacia la calzada
Villavicencio – Bogotá, con el objeto de impedir que la comunidad incurra en
conductas que incrementen el riesgo en la zona.

V.3.5. Comité de verificación de cumplimiento y pronunciamiento sobre la
condena en costas en el caso concreto

251.El artículo 34 de la Ley 472, sobre sentencia, establece que el juez podrá
conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual
participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por
el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo.

252.En relación con la autoridad judicial se precisa que, más allá de ser un miembro
o integrante del comité, “[…] es el Magistrado que adelantó la sustanciación y
proyección de la decisión en la anotada instancia como Ponente de la misma […]”,

72

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

“[…] quien debía [o debe] presidirlo […]”103; función que no puede ser delegada o
atribuida ni a las partes o intervinientes ni al Ministerio Público104.

253.Para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, se modificará el
ordinal 7.° de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia a efectos de
integrar el comité de verificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34
de la Ley 472 y la jurisprudencia de esta Corporación.

254.Asimismo, se adicionará en el sentido de precisar que si durante la ejecución
de la sentencia se observa que razonablemente es necesario otorgar un plazo
adicional, el Tribunal Administrativo, en el marco del Comité de Verificación,
proferirá las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento,
de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472.

255.Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 del Código
General del Proceso; y atendiendo el criterio sostenido por la Sala Especial de
Decisión núm. 27 en providencia del 6 de agosto de 2019105, no se condenará en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal 4.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el 20 de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, el cual quedará así:

“4.° Declárase la vulneración y amenaza de los derechos e intereses colectivos: (i) al
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; (ii) a
la seguridad pública; y (iii) a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal 5.° de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 20 de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] 5.° Ordénase al municipio de Quetame y a la Agencia Nacional de
Infraestructura para que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales

103
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de junio de 2019. Radicación
núm. 520012333000-2018-00361-01(AP). C. P. Hernando Sánchez Sánchez
104
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2024. Radicación
núm. 6300123330002020-00407-01 (AP). C. P. Oswaldo Giraldo López.
105
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de unificación de
6 de agosto de 2019. Radicación núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araujo Oñate.

73

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

y reglamentarias, dentro de los tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de
esta sentencia y en caso de que no lo hayan hecho, realicen los estudios de detalle a
efectos de definir el nivel de riesgo del sector objeto de esta acción popular, a saber,
la plazoleta ubicada aproximadamente entre el K42+720 - K42+750, actualmente
denominada por el municipio de Quetame como Parque Adoquín, localizado hacia la
calzada Villavicencio - Bogotá, y categorizar si este es o no mitigable.

En dicho estudio, se deberán determinar las obras de infraestructura necesarias y
definitivas para solucionar la problemática advertida en el sector objeto de esta acción
popular, a saber, la plazoleta ubicada aproximadamente entre el K42+720 - K42+750,
actualmente denominada por el municipio de Quetame como Parque Adoquín,
localizado hacia la calzada Villavicencio – Bogotá, así como los costos de las obras.

Para efecto de la elaboración de los estudios, las autoridades obligadas, en especial,
el municipio de Quetame, podrá, en el marco de los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva, solicitar el apoyo de otras autoridades
ambientales, de gestión del riesgo de desastre o del orden territorial, como son, entre
otras, el departamento y la respectiva corporación autónoma regional.”.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal 6.° de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 20 de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“6.° Ordénase a la Agencia Nacional de Infraestructura que, una vez elaborados y
entregados los estudios de que trata el ordinal anterior, en el marco de sus
competencias, inicie las gestiones administrativas, presupuestales y financieras
orientadas a ejecutar las obras de infraestructura necesarias y definitivas para
solucionar la problemática advertida en el sector objeto de esta acción popular,
determinadas en el estudio técnico. Para tal efecto, se otorgará un plazo de cuatro (4)
meses.

La Agencia Nacional de Infraestructura deberá garantizar la ejecución de las obras de
infraestructura necesarias y definitivas para solucionar la problemática advertida en
el sector objeto de esta acción popular, sin que, para ello, se supere el plazo de 2
años contados a partir de la elaboración del estudio técnico a cargo del municipio de
Quetame y de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura deberá determinar
si el paso de adoquín y, en especial, la plazoleta ubicada aproximadamente entre el
K42+720 - K42+750, actualmente denominada por el municipio de Quetame como
Parque Adoquín, debe ser clausurada, trasladada o si puede seguir haciendo parte
de las obras de urbanismo del sector, como un elemento complementario de la
infraestructura del transporte.

Para el cumplimiento de estas órdenes, la Agencia Nacional de Infraestructura deberá
entregar un cronograma de actividades al Comité de Verificación de Cumplimiento de
esta sentencia, en el que se detallarán en forma precisa las actividades, medidas y
etapas necesarias para el cumplimiento de las órdenes a su cargo y fechas de
cumplimiento de cada una. En todo caso, el cronograma deberá respetar los plazos
ordenados en esta providencia”.

CUARTO: MODIFICAR el ordinal 7.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el 20 de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, el cual quedará así:

74

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

“7.° Ordénase la integración de un Comité de Verificación de Cumplimiento de la
sentencia que será presidido por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca; y estará conformado, además, por el actor popular; un delegado
del municipio de Quetame (Cundinamarca); un delegado de la Agencia Nacional de
Infraestructura; y un delegado del Ministerio Público.

Si durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es necesario
otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo, en el marco del Comité de
Verificación, proferirá las decisiones que considere necesarias para garantizar el
cumplimiento de la sentencia, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472”.

QUINTO: REVOCAR el ordinal 8.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida el
20 de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEXTO: MODIFICAR el ordinal 9.° de la parte resolutiva de la sentencia proferida
el 20 de junio de 2024 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia, el cual quedará así:

“9.° Ordénase al municipio de Quetame que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, y en caso de que no lo hubiere hecho,
dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta sentencia:

9.1. Inicie los trámites administrativos tendientes a implemente los procesos de
gestión del riesgo, que incluyan medidas de conocimiento y reducción del riesgo, en
la zona objeto de esta acción popular.

9.2. En el marco de sus competencias policivas, controle las acciones de la
comunidad sobre el sector objeto de esta acción popular, a saber, la plazoleta ubicada
aproximadamente entre el K42+720 - K42+750, actualmente denominada por el
municipio de Quetame como Parque Adoquín, localizado hacia la calzada
Villavicencio – Bogotá. Lo anterior con el objeto de impedir que la comunidad incurra
en conductas que incrementen el riesgo en la zona.”

SÉPTIMO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 20 de junio de 2024 proferida
por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

OCTAVO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOVENO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

DÉCIMO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

75

Radicación: 25000-23-41-000-2019-00444-01
Demandante: Personería Municipal de Quetame

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.