Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00103-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00103-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2021-00103-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 66001-23-33-000-2021-00103-02
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y
AGRARIA DE PEREIRA
TESIS: LA DECISIÓN DE RECATEGORIZAR COMO DCS EL PARQUE BARBAS
BREMEN CONLLEVA OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN POR SU NATURALEZA
DE ÁREA PROTEGIDA, QUE NO PODÍAN SER DESCONOCIDOS POR LA
AUTORIDAD AMBIENTAL CON EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA EL
DESARROLLO DE UN PROYECTO URBANÍSTICO. ESTOS OBJETIVOS NO
SOLO EMANAN DE NORMAS DE RECONOCIMIENTO DE CARÁCTER LOCAL,
SINO DE RANGO SUPERIOR QUE ESTABLECEN LA PROTECCIÓN DE LA
DIVERSIDAD.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE DE UN
AMBIENTE SANO, MORALIDAD ADMINISTRATIVA, EXISTENCIA DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL
DE LOS RECURSOS NATURALES PARA GARANTIZAR SU DESARROLLO
SOSTENIBLE, REALIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y
DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS,
DE MANERA ORDENADA, Y DANDO PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y LOS DERECHOS DE LOS
CONSUMIDORES Y USUARIOS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la
CURADURÍA URBANA NÚM. 2 DE PEREIRA1, la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER2, las terceras
interesadas MARÍA ISABEL y MARÍA DORA VICTORIANA MEJÍA
1
En adelante la Curaduría
2
En adelante CARDER
2
Número único de radicación: 66001-23-33-000-2021-00103-02
Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
MARULANDA, y la sociedad coadyuvante ÓPTIMO INVERSIONES
Y PROYECTOS S.A.S. contra la sentencia de 13 de enero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda3, que amparó
los derechos colectivos invocados en la demanda.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La ciudadana LUZ ELENA AGUDELO SÁNCHEZ, en su calidad
de Procuradora 28 Judicial II Ambiental y Agraria de Pereira, en
ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la
Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de
19984, presentó demanda ante el Tribunal contra la CARDER y el
MUNICIPIO DE PEREIRA5, con el fin de obtener la protección de
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la moralidad
administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes, y a los derechos de los
consumidores y usuarios.
3
En adelante el Tribunal.
4
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5
En adelante, el Municipio.
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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
I.2.- Hechos
Adujo que la Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agraria de
Pereira adelantó acciones preventivas dentro del área protegida
Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen6 del
Municipio de Pereira, con ocasión de la ejecución de un proyecto
denominado Condominio Campestre Los Pinos – Santa Helena,
el cual consta de 35 lotes de 1.500 metros cuadrados, ubicado en la
vereda Tribunas.
Manifestó que dicho proyecto contó con la autorización de la
CARDER para vertimientos de aguas residuales, ocupación de cauce,
disposición final de escombros y material sobrante de descapote y
excavación, y demarcación de zonas de retiro o fajas protectoras de
corrientes hídricas, a favor de MARÍA ISABEL MEJÍA
MARULANDA.
Sostuvo que la autoridad ambiental, al otorgar los mencionados
permisos: i) contrarió el uso del suelo de un área protegida; ii) no
contó con la inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos de
Áreas Públicas; iii) desconoció que la titular de los permisos
ambientales conocía de las limitaciones de uso del suelo por haberse
desempeñado como Consejera Directiva de la CARDER; iv) ignoró
6
En adelante el DCS Barbas Bremen.
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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
que no se cuenta con la disponibilidad del servicio de acueducto para
las viviendas que se pretenden construir; y v) desconoció sus propios
actos, es decir, los acuerdos 017 de 2011, -modificado por el Acuerdo
033 de 2011-, por el que se recategoriza el Parque Barbas Bremen,
y 10 de 2015, por el que se adopta el Plan de Manejo Ambiental del
DCS Barbas Bremen, así como también las resoluciones 1796 de
2009 y 1723 de 2017 por las cuales se adoptan y actualizan las
determinantes ambientales.
Argumentó que la ejecución del proyecto implica consecuencias
negativas para el manejo y administración del DCS Barbas Bremen,
pues afecta el cumplimiento de los objetivos de conservación que
tiene esta área protegida, relacionados con el adecuado suministro
de agua en calidad y cantidad para las poblaciones ubicadas en su
área de influencia directa, como es el caso de los corregimientos de
Tribunas y El Manzano.
A juicio de la demandante, la intervención urbanística en el área
protegida DCS Barbas Bremen afecta los derechos colectivos
invocados porque sus ecosistemas están representados
principalmente por el bosque natural y las especies animales y
vegetales, tales como 209 especies de aves, 74 especies de plantas,
familias de mamíferos de importancia y el bosque sub andino muy
húmedo de la cordillera central.
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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó:
“[…] 1. Sírvanse señores Magistrados declarar amenazados y
vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano; la
moralidad administrativa; la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución. La conservación de las especies animales y
vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica,
de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación
y restauración del medio ambiente; la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los derechos
de los consumidores y usuarios, por la expedición de los permisos
ambientales por parte de la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda –CADER- para el proyecto Condominio Campestre Los
Pinos Santa Helena, que se pretende desarrollar en predios
ubicados en el sector Luganeta, vereda Tribunas o el Manzano del
municipio de Pereira que, a su vez, se encuentran ubicados al
interior del área protegida Distrito de Conservación de Suelos
Barbas Bremen y las omisiones del municipio de Pereira, que no se
pronunció sobre la solicitud de revocatoria directa de las licencias
urbanísticas para el proyecto, a pesar de evidenciar que contraría
normas de superior jerarquía.
2. Sírvanse señores Magistrados declarar que la responsable de la
amenaza y afectación de los mencionados derechos colectivos es
la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, por las
acciones y omisiones en que incurrió en la expedición de las
resoluciones 1909 del 21 de julio de 2015 y 008 del 9 de enero de
2019, por medio de las cuales se otorgan y prorrogan los permisos
ambientales para el desarrollo del proyecto Condominio Campestre
Los Pinos Santa Helena al interior del área protegida Distrito de
Conservación de Suelos Barbas Bremen y el municipio de Pereira,
por no adelantar las actuaciones que en el marco de sus
competencias correspondían para evitar que continúe la ejecución
de un proyecto cuyas licencias urbanísticas contrarían normas
ambientales y agrarias.
3. Sírvanse señores Magistrados ordenar que, en consecuencia, de
las anteriores declaraciones, se ordene la no ejecución de las obras
autorizadas del proyecto Condominio Campestre Los Pinos Santa
Helena al interior del área protegida Distrito de Conservación de
Suelos Barbas Bremen […]”.
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I.4.- Actuación procesal en primera instancia
I.4.1.- Admisión de la demanda. Mediante proveído de 6 de mayo
de 20217, el Tribunal admitió la demanda y ordenó notificar a María
Isabel y María Doras Victoriana Mejía Marulanda, al Curador
Urbano núm. 2 de Pereira y al representante legal del Acueducto
Tribunas Córcega ESP, en calidad de terceros interesados en las
resultas del proceso. En la misma fecha corrió traslado de la solicitud
de medida cautelar.
I.4.2. Medidas Cautelares: En auto de 27 de mayo de 20218, el
Tribunal y decretó las siguientes medidas cautelares:
(i) ordenó la suspensión inmediata de las obras al interior del DCS
Barbas Bremen, hasta tanto se profiera la decisión de fondo dentro
del presente medio de control.
(ii) ordenó al Municipio que garantice la suspensión de las
actividades o trabajos dentro de los predios objeto de la medida,
identificados con las matrículas inmobiliarias 290-74165 y 290-
161609, de que trata la licencia urbanística 004467 de 16 de octubre
de 2015, así como ejercer control y vigilancia para evitar su
7
Ver expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 3.
8
Expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 15.
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continuidad hasta tanto se profiera sentencia definitiva que ponga fin
al presente proceso.
Contra la anterior decisión, las terceras interesadas en las resultas
del proceso interpusieron recurso de apelación, que fue decidido por
la Sección Primera del Consejo de Estado, a través del proveído de
11 de noviembre de 2021, en el sentido de confirmar la medida
preventiva.
I.5. Defensa9
I.5.1. La CARDER propuso las excepciones que denominó “ausencia
de vulneración a los derechos colectivos invocados atribuible a la
CARDER”, “indebida escogencia de la acción y/o medio de control
para cuestionar la legalidad de las resoluciones núms. 1909 de 21 de
julio de 2015 y 008 de 9 de enero de 2019”, e “inobservancia del
principio procesal de la carga de la prueba”.
Adujo que la declaratoria como área protegida del DCS Barbas
Bremen, así como sus planes de manejo no eran situaciones claras
para el momento en el que las señoras María Isabel y María
Victoriana Mejía Marulanda elevaron la solicitud de otorgamiento
de los permisos.
9
Expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 50.
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Indicó que una vez iniciado el procedimiento administrativo tendiente
al otorgamiento de los permisos de vertimientos, ocupación de
cauce, disposición final de escombros, material sobrante de
descapote y excavación y demarcación zonas de retiro o fajas
protectoras de corrientes hídricas, en el predio en cuestión, se llevó
a cabo visita técnica, en virtud de la cual se expidió el concepto
técnico núm. 1552 de 16 de julio de 2015, en el que se concluyó que:
“[…] según las características del proyecto, obras o actividad y del área en
que se adelantará, no se prevé que con la ejecución del mismo se pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje
[…]”, y que dio lugar a que se expidiera la Resolución núm. 1909 de
21 de julio de 2015, por medio de la cual estableció que era viable
otorgar los permisos y/o autorizaciones solicitados, sujeto al
cumplimiento de las condiciones que se anotaron en la parte
resolutiva de los actos.
Agregó que el procedimiento adelantado en la CURADURÍA también
permitió corroborar que para el momento en el cual se inició el
proceso de licenciamiento del proyecto Condominio Los Pinos – Santa
Helena, se permitía el uso del suelo para la ejecución de dicha
actividad, aunado a que las matrículas inmobiliarias de los
respectivos predios no tenían afectaciones y/o anotaciones que
dieran cuenta de la declaratoria como área protegida.
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Sostuvo que si la inconformidad de la parte actora se dirige contra
sus actos administrativos debe entonces acudir a los mecanismos de
revocatoria directa o al medio de control de nulidad.
Manifestó que la demandante no cumplió con la carga probatoria que
demostrara la vulneración o amenaza de los derechos colectivos
invocados en la demanda.
I.5.2. Las señoras María Isabel y María Dora Victoriana Mejía
Marulanda arguyeron que el proyecto objeto de censura se
desarrolla en un terreno cuyo uso del suelo estaba permitido para la
fecha de radicación de los permisos ambientales y urbanísticos
concedidos, teniendo en cuenta que el plan de ordenamiento
territorial -POT del MUNICIPIO determinó el corredor aledaño a la
Autopista del Café en la vía que de Pereira conduce a Armenia como
suelo suburbano tipo B.
Manifestaron que para dicha fecha no habían sido publicados los
acuerdos de la CARDER que reclasificaban la zona como suelo de
protección, como tampoco habían sido anotados en el certificado de
tradición de los inmuebles afectados, razón por la cual tales
disposiciones son inoponibles a terceros.
Adujeron que el proyecto no atenta contra el equilibrio ecológico ni
el aprovechamiento racional de los recursos naturales, sino que, por
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el contrario, reemplaza una actividad ganadera en una extensión
aproximada de 12.5 hectáreas que, en términos ambientales, es más
nociva para el medio ambiental, además de que también prevé otras
ventajas como la no tala de árboles, demarcación y protección de
suelos, áreas de cesión en extensión de 3.2 hectáreas, ocupación de
las viviendas proyectadas en un máximo del 30% del predio útil con
tratamiento de sus aguas residuales domésticas y caudal de consumo
de agua estimado en 1,05 lt/sg para la totalidad del proyecto.
Señalaron que los permisos y licencia ambiental fueron otorgados
una vez cumplidos los correspondientes requisitos legales, para lo
cual se contó con: i) certificación de la Asociación de Suscriptores de
la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega E.S.P. expedida
el 13 de febrero de 2018, en la que consta disponibilidad del servicio
de acueducto para 35 unidades de vivienda para el proyecto
Condominio Los Pinos –Santa Elena; ii) permiso de vertimiento de
aguas residuales domésticas, aprobación de diseños de sistema de
tratamiento de aguas residuales domésticas, permiso de ocupación
de cauce, autorización disposición final de escombros y material
sobrante de descapote y excavación, aprobación de demarcación de
suelos (Resolución núm. 1909 de 21 de julio de 2015 de la CARDER);
y iii) licencia urbanística y sus prórrogas, en la modalidad de
subdivisión y parcelación en los predios Santa Helena -Los Pinos,
otorgada por la CURADURÍA.
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Indicaron que teniendo en cuenta que la CARDER efectuó visitas al
predio los días 19 de septiembre de 2016 y 9 de junio de 2017, en
virtud de las cuales expidió los conceptos técnicos 2326 y 1361 en
los que recomendó “[…] solicitar de manera inmediata prórroga de la
resolución 1909 del 21/07/2015, antes de su vencimiento, según los
requisitos de la guía del usuario […]”, el día 13 de junio de 2017
solicitaron la prórroga de la Resolución núm. 1909 de 2015, la cual
fue denegada mediante la Resolución núm. 566 de 17 de abril de
2018, por lo que interpusieron recurso de reposición que fue decidido
por la CARDER a través de la Resolución núm. 0008 de 9 de enero
de 2019, en el sentido de reponer su decisión y, en consecuencia,
otorgar los permisos ambientales necesarios para la ejecución del
proyecto urbanístico.
Explicaron que para adoptar la decisión se reconoció que, en efecto,
el permiso fue expedido antes de la publicación en el Diario Oficial
del plan de manejo del DCS y, a la fecha, no se había registrado la
limitación correspondiente en la matricula inmobiliaria del predio.
Propusieron los siguientes excepciones: “el uso de suelo vigente para
la época de concesión de los recursos sí permitía el desarrollo del
proyecto”, “inoponibilidad del acto expedido por la CARDER a la fecha
de radicación de las licencias y permisos”, “inexistencia de la
vulneración a los derechos e intereses colectivos invocados”,
“disponibilidad del servicio de acueducto y aseo para 35 unidades de
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vivienda” y “habérsele dado a la demanda un trámite diferente al que
corresponde”, la cual es sustentada en que lo cuestionado por las
actores son los permisos y licencias ambientales frente a los cuales
es procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
I.5.3. La Empresa de Servicios Públicos de Tribunas Córcega
E.S.P solicitó ser desvinculada del proceso, teniendo en cuenta que
los permisos cuestionados fueron otorgados por la CARDER, aunado
a que no se aportan elementos probatorios que permitan establecer,
más allá de toda duda, la verdadera afectación de una zona
protegida.
Aseveró que la problemática planteada por la actora refleja un
conflicto entre el derecho a la propiedad y el interés general, pues de
una parte existen unos derechos adquiridos en cabeza de los
propietarios, y de otra, subyace la protección de los derechos al
medio ambiente, sumado a que la zona de controversia ha sido
objeto de varias modificaciones en su régimen jurídico que requiere
de la intervención de varias autoridades.
Expresó que está revisando el aforo de la cuenca del río Barbas, con
el fin de lograr la modificación de la decisión que declaró su
agotamiento.
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I.5.4. El Municipio propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva que sustentó en el hecho de que no es el llamado
a responder por los hechos de la demanda, por cuanto no ha omitido
el cumplimiento de sus deberes legales y el asunto controvertido está
relacionado con procedimientos ambientales que no son de su
competencia, como lo son los permisos ambientales y las licencias
urbanísticas.
I.5.5. La Curaduría señaló que las prórrogas y revalidación del acto
administrativo que licenció el proyecto, se otorgó dando
cumplimiento a los requisitos de ley.
Agregó que, si la CARDER otorga los respectivos permisos ambientales,
no puede cuestionar estas decisiones que en virtud de lo dispuesto en
el artículo 10° de la Ley 388 de 18 de julio de 199710 constituyen normas
de superior jerarquía.
I.6. Pacto de cumplimiento
El 25 de agosto de 2021 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, la cual se declaró fallida por ausencia de formulación
de proyecto de pacto de cumplimiento11.
10
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”
11
Expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 41.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 13 de enero de 202212, el Tribunal resolvió:
“[…] 1. DECLÁRANSE NO PROBADAS LAS EXCEPCIONES
propuestas por las entidades demandadas, de conformidad con lo
expresado en la parte motiva de este fallo.
2. DECLÁRANSE VULNERADOS LOS DERECHOS COLECTIVOS
al goce de un ambiente sano; a la moralidad administrativa; a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la
conservación de las especies animales y vegetales, la protección
de áreas de especial importancia ecológica, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente; y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, (SIC) a la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER por las
acciones y omisiones en que incurrió en la expedición de las
licencias ambientales y su prórrogas para el desarrollo del proyecto
Condominio Campestre Los Pinos – Santa Helena al interior del
área protegida Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen;
y al municipio de Pereira, por no adelantar las actuaciones que en
el marco de sus competencias correspondían para evitar que
continúe la ejecución de un proyecto cuyas licencias urbanísticas
contrarían normas ambientales y agrarias.
3. ORDENÁSE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS (…) para lo cual la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda CARDER, el Municipio de Pereira y las señoras Mejía
Marulanda deberán efectuar las siguientes actuaciones:
3.1. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER deberá revisar, de forma inmediata, todas las licencias
ambientales concedidas, así como sus respectivas prórrogas, en
relación con el proyecto “Condominio Campestre Los Pinos – Santa
Elena”, teniendo en cuenta el Acuerdo 017 de junio 17 de 2011,
modificado por el Acuerdo 033 de 2015 por el que se recategoriza
el Parque Barbas Bremen y el Acuerdo 010 de 2015, por el cual se
adopta el Plan de Manejo del Distrito de Conservación de Suelos
Barbas – Bremen, así como el abastecimiento de las fuentes
hídricas para el sector, con el fin de iniciar los trámites
administrativos, gestiones o recursos administrativos o judiciales
en lo concerniente a las prórrogas de las licencias ambientales
otorgadas a pesar de los conceptos técnicos negativos y, en
12
Expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 73.
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consecuencia, velar por preservar y proteger el DCS Barbas –
Bremen, delimitando el área de protección y respetando los usos
del suelo permitidos por el Plan de Manejo.
3.1.1 Dar cumplimiento al artículo 2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076
de 2015, en relación con la Resolución No. 1796 de 2009, los
Acuerdos 017 de 2011, Acuerdo 033 de 2015, Acuerdo 010 de 2015
y la Resolución No. 1723 de 2017, en caso de que no lo hubiere
hecho, e inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de este Distrito las afectaciones ambientales que correspondan a
los predios objeto identificados con las matrículas inmobiliarias
290-74165 y 290-161609.
3.2. El Municipio de Pereira deberá iniciar de forma inmediata
las actuaciones administrativas correspondientes con relación a la
revocatoria de licencias urbanísticas, sin el lleno de requisitos e
infracciones en que se ha incurrido con la expedición de las
licencias y sus prórrogas relacionadas con el proyecto “Condominio
Campestre Los Pinos – Santa Elena”.13
3.2.1 A través de la dependencia competente, deberá garantizar la
suspensión de las actividades o trabajos dentro de los predios
identificados con las matrículas inmobiliarias 290-74165 y 290-
161609, de que trata la licencia urbanística 004467 del 16 de
octubre de 2015, ejercer control y vigilancia para evitar su
continuidad hasta tanto se culminen las actuaciones
administrativas de las licencias ambientales por parte de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER y las
licencias urbanísticas por parte del ente territorial.
3.3 Las señoras María Isabel Mejía Marulanda y María Dora
Victoriana Mejía Marulanda no podrán adelantar trabajos en
ejecución del Proyecto Condominio Campestre Los Pinos – Santa
Helena, ubicado al interior del área protegida Distrito de
Conservación de Suelos Barbas Bremen, en ejecución de la licencia
urbanística otorgada, hasta tanto no se resuelvan las actuaciones
administrativas y judiciales por parte del municipio de Pereira y la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, en
relación con lo ordenado en los numerales anteriores.
4. Se constituye el comité para la verificación del cumplimiento de
la sentencia, el cual estará integrado por la demandante o quien
haga sus veces en calidad de Procuradora 28 Judicial II Ambiental
y Agraria de Pereira, un delegado del municipio de Pereira y de la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, el
Procurador Judicial No. 37 en Asuntos Administrativos de la ciudad
de Pereira y esta corporación judicial, de conformidad con lo
considerado en esta sentencia.
5. Sin costas en esta instancia […]”
13
Numeral corregido mediante proveído de 3 de febrero de 2022.
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Respecto de las excepciones denominadas “habérsele dado a la
demanda un trámite diferente al que corresponde e “indebida
escogencia de la acción y/o medio de control”, indicó que de
conformidad con lo sostenido por la jurisprudencia de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, si bien al
juez popular no le está permitido decretar la anulación de los actos
administrativos, dicha imposibilidad no le resta efectividad a la
acción popular, pues en todo caso tiene a su alcance la facultad de
dictar todas las órdenes de hacer o no hacer que considere
pertinentes para proteger el derecho colectivo, razón por la cual
declaró no probadas las aludidas excepciones.
De la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva,
formulada por el MUNICIPIO, afirmó que en el presente caso se
encuentra acreditada la legitimación en la causa, en el aspecto
formal, dado que la parte accionante imputa la responsabilidad al
ente territorial por no resolver la solicitud de revocatoria directa de
las licencias urbanísticas el proyecto cuestionado.
Tras referirse al alcance de los derechos colectivos invocados en la
demanda y de los antecedentes normativos del DCS Barbas
Bremen, destacó que desde el año 2006 la CARDER creó el Parque
Regional Natural Barbas – Bremen y en el año 2009 adoptó las
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial de los
municipios correspondiente al Departamento de Risaralda, dentro de
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las cuales se encuentran los corredores viales suburbanos, -figura
bajo la cual se dio la parcelación que ahora es objeto de estudio-;
posteriormente, a través del Acuerdo núm. 017 de junio 17 de 2011,
modificado por el Acuerdo núm. 033 del mismo año, el Consejo
Directivo de la CARDER recategorizó la denominación de Parque
Regional Natural a área protegida del SINAP Distrito de Conservación
de Suelos Barbas – Bremen, y con Acuerdo núm. 010 de 6 de julio
de 2015, adoptó su Plan de Manejo.
Anotó que el mencionado Acuerdo núm. 010 de 2015 se publicó en
el Diario Oficial el día 28 de agosto de 2015, esto es, después de
haberse otorgado los permisos ambientales a las señoras María
Isabel y María Dora Victoriana Mejía Marulanda, en calidad de
propietarias del predio denominado Los Pinos - Santa Helena; sin
embargo, tal circunstancia no convierte en inoponible el referido
acto, dado que no es posible reconocer los derechos adquiridos si se
demuestra que a pesar de no existir una anotación registral dentro
de la historia traditicia del inmueble, el propietario, poseedor o
tenedor conocía la afectación de reserva.
Manifestó que, siendo ello así y habiéndose demostrado que las
propietarias conocían las limitaciones de los predios antes de la
publicación del Acuerdo 010 de 6 de julio de 201514 y, por ende, antes
14
Publicado el 28 de agosto del mismo año.
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de la solicitud del permiso ambiental y la licencia de parcelación, no
era posible aplicar la figura de derechos adquiridos por falta de
publicidad del acto administrativo.
En relación con los usos del suelo permitidos en el DCS Barbas
Bremen, destacó que, de acuerdo con el plan de manejo ambiental,
se permiten los siguientes:
-Principales: Cultivos permanentes, semipermanentes y ganadería.
-Compatibles: Forestal productor.
-Condicionados: Vivienda rural no nucleada con posibilidad de
servicio de alojamiento.
Agregó que de acuerdo con los usos del suelo permitidos en el DCS,
se colige que el sector en el cual se encuentra ubicado el predio Los
Pinos - Santa Elena pertenece a la categoría de zona uso sostenible
y sector normativo subzonas para el desarrollo y, por tanto, el
proyecto urbanístico que consta de 35 lotes de mínimo 1.500 metros
cuadrados para viviendas unifamiliares en orden discontinuo con sus
respectivas zonas verdes, área de protección y vías de acceso, no
cumple con los usos permitidos en la zona.
En cuanto al abastecimiento de la fuente hídrica en el sector Barbas
– Bremen, el a quo mencionó que si bien la Asociación de
Suscriptores de la Empresa de Servicios Públicos Tribunas Córcega
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ESP, a través de certificación de 2 de marzo de 2007, avaló la
disponibilidad de servicio de acueducto y aseo, lo cierto es que la
Comisión Conjunta (CRQ y CARDER) expidió el Acuerdo núm. 007
de 2009 para la ordenación y manejo de la cuenca del río La Vieja,
dentro del cual declararon el agotamiento de la fuente hídrica de los
ríos Barbas y Castillal, acto cuya presunción de legalidad no fue
desvirtuada, toda vez que no se ha proferido sentencia en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho en el que cual se encuentra
demandado el mencionado Acuerdo15.
Agregó que, en razón de lo anterior, “[…] no hay prueba que
determine o valide el suministro constante de agua para los
habitantes de la zona y para suplir las necesidades de las 35
viviendas que se pretenden construir con el proyecto Condominio
Campestre Los Pinos – Santa Elena […]”.
Advirtió que, en el presente caso, se encuentra acreditada la
vulneración el derecho colectivo a un ambiente sano, con ocasión de
la autorización de actividades que no están permitidas en el área
protegida del CS Barbas Bremen.
Asimismo, halló probada la vulneración del derecho colectivo a la
moralidad administrativa, toda vez que pese a la recategorización
15
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira, bajo el radicado No.
66001333300620180014800
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declarada y posteriormente publicada en el Diario Oficial, la
CARDER, a través de a través de Resolución núm. 1909 de 21 de
julio de 2015, otorgó permiso de vertimientos, ocupación de cauce y
autorización para disposición final de escombros, para el desarrollo
del proyecto Condominio Campestre Los Pinos - Santa Helena, y
concedió prorrogas de los mismos a través de las resoluciones núms.
0008 de 9 de enero de 2019, 767 de 19 de junio de 2020 y 213 de
20 de marzo de 2021, desconociendo no solo los acuerdos núms. 017
y 033 de 2011, sino también el memorando núm. 175 del 17 de
octubre de 2017 expedido por la Subdirección de Gestión Ambiental
Sectorial de la CARDER, así como el concepto técnico núm. 03490
de 18 de noviembre de 2017, a través del cual los profesionales
adscritos a la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial de dicha
autoridad declararon la inviabilidad de otorgar la prórroga de la
Resolución CARDER núm. 1909 de 21 de julio de 2015.
Puntualizó que la moralidad administrativa también fue vulnerada
por el MUNICIPIO, toda vez que vigiló la actuación de la
CURADURÍA únicamente cuando recibió el requerimiento realizado
por la accionante, desconociendo sus obligaciones administrativas.
Señaló que también resultó vulnerado el derechos colectivos a la
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, por cuanto el desarrollo del
proyecto urbanístico estaría afectando los ecosistemas y especies
animales que habitan allí, así como llevando al límite los recursos
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hídricos y su conservación por haberse otorgado permisos
ambientales y licencias urbanísticas sin sujeción a los requisitos
legales y a las normas de carácter ambiental que protegen la zona.
En relación con el reconocimiento de costas, advirtió que en el
proceso no se acreditaron expensas, por cuanto el material
probatorio allegado fue documental y testimonial y no implicó
erogación o gastos adicionales; así como tampoco se causaron
agencias en derecho, debido a que la parte favorecida con la
sentencia es un funcionario público que presentó la acción en uso de
sus funciones constitucionales y legales.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. La CARDER16 efectuó un recuento del procedimiento
desarrollado para la expedición de las licencias solicitadas por las
señoras María Isabel y María Dora Victoriana Mejía Marulanda
y destacó que el otorgamiento de la licencia urbanística por parte de
la Curaduría, llevó a la conclusión de que el proyecto urbanístico
“Los Pinos – Santa Helena” cumplía con el uso del suelo, esto es,
estaba permitido por la norma urbanística vigente contenida en el
Acuerdo 23 de 2006 que modificó el Acuerdo 18 de 2000 del Concejo
Municipal de Pereira, el cual, en la zona de ubicación del proyecto,
16
Expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 77. La CARDER presentó dos recursos
de apelación a través de los apoderados Cristian Camilo Gartner y Francisco Antonio Perea Velásquez.
Sin embargo, es a este último a quien se concedió el recurso interpuesto y se reconoció personería a
través de proveído de 24 de febrero de 2022, por lo que será su recurso el que se acogerá por la Sala.
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estableció un corredor suburbano tipo B con unos usos de suelo para
condominios.
Señaló que los Acuerdos 17 de 2011, por el que se recategoriza el
Parque Barbas Bremen, y 10 de 2015, por el que se adopta el plan
de manejo ambiental del DCS Barbas Bremen, no se habían
publicado en la gaceta oficial al momento de la radicación de la
solicitud de expedición de la licencia y, por tanto, no eran oponibles
a las solicitantes, además de que tampoco habían sido incorporados
en el POT, ni se habían registrado dichas novedades en el registro o
folio de matrícula del predio de ejecución del proyecto.
Se refirió a los derechos adquiridos de terceros con ocasión de la falta
de publicación de los actos administrativos y trajo a colación la
sentencia de 5 de noviembre de 201317, en la que el Consejo de
Estado se ocupó de la problemática de licencias de urbanismo en los
cerros orientales del distrito capital y determinó que debían
respetarse los derechos adquiridos de quienes obtuvieron licencias
de construcción y/o construyeron legalmente en la franja de
adecuación y en la zona de recuperación ambiental, ubicada dentro
de la reserva forestal protectora, antes de la anotación registral de
la afectación a la reserva del predio respectivo.
17
Número de radicación 25000-23-25-000-2005-00662-03. C.p. María Claudia Rojas Lasso.
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Adujo que, acogiendo el concepto del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, decidió prorrogar el licenciamiento otorgado a
través de la Resolución 1909 de 21 de julio de 2015, toda vez que la
limitación ambiental sólo era oponible a terceros a partir de su
inscripción en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
Expresó que aun cuando el Concepto Técnico 3490 de 16 de
noviembre de 2017 indicó que la declaratoria como área protegida
del DCS Barbas Bremen, se hizo desde el año 2006, y que sus
planes de manejo fueron aprobados el primero en el año 2011 y el
segundo en el 2015, lo cierto es que dicha situación no se encontraba
claramente acreditada al momento en que las señoras María Isabel
y María Victoriana Mejía Marulanda elevaron la solicitud de
otorgamiento de los permisos.
Señaló que la actividad que en la actualidad se desarrolla en el predio
es la relacionada con la explotación ganadera que genera un impacto
mayor al medio ambiente, razón por la que “la reconversión de la
actividad para en su lugar llevar a cabo el desarrollo del proyecto
urbanístico, representaría una ventaja en la mitigación del daño
sobre el medio ambiente”.
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III.2. La apoderada de las señoras María Isabel y María Dora
Victoriana Mejía Marulanda18, manifestó que el Tribunal erró al
deducir que no era procedente la protección de los derechos
adquiridos porque las propietarias conocieran las limitaciones de los
predios antes de la publicación del Acuerdo 010 de 6 de julio de 2015,
por el cual se adopta el plan de manejo del DCS Barbas Bremen,
pues tal conocimiento no se puede inferir de una manifestación de
impedimento para votar la aprobación del mencionado acuerdo, la
cual tuvo lugar después de radicada la solicitud del permiso
ambiental.
Agregó que “El tema del conocimiento previo del asunto está
desprovisto de pruebas dentro del proceso, más allá de aquellas
decretadas de oficio que dan cuenta de las fechas en las cuales la
señora Mejía actuó como delegada del Presidente ante la Carder y de
las fechas de reunión para la votación del acuerdo, pero de esto no
se puede inferir, como lo hace el a quo, que la vinculada conocía de
antemano la limitación de su predio, sobre el cual, además, no
pesaba ningún gravamen en el certificado de tradición”.
Sostuvo que quedó demostrado dentro del expediente administrativo
que la CURADURÍA emitió el concepto de norma urbanística núm.
004458 de 12 de junio de 2015, en el que se identificaron los usos
18
Ver expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 78.
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del suelo para los predios Santa Helena y Los Pinos como de
desarrollo urbano, con antelación tanto a la radicación del permiso,
como a la fecha de votación del Acuerdo 10 de 2015.
Indicó que el Tribunal no tuvo en cuenta la normativa existente en el
POT vigente para la época, el cual delimitaba el área en cuestión
como suelo suburbano, según se aprecia en el artículo 483 del
Acuerdo 18 de 2000, cuyo tenor preceptúa:
“Artículo 483. Adopción de normas en suelo rural de
categoría suburbana. Adoptase para el municipio de Pereira
como normas de parcelación y/o subdivisión de lote y construcción
para cada una de las zonas en suelo definido como rural en la
categoría suburbana, las contenidas en el siguiente cuadro, de
acuerdo con el plano No 27 denominado “DENSIDADES
POBLACIONALES DEL SUELO RURAL”
Densidad Altura Frente Cerramientos Índice de Índice de Lote mínimo
máxima mínimo ocupación construcción para parcelación
lote max. max. y/o subdivisión
Condominio: 4 Vivienda: 2 Cualquier 4 HA Condominio Condominio Vivienda
viv/ ha bruta pisos y uso 25 30% AN 30% independiente
Parcelación 4 altillo. metros Parcelación Parcelación 2.000 m2
viv/ ha bruta Otros usos 30% AN 30% Equipamiento
15 metros Comercio, colectivo 10.000
servicios m2 Ind liviana
industria 50 2.000 m2
AN Servicios 2.000
m2 Condominio
10.000 m2 Lote
dentro de
condominio 1500
m2
[…]”.
Mencionó que el plano núm. 28 de zonificación y usos del suelo rural
señala con una franja de color amarillo el corredor suburbano tipo B
para predios colindantes a ambos lados de la vía Pereira - Armenia
por la Autopista del Café, y que el componente general del POT no
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previó restricción para el uso señalado en las franjas de terreno en
la cual se desarrollaría el proyecto Santa Helena de Los Pinos.
Afirmó que las normas vigentes al momento de la radicación del
permiso ambiental son las que resultan aplicables, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 2.2.6.1.2.1.2 del Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015, según el cual el solicitante tendrá
derecho a que la licencia o la modificación se le conceda con base en
la norma urbanística vigente al momento de la radicación de la
solicitud.
A su juicio, el Tribunal no valoró el dictamen pericial que aportó al
proceso, rendido por el ingeniero forestal Nelson Villota, que
concluyó que el desarrollo del proyecto no suponía la vulneración del
derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano y que, por el
contrario, esta actividad resultaba más benéfica para este propósito,
que la actividad ganadera que se desarrolla en el predio.
Argumentó que de haberse valorado adecuadamente el dictamen se
habría llegado al entendimiento de que no se configura la vulneración
de derechos colectivos, debido a que el impacto en el medio ambiente
ya existía antes del proyecto, pues “quedó demostrado que el suelo
en el cual se pretende desarrollar el proyecto se encuentra impactado
actualmente y que el desarrollo del proyecto urbanístico no sería la
primera y ni la más dañina intervención antrópica” y, además, “en la
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zona existen otros proyectos de similares condiciones y otras
actividades que igualmente, impactan en el medio ambiente, pero
ese impacto es menor y con efectos menos nocivos para el medio
ambiente que el uso existente, por ende, no se están vulnerando los
derechos e intereses colectivos en los términos señalados en la
sentencia”.
III.3. La sociedad ÓPTIMO INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A.S.19, coadyuvante de las terceras interesadas, manifestó que el
Tribunal debió declarar probada la excepción de “indebida escogencia
de la acción o medio de control”, teniendo en cuenta que el problema
jurídico planteado por la accionante estuvo encaminado a estudiar la
legalidad de actos administrativos que autorizaron el desarrollo del
proyecto Condominio Campestre Los Pinos – Santa Helena, cuestión
para la cual no está prevista la acción popular, como lo ha sostenido
la jurisprudencia del Consejo de Estado, aunado a que las
consideraciones de la sentencia recurrida se centraron en “estudiar la
legalidad y aplicación de las presuntas normas ambientales que la
demandante consideró transgredidas”.
Precisó que al momento de radicar la solicitud de permisos
ambientales y licencia urbanística para el proyecto Condominio
Campestre Los Pinos – Santa Helena, estaba vigente el Acuerdo 18
19
Expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 78.
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de 2.000, modificado por el Acuerdo 23 de 2006 del Concejo
Municipal de Pereira, correspondiente al POT, norma urbanística que
permitía un uso de suelo suburbano tipo B sobre una porción del
terreno correspondiente a aquella que colindaba con la vía Autopista
del Café.
Adujo que a la licencia ambiental le resulta aplicable lo dispuesto en
el artículo 2.2.6.1.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015, según el cual el
solicitante tiene derecho a que la licencia o la modificación se le
conceda con base en la norma urbanística vigente al momento de la
radicación de la solicitud, siempre que la misma haya sido presentada
en legal y debida forma.
Sostuvo que los permisos ambientales para el desarrollo del proyecto
se basaron en el Concepto Técnico emitido por los profesionales de
la Subdirección de Gestión Ambiental de la CARDER, acatando todas
las formalidades y técnicas.
Manifestó que no se ha demostrado que los actos por medio de los
cuales se efectuó la declaración como Parque Regional, la
recategorización como DCS, y la adopción del Plan de Manejo fueran
exigibles y oponibles al momento de solicitar los permisos
ambientales.
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Indicó que es infundada la conclusión a la que llega el fallo
impugnado sobre el conocimiento previo que pudo tener la señora
María Isabel Mejía Marulanda de las restricciones que pesaban
sobre el predio de su propiedad, pues para la fecha en la que se
reunió el Consejo Directivo Extraordinario, del cual aquella hacia
parte, para discutir la adopción del Plan de Manejo del DCS Barbas
Bremen, ya había radicado la solicitud de los permisos ambientales,
los cuales fueron concedidos el 21 de julio de 2015 “cuando la
propietaria Mejía Marulanda ya se había enterado de la actualización
del proyecto”.
Precisó que, frente a ello, resulta evidente que el proceso de
aprobación o concesión de los permisos no son actuaciones
atribuibles a la señora Mejía Marulanda, quien, en todo caso, se
manifestó impedida en la reunión del Consejo Directivo que pretendía
discutir la recategorización de la zona, como era su deber ético y
legal, debido a que se encontraba tramitando los permisos
ambientales sobre un predio localizado en dicha zona, y que:
“[…] por lo tanto, no se le puede atribuir la teoría del «conocimiento
de la afectación por parte del usuario», bajo el entendido que para
el momento en que la CARDER concedió el permiso, ya se había
discutido el Acuerdo que adoptaba el Plan de Manejo, pues lo que
en realidad debe ser objeto de análisis es si para el momento en
que la usuaria radicó la solicitud de estos permisos, tenía o no
conocimiento de la afectación, lo cual claramente era físicamente
imposible”.
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Adujo que el Tribunal no tuvo en cuenta que desde el 12 de junio de
2015 se había obtenido el Concepto de Norma Urbanística núm.
004458 por parte de la CURADURÍA, en el que se identificaban los
usos del suelo del predio que se esperaba intervenir con el proyecto
urbanístico, lo que evidencia que todos los trámites para la obtención
de los permisos ambientales y la licencia urbanística fueron
efectuados por las señora Mejía Marulanda, incluso antes de que
fuera citada la reunión extraordinaria del Consejo Directivo de la
Corporación.
Indicó que la delimitación o reserva que en los Acuerdos del Consejo
Directivo de las corporaciones autónomas regionales, no resulta
oponible a terceros, en este caso las propietarias de los inmuebles,
sino a partir de su inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria
de los predios afectados.
A su juicio, el Tribunal no valoró adecuadamente el dictamen pericial
allegado al proceso, del cual se podía establecer que: i) los predios
objeto de controversia ya habían sido intervenidos con la iniciación
de las correspondientes obras civiles y, por tanto, han perdido su
condición de relevancia ecosistémica; ii) la zona en cuestión permite
desarrollos habitacionales no nucleados con restricciones en la
densidad de ocupación bajo un esquema compatible con los objetivos
de conservación del área protegida; y iii) el proyecto urbanístico no
tiene ningún tipo de impacto negativo sobre especies vegetales, por
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cuanto está proyectada para el área que tradicionalmente ha sido
destinada para ganadería de tipo extensivo.
Arguyó que en el caso sub lite no está acreditada la vulneración de
los derechos amparados en la sentencia de primera instancia porque
los permisos otorgados para el desarrollo del proyecto se ajustaron
a la normativa ambiental vigente y los Acuerdos examinados por el
a quo no eran oponibles a terceros.
III.4. La CURADURÍA20 sostuvo que era necesario vincular al
proceso al anterior Curador Urbano que expidió las licencias
urbanísticas para la construcción del proyecto en discusión, so pena
de desconocer el derecho al debido proceso.
Arguyó que el actual Curador fue el encargado de adelantar el trámite
de prórroga de las licencias urbanísticas, para lo cual observó los
artículos 2.2.6.1.1.1 y 2.2.6.1.2.4.1 del Decreto 1077 de 2015, que
prevén como requisitos de dicho trámite: i) la solicitud dentro de los
treinta (30) días calendario anteriores al vencimiento de la respectiva
licencia; y ii) la certificación del urbanizador o constructor de la obra.
Afirmó que, adicionalmente, el Gobierno Nacional expidió los
Decretos 1019 y 1077 de 2021, con los cuales autorizó prorrogar por
20
Índice: 77, Página 6.
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segunda vez aquellos proyectos que contaran con prórrogas al
momento de expedición de la norma y, asimismo, revalidar licencias
que hubiesen perdido su vigencia por vencimiento del plazo o de sus
prórrogas.
Adujo que, siendo ello así, el actual Curador no tenía opción diferente
a otorgar las prórrogas y la revalidación de la licencia principal
otorgada por el anterior Curador.
Destacó que el Curador que otorgó la licencia lo hizo conforme al
régimen normativo vigente, dado que para ese momento no se
habían aprobado los planes de manejo del DCS Barbas Bremen ni
se había inscrito la afectación en el folio de matrícula inmobiliaria,
por lo que, para todos los efectos legales, al momento de la
expedición de las prórrogas y revalidación, el Curador vinculado al
proceso se encontraba frente a una situación jurídica consolidada.
IV.5. La señora COTTY MORALES CAAMAÑO, en calidad de
coadyuvante de la parte actora, interpuso recurso de apelación en
forma adhesiva21, en el que solicitó que se modificara la sentencia
apelada en relación con la condena en costas, para lo cual adujo que
la decisión del Tribunal de no condenar en costas en primera
instancia desconoce la labor social y el tiempo que invirtió junto con
21
Expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índices 91 y 92.
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el del actor, aunado a que no estuvo debidamente sustentada, pues
la Ley 472 establece el derecho al reconocimiento de expensas,
gastos y agencias en derecho.
Manifestó que el reconocimiento de los gastos en que incurre la parte
actora y su coadyuvante al promover este tipo de acciones, además
de que constituye un incentivo para la ciudadanía, protege el derecho
fundamental al salario mínimo, teniendo en cuenta que no existe “un
piso de protección social a los intervinientes que promocionan las
acciones sociales”.
Por lo anterior, solicitó:
“[…] se resuelva el recurso de reposición, reformando el ordinal
que tasa las costas de la sentencia, por agencias en derecho y las
proporciones correspondientes y se requiera que se argumente en
qué proporciones serán distribuidas, en cuántos salarios mínimos
a cada quién (a la accionante, a los coadyuvantes, con y sin
apoderado judicial) y con explicación de las razones para
determinar esos valores […]”.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1. En providencia de 9 de agosto de 202222 se admitieron los
recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la
CURADURÍA, la CARDER, las ciudadanas MARÍA ISABEL y
MARÍA DORA VICTORIANA MEJÍA MARULANDA y su
22
Expediente digital, índice 4.
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coadyuvante, y por la sociedad ÓPTIMO INVERSIONES Y
PROYECTOS S.A.S., y se admitió la apelación adhesiva de COTTY
MORALES CAAMAÑO, en calidad de coadyuvante de la parte actora.
Asimismo, en dicho auto se le advirtió al señor Procurador Delegado
en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado que, de
conformidad con el numeral 6 del artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -
CPACA, podría emitir su concepto hasta antes de que ingresara el
proceso al despacho para sentencia; y se indicó que si en el término
de ejecutoria de la providencia las partes no solicitan la práctica de
pruebas en los términos del artículo 327 del CGP, se prescindirá del
traslado para alegar de conclusión y, en consecuencia, el expediente
ingresará al Despacho para fallo, conforme lo ordena el numeral 5
del artículo 247 del CPACA; y que, en todo caso, de acuerdo con el
numeral 4 de la norma idem, los sujetos procesales podrían
pronunciarse en relación con el recurso de apelación interpuesto
hasta la ejecutoria del auto.
IV.2. En el término referido en precedencia las partes no solicitaron
la práctica de pruebas, razón por la que se prescindió del traslado
para alegar de conclusión.
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IV.3. La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de
Estado rindió concepto23 en el que se adhirió a las consideraciones
expuestas por el a quo en la sentencia apelada y pidió que se
confirmara.
En criterio del Agente del Ministerio Público, del análisis de las
pruebas allegadas al proceso y de la normativa ambiental aplicable
se evidencia de manera contundente la vulneración de los derechos
colectivos invocados, con ocasión de la construcción del proyecto
Condominio Campestre Los Pinos –Santa Helena, que pretende
desarrollarse en áreas protegidas.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
La Sala advierte que el señor Consejero GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES, en escrito de 17 de noviembre del presente
año24, manifiesta que se declara impedido para actuar dentro del
proceso de la referencia, por cuanto su hermano JOSÉ FERNANDO
OSORIO CIFUENTES se desempeña como Procurador Judicial II en
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad
demandante en el proceso de la referencia, por lo que estima que se
23
Expediente digital índice 12.
24
Expediente digital, índice 23.
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encuentra incurso en la causal de impedimento prevista en el
numeral 3° del artículo 130 del CPACA.
Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472, no contiene
disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de
impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del
caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma
en aspectos no regulados.
Precisado lo anterior, la Sala observa que la causal de impedimento
que se invoca es la prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA,
la cual dispone:
“[…] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados
en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en
los siguientes eventos:
[…]
3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente,
o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil,
tengan la condición de servidores públicos en los niveles
directivo, asesor o ejecutivo en una de las entidades
públicas que concurran al respectivo proceso en calidad de
parte o de tercero interesado […].” (Resaltado fuera del texto
original).
Respecto de la configuración de la causal en comento en un asunto
similar, la Sala Plena de esta Corporación, en auto de 8 de agosto de
2023, consideró lo siguiente:
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“[…] los consejeros Yepes Corrales e Ibarra Martínez manifiestan,
coincidentemente, que se encuentran incursos en la causal de
impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del
CPACA, pues sus cónyuges están vinculadas a la
Procuraduría General de la Nación como procuradoras
judiciales II.
[…]
La norma no establece ningún tipo de condicionamiento para que
la causal de impedimento se configure; no se requiere que el
cónyuge tenga algún interés o relación con el asunto objeto del
proceso, por lo que basta con que esté probado el vínculo con
la entidad y el nivel jerárquico correspondiente.
En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la
estructura de la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el
Decreto 264 de 2000, en su artículo 7, se refiere a la nomenclatura
de los empleos de la entidad y señala que los procuradores
judiciales II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el
código 3PJ y el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio
funcional, en el artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000
se establece que son cargos del nivel directivo aquellos empleos
que tienen funciones de dirección, definición de políticas y de
representación del Procurador General. En el numeral 10 de
ese artículo señala como funciones generales de los empleos de
ese nivel: “10. Intervenir como agentes del Ministerio Público, de
conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley”, lo que
resulta congruente con lo prescrito en los artículos 277-74 y 2805
de la Carta Política, en tanto los procuradores judiciales II tienen
la condición de agentes del Ministerio Público que, entre otras,
ejercen funciones de intervención judicial en representación del
Procurador General de la Nación, lo que igualmente se ve
refrendado en el artículo 416 del Decreto Ley 262 de 20007, de
manera que la simple ubicación formal del mencionado artículo 7
del Decreto 264 de 2000 no puede tenerse en consideración para
los efectos de esta decisión.
En el presente caso se tiene que las cónyuges de los consejeros
Yepes Corrales e Ibarra Martínez se encuentran nombradas en la
entidad demandada en el cargo de procurador judicial II, el cual,
desde una perspectiva material y funcional, corresponde al nivel
directivo, ya que, en los términos del Decreto 264 de 2000, ejerce
funciones delegadas del Procurador General de la Nación en calidad
de agente del Ministerio Púbico, por lo que se configura la causal
de impedimento invocada, circunstancia que, además, releva a la
Sala de analizar las demás causales señaladas por el magistrado
Ibarra Martínez […]”.
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Siendo ello así, de la causal transcrita, de lo considerado por la Sala
Plena de esta Corporación y de los hechos que soportan el
impedimento manifestado por el Consejero GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los
presupuestos para la configuración de la causal alegada, toda vez
que su hermano25, el señor JOSÉ FERNANDO OSORIO CIFUENTES,
se desempeña actualmente como procurador judicial II, cargo de nivel
directivo, en la Procuraduría General de la Nación, entidad demandante
en la acción popular de la referencia.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado Consejero y lo separará del conocimiento
del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
25 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,
de conformidad con el artículo 35 del CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco
o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
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de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Problema jurídico
La presente acción persigue la protección de los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano, moralidad administrativa, existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los derechos de
los consumidores y usuarios, presuntamente vulnerados con ocasión
de la ejecución de un proyecto denominado Condominio Campestre
Los Pinos – Santa Helena, en el Municipio de Pereira, que no se
ajusta al plan de manejo ambiental del DCS Barbas Bremen,
adoptado mediante el Acuerdo 010 de 2015 de la CARDER, así como
a la normativa ambiental que regula estas zonas protegidas.
En primera instancia, el Tribunal amparó los derechos invocados en
la demanda y ordenó a la CARDER revisar las licencias ambientales
del mencionado proyecto, así como sus respectivas prórrogas e
inscribir en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos las
afectaciones ambientales que recaigan sobre los predios afectados.
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Asimismo, dispuso que el Municipio de Pereira inicie las
actuaciones administrativas tendientes a la revocatoria de licencias
urbanísticas relacionadas con el proyecto que no cumplan con los
requisitos previstos en la normativa ambiental, y proceda a la
suspensión de las actividades o trabajos dentro de los predios
identificados con las matrículas inmobiliarias 290-74165 y 290-
161609, hasta tanto culminen los respectivos trámites que adelantan
la autoridad ambiental y el ente territorial respecto de las licencias
ambientales.
Inconforme con la decisión, la CURADURÍA, la CARDER, las
terceras interesadas MARÍA ISABEL y MARÍA DORA
VICTORIANA MEJÍA MARULANDA, y la sociedad coadyuvante
ÓPTIMO INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S. apelaron la
sentencia. Las razones de su disenso se pueden sintetizar en los
siguientes argumentos:
• El Tribunal debió declarar probada la excepción de “indebida
escogencia de la acción o medio de control”, teniendo en cuenta que
el problema jurídico planteado por la accionante estuvo encaminado
a estudiar la legalidad de actos administrativos que autorizaron el
desarrollo del proyecto Condominio Campestre Los Pinos – Santa
Helena, cuestión para la cual no está previsto el presente medio de
control, como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de
Estado;
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• El proyecto urbanístico “Los Pinos – Santa Helena” se ajustó al uso
del suelo regulado en la norma urbanística vigente contenida en el
Acuerdo 23 de 2006 que modificó el Acuerdo 18 de 2000 del Concejo
Municipal de Pereira;
• Los Acuerdos 17 de 2011 y 10 de 2015, a través de los cuales se
recategoriza el Parque Regional Natural Barbas Bremen y se adopta
el plan de manejo ambiental del DCS no habían sido publicados en
la gaceta oficial al momento de la radicación de la solicitud de
expedición de la licencia y, por tanto, no eran oponibles a las
solicitantes, además de que tampoco habían sido incorporados en el
POT, ni se habían registrado dichas novedades en el registro o folio
de matrícula del predio de ejecución del proyecto;
• Los derechos adquiridos de quienes obtuvieron licencias con
sujeción a la normativa vigente no pueden ser desconocidos,
conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado;
• A la licencia ambiental le resulta aplicable lo dispuesto en el artículo
2.2.6.1.2.1.2 del Decreto 1077 de 2015, según el cual el solicitante
tiene derecho a que la licencia o la modificación se le conceda con
base en la norma urbanística vigente al momento de la radicación de
la solicitud;
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• El Tribunal no valoró adecuadamente la prueba pericial allegada al
proceso, en la cual el perito concluyó que el desarrollo del proyecto
no suponía la vulneración del derecho colectivo a gozar de un medio
ambiente sano;
• Es infundada la conclusión a la que llega el fallo impugnado sobre
el conocimiento previo que pudo tener la señora María Isabel Mejía
Marulanda de las restricciones que pesaban sobre el predio de su
propiedad; y
• El proyecto Condominio Campestre Los Pinos – Santa Helena se
basó en el concepto de Norma Urbanística núm. 004458 de la
Curaduría Urbana Segunda, que permitía el uso del suelo para la
ejecución de dicha obra.
Para resolver, la Sala se ocupará de los siguientes asuntos: (i) la
excepción de indebida escogencia de la acción (ii) el marco normativo
de la licencia ambiental; (iii) el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
-SINAP y distritos de conservación de suelos; y (iv) el caso concreto.
i) De la excepción de indebida escogencia de la acción
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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
La sociedad ÓPTIMO INVERSIONES Y PROYECTOS S.A.S.26,
coadyuvante de las terceras interesadas, argumentó en su recurso
que el Tribunal debió declarar probada la excepción de “indebida
escogencia de la acción o medio de control”, teniendo en cuenta que
el problema jurídico planteado por la accionante estuvo encaminado
a estudiar la legalidad de actos administrativos que autorizaron el
desarrollo del proyecto Condominio Campestre Los Pinos – Santa
Helena, cuestión para la cual no está previsto el medio de control
invocado, como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de
Estado, aunado a que las consideraciones de la sentencia recurrida
se centraron en “estudiar la legalidad y aplicación de las presuntas normas
ambientales que la demandante consideró transgredidas”.
Para resolver, la Sala destaca que en el fallo impugnado el Tribunal
se abstuvo de declarar probada la excepción de indebida escogencia
de la acción con fundamento en la postura de la Sala Plena adoptada
en la sentencia de 13 de febrero de 201827 que unificó la posición
sobre el estudio de actos administrativos mediante acciones
populares, a partir de la cual el a quo concluyó:
“[…] En este orden de ideas y conforme a la tesis de unificación
sentada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, que esta Sala de Decisión reitera y aplica a este
caso con el fin de mantener la univocidad de la jurisprudencia, se
precisa que cuando la amenaza o vulneración de derechos o
intereses colectivos sea causada por un acto administrativo,
26
Expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 78.
27
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de febrero de 2018,
número único de radicación: 25000-23-15-000-2002-02704-01. C.p. William Hernández Gómez.
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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
el juez popular puede adoptar las medidas necesarias que
considere para hacer cesar la amenaza o vulneración de
tales derechos colectivos, sin que tenga la facultad o
competencia para declarar la nulidad del mismo, pues, en
virtud del principio de legalidad, la competencia de anular actos
administrativos corresponde al juez contencioso en el marco de las
acciones ordinarias previstas en la ley. […]”. (Resaltado fuera del
texto original)
Con fundamento en la referida providencia, el Tribunal concluyó que
el juez popular puede adoptar las medidas que considere necesarias
para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos, salvo la de declarar la nulidad de actos administrativos.
Ahora, es importante destacar que tal aseveración no es contraria a
la postura que sobre este asunto ha sostenido la Sección Primera del
Consejo de Estado, que en reciente pronunciamiento de 21 de julio
de 202328, señaló que al juez popular no le está permitido efectuar
un control de legalidad y/o validez del acto administrativo o contrato,
en atención a que ello es propio del juez ordinario, lo que no le impide
analizar la trasgresión de los derechos colectivos presuntamente
ocasionada por la ejecución del respectivo acto o contrato. Así se
pronunció la Sala:
“[…] Resumidos los argumentos del recurso de apelación, sea lo
primero señalar que, en efecto, el artículo 144 del CPACA establece
un límite a las amplias facultades que le fueron otorgadas a los
jueces de la acción popular en el marco de la Ley 472 de 1998.
Nótese, por ejemplo, como el artículo 34 de la citada Ley autoriza
a los jueces a adoptar las medidas que estime «necesarias para
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de julio
de 2023, número único de radicación: 44001-23-40-000-2020-00019-01. C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o
del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible».
Sin embargo, desde la expedición del artículo 144 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
es claro que este amplio margen de discrecionalidad ha sido
limitado por el legislador, en los siguientes términos:
[…]
Desde esta perspectiva, se podría concluir que con ocasión de la
norma citada se ha zanjado la disparidad de criterios que imperó
en la jurisdicción contencioso administrativo respecto de la
procedencia de la acción popular a efectos de anular actos
administrativos y contratos estales.
En este punto, la Sala destaca que el inciso 2° del artículo 144 del
CPACA contiene dos reglas jurídicas. La primera regla prevé que sí
es posible promover la acción popular contra actos
administrativos y contratos estatales a efectos de proteger
los intereses y derechos colectivos. De manera que la discusión
atinente a la presunta improcedencia de este medio de control, en
estos eventos, se encuentra superada, a la luz de lo previsto en la
primera parte del inciso 2° del artículo 144, en tanto que si la
«conducta vulnerante [del derecho colectivo] es un acto
administrativo o un contrato» procederá la acción popular.
La segunda regla contiene una limitación a las facultades del juez
de la acción popular consistente en la prohibición de «anular actos
o contratos, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que
sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración
de los derechos colectivos».
En ese sentido, se ha entendido que, mediante el artículo 144 del
CPACA, el legislador acogió un criterio intermedio[29], en el que la
[29] La jurisprudencia contenciosa administrativa y la doctrina especializada han señalado que sobre la
discusión de la procedencia de la acción popular en contra de actos administrativos y de contratos
estatales existe una teoría restrictiva, una amplia, una intermedia y una finalista. Según la «(i) Tesis
restrictiva: No permite la discusión de la legalidad del acto administrativo en la acción popular, al
considerar que para tal efecto existen las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho. Esta posición puede observarse en sentencias de la Secciones Segunda, Tercera, Cuarta y
Quinta. (ii) Tesis amplia: Defiende la procedencia de la nulidad, sin ningún límite o condicionamiento,
en consecuencia, admite el análisis de la legalidad del acto administrativo y la anulación del mismo.
Este criterio lo sostuvieron las Secciones Primera, Cuarta y Quinta de la Corporación, al considerar que
los artículos 9.º y 15.º de la Ley 472 de 1998 se refieren a tres posibles causas de la acción popular
contra entidades públicas, puesto que distingue el origen de la afectación en acciones, omisiones y
actos de la administración. Por consiguiente, es procedente la anulación del acto administrativo en la
acción popular, para proteger los derechos e intereses colectivos que resultan afectados con la
expedición de un acto administrativo. (iii) La tesis intermedia: Considera que no es procedente la
anulación, por cuanto esta solo le corresponde al juez de la acción ordinaria. Con todo, el juez tiene
competencia para suspender los efectos del acto. Sobre el particular, la Sección Tercera, en sentencia
de 6 de octubre de 2005, afirmó que dentro de las facultades previstas en el artículo 34 de la Ley 472
de 1998 no se incluyó la de anulación de los actos administrativos, porque tal decisión no se encuentra
o deriva de la facultad de impartir órdenes de hacer o no hacer, pero ello no impide «[…] entrar a
revisar su legalidad, cuando la vulneración del derecho colectivo sea causa precisamente como
consecuencia de la ilegalidad del acto, sin que en ese caso su decisión pueda superar la orden de
suspender los efectos del mismo […]». (iv) La tesis con criterio finalístico. Admite la nulidad del
acto administrativo, pero teniendo en cuenta la finalidad que persiga el actor, de tal suerte que sólo
puede anularse el acto administrativo que amenace o transgreda el derecho colectivo, siendo
improcedente cuando se trata de un estudio de legalidad, propio de las acciones contencioso
administrativas, en las que se enervan las presunciones del acto administrativo bajo el límite de la
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acción popular sí es procedente contra actos administrativos
y contratos estatales cuando su finalidad y objeto esté
encaminado a la protección derechos de índole colectiva, sin
que el juez de la acción popular pueda, en todo caso, anular los
actos administrativos o los contratos, sin perjuicio de adoptar las
«medidas necesarias» para que cese la amenaza o vulneración.
Sin embargo, y a pesar de que el artículo 144 citado permitió
superar el debate en torno a la procedencia de la acción popular
contra actos administrativos y contratos estatales; con
posterioridad a ello se han suscitado controversias en el interior de
esta Corporación sobre el alcance y el entendimiento de la regla
contenida en el inciso 2° del artículo 144 del CPACA. Es decir, sobre
la prohibición de anular actos administrativos y contratos estatales.
En síntesis, se observa que al interior de la Corporación subsisten
dos interpretaciones del inciso 2° del artículo 144 del CPACA.
En uno de los criterios existentes, se opta por realizar una
aplicación taxativa de la norma y señala que la limitación
introducida en el inciso 2° aludido solo afecta la facultad de
declarar la nulidad de los actos administrativos y de los
contratos, por lo que el juez de la acción popular conserva
la competencia para examinar la legalidad y/o la validez de
estos y de adoptar medidas distintas a la nulidad, aunque sus
consecuencias sean similares. En este evento se suelen adoptar
medidas como dejar sin efectos el acto administrativo u ordenar la
terminación del contrato.
(…)
En el otro criterio se ha efectuado una interpretación extensiva de
la norma, en virtud de la cual se ha entendido que la prohibición
de anular contratos y actos administrativos también excluye la
posibilidad de que el juez de la acción popular efectúe un juicio de
legalidad y/o validez sobre estos. De suerte que la limitación
introducida en el inciso 2° del artículo 144 del CPACA no puede
ser desconocida por el juez a través figuras jurídicas que en
sus efectos jurídicos se asemejan a los de la nulidad del acto
o del contrato.
En este segundo criterio se pone de relieve que la finalidad del
inciso 2° de la Ley 1437 de 2011 es que la acción popular
constituya un instrumento jurídico eficaz de protección de los
derechos colectivos, sin desplazar los medios de control de nulidad
y de controversias contractuales; evitando con ello que el juez de
la acción popular actúe como juez de la legalidad del acto
administrativo o de la validez del contrato.
(…)
jurisdicción rogada.99 Este criterio también lo compartieron las Secciones Segunda100 y Tercera».
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 13 de febrero de 2018.
Número de radicado 25000-23-15-000-2002-02704-01. C.P.: William Hernández Gómez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Por otro lado, resulta pertinente aclarar que en las sentencias de
unificación de 13 de febrero de 201830, de 14 de agosto de 201831,
de 5 de mayo de 2020 y de 4 de octubre de 2021, proferidas por
la Sala Plena y por las Salas Especiales de Decisión que integran la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, si
bien han fijado reglas jurisprudenciales sobre la facultad del juez
de la acción popular de anular actos administrativos y contratos
estales; lo cierto es que tales reglas están dirigidas,
exclusivamente, a regular los procesos de acción popular iniciados
en vigencia del Código Contencioso Administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, es de destacar que en la sentencia de
unificación de 13 de febrero 201832, la Sala Plena de esta
Corporación precisó que «si el juez de la acción popular encuentra
que el acto administrativo vulnera derechos e intereses colectivos,
podrá adoptar todas las medidas que sean necesarias para
hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos (salvo la anulación del acto o contrato).
A guisa de ejemplo, el juez podría adoptar las siguientes medidas:
(i) La inaplicación total o parcial con efectos interpartes -artículo
148 de la Ley 1437; (ii) interpretación condicionada del acto
administrativo; (iii) la suspensión de los efectos -eficacia- sin que
ello obligue al juez ordinario a declarar la nulidad del mismo,
puesto que el ámbito de análisis es diferente […]”. (Resaltado fuera
del texto original).
De la sentencia en comento se extrae que, de acuerdo con las reglas
establecidas en el artículo 144, inciso 2°, del CPACA, mediante la
acción popular no es posible declarar la nulidad de los contratos y de
los actos administrativos, así como tampoco discutir asuntos
relacionados con la validez de los contratos o la legalidad de los
actos, pues ello conduciría a una eventual declaratoria de nulidad que
está proscrita por el legislador en este tipo de acciones.
30
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 13 de febrero de 2018.
Número de radicado 25000-23-15-000-2002-02704-01. C.P.: William Hernández Gómez.
31
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 14 de agosto de 2018.
Número de radicado 05001-33-31-003-2009-00157-01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
32
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 13 de febrero de 2018.
Número de radicado 25000-23-15-000-2002-02704-01. C.P.: William Hernández Gómez. ».
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Sin perjuicio de lo anterior, con excepción de la anulación del acto o
contrato, si el juez de la acción popular encuentra que el acto
administrativo vulnera derechos e intereses colectivos, puede
adoptar las medidas necesarias para que cese dicha vulneración,
entre ellas, la inaplicación, la interpretación condicionada o la
suspensión de los efectos33.
De cara a ello, se observa que la coadyuvante de las terceras
interesadas, sociedad ÓPTIMO INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A.S., en su escrito de apelación, sostuvo que la excepción en
estudió debió prosperar, en tanto los argumentos planteados por la
parte demandante en su escrito introductorio no estuvieron
encaminados a la protección de los derechos colectivos, “sino anular
los actos administrativos que autorizaron el desarrollo del proyecto
Condominio Campestre Los Pinos – Santa Helena”, aunado a que las
consideraciones de la sentencia recurrida se centraron en “estudiar
la legalidad y aplicación de las presuntas normas ambientales que la
demandante consideró transgredidas”.
Al respecto, la Sala encuentra que no son de recibo las apreciaciones
de la recurrente, pues si bien la actora cuestiona los permisos y
licencias otorgados por las demandadas, su censura giró en torno a
la afectación de los derechos colectivos invocados por el presunto
33
Dicha tesis también fue reitera por la Sala en sentencia de 14 de septiembre de 2023 (Expediente
núm. 25000 23 41 000 2014 00593 02. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López)
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desconocimiento de normas ambientales que propenden por la
conservación de áreas protegidas, siendo este el objeto de su acción
y no el estudio de legalidad de actos administrativos.
Y esto es así, además, porque, a partir de tal planteamiento, el
Tribunal se ocupó del estudio de la normativa ambiental y los efectos
de su desconocimiento para la protección de áreas de especial
importancia ecológica, sin que se observe pronunciamiento o control
de legalidad de actos administrativos ni en la parte motiva ni en la
resolutiva del fallo de primer grado.
De igual manera, la orden de protección que impartió el a quo
tampoco estuvo en oposición a lo sostenido por la jurisprudencia de
la Corporación, pues no implicó pronunciamiento sobre la presunta
ilegalidad de actos administrativos por configuración de las causales
del artículo 137 del CPACA y, menos aún, la anulación de los mismos.
Por lo expuesto, la Sala concluye que el argumento de la recurrente
no tiene vocación de prosperidad, pues asistió razón al Tribunal al
declarar no probada la excepción de indebida escogencia de la acción
planteada por la sociedad ÓPTIMO INVERSIONES Y PROYECTOS
S.A.S.34
34
Expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 78.
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ii) Del marco normativo de la licencia ambiental
La licencia ambiental es la autorización que otorga la autoridad
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o
actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias
al paisaje (Decreto 1076 de 26 de mayo de 201535, artículo
2.2.2.3.1.3)
Las licencias ambientales son otorgadas por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA-, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, las corporaciones autónomas regionales y las de
desarrollo sostenible, los municipios, distritos y áreas
metropolitanas, y las autoridades ambientales creadas mediante la
Ley 768 de 31 de julio 200236, de conformidad con las competencias
establecidas en los artículos 2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3 del Decreto
1076 de 2015 y 31 y 52 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199337.
El proceso de licenciamiento ambiental busca que, a partir de
estudios ambientales, se pueda determinar el impacto que una obra,
proyecto o actividad producirá en el medio ambiente, con
35
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”.
36
“Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial
de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta”.
37
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
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fundamento en lo cual las autoridades ambientales deben adoptar las
decisiones que conduzcan al crecimiento económico, a la elevación
de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de
recursos naturales renovables ni deteriorar el medio ambiente o el
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción
de sus propias necesidades38.
Los estudios que soportan el licenciamiento ambiental son el
Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) y el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA), los cuales se expiden con fundamento en los
lineamientos generales que fija la autoridad competente a través de
los términos de referencia, que deben ser observados por el
solicitante de la licencia, de acuerdo con las condiciones específicas
del proyecto, obra o actividad que pretende desarrollar39.
El Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) tiene como objeto
suministrar la información para evaluar y comparar las diferentes
opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea posible
desarrollar un proyecto, obra o actividad, las cuales deben considerar
el entorno geográfico, las características bióticas, abióticas y
socioeconómicas, y el análisis comparativo de los efectos y riesgos
inherentes a la obra o actividad, así como las posibles soluciones y
38
Principio de desarrollo sostenible, artículo 3° de la Ley 99.
39
Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.3.1.
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medidas de control y mitigación para cada una de las alternativas 40.
El DAA es exigible únicamente para las actividades que se describen
en el artículo 2.2.2.3.4.2 del Decreto 1076 de 2015.
Por su parte, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) hace parte de
todos los proyectos, obras o actividades que requieren licencia
ambiental y se compone de41:
“[…] 1. Información del proyecto, relacionada con la localización,
infraestructura, actividades del proyecto y demás información que
se considere pertinente;
2. Caracterización del área de influencia del proyecto, para los
medios abiótico, biótico y socioeconómico;
3. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto:
captación de aguas superficiales, vertimientos, ocupación de
cauces, aprovechamiento de materiales de construcción,
aprovechamiento forestal, recolección de especímenes de la
diversidad biológica con fines no comerciales, emisiones
atmosféricas, gestión de residuos sólidos, exploración y
explotación de aguas subterráneas;
4. Información relacionada con la evaluación de impactos
ambientales y análisis de riesgos;
5. Zonificación de manejo ambiental, definida para el proyecto,
obra o actividad para la cual se identifican las áreas de exclusión,
las áreas de intervención con restricciones y las áreas de
intervención;
6. Evaluación económica de los impactos positivos y negativos del
proyecto;
7. Plan de manejo ambiental del proyecto, expresado en términos
de programa de manejo, cada uno de ellos diferenciado en
proyectos y sus costos de implementación;
8. Programa de seguimiento y monitoreo, para cada uno de los
medios abiótico, biótico y socioeconómico;
40
Idem, artículo 2.2.2.3.4.1.
41
Idem, artículo 2.2.2.3.5.1
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9. Plan de contingencias para la construcción y operación del
proyecto; que incluya la actuación para derrames, incendios, fugas,
emisiones y/o vertimientos por fuera de los límites permitidos;
10. Plan de desmantelamiento y abandono, en el que se define el
uso final del suelo, las principales medidas de manejo, restauración
y reconformación morfológica;
11. Plan de inversión del 1% que incluye los elementos y costos
considerados para estimar la inversión; y
12. Plan de compensación por pérdida de biodiversidad de acuerdo
con lo establecido en la Resolución 1517 del 31 de agosto de 2012
o la que modifique, sustituya o derogue […]”.
Para el otorgamiento de la licencia ambiental, se sigue el trámite
previsto en el artículo 2.2.2.3.6.3. del Decreto 1076 de 2015, así:
“[…] 1. A partir de la fecha de radicación de la solicitud con el lleno
de los requisitos exigidos, la autoridad ambiental competente de
manera inmediata procederá a expedir el acto administrativo de
inicio de trámite de licencia ambiental que será comunicado en los
términos de la Ley 1437 de 2011 y se publicará en el boletín de la
autoridad ambiental competente en los términos del artículo 70 de
la Ley 99 de 1993.
2. Expedido el acto administrativo de inicio trámite, la autoridad
ambiental competente evaluará que el estudio ambiental
presentado se ajuste a los requisitos mínimos contenidos en el
Manual de Evaluación de Estudios Ambientales y realizará visita al
proyecto, cuando la naturaleza del mismo lo requiera, dentro de
los veinte (20) días hábiles después del acto administrativo de
inicio.
Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el
anterior lapso la autoridad ambiental competente dispondrá de diez
(10) días hábiles para realizar una reunión con el fin de solicitar
por una única vez la información adicional que se considere
pertinente.
Dicha reunión será convocada por la autoridad ambiental
competente mediante oficio, a la cual deberá asistir por lo menos
el solicitante, o representante legal en caso de ser persona jurídica
o su apoderado debidamente constituido, y por parte de la
autoridad ambiental competente deberá asistir el funcionario
delegado para tal efecto. Así mismo en los casos de competencia
de la ANLA, esta podrá convocar a dicha reunión a la(s)
Corporación (es) Autónoma (s) Regional (es), de Desarrollo
Sostenible o los Grandes Centros Urbanos que se encuentren en el
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área de jurisdicción del proyecto, para que se pronuncien sobre el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables. Este
será el único escenario para que la autoridad ambiental competente
requiera por una sola vez información adicional que considere
necesaria para decidir, la cual quedará plasmada en acta.
Toda decisión que se adopte en esta reunión se notificará
verbalmente, debiendo dejar precisa constancia a través de acta
de las decisiones adoptadas y de las circunstancias en que dichas
decisiones quedaron notificadas. Así mismo, contra las decisiones
adoptadas en esta reunión por la autoridad ambiental, procederá
el recurso de reposición, el cual deberá resolverse de plano en la
misma reunión, dejando constancia en el acta.
La inasistencia a esta reunión por parte del solicitante no impedirá
la realización de la misma, salvo cuando por justa causa el
peticionario lo solicite.
En los casos de competencia de la ANLA la inasistencia a esta
reunión por parte de la Corporación Autónoma Regional, de
Desarrollo Sostenible o Grandes Centros Urbanos convocados no
impedirá la realización de la misma.
El peticionario contará con un término de un (1) mes para allegar
la información requerida; este término podrá ser prorrogado por la
autoridad ambiental competente de manera excepcional, hasta
antes del vencimiento del plazo y por un término igual, previa
solicitud del interesado de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 o la norma que lo modifique,
sustituya o derogue.
En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante
deberá ser exclusivamente la solicitada en el requerimiento
efectuado por la autoridad ambiental y, sólo podrá ser aportada
por una única vez. En el evento en que el solicitante allegue
información diferente a la consignada en el requerimiento o la
misma sea sujeta a complementos de manera posterior a la
inicialmente entregada, la autoridad ambiental competente no
considerará dicha información dentro del proceso de evaluación de
la solicitud de licencia ambiental.
3. En el evento que el solicitante no allegue la información en los
términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad
ambiental ordenará el archivo de la solicitud de licencia ambiental
y la devolución de la totalidad de la documentación aportada,
mediante acto administrativo motivado que se notificará en los
términos de la ley.
4. Allegada la información por parte del solicitante la autoridad
ambiental dispondrá de diez (10) días hábiles para solicitar a otras
entidades o autoridades los conceptos técnicos o informaciones
pertinentes que deberán ser remitidos en un plazo no mayor de
veinte (20) días hábiles.
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Durante el trámite de solicitud de conceptos a otras autoridades,
la autoridad ambiental competente deberá continuar con la
evaluación de la solicitud.
5. Vencido el término anterior la autoridad ambiental contará con
un término máximo de treinta (30) días hábiles, para expedir el
acto administrativo que declare reunida toda la información
requerida así como para expedir la resolución que otorga o niega
la licencia ambiental. Tal decisión deberá ser notificada de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y publicada
en el boletín de la autoridad ambiental en los términos del artículo
71 de la Ley 99 de 1993.
6. Contra la resolución por la cual se otorga o se niega la licencia
ambiental proceden los recursos consagrados en la Ley 1437 de
2011 […]”.
Todos los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental
o plan de manejo ambiental, son objeto de control y seguimiento por
parte de las autoridades ambientales, en los términos del Título VI
del Decreto 2041 de 201442.
Instrumentos ambientales en el área del proyecto
Condominio Barbas – Bremen
• Determinantes Ambientales
A través de la Resolución núm. 1796 de 2009, la CARDER adoptó
Determinantes Ambientales para el Ordenamiento Territorial de los
Municipios de Risaralda. En el Determinante Ambiental núm. 7 fijó
los criterios para las categorías de desarrollo restringido en suelo
rural, así:
42
Compilado en el Decreto 1076 de 2015.
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“[…] 7.2.2 CRITERIOS PARA LAS CATEGORIAS DE DESARROLLO
RESTRINGIDO EN SUELO RURAL
7.2.2.1. Para el suelo suburbano.
Criterios para restringir el umbral máximo de sub-urbanización
El Umbral máximo se determinará para cada Municipio, teniendo
en cuenta los siguientes criterios:
El umbral máximo de sub-urbanización no podrá exceder el 30%
del suelo rural una vez se hayan excluido de éste, los suelos de
protección y conservación, previstos en el artículo 4 del Decreto
3600 de 2007. Suelo Neto Urbanizable es de 75.100,18 m2 –
22.530,054 m2 umbral máximo de sub-urbanización Criterios para
restringir la extensión máxima de los corredores viales suburbanos
respecto del perímetro urbano: La extensión máxima se definirá
para cada Municipio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: •
Nunca podrán extenderse sobre Áreas Naturales Protegidas de
ningún orden, ni podrán extenderse hasta los límites de las A.N.P.,
deberá respetarse una zona de amortiguación mínimo de 100mts
de longitud, para evitar presiones antrópicas sobre éstos suelos. La
parcelación determina un área de 8.992,22 m2 para vías internas
• Se debe buscar que no se extiendan sobre áreas que tengan un
potencial estratégico para la conectividad de corredores biológicos
de importancia para la biodiversidad, los cuales se precisarán de
manera particular para cada Municipio • El respeto a los suelos de
protección o áreas de conservación y protección presentes en el
área objeto de la intervención. • En todo caso, la densidad máxima
permitida en suelo rural sub-urbano no podrá ser mayor a 4viv/Has
neta. Se entenderá como área neta el área resultante de descontar
del área bruta áreas para la localización de la infraestructura para
el sistema vial principal y de transporte, las redes primarias de
servicios públicos y las áreas de conservación y protección de los
recursos naturales y paisajísticos. Suelo Neto Urbanizable es de
75.100,18 m2 – 7,510 ha – 30 viviendas […]”.
• Plan de Manejo del Parque Regional Natural Barbas –
Bremen
La CARDER, mediante el Acuerdo 030 de 17 de junio de 2011,
aprobó el Plan de Manejo del Parque Regional Natural Barbas –
Bremen, y con Acuerdo 017 de 17 de junio de 2011, modificado por
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el Acuerdo 033 de 29 de junio de 2011, recategorizó la denominación
de Parque Regional Natural a ÁREA PROTEGIDA DEL SINAP
DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELO, teniendo en cuenta la
necesidad de ajustar el régimen de usos y actividades que pueden
desarrollarse al interior de las áreas protegidas.
La ficha Normativa 5 del Plan de Manejo del DCS establece que el
sector en el cual se encuentra ubicado el predio Los Pinos Santa
Helena, pertenece a la categoría de zona uso sostenible en el cual se
puede desarrollar vivienda rural no nucleada.
• Plan de Manejo de Distrito de Conservación de Suelos
Barbas-Bremen
El Plan de Manejo del DCS Barbas Bremen fue adoptado mediante
el Acuerdo núm. 010 de 6 de julio de 2015, con los siguientes
objetivos:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETIVOS. - Los objetivos de conservación
del Distrito de Conservación de Suelos -DCS Barbas-Bremen responden
de manera general a la categoría, pero tienen un especial énfasis en
la protección del recurso hídrico para la población ubicada en el
área suburbana y rural del municipio de Pereira y son los
siguientes:
• Conservar las poblaciones de especies vulnerables como el
curubo de monte, las especies de aves Cloroclisa multicolor y el doradito
lagunera, así como otras especies con algún grado de amenaza.
• Mantener las coberturas de ecosistemas de bosque andino y
subandino muy húmedo presentes en el área protegida. - Contribuir al
adecuado suministro de agua, en calidad y cantidad, para las
poblaciones urbanas y rurales beneficiadas en su área de influencia
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directa. (…) zona de preservación. Es un espacio donde el manejo está
dirigido ante todo a evitar su alteración, degradación o
transformación por la actividad humana. En el DCS Barbas-
Bremen, esta zona se muestra en el siguiente mapa… zona de
restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a
un estado anterior, de la composición, estructura y función de la
diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a
cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al
cumplimiento de los objetivos de conservación del área protegida.
(…) ARTÍCULO QUINTO: USOS PERMITIDOS. - para cada una de las
zonas identificadas en el DCS y contenidas en el artículo anterior, se
asignan los siguientes usos:
Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de
protección, regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al
mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de la
biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos.
Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de
recuperación y rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación,
reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de
hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad.
Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de
investigación, monitoreo o educación ambiental que aumentan la
información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad
y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores
y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad.
Uso sostenible. comprenden todas las actividades de
producción, extracción, construcción, adecuación o
mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las
actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales,
industriales y los proyectos de desarrollo y habitacionales no
nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y
construcción, siempre y cuando, no alteren los atributos de la
biodiversidad previstos para el área protegida. (...)
PARÁGRAFO 1. Los usos descritos en el presente artículo se definen para
cada una de las zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:
• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la
zona y que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.
• Uso Compatible o Complementario. Uso que no se opone al principal y
concuerda con la potencialidad, productividad y protección del suelo y
demás recursos naturales conexos. - Uso Condicionado o Restringido.
Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística y/o
ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que
impongan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.
• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con
los objetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y
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territorial, y por consiguiente implica graves riesgos de tipo
ecológico y/o social; en consecuencia, todos los usos y actividades
que no estén contemplados como permitidos se entienden prohibidos.
PARÁGRAFO 2. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar
siempre y cuando no alteren la estructura, composición y
función de la biodiversidad característicos del DCS y no
contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el
desarrollo de dichas actividades debe estar precedido del permiso,
concesión, licencia, o autorización a que haya lugar, otorgada por la
autoridad competente y acompañado de la definición de los
criterios técnicos para su realización; para lo cual, la CARDER
establecerá el procedimiento respectivo [….]” (Resaltado fuera del texto
original).
iii) Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP y distritos
de conservación de suelos
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP- fue inicialmente
regulado en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de 197443 y,
posteriormente, por la Ley 99, el Decreto 216 de 3 de febrero de
200344 y, finalmente, reglamentado por el Decreto 2372 de 1o. de
julio de 201045; este último lo define como “[…] el conjunto de las
áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las
estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que
contribuyen como un todo al cumplimiento de los objetivos generales
de conservación del país […]” (artículo 3°).
43
“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente”.
44
“por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y se dictan otras disposiciones”.
45
“Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el
Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de
manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones”.
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De acuerdo con la definición de la norma, la finalidad del SINAP es la
conservación, cuyo alcance se establece en el artículo 2° idem, así:
“[…] c) Conservación: Es la conservación in situ de los ecosistemas
y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de
poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el caso
de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que
hayan desarrollado sus propiedades específicas. La conservación in
situ hace referencia a la preservación, restauración, uso sostenible
y conocimiento de la biodiversidad […]”.
Siendo ello así, las Áreas Protegidas que hacen parte del SINAP
cumplen objetivos de conservación, como: i) preservar y restaurar la
condición natural de espacios que representen los ecosistemas del
País o combinaciones características de ellos; ii) preservar las
poblaciones y los hábitats necesarios para la sobrevivencia de las
especies o conjuntos de especies silvestres que presentan
condiciones particulares de especial interés para la conservación de
la biodiversidad, con énfasis en aquellas de distribución restringida;
iii) proveer espacios naturales o aquellos en proceso de
restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la
recreación, la educación, el mejoramiento de la calidad ambiental y
la valoración social de la naturaleza, entre otros46.
Las categorías de áreas protegidas que conforman el SINAP son:
• Áreas protegidas públicas:
➢ Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales;
46
Cfr. Decreto 2372 de 2010, artículo 6°.
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➢ Las Reservas Forestales Protectoras;
➢ Los Parques Naturales Regionales;
➢ Los Distritos de Manejo Integrado;
➢ Los Distritos de Conservación de Suelos;
➢ Las Áreas de Recreación.
• Áreas Protegidas Privadas
➢ Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil.47
El DCS es definido en el artículo 16 del Decreto 2372 de 2010,
compilado en el artículo 2.2.2.1.2.7 del Decreto 1076 de 2015, de la
siguiente manera:
“[…] Espacio geográfico cuyos ecosistemas estratégicos en la
escala regional, mantienen su función, aunque su estructura y
composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la
generación de bienes y servicios ambientales, cuyos valores
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población
humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible,
preservación, conocimiento y disfrute.
Esta área se delimita para someterla a un manejo especial
orientado a la recuperación de suelos alterados o degradados o la
prevención de fenómenos que causen alteración o degradación en
áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas o
climáticas o por la clase de utilidad que en ellas se desarrolla.
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración
y sustracción corresponde a las Corporaciones Autónomas
Regionales, mediante acuerdo del respectivo Consejo Directivo
[…]” (Resaltado fuera del texto original).
El uso sostenible de las áreas protegidas indica que las áreas
protegidas del SINAP deben zonificarse con fines de manejo, a fin de
garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. Esta
47
Artículo 10 idem.
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zonificación, de acuerdo con el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076
de 2015 se clasifica en:
➢ Zona de preservación.
➢ Zona de restauración.
➢ Zona de uso sostenible
➢ Zona general de uso público.
La zona de uso sostenible incluye los espacios para adelantar
actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo
de conservación del área protegida y, a su vez, contiene las
siguientes subzonas:
“[…] a) Subzona para el aprovechamiento sostenible: Son
espacios definidos con el fin de aprovechar en forma sostenible la
biodiversidad contribuyendo a su preservación o restauración;
b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten
actividades controladas, agrícolas, ganaderas, mineras, forestales,
industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en
la densidad de ocupación y la construcción y ejecución de
proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los
objetivos de conservación del área protegida […]”48.
Las zonas y sus consecuentes subzonas dependerán de la destinación
que se prevea para el área según la categoría de manejo definida.
De acuerdo con dicha destinación, los usos y las consecuentes
actividades permitidas son los siguientes49:
“[…] a) Usos de preservación: Comprenden todas aquellas
actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y
vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos,
48
Idem, artículo 2.2.2.1.4.1.
49
Idem, artículo 2.2.2.1.4.2.
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composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al
máximo la intervención humana y sus efectos;
b) Usos de restauración: Comprenden todas las actividades de
recuperación y rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación,
reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo
de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad;
c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de
investigación, monitoreo o educación ambiental que aumentan la
información, el conocimiento, el intercambio de saberes, la
sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la
comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y
culturales de la biodiversidad;
d) Uso sostenible: Comprenden todas las actividades de
producción, extracción, construcción, adecuación o mantenimiento
de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento
sostenible de la biodiversidad, así como las actividades
agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los
proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas con
restricciones en la densidad de ocupación y construcción siempre y
cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos para
cada categoría;
e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de
recreación y ecoturismo, incluyendo la construcción, adecuación o
mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo,
que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada
categoría […]” (Resaltado de la Sala).
Los usos y actividades permitidas en las distintas áreas protegidas
que integran el SINAP no pueden alterar la estructura,
composición y función de la biodiversidad característicos, así como
tampoco sus objetivos de conservación.
iv) El caso concreto
En el expediente se encuentra probado que:
La CARDER, mediante Acuerdo del Consejo Directivo núm. 021 de
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2006 declaró el área protegida objeto del presente proceso como
Parque Regional Natural Barbas Bremen.
En virtud de lo establecido en el Decreto 2372 de 2010 sobre los
objetivos generales de conservación de la diversidad biológica y de
las áreas protegidas, se hizo necesario “[…] ajustar el régimen de usos
y actividades que pueden desarrollarse al interior del área protegida,
para circunscribirlos a usos de restauración uso sostenible,
preservación, conocimiento y disfrute, para el desarrollo de
actividades como seguimiento y monitoreo de especies valor objeto
de conservación, adecuación y señalización de senderos, diseño de
guiones de interpretación ambiental en los senderos, reconversión
de sistemas productivos como los ganaderos […]”.50
Por lo anterior, CARDER, a través del Acuerdo 017 de 201151,
resolvió recategorizar la denominación de Parque Regional Natural a
ÁREA PROTEGIDA DEL SINAP DISTRITO DE CONSERVACIÓN
DE SUELO.
El artículo 5° del citado Acuerdo de recategorización señaló que debía
darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2372
de 2010, sobre publicación e inscripción en el Registro de
50
Cfr. Acuerdo 017 de 17 de junio de 2011, por medio del cual la CARDER recategoriza la denominación
de Parque Regional Natural con la categoría de área protegida del SINAP Distrito de Conservación de
Suelos Barbas Bremen.
51
Página 95 del archivo núm. 001 del expediente digital.
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Instrumentos Públicos de áreas públicas.
Mediante Acuerdo núm. 010 de 6 de julio de 201552, publicado en
el Diario Oficial el 28 de agosto de 2015, se adoptó el Plan de
Manejo de Distrito de Conservación de Suelos Barbas Bremen.
De acuerdo con el mencionado plan de manejo, el predio Los Pinos –
Santa Helena pertenece a la categoría de zona de uso sostenible53, la
que a su vez comprende:
“[…] Todas las actividades de producción, extracción, construcción,
adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las
actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales
y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas
con restricciones en la densidad de ocupación y construcción,
siempre y cuando, no alteren los atributos de la biodiversidad
previstos para el área protegida […]”. (Resaltado fuera del texto
original).
El 1o. de julio de 2015 las señoras María Isabel y María Dora
Victoriana Mejía Marulanda, solicitaron ante la CARDER permiso
de vertimientos de aguas residuales domésticas y aprobación de
diseño del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas
y de las obras que corresponden a los diseños aprobados para el
proyecto Condominio Campestre Los Pinos – Santa Helena.
52
Página 78 del archivo núm. 001 del expediente digital.
53
El Director Operativo de Control Físico del municipio, en Oficio núm. 17272 de 20 de abril de 2021,
afirmó que “La ficha Normativa 5, del plan de manejo del Distrito de Conservación Barbas Bremen,
Acuerdo 033 del 29 de junio de 2011, estipula que el sector en el cual se encuentra ubicado el predio
Los Pinos Santa Helena, pertenece a la categoría de zona uso sostenible y sector normativo subzonas
para el desarrollo”.
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Mediante la Resolución núm. 1909 de 21 de julio de 2015 la CARDER
concedió el mencionado permiso.
A través de la Licencia Urbanística núm. 004467 de 16 de octubre de
2015, la Curaduría Segunda de Pereira concedió licencia de
subdivisión y parcelación de los lotes Los Pinos (ficha catastral 00-
07-00-00-0007-0106-0-00-00-0000 y matrícula inmobiliaria 290-
74165) y Santa Helena (ficha catastral 00-07-00-00-0007-0045-0-
00-00-0000, matrícula inmobiliaria 290-161609), a nombre de
MARÍA ISABEL y MARÍA DORA MEJÍA MARULANDA,
respectivamente. La licencia fue prorrogada con resoluciones núms.
00031 de 13 de octubre de 2017 y 000090 de 15 de noviembre de
2018.
Con Resolución núm. 0566 de 17 de abril de 2018, la CARDER
denegó la prórroga de la citada Resolución 1909 con fundamento en
el Concepto Técnico núm. 03490 de 16 de noviembre de 2017, en el
que se indicó que el predio objeto de la solicitud de prórroga, tenía
limitaciones en el uso del suelo desde antes de la solicitud de los
permisos ambientales, las cuales no fueron tenidas en cuenta en la
Resolución núm. 1909 de 21 de julio de 2015.
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A través de la Resolución núm. 0008 de 09 de enero de 201954, la
CARDER repone la resolución núm. 0566 de 2018 y, en su lugar,
dispone la prórroga del permiso de ocupación del cauce otorgado
mediante Resolución núm. 1909 de 21 de julio de 2015, para lo cual
tuvo en cuenta que:
“ […] Si bien el Distrito de Conservación Barbas Bremen y su plan
de manejo gozan de validez, su oponibilidad o aplicación a terceros
no puede hacerse efectiva hasta tanto se cumpla con los requisitos
establecidos en el artículo 2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 Único
reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, para el
caso concreto, no se ha cumplido con el requisito de registrar
la afectación ambiental en las matrículas inmobiliarias de
los predios sobre los cuales recaen los permisos para un
proyecto urbanístico, de ello dan cuenta los certificados
aportados y, adicionalmente, la publicación en el Diario Oficial del
Plan de Manejo fue realizada con posterioridad al otorgamiento de
los permisos; fuerza concluir que ninguna limitación se podrá exigir
a las titulares de los permisos, quienes actuaron adecuadas a lo
previsto en las normas de exigencia vigentes al (SIC) de realizar el
acto correspondiente y, en consecuencia, el despacho considera
necesario revocar la decisión de negar la prórroga de los permisos
concedidos en la Resolución 1909 de 21 de julio 2015 […]”.
Ahora, de cara a los hechos probados en el proceso, corresponde a
la Sala pronunciarse sobre los argumentos de las recurrentes.
Análisis de la Sala frente a los argumentos de los recurrentes
Previo a resolver cada uno de los planteamientos de los recurrentes,
la Sala, en atención a los argumentos expuestos en el acápite
denominado “De la excepción de indebida escogencia de la acción”,
se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno sobre los aspectos
54
Página 86 del archivo No. 001 del expediente digital.
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que cuestionen tanto la legalidad del acto administrativo como su
eficacia y oponibilidad, pues dichos asuntos son propios del medio de
control de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del derecho, dado
que lo que atañe al juez popular es determinar la existencia de la
amenaza o vulneración a los derechos colectivos y la adopción de
medidas para su protección. En consecuencia, no habrá ningún
pronunciamiento respecto de los cargos que se refieren a: i) la
publicación de Acuerdos por medio de los cuales se recategorizó el
Parque Barbas Bremen y adoptó el plan de manejo ambiental del
DCS y su no inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos de
áreas públicas; ii) la protección de derechos adquiridos y
conocimiento previo de las propietarias sobre la restricción del área
del proyecto; y la iii) “Aplicación al trámite de licencia ambiental de
la norma vigente al momento de la radicación de la solicitud de la
licencia urbanística”.
La Sala procede a pronunciarse sobre los argumentos expuestos en
los recursos de apelación, así:
“El proyecto urbanístico «Los Pinos – Santa Helena» se ajustó
al uso del suelo regulado en la norma urbanística vigente
contenida en el Acuerdo 23 de 2006 que modificó el Acuerdo
18 de 2000 del Concejo Municipal de Pereira”
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La CARDER arguyó que el otorgamiento de la licencia urbanística por
parte de la CURADURÍA, llevó a la conclusión de que el proyecto
urbanístico “Los Pinos – Santa Helena” cumplía con el uso del suelo,
esto es, estaba permitido por la norma urbanística vigente contenida
en el Acuerdo 23 de 2006 que modificó el Acuerdo 18 de 2000 del
Concejo Municipal de Pereira, el cual, en la zona de ubicación del
proyecto, estableció un corredor suburbano tipo B con unos usos de
suelo para condominios.
Para la Sala no es de recibo el razonamiento que formula la CARDER
con el cual pretende avalar la decisión de otorgar un permiso
ambiental en zona de uso de suelo restringido, contrariando el plan
de manejo y la normativa ambiental, pues, como quedó acreditado
en el proceso, desde el año 2009 la CARDER adoptó las
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial de los
municipios de Risaralda, mediante la Resolución 1796 de 14 de
septiembre de ese mismo año, en la cual estableció como criterios
para restringir la extensión máxima de los corredores viales
suburbanos respecto del perímetro urbano, que éstos no podrían
extenderse sobre áreas naturales protegidas.
Además, como lo sostuvo la Sala al resolver el recurso de apelación
del auto que decretó medidas cautelares en el presente proceso55, la
55
Proveído de 11 de noviembre de 2021.
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autoridad ambiental no puede desconocer las consecuencias que se
derivan de su propio acto, esto es, de la decisión de recategorizar
como DCS el Parque Barbas Bremen, lo que tuvo lugar desde el año
2011, con los efectos que implican los objetivos de conservación de
áreas protegidas y los cuales no emanan únicamente de normas de
reconocimiento de carácter local, sino de normas de rango superior
que establecen la protección de la diversidad, tales como el Convenio
sobre Diversidad Biológica56, la Constitución Política y el Decreto
compilatorio 1076 de 2015, que recoge el Decreto 2372 de 2010
relativo a la creación y regulación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. Al respecto, la Sala, en el proveído en comento, indicó;
“[…] [E]l desarrollo de un proyecto inmobiliario al interior del
distrito de conservación de suelos no se ajusta a la finalidad de la
categoría declarada en dicha zona, la cual no se desprende del plan
de manejo, sino de normas de rango superior, que incluso son
anteriores a la concesión de los permisos que invocan las
interesadas; dicha finalidad es la de conservar in situ los
ecosistemas y los hábitats naturales y mantener poblaciones
viables de especies en su entorno natural […]”.
“El Concepto de Norma Urbanística núm. 004458 de la
Curaduría Urbana Segunda avaló que el proyecto se ajustaba
a la norma urbanística”
Al respecto, la CARDER, en el escrito de apelación dijo:
“[…] El otorgamiento de la licencia urbanística por parte de la
Curaduría 2 Urbana de Pereira, lleva a concluir que el proyecto
urbanístico “Los Pinos – Santa Helena” cumplía con el uso
56
Aprobado mediante la Ley 165 de 9 de noviembre de 1994.
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del suelo, esto es, estaba permitido por la norma urbanística
vigente contenida en el Acuerdo 23 de 2006 que modificó el
Acuerdo 18 de 2.000 del Concejo Municipal de Pereira, el cual, en
la zona de ubicación del proyecto, estableció un corredor
suburbano tipo B con unos usos de suelo para condominios […]”
(Resaltado fuera del texto original).
Frente a dicha aseveración, la Sala advierte que la autoridad
ambiental no puede alegar el incumplimiento de las regulaciones
ambientales pretextando la falta de publicación de los actos
administrativos57, así como tampoco le es dado aseverar que sus
funciones relacionadas con el otorgamiento de permisos ambientales
se ciñen a la verificación de la gestión adelantada por otras
autoridades, en este caso, las curadurías, pues como autoridad
ambiental le asiste el deber de conservación de la biodiversidad del
país y la observancia estricta de las funciones que para dicho fin le
han sido conferidas, aunado al hecho de que tampoco los derechos
adquiridos pueden prevalecer sobre la protección al medio ambiente,
como lo sostuvo esta Sección en sentencia de 13 de julio de 201758,
en la que concluyó:
“[…] Finalmente, para la Sala no son de recibo los argumentos de
los recurrentes relacionados con los derechos adquiridos en virtud
de la existencia de un contrato de concesión debidamente suscrito
y una licencia ambiental que se encuentra en firme, pues por
mandato constitucional la protección al medio ambiente deberá
prevalecer respecto a los derechos adquiridos mediante contratos
57
En sentencia de 5 de noviembre de 2013 (Expediente núm. 25000-23-25-000-2005-00662-03 (AP).
C.p. María Claudia Rojas Lasso) la Sala Plena de esta Corporación resaltó que no puede predicarse la
inoponibilidad de los actos administrativos respecto de las autoridades públicas encargadas de la
conservación y protección de las áreas protegidas, “puesto que ellas, independientemente del registro
de dicho acto, está[n] obligadas a conocer el área de reserva y los predios afectados, a fin de adoptar
las medidas de protección correspondientes, en cumplimiento de la función pública que les
correspondía”.
58
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de
radicación 15001-23-33-000-2014-00223-01(AP). C.p. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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de concesión minera y actos administrativos que otorgan las
autoridades ambientales para el desarrollo de proyectos de
exploración y explotación minera (licencia ambiental) […]”.
En efecto, uno de los principios de la gestión de las áreas protegidas
del SINAP es el de responsabilidad conjunta del Gobierno Nacional y
las corporaciones autónomas regionales y las de desarrollo sostenible
en la conservación y el manejo de dichas áreas de manera articulada,
las cuales, además, son las encargadas de su reserva, delimitación,
alinderación, declaración y administración, conforme lo establece el
artículo 4°59 del Decreto 2372 de 201060.
Igualmente, de acuerdo con las funciones establecidas en el artículo
31 de la Ley 99, a las Corporaciones les compete otorgar
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades
que afecten o puedan afectar el medio ambiente (numeral 9); ejercer
las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables (numeral 12); reservar, alinderar, administrar o sustraer,
en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los
distritos de manejo integrado, los DCS, las reservas forestales y
parques naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y
59
“Artículo 2.2.2.1.2.7. Distritos de conservación de suelos. […]
La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, mediante acuerdo del respectivo Consejo Directivo”.
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funcionamiento (numeral 16); y ordenar y establecer las normas y
directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas
dentro del área de su jurisdicción, conforme a las disposiciones
superiores y a las políticas nacionales (numeral 18).
“Indebida valoración de la prueba pericial recaudada en el
proceso”
Los recurrentes aducen que el Tribunal no valoró adecuadamente la
prueba pericial allegada al proceso, en la cual el perito concluyó que
el desarrollo del proyecto no suponía la vulneración del derecho
colectivo a gozar de un medio ambiente sano y que, por el contrario,
esta actividad resultaba más benéfica para este propósito, que la
actividad ganadera que se desarrolla en el predio.
A juicio del Tribunal, el dictamen no presenta fundamentos técnicos
que permitan afirmar que con el desarrollo del proyecto urbanístico
en el área protegida no se afectan poblaciones de especies de fauna
así como ecosistemas forestales, debido a que no se aportaron
documentos, estudios o algún soporte de sus afirmaciones. De igual
manera, para el a quo no es de recibo el argumento del ingeniero
ambiental, según el cual los predios objeto de análisis, así como los
vecinos, ya tuvieron impactos por las actividades ganaderas y
agrícolas sin restricción, pues esa es precisamente la razón por la
cual el área está definida como distrito de conservación de suelos,
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con el fin de recuperar suelos alterados o por fenómenos físicas o
climáticas o por la clase de utilidad que en ella se desarrolla.
Con la contestación de la demanda, las terceras interesadas
allegaron dictamen61 rendido por el Ingeniero Forestal Nelson Villota
Echeverri, en el que el perito destacó que las 12,63 has. destinadas
al desarrollo del proyecto urbanístico son acordes al Plan de Manejo
en zona de uso sostenible, que permite actividades habitacionales no
nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y la
construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un
esquema compatible con los objetivos de conservación del área
protegida, de acuerdo con el Acuerdo 010 de julio 6 de 2015; y que
además, no afecta poblaciones de especies de flora y fauna, ya que
mantiene la cobertura natural o hábitats, así como tampoco la calidad
y la cantidad del recurso hídrico para la población ubicada en el área
sub urbana y rural del MUNICIPIO.
El dictamen también destaca cuál sería el impacto de la actividad
ganadera sobre la zona y concluye que “el proyecto urbanístico no
deberá tener ningún tipo de impacto negativo [sobre las especies]
por cuanto su desarrollo se tiene previsto en las áreas que
históricamente han sido destinadas para la ganadería de tipo
extensivo y para la infraestructura propia del predio”.
61
Ver expediente digital, “Gestión en otras corporaciones”, índice 50. Contestación de la demanda,
pagina 277.
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Debe anotarse que, conforme lo concluyó el Tribunal, el dictamen
aportado con la contestación se centra en señalar el uso histórico que
se le ha dado a la zona objeto del proyecto urbanístico (actividad
ganadera), y la ubicación de especies vegetales que corresponden a
“especies comunes o generalistas para la zona características de
procesos sucesionales de segundo crecimiento y del gremio ecológico
de las heliófitas o efímeras”, pero deja de lado las implicaciones del
desarrollo de un proyecto inmobiliario dentro de un área protegida,
cuyo plan de manejo limita la destinación a vivienda rural no
nucleada, con restricciones en la densidad de ocupación y
construcción, condición que no cumplen los predios en controversia,
como se desprende del Oficio núm. 17272 de 20 de abril de 202162,
suscrito por el Director Operativo de Control Físico del municipio, en
el que indicó que:
“[…] La ficha Normativa 5, del plan de manejo del Distrito de
Conservación Barbas Bremen, Acuerdo 033 del 29 de junio de
2011, estipula que el sector en el cual se encuentra ubicado el
predio Los Pinos Santa Helena, pertenece a la categoría de zona
uso sostenible y sector normativo subzonas para el
desarrollo, en el cual se puede desarrollar vivienda rural no
nucleada, de acuerdo a la Unidad Familiar Agrícola aprobada
por el INCODER, y que comprende un área mínima de 4 hectáreas
según lo determinado en las Resoluciones No. 041 del 24 de
septiembre de 1996 y 020 del 29 de julio de 1998, por las cuales
se determinan las extensiones de las UAF por Zonas Relativamente
Homogéneos, en los municipios situados en las áreas de influencia
de las respectivas Gerencias Regionales, las áreas aprobadas, por
lo cual en el presente caso la licencia no cumple con el área
mínima de la UAF del INCODER, razón por la cual esta dirección
remitirá análisis técnico al comité de veedurías de curadurías con
el fin de que tomen las acciones pertinentes sobre el actuar del
curador urbano durante la expedición de la Licencia Urbanística
62
Página 23 del archivo núm. 001 del expediente digital.
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[…]” (Resaltado fuera del texto original).
Específicamente, en relación este aspecto, el dictamen aseveró que
el proyecto se ajustaría al Plan de Manejo Ambiental que permite
“actividades habitacionales no nucleadas con restricciones en la
densidad de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos de
desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de
conservación del área protegida”. El perito agrega que “este proyecto
se clasifica como de uso residencial no densificado [conforme con]
los objetivos de conservación del Distrito de Conservación de Suelos
-DCS Barbas-Bremen”.
Nótese que el dictamen da relevancia a la condición de vivienda de
uso residencial no densificado, pero omite la calidad de vivienda rural
nucleada que es la que prohíbe la norma aplicable, que se entiende
como la réplica de varias unidades habitacionales 63, expresamente
prohibida en el Plan de Manejo Ambiental del DCS, el cual solo
autoriza una subzona para actividades “habitacionales no nucleadas
con restricciones en la densidad de ocupación y la construcción y
ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible
con los objetivos de conservación del área protegida”, esquema que
necesariamente debe ajustarse a los objetivos de conservación de
63
Decreto 1077 de 2015. Artículo 2.1.10.1.1.2.1.
(…)
“5.2. Vivienda rural nucleada de interés social: Es el conjunto de viviendas localizadas en suelo rural
que se agrupan en un espacio delimitado, estas viviendas se comportan como la réplica de varias
unidades habitacionales (casa-lote), autosuficientes que están distanciadas de manera tal que exista
independencia, pero que se relacionen entre sí”.
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las áreas protegidas los cuales, como quedó demostrado en el
proceso, no se cumpliría con un proyecto de 32 viviendas en un
espacio de 12, 65 has.
Este hecho, también quedó acreditado con los diferentes testimonios
recaudados en el proceso, que fueron reseñados en el fallo apelado,
así:
“[…] Como bien se puede extraer del acervo probatorio allegado al
plenario, existen pruebas que desvirtúan las apreciaciones
contenidas en el dictamen pericial, tales como el testimonio de
la Arquitecta Carolina Seguro, quien confirmó que el
proyecto se pretende desarrollar al interior del área
protegida DCS Barbas Bremen y que, en consecuencia, no se
permiten proyectos de parcelación destinados a vivienda
campestre, situación que fue puesta de presente por el
equipo técnico de la Subdirección de Gestión Ambiental
Sectorial en el memorando, que se tuvo como fundamento de
los actos administrativos expedidos por la CARDER, en el Plan de
Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira expedido en el
año 2000 y su actualización del año 2006, así mismo aseguró en
su declaración que la restricción para desarrollar un proyecto de
parcelación en los predios objeto de controversia, existe desde el
POT de Pereira del año 2000, así: «si, desde la perspectiva técnica
si, si porque en el plan de ordenamiento territorial decía que la
delimitación exacta de ese suelo de protección se iba a definir en
los planes de manejo y que estos planes de manejo iban a ser
promulgados por la entidad ambiental», planes de manejo que
fueron adoptados en el Acuerdo 010 de 2015.
En consecuencia, la funcionaria llegó a la conclusión de que el
proyecto urbanístico que se pretende realizar en los predios Santa
Helena - Los Pinos está en contra de las determinantes ambientales
acogidas por la CARDER mediante la resolución 1796 «y eso se
relaciona en el memorando 1757, que fue mediante el cual se dio
respuesta a la oficina sectorial». Así mismo, el Licenciado
Eduardo Londoño, también funcionario de la CARDER en
calidad de coordinador del proyecto de las áreas protegidas del
orden regional en el departamento de Risaralda, explicó en su
declaración respecto del área protegida Barbas - Bremen que: «se
promovió en primer lugar en el año 2006, su creación juntamente
con la corporación autónoma regional del Quindío para proteger los
bienes y servicios ambientales de la zona, principalmente la
biodiversidad, porque allá hay muchos bosques y bosques
naturales en muy buen estado de conservación, especies también
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de flora y fauna muy importantes para la región, también el recurso
hídrico, fuentes abastecedoras o cuencas abastecedoras de
acueductos muy importantes para la ciudad de Pereira, acueductos
rurales, con base en ese interés se declaró el área por primera vez
en el año 2006».
Con relación a la realización del proyecto en el área protegida, el
Licenciado Londoño explicó las consecuencias ambientales de
realizar el proyecto en dicha zona, advirtiendo «las áreas
protegidas, tienen unos objetivos de creación unas razones por las
cuales se conservan, las instituciones como la corporación declaran
áreas protegidas, en el caso de Barbas Bremen, como ya mencione
es muy importante el tema de la biodiversidad, de los ecosistemas,
es muy importante la conservación de las cuencas abastecedoras
del agua, muy importante en barbas el paisaje y la educación y
cultura, o sea la realización de parcelaciones al interior del
área protegida afecta gravemente en primer lugar el tema
del paisaje, en segundo lugar es inexplicable saber de dónde
va a salir el agua para 32 casas que es casi un poblado las
vías también al interior del área protegida, el hecho de la
actividad ahí afecta también la biodiversidad, más tráfico,
más consumo en esa área, por esa razón desde el principio pues
las parcelaciones siempre han sido actividades no
permitidas al interior de áreas protegidas de esta y la de
ninguna del orden regional y bueno nacional menos, entonces si
hay una afectación en mi opinión grave sobre eso, sería también
un pésimo antecedente para la gestión del área protegida, porque
Barbas Bremen está situada cerca de la ciudad de Pereira, es toda
la zona que tiene eso, estaría sufriendo muchas presiones el valor
de la tierra es alto y está sufriendo muchas presiones para a hacer
parcelaciones, urbanizaciones, subdivisiones, loteo, eso destruiría
los valores que son importantes para la preservación que son para
las generaciones futuras». (…). Es decir, contrario a las
apreciaciones del dictamen, las actividades antrópicas que se
realizan en el área objeto de discusión, son las que justifican que
se haya catalogado como un distrito de conservación de suelos y,
en ningún caso, que se pase por alto la categoría de área protegida
que tiene Barbas - Bremen a efecto de realizar un proyecto
urbanístico.
(…)
Así las cosas, de los testimonios se puede extraer que existen
varios instrumentos que impiden la realización de proyectos
urbanísticos en los predios objeto de controversia, pues ponen de
manifiesto los impactos que se generarían con la construcción del
proyecto urbanístico en el área protegida, que se evidencian mucho
más gravosos que los de la actividad ganadera, reiterando que esta
última sí está permitida según el plan de manejo del área protegida
y no así los proyectos de vivienda como el que se pretende
realizar[…]” (Resaltado fuera del texto original).
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De manera que aun cuando el dictamen que aportan las terceras
interesadas concluye que “el proyecto no afectaría bosque denso ni
bosque fragmentado, se establecería en una matriz de pastos limpios
y suelo transformado, las especies detalladas anteriormente no van
a sufrir alteraciones o afectaciones dado que su área de actividad
está definida dentro de las coberturas de bosque denso y
fragmentado existente en otros sectores del área protegida muy
alejados de la zona del proyecto”, es un hecho cierto y demostrado
que la construcción de un proyecto de 12,63 has. se efectuaría
dentro de un área protegida, razón por la cual aun cuando se
aportaran pruebas técnicas que respaldaran el dicho del perito, -que
no fue así-, no se puede desconocer la restricción que pesa sobre
dicha área, porque ello, precisamente, obedece a la necesidad de
conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el
mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies
que habitan en dicho entorno natural.
Ahora, la recurrente también reprocha que la prueba pericial
aportada por las terceras interesadas haya sido descartada por falta
de soporte en conceptos técnicos y, en su lugar, se haya dado
credibilidad a los testimonios recaudados en el proceso, frente a lo
cual es menester precisar que durante la audiencia de pruebas el
Tribunal recepcionó los testimonios de funcionarios de la CARDER,
de la Dirección de Control Físico de la Alcaldía de Pereira y de un
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ingeniero geólogo, consultor geológico y ambiental, de los cuales
pudo concluir que:
• El proyecto de parcelación de vivienda campestre no era compatible
con las disposiciones del Plan de Manejo adoptados por la CARDER.
• Los permisos se expidieron desde la subdirección de Gestión
Ambiental Sectorial, a pesar de que en el documento que expidió la
CURADURÍA sobre usos del suelo se menciona que está
parcialmente en el DCS Barbas Bremen y que el corredor ambiental
de la doble calzada no aplica para el interior del área protegida.
• En los planes de manejo del año 2011, 2015 y 2021, para el caso
de Barbas – Bremen se indicó el área de zonificación de área
protegida, dentro de los cuales se indican los usos permitidos y los
que no, advirtiendo que en ninguno de los tres planes de manejo se
encuentran autorizadas las parcelaciones.
• La licencia había tenido en cuenta los permisos otorgados por la
Curaduría, pero no así el Plan de Manejo del DCS que categoriza al
predio dentro de la ficha normativa núm. 5, la cual no permite
construcciones, ni parcelaciones menores de 4 hectáreas.
Las mencionadas conclusiones, además, se encuentran también
soportadas en las diferentes pruebas documentales allegadas al
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proceso, por lo que la Sala estima que la sentencia de primera
instancia valoró adecuadamente las pruebas recaudadas y, por tanto,
no se acogen los argumentos de la apelación en este aspecto.
Del recurso de apelación de la coadyuvante
El apoderado de la coadyuvante COTTY MORALES CAAMAÑO
solicitó que se le reconozca, así como a la actora, las costas
integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados
durante el curso del proceso.
Para resolver, conviene referirse a las normas que regulan la
condena en costas.
La Ley 472, en su artículo 38, señaló:
“Artículo 38. Costas. El juez aplicará las normas de
procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al
demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos
ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea
temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las
partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20)
salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos,
sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”.
Por su parte, sobre la condena en costas el Código General del
Proceso prevé:
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“[…] ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en
las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se
le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto
en relación con la temeridad o mala fe.
(…)
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas,
el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada
se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales
entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a
cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado
y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por
no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y
en los casos de desistimiento o transacción […]”.
“[…] ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en
derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al
proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el
superior, con sujeción a las siguientes reglas:
1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o
rehacerla.
(…)
4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas
que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá
en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el
máximo de dichas tarifas […]”.
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Sobre el alcance de las citadas disposiciones, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación de 6 de
agosto de 201964, sostuvo:
“[…] 163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el
reconocimiento de las costas procesales a favor del actor
popular y a cargo de la parte demandada, siempre que la sentencia
le resulte favorable a las pretensiones protectoras de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código
General del proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos
procesales como el de las agencias en derecho.
[…] 166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
armonizado con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las
acciones populares la condena en costas a favor del actor popular
incluye las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia
de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso
mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.
167. En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las
costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales
o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de
la parte demandada, la condena se hará atendiendo las reglas
previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de forma
que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren causadas
y se liquidarán en la medida de su comprobación.
169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en derecho
siempre que el actor popular resulte vencedor en la pretensión
protectoria de los derechos colectivos y su acreditación corresponderá a
la valoración que efectúe el fallador en atención a los criterios señalados
en el numeral 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, es decir,
en atención a la naturaleza, calidad y duración del asunto, o a cualquier
otra circunstancia especial que resulte relevante para tal efecto.
170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá
en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión
realizada por el actor popular, con independencia de si actuó
directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias especiales,
sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas. […]” (Resaltados
fuera del texto original).
64
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.
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Conforme a lo anterior, la condena en costas procede en los términos
previstos en los artículos 365 y 366 del CGP, sin que se distinga la
calidad de su destinatario, esto es, demandante o demandado,
circunstancia que implica que son ellos, en los supuestos
previamente señalados, quienes tienen el derecho a su
reconocimiento.
De acuerdo con la postura en mención, es dable concluir que no es
procedente el reconocimiento de costas a favor de la parte
coadyuvante pues, como se indicó en precedencia, son las partes
quienes pueden acceder a este beneficio en caso de que se cumplan
los supuestos esbozados por la jurisprudencia de esta Corporación65.
Ahora, respecto de la condena en costas a favor de la parte actora,
se advierte que las disposiciones del CGP sobre la materia no hacen
distinción alguna respecto de la calidad del sujeto destinatario, por
lo que no corresponde al juez popular hacerla, aun cuando dentro de
las funciones de la entidad pública beneficiada se encuentre la de
incoar acciones populares66.
Así lo reconoció la Sección en la sentencia de 28 de enero de 2021,
en la que señaló:
65
Posición adoptada por la Sala en sentencia de 16 de febrero de 2023 (Expediente núm. 66001-23-
33-000-2019-00307-01. Consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón).
66
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 27
de mayo de 2021, consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón, expediente núm. 68001-23-33-000-
2019-00411-01.
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“[…] En atención a los argumentos expuestos por el apoderado de
la Defensoría del Pueblo, se advierte que en otros casos en los
que dicha entidad también ha fungido como parte actora esta
Sección se ha abstenido de condenar en costas a la parte
accionada, porque una de las funciones constitucionales de aquella
es la de promover acciones populares en defensa de los derechos
colectivos. Tal es el caso de la sentencia de 14 de septiembre de
2020, en la que se consideró lo siguiente:
“[…] Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 38 de
la Ley 472 de 1998 y 365 del Código General del Proceso y atendiendo
al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión No. 27 en
providencia del 6 de agosto de 2019[67], la Sala no condenará en
costas en esta instancia toda vez que no se accedió a la totalidad de
las pretensiones de la demanda y, además, la parte demandante se
trata de una entidad pública en cuyas funciones constitucionales se
encuentra la de interponer acciones populares en defensa de los
derechos colectivos […]”.
Sin embargo, la postura en mención debe ser replanteada por
cuanto la imposición de la condena en costas obedece a
criterios objetivos, en tanto que, para su imposición se debe
comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
365 del CGP, cuya norma no impide dicha retribución cuando es
a favor de entidades públicas.
Comoquiera que las disposiciones relativas a la condena en costas no
hacen distinción alguna respecto del destinatario o del favorecido con
la misma, no le corresponde al juez popular hacerla, aun cuando dentro
de las funciones de la entidad pública beneficiada se encuentre la de
incoar acciones populares.
En consecuencia, conforme lo advirtió la parte actora y de acuerdo con
lo expuesto, la condena en costas procede en los términos previstos
en los artículos 365 y 366 del CGP, sin que se distinga la calidad de su
destinatario […]”68 (Resaltado fuera del texto original)69.
De este modo, procede la condena en costas de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, bajo el principio general
[67] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de
Unificación del 6 de agosto de 2019, CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-
33-33-007-2017-00036-01.
68 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número
único de radicación 68001-23-33-000-2019-00250-01 (AP), C.p Nubia Margoth Peña
Garzón.
69
De la misma manera, la Sección Tercera de la Corporación ha sostenido que es viable el
reconocimiento de agencias en derecho a favor de las entidades públicas que actúan a través de
apoderados que hace parte de su planta de personal, “[…] pues el hecho de que no se hayan realizado
pagos adicionales a su salario no enerva la causación de las agencias en derecho como parte de la
condena en costas […]”. Ver, entre otras, providencia de 11 de octubre de 2021, número único de
radicación 05001-23-33-000-2014-01011-01(66925), C.p. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO.
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de interpretación jurídica según el cual «donde la ley no distingue no
le es dado al interprete hacerlo»70.
Ahora, en el presente caso se advierte que no se demostró su
causación71, en la modalidad de expensas, conforme lo ordena el
numeral 8 del citado artículo 365 del CGP, por lo que es del caso
confirmar en ese sentido la decisión del Tribunal de no condenar en
costas en primera instancia, cuya determinación también aplica para
esta instancia, pero por las razones aquí expuestas.
Ahora bien, en lo referente a las agencias en derecho72, en el asunto
sub examine la Sala considera que se acreditaron los supuestos
contenidos en la sentencia de unificación que dan origen a la condena al
pago de agencias en derecho, pues la acción popular fue instaurada
por la Procuraduría Judicial II, parte vencedora en el proceso, quien
fue diligente en orden a obtener la protección de los derechos
colectivos, comoquiera que la primera instancia accedió a la
protección de los derechos colectivos, decisión que ahora se
confirma, así como también prosperaron las medidas cautelares
solicitadas en la demanda, asistió a la audiencia de pacto de
70 Principio reiterado, entre otras, en providencias de 21 de noviembre de 2003 (número único de
radicación 25000-23-24-000-2001-00408-01 [9061], C.p. OLGA INES NAVARRETE BARRERO); y 11 de
octubre de 2006 (número único de radicación 17001-23-31-000-2002-00243-01 [15203], C.p. LIGIA
LOPEZ DIAZ).
71 Pues dentro del expediente no obra prueba alguna de la cual se pueda establecer los
gastos en que haya podido incurrir la parte actora con ocasión del proceso y necesarios para
su desarrollo.
72 Las agencias en derecho se reconocen en atención al tiempo y esfuerzo dedicado al
proceso conforme lo ordena el numeral 4 del artículo 366 del CGP.
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cumplimiento, solicitó la práctica de pruebas que fueron decretadas
por el Tribunal73 y rindió alegatos de conlusión ante el a quo74.
Lo expuesto en precedencia, permite concluir que en relación con la
condena en costas se debe revocar parcialmente la sentencia
apelada, en cuanto a que no reconoció las agencias en derecho a
favor de la demandante y, en su lugar, se condenará a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –
CARDER al pago de las mismas en primera y segunda instancia.
Para el efecto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366
del Código General del Proceso, -según el cual la condena en costas
y las agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada
en el juzgado que haya conocido del proceso en primera instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin
al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por
el superior-, corresponderá liquidar la condena en costas al Tribunal,
por lo que esta Sala se abstendrá de emitir cualquier juicio respecto
de dicho aspecto75.
73 Conforme se advierte del auto de pruebas de 2 de septiembre de 2021, visible en el índice
43 del expediente digital del Tribunal.
74 Conforme consta en el índice 60 del expediente digital del Tribunal.
75 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero
ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia de 1° de junio de 2020, expediente
núm. 15001-23-33-000-2013-00354-02.
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Número único de radicación: 66001-23-33-000-2021-00103-02
Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
En consecuencia, se modificará el numeral quinto de la parte
resolutiva de la sentencia impugnada, el cual quedará así:
“5. SIN CONDENA en costas, en la modalidad de expensas, en la
primera y segunda instancia. CONDENAR EN COSTAS, en la
modalidad de AGENCIAS EN DERECHO, en primera y segunda
instancia, al CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALDA – CARDER en favor de la actora.
Para el efecto, las agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”
Del Comité de Verificación de la Sentencia
El numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia dispuso la creación del Comité para la verificación del
cumplimiento de la sentencia, y aun cuando señaló que estaría
integrado por “esta corporación judicial”, omitió expresar que sería
presidido por el Magistrado ponente, razón por la cual Sala modificará
el referido numeral para señalar que el Comité estará integrado por
el Magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor
Consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir
en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del
conocimiento del mismo.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral quinto de la parte resolutiva de
la sentencia impugnada, el cual quedará así:
“5. SIN CONDENA en costas, en la modalidad de expensas, en la
primera y segunda instancia. CONDENAR EN COSTAS, en la modalidad
de AGENCIAS EN DERECHO, en primera y segunda instancia, al
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA –
CARDER en favor de la actora.
Para el efecto, las agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.”
TERCERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva del
fallo impugnado, en el sentido de señalar que el Comité de
Verificación de la sentencia estará integrado por el Magistrado
ponente, quien lo presidirá.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 13 de enero de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
QUINTO: TENER al doctor JAIR DAVID DIAZ GRANADOS
CORREDOR como apoderado de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE RISARALDA -CARDER-, de conformidad con el
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Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA
poder y demás documentos visibles en el índice 21 del expediente
digital.
SEXTO: TENER al doctor DILBER LEANDRO VARGAS DIAZ como
apoderada del MUNICIPIO DE PEREIRA, de conformidad con el
poder y demás documentos visibles en el índice 19 del expediente
digital.
SÉPTIMO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en sesión del día 13 de diciembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes
de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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