Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00121-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00121-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 66001-23-33-000-2021-00121-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 66001-23-33-000-2021-00121-02
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORES: CONDOMINIO CAMPESTRE JAMAICA PH Y OTRO
TESIS: SE REQUIEREN ADOPTAR MEDIDAS EN EL MARCO DE LA
ACCIÓN POPULAR PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO COLECTIVO
VULNERADO CON OCASIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE
APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE BOSQUE NATURAL DE
GUADUA, EN UN PREDIO DE PROPIEDAD PRIVADA UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE PEREIRA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el
CONDOMINIO CAMPESTRE JAMAICA P.H., la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER1, y los
señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA LUCÍA BENÍTEZ
OREJUELA contra la sentencia de 24 de agosto de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Risaralda2.
1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante la CARDER.
2
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Actores: CONDOMINIO CAMPESTRE JAMAICA P.H. Y OTRO
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
El señor JAIRO COLORADO VILLA, actuando en nombre propio y
en representación del CONDOMINIO CAMPESTRE JAMAICA P.H.,
en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la
Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de
19983, presentó demanda contra la CARDER y los señores JAIRO
AMAYA SERNA y MARTHA LUCÍA BENÍTEZ OREJUELA, tendiente
a obtener la protección de los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
I.2. Hechos
Sostuvo que el límite del Condominio Campestre Jamaica P.H. y el
predio «Montelíbano» era un corredor ecológico de guaduas y árboles
3
«Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
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nativos que conformaban un paisaje natural propio de la región y
servían de hábitat y sitio de paso para aves y animales silvestres.
Adujo que los propietarios del predio «Montelíbano», esto es, los
señores Jairo Amaya Serna y Martha Lucía Benítez Orjuela, con
ocasión de la autorización de aprovechamiento forestal único
otorgada por la CARDER, a través de la Resolución 2303 de 31 de
diciembre de 2020, afectaron la vegetación y fauna silvestre que se
encontraban en ese lugar, pues talaron el guadual del corredor en
comento.
Señaló que la expedición de la Resolución 2303 de 31 de diciembre
de 2020 permitió la afectación de varias fuentes hídricas, entre ellas,
la quebrada que descendía del Colegio Liceo Francés de Pereira y dos
pozos profundos, uno de los cuales suministraba el agua para el
consumo humano de los habitantes del condominio, el cual contaba
con concesión expedida por la autoridad ambiental.
Indicó que el 8 de marzo de 2021, la autoridad ambiental realizó una
visita técnica al predio objeto de la autorización de aprovechamiento
forestal para determinar el cumplimiento de las obligaciones a cargo
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de los beneficiarios, y advirtió la existencia de incumplimientos que
motivaron la suspensión del permiso «en relación con la socialización
del proyecto con la comunidad y el ahuyentamiento de fauna», la
cual fue levantada al día siguiente, por cuanto, contrario a la realidad,
la CARDER estimó que sí se había dado cumplimiento a los
requerimientos en mención.
Cuestionó la legalidad de la Resolución 2303 de 31 de diciembre de
2020, pues, a su juicio, desconoció el debido proceso, si se tiene en
cuenta que para su expedición se vulneraron los principios de
publicidad, buena fe, confianza legítima, eficacia, imparcialidad y
moralidad.
Precisó que los actos a través de los cuales se inicia y culmina las
actuaciones administrativas de índole forestal debían ser notificados
a los interesados, o los que pudieran tener interés en el mismo, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 1791 de 1996, la Ley 99
de 1993, el CPACA y el CGP.
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Resaltó que el parágrafo 2 del artículo 8 de la Resolución 1740 de 24
de octubre de 20164, indicaba que «El sistema de aprovechamiento
a emplear debe ser el de entresaca selectiva de los tallos o culmos
maduros y sobremaduros y el aprovechamiento total de los tallos
secos y secos partidos. El porcentaje de intervención será como
máximo el 35% de la población comercial».
Sostuvo que la autoridad ambiental autorizó eliminar 9.232 guaduas
de la categoría «Poaceae», sin tener en cuenta lo siguiente: i) el
derecho de la comunidad rivereña al guadual de intervenir en la
autorización, ii) las fuentes de agua que existían en el lugar, iii) el
estudio técnico que mostrara mejor aptitud de uso del suelo diferente
al forestal, iv) el plan de aprovechamiento forestal, v) la valoración
de las razones de orden histórico, cultural o paisajístico, relacionadas
con las especies objeto de solicitud, y iv) los solicitantes no
acreditaron su condición de urbanizadores.
Agregó que en la zona objeto de la autorización de aprovechamiento
forestal se encontraba la cuenta hidrográfica del río barbas, el cual
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«Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento
de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones»
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se declaró como de escasez hídrica, según acuerdo de la comisión
conjunta núm. 7 de 2009, de las corporaciones autónomas regionales
de Risaralda y Quindío.
Sostuvo que en la actuación administrativa que dio lugar a la
expedición de la Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020 no se
tuvieron en cuenta las decisiones anteriores respecto del
aprovechamiento del guadual, ni las normas especiales de protección
que resultaban aplicables.
I.3. Pretensiones
Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como
vulnerados, lo siguiente:
«[…] 2. Se proteja en forma especial la fauna y la flora y el propio
bosque natural, ubicado en el predio Montelíbano, en límites con el
Condominio Campestre Jamaica P.H., en la ciudad de Pereira, por la
acción de los señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA LUCÍA
BENITEZ OREJUELA, quienes obtuvieron autorización de
aprovechamiento único del referido bosque natural, por parte de la
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA –
CARDER-, a través de la resolución No. 2303 del 31 de diciembre de
2020, desconociendo el marco legal que rige esta clase de actuaciones
y los bienes e intereses colectivos al medio ambiente sano y a la
moralidad administrativa.
3. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se ordene a la
CARDER y a los señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA LUCIA
BENITEZ OREJUELA, hacer cesar la vulneración de los derechos
colectivos y adoptar las medidas para restaurar el daño causado con
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la ejecución de un plan de siembra y mantenimiento hasta tanto se
restablezca el bosque natural afectado […]».
I.4. DEFENSA
I.4.1-. La CARDER se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, pues consideró que cumplió con los parámetros legales
y constitucionales para otorgar la autorización de aprovechamiento
forestal, en cumplimiento de los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación,
responsabilidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.
Sostuvo que la interpretación de la parte actora respecto de las
normas aplicables al procedimiento para otorgar la autorización de
aprovechamiento forestal era imprecisa, pues desconocía la
regulación especial que tenía la autoridad ambiental en la materia,
esto es, la Resolución 944 de 2008 y el Decreto 1791 de 1996.
Adujo que la autorización de aprovechamiento forestal único se
fundamentó en los conceptos técnicos 3185 y 3193 de 2020, y el
memorando 689 de 15 de marzo de 2021, por medio de los cuales
pudo establecer que el predio objeto del proceso «no se encuentra
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dentro de una zona forestal protectora, no contiene cuerpos de agua
que correspondan a ecosistemas de humedales, no es un corredor
ecológico y no tiene ningún tipo de restricción ambiental».
Resaltó que el auto de inicio del trámite administrativo, auto 0654 de
11 de diciembre de 2020, se publicó ese mismo día en su página
web, por lo que desde ese momento la comunidad en general conoció
del inicio del procedimiento y, por tanto, cualquier tercero que se
considerara afectado podría intervenir en el trámite objeto de
reproche, pero los demandantes no manifestaron dicho interés.
Aclaró que el trámite de aprovechamiento forestal no se podía
asimilar al de una licencia ambiental, en la que sí se debe acreditar
que los terceros conocieron del inicio del trámite, pues el caso objeto
de estudio se relacionaba con un predio privado en el que la autoridad
ambiental constató legal y técnicamente que se cumplieron los
requerimientos previstos para la autorización, dentro de los cuales
no se encontraba la exigencia de notificar a los terceros que no
manifestaron su interés de intervenir.
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Agregó que la actuación administrativa se adelantó de conformidad
con lo previsto en el Decreto 1791 de 19965, compilado en el Decreto
1076 de 2015, y la Resolución 944 de 20086, en la que se discriminó
desde su introducción los parámetros que justificaban el
aprovechamiento y, además, se puso a consideración el plan
compensación forestal, el cual traía inmersa la evaluación de
impactos ambientales.
Manifestó que el análisis de aptitud de uso del suelo lo realizó la
autoridad competente, esto es, el curador urbano primero de Pereira,
dando aplicación al POT (Acuerdo 035 de 2016), con fundamento en
el cual concluyó que el uso del suelo de la zona objeto de la solicitud
de aprovechamiento forestal era «suelo suburbano CDR03».
Sostuvo, respecto de la presunta ineficacia del plan de
aprovechamiento forestal que se aprobó mediante la Resolución
2303 de 31 de diciembre de 2020, que las normas ambientales
aplicables al caso en concreto no establecían la obligatoriedad de
5
«Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal».
6
«Por medio de la cual se reglamenta el manejo y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales
y las plantaciones protectoras – productoras de guadua, cañabrava y bambú y se adoptan los términos
de referencia para la elaboración de los respectivos planes de manejo forestal».
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presentar la propuesta de compensación junto con el plan de
aprovechamiento forestal.
Indicó que, no obstante, les solicitó a los interesados en el trámite
presentar la propuesta de compensación e indicar el sitio en el
probablemente se realizaría la misma, por lo que una vez se presentó
la propuesta se aprobó mediante acto administrativo7.
Adujo, frente al desconocimiento de los antecedentes del
aprovechamiento del guadual reflejado en el expediente 5259, que
7
En este punto, la CARDER señaló lo siguiente:
«[…] La propuesta de compensación presentada y aprobada mediante la Resolución 2303 del
31/12/2020, en su Artículo Segundo, y en el cual se propone realizar el establecimiento de la
compensación parte en el predio objeto de la solicitud y el restante en predios de propiedad del
municipio de Pereira destinados a la Conservación del Recurso Hídrico o donde la CARDER lo determine,
es técnica y legalmente válido, toda vez que la CARDER no cuenta con un portafolio de áreas disponibles
para adelantar dicha acción, mientras que el municipio de Pereira si cuenta con predios adquiridos para
la conservación y restauración del recurso forestal, en los cuales se puede realizar el establecimiento
de dicha compensación forestal, en consecuencia, el autorizado debe adelantar el acercamiento con la
Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Pereira, para obtener el permiso respectivo y presentarlo a la
CARDER, en caso contrario, si el autorizado no logra concertar con la Secretaría de Desarrollo de la
Alcaldía de Pereira, debe buscar otro sitio y presentarlo para su aprobación, cabe mencionar que para
ello cuenta con un término de seis (6) meses, contados a partir de la ejecución del aprovechamiento
forestal autorizado, y no mayor a doce (12) meses contados a partir de la ejecutoria del Acto
Administrativo emitido por la CARDER, para lo cual se realiza seguimiento al cumplimiento de lo
establecido en la Resolución 2303- 2020, y en caso de incumplimiento por parte del autorizado, la
CARDER adelantará un proceso sancionatorio conforme con lo establecido en la Ley 1333 de 2009.
La COMPENSACIÓN que debe realizar el autorizado, está basada en lo establecido en la RESOLUCIÓN
-MADS No. 256 DEL 22/02/2018, por la cual se adopta la actualización del Manual de Compensaciones
Ambientales del Componente Biótico, donde el factor de compensación es 1 : 1,6, y que corresponde a
compensar un área de 4,02 Ha, por las 2,51 Ha permisionadas, en la cual se deberá establecer un total
de 2.222 Chusquines de Guadua en un área de 2.0 Ha (1.111 individuos por Ha) y un total de 2.222
individuos arbóreos de diferentes especies forestales nativas en un área de 2.0 Ha (1.111 individuos
por Ha), con distanciamiento de siembra de 3 m X 3 m entre individuos. Para un total de 4.444
individuos en 4,02 Ha […]».
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la parte actora incurrió en un error al afirmar que se desconoció dicho
antecedente, dado que el expediente hacía referencia a un trámite
de aprovechamiento forestal persistente, no un trámite único, como
el que dio origen a la Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020.
Explicó, sobre el particular, que una de las exigencias del trámite de
aprovechamiento forestal único era que el uso del suelo lo permitiera,
por lo que el suelo del predio objeto del proceso al ser «suburbano»,
era viable el aprovechamiento.
Sostuvo que no era cierto que en el predio «Montelíbano» haya
cuerpos de agua que correspondan a ecosistemas de humedal
«porque la geoforma del predio se asemeja a un cauce en “V” y crea
una especie de evacuadores del agua lluvia y drenan el agua, hasta
llevarla a los afluentes de la Quebrada San José y del drenaje NN
(Cuenca del Río Consotá)» 8, por lo que descartó la afectación a los
pozos que se citaron en la demanda, los cuales se nutrían de aguas
subterráneas que no tenían conexión con la existencia o no del
guadual.
8
Lo anterior, de conformidad con el memorando 689 de 15 de marzo de 2021.
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Concluyó que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de
legalidad de la Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020, pues la
demanda se fundamentó en apreciaciones personales e
interpretaciones subjetivas de las normas ambientales.
I.4.2-. Los señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA LUCÍA
BENÍTEZ OREJUELA solicitaron negar las pretensiones de la
demanda, pues consideraron que las pruebas aportadas al proceso
no acreditaban la vulneración de los derechos colectivos invocados.
Sostuvieron la autorización de aprovechamiento forestal único se
fundamentó en un estudio técnico que determinó su viabilidad, por
lo que no había lugar a acceder las pretensiones de la demanda. De
igual forma, destacaron que la Resolución de la CARDER 2606/16, si
bien prorrogó la concesión de aguas subterráneas, dentro del proceso
no se demostró técnicamente que el guadual incidiera directamente
en las expectativas del líquido.
Indicaron que se presumía la legalidad de la Resolución 2303 de 31
de diciembre de 2020, pues no se acreditó técnicamente las
afirmaciones expuestas en la demanda; además de que les resultaba
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extraño que pudiera existir el Condominio Campestre Jamaica P.H.,
pero no se pudiera contemplar el desarrollo urbanístico de los predios
colindantes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 24 de agosto de 2023, además
de declarar no probadas las excepciones propuestas por las partes y
la tacha de sospecha del testimonio del señor Luis Ernesto Patiño
Herrera, declaró la vulneración del derecho colectivo a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución, con ocasión de las acciones
realizadas por parte de los señores Jairo Amaya Serna y Martha Lucía
Benítez Orejuela en calidad de copropietarios del predio
«Montelíbano» y por las omisiones de la CARDER.
En consecuencia, ordenó lo siguiente:
«[…] 4. Declárase la ineficacia del acto administrativo No. 2303 del
31 de diciembre de 2020 mediante el cual se autorizó el
aprovechamiento forestal único en el predio Montelíbano propiedad
de los señores Jairo Amaya Serna y Martha Lucía Benítez Orejuela,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
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5. ORDENÁSE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO COLECTIVO antes
descrito, para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
– CARDER, y los señores Jairo Amaya Serna y Martha Lucía Benítez
Orejuela en calidad de copropietarios del predio Montelíbano, en el
marco de sus deberes y competencias legales y reglamentarios, y en
el término de seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, deberán iniciar y culminar el procedimiento de ajuste o
modificación de la autorización de aprovechamiento forestal único
bosques naturales, según sea el caso, respecto de los guaduales
objeto del litigio. Para tal efecto, tendrán en cuenta los lineamientos
previstos en el Manual de Compensaciones Ambientales del
Componente Biótico al momento de elegir los lugares en que se
llevarán a cabo las respectivas actividades de compensación. Sin
embargo, en caso de que técnicamente no sea viable efectuar la
compensación en el mismo sector, la misma se podrá llevar a cabo
en otro predio público o privado, con miras a garantizar la
equivalencia ecosistémica de los guaduales aprovechados.
Además, el objeto de este procedimiento administrativo buscará que
las obligaciones del titular del aprovechamiento forestal y las medidas
de mitigación, compensación y restauración de los impactos cumplan
con lo dispuesto en el artículo 7 de la Resolución CARDER No. 944 de
2008, en los artículos 4 y 5 de la Resolución No. 256 de 4 de marzo
de 2018 y en el Manual de Compensaciones Ambientales del
Componente Biótico.
6. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la
presente providencia se nombrará un comité de verificación de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998,
integrado por los demandantes, un delegado de la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda-CARDER, el Procurador Judicial No.
38 en Asuntos Administrativos de la ciudad de Pereira, la Procuradora
28 Judicial II Ambiental y Agrario de Pereira y este Tribunal, quien lo
presidirá, con la obligación de rendir por parte de sus miembros el
informe conjunto respectivo, de conformidad con lo considerado en
esta sentencia.
7. El incumplimiento de lo ordenado en el presente fallo será
sancionado como desacato de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 41 de la Ley 472 de 1998.
8. CONDÉNASE EN COSTAS, por concepto de agencias en derecho, a
los demandados vencidos Corporación Autónoma Regional de
Risaralda - CARDER y los señores Jairo Amaya Serna y Martha Lucía
Benítez Orejuela, en calidad de copropietarios del predio Montelíbano,
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conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. En virtud
de lo anterior, se fija como agencias en derecho la suma total
equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
esto es, $5´800.000. Este concepto se sufragará la mitad por la
CARDER y la otra mitad por los otros dos codemandados.
9. En firme esta decisión, archívese el expediente […]».
Para el efecto, sostuvo que la «ineptitud de la demanda por indebida
elección de la acción», propuesta por los señores Jairo Amaya Serna
y Martha Lucía Benítez Orejuela, no estaba llamada a prosperar
dadas las características de especialidad y eficacia procesal de la
acción popular, pues se debía determinar dentro del proceso lo
relativo a la presunta afectación ambiental derivada de la tala del
bosque natural que se encontraba en el predio «Montelíbano», pese
a que el aprovechamiento forestal hubiese sido autorizado mediante
acto administrativo, cuya legalidad no se pretende controvertir, sino
determinar la vulneración de los derechos colectivos, en los términos
del artículo 144 del CPACA.
Consideró que no era procedente estudiar los vicios relacionados con
la notificación y emplazamiento de cara al acto administrativo que
autorizó el aprovechamiento forestal, pero si los concernientes a su
publicidad y socialización con la comunidad, pues éstos eran conexos
con el objeto del proceso.
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Puso de manifiesto las siguientes irregularidades en el trámite
administrativo que, a su juicio, vulneraron los derechos colectivos
amarados:
-. Afirmó que las autoridades ambientales debían exigir con la
solicitud de autorización de aprovechamiento forestal el
correspondiente estudio técnico, a través del cual se acredite «por
qué resulta más beneficioso para la colectividad transformar el uso
del suelo forestal donde se ubican los bosques objeto de solicitud, en
lugar de mantenerlo», el cual, en el caso concreto, no detalló las
actividades que se pretendían desarrollar en el predio ni describió las
razones por las que ameritaba «cambiar definitivamente el uso del
suelo forestal», por lo que no podía entenderse que se cumplió con
tal requisito.
-. Adujo que el terreno donde se ubica el predio «Montelíbano»
estaba clasificado como zona de suelos de protección rural y zona
amortiguadora del paisaje cafetero y atravesaba la quebrada San
José y, además, no encontró información referente a las actividades
previas de «control visual» y «detección» de fauna silvestre, por lo
que no se tenía certeza de su existencia, diversidad, conservación y
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efectos que traería la tala para las cadenas tróficas, entre otros
aspectos relevantes.
-. Indicó que la autoridad ambiental aprobó una compensación
inferior a la mitad de la propuesta en la solicitud sin ninguna
justificación de carácter técnico, lo cual, a su juicio, atentaba contra
el principio constitucional de planificación ambiental para el uso y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, pues hacía
suponer una omisión de la autoridad ambiental en la prevención y
control de los factores de deterioro ambiental, como el asociado a la
extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies
animales y vegetales.
-. Consideró que la autoridad ambiental pasó por alto que el plan de
compensación, reposición o restauración forestal presentado carecía
de elementos tales como la localización preliminar de las áreas para
la implementación de las medidas de compensación, la información
de las áreas ecológicamente equivalentes, la relación directa de las
acciones de restauración, con los criterios de selección de predios
establecidos en el Plan Nacional de Restauración, la evaluación de los
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riesgos bióticos, físicos, económicos y sociales, al igual que las
propuestas para minimizarlos.
-. Destacó que se presentaron incongruencias asociadas a la
existencia o no de cuerpos o fuentes de agua en el predio, lo que, en
su criterio, tenía un gran impacto en el trámite de otorgamiento de
las autorizaciones de tala.
-. Adujo que se incumplió con el deber de identificar y comunicar a
los vecinos del predio “Montelíbano” sobre el inicio del trámite de
aprovechamiento forestal, dado que la autoridad ambiental solo
ordenó la comunicación al solicitante y su publicación en el boletín
oficial, lo que desconocía el principio de publicidad, pues aquellos
ciudadanos son terceros que pueden verse afectados de manera
directa por las decisiones que se adopten en relación con el bosque
natural y, por tanto, se les debe garantizar el derecho a participar.
Consideró que las actas de visita, los conceptos técnicos y la
resolución de concesión del permiso de aprovechamiento forestal no
fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico, por lo que la
autoridad ambiental no debió permitir las actividades de
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aprovechamiento forestal en el predio «Montelíbano», hasta que
contara con las pruebas idóneas para acreditar el cumplimiento de
las obligaciones de socialización del proyecto y «ahuyentamiento» de
la fauna silvestre.
Respecto de la vulneración del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, el Tribunal consideró que se incumplió con la carga
de la prueba, pues la parte demandante no probó la existencia de las
conductas amañadas, corruptas o arbitrarias, que en su sentir
afectaban la correcta función pública.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1.- El CONDOMINIO CAMPESTRE JAMAICA P.H. indicó que a
pesar de que el Tribunal advirtió la vulneración del medio ambiente,
no ordenó la reparación del daño ambiental, pues lo que dispuso
fue otorgar un plazo de gracia a los infractores, no previsto en la ley,
para adecuar el trámite de aprovechamiento único forestal, lo cual
no era procedente, dadas las irregularidades en que se incurrió en la
actuación administrativa con motivo de la infracción de las normas
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aplicables, lo cual transgrede el artículo 144 del CPACA y los artículos
2° y 34 de la Ley 472 de 1998.
Resaltó que al declararse la ineficacia de la Resolución 2303 de 31
de diciembre de 2020, no era procedente otorgar un término de seis
meses a las accionadas para adelantar un procedimiento de ajuste o
modificación de la autorización de aprovechamiento forestal único, ni
presentar un plan de compensación que se ajustara al ordenamiento
jurídico, dado que «sino es jurídicamente viable el aprovechamiento,
mucho menos la compensación».
Adujo que, si el acto administrativo que autorizó la tala era ineficaz
por desconocer las normas en que debía fundarse y vulnerar
derechos colectivos, lo procedente era que el Tribunal ordenara el
restablecimiento del derecho y dar aplicación al principio de
precaución, de conformidad con lo previsto en los numeral 6 y 8 del
artículo 1o. de la Ley 99 de 1993 y la Resolución 1740 de 24 de
octubre de 20169, para efecto de proteger con mayor contundencia
los guaduales.
9
«Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y establecimiento
de guaduales y bambusales y se dictan otras disposiciones».
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Destacó que según los conceptos técnicos obrantes en el tomo
denominado «Registro y Control», existía una fuente de agua que
debía ser objeto de protección, pues en ellos se señaló que «se
conservara una franja de protección de 3 metros de lado y lado por
la quebrada que discurre en la mata de guadua, es decir 828.6 m2».
Solicitó adicionar la sentencia objeto de recurso y declarar
vulnerados el derecho al agua y al paisaje; revocar el numeral quinto
de la citada providencia, y en su lugar, ordenar la reparación integral
del daño ocasionado por los accionados en la forma que se pretendió
con la demanda.
III.2.- La CARDER adujo que el Tribunal no valoró objetivamente
las pruebas aportadas al proceso, ni realizó un análisis sistemático y
hermenéutico de la normatividad ambiental aplicable al caso en
concreto, pues no existían pruebas técnicas que desvirtuaran los
conceptos expedidos por autoridad ambiental.
Sostuvo que la parte actora se limitó a realizar manifestaciones
subjetivas que no contaban con sustento técnico, ni jurídico, por lo
que no se desvirtuó la presunción de legalidad de la Resolución 2303
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de 31 de diciembre de 2020, ni se acreditó la vulneración derechos
colectivos que se invocaron dentro del proceso.
Señaló que si bien los testigos Juan Guillermo Salazar Pineda y Alba
Lucía Echeverry, habitantes del conjunto campestre Condominio
Jamaica P.H., expresaron su sentir personal respecto de los efectos
ambientales que se ocasionaron con motivo de la autorización de
aprovechamiento forestal, no acreditaron técnicamente sus
afirmaciones respecto de la existencia de aguas subterráneas y el
corredor ecológico, por lo que sus afirmaciones eran meramente
subjetivas.
Adujo que la testigo Luz Adriana Arias Escobar no era residente del
condominio ni del sector y, a pesar de ello, indicó en su declaración
que era conocedora de los aspectos técnicos que rodeaban el trámite
de la autorización de aprovechamiento forestal único y de presenciar
la huida de un grupo de animales durante la tala sin ningún concepto
técnico o prueba que respaldara sus afirmaciones y, además, realizó
aseveraciones temerarias relacionadas con una presunta corrupción
en la CARDER, lugar en donde trabajó por varios años.
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Sostuvo, frente a la respuesta del Jardín Botánico que, si bien en el
mismo se presentaron una serie de consideraciones de tipo técnico
científico enfocadas en los servicios ecosistémicos que prestaban los
guaduales ubicados en el perímetro urbano y su relevancia en el
paisaje cultural cafetero, no se tuvo en cuenta el caso específico del
predio «Montelíbano», el cual se ubicaba en suelo rural suburbano y
no dentro del área delimitada del paisaje cultural cafetero, además
de que omitió los usos del suelo establecidos en el POT del Municipio
de Pereira10.
Adujo que la actuación administrativa que dio lugar a la autorización
de aprovechamiento forestal único surtió las etapas respectivas, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 1791 de 1996, compilado
en el Decreto 1076 de 2015, y la Resolución 944 de 2008, por lo que
la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad
de la Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020.
10
En este punto, la CARDER agregó lo siguiente:
«[…] Además, es importante mencionar que por el área autorizada que corresponde a 2,51 Ha, se hará
la compensación en un área mayor, por lo que el área total a compensar corresponde a 4,02 Ha, en la
cual se deberá establecer un total de 2.222 Chusquines de Guadua en un área de 2.0 Ha (1.111
individuos por Ha) y un total de 2.222 individuos arbóreos de diferentes especies forestales nativas en
un área de 2.0 Ha (1.111 individuos por Ha), con distanciamiento de siembra de 3 m X 3 m entre
individuos. Para un total de 4.444 individuos en 4,02 Ha, con lo cual se reestablecerán los servicios
ecosistémicos en mayor proporción, cuando se ejecute la compensación forestal determinada en el acto
administrativo de otorgamiento […]».
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Sostuvo que los cuestionamientos que realizó la parte actora frente
uso del suelo, del predio objeto del proceso, estaban fundamentados
en apreciaciones subjetivas respecto de las normas ambientales,
pues el «CONCEPTO DE NORMA URBANÍSTICA», expedido por el
curador urbano primero del Pereira, señaló el uso o usos permitidos
en el predio, de conformidad con lo previsto en el POT y los
instrumentos que lo desarrollaban.
Señaló que en el numeral cuarto del auto 654 de 11 de diciembre de
2020, a través del cual se dio inicio al trámite de permiso o
autorización para realizar un aprovechamiento forestal de bosques
naturales, se dispuso su publicación en su boletín oficial, o a través
de la página web www.carder.gov.co, de conformidad con lo previsto
en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y la Ley 1437 de 2011.
Indicó que respecto de dicho acto se cumplió con el trámite de
publicidad para efectos de la intervención de terceros interesados en
la actuación administrativa, sin que se recibiera por parte de los
demandantes algún tipo de solicitud de reconocimiento como tercero
interviniente, por lo que la decisión de fondo, esto es, la contenida
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en la Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020, se notificó
únicamente a la parte interesada.
Estimó que no vulneró el debido proceso, pues lo que se advertía era
una omisión de la parte demandante, la cual tenía la carga, posterior
a la publicación, de dar a conocer su situación y presentar su solicitud
de intervención dentro de la actuación administrativa.
Señaló que los conceptos técnicos 3185 y 3193 de 23 de diciembre
de 2020, con fundamento en los cuales se expidió la Resolución 2303
de 31 de diciembre de 2020, se ajustaron al ordenamiento legal y
constitucional, al análisis de las condiciones que se evidenciaron en
el terreno y los resultados de las consultas en los aplicativos de la
entidad, razón por la que concluyó que no se cumplieron los
requisitos para que prosperara en su contra la acción popular.
III.3.- Los señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA LUCÍA
BENÍTEZ OREJUELA cuestionaron la valoración probatoria que
realizó el Tribunal, pues estimaron que no se tuvo en cuenta lo
fundamental, esto es, la inexistencia de aguas subterráneas, la
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verdadera intención de la intervención del guadual y el reducto
acuífero que resultó del aprovechamiento que practicó el condominio.
Agregaron que se vulneró el principio de seguridad jurídica, pues en
su sentir «imperó el sensacionalismo logrando confundir al
juzgador», además, de que no era admisible que se sorprendiera a
un particular que se encontraba amparado por el principio de
confianza legítima.
Señalaron que se le vulneró el derecho a la propiedad privada «pues
el pretendido proyecto productivo fracasó»; la intención no exigía
consulta previa, el deber de socializar no implicaba pedir permiso y
la intención del accionante desconocía un interés jurídico superior.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Las partes no presentaron alegatos, ni el Ministerio Público rindió
concepto.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Problema jurídico
La Sala11 considera que los problemas jurídicos a resolver consisten
en determinar:
i.- Si la acción popular es procedente para controvertir la legalidad
de actos administrativos en los eventos en que éstos sean la causa
de la vulneración de los derechos colectivos
11
Mediante auto de 18 de julio de 2024, visible en el índice 23 del expediente digital, la Sala aceptó el
impedimento del consejero Germán Eduardo Osorio Cifuentes y, en consecuencia, lo separó del
conocimiento del proceso de la referencia.
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ii.- Si se acreditó la vulneración del derecho colectivo objeto de
protección en la sentencia de primera instancia por parte de la
CARDER, y los señores Jairo Amaya Serna y Martha Lucía Benítez
Orejuela, en calidad de copropietarios del predio «Montelíbano»; y
iii.- Si las medidas que adoptó el Tribunal eran las pertinentes para
su protección.
i) De la procedencia de la acción popular
Los señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA LUCÍA BENÍTEZ
OREJUELA en su escrito de contestación de la demanda solicitaron
declarar la «inepta demanda por elección indebida de la acción», al
estimar que la parte actora pretendía, a través del medio de control
de protección de derechos e intereses colectivos, evadir el estudio de
legalidad de un acto administrativo.
Por su parte, el Tribunal consideró que la «ineptitud de la demanda
por indebida elección de la acción» propuesta por los demandados
no estaba llamada a prosperar dadas las características de
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especialidad y eficacia procesal de la acción popular, pues se debía
determinar dentro del proceso lo relativo a la presunta afectación
ambiental derivada de la tala del bosque natural que se encontraba
en el predio «Montelíbano», ubicado en el Municipio de Pereira.
Al respecto, la Sala parte por precisar que de conformidad con lo
previsto en el artículo 144, inciso 2º, del CPACA, mediante la acción
popular no es posible declarar la nulidad de contratos y de actos
administrativos, así como tampoco discutir asuntos relacionados con
la validez de los contratos o la legalidad de los actos, pues ello
conduciría a una eventual declaratoria de nulidad que está proscrita
por el legislador en este tipo de acciones12.
En efecto, la Sala ha considerado que al juez de la acción popular no
le está permitido efectuar un control de legalidad o validez del
acto administrativo o contrato, dado que ello es propio del juez
ordinario. En ese sentido, la Sala se pronunció en los siguientes
términos13:
12
Ver en ese sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 13 de diciembre de 2023, Rad. núm. 66001-23-33-000-2021-00103-02, C.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de julio
de 2023, número único de radicación: 44001-23-40-000-2020-00019-01. C.p. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
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«[…] Resumidos los argumentos del recurso de apelación, sea lo
primero señalar que, en efecto, el artículo 144 del CPACA establece
un límite a las amplias facultades que le fueron otorgadas a los jueces
de la acción popular en el marco de la Ley 472 de 1998. Nótese, por
ejemplo, como el artículo 34 de la citada Ley autoriza a los jueces a
adoptar las medidas que estime «necesarias para volver las cosas al
estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo,
cuando fuere físicamente posible».
Sin embargo, desde la expedición del artículo 144 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es
claro que este amplio margen de discrecionalidad ha sido limitado por
el legislador, en los siguientes términos:
[…]
Desde esta perspectiva, se podría concluir que con ocasión de la
norma citada se ha zanjado la disparidad de criterios que imperó en
la jurisdicción contencioso administrativo respecto de la procedencia
de la acción popular a efectos de anular actos administrativos
y contratos estales.
En este punto, la Sala destaca que el inciso 2° del artículo 144 del
CPACA contiene dos reglas jurídicas. La primera regla prevé que sí es
posible promover la acción popular contra actos
administrativos y contratos estatales a efectos de proteger los
intereses y derechos colectivos. De manera que la discusión
atinente a la presunta improcedencia de este medio de control, en
estos eventos, se encuentra superada, a la luz de lo previsto en la
primera parte del inciso 2° del artículo 144, en tanto que si la
«conducta vulnerante [del derecho colectivo] es un acto
administrativo o un contrato» procederá la acción popular.
La segunda regla contiene una limitación a las facultades del juez de
la acción popular consistente en la prohibición de «anular actos o
contratos, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos».
En ese sentido, se ha entendido que, mediante el artículo 144 del
CPACA, el legislador acogió un criterio intermedio, en el que la acción
popular sí es procedente contra actos administrativos y
contratos estatales cuando su finalidad y objeto esté
encaminado a la protección derechos de índole colectiva, sin
que el juez de la acción popular pueda, en todo caso, anular los actos
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administrativos o los contratos, sin perjuicio de adoptar las «medidas
necesarias» para que cese la amenaza o vulneración.
Sin embargo, y a pesar de que el artículo 144 citado permitió superar
el debate en torno a la procedencia de la acción popular contra actos
administrativos y contratos estatales; con posterioridad a ello se han
suscitado controversias en el interior de esta Corporación sobre el
alcance y el entendimiento de la regla contenida en el inciso 2° del
artículo 144 del CPACA. Es decir, sobre la prohibición de anular actos
administrativos y contratos estatales.
En síntesis, se observa que al interior de la Corporación subsisten dos
interpretaciones del inciso 2° del artículo 144 del CPACA.
En uno de los criterios existentes, se opta por realizar una
aplicación taxativa de la norma y señala que la limitación
introducida en el inciso 2° aludido solo afecta la facultad de
declarar la nulidad de los actos administrativos y de los
contratos, por lo que el juez de la acción popular conserva la
competencia para examinar la legalidad y/o la validez de estos
y de adoptar medidas distintas a la nulidad, aunque sus
consecuencias sean similares. En este evento se suelen adoptar
medidas como dejar sin efectos el acto administrativo u ordenar la
terminación del contrato.
(…)
En el otro criterio se ha efectuado una interpretación extensiva de la
norma, en virtud de la cual se ha entendido que la prohibición de
anular contratos y actos administrativos también excluye la
posibilidad de que el juez de la acción popular efectúe un juicio
de legalidad y/o validez sobre estos. De suerte que la limitación
introducida en el inciso 2° del artículo 144 del CPACA no puede ser
desconocida por el juez a través figuras jurídicas que en sus
efectos jurídicos se asemejan a los de la nulidad del acto o del
contrato.
En este segundo criterio se pone de relieve que la finalidad del inciso
2° de la Ley 1437 de 2011 es que la acción popular constituya un
instrumento jurídico eficaz de protección de los derechos colectivos,
sin desplazar los medios de control de nulidad y de controversias
contractuales; evitando con ello que el juez de la acción popular
actúe como juez de la legalidad del acto administrativo o de la
validez del contrato.
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(…)
Por otro lado, resulta pertinente aclarar que en las sentencias de
unificación de 13 de febrero de 201830, de 14 de agosto de 2018, de
5 de mayo de 2020 y de 4 de octubre de 2021, proferidas por la Sala
Plena y por las Salas Especiales de Decisión que integran la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, si bien han
fijado reglas jurisprudenciales sobre la facultad del juez de la acción
popular de anular actos administrativos y contratos estales; lo cierto
es que tales reglas están dirigidas, exclusivamente, a regular los
procesos de acción popular iniciados en vigencia del Código
Contencioso Administrativo.
Sin perjuicio de lo anterior, es de destacar que, en la sentencia de
unificación de 13 de febrero 201832, la Sala Plena de esta
Corporación precisó que «si el juez de la acción popular encuentra
que el acto administrativo vulnera derechos e intereses colectivos,
podrá adoptar todas las medidas que sean necesarias para
hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos (salvo la anulación del acto o contrato). A
guisa de ejemplo, el juez podría adoptar las siguientes medidas: (i)
La inaplicación total o parcial con efectos interpartes -artículo 148 de
la Ley 1437; (ii) interpretación condicionada del acto administrativo;
(iii) la suspensión de los efectos -eficacia- sin que ello obligue al juez
ordinario a declarar la nulidad del mismo, puesto que el ámbito de
análisis es diferente […]» (resaltado fuera del texto).
Conforme a lo anterior, mediante la acción popular no es posible
declarar la nulidad de los contratos y de los actos administrativos,
así como tampoco discutir asuntos relacionados con la validez de los
contratos o la legalidad de los actos, pues ello conduciría a una
eventual declaratoria de nulidad que está proscrita por el legislador
en este tipo de acciones.
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Sin perjuicio de lo anterior, con excepción de la anulación del acto o
contrato, si el juez de la acción popular encuentra que el acto
administrativo vulnera derechos e intereses colectivos, puede
adoptar las medidas necesarias para que cese dicha vulneración,
entre ellas, la inaplicación, la interpretación condicionada o la
suspensión de los efectos14.
En ese sentido, se observa que, si bien el Tribunal consideró que
dentro del presente medio de control era improcedente el análisis
del acto administrativo a través del cual se autorizó el
aprovechamiento forestal único en el predio «Montelíbano», sí
analizó aspectos propios del estudio de legalidad que eran
competencia del juez ordinario y con fundamento en los cuales
decidió declarar la ineficacia de la Resolución 2303 de 31 de
diciembre de 202015.
En efecto, el Tribunal consideró procedente, en el marco del medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos,
analizar aspectos de legalidad relacionados con el procedimiento, la
14
Dicha tesis también fue reitera por la Sala en sentencia de 14 de septiembre de 2023 (Expediente
núm. 25000 23 41 000 2014 00593 02. Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López)
15
«Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único, se aprueba un plan de
establecimiento y compensación forestal, y se dictan otras disposiciones».
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publicidad y la socialización previstos para expedir el acto
administrativo que dio lugar a la autorización de aprovechamiento
forestal único, cuando lo procedente era establecer la presunta
vulneración de los derechos colectivos invocados con motivo de la
ejecución del citado acto administrativo.
En ese sentido, la Sala advierte que el Tribunal declaró la ineficacia
de la Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020, con fundamento
en el estudio de cargos de nulidad, lo cual era competencia del juez
ordinario, sin adentrarse al estudio de fondo de la vulneración de los
derechos colectivos invocados.
En consecuencia, la Sala no hará ningún pronunciamiento respecto
de los cargos que se refieren a: i) Los vicios en el procedimiento
para la expedición de la autorización de aprovechamiento forestal
único, ii) la publicidad del Auto 654 de 11 de diciembre de 2020, a
través del cual se dio inicio al trámite de autorización de
aprovechamiento forestal único y, iii) la legalidad de los conceptos
técnicos 3185 y 3193 de 23 de diciembre de 2020, con fundamento
en los cuales se expidió la Resolución 2303 de 31 de diciembre de
2020 y, por ende, revocará el numeral cuarto de la sentencia de
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primera instancia que dispuso declarar la ineficacia de la Resolución
núm. 2303 del 31 de diciembre de 2020.
ii) De la vulneración del derecho colectivo
Para efecto de establecer la existencia de la vulneración del derecho
colectivo amparado, a continuación, se relacionan los medios de
prueba relevantes a aportados al proceso.
• En el Acuerdo de comisión conjunta 007 de 11 de noviembre de
2009, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, la CARDER y
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca indicaron lo
siguiente:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar agotados los tramos de los ríos
Barbas y Cestillal comprendidos entre los siguientes puntos: en la
Franja Hidrográfica del río Barbas (cuenca alta) entre las coordenadas
Norte 1012268 – Oeste 1165418 y Norte 1012302 – Oeste 1164280
– correspondiente a los puntos de captación del acueducto Tribunas
Córcega; la fuente principal del río Cestillal y sus afluentes desde su
nacimiento, con coordenadas Norte 1013196 – Oeste 1162287, hasta
la bocatoma denominada Cestillal Bajo del acueducto Cestillal - El
Diamante, con coordenadas Norte 101472 – Oeste 1154071; la
quebrada El Tesorito, afluente del río Cestillal con coordenadas Norte
1015314 – Oeste 1152472, ubicada en la cuenca media, las cuales
hacen parte de la cuenca hidrográfica del río La Vieja […]».
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• Circular núm. 177 de 26 de septiembre de 2016, expedida por la
CARDER, la cual tuvo como asunto «Socialización del mecanismo de
control interno para fijar tiempos y/o plazos y el seguimiento para
atender los trámites ambientales que adelanta la Corporación».
• Resolución núm. 1740 de 24 de octubre de 2016, «Por la cual se
establecen los lineamientos generales para el manejo,
aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se
dictan otras disposiciones», expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible.
• Concepto de norma urbanística y uso del suelo del 23 de septiembre
de 2020, expedido por el curador urbano primero de Pereira, en el
que se indicó lo siguiente:
«[…] 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO
Solicitante: JAIRO AMAYA SERNA
Localización: MONTELÍBANO HUERTAS
Ficha catastral: 0006000000071000000000
Matrícula inmobiliaria: 290-24163
2. CLASE DE SUELO: Rural
3. EL PROYECTO DEBE ACOGERSE AL ACUERDO MUNICIPAL
No. 035 DE 2016 (PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL).
3.2. USO DEL SUELO Y NORMAS APLICABLES AL PROYECTO:
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• Ficha cero: Esta Ficha contiene las condiciones generales
aplicables a todos los sectores normativos, el glosario y abreviaturas
de términos empleados en las fichas.
• Sector Normativo: CP08
• Área de Actividad: Zona de protección sostenible agroforestal.
• Tratamiento Urbanístico: Protección de suelo rural.
• Sector Normativo: CDR03
• Área de Actividad: Corredor vial suburbano Pereira – Armenia.
• Tratamiento Urbanístico: Protección de suelo rural.
• Drenaje sencillo
• Estructura ecológica principal: Pendientes mayores al 70%
• Amenaza por fenómenos de remoción en masa: Alta, media
y baja.
• Áreas de riesgo rural.
3.2. Otras normas
• N.S.R-10 (Código de sismo resistencia)
• Decreto Municipal No. 386 de febrero 28 de 2000 (Servicios
Públicos)
• Decreto 1469 de 2010, Decreto 1077 de 2015 y toda la norma
que derogue, modifique o sustituya (Ministerio de Vivienda, Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial).
• Acuerdo 036 de 1987, Acuerdo 032 de noviembre de 1990 y
Acuerdo 019 sep/83 (CARDER)
4. DEBERES URBANÍSTICOS (CAPITULO VI Acuerdo 035 de
2016)
Definición, naturaleza y destinación de las áreas de cesión y
los deberes urbanísticos.
Notas generales
• Esta información corresponde a normas vigentes a la fecha de su
expedición y no posee carácter vinculante.
• Los documentos indicados pueden descargarse de la página web
www.curaduria1pereira.com
• ESTA INFORMACIÓN DEBE SER INTERPRETADA POR LOS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LAS ÁREAS DE
ARQUITECTURA, INGENIERÍA O CONSTRUCCIÓN.
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• Este concepto no se constituye en una certificación para el
desarrollo de actividades económicas […]» (resaltado fuera del
texto).
• Documento de noviembre de 2020, titulado «SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO DE
BOSQUE NATURAL, INCLUYENDO GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBÚ Y
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE COMPENSACIÓN EN DESARROLLO
DEL PROYECTO URBANÍSTICO MONTELÍBANO, MUNICIPIO DE
PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA».
• Resolución núm. 2906 de 11 de noviembre de 2016, «Por la cual se
prorroga una concesión de aguas subterráneas y se dictan otras
disposiciones», expedida por la subdirectora de gestión ambiental
sectorial (e) de la CARDER.
• Oficio de 13 de noviembre de 2020, suscrito por el señor Jairo
Amaya Serna y dirigido al subdirector de gestión ambiental sectorial
de la CARDER, el cual tuvo como asunto «Solicitud de autorización
de aprovechamiento forestal único del bosque natural, incluyendo
guadua, caña brava y bambú y presentación de un plan de
compensación en desarrollo del proyecto urbanístico Montelíbano,
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localizado en la vereda Huertas, municipio de Pereira, departamento
de Risaralda».
• Auto de inicio de trámite 0654 de 11 de diciembre de 2020, «Por el
cual se inicia una actuación administrativa ambiental», a través de
cual el subdirector de gestión ambiental sectorial de la CARDER
resolvió lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: - INICIAR el trámite administrativo
ambiental de permiso o autorización de aprovechamiento
forestal de bosques naturales incluyendo guadua, cañabrava y
bambú, a favor del señor JAIRO AMAYA SERNA, identificado con
cédula de ciudadanía No. 10.082.113, copropietario y autorizado por
la señora MARTHA LUCÍA BENÍTEZ OREJUELA, identificada con
cédula de ciudadanía No. 24.945.505, copropietaria del predio
denominado MONTELIBANO, (según peticionarios) MONTE
LIBANO, (según certificado de tradición), localizado en la vereda
Huertas, jurisdicción del municipio de Pereira, departamento de
Risaralda, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 290-
24163.
PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta que el predio identificado con la
matrícula inmobiliaria No. 290-24163, cuenta en la Entidad con
el expediente No. 5259, este trámite será incorporado dentro del
expediente en mención, y los documentos obrantes en él (tomos 2 y
3), se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación por considerarse
una preexistencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: ORDÉNESE, al personal asignado mediante
el procedimiento interno definido, la revisión, evaluación y
conceptualización técnica y jurídica, de la documentación allegada
con la solicitud.
PARÁGRAFO UNO: ADVERTIR AL USUARIO, que si de la
evaluación de la información aportada y de la visita técnica realizada
se identificara que para el desarrollo del proyecto, obra o actividad se
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requiere de trámites o profesionales adicionales a los solicitados, se
procederá a informar al usuario el plazo concedido para realizar los
trámites pertinentes a fin de obtener todos los permisos, concesiones,
y/o autorizaciones que se requiera para la ejecución del mismo.
PARÁGRAFO DOS: El presente acto administrativo no faculta al
usuario a realizar uso o aprovechamiento de los recursos naturales,
hasta tanto la autoridad ambiental se pronuncie de fondo.
ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR el presente acto administrativo
al señor JAIRO AMAYA SERNA, para lo cual se enviará oficio a la
dirección Carrera 18 No. 3B-11 Monteverde Casa No. 6, municipio
de Santa Rosa de Cabal, departamento de Risaralda, teléfono:
3206765209.
ARTÍCULO CUARTO: PUBLICAR en el boletín oficial de la
Corporación, a través de la página web www.carder.gov.co, lo
resuelto en este acto administrativo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 71 de la Ley No. 99 de 1993 y el Capítulo V
de la Ley No. 1437 de 2011, publicaciones, citaciones,
comunicaciones y notificaciones.
ARTÍCULO QUINTO: NO PROCEDE RECURSO. En contra de este
acto administrativo no procede recurso alguno, por tratarse de un
acto administrativo de trámite de conformidad con el artículo
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011
“por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo […]».
• Concepto técnico 03193 de 23 de diciembre de 2020, expedido por
la CARDER, el cual tuvo como asunto «Concepto Técnico
complementario del concepto No. 3185 del 23/12/2020 corrigiendo
la información de la sectorización hidrográfica – Trámite de
Autorización Aprovechamiento Forestal Único – Proyecto Finca
Montelíbano, Vereda Huertas – Pereira – Exp. 5259».
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• Concepto técnico 03185 de 23 de diciembre de 2020, expedido por
la CARDER, el cual tuvo como asunto «Evaluación: Autorización
Aprovechamiento Forestal Único – Proyecto Finca Montelíbano,
Vereda Huertas – Pereira – Exp. 5259».
• Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020, «POR MEDIO DE LA
CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO, SE
APRUEBA UN PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y COMPENSACIÓN
FORESTAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES», expedida por el
subdirector de gestión ambiental sectorial de la CARDER, en la que
se resolvió lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al señor JAIRO AMAYA
SERNA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.082.113
copropietario y autorizado por la señora MARTHA LUCÍA BENÍTEZ
OREJUELA identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.945.505,
el aprovechamiento forestal único de treinta y cinco (35)
individuos arbóreos de diferentes especies y nueve mil doscientas
treinta y dos (9.232) culmos de guadua, en un área total
permisionada de 2,51 ha. para obtener un volumen total de 923 m³,
productos que se utilizaran al interior del proyecto para aislamiento
de áreas, para actividades de la obra o para comercialización en el
predio denominado MONTELÍBANO (Según Peticionarios) MONTE
LÍBANO (Según Certificado de Tradición) localizado en la vereda
Huertas, jurisdicción del municipio de Pereira, departamento de
Risaralda, en las coordenadas X:1020407 Y:1153172, para el
desarrollo del proyecto urbanístico denominado “Montelibano”, de
conformidad con lo establecido en el concepto técnico No. 03193
del 23 de diciembre de 2020 complementado por el concepto
técnico No. 03193 del 23 de diciembre de 2020, así:
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Aprovechamiento Forestal
Tipo Autorización
Nombre científico Nombre Categoría Volumen X Individuos a
Común Taxonómica SSP (m³) Aprovechar X
– Familia SSP (unidades)
Vemonia arborea Camargo Asteraceae 1.86 20
Trichantera Nacedero Acanthaceae 0.47 3
gigantea
Cecropia peltata Yarumo Urticaceae 0.83 2
Tetrotchidium Arenillo Euphorbiace 0.60 2
rubrivenlum ae
Nectandra sp. Laurel Lauraceae 0.63 6
Ficus sp. Ficus Moraceae 1.17 1
Dendropanax sp. Lembo Aratiaceae 0.94 1
Guadua Guadua Poaceae 923 9232
Angustifolia
TOTAL 8 929.5 9267
Especies
Área Total del Área Total Volumen Destinación Vigencia
Predio (ha) Permisiona total a otorgada
da (ha) extraer
(m³)
12,3720 2,51 923 m³ Los productos se Doce (12)
de utilizarán al interior meses
Guadua del proyecto para
aislamiento de
áreas, para
actividades de obra
o para
comercialización
Georreferenciación
Norte Oeste
1020407 1153172
PARÁGRAFO: La vigencia para realizar el aprovechamiento forestal
único será de doce (12) meses, contados a partir del día hábil
siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo, tiempo que
podrá ser prorrogado, por una sola vez si el beneficiario lo solicita con
no menos de treinta (30) días de anticipación.
ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el plan de establecimiento y
compensación forestal, presentado por el señor JAIRO AMAYA
SERNA identificado con cédula de ciudadanía No. 10.082.113, en
una proporción de compensación de 1:1,6 del número de
individuos, de 2222 Chusquines de Guadua en un área compensada
de 2,0 ha (1.111 individuos por Ha) y de 2222 individuos arbóreos de
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diferentes especies forestales nativas, en un área compensada de 2,0
ha; para un total de 4444 individuos en un área compensada de
4,02 ha; de conformidad con lo establecido en el concepto técnico
No. 03185 del 23 de diciembre de 2020 complementado por el
concepto técnico No. 03193 del 23 de diciembre de 2020, así:
Aprobación planes de establecimiento y compensación
forestal (reforestación)
Consideraciones
Desde el punto de vista técnico se considera viable la implementación
del plan de compensación forestal, teniendo en cuenta que se aplicó
la metodología establecida en el MANUAL DE COMPENSACIONES
AMBIENTALES DEL COMPONENTE BIÓTICO, adoptado por resolución
No. 0256 del 28 de febrero de 2018 emitida por el MADS, el factor
de compensación corresponde a 1:1,6 en tal sentido, el área total a
compensar corresponde a 4,02 Ha, en el cual se deberá establecer
un total de 2.222 Chusquines de Guadua en un área de 2.0 Ha
(1.111 individuos por Ha) y un total de 2.222 individuos arbóreos
de diferentes especies forestales nativas en un área de 2.0 Ha
(1.111 individuos por Ha), con distanciamiento de siembra de 3m X
3m entre individuos. Para un total de 4.444 individuos en 4,02 Ha.
Se propone realizar el establecimiento de la compensación parte en
el predio objeto de la solicitud y el restante en predios de propiedad
del municipio de Pereira destinados a la Conservación del Recurso
Hídrico o donde la CARDER lo determine.
Valor aproximado de la $97.768.000
compensación pesos
Vigencia Área Área Total Número de Destinación (sólo
otorgada permisionada Compensada individuos a para plantaciones
(meses) (ha) Plantar protectoras)
36 2,51 4,02 4444 Restauración
PARÁGRAFO PRIMERO: Los permisos y autorizaciones se están
adelantando conforme a la información predial presentada por el
usuario soportada en la matrícula inmobiliaria No. 290-24163
(Activa). La Entidad no se hace responsable si con las áreas
intervenidas para el desarrollo del proyecto se afectan predios
diferentes a los relacionados en la solicitud.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Realizar el establecimiento y
mantenimiento de las plantaciones forestales según lo que se
establezca en el plan de compensación forestal. Se hace énfasis que
el plazo para el mantenimiento de las plantaciones forestales es
de tres (3) años, el cual se deberá realizar cuatro (4)
mantenimientos durante el primer año (1 cada 3 meses) y
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mantenimiento cada 6 meses durante los años 2 y 3, y presentar ante
la CARDER informes de las actividades cada seis (6) meses.
PARÁGRAFO TERCERO: El establecimiento y manejo de
plantaciones forestales, en síntesis contempla las siguientes
actividades: 1) Construcción de Aislamiento, 2) Fase de
Establecimiento: Limpieza del terreno, trazado, plateo, ahoyado,
aplicación de correctivos, material vegetal, mantenimiento de
plántulas en campo, transporte mayor y menor de plántulas,
transporte interno de plántulas, siembra, transporte de insumos,
insumos, fertilización, resiembra, control fitosanitario, adecuación de
caminos, prevención de incendios, georreferenciación y cartografía
del área reforestada, 3) fase de mantenimiento: replateo, limpias,
fertilización, control fitosanitario, riego, asistencia técnica, control de
las áreas y seguimiento a la reforestación, 4) presentación de
informes.
PARÁGRAFO CUARTO: La ejecución de la actividad de
compensación forestal debe estar orientado por un ingeniero forestal
o especialista en silvicultura (Parágrafo 1 del Artículo 14 de la Norma
Unificada de la Guadua y Artículo 22 de la Resolución CARDER No.
177 de 1997).
ARTÍCULO TERCERO: El señor JAIRO AMAYA SERNA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 10.082.113, como beneficiario del
aprovechamiento forestal que mediante el presente acto
administrativo se autoriza, queda sujeta al cumplimiento de las
siguientes obligaciones de carácter técnico – ambiental, contenidas
en el concepto técnico No. 03185 del 23 de diciembre de 2020
complementado por el concepto técnico No. 03193 del 23 de
diciembre de 2020, así:
OBLIGACIONES
No. DESCRIPCIÓN PLAZO /
OBLIGACIÓN FRECUENCIA
1 Realizar el aprovechamiento Durante el plazo de
forestal único tal como se ejecución del
estipule en la Resolución a aprovechamiento: 12
proferir por la CARDER meses
2 Presentar el informe ÚNICA VEZ
técnico del La compensación que
establecimiento de las se establezca, deberá
plantaciones forestales en realizarse en un
cumplimiento del plan de término de seis (6)
meses, contados a
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Compensación Forestal partir de la ejecución
que se presente. del aprovechamiento
forestal autorizado, y
no mayor a doce (12)
meses contados a
partir de la ejecutoria
del acto administrativo
que emita la CARDER.
3 Presentar informes Cada seis (6)
técnicos que evidencien la meses, durante
ejecución de las labores de tres (3) años.
mantenimiento de la
plantación forestal
establecida en
cumplimiento del plan de
compensación forestal
PARÁGRAFO PRIMERO: Se debe respetar y consolidar las zonas
forestales protectoras de las corrientes hídricas aledañas al predio.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El personal a vincular a las actividades de
erradicación de árboles o vegetación leñosa debe tener conocimiento
y experiencia en este tipo de labores, con el fin de prevenir y reducir
accidentes.
PARÁGRAFO TERCERO: El responsable de la ejecución del proyecto
velará porque todos sus trabajadores tomen medidas precautelativas
para prevenir accidentes durante el desarrollo de las actividades de
la tala de los árboles, y evitar incendios forestales dentro del área de
influencia de esta actividad. Por consiguiente, debe comunicar con
claridad al personal las condiciones de seguridad con las que deben
trabajar.
PARÁGRAFO CUARTO: El responsable de la ejecución del proyecto
deberá hacer la socialización con la comunidad residente aledaña al
proyecto sobre las actividades que se van a adelantar en el predio.
PARÁGRAFO QUINTO: Se deberá permitir el ingreso a los
funcionarios de la CARDER debidamente acreditados para realizar el
seguimiento y control sin previo aviso.
PARÁGRAFO SEXTO: No se podrá variar sin autorización previa las
características del proyecto, obra o actividad presentadas. En caso de
requerirse ajustes, modificación o cambios a lo presentado y
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aprobado, se deberá tramitar la modificación del permiso,
autorización, concesión o licencia anexando la información pertinente.
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Otro tipo de restricciones con respecto al
predio objeto de la presente Resolución, como por ejemplo suelos de
protección por riesgo geotécnico o altas pendientes, deberá ser objeto
de pronunciamiento por parte del ente municipal competente
(Dirección Operativa de Prevención y Atención de Desastres).
PARÁGRAFO OCTAVO: La CARDER se debe liberar de toda
responsabilidad ante los riesgos que se puedan generar durante y
después del proceso de ejecución de obras, siendo esta única y
exclusiva del interesado.
PARÁGRAFO NOVENO: Se deberá realizar actividades de
ahuyentamiento de fauna previo al inicio de las actividades de
erradicación de los árboles autorizados, y en caso de encontrar nidos
con huevos o pichones se deberá informar al grupo de fauna de la
CARDER y realizar el rescate y reubicación de los mismos.
PARÁGRAFO DÉCIMO: Realizar actividades de educación e
información ambiental a los trabajadores, previo al inicio de las
actividades de erradicación de los árboles autorizados.
ARTÍCULO CUARTO: El señor JAIRO AMAYA SERNA, identificado
con cédula de ciudadanía No. 10.082.113, como beneficiario del
aprovechamiento forestal que mediante el presente acto
administrativo se autoriza, quedan sujetos al cumplimiento de las
siguientes obligaciones de manejo forestal y/o labores silviculturales,
contenidas en el concepto técnico No. 03193 del 23 de
diciembre de 2020 complementado por el concepto técnico No.
03193 del 23 de diciembre de 2020, así:
Manejo forestal y/o labores silviculturales
PRÁCTICAS DE MANEJO ANTES DEL
APROVECHAMIENTO
• Identificar zonas forestales protectoras de corrientes
hídricas para prevenir afectación sobre las mismas.
• Planificar sitios de acopio de los productos resultantes de la
erradicación de los árboles autorizados para facilitar la extracción
de la misma, y su longitud mayor este a través de la pendiente.
• Se limpiará el área de trabajo para la posterior erradicación,
esta se realizará con machete.
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• Hacer la socialización con la comunidad residente aledaña
al proyecto sobre actividades que se van a adelantar en el predio.
• Se deberá realizar actividades de ahuyentamiento de fauna
previo al inicio de las actividades de erradicación de los árboles
autorizados, y en caso de encontrar nidos con huevos o pichones
se deberá informar al grupo de fauna de la CARDER y realizar el
rescate y reubicación de los mismos.
• Realizar actividades de educación e información ambiental
a los trabajadores, previo al inicio de actividades de erradicación
de árboles autorizados.
PRÁCTICAS DE MANEJO DURANTE EL APROVECHAMIENTO
• Realizar la erradicación únicamente de los árboles
autorizados.
• Evitar la disposición de residuos del aprovechamiento
forestal único sobre drenajes. Igualmente, no obstruir caminos
y/o linderos en predios vecinos.
• Picar los residuos del aprovechamiento y disponerlos en
zonas adecuadas para la disposición de residuos sólidos.
• Respetar las zonas forestales protectoras de corrientes
hídricas, las áreas donde anida la fauna silvestre y nunca realizar
capturas.
PRÁCTICAS DE MANEJO POSTERIORES A LA COSECHA
• Realizar el establecimiento y mantenimiento de las
plantaciones forestales según lo establecido en el plan de
compensación forestal y el presente concepto técnico; y presentar
los respectivos informes técnicos en los que se evidencie cada una
de las actividades ejecutadas.
ARTÍCULO QUINTO: El incumplimiento de los términos, condiciones
y obligaciones previstos en los actos administrativos dará lugar al
inicio de la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias,
siguiendo el procedimiento previsto en la Ley 1333 de 2009 o la
norma que la adicione, modifique o sustituya.
PARÁGRAFO: Los actos administrativos (auto de inicio, concepto
técnico y resolución) no otorgan servidumbres para pasos de las obras
por implementar y se deberán obtener las correspondientes
autorizaciones.
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ARTÍCULO SEXTO: El beneficiario de la presente resolución, deberá
cancelar a favor de la CARDER, en la Tesorería de la Corporación o en
la cuenta corriente 302-99502-2 de DAVIVIENDA, la suma que se
determina a continuación.
a. seguimiento: $158.000, anuales durante la vigencia del
permiso.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Se le informa a la beneficiaria del presente
acto administrativo, que en el caso de necesitar copia integral del
concepto técnico No. 03185 del 23 de diciembre de 2020
complementado por el concepto técnico No. 03193 del 23 de
diciembre de 2020, podrá solicitar copias del mismo, las cuales
serán expedidas a su costa.
ARTÍCULO OCTAVO: Contra la presente Resolución procede el
recurso de reposición, el cual debe interponerse por escrito en la
diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días
siguientes a ella, o la notificación por aviso, o al vencimiento del
término de publicación, según el caso, en los términos del artículo 76
del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso
Administrativo.
ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución será notificada
personalmente o por aviso al señor JAIRO AMAYA SERNA,
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.082.113, a su
autorizado, apoderado o quien haga sus veces, para lo cual se enviará
oficio citatorio a la carrera 18 No. 3B-11 Monteverde Casa #6, en el
municipio de Pereira, departamento de Risaralda, teléfono:
3206765209 […]» (Resaltado fuera del texto).
• Oficio núm. 3489 de 9 de marzo de 2021, el cual tuvo como asunto
«Cumplimiento Obligaciones Resolución 2303-2020», mediante el
cual subdirector de gestión ambiental sectorial de la CARDER le
indicó al señor Jairo Amaya Serna, lo siguiente:
«[…] En visita de seguimiento a la Resolución CARDER No. 2303
31/12/2020, mediante el cual se autoriza un aprovechamiento
forestal único y se aprueba un plan de compensación en el predio
MONTELIBANO ubicado sobre el costado derecho de la vía Pereira –
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Armenia sector restaurante La Ruana, vereda Huertas del municipio
de Pereira, y en atención a los ticket No. 764 y 772 de 2021, se
evidencia que se dio inicio a las actividades de aprovechamiento
forestal único, y mediante el Acta de Visita No. 51114 del 08/03/2021,
se ordena suspender las actividades de aprovechamiento forestal,
hasta tanto se presentaran las evidencias de cumplimiento a las
obligaciones de socialización con la comunidad aledaña al predio, de
las actividades que se van a adelantar en el mismo, como de las
evidencias de las actividades de ahuyentamiento de fauna, previo al
inicio de actividades de tala, toda vez que al momento de la visita no
se presentaron las evidencias.
El señor JORGE GRAJALES quien es la persona encargada de coordinar
las actividades de tala presentó a través de correo las evidencias
solicitadas (listado de personas a las que se les hizo entrega de copia
de la Resolución No. 2303-2020, y registro fotográfico, y videos de la
actividad de ahuyentamiento)
Teniendo en cuenta lo anterior, se levanta la suspensión hecha a
través del Acta de Visita No. 51114 del 08/03/2021, por lo cual se
puede continuar realizando las actividades autorizadas mediante
Resolución No. 2303-2020, no obstante, lo anterior, se debe
continuar dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la
citada Resolución, y tomar evidencias mediante registro fotográfico
[…]».
• Oficio núm. 3865 de 15 de marzo de 2021, a través del cual el
subdirector de gestión ambiental sectorial de la CARDER dio
respuesta al derecho de petición que presentó el señor John Jairo
Colorado Villa respecto de la autorización de aprovechamiento
forestal único.
• Certificación de 15 de marzo de 2021, suscrita por el administrador
del Condominio Campestre Jamaica en el que indicó que «no he
recibido ningún tipo de comunicación, en el tiempo transcurrido
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desde el año 2019 a la fecha; ni mucho menos socialización por parte
de ninguna entidad pública o privada en la que se hable acerca de la
tala indiscriminada de guadua que están realizando en el predio
denominado Montelíbano de la ciudad de Pereira predio contiguo al
Condominio Campestre Jamaica PH, el cual represento».
• Memorando 689 de 15 de marzo de 2021, de la Subdirección de
Gestión Ambiental Sectorial de la CARDER, el cual tuvo como asunto
«Observaciones Visita predio Finca Montelíbano, Pereira», en el que
se adujo lo siguiente:
«[…] En atención al trámite de Autorización Aprovechamiento Forestal
Único para el Proyecto Finca Montelíbano, Vereda Huertas – Pereira -
Exp. 5259, se informa que profesionales de la Subdirección de Gestión
Ambiental Territorial y Sectorial de la Corporación realizaron visita el
día 11 de marzo de 2021 a fin de evaluar las condiciones ambientales
del guadual objeto de aprovechamiento.
Una vez realizado el recorrido dentro del guadual se identifica que el
mismo se encuentra delimitado al norte, oriente y sur por barreras
físicas antrópicas que aíslan el relicto de otros sistemas naturales. Al
interior del guadual se identifica suelos consolidados, sin saturación
de agua o corrientes, pese a que la visita se realiza en temporada de
lluvias. Tampoco se evidencia la presencia de plantas hidrófilas que
den cuenta de ecosistemas acuáticos en el sector.
(…)
Por otra parte, durante la visita se presentó un evento de lluvia con
una intensidad cercana a los 24 mm/hora (evento de magnitud
considerable), gracias al cual se pudo evidenciar que las geoforma
presentes en el predio, con forma de cauce en “V”, constituyen
evacuadores de agua lluvia, afluentes de la Quebrada San José y del
drenaje NN (Cuenca del río Consotá), con una capacidad de drenaje
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alta, que no permiten que en el lugar se presente condiciones de
retención de humedad alta, requeridas para el establecimiento
ecosistemas acuáticos.
(…)
De este modo, luego de la visita realizada al predio Montelíbano,
Vereda Huertas – Pereira, se puede concluir que al interior del guadal
no se identifican cuerpos de agua correspondiente a
ecosistemas de humedal, corrientes permanentes y/o
manantiales […]» (Resaltado fuera del texto).
• Documento denominado «SEGUIMIENTO INTERNO A LA GESTIÓN»,
de marzo de 2021, el cual tuvo como objetivo «Verificar
cumplimiento del procedimiento otorgamientos ambientales -
aprovechamiento único guadua expediente 5259», en el que se
concluyó que:
«[…] Revisada la trazabilidad del trámite de la referencia, contenido
en el expediente 5259 y la aplicación de los controles establecidos en
el procedimiento de otorgamientos ambientales, conforme con lo
indicado en la parte descriptiva del presente seguimiento, no se
encuentran inconsistencias de acuerdo con los plazos asignados a
través de los mecanismos de control de la SGAS […]».
• Oficio de 3 de junio de 2021, a través del cual la Contraloría General
de la República le indicó a la CARDER que «se radicó denuncia
identificada con el código 2021-207641-80664-D, relacionada con
presuntas irregularidades en la expedición de la Resolución 2303 del
31 de diciembre de 2020».
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• Sentencia de tutela de 6 de abril de 2021, proferida por el Juzgado
Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías.
• Documento denominado «LISTADO DE ENTREGA RESOLUCIÓN
APROVECHAMIENTO DE GUADUAL».
• Resolución (sin fecha legible), «Por la cual se reglamenta el manejo
y aprovechamiento sostenible de los bosques naturales y las
plantaciones protectoras - productoras y protectoras de guadua,
cañabrava y bambú y se adoptan los términos de referencia para la
elaboración de los respectivos planes de manejo forestal», expedida
por la CARDER.
• Video denominado «EVIDENCIA DE AHUYENTAMIENTO».
• Expediente ambiental 5259 de la CARDER respecto del predio
«Montelíbano».
• Informe de 6 de junio de 2021, suscrito por el director y el
coordinador del Jardín Botánico, en calidad de expertos en especies
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nativas, en el que se indicó, entre otros aspectos, lo relativo a la
guadua angustifolia en la protección de agua, así:
«[…] La Guadua ha jugado un papel preponderante en el desarrollo
de las sociedades y comunidades tanto del eje cafetero como en otras
regiones de nuestro país (Moreno A., 2011). Es una especie
protectora de las cuencas y riberas de los ríos, debido a esto,
almacenan grandes cantidades de agua en las épocas lluviosas, tanto
en su sistema radicular como en la parte aérea y en el suelo; luego,
por efectos de concentración, el agua retenida es nuevamente
regresada al caudal del río durante las épocas de sequía. Por lo cual
tienen efectos protectores sobre los recursos y las aguas de las
cuencas hidrográficas. La Guadua con su sistema entretejido de raíces
y rizomas contribuye a la recuperación y conservación del suelo, pues
debajo de éste, la planta forma un sistema de redes que lo amarra
fuertemente evitando la erosión y haciendo de ella, una especie muy
importante como protectora de suelo de ladera (Londoño Ximena,
2001 y 2010).
El sistema radicular de la Guadua angustifolia es un complejo
entretejido que con su gran cantidad de rizomas (raíces de la planta),
contribuyen eficientemente a conservar y recuperar el suelo, pues
debajo de la tierra la planta forma un sistema de redes que amarra
fuertemente el suelo, evitando la erosión en las laderas (Carmiol,
2009).
Por esta razón, las plantaciones de bambú en quebradas y ríos
constituyen un muro de contención natural que evita la erosión de las
orillas. Además, constituye una barrera natural, deteniendo piedras,
árboles y otros elementos que arrastran las corrientes de agua en una
crecida. Como planta de rápido crecimiento y abundante follaje, la
Guadua produce gran cantidad de hojas, que a su vez actúan como
medio natural para el crecimiento de malezas y cuando la macoya
(mata de guadua) tiene aproximadamente 3 años, el colchón de hojas
no sólo protege el suelo, sino que lo enriquece (Flalck. 2008).
Edgar Giraldo, ingeniero forestal, M.Sc. en Hidrología y especialista
en Educación Ambiental, comenta cómo la Guadua propicia la
regulación de caudales y la protección del suelo, pues por medio de
los rizomas y las hojas en descomposición, la Guadua se asemeja a
una esponja, evitando que el agua fluya de manera rápida y continua.
Es así como el agua proveniente de precipitaciones cae sobre el
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guadual y permanece en él por más tiempo, luego toma diferentes
caminos para caer e infiltrarse finalmente en el suelo. Si la misma
cantidad de agua se precipitara sin esos obstáculos, sería normal que
se produjeran crecidas y que no se llegaran a formar las reservas que
el sistema requiere especialmente en épocas de verano.
Adicionalmente, las cavidades que se consiguen gracias al follaje en
las riberas de los ríos y la sombra que produce el mismo bambú
impiden la pérdida de agua por evaporación (Giraldo. 2008 en Carmiol
2009).
(…)
Este ecosistema (bosques de guadua) a orillas de ríos y quebradas
funciona como una bomba de almacenamiento de agua, bajo el
principio de “Vasos Comunicantes”. En la época lluviosa, el bambú es
capaz de absorber grandes volúmenes de agua, que almacena en las
cavidades porosas del suelo, en su sistema de rizomas y en los
entrenudos del culmo (tallo de guadua). Luego, y por los efectos de
la concentración, el agua retenida es nuevamente regresada al caudal
del río durante las épocas de sequía (Carmiol, 2009).
(…)
En las zonas ribereñas con cobertura de Guadua también es mejor la
retención de agua en el suelo y la infiltración hacia capas profundas,
lo que contribuye a la regulación y estabilidad del caudal de agua.
También cumplen un papel importante en la dinámica de
conservación de suelos como otro de los tantos servicios
ecosistémicos que brindan; las funciones ecológicas asociadas a estos
bosques y relacionadas con el movimiento, regulación y/o
almacenamiento de agua se cumplen de manera apropiada y
contribuyen a la funcionalidad de los guaduales a nivel del paisaje
(Camargo et al, 2010).
El ecosistema Guadua por ser de ambiente temporalmente
intervenido crea un microclima especial caracterizado por una
economía hídrica eficiente, donde se propicia el desarrollo de una
diversidad considerable de fauna y flora. El reciclaje de nutrientes a
través del retorno de grandes cantidades de materiales orgánicos de
composición variada juega un papel importante en la fertilidad de
suelos que se ve favorecida por este ambiente. Los guaduales son en
este país, los principales bosques de la región y las pequeñas fincas
de café, acompañadas por esta especie, son particularmente
importantes. Además de la alta complejidad ecológica que les es
inherente, protección de agua, suelos y variedad de beneficios
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culturales no tangibles que proveen para los mismos productores y
pobladores. (CIEBREG. 2008.) […]».
• Testimonios de Juan Guillermo Salazar Pineda, Luz Adriana Arias
Escobar, Alba Lucia Echeverry y Luis Ernesto Patiño Herrera, los
cuales se practicaron en la audiencia de pruebas de 2 de agosto de
2022, con el objeto de que declararan sobre los hechos objeto de
demanda «en especial sobre las especies vegetales y animales que
conformaban el bosque natural y la manera como viene siendo
aniquilado en virtud de la autorización de la CARDER». Los testigos
adujeron:
i) Juan Guillermo Salazar Pineda indicó ser ingeniero industrial,
vivir en el Condominio Jamaica desde el año 2007, y constarle los
trabajos que se adelantaron en guadual ubicado en el predio que le
era vecino, en virtud de la autorización para tal efecto dio la
CARDER. Sostuvo que al sitio objeto de los hechos llegaban muchas
especies nativas y que el guadual fue erradicado, lo cual consideró
afectaba notablemente la biodiversidad de la zona.
ii) Luz Adriana Arias Escobar señaló ser tecnóloga en agua y
saneamiento hídrico y haber trabajado como contratista por más 10
años en la CARDER. Indicó que el 8 de marzo de 2021 se enteró de
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la tala indiscriminada con motosierra en la vía Armenia, por lo que
ese mismo día se dirigió al lugar de los hechos y observó lo que
denominó «árboles desprendidos desde su raíz» y «desgarrados los
guaduales», lo cual, desde su experiencia, no era adecuado, además
de que lo pretendido era realizar una «tala a todo costo». Señaló
que, con posterioridad, vio el desplazamiento de fauna.
Indicó que desde la parte exterior del predio observó la afectación de
la guadua, además, le constaba que la guadua ya había sido objeto
de una autorización de aprovechamiento forestal, en una oportunidad
anterior, pero allí la afectación no fue del 100%. Precisó que era muy
complicada la recuperación del guadual; no se adelantaron los
procesos sancionatorios y, además, en dicho procedimiento debía de
intervenir el grupo de fauna de la CARDER.
iii) Alba Lucia Echeverry indicó que vivía en el Condominio Jamaica
desde el año 2008, vía Pereira – Armenia, era pensionada y
licenciada en ciencias sociales. Sostuvo que su vivienda colindaba
con una extensión gran de guadual y que escuchó que «estaban
tumbando el guadual», por lo que avisó a la Policía y, agregó que no
volvió a ver las mismas especies luego de la tala.
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iv) Luis Ernesto Patiño Herrera manifestó ser ingeniero forestal
de la CARDER y ser el profesional que emitió el concepto técnico
para la autorización del aprovechamiento forestal único en el predio
«Montelíbano». Señaló que: i) con posterioridad al auto de inicio de
la actuación administrativa se debía hacer una visita técnica al predio
en la que verificó el cumplimiento de los requisitos previstos para la
autorización; ii) existían vacíos legales respecto de los estudios de
fauna para adelantar los procedimientos relativos a las
autorizaciones de aprovechamientos forestales únicos, pues las
normas establecían la obligación de realizar un inventario de las
especies forestales; iii) inicialmente, el plan de compensación que
se presentó con la solicitud de compensación estaba mal calculado;
iv) la CARDER no contaba con personal suficiente para realizar un
seguimiento a todos los aprovechamientos que eran objeto de
autorización; v) se autorizó la erradicación de toda la guadua que se
encontraba en predio; vi) que el suelo objeto de la autorización no
contaba con ningún tipo de restricción ambiental; vii) para la
construcción del Condominio Jamaica también hubo que eliminar
guadua; viii) existían vacíos normativos en el tema de
aprovechamiento forestal único, específicamente, en lo relativo a los
estudios de fauna, además de que no se podían pedir requisitos
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adicionales a los previstos en las normas y que al autorizado se le
solicitaba actuar con precaución; ix) le constaba la eliminación de
guadua, pues ello lo verificó con motivo de las demandas
interpuestas a raíz de las autorizaciones que dio la CARDER; x)
«lamentablemente» como autoridad ambiental debían de ser
consecuentes con lo previsto en el POT.
Con fundamento en el recuento probatorio y en los reparos expuestos
por los apelantes relacionados con la existencia de la vulneración del
derecho colectivo amparado, la Sala se referirá a la autorización de
aprovechamiento forestal único en el predio Montelíbano en los
siguientes términos:
De la autorización de aprovechamiento forestal único en el
predio Montelíbano
Respecto del aprovechamiento forestal único, el Decreto 1791 de
199616, compilado en el Decreto 1076 de 2015, lo define en los
siguientes términos:
16
«Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal».
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«[…] a) Únicos. Los que se realizan por una sola vez, en áreas donde
con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud de uso del
suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública
e interés social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden
contener la obligación de dejar limpio el terreno, al término del
aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el bosque […]».
Por su parte, el Decreto 1791 de 1996 establece los requisitos para
tramitar los aprovechamientos forestales únicos de bosques
naturales ubicados en terrenos de propiedad privada, así:
«[…] Artículo 16º.- Para tramitar aprovechamientos forestales
únicos de bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad
privada se requiere que el interesado presente por lo menos:
a) Solicitud formal;
b) Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo
diferente al forestal;
c) Copia de la escritura pública y del certificado de libertad y tradición
que no tenga más de dos meses de expedido que lo acredite como
propietario;
d) Plan de aprovechamiento forestal.
Artículo 17º.- Los aprovechamientos forestales únicos de bosques
naturales ubicados en terrenos de dominio privado se adquieren
mediante autorización.
Artículo 18º.- Para los aprovechamientos forestales únicos de
bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado, el
interesado deberá presentar en el plan de aprovechamiento un
inventario estadístico con error de muestreo no superior al quince por
ciento (15%) y una probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%)
[…]».
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Frente al procedimiento para realizar aprovechamiento de bosques
naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de
dominio público o privado, el Decreto 1791 de 1996 dispone:
«[…] Artículo 23º.- Toda persona natural o jurídica que pretenda
realizar aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora
silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado deberá
presentar, a la Corporación competente, una solicitud que contenga:
a) Nombre del solicitante;
b) Ubicación del predio, jurisdicción, linderos y superficie;
c) Régimen de propiedad del área;
Especies, volumen, cantidad o peso aproximado de lo que se pretende
aprovechar y uso que se pretende dar a los productos;
d) Mapa del área a escala según la extensión del predio. El presente
requisito no se exigirá para la solicitud de aprovechamientos
forestales domésticos.
Parágrafo.- Los linderos de las áreas solicitadas para
aprovechamiento forestal serán establecidos con base en la
cartografía básico del IGAC, cartografía temática del Ideam o por la
adoptada por las Corporaciones, siempre y cuando sea compatible
con las anteriores, determinando las coordenadas planas y
geográficas. En los casos donde no sea posible obtener la cartografía
a escala confiable, las Corporaciones, en las visitas de campo a que
hubiere lugar, fijarán las coordenadas con la utilización del Sistema
de Posicionamiento Global (GPS), el cual será obligatorio a partir de
enero de 1997.
(…)
Artículo 26º.- Para los aprovechamientos forestales o de productos
de la flora silvestre menores a veinte (20) hectáreas no se exigirá la
presentación del capítulo sobre consideraciones ambientales en los
planes respectivos; sin embargo, las Corporaciones establecerán, en
las resoluciones que otorgan el aprovechamiento, las obligaciones a
cargo del usuario para prevenir, mitigar, compensar y corregir los
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posibles efectos e impactos ambientales negativos que se puedan
originar en virtud de su actividad.
Las obligaciones exigidas por la Corporación podrán ser más o menos
rigurosas de acuerdo con las condiciones ecológicas del área, objeto
de aprovechamiento.
Parágrafo.- Los aprovechamientos por ministerio de la ley, los
domésticos y los de árboles aislados no requieren la presentación
planes.
Artículo 27º.- Los planes de aprovechamiento forestal y de manejo
forestal no son objeto de aprobación sino de conceptos técnicos que
sirven de base a la decisión que adopte la autoridad ambiental
competente.
Por lo anterior, los planes no son instrumentos vinculantes ni harán
parte integral del acto administrativo que otorga o niega el
aprovechamiento.
Artículo 28º.- Cuando se trate de aprovechamientos forestales
persistentes o únicos, una vez recibido el plan de manejo forestal o el
plan de aprovechamiento, respectivamente, las Corporaciones
procederán a evaluar su contenido, efectuar las visitas de campo,
emitir el concepto y expedir la resolución motivada.
Artículo 29º.- Cuando se trate de aprovechamiento forestal
doméstico, recibida la solicitud, la Corporaciones procederán a
efectuar visita técnica al área, emitir concepto técnico y otorgar el
aprovechamiento mediante comunicación escrita.
Las Corporaciones podrán delegar en el funcionario competente que
realiza la visita, el otorgamiento del aprovechamiento solicitado.
Artículo 30º.- El aprovechamiento forestal o de productos de la flora
silvestre se otorgará mediante resolución motivada, la cual contendrá
como mínimo lo siguiente:
a) Nombre e identificación del usuario;
b) Ubicación geográfica del predio, determinando sus linderos
mediante límites arcifinios o mediante azimutes y distancias;
c) Extensión de la superficie a aprovechar;
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Número único de radicación: 66001-23-33-000-2021-00121-02
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d) Especies a aprovechar, número de individuos, volúmenes, peso o
cantidad y diámetros de cortas establecidos;
e) Sistemas de aprovechamiento y manejo, derivados de los estudios
presentados y aprobados;
f) Obligaciones a las cuales queda sujeto el titular del
aprovechamiento forestal;
g) Medidas de mitigación, compensación y restauración de los
impactos y efectos ambientales;
h) Derechos y tasas;
i) Vigencia del aprovechamiento;
j) Informes semestrales […]».
Por su parte, la Resolución 177 de 9 de abril de 1997, «Por la cual se
regula el uso y aprovechamiento de los bosques situados en el
territorio de jurisdicción de la CARDER», establece lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 10: Aprovechamientos Únicos.- Son
aprovechamientos únicos los que se realizan en bosques localizados
en suelos que deban o puedan ser destinados a usos diferentes del
forestal.
ARTÍCULO 11: Restricciones.- No podrán realizarse las siguientes
actividades.
a) Aprovechamientos únicos en los bosques naturales, públicos o
privados, incluyendo la guadua y especies afines, salvo cuando sea
indispensable para la ejecución de obras de utilidad pública o de
interés social, en el evento que lo demande el urbano de las ciudades
conforme lo determinen los Concejos Municipales, o en caso de
presentarse emergencias fitosanitarias.
b) Los aprovechamientos persistentes de bosques naturales, en
intensidad superior al 30%.
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c) El aprovechamiento de individuos del bosque natural con diámetro
a la altura del pecho inferior a 40 centímetros.
d) Los procesos de transformación de madera al interior del bosque
natural para la producción de tablilla, bolillo o carbón.
e) La producción de esterilla dentro de los guaduales objeto de
aprovechamiento.
f) Obtener como producto principal del aprovechamiento de bosques
naturales, tabilla, palanca, estacones o carbón.
ARTÍCULO 12: Manejo de Guaduales y Especies Afines.- Los
propietarios de predios donde existan rodales de guadua y especies
afines están obligados a darles manejo silvicultural, mediante el
aprovechamiento de los individuos maduros y secos en pie, con las
restricciones del artículo procedente, para asegurar la permanencia y
renovabilidad del recurso […]» (Subrayado fuera de texto).
Por su parte, la Resolución 1740 de 24 de octubre de 2016, «Por la
cual se establecen lineamientos generales para el manejo,
aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se
dictan otras disposiciones», expedida por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, establece respecto del contenido del estudio
para cambio definitivo en el uso del suelo, lo siguiente:
«[…] Artículo 3. Finalidad. Los lineamientos generales establecidos
en la presente resolución son una herramienta de consulta obligatoria
y de orientación para las autoridades ambientales y los particulares,
para el manejo, aprovechamiento y establecimiento de guaduales y/o
bambusales.
Artículo 4. Definiciones. Para efectos de la aplicación de la presente
resolución, se tendrán las siguientes definiciones:
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Aprovechamiento Tipo 1: es aquel aprovechamiento de guaduales
y/o bambusales que se realiza en áreas iguales o menores a una (1)
hectárea.
Aprovechamiento Tipo 2: es aquel aprovechamiento de guaduales
y/o bambusales que se realiza en áreas superiores a una (1) hectárea.
(…)
Estudio para cambio definitivo en el uso del suelo: se presenta
cuando en el área donde se encuentre ubicado el guadual y/o
bambusal natural o plantado, se pretenda hacer un cambio definitivo
en el uso del suelo por razones de utilidad pública e interés social o
porque se demuestre una mejor aptitud de uso del suelo. Este plan
debe contener la descripción de los sistemas, métodos y equipos a
utilizar.
Estudio para aprovechamiento Tipo 1: se presenta cuando
pretenda llevarse a cabo aprovechamiento de guadual y/o bambusal
natural Tipo 1. Este estudio es elaborado por la autoridad ambiental
regional competente.
Estudio para aprovechamiento Tipo 2: contiene los sistemas,
métodos y equipos a utilizar para el aprovechamiento de guadual y/o
bambusal natural Tipo 2 ubicado en propiedad pública o privada; así
como, las medidas para prevenir, mitigar y corregir los posibles
efectos e impactos negativos causados por el aprovechamiento de
estas especies. Este estudio debe ser elaborado y presentado ante la
autoridad ambiental regional por el interesado en el
aprovechamiento.
(…)
Artículo 5. Solicitud. El interesado en un aprovechamiento de
guadua y/o bambusal deberá presentar:
1. Solicitud escrita de aprovechamiento de guadua y/o bambú que
contenga como mínimo:
a. Nombre, identificación y dirección domiciliaria del solicitante.
b. Cuando el peticionario sea una persona jurídica, se aportará el
certificado de existencia y representación legal y el RUT.
c. Identificación, localización y extensión del predio, en caso de
propiedad privada, donde se encuentra ubicado el guadual y/o
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bambusal objeto de la solicitud de aprovechamiento, indicando
jurisdicción departamental, municipal y veredal.
d. Localización y extensión del área, cuando el guadual y/o bambusal
objeto de la solicitud de aprovechamiento se encuentre ubicado en
terrenos de dominio público, indicando jurisdicción departamental,
municipal y veredal.
2. Acreditar la calidad de propietario del predio, mediante copia del
certificado de tradición y libertad del inmueble respectivo, con una
fecha de expedición no mayor a tres (3) meses; o en su defecto,
prueba sumaria que demuestre la calidad de tenedor.
3. Adjuntar según corresponda, el estudio para el aprovechamiento
Tipo 2; estudio para cambio definitivo en el uso del suelo; o el estudio
para establecimiento y manejo de guaduales y/o bambusales.
Artículo 6. Trámite. Una vez presentada la solicitud de
aprovechamiento de guadua y/o bambú, se surtirá el siguiente
trámite:
1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de
radicación de la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos en la
presente resolución, la autoridad ambiental competente procederá a
expedir el acto administrativo de inicio de trámite.
2. Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del
acto administrativo de inicio de trámite, la autoridad ambiental
competente evaluará la solicitud y los requisitos mínimos adjuntos;
y, de ser necesario, realizará visita al área objeto de
aprovechamiento.
3. Cuando no se estime pertinente la visita o habiendo vencido el
término anterior, la autoridad ambiental competente dispondrá de
diez (10) días hábiles para solicitar, mediante auto la información
adicional que considere pertinente, contra el cual no procede recurso
de reposición, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de
2011.
4. El solicitante contará con un término de un (1) mes para allegar la
información requerida; este término podrá ser prorrogado por la
autoridad ambiental competente antes del vencimiento del plazo y
por un término igual, previa petición del solicitante, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015 o la norma
que lo modifique, sustituya o derogue.
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En todo caso, la información adicional que allegue el solicitante
deberá ser exclusivamente la solicitada por la autoridad ambiental
competente. En caso de allegar información diferente a la consignada
en el auto, no se considerará dentro del proceso de evaluación.
5. En el evento que el solicitante no allegue la información en los
términos establecidos en el numeral anterior, la autoridad ambiental
ordenará mediante resolución motivada que se notificará en los
términos de ley, el desistimiento y archivo de la solicitud; contra este
acto procede recurso de reposición de conformidad con los artículos
74 y 76 de la Ley 1437 de 2011, sin perjuicio que la solicitud pueda
ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. La
autoridad ambiental procederá a la devolución de la totalidad de la
documentación aportada.
6. La autoridad ambiental competente mediante resolución motivada
procederá a otorgar o negar el permiso o la autorización de
aprovechamiento, contra esta decisión procede recurso de reposición
de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo 1. Cuando el guadual y/o bambusal se encuentre ubicado
en predio de propiedad privada, la autoridad ambiental competente
otorgará el aprovechamiento mediante autorización y en terrenos de
dominio público, mediante permiso.
Parágrafo 2. Cuando el aprovechamiento Tipo 2 que se solicita
contemple más de una unidad de corta anual, no será necesario
otorgar autorización o permiso para cada una de ellas, bastará con
presentar el informe de cierre de la unidad de corta anual, concepto
técnico favorable de la autoridad ambiental competente, los requisitos
a que hace referencia el numeral 11 al 16 del artículo 8 y el numeral
9 al 14 del artículo 9 de la presente resolución, según corresponda.
De ser necesario, deberá presentarse la actualización del inventario
estadístico para la determinación del volumen comercial para las
especies a aprovechar, indicado en el numeral 9 del artículo 8 y en el
numeral 7 del artículo 9 del presente acto, según corresponda.
Parágrafo 3. La asistencia técnica forestal por parte del
permisionado o autorizado será obligatoria y permanente durante la
totalidad del período o turno del respectivo plan, tendrá la obligación
de garantizar el cumplimiento del acto administrativo y del respectivo
plan; así como la de reportar oportunamente la presencia de plagas
y/o enfermedades forestales y demás eventualidades que se
presenten.
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(…)
Artículo 8. Contenido del Estudio para el aprovechamiento Tipo 2:
deberá contener como mínimo:
1. Identificación, localización y extensión del predio donde se
encuentra ubicado el guadual y/o bambusal objeto de la solicitud de
aprovechamiento, indicando jurisdicción departamental, municipal y
veredal.
2. Mapa del predio a escala no menor a 1:10.000.
3. Localización y extensión del área georreferenciada que ocupa el
guadual y/o bambusal dentro del predio.
4. Área total en hectáreas que será objeto de aprovechamiento.
5. Mapa del área objeto de aprovechamiento a escala 1:1000.
6. Caracterización físico biótica del área objeto de aprovechamiento:
• Mapa hidrográfico del área a escala no menor a 1:5000.
• Antecedentes de aprovechamiento en el área solicitada.
• Descripción de topografía y paisaje fisiográfico del área.
• Descripción de las microcuencas presentes en el área.
• Descripción de la vegetación y fauna existente en la zona.
6.1 Cuando el área sea superior a tres (3) hectáreas, además de lo
anterior, interesado deberá presentar como mínimo:
• Mapa de pendientes para las diferentes áreas de guadual y/o
bambusal objeto de aprovechamiento.
• Mapa de drenajes internos y externos en el área del guadual y/o
bambusal objeto de aprovechamiento y de los acueductos veredales
que dependen de las microcuencas identificadas en el área.
• Descripción de la zona de vida, metodología de Holdridge.
7. Para los predios ubicados en terrenos de propiedad pública,
además de lo señalado en el presente artículo, el interesado deberá
presentar una caracterización socioeconómica del área objeto de
aprovechamiento, que contenga: número de personas y familias que
habitan en áreas colindantes al área objeto de la solicitud y valores
culturales, arqueológicos e históricos de las comunidades locales
asociadas al área objeto de la solicitud.
8. Identificación de las especies de guadua y/o bambú que serán
objeto de aprovechamiento.
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9. Diseño del inventario forestal para determinar la cantidad de
culmos en el área y su estado de madurez (renuevo, verde, madura,
sobremadura y seca) y volumen comercial, así:
9.1 Cuando el área sea entre más de una (1) hectárea hasta tres (3)
hectáreas, la metodología para el inventario será muestreo aleatorio
simple (parcelas al azar), con un error de muestreo menor o igual al
15% y una probabilidad del 95%.
9.2 Cuando el área sea superior a tres (3) hectáreas, la metodología
para el inventario forestal será la de muestreo aleatorio estratificado
o muestreo aleatorio por conglomerados (conglomerado de parcelas
o fajas) con un error de muestreo igual o inferior al 15% y una
probabilidad del 95%.
10. Duración del aprovechamiento:
10.1 Cuando el área sea entre más de una (1) hectárea hasta tres (3)
hectáreas, la duración máxima de estos aprovechamientos será de 12
meses, de acuerdo con la oferta del recurso, su renovabilidad,
intensidad del aprovechamiento y el periodo de ejecución de la
actividad productiva.
10.2 Cuando el área sea superior a tres (3) hectáreas, la duración de
este aprovechamiento dependerá de la oferta del recurso, su
renovabilidad, intensidad del aprovechamiento y el periodo de
ejecución de la actividad productiva. En todo caso, si supera los 12
meses se dividirá por Unidades de Corta Anual (UCA).
11. Cronograma de las actividades para la totalidad del período o UCA
del respectivo aprovechamiento.
12. Métodos y equipos a utilizar para el aprovechamiento del guadual
y/o bambusal.
13. Descripción de la planificación del aprovechamiento (diseño de
vías, campamentos, patios de acopio, etc.)
14. Descripción de los productos a obtener.
15. Medidas para prevenir, mitigar y corregir los posibles efectos e
impactos negativos causados por el aprovechamiento de estas
especies.
16. Medidas a implementar para el mejoramiento de la productividad
del guadual y/o bambusal.
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Parágrafo 1. En todo caso, cuando se pretenda aprovechar un
guadual o bambusal con densidad total inferior a dos mil (2.000)
tallos o culmos por hectárea, será objeto únicamente de prácticas
silvícolas para su mejoramiento.
Parágrafo 2. El sistema de aprovechamiento a emplear debe ser el
de entresaca selectiva de los tallos o culmos maduros y sobremaduros
y el aprovechamiento total de los tallos secos y secos partidos. El
porcentaje de intervención será como máximo el 35% de la población
comercial […]”. (Subrayado fuera de texto).
(…)
Artículo 10. Contenido del estudio para cambio definitivo en el uso
del suelo. Deberá contener como mínimo:
1. Identificación, localización y extensión del predio donde se
encuentra ubicado el guadual y/o bambusal objeto de la solicitud de
aprovechamiento, indicando jurisdicción departamental, municipal y
veredal.
2. Estudio técnico que demuestre una mejor aptitud de uso del suelo.
3. Razones de utilidad pública e interés social, cuando estas sean el
motivo de la solicitud.
4. Mapa del predio a escala no menor a 1:5000.
5. Localización y extensión del área georreferenciada que ocupa el
guadual y/o bambusal dentro del predio.
6. Área total en hectáreas que será objeto de aprovechamiento.
7. Mapa del área objeto de aprovechamiento a escala 1:1000.
8. Caracterización físico-biótica del área objeto de aprovechamiento:
• Mapa hidrográfico del área a escala no menor a 1:5000.
• Antecedentes de aprovechamiento en el área solicitada.
• Descripción de topografía y paisaje fisiográfico del área.
• Descripción de las microcuencas presentes en el área.
• Descripción de la vegetación y fauna existente en la zona.
• Porcentaje de pendientes para las diferentes áreas de guadual y/o
bambusal objeto de aprovechamiento.
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• Detalle de drenajes internos y externos en el área del guadual y/o
bambusal objeto de aprovechamiento.
• Relacionar los acueductos veredales que dependen de las
microcuencas identificadas en el área.
• Descripción de la zona de vida, metodología de Holdridge.
• Caracterización socioeconómica del área objeto de
aprovechamiento, que contenga: número de personas y familias que
habitan en áreas colindantes al área objeto de la solicitud y valores
culturales, arqueológicos e históricos de las comunidades locales
asociadas al área objeto de la solicitud.
9. Identificación de las especies de guadua y/o bambusal que serán
objeto de aprovechamiento.
10. Inventario estadístico, con una intensidad de muestreo de forma
tal que el error no sea superior al quince por ciento (15%) con una
probabilidad del noventa y cinco por ciento (95%), para determinar
la cantidad de culmos en el área y su estado de madurez (renuevo,
verde, madura, sobremadura y seca) y volumen total.
11. Volumen total estimado por especie.
12. Duración del aprovechamiento.
13. Método de aprovechamiento.
14. Descripción de los productos a obtener y disposición final.
15. Cronograma de actividades para la totalidad del
aprovechamiento.
16. Propuesta para prevenir, mitigar, corregir y compensar los
posibles efectos e impactos negativos causados por el
aprovechamiento de estas especies […]». (Subrayado fuera de texto).
La Sala encuentra conforme a los hechos probados dentro del
proceso que la CARDER autorizó el aprovechamiento forestal único
en el predio «Montelíbano», mediante la Resolución 2303 de 31 de
diciembre de 2020, sin que la parte solicitante aportara un estudio
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técnico en el que se precisara o determinara el impacto ambiental
del aprovechamiento, las razones técnicas, de utilidad e interés que
justificaran el cambio del uso del suelo donde se ubicaban los
recursos naturales.
En efecto, el artículo 16 del Decreto 1791 de 199617 establece que
para tramitar aprovechamientos únicos de bosque naturales es
necesario que el solicitante aporte un estudio técnico que demuestre
mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal, lo cual se extraña
en este asunto, pues la controversia objeto del proceso radica
principalmente en si era procedente autorizar el aprovechamiento
que se solicitó, dada la existencia en el predio «Montelíbano» de gran
cantidad de individuos arbóreos, flora y fauna silvestre, además, de
la presunta existencia de fuentes hídricas cercanas que podían verse
afectadas con la autorización.
Así pues, la CARDER estaba en la obligación de evaluar, de manera
preliminar, si la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal
estaba acompañada del referido estudio que demuestre por qué
resulta más beneficioso para la colectividad transformar el uso del
17
«Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal».
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suelo forestal donde se ubican los bosques objeto de la solicitud, en
lugar de mantenerlo.
En ese sentido, la Resolución 1740 de 24 de octubre de 2016, «Por
la cual se establecen lineamientos generales para el manejo,
aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se
dictan otras disposiciones», establece los requisitos mínimos para el
cambio definitivo del uso del suelo, el cual debía contener como
mínimo, entre otros, los siguientes: i) estudio técnico que demuestre
una mejor aptitud de uso del suelo, ii) razones de utilidad pública e
interés social, cuando estas sean el motivo de la solicitud, iii)
caracterización físico-biótica del área objeto de aprovechamiento, iv)
antecedentes de aprovechamiento en el área solicitada, v)
descripción de la vegetación y fauna existente en la zona, vi)
caracterización socioeconómica del área objeto de aprovechamiento,
que contenga: número de personas y familias que habitan en áreas
colindantes al área objeto de la solicitud y valores culturales,
arqueológicos e históricos de las comunidades locales asociadas al
área objeto de la solicitud y, vii) la propuesta para prevenir, mitigar,
corregir y compensar los posibles efectos e impactos negativos
causados por el aprovechamiento de estas especies.
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Los requisitos antes relacionados no se aportaron con la solicitud de
la autorización de aprovechamiento forestal único y resultaban
indispensables para que la autoridad ambiental evaluara,
previamente, si había lugar a iniciar la actuación administrativa.
Si bien la CARDER a lo largo del proceso sostuvo que los
cuestionamientos de la demanda estaban fundamentados en
apreciaciones subjetivas respecto de las normas ambientales, pues
el «CONCEPTO DE NORMA URBANÍSTICA», expedido por el curador
urbano primero del Municipio de Pereira, en el que se señaló el uso
o usos permitidos en el predio, de conformidad con lo previsto en el
POT y los instrumentos que lo desarrollaban, dicho concepto no
cumple con los requisitos antes relacionados, pues no detalla las
actividades que se pretenden desarrollar en el predio «Montelíbano»
con ocasión del aprovechamiento forestal, y mucho menos describe
las razones técnicas por las cuales se amerita cambiar
definitivamente el uso del suelo forestal.
En esos términos, la Sala observa que la CARDER, en atención a la
solicitud de aprovechamiento presentada el 24 de noviembre de
2020, no contó con los presupuestos mínimos que la habilitaran para
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emitir el acto de inicio 654 de 11 de diciembre de 2020 y, de esta
manera, garantizar que las intervenciones a efectuar sean acordes
con la realidad del ecosistema y, con ello, proteger el derecho
colectivo cuyo amparo se depreca.
iii) De las medidas de protección
La Sala pone de manifiesto que si bien el Tribunal en la sentencia
objeto de recurso advirtió el incumplimiento de los requisitos
mínimos para que se diera inicio al trámite de autorización de
aprovechamiento forestal único, no adoptó medidas para la
protección del derecho colectivo vulnerado, conforme lo advirtió la
parte actora en su recurso de apelación.
En efecto, al declararse la vulneración de un derecho colectivo, como
sucedió en el presente caso, lo procedente era que el Tribunal
adoptara medidas tendientes a su protección, pero ello no ocurrió
así, pues la orden del Tribunal se orientó a otorgarle a la CARDER y
a los solicitantes un término de 6 meses para que iniciaran y
culminaran el procedimiento de ajuste o modificación de la
autorización de aprovechamiento forestal único bosques naturales,
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según sea el caso, respecto de los guaduales objeto del litigio, sin
disponer acciones concretas para superar la vulneración.
Al respecto, la Sala advierte que al proceso no se allegaron pruebas
técnicas que permitan determinar el grado de afectación del derecho
colectivo objeto de protección con motivo de los trabajos de tala que
se adelantaron en virtud de la expedición de la Resolución 2303 de
31 de diciembre de 202018, pues la resolución del caso giró alrededor
del cumplimiento de los requisitos previstos para la autorización del
aprovechamiento forestal único.
Sin embargo, de la valoración en su conjunto del material probatorio
obrante dentro del proceso, en especial los testimonios que se
practicaron del del proceso, es posible concluir que sí se acreditó la
vulneración del derecho colectivo amparado, con ocasión de las
acciones realizadas por parte de los señores Jairo Amaya Serna y
Martha Lucía Benítez Orejuela en calidad de copropietarios del predio
«Montelíbano», y por las omisiones de la CARDER.
18
«Por medio de la cual se autoriza un aprovechamiento forestal único, se aprueba un plan de
establecimiento y compensación forestal, y se dictan otras disposiciones».
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En efecto, los testimonios de Juan Guillermo Salazar Pineda, Luz
Adriana Arias Escobar, Alba Lucia Echeverry y Luis Ernesto Patiño
Herrera, los cuales se practicaron en la audiencia de pruebas de 2 de
agosto de 202219, dan cuenta de la erradicación del guadual ubicado
en el predio «Montelíbano», sobre el área objeto de la autorización,
esto es, 2.51 ha, respecto del cual los testigos fueron concordantes
y manifestaron haber presenciado dicho hecho por diferentes
medios.
La Sala destaca el testimonio del señor Luis Ernesto Patiño Herrera
quien manifestó ser el profesional que emitió el concepto técnico para
la autorización del aprovechamiento forestal único en el predio
«Montelíbano», y constarle los trabajos de tala de bosque de guadua
que se adelantaron con ocasión de la expedición de la Resolución
2303 de 31 de diciembre de 2020.
Ahora, la Sala no desconoce que al proceso se aportó el Oficio 689
de 15 de marzo de 2021, de la Subdirección de Gestión Ambiental
Sectorial de la CARDER, el cual tuvo como asunto «Observaciones
19
Los testimonios se decretaron con el siguiente objeto «declaren sobre los hechos objeto de demanda
«en especial sobre las especies vegetales y animales que conformaban el bosque natural y la manera
como viene siendo aniquilado en virtud de la autorización de la CARDER ».
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Visita predio Finca Montelíbano, Pereira», pero el mismo no da cuenta
de la evaluación del impacto ambiental que se generó con motivo de
la tala del bosque de guadua, ni permite concluir la no existencia de
cuerpos de agua en el predio objeto de la autorización.
Asimismo, se destaca que el profesional a cargo de la elaboración del
concepto que sirvió de fundamento para la expedición de la
Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020, indicó que existían
vacíos legales respecto de los estudios de fauna para adelantar los
procedimientos relativos a las autorizaciones de aprovechamientos
forestales únicos y que la CARDER no contaba personal suficiente
para realizar un seguimiento a todos los aprovechamientos que eran
objeto de autorización.
Lo anterior, resulta relevante si se tiene en cuenta que la Resolución
1740 de 24 de octubre de 2016, «Por la cual se establecen
lineamientos generales para el manejo, aprovechamiento y
establecimiento de guaduales y bambusales y se dictan otras
disposiciones», dispone expresamente que para los
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aprovechamientos Tipo 220 se debe realizar un estudio que contenga
la caracterización físico biótica del área objeto del aprovechamiento,
dentro del cual está descripción de la vegetación y fauna existente
en la zona, por lo que a la autoridad ambiental le corresponde
expresamente verificar el cumplimiento de ese requisito.
De igual forma, llama la atención el hecho de que, a pesar de que la
autoridad ambiental, con posterioridad a la expedición de la
Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020, tuvo conocimiento de
las reclamaciones con motivo de tala del bosque de guadua en el
predio «Montelíbano», la presencia de fauna silvestre presuntamente
afectada y la existencia de cuerpos de agua cercanos, o inclusive en
la misma área objeto de la autorización, no realizara las actividades,
los estudios y las actuaciones pertinentes para determinar el grado
de afectación al medio ambiente y a los recursos naturales, lo cual
hace cuestionar las labores de protección ambiental a cargo de la
CARDER; además de que ellos se debieron de aportar al proceso.
20
«Aprovechamiento Tipo 2: es aquel aprovechamiento de guaduales y/o bambusales que se realiza
en áreas superiores a una (1) hectárea».
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Lo anterior, es de suma importancia si se tiene en cuenta que dentro
del expediente administrativo ambiental 5259, referente al predio
«Montelíbano», la CARDER ha expedido 3 autorizaciones de
aprovechamiento forestal, esto es, la Resolución 1576 de 26 de mayo
de 2010 «POR LA CUAL SE ORDENA EL REGISTRO DE UN GUADUAL
NATURAL, Y SE AUTORIZA SU APROVECHAMIENTO», la Resolución
0216 de 20 de febrero de 2017 «POR LA CUAL SE AUTORIZA EL
APROVECHAMIENTO FORESTAL DE BOSQUE NATURAL INCLUYENDO
GUADUA, CAÑABRAVA Y BAMBÚ Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES», y la Resolución 2303 de 31 de diciembre de 2020,
«POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN APROVECHAMIENTO
FORESTAL ÚNICO, SE APRUEBA UN PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y
COMPENSACIÓN FORESTAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES».
En efecto, dentro del expediente administrativo ambiental 5259, obra
el concepto técnico 1371 de 7 de mayo de 2010, expedido en el
marco de la solicitud que dio lugar a la Resolución 1576 de 26 de
mayo de 2010, en el que se indicó que el responsable del
aprovechamiento debía mejorar, entre otras, las siguientes
condiciones de manejo forestal:
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«[…] - Se evitará la afectación de sitios con presencia de madrigueras
o nidos de fauna silvestre.
• Se conservará una franja de protección de 3 metros de lado y lado
por la quebrada que discurre en la mata de guadua, es decir 828.6
m².
(…)
Los cortes se harán a la altura del primer entrenudo inferior y a ras
del nudo, para evitar empozamientos que contribuyan a la pudrición
del sistema radical o aparición de patógenos […]». (Subrayado fuera
de texto)
Adicionalmente, en el concepto 1795 de 3 de junio de 2011, la
CARDER indicó lo siguiente:
«[…] El día 10 de mayo de 2010, a las 5:15 PM, se realizó visita
de Control y Seguimiento al predio Montelíbano, con el fin de
constatar la evolución del guadual; en esta visita se evidenció
que el guadual actualmente no está siendo aprovechado y
presenta guaduas entrecruzadas, guaduas volcadas y con copas
partidas y algunos sectores despoblados debido a la distribución
horizontal del guadual y al aprovechamiento realizado.
La regeneración natural en el guadual es aceptable, pero
requiere ser reactivada con un programa de fertilización en el
guadual.
Los guaduales del Predio Montelíbano presentan algunas áreas
sobre Zonas Forestales Protectoras de cauce intermitente […]».
(Subrayado fuera de texto)
De igual forma, en el marco de la actuación administra con motivo
de la cual se expidió la Resolución 0216 de 20 de febrero de 2017, la
CARDER elaboró el concepto 206 de 10 de febrero de 2017, en el
que se indicó como observación relevante la siguiente «Conservar la
zona forestal del cauce presente en guadual, en esta zona sólo se
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deben extraer guaduas secas, volcadas, reventadas o con muerte
descendiente».
También, la Sala destaca que en el expediente administrativo del
predio «Montelíbano», obra el certificado de libertad y tradición núm.
290-24163 de 26 de agosto de 2016, en el que se indica lo siguiente:
«[…] DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS
UNA FINCA RURAL CONSTANTE DE 30 CUADRAS DE SUPERFICIE MAS
U MENOS, CON DOS CASAS DE HABITACIÓN QUE COLINDA: POR UN
COSTADO, CON EL CAMINO PÚBLICO QUE CONDUCE A ARMENIA POR
EL COSTADO DE ARRIBA, CON SOLAR, DE LA ESCUELA DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y CON PREDIO DE MARÍA PIA RAMÍREZ,
POR EL OTRO CONSTADO, CON QUEBRADA DE POR MEDIO CON
PREDIO SAN JOSÉ, PROPIEDAD DE MANUEL MORENO Y PEDRO
BEDOYA Y POR EL OTRO COSTADO, CON EL CAMINO DE LOS
BEDOYAS […]» (Subrayado fuera de texto)
Finalmente, la Sala encuentra que en el concepto técnico 03185 de
23 de diciembre de 2020, el cual tuvo como asunto «Evaluación:
Autorización Aprovechamiento Forestal Único – Proyecto Finca
Montelíbano, Vereda Huertas – Pereira – Exp. 5259», la CARDER
indicó como prácticas de manejo durante el aprovechamiento la de
«Respetar las zonas forestales protectoras de corrientes hídricas, las
áreas donde anida la fauna silvestre y nunca realizar capturas».
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De otro lado, es de precisar que si bien le asiste razón a la CARDER
al indicar que el informe que presentó el Jardín Botánico no versó
sobre los guaduales que se ubicaban el predio «Montelíbano», la Sala
advierte que dicha prueba no se decretó con ese objeto sino con el
fin de que «un experto en materia ambiental rinda informe sobre la
importancia de los guaduales y especies nativas en la protección del
agua, así como la guadua como elemento característico del paisaje
cultural cafetero».
En ese sentido, la Sala encuentra que las consideraciones expuestas
en el citado informe si bien no están relacionadas, específicamente,
con la tala que se realizó en el predio «Montelíbano», sí resultan
relevantes para considerar que las actividades adelantas en virtud de
la autorización de aprovechamiento forestal único objeto del proceso,
sin contar con estudio de suelo, conforme los requisitos previstos en
la ley, vulneró el colectivo amparado.
Lo anterior, dada la importancia preponderante de la guadua en el
desarrollo de las sociedades y comunidades, tanto del eje cafetero
como en otras regiones de nuestro país, al ser una especie protectora
de las cuencas y riberas de los ríos, dado que almacenan grandes
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cantidades de agua en las épocas lluviosas, tanto en su sistema
radicular como en la parte aérea y en el suelo, por lo que, por efectos
de concentración, el agua retenida es nuevamente regresada al
caudal del río durante las épocas de sequía y, en consecuencia,
tienen efectos protectores sobre los recursos y las aguas de las
cuencas hidrográficas.
Adicionalmente, conforme se determinó en el citado informe, la
guadua con su sistema entretejido de raíces y rizomas contribuye a
la recuperación y conservación del suelo, pues debajo de éste, la
planta forma un sistema de redes que lo amarra fuertemente
evitando la erosión y haciendo de ella, una especie muy importante
como protectora de suelo de ladera.
Lo anteriormente expuesto adquiere especial si se tiene en cuenta
que dentro del proceso no se descartó la afectación a la fauna
silvestre, ni la presunta afectación a las fuentes hídricas, pues como
se advirtió dentro del proceso, la CARDER incumplió su labor de
verificar que con motivo de la autorización que se dio para el
aprovechamiento forestal único, no se afectaran fuentes hídricas,
fauna silvestre, ni la conservación del suelo.
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De otra parte, para la Sala no resultan de recibo los argumentos
expuestos por los particulares que iniciaron el procedimiento
administrativo que dio lugar a la autorización del aprovechamiento
forestal único, en el sentido de que se le vulneró su derecho a la
propiedad privada, pues el mismo no va en contravía con la
protección del derecho colectivo amparado, ni con la exigencia de
cumplir los requisitos previstos para su autorización.
Frente a la solicitud de los demandantes de ordenar la protección del
agua y el paisaje, la Sala encuentra que si bien dentro del proceso
no se descartó la afectación a la fauna silvestre, ni la presunta
afectación a las fuentes hídricas con motivo de los trabajos de tala
que se adelantaron en virtud de la expedición de la Resolución 2303
de 31 de diciembre de 2020, dicha afectación no se acreditó
técnicamente, por lo que en ese punto la parte actora incumplió con
la carga de la prueba, de conformidad con lo previsto en el artículo
30 de la Ley 472 de 1998.
Sin embargo, dada la vulneración del derecho objeto de protección
en la sentencia de primera instancia, la eventual afectación a la que
aluden los demandantes deberá ser objeto de verificación por parte
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de la demandada una vez establezca los antecedentes del predio
objeto del proceso y su estado actual, con motivo de las
autorizaciones que se han dado dentro del expediente administrativo
ambiental 5259.
Por lo expuesto, la Sala confirmará el numeral TERCERO de la
sentencia de primera en cuanto declaró la vulneración del derecho
colectivo a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
La conservación de las especies animales y vegetales, la protección
de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas
situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de
la comunidad relacionados con la preservación y restauración del
medio ambiente con ocasión de las acciones realizadas por parte de
los señores Jairo Amaya Serna y Martha Lucía Benítez Orejuela en
calidad de copropietarios del predio Montelíbano y por las omisiones
de la CARDER, pero por las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente providencia.
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Para la protección del derecho colectivo vulnerado, la Sala modificará
el numeral QUINTO de la sentencia de primera instancia, en el cual
se dispondrá lo siguiente:
1) Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER que el término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria
de la presente providencia presente un informe detallado en el que
determine el estado actual del bosque natural ubicado en el predio
«Montelíbano», el cual deberá incluir un estudio respecto de la flora
y fauna existente en ese lugar, junto con sus respectivos
antecedentes, además de clarificar la existencia o no de fuentes
hídricas.
2) Ordenar que el citado informe establezca los antecedentes del
predio y el grado de afectación, con motivo de las autorizaciones que
se han dado dentro del expediente administrativo ambiental 5259,
referente al predio «Montelíbano».
3) Ordenar que de las conclusiones que se den con motivo del citado
informe, la CARDER deberá presentar dentro del mes siguiente al
vencimiento del término de anterior, una propuesta para prevenir,
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mitigar, corregir y compensar los posibles efectos e impactos
negativos causados por los aprovechamientos, cuya ejecución estará
a cargo de los señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA LUCÍA
BENÍTEZ OREJUELA, en calidad de copropietarios del predio
Montelíbano, en los términos en que la propuesta indique. La
CARDER deberá adelantar las actividades necesarias para
garantizar su implementación, además de adoptar, en ejercicio de
sus competencias, los correctivos necesarios para la protección del
bosque natural.
4) Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER, revisar de forma inmediata, todas las autorizaciones de
aprovechamiento forestal otorgadas dentro del expediente
administrativo ambiental 5259, teniendo en cuenta lo previsto en el
Decreto 1791 de 1996, la Resolución 944 de 2008, la Guía del
Usuario de la CARDER, el Plan de Manejo Integral de Aguas
Subterráneas en Pereira y Dosquebradas, el Instructivo de Trámites
Ambientales de la CARDER, y demás normas que resulten
aplicables.
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5) Ordenar que los señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA
LUCÍA BENÍTEZ OREJUELA se abstengan de adelantar trabajos en
el predio «Montelíbano», en ejecución de la autorización de
aprovechamiento forestal único que les otorgó la CARDER, hasta
tanto no se den cumplimiento a las órdenes previstas en la presente
providencia.
Finalmente, la Sala MODIFICARÁ el numeral SEXTO de la parte
resolutiva de la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de
Verificación del cumplimiento de la sentencia estará integrado por el
magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, y se confirmará
en lo demás el fallo de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el numeral CUARTO de la sentencia de 24 de
agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
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SEGUNDO: MODIFICAR los numerales QUINTO y SEXTO de la
sentencia de 24 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, el cual quedará así:
«[…] ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –
CARDER que el término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria
de la presente providencia presente un informe detallado en el que
determine el estado actual del bosque natural ubicado en el predio
«Montelíbano», el cual deberá incluir un estudio respecto de la flora
y fauna existente en ese lugar, junto con sus respectivos
antecedentes, además de clarificar la existencia o no de fuentes
hídricas.
El citado informe deberá establecer los antecedentes del predio y el
grado de afectación, con motivo de las autorizaciones que se han dado
dentro del expediente administrativo ambiental 5259, referente al
predio «Montelíbano».
De las conclusiones que se den con motivo del citado informe, la
CARDER deberá presentar dentro del mes siguiente al vencimiento
del término de anterior, una propuesta para prevenir, mitigar,
corregir y compensar los posibles efectos e impactos negativos
causados por los aprovechamientos, cuya ejecución estará a cargo de
los señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA LUCÍA BENÍTEZ
OREJUELA, en calidad de copropietarios del predio Montelíbano, en
los términos en que la propuesta indique. La CARDER deberá
adelantar las actividades necesarias para garantizar su
implementación, además de adoptar, en ejercicio de sus
competencias, los correctivos necesarios para la protección del
bosque natural.
La Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, deberá
revisar de forma inmediata todas las autorizaciones de
aprovechamiento forestal otorgadas dentro del expediente
administrativo ambiental 5259, teniendo en cuenta lo previsto en el
Decreto 1791 de 1996, la Resolución 944 de 2008, la Guía del Usuario
de la CARDER, el Plan de Manejo Integral de Aguas Subterráneas en
Pereira y Dosquebradas, el Instructivo de Trámites Ambientales de la
CARDER, y demás normas que resulten aplicables.
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Los señores JAIRO AMAYA SERNA y MARTHA LUCÍA BENÍTEZ
OREJUELA no podrán adelantar trabajos en el predio “Montelíbano”,
en ejecución de la autorización de aprovechamiento forestal único que
les otorgó la CARDER, hasta tanto la CARDER, hasta tanto no se de
cumplimiento a las órdenes previstas en la presente providencia.
6. CONSTITUIR el comité de verificación del cumplimiento de la
presente sentencia con el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo de Risaralda, quien lo presidirá, las partes y el agente
del ministerio público, quienes rendirán en el término de 6 meses,
contados desde la ejecutoria de la sentencia, un informe único
detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del
cumplimiento efectivo de esta providencia […]».
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 24 de agosto
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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