Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00955-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2023-00955-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 05001-23-33-000-2023-00955-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: OLGA LÓPEZ CORTÉS Y OTROS1
Demandados: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -
ANI Y OTROS
Vinculada: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
CENTRO DE ANTIOQUIA - CORANTIOQUIA
Coadyuvante: JORGE ALBERTO OCHOA ESTRADA
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación presentados por la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S., la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI y el departamento de Antioquia contra la sentencia
de 7 de octubre de 2025, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. Los demandantes en ejercicio del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos, presentaron demanda contra el municipio de Amagá, el
departamento de Antioquia, la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S., la sociedad
Nortunel S.A., la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, la Agencia
Nacional de Infraestructura - ANI, y el Ministerio de Transporte, con el propósito de
obtener la salvaguarda del derecho colectivo establecido en el literal a) del artículo
4.°2 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19983 y de los derechos a la “[…] DIGNIDAD
HUMANA, […] A LA LIBRE LOCOMOCIÓN, […] A LA SALUD, […]” y “[…] AL
TRABAJO […]”.
1
Cendy Magaly Gallego Velásquez, Luis Fernando Mendoza Castaño, Luis Alfredo Londoño Gaviria, Jorge Ochoa Hoyos,
Juan Carlos Bravo Calderón, Juan Diego Valencia Orozco, Leonardo Londoño Molina, Juan David Aristizábal Aristizábal,
Gustavo Adolfo Aristizábal Restrepo, Diego Fernando Trejos Ramírez y John Jairo Acosta Mesa.
2
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]”.
3
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.
2
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
2. Los demandantes formularon las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO: De manera respetuosa solicito al honorable despacho del señor
magistrado se decrete la protección de los DERECHOS COLECTIVOS UN (sic)
AMBIENTE SANO, LA DIGNIDAD HUMANA, DERECHO FUNDAMENTAL A LA
LIBRE LOCOMOCIÓN, DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD, DERECHO
FUNDAMENTAL AL TRABAJO, de los aquí demandantes en su calidad de
habitantes […] de la COMUNIDAD DE GUAIMARAL EN EL CORREGIMIENTO DE
CAMILO C EN EL MUNICIPIO DE AMAGÁ ANTIOQUIA.
SEGUNDO: Conforme a la declaración anterior se ORDENE a las entidades públicas
y privadas con injerencia en el desarrollo del proyecto PACIFICO 1 y que tengan
responsabilidad en los graves daños ocasionados a la comunidad con los daños en
la vía, en el caso en concreto y conforme al artículo 144 de la ley 1437 de 2011, se
restituya el estado de la VÍA QUE DEL CORREGIMIENTO CAMILO C VA A LA
VEREDA DE GUAIMARAL exactamente en los puntos MANGO MACHO Y EL
CALVARIO HASTA LA ENTRADA A LA FINCA PROVIDENCIA.
TERCERO: Se ORDENE a las entidades públicas y privadas con injerencia en el
desarrollo del proyecto PACIFICO 1 a reparar la banca de la vía y la placa huella en
(sic) entre los sectores MANGO MACHO Y EL CALVARIO HASTA LA ENTRADA A
LA FINCA PROVIDENCIA, puntos en el que se perdió la banca de la vía totalmente,
tal y como se evidencia en el hecho noveno del escrito de demanda en las imágenes
15 -16 - 17 - 18 - 19 - 20.
CUARTO: Se ORDENE a las entidades públicas y privadas con injerencia en el
desarrollo del proyecto PACIFICO 1 a realizar un adecuado plan de manejo de los
afluentes ubicados en vereda Guáimaral parte alto de mango macho y que fueron
intervenidos para la realización del proyecto para que de esta manera no se siga
afectando a la comunidad especialmente por la pérdida de las vías de acceso a la
comunidad. […]”4 (negrilla del texto).
3. Señalaron que el proyecto Pacífico 1 constituye una de las principales iniciativas
de infraestructura vial, orientada a la construcción, mantenimiento y operación de la
vía en doble calzada del suroeste antioqueño. Dicho proyecto tiene influencia directa
en los municipios de Amagá, Titiribí, Venecia y Caldas. Además, forma parte del
programa de Autopistas de Cuarta Generación (4G), cuyo propósito es mejorar la
conectividad con el eje cafetero y el pacífico colombiano.
4. Manifestaron que el proyecto comprende aproximadamente 50.2 kilómetros de
vía concesionada, con tramos nuevos y en mantenimiento, así como la construcción
de túneles, puentes e intercambios viales. La ejecución del proyecto se encuentra
dividida en varias unidades funcionales, dentro de las cuales se destacan los tramos
entre Bolombolo, Puerto Escondido, Camilo C y el sector Cuatro Palos. Estas obras
han implicado intervenciones de gran escala en el territorio.
5. Sostuvieron que la comunidad apoyó inicialmente el desarrollo del proyecto, pero
a partir del año 2022 comenzaron a evidenciarse graves afectaciones, las cuales se
intensificaron con ocasión de la ola invernal. El aumento del caudal de la quebrada
La Tupia y otras fuentes hídricas generó daños significativos en la zona.
4
Cfr. Índice 7 del expediente digital de primera instancia. Escrito de subsanación de la demanda.
3
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
6. Expusieron que las intervenciones realizadas por la concesionaria modificaron el
cauce natural de las aguas, al concentrar en un solo flujo varias corrientes que
anteriormente se distribuían de manera independiente. Esta situación incrementó el
caudal y la fuerza del agua, produjo deslizamientos, pérdida de banca en las vías y
afectaciones a predios rurales.
7.Indicaron que la pérdida de la infraestructura vial especialmente en la zona
conocida como “Mango Macho”, ha impedido el tránsito vehicular. Esta situación ha
generado impactos económicos, sociales y familiares de los habitantes.
8. Argumentaron que, ante la ausencia de respuesta efectiva por parte de las
entidades demandadas, la comunidad contrató una firma de ingeniería para evaluar
las causas de las afectaciones. Ese estudio concluyó que el manejo de la obra por
parte de la concesionaria no fue adecuado porque las intervenciones sobre los
cauces y el manejo de aguas agravaron los efectos de la ola invernal.
9.Finalmente, señalaron que las entidades demandadas no han adelantado las
acciones necesarias para corregir la problemática.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
10. Mediante auto de 11 de octubre de 20235, la magistrada ponente en primera
instancia admitió la demanda, ordenó la notificación y el traslado correspondiente a
las accionadas, al agente del Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, y
dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.
11. Por auto de 19 de diciembre de 20236, se resolvieron los recursos de reposición
presentados por COVIPACÍFICO S.A.S. y la empresa Nortunel S.A. contra el auto
admisorio, en el sentido de no reponer la decisión.
12. El 5 de marzo de 20247, se declaró fallida la audiencia especial de que trata el
artículo 27 de la Ley 472 de 1998.
13. Por medio de autos de 1.º de abril8, 4 y 249 de mayo de 2024, se decretaron las
pruebas del proceso.
14. En auto de 6 de junio de 202410, se vinculó a la Corporación Autónoma Regional
del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA.
5
Cfr. Índice 8 del expediente digital de primera instancia.
6
Cfr. Índice 25 del expediente digital de primera instancia.
7
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. Índice 65 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 92 del expediente digital de primera instancia.
10
Cfr. Índice 101 del expediente digital de primera instancia.
4
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
15. Por auto de 18 de noviembre de 202411, se aceptó el desistimiento de la prueba
referida al interrogatorio de parte solicitada por COVIPACÍFICO S.A.S.
16. En auto de 15 de enero de 2025 12, se corrió traslado a las partes por el término
de 5 días para que presentaran sus escritos de alegatos de conclusión.
17. El21 de enero de 202513, el señor Jorge Alberto Ochoa Estrada solicitó su
vinculación como coadyuvante de la parte demandante.
18. El 24 de enero de 202514, se registró el proyecto de fallo para su estudio en Sala.
19. Mediante auto de 29 de enero de 202515, se exhortó al INVIAS, al departamento
de Antioquia y al Municipio de Amagá, para que informaran qué entidad es
responsable del mantenimiento y conservación de la vía de la vereda Guaimaral,
especialmente en los sectores “Mango Macho” y “El Calvario”. Adicionalmente, se
decretó un dictamen pericial a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres - UNGRD, con el propósito de determinar: i) si existen daños,
afectaciones o riesgos para la comunidad derivados del proyecto Pacífico 1; ii) las
causas de dichos daños; iii) las entidades o personas responsables; y iv) las
medidas necesarias para prevenir o mitigar esos riesgos.
20. En auto de 14 de febrero de 202516, se puso en conocimiento de las partes las
respuestas a los referidos exhortos y se denegó la prueba solicitada por
COVIPACÍFICO S.A.S.
21. Por auto de 4 de marzo de 202517, la magistrada ponente del tribunal resolvió no
reponer la providencia de 14 de febrero de 2025.
22. Mediante auto de 23 de abril de 202518 se vinculó al señor Jorge Alberto Ochoa
Estrada como coadyuvante de la parte actora.
23.En auto de 25 de julio de 202519, se corrió el traslado de la respuesta brindada
por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres frente a lo requerido
en el auto de 16 de julio de 2025.
24. COVIPACIFICO S.A.S.20 y la ANI21 formularon mediante escritos de 28 de julio y
6 de agosto de 2025 reparos contra la prueba técnica aportada y solicitaron la
fijación de fecha para su contradicción.
11
Cfr. Índice 145 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 150 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 158 del expediente digital de primera instancia.
14
Cfr. Índice 168 del expediente digital de primera instancia.
15
Cfr. Índice 170 del expediente digital de primera instancia.
16
Cfr. Índice 183 del expediente digital de primera instancia.
17
Cfr. Índice 190 del expediente digital de primera instancia.
18
Cfr. Índice 202 del expediente digital de primera instancia.
19
Cfr. Índice 231 del expediente digital de primera instancia.
20
Cfr. Índices 236 y 237 del expediente digital de primera instancia.
21
Cfr. Índice 241 del expediente digital de primera instancia. Escrito extemporáneo.
5
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
25. Mediante auto de 22 de agosto de 202522, la magistrada ponente del tribunal
explicó que el informe rendido por la UNGRD no correspondía a un dictamen
pericial, sino a un informe técnico solicitado oficiosamente, con fundamento en la
facultad prevista en el artículo 28 de la Ley 472 de 1998. A partir de lo anterior,
concluyó que las objeciones formuladas por los demandados relativas a la
extemporaneidad, falta de idoneidad técnica y supuesta incompetencia de la
UNGRD no afectan la validez del informe. Asimismo, al ser un informe proveniente
de una autoridad pública, no es obligatorio surtir audiencia de contradicción, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 228 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201223.
Finalmente, no accedió a la práctica de un nuevo dictamen pericial de contradicción,
al considerar que ya existían otros dictámenes en el proceso sobre los mismos
hechos y que admitir uno adicional desconocería la limitación del inciso 2.º24 del
artículo 226 de la Ley 1564.
26. Frente a esa decisión las partes guardaron silencio.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S.25
27. La concesionaria afirmó que la acción popular era improcedente para solicitar el
amparo de derechos fundamentales y que el demandante no demostró
técnicamente la vulneración o amenaza del derecho colectivo invocado atribuible a
las obras que adelantó en virtud del contrato de concesión APP 007 de 15 de
septiembre de 2014, cuyo objeto consiste en la financiación, diseño, construcción,
operación, mantenimiento y reversión de un proyecto de infraestructura vial,
específicamente la doble calzada y demás obras asociadas del corredor Autopistas
para la Prosperidad – Conexión Pacífico 1.
28. Indicó que dicho contrato, sus apéndices técnicos y sus modificaciones delimitan
sus deberes, de modo que cualquier análisis de responsabilidad debe
circunscribirse al alcance contractual y no a situaciones ajenas al mismo. Incluso la
ANLA no ha identificado incumplimientos y, por el contrario, ha verificado el
acatamiento de las obligaciones y recomendaciones impartidas.
29. Adujo que los deslizamientos no tienen origen en la ejecución del proyecto, sino
en factores externos relacionados con la ola invernal, el incremento de las
precipitaciones, las condiciones naturales del suelo, la dinámica de las aguas
superficiales y el uso inadecuado del suelo por los habitantes del sector para
desarrollar actividades agrícolas, ganaderas y avícolas.
22
Cfr. Índice 242 del expediente digital de primera instancia.
23
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
24
“[…] Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se
rendirá por un perito. […]”.
25
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia.
6
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
30. Mencionó que no tiene competencia ni obligación sobre las vías terciarias o
aledañas al corredor concesionado, ya que estas corresponden a las autoridades
territoriales. Además, existen vías alternas de acceso al sector, con incrementos
mínimos en los tiempos de desplazamiento.
I.3.2. Agencia Nacional de Infraestructura - ANI26
31. La ANI se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones
de falta de legitimación en la causa por pasiva, incumplimiento de las cargas
probatorias por parte de los demandantes y genérica. Indicó que sus funciones se
limitan a la estructuración, contratación, administración y seguimiento de los
contratos de concesión.
32. Sostuvo que el proyecto cuestionado se adjudicó mediante licitación pública y se
ejecuta en el marco del contrato de concesión 007 de 2014, suscrito bajo un
esquema de asociación público-privada (APP), en el cual el contrato de concesión
tiene por objeto que el concesionario, por su cuenta y riesgo, realice todas las
actividades del proyecto. Por lo tanto, la ejecución material de las obras corresponde
al concesionario.
33. Indicó que no puede atribuírsele responsabilidad directa por los hechos alegados
porque el concesionario actúa por su cuenta y riesgo. Además, el proyecto
constituye una obra de utilidad pública e interés social relevante para el país.
I.3.3. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA27
34. La ANLA se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó que ha ejercido
sus funciones de evaluación, seguimiento y control ambiental respecto del proyecto
“Conexión Pacífico 1”, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 3573 de 27 de
septiembre de 201128 y en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201529. El proyecto
cuenta con un plan de manejo ambiental (PMA) y un plan de seguimiento y
monitoreo (PSM), orientados al control de taludes, escorrentía y cauces, así como
a garantizar la capacidad hidráulica de las obras conforme a los estándares técnicos
aplicables.
35. Recopiló las actuaciones que ha realizado para verificar el cumplimiento de la
licencia ambiental, de los actos administrativos asociados y de las obligaciones
impuestas al concesionario en relación con la problemática.
36. Explicó que los eventos erosivos reportados en la zona obedecen principalmente
a precipitaciones intensas, la saturación de suelos, la deforestación y el
sobrepastoreo en las partes altas de las cuencas. Los estudios hidro climáticos
realizados incluyen análisis multianuales de precipitación, acumulación de lluvias en
26
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia.
27
Cfr. Índice 20 del expediente digital de primera instancia.
28
“[…] Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan otras disposiciones […]”.
29
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.
7
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
distintos periodos y correlación con eventos históricos, lo cual permitió establecer
que los picos de lluvia coinciden con la ocurrencia de deslizamientos.
37. Complementó que los fenómenos de inestabilidad se originan en la parte alta de
las cuencas y no en las obras del proyecto. Sin embargo, la infraestructura vial
puede alterar el comportamiento natural del flujo, en la medida en que actúa como
barrera física, lo que puede generar taponamientos en las obras hidráulicas y
acumulación de material.
38. Explicó que identificó transformaciones en la cobertura vegetal y procesos de
degradación del suelo, mediante análisis multitemporales basados en imágenes
satelitales. Algunos de estos fenómenos están asociados a actividades externas al
proyecto, como la expansión urbana o cambios en el uso del suelo. Por lo tanto, los
impactos observados responden a una combinación de factores naturales y
antrópicos, no atribuibles exclusivamente a la ejecución de la obra vial.
39. Anotó que la ANLA ha impuesto una serie de medidas técnicas, entre las que se
destacan la exigencia de estudios hidráulicos detallados, caracterizaciones
morfodinámicas de las cuencas, implementación de obras de drenaje y control de
escorrentía, señalización de zonas de riesgo y mecanismos de atención y
seguimiento a las quejas de la comunidad. Estas medidas evidencian un enfoque
de gestión orientado a la mitigación de riesgos y al ajuste progresivo de las
condiciones del proyecto frente a los fenómenos identificados.
40. Puso de presente que aprobó la modificación del plan de inversión forzosa del
1%, mediante la Resolución 1812 de 2023, para la ejecución de un proyecto
específico dirigido al diagnóstico, diseño e implementación de obras de
rehabilitación y recuperación de seis cauces afectados por fenómenos erosivos y
arrastre de material.
I.3.4. Municipio de Amagá30
41. El municipio de Amagá se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones de ineptitud de la demanda, indebida acumulación de pretensiones,
improcedencia de la acción popular, caducidad y/o prescripción, falta de
legitimación en la causa por pasiva, fuerza mayor y genérica.
42. Sostuvo que no ha vulnerado los derechos colectivos por acción u omisión pues
cumplió con sus funciones dentro del marco de sus competencias y no tiene
injerencia directa en la ejecución del proyecto vial objeto de controversia. Aunado a
ello, la demanda carece de soporte probatorio suficiente, presenta hechos
indeterminados y los hechos obedecen a eventos de fuerza mayor derivados de la
ola invernal, lo que excluye la imputación de responsabilidad a la entidad territorial.
30
Cfr. Índice 21 del expediente digital de primera instancia.
8
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
43. Argumentó que la amenaza o vulneración de los derechos colectivos no se
estructuró de manera correcta, tampoco se individualizó contra quién se dirigen las
órdenes y la acción popular no es el medio judicial idóneo, porque varios de los
derechos invocados por la parte actora son derechos fundamentales.
I.3.5. Departamento de Antioquia31
44. El departamento de Antioquia se opuso a las pretensiones de la demanda y
propuso las excepciones de inexistencia de responsabilidad, falta de competencia
y genérica. Indicó que la atención de desastres corresponde a los municipios en
primer lugar, pues su intervención es subsidiaria, conforme a lo reglado por la Ley
1523 de 24 de abril de 201232.
45. Manifestó que no tiene competencia sobre la vía objeto de controversia al tratarse
de una de infraestructura de carácter nacional. Por lo tanto, no participa en la
ejecución ni en la vigilancia del proyecto, y en todo caso, ha atendido las solicitudes
formuladas por las autoridades locales, ha realizado visitas técnicas e informes y ha
actuado dentro del marco de sus funciones de coordinación y apoyo.
I.3.6. Ministerio de Transporte33
46. El Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso
las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, ausencia de
responsabilidad e inexistencia del derecho pretendido, nexo causal y título de
imputación.
47. Sostuvo que los hechos descritos por el actor popular no guardan relación con
sus competencias legales, en tanto le corresponde formular, adoptar y orientar la
política del sector transporte. Por ende, no tiene a su cargo la ejecución material de
obras ni la intervención directa sobre la infraestructura vial cuestionada.
48. Indicó que “[…] no tiene dentro de sus funciones la ejecución, mantenimiento,
reparación, construcción de obras de infraestructura como mantenimiento,
reparación, ejecución de obras, en el caso concreto la ejecución del proyecto está
a cargo de la ANI, entidad descentralizada que supuestamente ha causado
vulneración de derechos colectivos de la comunidad de Guimaral, entidad que de
ser cierto debe responder por sus acciones u omisiones son los entes antes
indicados. […]”.
49. Explicó que no puede atribuírsele falla del servicio alguna ni configurarse un
vínculo causal entre su actuación y los daños alegados, porque las actividades de
construcción, mantenimiento y operación de las vías corresponden a otras
entidades o a particulares en virtud de los contratos de concesión vigentes.
31
Cfr. Índice 35 del expediente digital de primera instancia.
32
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.
33
Cfr. Índice 18 del expediente digital de primera instancia.
9
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
I.3.7. Nortúnel S.A.34
50. La sociedad Nortúnel S.A. se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda y alegó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque “[…] no
intervino en el desarrollo de las obras a cargo de Covipacífico, por lo que no podría
imponérsele una orden para que restituya el estado de una vía que no intervino y en cuya
construcción no participó. […]”. Tampoco intervino en los hechos asociados a la ola
invernal de los años 2021 y 2022 que motivaron la acción popular.
51.Propuso las excepciones de improcedencia de la acción respecto de dicha
sociedad, culpa de la víctima como eximente de responsabilidad y genérica.
Además, señaló que las medidas de mitigación y atención de riesgos corresponden
al municipio de Amagá y al departamento de Antioquia, en el marco de sus
competencias en materia de gestión del riesgo. Incluso algunos habitantes son
corresponsables de esa problemática porque realizaron intervenciones sin permisos
sobre el territorio y adoptaron prácticas inadecuadas en el uso del suelo y del
recurso hídrico.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
52. LaSala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en la
sentencia de 7 de octubre de 202535 resolvió:
“[…] PRIMERO. Declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva
aducida por Nortúnel S.A. y el Ministerio de Transporte.
SEGUNDO: Declarar no probada la excepción de caducidad presentada por el
municipio de Amagá y de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
el municipio de Amagá, el Departamento de Antioquia y la ANI, en consideración a lo
señalado en el presente proveído.
TERCERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por las demandadas.
CUARTO: Amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias; y la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
vulnerados por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales -ANLA-, el departamento de Antioquia, el municipio de Amagá,
la Concesionaria Vial del Pacífico -Covipacífico- y CORANTIOQUIA.
QUINTO: Como consecuencia de lo anterior se ordena:
5.1 A la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y la Concesionaria Vial del Pacífico
-Covipacífico que, en coordinación con el municipio de Amagá y el departamento de
Antioquia, en el marco de sus competencias, elaboren un estudio técnico en el cual
se determinen las medidas para mitigar el riesgo a la comunidad de Guaimaral y para
que lo ejecuten. De igual modo, dicho estudio deberá contener las soluciones para
restablecer el estado de la vía de la vereda Guaimaral que conduce a Camilo C,
34
Cfr. Índice 19 del expediente digital de primera instancia.
35
Cfr. Índice 250 del expediente digital de primera instancia.
10
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
conforme esto lo relativo a la pérdida de la banca. Para tal efecto, se concede el
término de un año, siguiente a la ejecutoria de esta sentencia.
5.2 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y CORANTIOQUIA,
prestarán la asesoría necesaria para el desarrollo del citado estudio, en el marco de
sus competencias.
5.3 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y CORANTIOQUIA,
dentro del marco de sus competencias, deberán realizar seguimiento y control a las
situaciones que originan las afectaciones de la comunidad de Guaimaral, así como
las medidas que se implementen en desarrollo del citado estudio técnico.
SEXTO: Conformar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia
integrado por la magistrada ponente, las partes y el Ministerio Público, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes harán seguimiento
a lo ordenado en el fallo e informarán sobre las acciones que se adopten y ejecuten.
SÉPTIMO: Exhortar a la comunidad de la vereda Guaimaral para que acate lo
dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1532 (sic) de 2012 y atiendan las recomendaciones
que se impartan por las autoridades en relación con el riesgo.
OCTAVO: Denegar las demás pretensiones.
NOVENO: Sin condena en costas, de conformidad con la parte motiva.
[…]” (negrilla del texto).
53. El tribunal explicó que no había operado el fenómeno de caducidad y que la
acción popular era procedente frente a la solicitud de amparo de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano y a la prevención de desastres previsibles
técnicamente, debido al deterioro de la vía que atraviesa la vereda Guaimaral y
conduce a “CAMILO C”.
54. Al valorar el acervo probatorio, expuso que el dictamen pericial aportado por la
parte demandante no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 226 de
la Ley 1564, en lo relativo a la acreditación de la idoneidad del perito y el soporte
técnico de sus conclusiones, razón por la cual decidió no otorgarle valor probatorio.
55. Indicó que, según el dictamen pericial rendido por la sociedad Hidrased S.A., las
causas de los deslizamientos obedecían a una concurrencia de factores
relacionados con las altas precipitaciones, el cambio de cobertura vegetal, la
geología y las pendientes del terreno.
56. En relación con el informe de la UNGRD, precisó que no constituía un dictamen
pericial sino un informe técnico elaborado en ejercicio de sus funciones
institucionales. Dicha prueba evidenciaba la pérdida de la banca, la inestabilidad del
terreno y las dificultades de acceso para la comunidad. Esa situación configuraba
un riesgo cierto y actual para los habitantes.
57. Precisó que el daño no podía atribuirse exclusivamente a una sola entidad, pues
en su ocurrencia intervinieron varios factores relacionados con las obras del
proyecto vial, las condiciones geológicas del terreno, la alta pluviosidad y ciertas
11
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
actuaciones de la comunidad relacionadas con el uso del suelo y el manejo de los
cauces. Por lo tanto, era necesaria una respuesta institucional coordinada para la
mitigación del riesgo.
58. Complementó que las entidades con competencia en la infraestructura vial, el
control ambiental y la gestión territorial tienen el deber de actuar de manera
articulada frente a situaciones que comprometen derechos colectivos. De manera
que la omisión en la adopción de medidas oportunas y eficaces encaminadas a
solucionar la presente problemática justificaban la intervención del juez popular.
III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. Autoridad Nacional de Licencias Ambientales36
59. La ANLA solicitó la revocatoria del ordinal cuarto que declaró que esa entidad
vulneró los derechos colectivos amparados y del ordinal quinto que le impuso
obligaciones de asesoría, seguimiento y control, pese a que estas corresponden a
sus funciones ordinarias.
60. Sostuvo que la entidad actuó conforme a sus competencias legales, las cuales
se limitan al seguimiento y control de la licencia ambiental, y no a la ejecución
material de obras ni a la gestión directa del riesgo. A lo largo del proceso se acreditó
que ejerció de manera permanente funciones de evaluación, seguimiento y control
respecto del proyecto “Autopista Conexión Pacífico 1”, mediante conceptos
técnicos, autos y visitas de seguimiento.
61. Señaló que “[…] las afectaciones que se presentaron hubieran sucedido
igualmente sin la existencia de la construcción vial […]”. La problemática obedece
a factores naturales y externos relacionados con las altas precipitaciones, las
condiciones geológicas del terreno y la ocurrencia histórica de deslizamientos en la
zona, incluso antes de la construcción de la vía. También incidieron factores
antrópicos, como el cambio de cobertura vegetal, las intervenciones de la
comunidad en los cauces, las construcciones sin autorización y la oposición a la
ejecución de obras hidráulicas necesarias.
62. Precisó que, aunque algunas afectaciones se relacionan con la ejecución del
proyecto, la ANLA actuó de manera diligente al requerir a la concesionaria la
adopción de medidas correctivas, por lo que la eventual ineficacia de dichas
medidas no puede imputarse a la entidad reguladora sino al ejecutor del proyecto o
a terceros.
63. Destacó que la responsabilidad en la gestión del riesgo recae principalmente en
el municipio de Amagá y en su alcalde, como autoridades encargadas de la
implementación de acciones de prevención y manejo del riesgo, y no en la ANLA.
36
Cfr. Índices 256 y 257 del expediente digital de primera instancia.
12
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
64. Por último, afirmó que “[…] las órdenes de la sentencia condenatoria exigen a la
ANLA y CORANTIOQUIA prestar asesoría para el desarrollo del estudio técnico y
realizar seguimiento y control a las situaciones que originan las afectaciones y a las
medidas que se implementen y la ANLA ha demostrado que precisamente estas
son las funciones que ha venido ejerciendo continuamente desde 2021. La condena
por vulneración de derechos colectivos por una gestión que se tachó de
"insuficiente", mientras que las órdenes subsiguientes la obligan a continuar
realizando exactamente sus funciones misionales, es contradictoria […]”.
III.2. Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S.37
65. La concesionaria sostuvo que la sentencia de primera instancia se basó en un
dictamen que no cumple con los requisitos legales para ser valorado como prueba.
Dicho dictamen no fue objeto de contradicción por las partes y carece de sustento
técnico y metodológico suficiente para generar convicción judicial.
66. Mencionó que, en la audiencia de pruebas del 23 de octubre de 2024, el
concesionario evidenció que los peritos que elaboraron el dictamen presentado por
la parte actora no acreditaron la formación académica ni la experiencia necesaria
para rendir el informe, ni aportaron los soportes de sus hojas de vida, como lo exige
el artículo 226 de la Ley 1564. Aunque el despacho requirió estos documentos, los
peritos no atendieron el requerimiento. Por esta razón, la propia sentencia reconoció
que el dictamen de los demandantes carecía de valor probatorio.
67. Complementó que el tribunal ordenó de oficio la elaboración de un informe
técnico por parte de la UNGRD una vez cerrada la etapa probatoria, sin permitir su
contradicción ni dar oportunidad a las partes para pronunciarse sobre dicha prueba.
Esta actuación vulneró el derecho de defensa, el debido proceso y afecta la validez
de la sentencia.
68. Adicionó que el a quo trasladó la carga de la prueba sin que el actor hubiera
demostrado imposibilidad económica para cumplirla. Adicionalmente, la entidad
designada para rendir el informe no cuenta con competencias técnicas
especializadas en infraestructura vial e hidráulica, materias objeto del proceso, y
tiene un interés en la gestión del riesgo, lo que compromete su imparcialidad. Por
ende, se aplicó indebidamente el artículo 30 de la Ley 472 de 1998.
69. Puso de presente que “[…] una vez cerrada la etapa probatoria, y habiendo todas
las partes alegado de conclusión, el Tribunal ordenó la rendición de un informe
técnico de oficio por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, y en dos oportunidades diferentes no permitió su contradicción […]”.
70. Señaló que el tribunal realizó una valoración probatoria incorrecta, al no tener en
cuenta el dictamen técnico aportado por COVIPACÍFICO S.A.S. y basar su decisión
en el informe de la UNGRD sin contrastarlo con las demás pruebas. Este informe,
37
Cfr. Índice 258 del expediente digital de primera instancia.
13
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
además, fue elaborado tres años después de los hechos, lo que limita su capacidad
para establecer las causas reales del daño. Tampoco consideró las pruebas
testimoniales que demostraban que las obras hidráulicas ejecutadas eran
adecuadas y que existían factores externos determinantes, como las lluvias
intensas, la intervención de terceros y las condiciones naturales del terreno.
71. Afirmó que no existe relación entre las obras ejecutadas y los daños alegados.
Las pruebas demuestran que los procesos erosivos y la pérdida de la banca
obedecen a las condiciones geológicas del terreno, a las precipitaciones
prolongadas y a las intervenciones de la comunidad en los cauces. Incluso se
evidenció que algunos daños ocurrieron antes de la intervención de la concesionaria
y que las obras hidráulicas no estaban en funcionamiento al momento de los
eventos.
72. Anotó que “[…] las aguas de escorrentía no son producto del Proyecto, son
anteriores, y externas a las intervenciones a cargo de COVIPACÍFICO. Como ya se
ha indicado, justamente el objetivo de los canales construidos por COVIPACÍFICO
era contar con las obras hidráulicas necesarias para hacer frente a estas
situaciones, pues la infraestructura existente, era a todas luces, insuficiente […]”.
73. Consideró que la sentencia impuso órdenes que no son claras ni precisas y que
exceden las competencias del juez de la acción popular. El fallo introduce
obligaciones nuevas a cargo de COVIPACÍFICO S.A.S. que no hacen parte del
contrato de concesión, lo que implica una modificación indebida de sus condiciones
técnicas, económicas y de distribución de riesgos. El concesionario es un sujeto de
derecho privado y su responsabilidad se limita al marco contractual. Por ello, no se
le pueden imponer cargas adicionales sin el reconocimiento correspondiente.
74. A su juicio, el juez de la acción popular ha extralimitado sus competencias, en
tanto adoptó decisiones que exceden el marco de sus funciones constitucionales y
legales al definir aspectos de la relación contractual. Sin embargo, la decisión
apelada adiciona obligaciones al Contrato de Concesión APP 007 de 2014.
75. Indicó que la sentencia desconoce los elementos estructurales de la
responsabilidad, ya que no se probó de manera adecuada el daño imputable, la
conducta atribuible, ni el nexo causal. Por el contrario, las pruebas indican que el
proyecto se ejecutó conforme a las condiciones técnicas y ambientales aprobadas,
y que las afectaciones responden a causas naturales y externas al contrato, por lo
que no es posible atribuir responsabilidad a COVIPACÍFICO S.A.S.
III.3. Agencia Nacional de Infraestructura38
76. La ANI indicó que no existe responsabilidad ni nexo causal entre su actuación y
la supuesta vulneración de derechos colectivos. Además, el tribunal omitió valorar
integralmente los dictámenes periciales y acogió de manera exclusiva el informe de
38
Cfr. Índice 254 y 255 del expediente digital de primera instancia.
14
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
la UNGRD, sin realizar un análisis comparativo con el dictamen aportado por
COVIPACÍFICO S.A.S. que acreditaba el carácter multifactorial del fenómeno.
77. Señaló que esa decisión se adoptó con base en una valoración probatoria
incompleta y sin sustento técnico suficiente. Las afectaciones en la vereda
Guaimaral no pueden atribuirse de manera exclusiva al proyecto, pues obedecen a
múltiples factores concurrentes como la ola invernal de 2022, las condiciones
geológicas del terreno, las intervenciones de particulares en los cauces, el uso
inadecuado del suelo y la ejecución de obras sin permisos.
78. Indicó que el tribunal reconoció la existencia de varios factores concurrentes,
pero no determinó su peso relativo ni explicó por qué la actuación del concesionario
constituía la causa determinante del daño. Esta omisión “[…] vulnera el principio de
causalidad objetiva y se desatiende el estándar probatorio exigido para declarar la
afectación de derechos colectivos […]”.
79. Anotó que no se acreditó nexo causal entre la actuación de la ANI y la afectación
alegada, dado que el contrato de concesión se ejecuta por cuenta y riesgo del
concesionario, quien tiene autonomía técnica y operativa. En consecuencia, la
responsabilidad por la ejecución del proyecto no puede trasladarse
automáticamente a la entidad concedente.
80. Mencionó que: “[…] la ANI no es la llamada a realizar dicho estudio sobre el
restablecimiento de la vía de la vereda Guaymaral (sic), pues esta actividad se
encuentra fuera de las funciones de mi representada y sobrepasa el alcance del
Contrato de Concesión 007 de 2014, por lo que la competencia legal para cumplir
con lo ordenado le corresponde a la Alcaldía de Amagá, pues es esta la llamada a
realizar el estudio ordenado con dicho enfoque […]”.
81. Precisó que no se demostró ninguna falla en las funciones de supervisión o
interventoría a cargo de la ANI, ni una conducta omisiva que hubiera generado o
agravado el riesgo. La ANI hizo seguimiento al plan de inversión del 1% y verificó el
cumplimiento de las obligaciones ambientales.
82. Puso de presente que el proyecto denominado “[…] Diagnóstico, diseño e
implementación de obras de rehabilitación y recuperación de 6 cauces para el
manejo de fenómenos erosivos y arrastre de material que generan riesgos a la
comunidad de Camilo Cé y afectaciones a la infraestructura de servicios públicos,
vías veredales y corredor doble calzada […]” fue aprobado por la ANLA mediante la
Resolución 1469 del 23 de julio de 2019 y posteriormente modificado por la
Resolución 1812 de 2023, mediante la cual se ajusta el plan de inversión forzosa no
inferior al 1% y se adoptan otras determinaciones.
83. Informó que este proyecto se encuentra en fase de diseño, y el concesionario ha
solicitado a CORANTIOQUIA un pronunciamiento sobre la necesidad de tramitar
permisos de ocupación de cauce para la ejecución de obras de control de flujos de
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Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
detritos en las quebradas La Urbana, Los Chorros, Otilia 1, Otilia 2 y Serranías,
ubicadas en el macizo de Amagá. Esta actuación se enmarca en la implementación
de la línea No. 2 del plan de inversión del 1%, orientada a mitigar fenómenos
erosivos y reducir los riesgos para la comunidad y la infraestructura.
84. Afirmó que la sentencia desconoce la distribución de competencias entre las
entidades públicas, en particular el principio de colaboración armónica, al atribuirle
obligaciones que exceden su marco funcional y corresponden a otras autoridades,
como el municipio de Amagá. Así se le exige participar en la elaboración y ejecución
de un estudio técnico para mitigar el riesgo y restablecer la vía, pese a que dicha
actividad no hace parte de sus funciones ni del alcance del contrato de concesión.
85. Sostuvo que el juez de la acción popular excedió sus competencias al adoptar
decisiones que inciden en el contrato de concesión, lo que implica una modificación
de sus condiciones técnicas, operativas y financieras, asunto que corresponde al
juez ordinario.
III.4. Departamento de Antioquia39
86. El departamento de Antioquia sostiene que no vulneró los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano ni a la prevención de desastres, y que la sentencia del 7
de octubre de 2025 incurre en un error al atribuirle responsabilidad. La problemática
en la vereda Guaimaral se origina en múltiples causas, entre ellas fenómenos
naturales, intervenciones de la comunidad y condiciones propias del terreno. A
pesar de ello, el tribunal declaró la responsabilidad de varias entidades, incluido el
departamento de Antioquia, con fundamento en una supuesta omisión en su rol de
coordinación, lo que resulta contradictorio frente al mismo análisis probatorio
desarrollado en la sentencia.
87. Afirmó que su competencia se limita a la coordinación, concurrencia y
subsidiariedad entre municipios, y no implica la ejecución directa de obras ni la
intervención en asuntos que corresponden al nivel municipal, cuyo principal
responsable es el alcalde y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Por lo tanto,
cumplió sus funciones en la materia a través de visitas técnicas, informes y
recomendaciones emitidas a solicitud del municipio de Amagá.
88. Solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia para que, en su lugar,
se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento de
Antioquia. De manera subsidiaria, requirió la modificación del ordinal quinto de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en el sentido de establecer
que su intervención solo procede cuando el municipio de Amagá haya superado su
capacidad de respuesta, conforme al marco legal vigente.
39
Cfr. Índice 259 del expediente digital de primera instancia.
16
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
89. La magistrada sustanciadora del proceso mediante auto de 22 de octubre de
202540, concedió los recursos de apelación y remitió el expediente al Consejo de
Estado.
90. A través de auto de 25 de noviembre de 202541, se admitieron los recursos de
apelación presentados contra la sentencia de primera instancia, se ordenó su
traslado, y se informó al Ministerio Público que se encontraba habilitado para emitir
concepto en la presente causa. Asimismo, se informó a los sujetos procesales que
se prescindía del traslado para alegar de conclusión y que podrían pronunciarse
sobre el recurso hasta la ejecutoria de ese auto.
91. La ANLA42 y COVIPACÍFICO S.A.S.43 reiteraron los argumentos de sus escritos
de apelación. Además, la concesionaria controvirtió la afirmación de la apelación de
la ANLA, según la cual el concesionario habría causado la afectación, señalando
que incluso la propia ANLA reconoció que los fenómenos obedecen a condiciones
naturales y factores ajenos a la obra, como deslizamientos históricos y acciones de
la comunidad.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
92. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 y en
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201944, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, en el marco de las acciones
populares.
V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos
93. Los demandantes atribuyeron al municipio de Amagá, al departamento de
Antioquia, a la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S., a la sociedad Nortunel S.A.,
a la ANLA, a la ANI y al Ministerio de Transporte la transgresión del derecho
colectivo al goce de un ambiente sano debido al deterioro de la vía que atraviesa la
vereda Guaimaral y conduce al sector denominado “Camilo C”.
94. En el trámite de primera instancia la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia vinculó a la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia - CORANTIOQUIA.
40
Cfr. Índice 260 del expediente digital de primera instancia.
41
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
42
Cfr. Índice 13 del expediente digital de segunda instancia.
43
Cfr. Índice 12 del expediente digital de segunda instancia.
44
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
17
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
95. En la sentencia de 7 de octubre de 2025, el a quo amparó los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, vulnerados por la ANI, la ANLA, el departamento de Antioquia, el
municipio de Amagá, COVIPACÍFICO S.A.S. y CORANTIOQUIA, con ocasión de
las afectaciones presentadas en la vereda Guaimaral. En consecuencia, ordenó la
elaboración y ejecución conjunta de un estudio técnico que permita mitigar el riesgo
y restablecer la vía veredal.
96. La ANLA, la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S., la ANI y el departamento de
Antioquia interpusieron recursos de apelación contra esa decisión.
97. La ANLA sostuvo que no vulneró los derechos colectivos amparados, en la
medida en que actuó dentro del marco de sus competencias de evaluación,
seguimiento y control ambiental, sin que le corresponda la ejecución de obras ni la
gestión directa del riesgo. Asimismo, alegó que las afectaciones obedecen a
factores naturales y externos, y que resulta contradictorio que se le declare
responsable por una supuesta gestión insuficiente, cuando las órdenes judiciales le
imponen continuar ejerciendo sus funciones misionales.
98. Por su parte, COVIPACÍFICO S.A.S. indicó que el tribunal de primera instancia
incurrió en una indebida valoración probatoria y vulneró su derecho al debido
proceso, al fundamentar la decisión en un informe técnico rendido por la UNGRD
sin permitir su contradicción, y al desestimar las pruebas técnicas aportadas por la
concesionaria. Además, alegó la inexistencia de un nexo causal entre las obras
ejecutadas y los daños, los cuales atribuyó a factores naturales y antrópicos, así
como la imposición de obligaciones que desbordan el contrato de concesión.
99. La ANI sostuvo que no existe responsabilidad ni nexo causal atribuible a su
actuación, dado que la ejecución del proyecto corresponde al concesionario bajo su
cuenta y riesgo, y que las afectaciones derivan de causas multifactoriales.
Igualmente, alegó una indebida valoración probatoria por parte del tribunal y el
desconocimiento de sus competencias, al imponerle obligaciones que exceden su
marco funcional.
100.Finalmente, el departamento de Antioquia argumentó que su competencia en
materia de gestión del riesgo es de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, sin
que implique la ejecución directa de obras. En ese sentido, solicitó su desvinculación
por falta de legitimación en la causa por pasiva o, subsidiariamente, la precisión del
alcance de las órdenes impartidas para que su participación se supedite al
escenario en que se supere la capacidad de respuesta del municipio de Amagá.
V.3. Análisis del caso concreto
101.Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará: i) el valor
probatorio del informe técnico de 13 de junio de 2025 elaborado por la UNGRD; ii)
las causas acreditadas en el plenario sobre la afectación de la vía que atraviesa la
18
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
vereda Guaimaral y conduce a “Camilo C”; iii) la responsabilidad de los apelantes
en la transgresión de los derechos colectivos amparados; iv) las competencias del
juez de la acción popular en relación con los contratos administrativos; y v) la
pertinencia de las órdenes de amparo.
V.3.1. El valor probatorio del informe técnico de 13 de junio de 2025 elaborado
por la UNGRD
102. COVIPACÍFICO S.A.S. sostuvo que el informe rendido por la UNGRD no es una
prueba válida, por cuanto: i) el tribunal lo decretó una vez cerrada la etapa probatoria
y sin garantizar a las partes el derecho de contradicción y defensa; ii) ese informe
se elaboró varios años después de la ocurrencia de los hechos objeto de análisis; y
iii) la UNGRD tiene un interés en la gestión del riesgo y no cuenta con competencias
especializadas en materia de infraestructura vial e hidráulica.
103.Estimó que el tribunal aplicó indebidamente las facultades probatorias oficiosas
previstas en la Ley 472 de 1998 porque esa norma:
“[…] (i) Impone la carga de la prueba al demandante,
(ii) Solo si se acreditan “razones de orden económico” releva de la carga al
demandante, y permite suplir su falencia al Juez mediante la solicitud de experticios,
y,
(iii) Delimita la habilitación para elaborar dichos experticios a la “entidad pública cuyo
objeto esté referido al tema materia de debate […]”.
104.Frente a esos planteamientos, la Sala pone de presente que, según el artículo
28 de la Ley 472, el juez puede decretar las pruebas solicitadas y las que considere
pertinentes de oficio, una vez fallida la audiencia de pacto de cumplimiento, previa
valoración de su conducencia, pertinencia y eficacia. Asimismo, “[…] podrá el juez
ordenar a las entidades públicas y a sus empleados rendir conceptos a manera de
peritos, o aportar documentos u otros informes que puedan tener valor probatorio
[…]”.
105.El artículo 29 ibidem establece que en estas acciones son procedentes todos
los medios de prueba previstos en el Código de Procedimiento Civil45, sin perjuicio
de las reglas especiales contenidas en la Ley 472 de 1998.
106.El artículo 30 dispone que la carga de la prueba recae, en principio, sobre el
demandante. No obstante, reconoce que “[…] si por razones de orden económico
o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las órdenes
necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios
probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate
y con cargo a ella […]” (negrilla fuera del texto).
45
Hoy Código Genera del proceso.
19
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
107.Todo esto significa que el actor popular es responsable de probar la amenaza
o vulneración de los derechos colectivos. Sin embargo, el juez puede decretar
pruebas de oficio y aplicar el principio de la carga dinámica cuando advierte que el
debate procesal cuenta con un componente técnico complejo, o cuando por razones
económicas el demandante no puede suplir esa carga.
108.En el caso concreto, la magistrada ponente del tribunal de primera instancia
ejerció dicha potestad a través de los autos de 29 de enero de 202546, 14 de febrero
de 202547, 4 de marzo de 202548, 25 de julio de 202549 y 22 de agosto de 202550,
con el propósito de requerir un pronunciamiento técnico de la UNGRD sobre las
causas del fenómeno riesgoso objeto del proceso.
109.El a quo verificó que el problema jurídico contaba con un componente técnico
complejo, de manera que solicitó un informe técnico actualizado que compilara
todas las causas que afectaban la estabilidad de la vía que atraviesa la vereda
Guaimaral y conduce a “CAMILO C”, tal y como se recopiló en el acápite I.2. de esta
providencia.
110.La gestión del riesgo es un proceso social orientado a la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones
y acciones permanentes, encaminadas al conocimiento y a la reducción del riesgo,
así como al manejo de desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
111.En este contexto, la UNGRD estaba facultada para elaborar el informe técnico
requerido por el a quo, de conformidad con las competencias previstas en los
numerales 7 y 8 del artículo 451, en el numeral 11 del artículo 1352, y el artículo 1753
del Decreto Ley 4147 de 3 de noviembre de 201154.
112.Dicha entidad en el presente caso no era parte demandada y de su informe se
corrió el respectivo traslado. Por lo tanto, los cuestionamientos sustanciales
efectuados sobre el contenido de la prueba no cuentan con vocación de
prosperidad.
113.Finalmente, frente a los reparos relacionados con la forma en que el tribunal
incorporó esa prueba de oficio, en el auto de 22 de agosto de 2025 se resolvió:
46
Cfr. Índice 172 del expediente digital de primera instancia.
47
Cfr. Índice 183 del expediente digital de primera instancia.
48
Cfr. Índice 190 del expediente digital de primera instancia.
49
Cfr. Índice 231 del expediente digital de primera instancia.
50
Cfr. Índice 242 del expediente digital de primera instancia.
51
“[…] ARTÍCULO 4°. Funciones. Son funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres las
siguientes: […]
7. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de su competencia. […]
8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres –SNPAD.” Resaltos intencionales. […]”.
52
“[…] ARTÍCULO 4°. Funciones. Son funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres las
siguientes: […]
11. Elaborar, consolidar y presentar los informes requeridos por organismos del Estado y demás agentes externos. […]”.
53
54
“[…] Por el cual se crea la se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y
estructura”.
20
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Demandantes: Olga López Cortés y otros
“[…] el medio de prueba se decretó con ocasión de la facultad oficiosa específica
en el especial medio de control adelantado ante esta agencia judicial,
correspondiente a informes técnicos con valor a tener en cuenta en el material
probatorio, en los términos del inciso 3° del artículo 28 de la Ley 472 de 1998.
En cuanto a que se sobrepasó el término conferido para la realización del dictamen,
no se desconoció un elemento de la esencia o de la validez de la prueba decretada,
por lo que al sobrepasarse este, lo único que afecta en la celeridad y eficacia del
proceso judicial, pero no que por ello debe restársele validez al informe técnicos de
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (sic). Razón por la que se despacha
desfavorablemente el (sic) manifestación conjunta de los demandados.
En lo que tiene que ver con la citación a la audiencia para sustentación del dictamen,
es de advertirse que la ANI sobrepasó el término de ley para pronunciarse frente al
traslado de la prueba aludida, por lo que no se tendrá en cuenta su petición.
Ahora bien, toda vez que la codemandadas (sic) Covipacífico sí acudió a plantear
sus cuestionamientos contra la prueba trasladada dentro del término de 3 días, a la
luz del artículo 228 del CGP, se resuelve su solicitud en materia probatoria.
Como pasa de verse en el marco normativo, en los casos en que el dictamen pericial
fuere rendido por una autoridad pública, sea aportado o solicitado por las partes o
decretado de oficio, el juez o magistrado ponente podrá prescindir de su
contradicción en audiencia y aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 228 del
CGP.
Así las cosas, al corresponder el medio de convicción con una experticia de
autoridad pública, esta agencia judicial prescinde de su contradicción en audiencia,
por lo que no se fijará fecha para esta diligencia, y las objeciones formuladas en los
escritos al descorrer el traslado se entienden como aquellas observaciones para
contradecir la prueba técnica y que serán resueltos del establecer el mérito
probatorio del informe en cuestión al resolver la instancia, no ahora.
Asimismo, como se le indicó a la persona jurídica demandada en auto del 14 de
febrero de 2015, en el cual se desestimó el decreto de prueba pericial de
contradicción contra la prueba de oficio, a cuyos considerandos se remite, se
recuerda a la partes que ya cuenta con dos dictámenes relacionados con las causas
de las acusaciones en infraestructura atribuidas y debida ejecución de las obras, por
lo que al decretarse un tercer dictamen a su instancia, soslayaría la limitación
establecida en inciso 2° del artículo 226 del CGP.
En este orden de ideas, esta agencia judicial no accede a la programación de
audiencia de sustentación y/o contradicción del informe allegado por la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo (sic), al igual que no se accede a nueva prueba
pericial solicitada por la persona jurídica accionada. […]” (negrilla del texto).
Como puede apreciarse, los aspectos procedimentales discutidos por el
114.
apelante se resolvieron en el trámite de primera instancia.
115.Frente a esa decisión los sujetos procesales guardaron silencio. Por lo tanto, la
Sala se inhibirá de emitir un pronunciamiento sobre el particular dado que el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, en criterio de esta Sección,
no es el mecanismo procesal previsto por el legislador para alegar irregularidades
21
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
procesales que presuntamente ocurrieron durante el trámite de la primera instancia
y que las partes debieron alegar de forma oportuna55.
V.3.2. Las causas acreditadas en el plenario sobre la afectación de la vía que
atraviesa la vereda Guaimaral y conduce a “Camilo C”.
116. La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia en la
sentencia de 7 de octubre de 2025, luego de valorar el acervo probatorio, concluyó
que:
“[…] las causas de la pérdida de la banca y, en consecuencia, de la afectación de la
carretera que conduce a la vereda Guaimaral, corresponde a múltiples factores entre
los que se encuentran los cuatro factores evidenciados por el estudio de Hidrased
que son: (sic)
A estos factores se suma lo previamente evidenciado en relación con
Covipacífico en el informe técnico rendido por la Unidad Nacional de Gestión
del Riesgo (sic), el cual pone de manifiesto que las obras y modificaciones del
drenaje natural efectuadas por necesidad de la vía han afectado la vía que
conduce a la vereda Guaimaral. Es importante destacar que las conclusiones
dadas por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (sic) no constituyen una
negación a los cuatros aspectos evidenciados en el estudio de Hidrased, solo
ponen de manifiesto que Covipacífico converge a la generación de las
afectaciones en la vía.
En armonía con lo precedente, emerge que se ha vulnerado el derecho colectivo
al medio ambiente invocado en la demanda y, de contera a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente. […]” (negrilla fuera del texto).
117. Para arribar a esa decisión el tribunal citó un extracto del peritaje presentado por
la concesionaria y posteriormente concluyó lo siguiente:
“[…] A la luz de la citada prueba técnica, las causas que originan el
deslizamiento y afectaciones a la comunidad se condensan en cuatro, a saber:
i) las lluvias, ii) el cambio de cobertura, iii) las pendientes y iv) la geología.
Se indican que estas fueron las que contribuyeron a la situación presentada dado que
las precipitaciones tienen incidencia en la saturación del suelo y, en consecuencia, en
aumento de riesgos de deslizamientos y que en los 60 días precedentes al evento del
año 2022 se presentó una precipitación de gran magnitud en la zona.
Por su parte, el cambio de cobertura, se considera un factor al afectar la capacidad
del suelo para retener agua, así como para aminorar los picos de precipitación y
escorrentía, señalando al efecto que esto se ha presentado dada la actividad
ganadera.
En cuanto al factor “pendiente” de la zona, se señala que a mayor inclinación es mayor
la posibilidad de ocurrencia de un evento como el presentado y como en este sector
se presentan pendientes mayores al 35%, aumenta el riesgo de deslizamiento.
55
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicación núm.: 17001-23-31-000-2012-
00320- 02(AP). C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de diciembre de
2019, radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-02245-01(AP). C. P. Oswaldo Giraldo López.
22
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
En relación con el componente geológico, se destaca que el comportamiento de los
materiales se influencia por los flujos de agua, ocasionando procesos morfodinámicos
intensos.
De otro lado, puso de manifiesto que las obras realizadas por Covipacífico se han
realizado de manera correcta, continúan en curso y se han presentado algunas
dificultades para intervenir alguno de los predios, impactando el avance de las obras.
De igual modo, se expuso que se aprecian cambios en la red de drenaje de la vía
concesionada, con ocasión de la urbanización de la zona y que el cauce natural de
las quebradas Los Chorros y La Otilia, se ha visto afectado debido a la alteración de
la cobertura vegetal por cuenta de una urbanización cercana al deslizamiento.
Sumado a lo precedente, se dilucida que el origen de las aguas generadoras de
deslizamientos y cárcavas es natural, fluyendo de los puntos elevados a los más
bajos.
En ese orden de ideas, para la Sala es diáfano que acorde con el citado dictamen
pericial confluyen varios factores a originar el deslizamiento y afectaciones a la
comunidad de Guaimaral.
Bajo la óptica de dicha prueba las modificaciones a la red de drenaje se originan
en terceros, entre estas, urbanizaciones circundantes; las obras realizadas por
Covipacífico son adecuadas y garantizan la seguridad hidráulica y; las aguas
que inciden en los deslizamientos son naturales, al fluir por gravedad.
En ese sentido, en principio se concluiría que Covipacífico no tendría incidencia
alguna en los deslizamientos, pérdida de la banca de la vía que de Camilo C
conduce a la vereda Guaimaral y destrucción de la carretera de esta, empero
conforme se verá más adelante, sí tiene incidencia en las situaciones a las que
alude la demanda y que afecta la comunidad de Guaimaral, por lo cual no se
acoge el dictamen en cuanto a dicha hipótesis respecto de la concesionaria.
[…]” (negrilla fuera del texto).
118.En este contexto, la ANI, la ANLA y el concesionario afirman que el tribunal de
primera instancia incurrió en una indebida valoración probatoria porque fundamentó
su decisión en el informe de la UNGRD, sin realizar un análisis integral y
comparativo de las demás pruebas obrantes en el expediente, en particular el
dictamen técnico aportado por COVIPACÍFICO S.A.S.
119.Sin embargo, luego de valorar el acervo probatorio en conjunto, la Sala pone de
presente que los problemas relacionados con la erosión de la banca de la vía
ubicada en la vereda Guaimaral que comunica con el centro poblado del
corregimiento de “Camilo C”, en los puntos “Mango macho” y “El calvario”, tienen un
origen multicausal, tal y como lo concluyó el a quo.
120.En el proceso se demostró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
otorgó licencia ambiental a la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S., mediante
Resolución 510 de 13 de mayo de 2016, para la ejecución del proyecto vial
"Conexión Pacifico 1”, localizado en los municipios de Venecia, Titiribí, Amagá y
Caldas en el Departamento de Antioquia.
121. También se acreditó que, en la ejecución de esas obras, se presentaron
dificultades derivadas del manejo de las aguas de escorrentía que fluyen por el
23
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
sector objeto de análisis. Concretamente, la ANLA en el concepto técnico 07826 de
9 de diciembre de 2021, acogido mediante auto 10760 de 14 de diciembre de
202156, recopiló estos hallazgos:
“[…] El día 8 de noviembre de 2021, el profesional técnico de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales ANLA, se dirigió al municipio de Amagá en el departamento
de Antioquia para atender la queja presentada mediante radicado 2021227085-1-
000 del 20 de octubre de 2021, por parte de los señores, Eliana Cano, Deicy
García y Helmer de Jesús Cano Cortes, en ese sentido se estableció como punto
de encuentro el corregimiento de Camilo C, desde donde en compañía de
representantes de la CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO S.A.S. titular de la
licencia ambiental, y los peticionarios, se efectuó recorrido por la vía denominada
Camilo C - Los Aljibes.
La señora Deicy García quien se presentó como representante de la comunidad
afectada, inició el recorrido en el punto con coordenadas origen único E4700855.92
N2223995.9, zona donde al momento de la visita se presenta un flujo de aguas
de escorrentía el cual se observa que fluye desde la parte alta donde se
encuentran las obras y actividades de construcción de la doble calzada y que
al llegar a la vía de acceso veredal Camilo C – Los Aljibes, fluye sobre esta
debido a que no hay obras para encausar el flujo, en ese sentido se evidencia
que la vía de acceso veredal se encuentra afectada por el flujo de agua que
drena desde la parte alta de la montaña; es importante resaltar que en la parte
superior de la ladera se encuentra el área del proyecto donde la Concesionaria
Vial del Pacífico realizó las actividades constructivas, se observó que las aguas
que vienen desde la parte alta de la montaña son direccionadas hacia las obras
de drenaje del proyecto, no obstante en la zona intermedia de las dos vías
(Nueva doble calzada y vía veredal Los Aljibes) no se cuenta con un drenaje
natural y/o con estructuras de drenaje adecuadas que permitan el manejo
apropiado de las aguas de escorrentía, por lo cual las aguas de escorrentía drenan
por la parte superficial de los predios a media ladera y otra parte se infiltra en el suelo.
[…] Adicionalmente, en el segundo punto del recorrido, se observó durante la visita
que las aguas fluyen por los predios a media ladera hasta llegar a la vía de acceso
veredal, por donde discurren hacia el punto con coordenadas E4700874.72
N2223893.68, donde se encuentra localizada un cruce sobre la vía. Además, de
donde se evidenció que al menos en unos 70 metros lineales el agua fluye por
la vía veredal, hasta una zona de cruce sobre esta, donde las aguas se conducen
hacia un drenaje marcado de manera natural, sin embargo, se identificó que
parte de las aguas discurren por las áreas de los predios vecinos, debido a que
no se encuentran canalizadas de forma adecuada, lo que genera pérdida del
material fino, afectación de la estructura de la vía y dificultades para transitar
por el acceso para la comunidad.
Al respecto, el señor Mario Cano informó que se ha dirigido a la concesionaria para
solicitar que se realice el arreglo de la vía en repetidas ocasiones sin que se ejecute
por parte de la Concesionaria, así mismo indicó que, las obras diseñadas no tienen
la capacidad para la cantidad de agua que se genera desde la parte alta de la vía.
[…] El tercer punto visitado sobre la vía de acceso veredal corresponde al localizado
en la parte baja de las instalaciones temporales No 8 con coordenadas origen único
E: 4700858 N: 2223815.68, donde para la fecha de la visita operaba una planta de
concreto y se mantiene una zona de acopio de material de rezaga producto de la
excavación del túnel. Sobre esta área de instalaciones temporales se pudo identificar
que se tiene adecuada una conducción para las aguas de escorrentía que se generan
56
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia.
24
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
desde la parte alta donde se encuentra la vía en doble calzada construida, la cual a
través de una cuneta en tierra se conducen hasta una estructura tipo desarenador en
concreto, para luego a través del drenaje marcado por la topografía conducir las
aguas hacia la zona baja de la vía de acceso veredal, no obstante, sobre esta no
se cuenta con una obra hidráulica adecuada, por lo cual las aguas atraviesan la
vía a través de una tubería de 24 pulgadas instalada por la concesionaria de
manera temporal.
[…] Una vez el flujo llega hasta el punto de cruce de las aguas por la tubería en PVC,
las aguas fluyen hacia un drenaje natural aguas abajo hacia el cauce de la quebrada
Cajones.
[…] Ahora bien, durante la visita la Concesionaria vial del Pacífico S.A.S., indicó que
se estableció con la ANLA el acuerdo, para adelantar las obras de tal manera que se
conecten las obras hidráulicas construidas en la doble calzada hasta el cruce de la
vía de acceso veredal Camilo C – Los Aljibes, de tal manera que se realice la entrega
de forma adecuada a los drenajes naturales; obras consistentes en la construcción
de un canal, construcción de obras de drenaje para el cruce la vía veredal un
box culvert y una cuneta tipo batea.
[…] Durante la visita se evidenció que se efectuó de forma separada el manejo de las
aguas de escorrentía que se generan en la parte alta de las instalaciones temporales,
para lo cual de manera provisional la concesionaria adecuó una cuneta, que cuenta
con estructura para retención de sedimentos, la cual de acuerdo con información de
los representantes de la comunidad y de la concesionaria se rebosa durante los
eventos de lluvia, tal como sucedió la madrugada del 08 de noviembre de 2021,
informándose por parte de la concesionaria que el evento de lluvia había reportado
alrededor de 58mm de lluvia, durante la visita de seguimiento se evidenció que al
menos en dos puntos de la doble calzada en el sector del K25+500 al K25+900 se
generó un rebose de las aguas desde la calzada hacia el talud inferior de la vía, como
en el caso de la estructura construida como disipador de energía que presenta
evidencias de haber sido superada su capacidad generando pérdida del material en
las zonas laterales del talud donde se encuentra ubicada. […]” (negrilla fuera del
texto).
122.El auto 10760 de 14 de diciembre de 2021 precisa en su parte motiva que el
estado de la vía veredal Camilo C – Los Aljibes se encuentra afectado por
deficiencias en el manejo de las aguas de escorrentía. Se explicó que la cuneta
adecuada en tierra no funciona correctamente debido a su colmatación con material
sedimentable proveniente de la parte alta del proyecto, lo que ocasiona que durante
y después de las lluvias el agua desborde e inunde la vía. Además, se constató la
ausencia de obras hidráulicas completas que garanticen el flujo hídrico seguro entre
ambos corredores viales.
123.Ante esta situación, la ANLA requirió a la concesionaria que adopte medidas
inmediatas para garantizar el mantenimiento adecuado de la vía veredal, mientras
se define una solución definitiva, asegurando el correcto manejo de las aguas de
escorrentía y evitando afectaciones a los usuarios y a los predios colindantes,
veamos:
“[…] 1. Realizar las obras de mantenimiento correspondientes a la vía de acceso
veredal Camilo C – Los Aljibes, en las zonas afectadas por el inadecuado
manejo de las aguas de escorrentía de las obras del proyecto Conexión Pacífico
25
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
1, de tal manera que se garantice el manejo adecuado de las aguas de escorrentía
sin generar afectaciones a los usuarios y propietarios de los predios.
2.Presentar los soportes de cumplimiento de la implementación de las medidas de
manejo que eviten el arrastre de material acopiado desde las instalaciones temporales
hacia la vía de acceso veredal y las cunetas para el manejo de las aguas de
escorrentía, en cumplimiento de la medida 3 contenida en la Ficha de Manejo:
Subprograma 5 Manejo de patios de almacenamiento y talleres de mantenimiento.
3.Realizar el manejo adecuado de las aguas generadas en el lavado de los mixers,
de tal forma que puedan ser aislada de las aguas lluvias en eventos de
precipitaciones, se debe garantizar que estas aguas no se viertan a los drenajes
localizados aguas abajo; lo anterior, en cumplimiento a la medida 3 contenida en la
Ficha de Manejo: Subprograma 4 Manejo de plantas de trituración, concreto y asfalto.
4.Presentar los soportes que permitan verificar la capacidad de las obras
construidas entre el K25+500 al K25+900, de tal manera que se garantice el
adecuado manejo de las aguas generadas en la parte superior de la ladera y en
el área de la vía construida, conforme a lo estipulado en la medida 3 contenida
en la Ficha de Manejo: Subprograma 2 Manejo de taludes, suelo orgánico y
escorrentía.
5.Presentar los documentos soporte que permitan evidenciar la socialización dirigida
a la comunidad del corregimiento Camilo – C, Amagá Antioquia, sobre las medidas
a implementar para el manejo de las aguas de escorrentía e industriales que
generan afectación a la vía Los Aljibes localizado en el corregimiento Camilo C,
Municipio de Amagá Antioquia. […]” (negrilla fuera del texto).
124.El informe elaborado el 8 de junio de 2022 por el Departamento Administrativo
de Gestión del Riesgo de Antioquia – DAGRAN, describe que en junio de 2022 la
problemática se agravó por las siguientes razones:
“[…] En la noche del 6 de junio al amanecer del 7 de junio de 2022 se presentó una
lluvia fuerte y prolongada en el municipio de Amagá, lo que ocasionó un aumento
de las aguas en la mayoría de las quebradas y drenajes con la destrucción de
un puente, daños en las estructuras de otros dos puentes, destrucción de
viviendas, socavación de las orillas de los drenajes con movimientos en masa
que desestabilizaron terrenos y amenazan con afectar a otras viviendas.
[…] Camiloce (sic), Carretera Vereda El Gaimaral (sic).
En un tramo de la banca de esta carretera se presenta la concentración de una gran
cantidad de aguas de escorrentía que proviene de la parte alta de la ladera y no
tienen obras que las controlen con daños severos en gran parte del tramo por
donde transita. Con las lluvias ocurridas al amanecer del 7 de junio de 2022 se
incrementaron de manera considerable estos caudales de aguas y dieron origen a
una destrucción total de la banca en el punto señalado en la figura 2 y como se
observa en las fotos 28 a la 31 con el arrastre de sedimentos y socavación de los
terrenos ubicados hacia la parte baja del tramo de carretera destruido.
[…] Recomendaciones
[…] 6 Camiloce (sic), Carretera Vereda El Gaimaral (sic).
-Es de prioridad que se hagan los controles de las aguas que llegan a esta
carretera con la construcción de todas las obras que permitan llevará estas
aguas hacia los drenajes más cercanos sin que causen daños.
26
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
-La recuperación de la banca de la carretera en el mismo punto donde fue destruida,
exigirá de una obra de gran tamaño (posiblemente un viaducto) que requerirá de
estudios y diseños que implican costos y las obras que se propongan como resultados
de los estudios ameritaran de una gran inversión en caso de que se quiera reparar el
tramo destruido.
-Otra alternativa es buscar el trazo de una variante, lo que implica su planeación con
levantamientos topográficos y la compra de las fajas de terrenos por donde pasar la
alternativa con la evaluación detallada de los costos de esta solución […]” (negrilla
fuera del texto).
125.Mediante memorial 20221440391-000 de 13 de junio de 2022, el municipio de
Amagá solicitó a la ANLA su “[…] acompañamiento e intervención por afectaciones
por agua de escorrentía […]”, atribuidas a las obras del proyecto Autopista Conexión
Pacífico 1, “[…] en sectores poblacionales que habitan y laboran en predios
aledaños al sector Camilo C y la quebrada Cajones y afluentes […]”.
126. El municipio reiteró la queja mediante memorial 2022151194-1-000 de 21 de
julio de 2022, precisando que “[…] En la vereda Guaymaral (sic) se ha detectado
que en la vía hay presencia de aguas de escorrentía que posiblemente tengan
origen en el proyecto Concesión Vial Pacífico 1 […]”.
127. La señora Victoria Eugenia Correa Arguello informó a la ANLA a través de oficio
con radicación 2022155489-1-000 de 26 de julio de 2022 que el concesionario le
solicitó autorización para atravesar el predio para pasar nueve (9) metros cúbicos
de agua. En virtud de lo anterior: “[…] Actualmente el caudal que está pasando por
mi propiedad arrasa todo a su paso y además destruyó la vía de Guaymaral (sic)
localizada debajo de mi propiedad, dejando a esta vereda sin ninguna comunicación
[…]”.
128. Para hacer seguimiento a las quejas, la ANLA requirió al beneficiario de la
licencia ambiental mediante Acta 592 de 9 de septiembre del 202257, el
cumplimiento de los requerimientos obrantes en el concepto técnico 05463 de 9 de
septiembre de 2022, a saber:
“[…] 1. Presentar los siguientes registros documentales en cumplimiento de la ficha
PMAABIO- 01 Manejo de taludes, suelo orgánico y escorrentía, la ficha PMA-ABIO-
02 Manejo de cruces, y canalizaciones de cuerpos de agua, numerales 5, 6 y 12 del
artículo décimo de la Resolución 389 del 16 de marzo de 2018:
a.El resultado del análisis hidráulico de las áreas aferentes aguas arriba y aguas
debajo de las 11 obras hidráulicas construidas en el tramo 12 de la UF2, entre el
Portal de salida de Amaga (sic) y el intercambiador de Camilo Ce, en donde se pueda
verificar: i. -Capacidad y comportamiento ante diferentes escenarios ii. Si la
infraestructura construida atiende las necesidades de la zona iii. El adecuado manejo
aguas abajo del proyecto, o en su defecto el análisis de posibles soluciones.
b.Caracterización morfodinámica del sector entre Portal Salida del Túnel de
Amaga (sic) e intercambiador camilo Ce en la parte alta de la cuenca Los
Chorros que incluya como mínimo lo siguiente: i. - Clasificación y subtipo de
57
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia.
27
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
movimiento ii. Morfometría iii. Material movilizado; iv. Detonante, dirección y
contribuyentes del movimiento v. Unidades litológica y morfológica vi. Delimitación
del contorno del tipo de movimiento soportado sobre imágenes.
c. Implementar la señalización de los sitios de alto riesgo por caída de material del
sector entre Portal Salida del Túnel de Amaga (sic) e intercambiador camilo Ce.
2.Presentar los soportes relacionados con la divulgación y socialización de las
medidas implementadas y/o a implementar para el manejo adecuado de las aguas de
escorrentía en el tramo 12 de la UF2 entre el Portal salida de Amagá y el
intercambiador de Camilo Ce, incluyendo la comunidad presuntamente afectada
durante los eventos “avenidas torrenciales” reportados y las autoridades locales del
municipio de Amagá. Lo anterior en cumplimiento de la Ficha PMA-SPC-02 Programa
de información y participación comunitaria.
3.Presentar los soportes documentales de la inclusión dentro del Sistema de
Atención al Usuario la trazabilidad y gestión realizada a las PQR presentadas
por los siguientes peticionarios, en cumplimiento de la ficha PMA-SPC-02
Programa de información y participación comunitaria:
a. Queja relacionada con la afectación del predio y la vía en reposición ubicado
en la parte alta del Portal Salida del Túnel de Amagá. (Familia Agudelo)
b. Queja por afectación de la vivienda debido al material de arrastre (Predio Las
Tortugas)
c. Queja por aumento del caudal de agua de las aguas de escorrentía, que ha
afectado la vía de la vereda Guaymaral (sic) Victoria […]” (negrilla fuera del
texto).
129.Frente a los requerimientos 1 y 3, esa acta tiene anexa la siguiente cartografía
y registro fotográfico que soporta “[…] las quejas relacionadas con posibles
afectaciones por el manejo de aguas de escorrentía […]”:
28
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
[…]”58
130.En el plenario obra el documento denominado “[…] ELABORACIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCIÓN DE QUEBRADAS
SERRANÍAS, OTILIA 1, OTILIA 2 Y LOS CHORROS EN EL OTROSÍ N°1 AL
CONTRATO ACP1-93-2022, SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD COMERCIAL
HIDROCONSULTA S.A.S., Y PROYECTOS DE INVERSIÓN VIAL DEL PACIFICO
S.A.S. -PROINVIPACÍFICO S.A.S. […]” de noviembre de 202259. Ese documento
contiene el siguiente diagnóstico preliminar basado en el reconocimiento de campo:
“[…] Los flujos de detritos que caen sobre la autopista Conexión Pacífico 1
tienen como origen la combinación de diversos factores, algunos naturales y
58
Ibidem.
59
Ibidem.
29
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
otros antrópicos. Tales procesos, en general, son muy antiguos y muestran
algún grado de recurrencia cada cierto número de años.
Los principales factores naturales que inciden sobre la ocurrencia de los flujos son
los siguientes:
Las condiciones geológicas de intenso fracturamiento y alto grado de
meteorización de las rocas, que dan origen a suelos residuales de características
mecánicas menores que la roca original, los cuales son altamente susceptibles a
procesos de erosión.
• La pendiente alta de las laderas que conforman las cuencas en estudio y la
alta pendiente longitudinal de los cauces, lo cual facilita el transporte de los detritos
a lo largo del cauce principal hasta llegar a la doble calzada.
• Alta permeabilidad del macizo rocoso y de los depósitos cuaternarios, lo cual
permite la infiltración, flujo subsuperficial y la exfiltración de grandes volúmenes de
agua. La exfiltración se puede presentar en lugares de estabilidad crítica de las
laderas.
• Los procesos erosivos en el cauce de las quebradas (socavación lateral y de
fondo), también contribuyen con la generación de procesos de inestabilidad en las
márgenes, los cuales a su vez producen materiales que serán transportados como
nuevos flujos de detritos.
• La variación en los patrones de la precipitación, que implican aumentos en la
intensidad, duración o frecuencia de las lluvias, las cuales saturan el terreno, generan
erosión laminar, en surcos y cárcavas, socavación y transportan los detritos.
El incremento en la recurrencia observada en el último año y medio, en el cual han
ocurrido varios eventos en cada una de las cuencas, que han generado afectaciones
a la comunidad y a la doble calzada, tienen origen en los siguientes factores
antrópicos que fueron observados durante los recorridos de campo.
Factores antrópicos
• Deforestación de las cuencas. En la parte alta de todas las cuencas y en la parte
media de las cuencas de Los Chorros, Serranías y la quebrada del K 18+050, se
evidenció la pérdida de cobertura vegetal de tipo arbustiva y arbórea para la
conformación de pasturas para ganado. Esto ocasiona que los suelos tengan menor
capacidad de retener y amortiguar los picos de precipitaciones y de escorrentía, con
lo que se facilitan los procesos de erosión y carcavamiento.
• Uso de los suelos para pastoreo. El pastoreo genera un endurecimiento superficial
del suelo, ocasiona surcos por los que se acelera la erosión laminar y evita que la
vegetación natural se recupere. Todo ello contribuye a la ocurrencia de procesos de
remoción en masa. Un caso evidente es el de la quebrada Serranías; en el predio
donde se encuentra la cárcava que da origen a los flujos se observaron hasta 15
cabezas de ganado, las cuales deambulaban muy cerca del borde de la cárcava,
aumentando los desprendimientos de material.
• Deficiencias en el manejo del drenaje, principalmente en el carreteable que da
acceso al sector de “Los Pueblos”. Dicho carreteable carece de obras de cruce para
las quebradas, por lo que, en especial cuando ocurren avalanchas que depositan
material sobre esa vía, los flujos se desvían y se desbordan sobre el talud inferior por
sitios diferentes al cauce, generando cárcavas. Adicionalmente, aunque existen
algunas alcantarillas a lo largo del carreteable, dicha vía no cuenta con obras de
drenaje longitudinal, como cunetas, canales o vallados, por lo que los flujos de agua
30
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
se empozan en algunos sectores, generando infiltraciones y aumentando la
inestabilidad de los suelos. […]” (negrilla fuera del texto).
131.La sociedad titular del licenciamiento presentó como parte del citado estudio un
análisis multitemporal de procesos de inestabilidad, en el que se describen los
resultados de la trazabilidad de una serie de fotografías aéreas, imágenes de
satélite y de un ortomosaico construido a partir del registro con Drone. Ese análisis
abarca un periodo de treinta y dos (32) años comprendido entre 1990 y 2022, del
cual se concluye lo siguiente:
“[…] En el periodo evaluado desde 1990 hasta el 2022 se llevó a cabo el proceso de
intervención antrópica de las cuencas de las quebradas estudiadas, se retiró
gran parte de la cobertura boscosa protectora, únicamente prevalecen algunos
bosques de galería en la parte alta de las cuencas.
•La cobertura boscosa fue reemplazada por pastos y los predios fueron destinados a
ganadería. El pastoreo de ganado en las laderas generó la conformación de
terracetas y procesos locales de erosión leve a severa.
•En el sector de Camilo C, aumentó la urbanización, se construyó la vía de
acceso al pueblito de Los Sánchez, que cortó la continuidad de las laderas de
las cuencas de las quebradas, y modificó localmente los patrones de flujo de
agua superficial, aumentando los procesos erosivos.
•La presencia de un proceso importante de remoción en masa en la parte baja de
la quebrada Los Chorros generó un cono aluvial que colmató el cauce original
y dio lugar a un cambio en la dirección de flujo de agua, hacia el SE,
integrándose a la red de flujo de la quebrada Otilia 1.
•Los procesos morfodinámicos presentes corresponden a procesos erosivos, tipo
erosión concentrada y difusa, que se manifiestan por la presencia de erosión laminar
y en cárcavas y deslizamientos superficiales, procesos que se presentan en
sectores desprovistos de vegetación, y corresponde a eventos asociados a
flujo de agua lluvia, aunque se evidencia el aumento de los procesos erosivos en
las márgenes de la quebrada.
•La presencia de lluvias fuertes en sectores desprovistos de vegetación arbórea
en las cuencas de las quebradas evaluadas intensifica los procesos erosivos y
detona procesos de flujo de detritos en las laderas, estos procesos de remoción
en masa se mueven a través del cauce de las quebradas y llegan hasta la parte baja,
donde transcurre el proyecto de la doble calzada. […]” (negrilla fuera del texto).
132.El acápite de conclusiones del informe final elaborado por Hidroconsulta S.A.S.
en febrero de 2023 es del siguiente tenor:
“[…] 20.1 DE LA PROBLEMÁTICA
• Los resultados de los estudios realizados indican que la problemática asociada a los
flujos de detritos que afectan la operación e integridad de la doble calzada están
asociados a condiciones naturales tales como la geología, la topografía y la
precipitación, la cual ha estado aumentando en los últimos años;
adicionalmente, tales factores se ven aumentados por factores antrópicos tales
como la deforestación y el pastoreo, los cuales hacen que la problemática se
incremente en magnitud y recurrencia.
31
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
20.2 DE LOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS.
• De acuerdo con los registros disponibles en las tres estaciones analizadas, se
observó que las precipitaciones máximas mensuales tienen una tendencia
ascendente, lo cual confirma que tales precipitaciones, en general son cada vez
mayores en los últimos años, lo que puede estar relacionado con el aumento en la
recurrencia de los procesos de remoción en masa y flujos de detritos.
• A partir de los métodos hidrológicos implementados se estimaron caudales
de diseño para periodos de retorno de entre 2 y 100 años para cada una de las
seis quebradas. Los Chorros genera los mayores caudales con valores de 7.3
m3/s para Tr de 2.33 años y 19.5 m3/s para Tr de 100 años. La quebrada Otilia 2
genera los menores caudales, con valores de 1 m3/s para Tr de 2.33 años y 2.8
m3/s para Tr de 100 años.
20.3 DEL ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO
• En el periodo evaluado desde 1990 hasta el 2022 se llevó a cabo el proceso de
intervención antrópica de la cuenca de las cuatro quebradas estudiadas, se retiró gran
parte de la cubierta vegetal arbórea presente en los cauces y zonas aledañas,
únicamente prevalecen algunos bosques de galería en la parte alta de las cuencas.
• La cubierta vegetal arbórea fue reemplazada por pastos y se destinaron los predios
a la ganadería, el pastoreo de ganado en las laderas generó la conformación de
terracetas y procesos locales de erosión leve a severa.
• En el sector de Camilo Ce, aumentó la urbanización, se construyó la vía de
acceso al pueblito de los Sánchez, que cortó la continuidad de las laderas de
las cuencas de las quebradas, y modificó localmente los patrones de flujo de
agua superficial, aumentando los procesos erosivos.
• La presencia de un proceso importante de remoción en masa en la parte baja de la
quebrada Los Chorros generó un cono aluvial que colmató el cauce original y dio
lugar a un cambio en la dirección de flujo de agua, hacia el SE, integrándose a
la red de flujo de la quebrada Otilia 1.
• Los procesos morfodinámicos presentes corresponden a procesos erosivos, tipo
erosión concentrada y difusa, que se manifiestan por la presencia de erosión laminar
y en cárcavas y deslizamientos superficiales, procesos que se presentan en sectores
desprovistos de vegetación, y corresponde a eventos asociados a flujo de agua lluvia,
aunque se evidencia el aumento de los procesos erosivos en las márgenes de la
quebrada.
• La presencia de lluvias fuertes en sectores desprovistos de vegetación
arbórea en las cuencas de las quebradas evaluadas intensifica los procesos
erosivos y detona procesos de flujo de detritos en las laderas, estos procesos de
remoción en masa se mueven a través del cauce de las quebradas y llegan hasta la
parte baja, donde transcurre el proyecto de la doble calzada.
• Los procesos de remoción en masa reconocidos en la zona de estudio corresponden
a flujos de detritos acompañados de erosión. Estos procesos se presentan
asociados procesos de erosión severa con presencia de cárcavas que en
temporadas de lluvias se convierten en flujos de detritos y tienen como factores
contribuyentes la mala calidad del macizo rocoso (rocas de calidad muy mala
de Diorita de pueblito), así como la pérdida de vegetación primaria y su
reemplazo por zonas de pastoreo para uso de ganadería extensiva.
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Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
• Se registraron en total 10 flujos, en la quebrada Serranía se presenta un flujo, en la
quebrada Otilia 2 se presentan 2 flujos, en la quebrada Otilia 1 se presentan 3 flujos
y en la quebrada Los Chorros se presentan 4 flujos.
• Como parte del estudio geotécnico se evaluó la propagación de del flujo de detritos
en cada una de las quebradas. Para ello, se determinaron las áreas de fuente, las
zonas de propagación y las zonas de depósito mediante un análisis multicapa, y se
realizó la validación de las zonas de transporte y depósito mediante un programa de
modelación numérica libre.
• Para las quebradas Serranías, Otilia 2, Otilia 1, Los Chorros y Urbana se
encontró que la propagación que presentarán los flujos que se generen desde
la parte alta llegan fácilmente hasta la vía nacional, afectando viviendas, zonas
de ganadería y de cultivos. El análisis con el modelo de elevación del año 2010
permite afirmar que las condiciones para que ocurra este tipo de procesos no
está condicionado por la construcción de la doble calzada, sino que está
condicionado por la topografía, la cobertura de la zona, las condiciones de
drenaje y los materiales superficiales.
• En la quebrada Cajones no se encontró una amenaza alta ante flujo de detritos; sin
embargo, la quebrada socava suelos residuales arcillosos de la formación Amagá y
depósitos de vertiente, generando el empinamiento de las orillas y detonando
deslizamientos a lo largo de las márgenes. Aunque estos procesos son inicialmente
superficiales, pueden evolucionar y retroceder, aumentando su profundidad y su área
de afectación.
20.4 DE LOS ESTUDIOS HIDRÁULICOS
• En general, de acuerdo con el modelo hidráulico unidimensional realizado para los
caudales líquidos de las seis quebradas se observa que las velocidades máximas de
los flujos varían entre 2 m/s y 4 m/s, para periodos de retorno de 100 años.
• Para la condición con obras, en los sitios en donde se proyecta la construcción
de los diques transversales tipo azud se observan reducciones de velocidad
que son del orden del 80% del valor inicial para la condición sin obras, con lo
cual se reduce el transporte de sedimentos, los procesos de erosión y
socavación.
20.5 DEL PLAN DE INGENIERÍA
• Como resultado de los análisis, los modelos realizados, el planteamiento de
alternativas y las discusiones interdisciplinarias con el cliente, se seleccionó y diseñó
el plan de ingeniería más adecuado para mitigar los procesos de inestabilidad
y los flujos de detritos que afectan la operación de la doble calzada en su cruce
con cada una de las cuatro quebradas analizadas.
• El plan de ingeniería contempla la utilización de obras de drenaje transversal y
longitudinal para la carretera a Los Pueblitos, así como diques en gavión, diques en
ciclópeo, diques y jarillones en suelo reforzado, pilotes, anclajes, pernos,
estabilizaciones con concreto lanzado, biomantos, trinchos, perfilados, reforestación,
reconformaciones, canales y estructuras de disipación. Como se puede observar, se
utilizó una gran cantidad de elementos en función de las características particulares
de cada cuenca y sus problemáticas asociadas.
• El material extraído de la excavación o que requiera ser removido del cauce o
el talud puede ser ubicado en la carga de aguas arriba del dique, con el fin de
generar una sedimentación inicial artificial.
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Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
• Las obras de protección del lecho y laterales de acompañamiento son
fundamentales para la estabilidad de los diques, por lo cual deberán ser construidas
como un todo de acuerdo con los planos de diseños.
• En el momento de la construcción y una vez se realice la excavación para cada
dique, se debe verificar el empotramiento lateral y de fondo de cada estructura, con
el fin de garantizar su estabilidad. En todo caso tales empotramientos no pueden ser
menores a un metro.
• La adecuación de las estructuras de encole para las quebradas Otilia 1, Otilia
2 y Serranías tienen como finalidad mejorar la condición de entrega de los
caudales líquidos a las alcantarillas de paso de la doble calzada.
• El éxito de toda obra hidráulica depende en gran medida del mantenimiento
que se le provea, ya que están expuestas a un ambiente dinámico y agresivo;
por tal razón, es necesario realizar después de la construcción inspecciones
después de cada época invernal o después de la ocurrencia de una creciente
extraordinaria, con el fin de determinar las posibles medidas de mantenimiento
y/o complementarias requeridas.
• Es necesario emprender un plan de reforestación de las cuencas y de
sensibilización con las comunidades aledañas, en procura de recuperar la
cobertura natural original y su capacidad de retención y amortiguamiento de la
precipitación y los picos de escorrentía; así mismo, se debe evitar el pastoreo dentro
de las microcuencas y en los sectores de los deslizamientos activos. […]” (negrilla
fuera del texto).
133.Frente al diagnosticó de la problemática CORANTIOQUIA en el informe técnico
de 19 de diciembre de 2022 reportó:
“[…] Vía a vereda Guaymaral (sic)
En este punto se observa la descarga de las aguas de escorrentía que son conducidas
por el proyecto vial Pacífico II hacía y por la vía que conduce a la vereda Guaymaral
(sic). Por testimonio de funcionarios de la alcaldía de Amagá, la concentración
de los flujos provenientes de la ladera occidental por parte de las obras de la
doble calzada ha ocasionado las graves afectaciones a la vía de esta vereda.
Sobre este punto se observó que la vía que conduce del casco urbano a la vereda
Guaymaral (sic) fue afectada en su totalidad (Figura 7), condición que no permite
el paso de forma segura de la comunidad que transita este paso. En visita de
campo, se observó que la comunidad hace uso del poco terreno disponible para el
tránsito de motocicletas (Figura 8).
Cabe resaltar que, según la cartografía oficial de Corantioquia, el drenaje que corre
por la vía a la vereda Guaymaral (sic) corresponde al de la quebrada La Otilia 1
(Figura 1).
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Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
[…] Sobre la vía que conduce del casco urbano de Amagá a la vereda Guaymaral, se
observó la pérdida de la banca, lo cual estaría asociado al inadecuado manejo
de las aguas de escorrentía que fluyen por un costado de esta vía de la quebrada
La Otilia 1. Por testimonio de los acompañantes de la administración local, se estima
que este afluente luego de la construcción del proyecto de doble calzada Pacífico II,
aumentó su caudal de forma significativa, lo que excedió la capacidad hidráulica de
las obras de cruce que se tenían proyectadas para dicho afluente.
4. Recomendaciones
Al municipio de Amagá:
•Avanzar con la actualización de los instrumentos de planificación municipal, entre
ellos el Plan Básico de Ordenamiento Territorial -PBOT-, el Plan Municipal de Gestión
del Riesgo de Desastres -PMGRD- y la Estrategia municipal de Respuesta a la
Emergencia -EMRE-, toda vez que, serán estos los instrumentos de dar los
lineamientos frente a la ocupación del territorio en relación con las amenazas por
fenómenos naturales.
•Entre tanto la administración municipal no tome las medidas de fondo de la
problemática analizada, se debe realizar un monitoreo permanente en los puntos
críticos con el fin de verificar constantemente la progresión de las
inestabilidades y prever la generación de nuevos procesos morfodinámicos, de
manera que éstas puedan ser reportadas a tiempo a la comunidad, al concejo
municipal de gestión del riesgo de desastres -CMGRD- y a los organismos de
socorro, evitando así la pérdida de vidas humanas.
A la Concesionaria Pacífico II:
•Adelantar los estudios geológicos, geomorfológicos, geotécnicos, hidrológicos
e hidráulicos de detalle para las cuencas de los drenajes en los puntos críticos
visitados que entreguen, entre otros, como productos finales los diseños de las
obras para la mitigación de la amenaza por movimientos en masa, avenidas
torrenciales y flujos de detritos, las cuales representan afectaciones directas
para el proyecto vial y las comunidades aledañas a los puntos reportados en el
presente informe.
•Realizar los estudios hidrológicos e hidráulicos la cuenca del afluente La Otilia
1, de manera que se determine el aumento de caudales posterior a la
construcción de las obras hidráulicas del proyecto vial Pacífico II y que
entreguen como productos de estos estudios: los diseños de las obras y los
costos asociados a estas para el restablecimiento y/o la reconstrucción
definitiva a partir de la intercepción de dicho drenaje con la vía a la vereda
Guaymaral (sic). […]” (negrilla fuera del texto).
134.Mediante oficio con radicación 2023043080-1-000 de 3 de marzo de 2023,
COVIPACÍFICO S.A.S. informó a la ANLA que contrató el estudio “[…] elaboración
de los estudios y diseños para la intervención de quebradas Serranías, Otilia 1, Otilia
2, Los Chorros, Cajones y Urbana […]”. A partir de los resultados de este estudio se
determinó la necesidad de intervenir los cauces para mitigar los fenómenos de
erosión, socavación y arrastre de material. Por ende, se solicitó incluir como parte
del plan de inversión forzosa del 1%, las obras de rehabilitación y recuperación de
seis (6) cauces para el manejo de fenómenos erosivos y arrastre de material que
han afectado la comunidad de “Camilo C”, su infraestructura y el corredor de la doble
calzada.
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Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
135.En oficio 2023044040-1-000 de 6 de marzo de 2023, la sociedad solicitó
autorizar la modificación de la Resolución 1469 de 2019, para validar ese proyecto
de inversión como parte de la línea de inversión 2 del plan de inversión forzosa del
1% del proyecto Autopista Conexión Pacífico 1. Esa solicitud tenía anexo los
resultados del estudio hecho entre el portal de salida del túnel de Amagá y el
intercambiador de “Camilo C” correspondiendo al tramo 12 de construcción del
corredor doble calzada, entre las abscisas K25+200 a K26+600 en la unidad
funcional 4.
136.En el concepto técnico 2775 de 24 de mayo de 2023, acogido mediante Auto
5569 del 21 de julio de 2023, la ANLA recopiló los resultados de la visita realizada
entre el 21 y 24 de marzo de 2023. Entre las obligaciones pendientes de
cumplimiento se encuentra:
“[…] 1. Presentar evidencia documental de la atención a la petición incoada por la
comunidad del corregimiento Camilo Ce, relacionada con estudiar y ejecutar otra
posible solución de movilidad peatonal, que comunique entre el sector de la 80 y la
iglesia, disminuyendo el recorrido, adecuando señalización de acceso a sitios de
interés ecológico y cultural; contar con mayor número de paraderos y que estos sean
en formato ecológico, en cumplimiento de la medida 2 de la ficha de manejo PMA-
SPC-02 Programa de información y participación comunitaria, del literal e) del numeral
13 del artículo segundo del Auto 10315 de 23 de octubre de 2020 y del numeral 4 del
artículo cuarto del Auto 8876 del 19 de octubre de 2021 y el numeral 8 del artículo
primero del Auto 6557 de 11 de agosto de 2022.
[…] 3. Realizar las obras de mantenimiento correspondientes a la vía de acceso
veredal Camilo C – Los Aljibes, entre las coordenadas magna sirgas origen único:
E4700855.92 N2223995.9 y E4700874.72 N2223893.68 por el inadecuado manejo
de las aguas de escorrentía de las obras del proyecto Conexión Pacífico 1,
garantizando el manejo adecuado de las mismas sin generar afectaciones a los
usuarios y propietarios de los predios, en cumplimiento del numeral 1 del artículo
primero del Auto 10760 del 14 de diciembre de 2021.
[…] 21. Presentar los soportes de la implementación de las obras de drenaje que
garanticen el flujo adecuado del agua de las 11 obras hidráulicas construidas en
el tramo 12 de la UF2, teniendo en cuenta el análisis de posibles soluciones
presentado, en cumplimiento de los numerales 6 y 12 del artículo quinto de la
Resolución 510 del 13 de mayo de 2016 y del literal a) del Acta 592 del 09 de
septiembre del 2022 […]” (negrilla fuera del texto).
137.Mediante Resolución 1812 de 17 de agosto de 2023, la ANLA aceptó la
ejecución del proyecto denominado “[…] Diagnóstico, diseño e implementación de
obras de rehabilitación y recuperación de 6 cauces para el manejo de fenómenos
erosivos y arrastre de material que generan riesgos a la comunidad de Camilo Cé y
afectaciones a la infraestructura de servicios públicos, vías veredales y corredor
doble calzada […]” en las quebradas La Urbana, los Chorros, Otilia 1, Otilia 2 y
Serranía, en el marco del plan de inversión forzosa del 1%, dentro de la línea de
inversión 2 aprobada.
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Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
138.La ANLA en el acta 297 de 24 de mayo de 2024 reiteró a la sociedad
CONCESIÓN VIAL DEL PACIFICO S.A.S., el cumplimiento de las siguientes
obligaciones y/o requerimientos ambientales, en los términos y condiciones
establecidos en los actos administrativos que se enuncian a continuación:
“[…]
[…]
[…]”.
139.En el plenario se encuentra el dictamen pericial rendido en el proceso por
Hidrased S.A.S. Ese documento describe las causas de la problemática así:
“[…] Como parte de la construcción del proyecto, en el tramo 12.2 se ejecutaron
diferentes obras de drenaje para el manejo de las aguas de escorrentía entre las
abscisas K25+700 y K25+910, las cuales incluyen canales y alcantarillas. Es
importante destacar que, aunque Covipacífico construyó las obras, no realizó la
conexión debido a que las obras no estaban finalizadas por la negativa de los
propietarios. Sin embargo, la comunidad realizó la conexión de las obras, posterior a
los eventos de junio, durante el segundo semestre de 2022.
[…] 5.1. Causas raíces
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Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
Respecto a las causas raíz, se revela una interacción de diversos factores que han
podido contribuir al deslizamiento registrado. Se destacan cuatro principales causas:
altas precipitaciones, cambio de cobertura, pendientes, y geología.
• La primera causa del análisis se centra en las precipitaciones acumuladas en la zona
de estudio, las cuales desempeñan un papel crucial en la saturación del suelo y el
consiguiente aumento del riesgo de deslizamientos y cárcavas. Según la metodología
propuesta por (Osorio, 2006), se establece que la combinación más probable de
lluvias que puede desencadenar el flujo de detritos en Colombia consiste en una
precipitación del día del evento con una magnitud entre 0 y 21 mm, antecedida por
lluvias de 15 días con magnitud de 115 a 230 mm, precipitación de 30 días con
magnitud de 321 a 475 y lluvia de 60 días entre 573 a 843 mm. Al realizar este análisis
para el mes de junio de 2022, fecha del evento en la estación LA SALADA y
FREDONIA se presentaron diversas combinaciones de lluvias en el mes de junio que
podrían desencadenar un flujo de detritos.
[…] Se examinaron los 60 días previos a la fecha del evento con el propósito de
evaluar el valor acumulado registrado en esa fecha. Es evidente que durante ese
periodo se experimentó un evento de precipitación de gran magnitud para el año
2022, lo que desencadenó deslizamientos en la zona de estudio. Estos hallazgos
sugieren la ocurrencia de un evento de gran magnitud durante dicha temporada.
•Como segundo factor desencadenante del deslizamiento y aparición de cárcavas se
tiene el cambio de cobertura vegetal por el que ha pasado la zona de estudio. Para
analizar esto, se extrajeron imágenes satelitales obtenidas de Google Earth de los
años 2007, 2014, 2020 y 2024, en donde se puede observar la variación en la
cobertura vegetal de la zona de estudio. En estas imágenes se puede ver cómo ha
disminuido la superficie cubierta por bosques y han aumentado los pastizales y zonas
urbanizadas. Adicionalmente, es crucial destacar que, en las partes altas de las
cuencas consideradas en la zona de estudio, así como en las partes medias de las
cuencas Los Chorros y Serranías, se ha observado una significativa pérdida de
cobertura vegetal arbustiva y arbórea debido a la conversión de estas áreas en
pasturas para ganado.
Esta modificación en la cobertura vegetal reduce considerablemente la capacidad del
suelo para retener agua y amortiguar los picos de precipitación y escorrentía. La
disminución en la capacidad de retención hídrica del suelo incrementa la
susceptibilidad a la erosión hídrica y facilita la formación de cárcavas. Este fenómeno
se traduce en una mayor vulnerabilidad de la zona a procesos erosivos intensificados,
afectando la estabilidad del terreno y la integridad del ecosistema local.
[…] El tercer factor que desencadenó el deslizamiento se atribuye a la pendiente en
la zona de estudio, la cual se identifica como un elemento crítico. Esta variable ejerce
una influencia directa en el comportamiento del flujo de agua y la erosión del terreno.
[…] De acuerdo con la clasificación de pendientes presentada se concluye que la
mayor parte de la zona de estudio presenta pendientes mayores al 35%. Esto indica
que esta categorización, junto con otros factores como la composición geológica del
suelo y los cambios en la cobertura vegetal, aumenta significativamente el riesgo de
deslizamiento en la zona de estudio.
•El cuarto factor que desencadenó el deslizamiento se atribuye a elementos
geológicos de la zona de estudio, donde el comportamiento de los materiales es
fuertemente influenciado ante la interacción con flujos de agua, lo cual provoca
procesos morfodinámicos intensos en el terreno.
[…] Diseño y construcción de las obras
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Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
Se evaluó la capacidad de las obras las estructuras de drenaje transversal de las
obras: ODT 25.37, ODT 25.44 y 25.81, ODT 25.69 y ODT 25.90 y obras
complementarias utilizando la ecuación de Manning, la cual es fundamental en la
hidráulica de canales abiertos y conductos parcialmente llenos. La ecuación de
Manning permite calcular la velocidad del flujo y el caudal en función de la rugosidad
del conducto, el radio hidráulico y la pendiente del canal.
De acuerdo con los cálculos (ver Anexo 2 3), se pudo concluir que las obras
construidas por COVIPACIFICO en el tramo 12.2 de la vía doble calzada han sido
técnicamente ejecutadas de manera correcta, en conformidad con los estándares
normativos establecidos, cumpliendo con las dimensiones básicas para evacuar
caudal de escorrentía en la zona. Esto asegura la capacidad estructural de las obras
y previene posibles problemas como la socavación, sin generar afectaciones en los
predios vecinos. De esta manera, se garantiza la seguridad y eficiencia de la
infraestructura hidráulica. Es importante señalar que la construcción de las obras
inició en el 2021 y continúan en curso, sin embargo, se han presentado dificultades
en la gestión de los permisos necesarios para intervenir los predios requeridos. Estos
problemas han generado un impacto significativo en el avance y la finalización de las
obras planificadas.
5.2. Modificaciones en la red de drenaje y aguas de escorrentía
Se realizó un trazado de la red de drenaje de la zona de estudio para los años 2014
(previo a la obra), 2020 (durante la construcción de la obra) y 2023, con el fin de
realizar un análisis multitemporal; este trazado, incluyó la quebrada Serranías, Otilia
1, Otilia 2 y Los Chorros. Se puede observar que desde el año 2020 se aprecian
cambios en la red drenaje al oriente de la vía concesionada. Las quebradas Los
Chorros y Otilia 2 sufrieron modificaciones a sus cauces, consecuencia de la
urbanización de la zona, la cual se realizó sobre el antiguo cauce de la quebrada Los
Chorros. Producto de lo anterior, se condujeron las aguas de estas corrientes sobre
la vía veredal ubicada al oriente de la vía concesionada. La quebrada Otilia 1 también
sufrió cambios en su alineamiento en la margen oriental de la nueva vía, pasando en
un tramo sobre la misma vía veredal por las que fueron conducidas las quebradas
Los Chorros y Otilia 2. Por último, la quebrada Serranías no presentó mayores
cambios en su alineamiento.
Para el año 2023, la mayoría de las estructuras de desvió ya estaban operativas,
uniendo las aguas de las cuatro quebradas estudiadas y entregándolas sobre el cauce
natural de la quebrada Los Chorros, ya que como se mencionó anteriormente, la
comunidad realizó la conexión de estas obras. Se observa que las aguas provenientes
de los cuatro drenajes de la zona de estudio convergen en una única zona que
atraviesa el punto donde ocurrió el deslizamiento. Las aguas de las quebradas Los
Chorros y Otilia 2 se conducen en un tramo sobre la vía veredal, adicionalmente, estas
quebradas experimentaron alteraciones en sus cursos debido a la urbanización en la
zona. […]
5.3. Origen de las aguas
Se realizó un análisis del origen de las aguas que incidieron en los deslizamientos y
las cárcavas presentadas. Se concluye que el origen de las aguas es de forma natural,
ya que en la zona fluyen los drenajes de las quebradas los Chorros, Otilia 1, Otilia 2
y Serranías. El agua fluye por gravedad, desde los puntos más elevados hacia los
más bajos.
De acuerdo con la red de drenaje obtenida del IGAC, se puede observar que la zona
donde ocurrió el deslizamiento se encuentra dentro del cauce natural histórico de la
39
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
quebrada los Chorros, lo que indica que este sitio actúa como una vía de
escurrimiento natural. Considerando una representación 3D del terreno, se realiza
análisis del comportamiento del flujo y se puede observar que las aguas que caen
sobre la cuenca drenan naturalmente hacia los puntos más bajos, es decir, hacia el
lugar donde se presentó el deslizamiento, un comportamiento que se mantendría
incluso sin la construcción de la doble calzada. […]” (negrilla fuera del texto).
140. A la pregunta sobre ¿cuál fue la causa determinante que provocó los
deslizamientos de tierra y las cárcavas que se presentaron en el sector de
Guaimaral?, el dictamen concluye que los deslizamientos y la formación de
cárcavas no obedecen a una causa única, sino a la convergencia de múltiples
factores de carácter natural y antrópico. Entre los elementos naturales se destacan
la ocurrencia de lluvias intensas y prolongadas, las condiciones geológicas del
terreno y las pendientes pronunciadas que favorecen la inestabilidad. A ello se suma
la dinámica hidrológica propia de las microcuencas presentes en la zona.
141.Adicionalmente, el peritaje identifica factores antrópicos relevantes, como la
deforestación y las actividades agropecuarias que redujeron la cobertura vegetal y
alteraron el comportamiento hidráulico del suelo.
142. Frente a la pregunta asociada a determinar si las obras hidráulicas construidas
por COVIPACÍFICO S.A.S. están técnicamente ejecutadas y son adecuadas para
el manejo de las aguas de escorrentía en el sector del tramo 12.2 de la vía doble
calzada, de manera que se eviten las afectaciones en predios colindantes por la
sobre saturación del suelo, el análisis técnico evidencia que las obras cumplen con
criterios de diseño y ejecución adecuados desde el punto de vista ingenieril.
143. No obstante, el dictamen resalta que dichas obras no operaban como un
sistema integral completamente articulado al momento de los hechos, debido a
limitaciones en su conexión y en la gestión predial necesaria para su finalización.
Esta situación afectó su capacidad de respuesta frente a eventos extremos,
reduciendo su eficacia global en la mitigación de los procesos de saturación del
suelo.
144.El dictamen también reconoce que el diseño hidráulico es técnicamente viable.
Sin embargo, su efectividad depende de factores adicionales como la ejecución
completa de las obras y las condiciones externas del entorno. Sobre el particular se
destaca:
“[…] Tal como se indicó en el numeral 4.2 las obras construidas por COVIPACIFICO
se ejecutaron de manera técnica correctamente y conforme a los estándares
normativos establecidos. Esto garantiza la capacidad estructural de las obras y
previene problemas potenciales, como inundaciones o socavaciones, sin causar
afectaciones en los predios vecinos.
En la Figura 4.30 se pueden observar las obras diseñadas para permitir el paso del
agua, incluso con las alteraciones antrópicas causadas por el cambio de uso del suelo
por parte de los propietarios, lo cual modificó los alineamientos de las fuentes
naturales, tal como se menciona en el numeral 4.4. Es importante destacar que la
obra no completada, mostrada en rojo punteado, se encuentra precisamente en el
40
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
lugar donde ocurrió el deslizamiento. Esta falta de finalización se debió a la negativa
de los propietarios a permitir su culminación. Las obras estaban diseñadas para
canalizar las aguas hacia el cauce natural histórico, facilitando así el manejo
adecuado de la escorrentía.
[…]”.
145.El dictamen al estudiar cuál es el aporte causal del uso y ocupación del suelo y
de las actividades agrícolas que desarrollan los habitantes del sector colindante a
la vía de Guaimaral en los deslizamientos de tierra y las cárcavas que se
presentaron, establece que ese uso tuvo una incidencia significativa en la
generación de los deslizamientos. En particular, la transformación de la cobertura
vegetal por actividades como la ganadería y la deforestación modificó las
condiciones naturales del terreno, disminuyendo su capacidad de infiltración y
aumentando la escorrentía superficial.
146.Sobre el origen de las aguas que incidieron en los deslizamientos y cárcavas
presentadas en el sector de Guaimaral, el peritaje concluye que las aguas
involucradas en los procesos de deslizamiento provienen principalmente de la
escorrentía superficial generada en las microcuencas que drenan hacia el sector de
Guaimaral. Asimismo, se destaca que el aporte hídrico es de carácter difuso y
responde a la dinámica natural del drenaje de la zona.
147.El análisis pluviométrico evidencia que, durante el periodo en que ocurrieron los
deslizamientos, se registraron precipitaciones significativamente superiores a los
promedios históricos. En consecuencia, el dictamen establece que las lluvias
intensas y prolongadas actuaron como un factor detonante fundamental del evento,
al generar saturación del suelo y aumentar los caudales de escorrentía, lo que
favoreció la ocurrencia de los deslizamientos y cárcavas.
148. Las conclusiones del informe pericial, a su vez se acompasan con lo dicho por
la Ingeniera Leidy Carvajal en la sustentación del dictamen sobre la suficiencia de
las obras hidráulicas ejecutadas por COVIPACÍFICO S.A.S., la naturaleza del
fenómeno y la incidencia de las obras adelantadas por la concesionaria, veamos:
41
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
“[…] PREGUNTA: ¿Esas obras hidráulicas, de acuerdo a su conocimiento, usted pudo
identificar si son idóneas para evacuar las corrientes de agua provenientes de la
ladera arriba de la vía […] son adecuadas?
RESPUESTA: Sí, son adecuadas, se chequeó con toda la metodología de INVIAS,
con la ecuación de Manning, con pendientes y con todo y son adecuadas.
[…] PREGUNTA: ¿usted concluye que la construcción de la vía ningún, en 0 eventos,
en ninguno, la construcción de la vía influyó en esa desestabilización de la masa
geológica?
RESPUESTA: De acuerdo y lo comentaba yo que sino hubiese existido Covipacífico
en el sector igual se hubieran presentado estos deslizamientos. (…) Estando
Covipacífico o no estando Covipacífico, con la deforestación que estaba y con las
lluvias que se presentaron se hubiera dado el mismo problema, además de que no
fue un problema local como lo especifiqué al principio fue una calamidad pública (…)
hubieron sectores en donde no estaba Covipacífico y también fueron afectados, con
el evento de esa noche y esa madrugada
[…] PREGUNTA: Yo le hago otra pregunta, usted acaba de mencionar que la
construcción de la vía, de la doble calzada pudo haber tenido efectos positivos, yo
quiero que usted le informe al Despacho ¿qué efectos positivos tuvo la construcción
de la vía para ese sector además de lo obvio, la transitabilidad ?
RESPUESTA: Algo muy valioso y algo importante que era como les comentaba (…)
si la vía, lo que caiga aquí sobre esta vía lo va a manejar por una cunetica y se lo va
a trasmitir de manera adecuada […], sin la existencia de esta vía estas aguas bajaban
indiscriminadamente por cualquier sitio y, como los comentaba a ustedes, esto es un
depósito de vertiente, material erodable, que se presta fácilmente para que el agua
llegue y se armen cárcavas, surcos, socavación, entonces el hecho de que
Covipacífico llegue, colecte las aguas, las maneja adecuadamente […] también
ayuda. Adicionalmente, el tema desaturación del suelo […], al yo organizarle estas
aguas y redireccionarle estos flujos, estoy ayudando a que este suelo trata de tener
condiciones un poco mejores […]”.
Por su parte, el testigo Mauricio Millán como representante legal de
149.
COVIPACÍFICO60, afirmó:
“[…] PREGUNTA: Mauricio, una pregunta, las siguientes preguntas con la venia del
despacho voy a hacerla sobre una imagen que reposa en el expediente que ya para
efectos de la grabación he mencionado en dónde se encuentra su ruta en el
expediente, anúncienme por favor cuando ya la estén viendo.
MAGISTRADA: Doctor por favor la comparte.
PREGUNTA: Mauricio, yo quiero hacerte una pregunta esta imagen tiene múltiples
números como puedes ver yo quisiera que utilizando esos números le explicaras al
despacho de donde a dónde va el corredor concesionado y por ende las obligaciones
de Covipacífico
RESPUESTA: Básicamente son un poquito debajo del 9 donde se ve ese talud
digamos de izquierda a derecha a la izquierda se ve el túnel hacia la derecha va el
corredor y básicamente normalmente el corredor concesionado tiene un ancho total
alrededor de 60 metros en unas partes debe tener un poquito más pero básicamente
es un poco por debajo de ese 9 al rededor del 8 es digamos el ancho que va hacia la
parte superior y digamos alrededor encima del 6 y digamos de ese 7 y hay un espacio
60
Cfr. Índice 99 del expediente digital de primera instancia.
42
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
al rederos que digamos es el ancho de ese 10 aunque en algunas partes es un poco
superior el corredor de la concesión.
PREGUNTA: Mauricio, ahora hablemos de esa parte que estoy señalando aquí con
mi mouse, Mauricio, yo te hago una pregunta esos predios que se ven acá hacen
parte de los predios que debía comprar el concesionario para la ejecución de las obras
RESPUESTA: No.
PREGUNTA: Esos predios que se ven acá ustedes han tenido oportunidad de hablar
con los propietarios para poder buscar la solución a la situación que se presentó.
RESPUESTA: Si, digamos nosotros yendo un poco más allá y buscando la ejecución
de esos canales se ha hablado con algunos de esos predios solicitando básicamente
solicitando algunos permisos para poder hacer algunas actuaciones de canales en
relación con algunos de esos predios
PREGUNTA: Y los habitantes, ocupadores o cualquier tipo de figura de esos predios
han prestado colaboración a Covipacífico para poder ejecutar las obras que se deben
hacer.
RESPUESTA: Algunos si y algunos no. Eso ha impedido por ejemplo la utilización de
los cauces naturales por ejemplo ese en donde está el 5 y 4 el 3 más o menos en esa
área por ejemplo ahí hay uno hay otro en la parte superior del 1 también hay algunos
predios donde no hubo colaboración por parte de la comunidad para hacer algunas
obras adicionales.
PREGUNTA: Para aclararle al despacho Mauricio, cuando tú dices que no hubo
colaboración que significa eso que no los dejaron entrar, que pasaba.
RESPUESTA: Que no han dejado entrar o que no han condicionado que las
soluciones tienen que ir por otros lados al momento básicamente son las dos
condiciones
[…] PREGUNTA: Mauricio, estas vías que se ven aquí que señalo con el mouse esta
particularmente son obligación del concesionario.
RESPUESTA: No, no son obligaciones de concesionario […]” (negrilla fuera del
texto).
150.Sobre la imposibilidad de terminar las obras hidráulicas y la incidencia de la
comunidad, el testigo Juan David Soto informó en la audiencia celebrada el 6 de
junio de 202461 que no fue posible llevar las aguas al descole original porque no se
obtuvo la autorización de una propietaria para intervenir el tramo comprendido entre
los puntos 5 y 4, por donde históricamente transitaba el agua y que actualmente se
encuentra en proceso de urbanización. Indicó que el escenario ideal era construir el
canal por ese mismo corredor. Sin embargo, ante la negativa, se optó por una
solución alterna desviando la conducción desde el punto 5 por la vía hacia la
izquierda (en dirección a la torre de energía), con el fin de empalmar más adelante
con el cauce.
151.Precisó que, para completar el sistema de manejo de aguas resulta
indispensable continuar las obras hasta darles continuidad y conducirlas al descole,
ubicado hacia el punto 1 y en dirección a la vía de Guaimaral. En ese sentido, afirmó
que la falta de culminación del manejo integral afecta la conducción del agua, pues
61
Cfr. Índice 102 del expediente digital de primera instancia.
43
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
con las obras completas el flujo se encauzaría mejor y se mitigarían, en alguna
medida, las afectaciones.
152.También obra el informe técnico elaborado por la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres el 13 de junio de 202562, en el que se precisó lo
siguiente:
“[…] Se realiza recorrido interinstitucional con apoyo de personal del DAGRAN de la
gobernación de Antioquia, junto con profesionales de la Secretaría de Planeación y
otros representantes del municipio de Amaga (sic), realizando inspección visual del
terreno donde se presenta afectación vial que conduce de Camilo CE hacia la Vereda
Guaimaral en la ubicación 2°08'36.2"N 76°42'14.0"W a una distancia aproximada de
2.6km del casco urbano de Amaga (sic) Antioquia.
En el recorrido se evidenció que se han modificado las condiciones naturales de
los drenajes de la ladera en un sector posterior a la influencia de la vía nacional
Pacífico 1, mediante la interceptación de varios caños por medio de una cuneta
perimetral que concentra un único caudal de la ladera hacia una caja donde
recibe además la captación de los caudales provenientes de un túnel que se
vierten a una quebrada que ante el fuerte incremento de caudales, modificó su
morfología ampliando drásticamente su cauce, ensanchando su sección
transversal y aumentando el arrastre de material de sus márgenes, acción que
afecta directamente predios del sector de la vereda Guaimaral y de manera indirecta
otros predios al haber destruido la estructura del paso de la vía veredal en dicha
quebrada, con los problemas de conectividad vial que ello conlleva.
Las condiciones se detallan en comunicado emitido por la alcaldía municipal de
Amaga (sic) a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA el 25 de
septiembre de 2024, momento para el cual ya se había perdido la banca de la vía
terciaria que conduce a la vereda Guaimaral, y se evidencia el incremento en el
proceso erosivo descrito, aspectos que se confirmaron en la visita realizada el
día 22 de mayo con la presente comisión. De dicho reporte se resaltan los
siguientes aspectos relacionados con la condición de amenaza y riesgo:
62
Cfr. Índice 228 del expediente digital de primera instancia.
44
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
1. Existe vertimiento de caudales aportados por el drenaje del túnel de la vía nacional
Pacífico 1 creado a partir de la materialización de la vía.
1.Redireccionamiento de aguas provenientes desde la parte alta de las
obras de pacifico 1 hasta el punto donde en la actualidad existen procesos
erosivos que dejaran la pérdida de la banca y erosiones progresivas en los
predios circundantes al punto crítico.
2.El drenaje natural de la zona fue reconfigurado además con las necesidades de la
vía por medio de la construcción de canales dimensionados para los requerimientos
de caudal provenientes de la parte alta de la ladera junto con el drenaje propio de la
vía nacional Pacífico 1.
De acuerdo con lo anterior la nueva configuración de drenaje converge un único
caudal que resulta de la suma de todos los aportes descritos, direccionándolo
hacia el canal escalonado que aún no cuenta con la estructura de entrega a su
emisario final proyectado, generando ante fuertes lluvias un flujo de alto poder
erosivo y gran capacidad de transporte de los sedimentos conformado por
bloques de roca que ha modificado el escenario morfológico del drenaje
seleccionado, lo que ha aumentado drásticamente la sección hidráulica
generando inestabilidad en los predios vecinos y la pérdida del paso de la vía
veredal.
[…] De acuerdo con lo manifestado por las autoridades municipales, la construcción
del tramo faltante del drenaje propuesto dentro de la propuesta de la vía nacional
por parte de la actual concesión, está condicionado a la gestión predial con los
propietarios del terreno por donde se realizó el trazado de dicha estructura.
Es de señalar que, extraoficialmente se conoció que la concesión manifiesta que
las obras aún están en construcción y que no están en servicio aún. Sin
embargo, habiéndose ya interceptado con una cuneta perimetral (Canal azul
rectangular de la figura 3), ante la ocurrencia de lluvias se encauza el caudal por la
45
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
misma y que se presume realizaba vertimiento temporal por medio de un caño
existente ubicado dentro del predio donde actualmente se desarrolla el proyecto
urbanístico donde se incluye la Parcelación Barcelona.
La materialización de la cuneta perimetral hace manejo de las aguas lluvias
provenientes de la parte alta de la ladera y del drenaje propio de la vía nacional,
truncando los drenajes naturales permitiendo el desarrollo urbanístico, que de
acuerdo con lo manifestado por el personal de la alcaldía municipal de Amagá
en la visita, cuenta con licenciamiento de construcción en firme. Al momento de
la visita se encuentra en desarrollo la construcción
Durante la inspección visual se evidenció la pérdida de la banca en la vía que
conduce a la vereda de Guaimaral, en un tramo aproximado de 32 metros de
longitud. Según lo manifestado por representantes del municipio, esta
afectación estaría asociada a procesos erosivos, posiblemente originados por
la escorrentía superficial, la inestabilidad del talud y la falta de obras de drenaje
adecuadas que controlen el flujo de aguas lluvias. La situación compromete la
seguridad vial y requiere una intervención técnica para mitigar los efectos de la
erosión y restablecer la estabilidad del terreno.
[…] Desde el punto donde se evidencia la pérdida de la banca hasta la corona del
talud, se estima una distancia aproximada de 45 metros, afectación que obedece a
la pérdida progresiva del talud. Según lo indicado por los representantes
territoriales, esta condición es consecuencia de procesos de erosión antrópica,
generada por actividades humanas en la zona, como la modificación del uso del
suelo, intervenciones sin control técnico, o la ausencia de medidas de
conservación. Esta situación incrementa el riesgo de deslizamientos y comprometió
la estabilidad estructural de la vía, por lo que se recomienda una evaluación
geotécnica detallada y la implementación de obras de mitigación para la
reconstrucción de la vía veredal colapsada con el evento.
[…]Se evidencian obras de canalización ubicadas en la margen de la vía, las cuales
actualmente se encuentran operativas y cumplen una función importante en la
captación y conducción de aguas superficiales desde la parte alta del terreno. Como
se describió previamente, estas estructuras dirigen el flujo hacia la zona superior de
la corona del talud afectado, lo que indica que, si bien están funcionando, podrían
estar contribuyendo indirectamente al incremento de la problemática si no cuentan
con un diseño adecuado de disipación de energía o estructuras de descarga
controlada. Se recomienda una revisión hidráulica de estas obras para verificar
su capacidad, estado estructural y su influencia en el fenómeno erosivo
observado.
46
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
El municipio de Amaga (sic) informa que las obras mencionadas fueron ejecutadas
por la concesión Pacífico 1, con el propósito de manejar las aguas de escorrentía
provenientes tanto de la vía como del túnel de Amagá. Estas aguas son
recolectadas a través de un sistema de drenaje vial y posteriormente
descargadas hacia un sector identificado como de alto riesgo, lo que podría
comprometer la estabilidad del terreno y la seguridad de las comunidades
cercanas.
[…] En las siguientes imágenes se observa el empalme entre los canales de
alcantarillado en PVC (dos tubos) de 1.5 metros y el canal en concreto, ambos
proyectados y construidos por la concesión. Estos sistemas conducen y descargan
aguas en la parte superior de la corona del talud con un caudal unificado de los
drenajes de la parte alta, la vía y el proveniente del túnel, lo cual está generando
afectaciones sobre la vía que conduce hacia la vereda Guaimaral. […]” (negrilla
fuera del texto).
153. El informe técnico de la UNGRD presentó las siguientes conclusiones:
“[…] Se han modificado las condiciones naturales de los drenajes de la ladera en un
sector posterior a la influencia de la vía nacional Pacífico 1, mediante la interceptación
de varios caños por medio de una cuneta perimetral que concentra un único caudal
de la ladera hacia una caja, donde recibe además la captación de los caudales
provenientes de un túnel que se vierten a una quebrada que ante el fuerte incremento
de caudales, modificó su morfología ampliando drásticamente su cauce,
ensanchando su sección transversal y aumentando el arrastre de material de sus
márgenes, acción que afecta directamente predios del sector de la vereda
Guaimaral y de manera indirecta otros predios al haber destruido la estructura
del paso de la vía veredal en dicha quebrada, con los problemas de conectividad
vial que ello conlleva […]” (negrilla fuera del texto).
154. Dicho documento recomendó en relación con COVIPACÍFICO S.A.S. esto:
“[…] Elaborar y remitir reporte de las consideraciones tenidas en cuenta para el
cambio de las condiciones de drenaje de la zona, haciendo énfasis en las
autorizaciones ambientales para el encausamiento realizado mediante el canal
materializado que cortó los drenajes naturales del sector y presentar el caudal de
diseño calculado para la obra actual de descole de los aportes de la vía y del drenaje
del túnel vial.
-Teniendo en cuenta que la condición de riesgo es generada por la concentración de
caudal direccionada por un cauce natural que supera su capacidad hidráulica, se ha
ensanchado visiblemente la sección del cauce, para lo cual se solicita remitir la
descripción de las especificaciones técnicas de dicha obra de descole, estado
de avance, estado de adquisición predial para su servidumbre, consideraciones
disposición final de caudal descargado a el drenaje natural y si está o no contemplado
llevar a cabo la reconstrucción de la vía veredal colapsada por la acción erosiva del
nuevo torrente creado. […]” (negrilla fuera del texto).
155. La UNGRD recomendó a la interventoría:
“[…] Informar de las reclamaciones que le hayan sido radicadas para el sector de
interés del proceso judicial, relacionadas con daños en infraestructura vial, viviendas,
cultivos y pérdida de área en predios en general, producto de la erosión inducida por
el torrente generado al unificar los caudales de la zona por la obra de descole
planteada para el drenaje de la vía. […]”.
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Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
156. Adicionalmente, le recomendó al municipio de Amagá lo siguiente:
“[…] Como entidad responsable de la vía veredal afectada por las crecientes
inducidas por el cuerpo de agua del descole del drenaje de la vía Pacífico 1, informar
de las actuaciones llevadas a cabo con el fin de gestionar reclamación sobre la
pérdida de la vía veredal […]”.
157.Finalmente, se pone de presente que el mantenimiento y conservación de la vía
de la vereda Guaimaral que comunica con el centro poblado del corregimiento de
Camilo C, en los puntos “Mango macho” y “El calvario”, se encuentra a cargo del
municipio de Amagá, según lo señalado por ese municipio63, el departamento de
Antioquia64 y el INVIAS65, en los informes de 5 y 12 de febrero de 2025.
158.Como puede apreciarse en el plenario se acreditó que la problemática de
pérdida de banca en la vía veredal cuestionada tiene un origen multicausal,
asociado a factores naturales y antrópicos.
159.En cuanto a las causas naturales, se demostró que la zona presenta
condiciones geológicas de alta fragilidad, caracterizadas por rocas meteorizadas,
suelos de baja resistencia, pendientes pronunciadas y una dinámica hidrológica
activa. A ello se suma un régimen de precipitaciones intensas, que en el año 2022
alcanzó niveles superiores a los promedios históricos, lo que activó los procesos de
remoción en masa.
160.En relación con las causas antrópicas, se probó que la transformación del uso
del suelo ha incidido de manera relevante en la intensificación del fenómeno. En
particular, la deforestación en las partes altas y medias de las cuencas, la sustitución
de cobertura boscosa por pastos y el desarrollo de actividades de ganadería
extensiva han disminuido la capacidad de retención hídrica del suelo. Asimismo, se
evidenció que la urbanización, la apertura de vías y las deficiencias en el manejo de
los drenajes modificó los flujos naturales del agua.
161.En ese contexto, el informe de la UNGRD constituye un elemento de juicio
relevante en cuanto advierte, a partir de una visita en campo, de la concentración
de caudales, la modificación de los drenajes y el aumento del poder erosivo en la
zona. Sin embargo, sus conclusiones no se encuentran soportadas en estudios
hidrogeológicos o modelaciones técnicas detalladas, por lo que su alcance debe
entenderse en armonía con los demás medios de prueba obrantes en el expediente.
162.Precisamente, el dictamen técnico elaborado por Hidroconsulta S.A.S.,
aportado por COVIPACÍFICO S.A.S., complementa ese análisis al ofrecer un
soporte técnico sobre la dinámica del fenómeno. Dicho peritaje confirma el carácter
multicausal del evento, explica el comportamiento de las microcuencas y la
63
Cfr. Índice 181 del expediente digital de primera instancia.
64
Cfr. Índice 182 del expediente digital de primera instancia.
65
Cfr. Índice 180 del expediente digital de primera instancia.
48
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
convergencia de flujos hacia el sector afectado, y aporta elementos sobre la
incidencia de los cambios en el uso del suelo y la modificación de los cauces en la
intensificación de los procesos erosivos.
163. Adicionalmente, el dictamen permite establecer que, si bien las obras
hidráulicas del proyecto fueron diseñadas y ejecutadas conforme a criterios técnicos
adecuados, no se encontraban completamente terminadas ni operando como un
sistema integral, debido a dificultades en la gestión predial. Esta circunstancia,
sumada a intervenciones posteriores realizadas por la comunidad y a la
modificación de la red de drenaje, evidencia que el comportamiento hídrico del
sector responde a una interacción compleja entre factores naturales y antrópicos,
cuyo impacto no ha sido plenamente evaluado.
164. El peritaje evidenció, mediante un análisis multitemporal, que entre los años
1990 y 2022 se produjo una intervención progresiva del territorio, con pérdida de
cobertura vegetal, expansión de la ganadería y modificaciones en los cauces
naturales, lo que ha intensificado los procesos erosivos. También se determinó que
los flujos de detritos no se originan en una fuente única, sino en el aporte difuso de
varias microcuencas (Los Chorros, Otilia 1, Otilia 2 y Serranías), cuyas aguas
convergen en el sector afectado.
165.En consonancia, los requerimientos formulados por la ANLA en el marco del
seguimiento a la licencia ambiental refuerzan la necesidad de profundizar en el
análisis técnico del fenómeno, al exigir la realización de estudios hidráulicos,
geotécnicos y morfodinámicos que permitan verificar la capacidad de las obras y
definir soluciones adecuadas para el manejo de las aguas de escorrentía.
166.En desarrollo de la obligación de inversión forzosa del 1%, el concesionario
asumió el compromiso de financiar y ejecutar obras orientadas a la rehabilitación y
recuperación de cauces, así como a la mitigación de fenómenos erosivos y de
arrastre de material en las quebradas Serranías, Otilia 1, Otilia 2, y Los Chorros,
con el propósito de reducir los riesgos para la comunidad, la infraestructura vial y
los predios aledaños.
167. El tramo vial objeto del presente proceso se encuentra directamente
influenciado por la cuenca de la quebrada Otilia 1, cuyo comportamiento hidrológico
resulta determinante en la dinámica de escorrentía que afecta la zona. Dicho
afluente recoge y conduce aguas provenientes de diferentes microcuencas
intervenidas, las cuales, en virtud de las modificaciones en los drenajes naturales y
en los usos del suelo, confluyen hacia el sector de la vía veredal.
En consecuencia, de la valoración conjunta de estos elementos se desprende
168.
que no es posible otorgar prevalencia exclusiva a uno de los medios de prueba, sino
que resulta necesario integrar sus aportes para comprender la complejidad del caso.
49
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
169.Del material probatorio obrante en el expediente, se advierte que la intervención
del concesionario en la corrección de la problemática es necesaria, en tanto las
actuaciones desarrolladas en el marco del proyecto vial tienen incidencia en el
comportamiento hídrico del sector. En particular, las obras de drenaje, su estado de
ejecución y articulación, así como las obligaciones asumidas en la licencia ambiental
y en el plan de inversión forzosa del 1%, guardan una relación directa con el manejo
de las aguas de escorrentía y, por ende, con la estabilidad de la vía afectada.
170.Ahora bien, el análisis conjunto de las pruebas también permite establecer que
la problemática responde a la concurrencia de múltiples factores, por lo que resulta
indispensable adelantar estudios detallados que permitan identificar con precisión
las causas del fenómeno y definir las medidas de mitigación adecuadas, dentro del
ámbito de responsabilidad de cada uno de los actores involucrados.
171.Sin embargo, lo anterior no implica que el concesionario deba asumir de manera
exclusiva la totalidad de las acciones necesarias para restablecer los derechos
colectivos amparados, pues parte de la problemática se encuentra asociada a
fenómenos naturales y a procesos antrópicos relacionados con la ocupación del
suelo, frente a los cuales el municipio es responsable.
172.Por ello, resulta necesario modificar las órdenes de amparo, en el sentido de
precisar y delimitar las obligaciones a cargo de cada entidad responsable,
garantizando así una intervención coordinada, eficaz y acorde con la naturaleza
multifactorial de la problemática acreditada en el proceso, aspecto que se
desarrollará más adelante.
V.3.3. La responsabilidad de los apelantes en la transgresión de los derechos
colectivos amparados
173.Los recurrentes afirman que el municipio de Amagá es la única autoridad
encargada de cumplir las órdenes de amparo y que, en todo caso, ya adelantaron
las actuaciones que les correspondían.
174. Frente a estos planteamientos, la Sala advierte que los alcaldes son los
responsables directos “[…] de la implementación de los procesos de gestión del
riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo
y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción […]”66, en virtud de lo reglado
en el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012. De igual manera, el municipio de Amagá
tiene a su cargo la construcción, conservación y planificación de la infraestructura
de transporte de su propiedad, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20
de la Ley 105 de 30 de diciembre de 199367.
175.Sin embargo, el hecho de que el municipio ostente estas competencias
principales no implica que las demás entidades demandadas queden exoneradas
66
Ley 1523 de 2012, artículo 14.
67
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones […]”.
50
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
de responsabilidad. La gestión del riesgo es una función compartida que involucra
a todas las autoridades y a los habitantes del territorio, en los términos del artículo
2° de la Ley 1523 de 2012. Por ende, “[…] las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo […] en el
marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres […]”.
176.Conforme a lo dispuesto en los artículos 5.° y 6.° de la Ley 1523 y 4.° de la Ley
1931 las entidades demandadas, como miembros del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres (SNGRD), del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y del
Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima), orientan y coordinan actividades
de gestión ambiental, ordenación del territorio, planificación del desarrollo,
adaptación al cambio climático y conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades.
177. Los principios de gradualidad68, coordinación, concurrencia, subsidiariedad,
sistémico69, autogestión70, corresponsabilidad y responsabilidad guían el
funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del
Sistema Nacional del Cambio Climático, conforme a los artículos 209 de la
Constitución Política, 6.° de la Ley 489 de 29 de diciembre de 199871, 3.° de la Ley
1523 y 2.° de la Ley 1931 de 2018.
178.Estos principios permiten la articulación de las entidades demandadas en el
ejercicio de sus competencias propias. Por lo tanto, la Sala estudiará las
responsabilidades de los apelantes en la transgresión de los derechos colectivos
amparados, conforme a lo acreditado en el plenario y teniendo en cuenta los
planteamientos de cada apelación.
i) La responsabilidad de la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S.72
El artículo 3073 de la Ley 105 de 1993 dispuso que la Nación puede otorgar
179.
concesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de
68
“[…] La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que
se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados en
el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad
que se beneficia […]”.
69
“[…] La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades
estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los
procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de
competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación,
recursividad, control, sinergia y reiteración […]”.
70
“[…] Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, desarrollarán acciones propias para contribuir a la gestión del
cambio climático con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades públicas.
71
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
72
Cfr. Índice 258 del expediente digital de primera instancia.
73
“[…] ARTÍCULO 30.- Del contrato de concesión. La Nación, los Departamentos, los Distritos y los Municipios, en sus
respectivos perímetros, podrán en forma individual o combinada o a través de sus entidades descentralizadas del sector de
transporte, otorgar concesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de
infraestructura vial.
Para la recuperación de la inversión, la Nación, los Departamentos, los Distritos y los Municipios podrán establecer peajes
y/o valorización. El procedimiento para causar y distribuir la valorización, y la fijación de peajes se regula por las normas sobre
la materia. La fórmula para la recuperación de la inversión quedará establecida en el contrato y será de obligatorio
cumplimiento para las partes.
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proyectos de infraestructura vial. El concesionario asume la ejecución del proyecto
y recupera su inversión a través de mecanismos como peajes o valorización,
conforme a las condiciones pactadas en el contrato.
180.El artículo 38 de la Ley 1523 de 2012 establece que todo proyecto de inversión
pública con incidencia territorial, en cualquier nivel, debe incorporar desde las
primeras etapas de formulación un análisis de riesgo de desastres, con un nivel de
detalle acorde con la complejidad y naturaleza del proyecto, con el fin de prevenir la
generación de nuevas condiciones de riesgo derivadas de su instalación y
operación.
181. Según el artículo 2.4.9.2.2. del Decreto 1079 de 26 de mayo de 201574, las
entidades públicas y los particulares encargados de estructurar, administrar o
ejecutar planes y proyectos viales, “[…] deberán evaluar las condiciones de riesgo
a través de sus principales factores, como amenazas, elementos expuestos y
vulnerabilidad, para prever las actividades preventivas, correctivas y prospectivas
tendientes a reducir o mitigar los riesgos que puedan generar daños en la
infraestructura de transporte […]”.
182.El parágrafo de la misma norma señala que “[…] deberá incorporarse la
reducción de riesgos de desastres en los planes y proyectos de infraestructura de
cada una de las entidades del sector, contando, entre otros, con metodologías de
planificación y con normas técnicas de diseño a lo largo del ciclo de formulación y
ejecución de proyectos […]”.
183. En el caso concreto, COVIPACÍFICO S.A.S. es responsable de la vulneración
a los derechos colectivos amparados por el tribunal de primera instancia porque, en
virtud del contrato de concesión, asumió la ejecución, operación y mantenimiento
del proyecto vial, lo que no se agota en la construcción de la calzada, sino que
comprende las obras complementarias necesarias para garantizar su estabilidad y
adecuado funcionamiento. Dentro de estas se encuentran las estructuras de drenaje
y manejo de aguas, cuya correcta ejecución, articulación y mantenimiento inciden
directamente en el comportamiento hídrico del sector y, por ende, en la problemática
de pérdida de banca acreditada en el proceso.
La variación de estas reglas sin el consentimiento del concesionario, implicará responsabilidad civil para la Entidad quien a
su vez, podrá repetir contra el funcionario responsable.
En los contratos que por concesión celebre el Instituto Nacional de Vías, se podrán incluir los accesos viales que hacen parte
de la infraestructura Distrital o Municipal de transporte.
PARÁGRAFO 1.- Los Municipios, los Departamentos, los Distritos y la Nación, podrán aportar partidas presupuestales para
proyectos de infraestructura en los cuales de acuerdo con los estudios, los concesionarios no puedan recuperar su inversión
en el tiempo esperado.
PARÁGRAFO 2.- Los contratos a que se refiere el inciso 2 del artículo 81 de la Ley 80 de 1993, que a partir de la promulgación
de esa Ley se celebren, se sujetarán en su formación a lo dispuesto en la misma. Sin embargo, estos no estarán sujetos a lo
previsto en el numeral 4 del artículo 44 y el inciso 2 del artículo 45 de la citada Ley. En el Pliego de Condiciones se señalarán
los criterios de adjudicación.
PARÁGRAFO 3.- Bajo el esquema de Concesión, los ingresos que produzca la obra dada en concesión, serán asignados en
su totalidad al concesionario privado, hasta tanto este obtenga dentro del plazo estipulado en el contrato de concesión, el
retorno al capital invertido. El Estado recuperará su inversión con los ingresos provenientes de la operación una vez culminado
el período de concesión. […]”.
74
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte […]”.
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184.Así mismo, su corresponsabilidad se deriva del deber de incorporar la gestión
del riesgo en todas las fases del proyecto. Las pruebas evidencian que, si bien las
estructuras hidráulicas fueron diseñadas bajo criterios técnicos, no operaban como
un sistema integral al momento de los hechos, lo que limitó su eficacia frente a
eventos de alta precipitación. Esta circunstancia, aunada a la incidencia de otros
factores naturales y antrópicos, impide excluir su participación en la resolución de
la problemática y justifica que deba concurrir, dentro de su ámbito de competencia,
en la adopción de las medidas necesarias para su corrección.
ii) La responsabilidad de la ANI
185. La ANI, conforme al Decreto 4165 de 3 de noviembre de 201175, es responsable
de “[...] planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar
proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para
el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de
la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos
o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro
tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno
Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo,
dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y
competencias y su asignación [...]”.
186. Entre otras funciones, la ANI se encarga de: i) identificar, analizar, valorar,
distribuir y administrar los riesgos de los proyectos de concesión; ii) verificar y exigir el
cumplimiento de las obligaciones correspondientes76; y iii) prevenir riesgos y daños
antijurídicos77.
187. Por lo tanto, la ANI como entidad concedente tiene a su cargo la
estructuración, supervisión y control de los contratos de concesión de infraestructura
de transporte, lo que implica verificar que el proyecto se ejecute conforme a las
condiciones técnicas, financieras y ambientales pactadas. En ese sentido, su rol
comporta un deber de seguimiento permanente sobre la ejecución del contrato,
incluyendo las obras asociadas al manejo de aguas y estabilidad del corredor vial,
aspectos directamente relacionados con la problemática analizada.
iii) La responsabilidad de la ANLA
188. De conformidad con el artículo 50 de la Ley 99 de 22 de diciembre de 199378 la
licencia ambiental es el instrumento mediante el cual la autoridad ambiental
competente autoriza la ejecución de un proyecto, obra o actividad, sujeto al
75
“[...] Por el cual se cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras disposiciones del Instituto Nacional
de Concesiones (INCO) [...]”.
76
Artículos 4, numeral 11; 15, numeral 6.
77
Artículo 16, numeral 10.
78
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones. […]”.
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cumplimiento de obligaciones orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar
los impactos ambientales.
189.El parágrafo 1.º del artículo 43 de la Ley 99 de 1993, agregó que la inversión
forzosa de no menos del 1% es un deber legal impuesto a quien desarrolla un
proyecto que requiere de licencia ambiental, y que involucre durante su ejecución el
uso del agua para consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad,
tomada directamente de fuentes naturales.
190. El beneficiario de la licencia ambiental destinará no menos del 1% del total de
la inversión para la recuperación, preservación, conservación y vigilancia de la
cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva fuente hídrica79. El cumplimiento de
esta carga social se rige por lo dispuesto en el Decreto 1900 de 12 de junio de
200680, compilado en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201581 y, posteriormente,
modificado por los Decretos 2099 de 22 de diciembre de 201682, 075 del 20 de enero
de 201783 y 1120 del 29 de junio de 201784.
191.El artículo 2.2.2.3.9.1 del Decreto 1076 de 2015 establece que corresponde a
la ANLA ejercer funciones de seguimiento, control y verificación del cumplimiento
de las obligaciones contenidas en la licencia, así como adoptar las medidas a que
haya lugar en caso de incumplimiento.
192. Bajo ese marco, se advierte que la ANLA ostenta responsabilidades en relación
con la problemática analizada, en el ámbito de sus funciones de seguimiento, control
y verificación del cumplimiento de la licencia ambiental y del plan de inversión
forzosa del 1%. Como en la Resolución 510 de 2016 se establecieron obligaciones
específicas relacionadas con el manejo de taludes, escorrentía y capacidad
hidráulica de las obras, la ANLA ha adelantado actuaciones de seguimiento en las
que ha impuesto requerimientos concretos al concesionario para garantizar el
adecuado manejo de las aguas y evitar afectaciones a la comunidad y a la
infraestructura vial.
193.En ese mismo sentido, se evidenció que la ANLA ha requerido la realización de
obras de mantenimiento, la verificación de la capacidad hidráulica de las
estructuras, la ejecución de análisis técnicos y la implementación de medidas para
79
La Corte Constitucional en la sentencia C-495 de 1996 explicó que dicha inversión no es una obligación tributaria, sino
“[…] una carga social que [se] desprende de la función social de la propiedad (art. 58 C.P.). […]”. También consideró que el
dueño del proyecto, obra o actividad es la persona facultada por la ley para definir, proponer y ejecutar “[…] las obras y
acciones de recuperación, preservación y conservación de la cuenca hidrográfica […]”; y que el desarrollo de tales labores
debe ser aprobado y orientado por “[…] la autoridad ambiental, a través de la licencia ambiental del proyecto […]”.
80
“[…] Por el cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones […]”.
81
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único. Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible […]”.
82
"[…] Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de
2015, en lo relacionado con la "Inversión Forzosa por la utilización del agua tomada directamente de fuentes naturales" y se
toman otras determinaciones […]".
83
“[…] Por el cual se modifican el literal h del artículo 2.2.9.3.1.2, el parágrafo del artículo 2.2.9,3.1.3., el artículo 2.2.9.3.1.8 y
el numeral 4 del artículo 2.2,9.3.1.17 del Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la “Inversión Forzosa por la utilización
del agua tomada directamente de fuentes naturales” y se toman otras determinaciones […]”.
84
“[…] Por el cual se modifican los numerales 3 y 4 del artículo 2.2.9.3.1.17 del Decreto 1076 de 2015 y se toman otras
determinaciones […]”.
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el manejo de las aguas de escorrentía, lo que demuestra que ha ejercido sus
funciones de control ambiental.
194.No obstante, el acervo probatorio también permite concluir que dichas
actuaciones no han sido suficientes para conjurar de manera definitiva la
problemática evidenciada, por lo que se hace necesaria una intervención continua
y articulada por parte de esta autoridad, orientada a garantizar el cumplimiento
integral de las obligaciones ambientales y la adopción de medidas eficaces de
mitigación.
195.En consecuencia, su responsabilidad se concreta en asegurar que el
concesionario cumpla con las obligaciones ambientales impuestas y en promover la
adopción de medidas técnicas idóneas, sin perjuicio de las competencias que
corresponden a los demás actores involucrados en la gestión del riesgo de
desastres.
iv) La responsabilidad del departamento de Antioquia
196.El artículo 298 de la Constitución Política prevé que “[…] los departamentos
ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la
acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación
de los servicios que determinen la Constitución y las leyes […]”.
197. Según los artículos 121 de la Ley 388 y 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de
200185 y la Resolución 448 de 17 de julio de 201486, los alcaldes deben promover,
cofinanciar o ejecutar obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de
tierras, defensa contra inundaciones y regulación de cauces en coordinación con
otras entidades.
198.En este contexto, el sistema jurídico de gestión de riesgos facultó a los
municipios que no están en la capacidad de asumir sus competencias, para solicitar
la concurrencia del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
199.De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ley 1523, los gobernadores “[…]
son agentes del Presidente de la República en materia de orden público y desarrollo,
lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia
las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la
implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo
de desastres en el ámbito de su competencia territorial […]”.
85
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
86
“[…] Por la cual se establecen los lineamientos para que los municipios y distritos recojan y suministren la información para
conformar el inventario nacional de asentamientos en alto riesgo de desastres […]”.
55
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200.Los gobernadores, al fungir como jefes de la administración, tienen el deber de
poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo
de desastres en su territorio, e integrar la gestión del riesgo en la planificación del
desarrollo departamental. Igualmente, están a cargo de las competencias de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los municipios que
integran su departamento.
201.El artículo 74 de la Ley 715 reiteró el deber de apoyo financiero, técnico y
administrativo encomendado al departamento, desde un eje de planificación
multisectorial que permita la materialización del principio de coordinación.
202.Frente al cumplimiento de esos mandatos legales, en el proceso no existe
certeza probatoria sobre la superación de la capacidad de respuesta del municipio,
si se tiene en cuenta que Corantioquia en el informe de 29 de septiembre de 2022
informó que:
“[…] 2.9 El municipio dispone de estudios de detalle y diseños para obras
estructurales
El municipio no dispone de estudios de detalle y diseños para obras estructurales.
[…]” (negrilla del texto).
203.De conformidad con las Leyes 9ª de 11 de enero de 198987, 388 de 18 de julio
de 199788 y 715 de 200189, los municipios, deben considerar el riesgo de desastres
como un factor condicionante del uso y ocupación del suelo. Por consiguiente, el
diseño y la ejecución de las medidas de ordenamiento territorial está sujeto a la
elaboración de estudios básicos y detallados, que permiten analizar y evaluar los
riesgos para adoptar acciones adecuadas de intervención y recuperación, según lo
reglamenta el Decreto 1077 de 26 de mayo de 201590.
204.El artículo 2.2.2.1.3.1.4. del Decreto 1077 explica que los estudios detallados
“[…] están orientados a determinar la categorización del riesgo y establecer las
medidas de mitigación correspondientes […]” y contienen: i) el análisis detallado de
amenaza; ii) la evaluación de vulnerabilidad91; iii) la evaluación del riesgo92; y iv) la
determinación de medidas de mitigación.
87
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
88
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
89
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
90
"[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]".
91
Los artículos 2.2.2.1.3.2.2.4. y 2.2.2.1.3.2.2.5. ibidem agregan que la vulnerabilidad se analiza considerando los aspectos
que determinan el grado de exposición, resistencia y daño potencial de los elementos que se encuentran en zonas
amenazadas por fenómenos naturales. Estos aspectos se identifican y localizan en la cartografía correspondiente y se
zonifican en categorías de alta, media y baja vulnerabilidad.
92
El riesgo se evalúa relacionando la zonificación detallada de amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad, y se categoriza
en alto, medio y bajo, según el nivel de afectación esperada. Para el riesgo alto se define si es mitigable o no mitigable,
determinando las alternativas de intervención física para reducir o evitar el incremento de la amenaza y/o vulnerabilidad, y su
viabilidad técnica, financiera y urbanística.
56
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205.El artículo 2.2.2.1.3.2.2.6. ibidem señala que los estudios de evaluación de
riesgo deben acompañarse de los siguientes documentos por cada fenómeno
analizado:
“[…] 3. Mapa de vulnerabilidad categorizada en alta, media y baja.
4. Mapa de riesgo, categorizado en alto, medio y bajo, señalando para el riesgo alto
si es mitigable o no mitigable.
5. Mapas de localización y dimensionamiento de las medidas de intervención
propuestas.
6. Presupuestos estimados de costos de las alternativas planteadas.
7. Inventario de viviendas en alto riesgo no mitigable […]” (negrilla fuera de texto).
206.El artículo 2.2.2.1.3.2.2.7. idem explica que las medidas de intervención podrán
ser estructurales y no estructurales, así:
“[…] 1. Las medidas estructurales, son medidas físicas encaminadas a la realización
de acciones y obras para atender las condiciones de riesgo ya existentes. Entre
otras se consideran las siguientes: obras de estabilización y de reforzamiento de
edificaciones e infraestructura, las cuáles deben ser predimensionadas sobre la
cartografía a nivel de prediseño, con el estimativo de costos correspondiente.
En la determinación de este tipo de medidas se deben considerar los potenciales
efectos que producirán aguas abajo.
En las zonas donde se define que el riesgo es no mitigable se deben identificar
en detalle las viviendas y construcciones que serán objeto de reasentamiento,
además de las obras de estabilización necesarias para evitar que aumente la
influencia del fenómeno en estudio.
2. Las medidas no estructurales, orientadas a regular el uso, la ocupación y el
aprovechamiento del suelo mediante la determinación de normas urbanísticas,
proyectos para la implementación de sistemas de alertas tempranas en los casos
que aplique, así como la socialización y apropiación cultural de los principios de
responsabilidad y precaución. […]” (negrilla fuera de texto).
207. Como puede apreciarse, los estudios detallados son la herramienta jurídica que
permite a los municipios detectar amenazas, determinar el nivel de riesgo y
vulnerabilidad en categorías de alto, medio o bajo, fijar las medidas preventivas y
de mitigación adecuadas, así como valorar la capacidad de respuesta del ente
territorial, especialmente como garante del adecuado funcionamiento de la red
terciaria objeto del debate judicial.
208. En este contexto, teniendo en cuenta la magnitud del riesgo acreditado en el
proceso, el cual era conocido por el departamento desde el año 2022, así como la
falta de respuesta interinstitucional coordinada y la incertidumbre sobre las acciones
específicas que corresponden a cada uno de los actores involucrados, la Sala
considera necesario ajustar las órdenes impartidas.
209.Aunque en el proceso aún no existe certeza probatoria sobre la superación de
la capacidad de respuesta del municipio, el marco jurídico de la gestión del riesgo
impone al departamento un deber de concurrencia, coordinación y apoyo.
210.En ese orden, como las medidas a adoptar dependerán de los resultados del
estudio técnico detallado que se ordene en esta providencia, la Sala modificará el
57
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
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ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, con el fin
de que la respuesta institucional sea integral y coordinada, e incluya la intervención
del departamento en el evento en que se demuestre la superación de la capacidad
de respuesta del ente territorial.
V.3.4. Las competencias del juez de la acción popular en relación con los
contratos administrativos
211.El artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 establece que, cuando la vulneración de
los derechos e intereses colectivos proviene de un contrato estatal, es posible
ejercer la acción popular para que el juez adopte medidas correctivas o preventivas
de la amenaza o vulneración, sin que pueda llegar a anular el respectivo contrato.
212. En línea con lo anterior, esta corporación judicial explicó en las sentencias de
13 de diciembre de 202393, 27 de julio de 202394 y 5 de septiembre de 202495 que
la acción popular no puede ser empleada para obtener la declaratoria de nulidad de
un contrato, ni para discutir asuntos relacionados con su validez o para debatir los
aspectos de legalidad referidos en el artículo 141 de la Ley 1437, pues ello
conduciría a una eventual declaratoria de nulidad proscrita por el legislador en este
tipo de acciones.
213.No obstante, el hecho de que el juez popular no esté llamado a dirimir
controversias contractuales o económicas no significa que, ante la amenaza o
vulneración de derechos colectivos, deba abstenerse de adoptar medidas dirigidas
a superarla. Por el contrario, su función consiste en impartir órdenes encaminadas
a prevenir o hacer cesar la afectación, aun cuando esta se relacione con la ejecución
de un contrato estatal.
214.En el presente caso, la concesionaria y la ANI sostuvieron en sus recursos de
apelación que el juez de la acción popular excedió sus competencias al adoptar
decisiones que inciden en el contrato de concesión, en particular al imponer
obligaciones que, a su juicio, no hacen parte del contrato de concesión APP 007 de
2014.
215.El representante legal de COVIPACÍFICO S.A.S. en su testimonio afirmó que
las obras que la parte actora solicita ejecutar, como forma para resarcir los
supuestos derechos vulnerados, están por fuera del sector de influencia de la
concesionaria, razón que impide cualquier tipo de declaración en ese sentido.
216.Sin embargo, dicho planteamiento no está llamado a prosperar, en la medida
en que el objeto del proceso no radica en la definición, modificación o interpretación
de las cláusulas previstas en el contrato de concesión APP 007 de 2014, ni en la
93
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera ponente Nubia Margoth Peña
Garzón, sentencia de 13 de diciembre de 2023, expediente núm. 66001-23-33-000-2021-00103-02.
94
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, consejero ponente Martín Bermúdez
Muñoz, sentencia de 27 de julio de 2023, expediente núm. 25000-23-41-000-2017-00083-02.
95
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de septiembre de 2024, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón,
radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00308-01(AP).
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redistribución de riesgos o cargas económicas entre las partes. Por el contrario, el
debate se centra en la vulneración de los derechos colectivos amparados derivada
del manejo inadecuado de los taludes, drenajes y sistemas de escorrentía, de
conformidad con el plan de manejo ambiental (PMA) y el plan de seguimiento y
monitoreo (PSM) aprobados en el licenciamiento ambiental, así como del
cumplimiento de la obligación de inversión del 1%, a través de un proyecto orientado
a mitigar los riesgos de inundación y erosión en los sectores aledaños a las
corrientes hídricas relacionadas con la presente problemática.
217.En ese contexto, las órdenes impartidas por el juez de primera instancia no
constituyen una injerencia indebida en la órbita contractual, sino medidas dirigidas
a conjurar la situación de riesgo acreditada en el proceso.
V.3.5. La pertinencia de las órdenes de amparo
218.La ANLA afirmó que “[…] las órdenes de la sentencia condenatoria exigen a la
ANLA y CORANTIOQUIA prestar asesoría para el desarrollo del estudio técnico y
realizar seguimiento y control a las situaciones que originan las afectaciones y a las
medidas que se implementen y la ANLA ha demostrado que precisamente estas
son las funciones que ha venido ejerciendo continuamente desde 2021. La condena
por vulneración de derechos colectivos por una gestión que se tachó de
"insuficiente", mientras que las órdenes subsiguientes la obligan a continuar
realizando exactamente sus funciones misionales, es contradictoria […]”.
219. La ANI sostuvo que la sentencia desconoce la distribución de competencias
entre las entidades públicas, en particular el principio de colaboración armónica, al
atribuirle obligaciones que exceden su marco funcional y corresponden a otras
autoridades.
220.El departamento solicitó la modificación del ordinal quinto de la parte resolutiva
de la sentencia de primera instancia, para que se establezca el alcance de la
coordinación ordenada, en el sentido de precisar que su intervención solo procede
cuando el municipio haya superado su capacidad de respuesta, conforme al marco
legal vigente.
221.Para resolver, la Sala resalta que la sentencia que acoja las pretensiones de la
demanda en el trámite de las acciones populares, según el artículo 34 de la Ley
472, podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración si es posible.
222.La norma establece adicionalmente que la orden de hacer o de no hacer deberá
definir de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones de la demandante.
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223.Lo anterior cobra relevancia en la medida en que, para el cumplimiento de la
sentencia, las entidades públicas deben realizar ciertas actividades presupuestales
y contractuales y, en consecuencia, las órdenes deben tener en cuenta el tiempo
necesario para la ejecución de dichos trámites.
224. En el caso concreto se ordenó:
“[…] QUINTO: Como consecuencia de lo anterior se ordena:
5.1 A la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- y la Concesionaria Vial del Pacífico
-Covipacífico que, en coordinación con el municipio de Amagá y el departamento de
Antioquia, en el marco de sus competencias, elaboren un estudio técnico en el cual
se determinen las medidas para mitigar el riesgo a la comunidad de Guaimaral y para
que lo ejecuten. De igual modo, dicho estudio deberá contener las soluciones para
restablecer el estado de la vía de la vereda Guaimaral que conduce a Camilo C,
conforme esto lo relativo a la pérdida de la banca. Para tal efecto, se concede el
término de un año, siguiente a la ejecutoria de esta sentencia.
5.2 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y CORANTIOQUIA,
prestarán la asesoría necesaria para el desarrollo del citado estudio, en el marco de
sus competencias.
5.3 La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y CORANTIOQUIA,
dentro del marco de sus competencias, deberán realizar seguimiento y control a las
situaciones que originan las afectaciones de la comunidad de Guaimaral, así como
las medidas que se implementen en desarrollo del citado estudio técnico. […]”
(negrilla del texto).
225. Frente al argumento planteado por la ANLA, según el cual existiría una
contradicción entre la declaratoria de vulneración de los derechos colectivos y las
órdenes impartidas, la Sala advierte que la ANLA y CORANTIOQUIA cuentan con
competencias diferenciadas en materia de seguimiento al cumplimiento de la
licencia ambiental, verificación de la obligación de inversión forzosa del 1% y control
de los impactos asociados a la ejecución del proyecto, así como en relación con la
gestión del riesgo.
226.En esa medida, no resulta contradictorio que se impartan órdenes dirigidas a
que dichas autoridades, con fundamento en los resultados del estudio técnico
detallado que se ordena en esta providencia, ejerzan de manera efectiva sus
funciones legales y reglamentarias, pues tal orden busca garantizar una
intervención oportuna, técnica y articulada frente a la problemática acreditada.
227.Ahora bien, en relación con los argumentos formulados por la ANI y el
departamento, la Sala accederá parcialmente a sus solicitudes, teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas en precedencia sobre la responsabilidad principal
del municipio en la gestión del riesgo, así como el carácter concurrente de las
competencias de las demás entidades involucradas.
El municipio de Amagá es la autoridad directamente responsable del
228.
mantenimiento de la infraestructura vial cuestionada, de la implementación de las
60
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Demandantes: Olga López Cortés y otros
medidas de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, así como del control del
uso y ocupación del suelo, lo que incluye la adopción de acciones frente a prácticas
indebidas que incidan en la problemática de erosión y manejo de cuencas hídricas.
229.En ese contexto, el departamento de Antioquia, el municipio de Amagá y
CORANTIOQUIA tienen responsabilidades concurrentes en la gestión del riesgo de
desastres derivado de los fenómenos de erosión del suelo y del manejo de las
cuencas hídricas, las cuales deben ejercerse de manera coordinada, bajo los
principios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad.
230.Por su parte, la concesionaria tiene a su cargo la adecuada ejecución del
proyecto denominado “[…] Diagnóstico, diseño e implementación de obras de
rehabilitación y recuperación de 6 cauces para el manejo de fenómenos erosivos y
arrastre de material que generan riesgos a la comunidad de Camilo Cé y
afectaciones a la infraestructura de servicios públicos, vías veredales y corredor
doble calzada […]”, así como el cumplimiento de las medidas de manejo de taludes
y aguas de escorrentía previstas en el plan de manejo ambiental, incluyendo los
requerimientos pendientes relacionados con la adecuada entrega de los caudales
en el sector objeto del litigio.
231.En el proceso se demostró que la problemática hidráulica relacionada con el
corredor Autopistas para la Prosperidad - Conexión Pacífico 1, inicio desde el año
2021 porque la concesionaria no había finalizado las obras a su cargo en ese tramo
debido a diversas causas. Esto incrementó la vulnerabilidad del tramo vial e implicó
que los fenómenos de alta pluviosidad presente en el año 2022 condujeran a la
perdida de la banca.
232.Por lo tanto, no existe certeza probatoria frente a la veracidad de la afirmación
de COVIPACÍFICO S.A.S., conforme a la cual no participó en la generación del
presente riesgo y, en consecuencia, esa sociedad deberá ejecutar las acciones
necesarias para corregir la vulneración de los derechos colectivos, conforme a sus
deberes legales y según los resultados del estudio que se ordenará en la parte
resolutiva de esta sentencia.
233.La ANI y la ANLA, en el marco de sus atribuciones propias, son responsables
de verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, mediante el ejercicio de sus
funciones de supervisión contractual y control ambiental, respectivamente.
234. En consecuencia, la Sala modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de
la sentencia de primera instancia, con el fin de precisar el alcance de la intervención
de cada una de las entidades. También se modificará el ordinal sexto de la parte
resolutiva de la referida sentencia, para que el magistrado ponente del tribunal de
primera instancia presida el comité de verificación de cumplimiento, conforme al
criterio jurisprudencial adoptado por la Sección en la materia96.
96
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2024. C.P. Oswaldo Giraldo López. radicación núm.
6300123330002020-00407-01 (AP).
61
Radicación núm. 05001-23-33-000-2023-00955-01
Demandantes: Olga López Cortés y otros
235.Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201297 y atendiendo el criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 2019 98, no se
condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los ordinales quinto y sexto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 7 de octubre de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Antioquia, los cuales quedarán así:
“[…] QUINTO: Bajo los lineamientos expuestos en la parte motiva de esta sentencia
y los principios de prevención, coordinación, concurrencia, y subsidiariedad positiva:
5.1. ORDENAR al municipio de Amagá que, con el apoyo de la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia, del departamento de Antioquia, de la
Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. y de la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria
de esta sentencia, elabore los estudios técnicos detallados que permitan caracterizar
de manera integral la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, y definir las medidas
idóneas de intervención de la vía que del corregimiento “Camilo C” va a la vereda de
Guaimaral, en el tramo objeto del proceso.
Para tal efecto, deberá tener en cuenta los informes técnicos obrantes en este
proceso, así como un informe actualizado sobre la ejecución del proyecto
denominado “[…] Diagnóstico, diseño e implementación de obras de rehabilitación y
recuperación de 6 cauces para el manejo de fenómenos erosivos y arrastre de
material que generan riesgos a la comunidad de Camilo Cé y afectaciones a la
infraestructura de servicios públicos, vías veredales y corredor doble calzada […]”, y
de la infraestructura hidráulica a cargo de la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S.,
relacionada con la controversia, el cual será elaborado por dicha entidad en el término
de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta sentencia.
5.2. ORDENAR al municipio de Amagá que, una vez elabore los estudios detallados,
formule un plan de acción con el propósito de adelantar las intervenciones necesarias
para corregir y mitigar el riesgo objeto del proceso que sean de su responsabilidad,
conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Los plazos previstos en el plan de acción para la ejecución de las medidas serán
aprobados por el tribunal para garantizar que sean razonables y serán objeto de
seguimiento por parte del comité de verificación de cumplimiento de la presente
sentencia.
5.3. ORDENAR al Departamento de Antioquia que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, apoye al municipio de Amagá en la
97
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
98
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019, radicación núm. 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandantes: Olga López Cortés y otros
ejecución del plan de acción, en el evento en que se acredite que las medidas superan
su capacidad financiera.
5.4. ORDENAR a la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S. que, en el marco de las
obligaciones previstas en la licencia ambiental y conforme a su plan de inversión
forzosa del 1%, a partir de los resultados de los estudios detallados, formule un plan
de acción con el propósito de adelantar las intervenciones necesarias para corregir y
mitigar el riesgo objeto del proceso que sean de su responsabilidad, conforme a las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Los plazos previstos en el plan de acción para la ejecución de las medidas serán
aprobados por el tribunal para garantizar que sean razonables y serán objeto de
seguimiento por parte del comité de verificación de cumplimiento de la presente
sentencia.
5.5. ORDENAR a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y a la Agencia
Nacional de Infraestructura que, en el evento que a la Concesionaria Vial del Pacífico
S.A.S. le corresponda adelantar acciones conforme a los resultados del estudio
detallado, deberán verificar el cumplimiento de dichas obligaciones, mediante el
ejercicio de sus funciones de control ambiental y supervisión contractual,
respectivamente. Para ello, remitirán informes semestrales de las acciones
adelantadas al comité de verificación del cumplimiento de la presente sentencia.
SEXTO: CONFORMAR el comité de verificación del cumplimiento de la presente
sentencia, el cual estará integrado por la magistrada sustanciadora del tribunal de
primera instancia, quien lo presidirá; por la parte actora; por el coadyuvante; por el
delegado del municipio de Amagá; por el delegado del departamento de Antioquia;
por el delegado de la Concesionaria Vial del Pacífico S.A.S.; por el delegado de la
Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia; por el delegado de la
Agencia Nacional de Infraestructura, por el delegado de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y por el agente del Ministerio Público [...]”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 7 de octubre de
2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia.
TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Demandantes: Olga López Cortés y otros
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
.
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