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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2016-00770-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2016-00770-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia, SEPARARLO del conocimiento del mismo. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 67 Número único de radicación: 73001-23-33-000-2016-00770-01 Actora: PERSONERÍA MUNICIPAL DE MURILLO SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3 de la sentencia de 5 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. TERCERO: MODIFICAR los numerales 4 y 10 de la sentencia apelada, los cuales quedarán así: «[…] CUARTO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA que, en el evento que el señor Salgado Montes solicite nuevamente el permiso de vertimientos para desarrollar su actividad comercial, se analice técnica y científicamente si el plan de tratamiento de aguas residuales (doméstica e industrial) es suficientemente robusto para evitar fallas en el proceso de saneamiento, en caso contrario, previo a conceder nuevamente el permiso de vertimiento, deberá establecerse un sistema de tratamiento que deberá construir y/o ejecutar el particular Jhon Fredy Salgado Montes antes de que nuevamente se conceda dicho permiso. DÉCIMO: CONSTITUIR el comité de verificación del cumplimiento de la presente sentencia con el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Tolima, quien lo presidirá, las partes y el agente del ministerio público, quienes rendirán en el término de 6 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta providencia […]». CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Tribunal, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68 Número único de radicación: 73001-23-33-000-2016-00770-01 Actora: PERSONERÍA MUNICIPAL DE MURILLO […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 73001-23-33-000-2016-00770-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 73001-23-33-000-2016-00770-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTORA: PERSONERÍA MUNICIPAL DE MURILLO

TESIS: LA SOLUCIÓN INTEGRAL A LA PROBLEMÁTICA REQUIERE DE LA
CONCURRENCIA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL, EL DEPARTAMENTO,
EL MUNICIPIO Y LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES QUE
CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE LES HAN SIDO ATRIBUIDAS.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES, A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS,
AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y A QUE SU PRESTACIÓN SEA
EFICIENTE Y OPORTUNA Y A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA –

CORTOLIMA 1 y el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2 contra la

sentencia de 5 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal

Administrativo del Tolima3.

1 En Adelante CORTOLIMA
2 En adelante el DEPARTAMENTO
3 En adelante El Tribunal.

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Número único de radicación: 73001-23-33-000-2016-00770-01
Actora: PERSONERÍA MUNICIPAL DE MURILLO

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La PERSONERÍA MUNICIPAL DE MURILLO, en ejercicio de la

acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 4 , presentó

demanda contra CORTOLIMA, el DEPARTAMENTO, el

MUNICIPIO DE MURILLO 5 , la EMPRESA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MURILLO 6 y el señor JHON

FREDY SALGADO, tendiente a obtener la protección de los derechos

colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio

ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos

naturales, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los

servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los

derechos de los consumidores y usuarios.

I.2. Hechos

4 «Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones».
5 En adelante el MUNICIPIO.
6 En adelante EMSERMURILLO.

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Actora: PERSONERÍA MUNICIPAL DE MURILLO

Señaló que, en la vereda «las novillas» del MUNICIPIO, el señor

JHON FREDY SALGADO adelantaba el proyecto «TRUCHICULTURA

EL PORVENIR», para la producción de trucha, cuya actividad requiere

del manejo de residuos derivados del sacrificio de peces.

Indicó que para el desarrollo de la actividad piscícola se disponía de

dos fuentes de abastecimiento de agua, dentro de las que estaba el

río «Vallecitos», el cual abastece al acueducto del MUNICIPIO, del

que se captaba 102 litros de agua por segundo, de conformidad con

la concesión que otorgó CORTOLIMA.

Agregó que la citada actividad requería que se obligara al propietario

devolver al afluente el recurso hídrico, a través de un plan de

vertimientos adecuado que garantizara la no contaminación del agua,

máxime si a 800 metros debajo de las instalaciones se encontraba la

bocatoma de EMSERMURILLO de donde se captaba el agua

destinada al consumo humano en el MUNICIPIO.

Señaló que, el 29 de febrero de 2016, el agua del MUNICIPIO

presentó un aspecto turbio y mal olor, y el 1o. de marzo de 2016,

distintos sectores de la comunidad le pusieron en conocimiento «los

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olores nauseabundos, mal sabor del agua e incluso la imposibilidad

de usar el recurso para uso doméstico y personal, dadas las

condiciones precarias del suministro».

Agregó que, el 15 de marzo de 2016, nuevamente se presentaron

variaciones significativas en la calidad del agua, las cuales obedecían,

presuntamente, a las actividades piscícolas que desarrollaba la

«TRUCHICULTURA EL PORVENIR», por lo que al día siguiente la

alcaldesa del MUNICIPIO le solicitó a CORTOLIMA una visita

técnica para verificarlo.

Indicó que, con ocasión de lo anterior, CORTOLIMA rindió el informe

de 5 de agosto de 2016, en el que sostuvo que no hay afectación

ambiental. Sin embargo, a su juicio, aquél no es imparcial, pues da

cuenta de la presencia de coliformes fecales (escherichia coli) y

totales en la muestra de agua tomada del río Vallecitos, en

proporción muy superior a lo establecido en la Resolución 2115 de

2007, lo que evidencia su incumplimiento.

Destacó que el resultado de laboratorio evidenció con claridad que la

muestra de agua se tomó 100 metros debajo de la «TRUCHICULTURA

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EL PORVENIR», a pesar de que el informe de CORTOLIMA señala,

contradictoriamente, que la «contaminación viene de aguas arriba

del proyecto piscícola, quedando nuevamente en duda la

imparcialidad del informe».

Manifestó que el responsable del proyecto «TRUCHICULTURA EL

PORVENIR», no contaba con un plan de vertimientos adecuado, lo

cual generaba una contaminación muy superior al límite permitido.

De igual forma, sostuvo que, CORTOLIMA como autoridad

ambiental no ejerció su función de vigilancia y control en el

cumplimiento de las normas ambientales, ni adelantó labores

preventivas o sancionatorias, a pesar de tener conocimiento previo y

directo de los preocupantes resultados de laboratorio.

Indicó que, le solicitó al Hospital Ramón María Arana E.S.E. del

MUNICPIO certificar las patologías asociadas al consumo de agua

durante los años 2014, 2015 y 2016, las cuales se concretaban en

diarrea aguda, vomito, dolores abdominales, diarrea funcional,

hepatitis, fiebres altas e infección intestinal.

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I.3. Pretensiones

Solicitó, además del amparo de los derechos invocados como

vulnerados, lo siguiente:

«[…] 2-. Se declare que CORTOLIMA y el señor JHON FREDY
SALGADO (…), son responsables de la vulneración de los derechos e
interés colectivos anteriormente referidos.

3-. ORDENAR al señor JHON FREDY SALGADO identificado con
(…), que adelante las gestiones respectivas, adopte y ejecute las
medidas de infraestructura, técnicas y normativas para que:

3.1. Almacene dentro del cobertizo de compostaje la materia prima o
los residuos de porcinaza, lodos de truchinaza, bovinaza y heces de
los equinos usados para la elaboración de acondicionadores del suelo,
para reducir la generación de aguas residuales e infiltración al
suelo en la TRUCHICULTURA EL PORVENIR.

3.2. Solicite y tramite el permiso de vertimientos para aguas
residuales domiciliarias e industriales producidas en la
TRUCHICULTURA EL PORVENIR atendiendo a la normativa
vigente.

3.3. Adopte y ejecute un plan de vertimientos adecuado para hacer
cesar la contaminación del río Vallecitos.

3.4. Elabore e implemente un plan de gestión del riesgo para el
manejo de vertimientos.

3.5. Realice una caracterización mensual del vertimiento, aguas
arriba del proyecto piscícola y aguas abajo del punto de descarga del
mismo, esto a través de laboratorio acreditado por el IDEAM en toma
de muestras y análisis, en estricto cumplimiento de la normativa
ambiental vigente.

3.6. Efectúe monitoreo y control de los parámetros fisicoquímicos de
calidad de agua en el efluente y cuerpo de agua receptor.

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3.7. Elabore, implemente y ejecute un plan o sistema de tratamiento
eficiente de aguas residuales o vertimientos.

3.8. Solicite a la administración municipal el concepto sobre uso del
suelo.

4-. Se ordene a […] CORTOLIMA, que con ocasión a sus funciones
como autoridad ambiental realice las acciones de acompañamiento,
seguimiento, control y vigilancia en relación las acciones a
implementar y ejecutar por parte de la persona natural accionada,
antes relacionadas.

4.1.- Se ordene a […] CORTOLIMA que controle, vigile y sea garante
de la sostenibilidad del recurso hídrico del RÍO VALLECITOS y haga
cumplir la normativa ambiental vigente en relación con la
problemática expuesta.

4.2.- Se ordene a […] CORTOLIMA realizar actividades de evaluación
ambiental en relación con el beneficio del recurso hídrico por parte de
la TRUCHICULTURA EL PORVENIR en desarrollo de su actividad
piscícola.

4.3.- Se ordene a […] CORTOLIMA que adelante procesos o
campañas de sensibilización y socialización con la comunidad
murillense, en relación con las normas que regulan el uso y
aprovechamiento del recurso hídrico, con incidencia especial en el
RÍO VALLECITOS […]».

I.4. Defensa

I.4.1-. El MUNICIPIO estimó que no le asistía responsabilidad en

la vulneración de los derechos colectivos, ni era el competente para

hacer cesar las afectaciones; aunado a que las pretensiones estaban

dirigidas contra un particular y CORTOLIMA.

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Sostuvo que, de conformidad con el artículo 3º, numeral 8, del

Decreto 3930 de 2010, la competencia para pronunciarse respecto

de las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico era

de CORTOLIMA, dado que la población del perímetro urbano del

MUNICIPIO no era igual o superior al millón de habitantes, a la cual

también le correspondía caracterizar el vertimiento que efectúe una

persona natural o jurídica en desarrollo de una actividad industrial y

comercial, con el objetivo de establecer la viabilidad de otorgar el

permiso de vertimiento.

Señaló que, de acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, el

señor SALGADO no contaba con permiso de vertimientos, ni plan de

cumplimiento, por lo que CORTOLIMA era quien tenía la obligación

de adelantar las acciones administrativas ambientales del caso, con

el fin evitar las afectaciones o alteraciones al afluente hídrico del cual

se alimentaba la bocatoma del acueducto.

Indicó que, de conformidad con el artículo 4º del Decreto 3930 de

2010, no se admitían vertimientos «en un sector aguas arriba de las

bocatomas para agua potable, en extensión que determinará, en

cada caso, la autoridad ambiental competente», por lo que, de existir

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un vertimiento 800 metros aguas arriba de la bocatoma del

acueducto era CORTOLIMA quien debía de establecer si la extensión

del punto de vertimiento conservaba la distancia reglamentada por

esa autoridad.

Indicó que las infiltraciones al suelo asociadas a un acuífero se

permitían en virtud de un permiso de vertimiento, por lo que, al no

contar el proyecto «TRUCHICULTURA EL PORVENIR» con el

respectivo permiso de vertimiento, no podía desarrollar su actividad,

lo cual debía de ser objeto de verificación por parte de CORTOLIMA,

quien, según las pruebas obrantes en el proceso no la realizó.

I.4.2.- CORTOLIMA indicó que cumplió con sus funciones legales,

como se podía evidenciar en el informe de visita de verificación al

proyecto, respecto del cual advirtió falencias de tipo administrativo,

por lo que le recomendó al señor SALGADO continuar con el buen

manejo de residuos líquidos; además le otorgó un mes para la

radicación de la solicitud de permiso de vertimientos y le solicitó el

traspaso de los permisos de concesión de aguas.

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Indicó que de existir algún tipo de responsabilidad esta le sería

atribuible al señor SALGADO, como responsable del proyecto

«TRUCHICULTURA EL PORVENIR», pues no se demostró que, en

ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental, amenazó a

título de acción u omisión los derechos colectivos invocados.

I.4.3.- El DEPARTAMENTO indicó que la obligación de solucionar la

problemática objeto del proceso y garantizar la defensa del recurso

hídrico era de CORTOLIMA, de conformidad con lo previsto en la Ley

99 de 1993.

Adujo que, con posterioridad a los informes que realizó CORTOLIMA

a «TRUCHICULTURA EL PORVENIR», aquella debió de intervenir para

evitar el incumplimiento del plan de manejo de aguas y la

consecuente afectación de la potabilidad del agua para el consumo

humano.

Estimó que se le debía desvincular del proceso, pues no tenía

competencia funcional para vigilar la afectación de la calidad del agua

de la población del MUNICIPIO, en la cual el Instituto Colombiano

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Agropecuario – ICA también tiene injerencia, por lo que solicitó su

vinculación.

Agregó que el MUNICIPIO y EMSERMURILLO eran los

responsables de prestar el servicio público de acueducto en el área

urbana, por lo que, a pesar de que a través de la Empresa de

Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT, tiene la

obligación de brindar apoyo técnico en la formulación y ejecución de

proyectos, era indispensable que el ente territorial iniciara las

gestiones ante la EDAT para viabilizar los proyectos.

I.4.4.- El señor JHON FREDY SALGADO explicó que la concesión

de aguas a la que se hacía referencia en la demanda recaía sobre las

señoras Ana María Parra Moreno y María Antonieta Parra Moreno, la

cual fue otorgada por CORTOLIMA mediante Resolución 197 de 15

de octubre de 2008, pero que se encontraba adelantando los trámites

pertinentes ante la autoridad ambiental para materializar el traspaso

correspondiente, así como el trámite del permiso de vertimientos

líquidos en su proyecto para poder continuar desarrollando su

actividad productiva sin ningún tipo de afectación legal.

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Señaló que se debía de acreditar probatoriamente su responsabilidad

en la presunta vulneración de los derechos colectivos invocados,

dado que en la demanda se le pretende atribuir una responsabilidad

que no le correspondía, pues era el MUNICIPIO el que debía de

garantizar la potabilización del recurso hídrico.

Adujo que la parte actora no agotó el requisito de procedibilidad

previsto en el artículo 144 del CPACA e incumplió la carga de la

prueba que le correspondía, pues no acreditó las afirmaciones

expuestas en la demanda respecto de su responsabilidad.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, mediante sentencia de 5 de septiembre de 2024, declaró

la vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un

ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y

aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la seguridad y

salubridad públicas y al acceso a los servicios públicos y a que su

prestación sea eficiente y oportuna. En consecuencia, ordenó lo

siguiente:

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«[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Murillo, al
Departamento del Tolima, y a la Empresa de Servicios Públicos
Domiciliarios del Murillo – EMSERMURILLO S.A.S. E.P.S., para
que dentro de los tres (03) meses siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia, adelanten en forma coordinada y a través de
un trabajo conjunto todas las gestiones administrativas,
presupuestales y financieras que sean necesarias para que diseñe un
plan de mejoramiento y/o optimización en el proceso de tratamiento
del agua para el Sistema de Acueducto del casco urbano del Municipio
de Murillo, Tolima, buscando se garantice el suministro permanente y
constante del agua cumpliendo con los estándares de calidad para el
consumo humano.

Una vez viabilizado y aprobado dicho proyecto, las entidades deberán
en el término de seis (06) meses contados a partir de la evaluación
positiva de dicho proyecto, proceder con las gestiones
administrativas, presupuestales y financieras que sean necesarias
para que se emitan, en caso de ser necesarios los permisos,
autorizaciones, aprobaciones, y se desarrollen los trámites
precontractuales y contractuales para desarrollar todas las
actividades determinadas en el plan de mejoramiento y/o
optimización en el proceso de tratamiento del agua para el Sistema
de Acueducto del casco urbano del Municipio de Murillo, Tolima.

El plan de mejoramiento y/o optimización determinado deberá
ejecutarse en un plazo no mayor a 12 meses a partir de ejecutoria de
esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA, para que dentro de un (1) mes ejecute
acciones de vigilancia, seguimiento y control ambiental al permiso de
vertimiento concedido a favor del señor Jhon Fredy Salgado Montes
en el proyecto Truchícola El Porvenir, con el fin de garantizar el
funcionamiento y operación del sistema de tratamiento de aguas
residuales (domésticas e industriales) conforme la normativa de la
Resolución Nro. 631 de 2015, se verifique el mantenimiento y
limpieza de las obras y actividades de manejo de los vertimientos y
se efectúen los monitoreos de calidad de agua residual. Como
resultado a esta orden judicial, deberá diseñarse en un término de
quince (15) días un plan de acción para que el particular garantice el
cumplimiento estricto de las acciones de saneamiento para el sistema
de tratamiento de aguas residuales.

Igualmente, a partir del control previamente ordenado en este
numeral la Corporación Autónoma Regional del Tolima –

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CORTOLIMA, deberá continuar cada tres (3) meses hasta que se
venza el permiso de vertimiento otorgado al particular Jhon Fredy
Salgado Montes, ejecutando acciones de vigilancia, seguimiento y
control ambiental a dicho vertimiento en el proyecto truchícola El
Porvenir.

La autoridad ambiental deberá dar a conocer estos informes y/o plan
de acción a las autoridades municipales y a la Empresa de Servicios
Domiciliarios de Murillo S.A.S. E.P.S. EMSERMURILLO.

CUARTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA, que una vez se venza el permiso de
vertimiento concedido al señor Jhon Fredy Salgado Montes en el
proyecto Truchícola El Porvenir a través de la Resolución Nro. 4155
del 13 de diciembre de 2017, se analice técnica y científicamente si
el plan de tratamiento de aguas residuales (doméstica e industrial) es
suficientemente robusto para evitar fallas en el proceso de
saneamiento, en caso contrario, previo a conceder nuevamente el
permiso de vertimiento, deberá establecerse un sistema de
tratamiento que deberá construir y/o ejecutar el particular Jhon Fredy
Salgado Montes antes de que se prorrogue o nuevamente se conceda
dicho permiso.

QUINTO: ORDENAR al particular JHON FREDY SALGADO
MONTES propietario del proyecto Truchícola El Porvenir, ejecute
acciones y/o gestiones para cumplir en forma estricta los parámetros
exigidos para el vertimiento conforme a la Resolución Nro. 631 de
2015, así como, cumpla en forma estricta los planes que se
determinen como consecuencia de las acciones de vigilancia,
seguimiento y control ambiental realizadas por la Corporación
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA.

Así mismo, una vez se venza el permiso de vertimiento concedido en
la Resolución Nro. 4155 del 13 de diciembre de 2017, deberá ejecutar
todas las acciones que exija la Corporación Autónoma Regional
del Tolima – CORTOLIMA para su renovación o nueva concesión.

SEXTO: ORDENAR al Departamento del Tolima, apoye financiera,
técnica y administrativamente al Municipio de Murillo y a la Empresa
de Servicios Públicos de Murillo S.A.S. E.P.S, en el diseño del plan de
mejoramiento y/o optimización en el proceso de tratamiento del agua
para el Sistema de Acueducto del casco urbano del Municipio de
Murillo, Tolima, buscando se garantice el suministro permanente y
constante del agua cumpliendo con los estándares de calidad para el
consumo humano. Igualmente, continúe a través de la Secretaría de

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Salud en forma periódica con la verificación de los estándares de
calidad del agua suministrada por la Empresa de Servicios Públicos de
Murillo S.A.S. E.P.S.

SÉPTIMO: ORDENAR a todas las entidades obligadas a cumplir las
órdenes impartidas por esta sentencia, y al vencimiento de cada plazo
deberán presentar ante el Tribunal Administrativo del Tolima un
informe detallado sobre su cumplimiento.

OCTAVO: DECLARAR no probadas las excepciones invocadas por los
integrantes de la parte pasiva.

NOVENO: LEVANTAR la medida cautelar decretada el 19 de enero
de 2018, conforme al análisis expuesto en esta providencia.

DÉCIMO: Para verificar el cumplimiento del fallo, en los términos
previstos en la Ley 472 de 1998, se ORDENA integrar el comité de
verificación del cual harán parte el ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
MURILLO O SU DELEGADO, EL GOBERNADOR DEL TOLIMA O SU
DELEGADO, EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIO PÚBLICOS
DE MURILLO S.A.S. E.P.S. EMSERMURILLO, EL DIRECTOR O
DELEGADO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA
– CORTOLIMA, EL PERSONERO MUNICIPAL DE MURILLO O SU
DELEGADO, Y EL MAGISTRADO PONENTE.

DÉCIMO PRIMERO: CONDENAR EN COSTAS al Municipio de
Murillo, a la Empresa de Servicios Públicos de Murillo S.A.S
E.S.P., a la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA, y al señor Jhon Fredy Salgado Montes y a favor del
demandante, para lo cual se fija la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente para cada una de las entidades y
particular, por concepto de agencias en derecho, y, se ordena que por
la Secretaría de este Tribunal se realice la correspondiente liquidación
de los gastos procesales, en los términos del artículo 366 del Código
General del Proceso […]».

El Tribunal sostuvo que a pesar de que no fue posible establecer

técnicamente que el vertimiento del proyecto «Truchicultura El

Porvenir» generaba un impacto ambiental en la calidad del agua, no

se podía desconocer que, dada la cercanía de ese vertimiento con el

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punto de captación del agua para el acueducto del MUNICIPIO, se

debía de cumplir con los parámetros exigibles, dada la posibilidad de

que se presentaran fallas o incumplimientos en las acciones de

saneamiento de las aguas residuales, pues podía generar

afectaciones en el afluente «Río Vallecitos», lo cual derivaría en

alteraciones en la calidad del agua para el suministro del consumo

humano.

Evidenció que, de acuerdo con las pruebas, el suministro de agua del

acueducto tenía riesgos potenciales de alteración en la calidad del

agua para el consumo doméstico, «declarándose el nivel de riesgo

medio y alto en la calidad del agua – Resolución 2115 de 2007 -, es

decir, no apta para el consumo humano».

Sostuvo que los riesgos que se identificaron obedecían a diferentes

factores, no solo naturales del mismo afluente «Río Vallecitos» sino

de factores antrópicos, esto es, los riesgos provocados por la acción

del ser humano y sus efectos sobre la naturaleza, especialmente por

las actividades de ganadería y piscícola en el sector.

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Agregó que la actividad piscícola que se realizaba aguas arriba de la

bocatoma del MUNICIPIO contaba con permiso de vertimientos. Sin

embargo, consideró necesaria la acción interinstitucional coordinada

entre las autoridades ambientales, territoriales y el prestador del

servicio, con el fin de efectuar las acciones de seguimiento y control

a ese vertimiento «así como, a los parámetros de estandarización de

la calidad del agua en el punto de la bocatoma del acueducto».

Concluyó que era evidente la vulneración de derechos colectivos

objeto de protección, dado que la comunidad del MUNICIPIO «está

en potencial riesgo de continuar con el suministro de agua sin que la

misma cumpla con las exigencias para que sea potable».

Consideró que la protección de los derechos colectivos le

correspondía principalmente a CORTOLIMA, al MUNICIPIO, a

EMSERMURILLO y al DEPARTAMENTO, en el marco de sus

competencias.

Indicó, respecto de las obligaciones a cargo del MUNICIPIO, que

era el principal llamado a responder por la prestación eficiente de los

servicios públicos a sus habitantes, de conformidad con lo previsto

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en los artículos 5º y 15 de la Ley 142 de 1994, 3º de la Ley 136 de

1994, la Ley 388 de 1997 y el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, por

lo que debía realizar «Todo tipo de obra para ampliar, rehabilitar, y/o

mejorar la infraestructura de acueducto que requiera este Municipio,

para que así, una vez solucionado este asunto, se proceda con el

suministro del agua en condiciones de potabilidad».

Agregó que el ente territorial debía de verificar los factores de riesgo

dentro de un plan de mejoramiento u optimización del tratamiento

del agua; además de adoptar las acciones necesarias para garantizar

en todo el recorrido del «Río Vallecitos» los usos adecuados del suelo

y disminuir los riesgos antrópicos del afluente.

Frente a EMSERMURILLO señaló que, de conformidad con lo

previsto en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, era procedente

requerirla para que junto con el ente territorial procedieran a ejecutar

en forma efectiva las acciones necesarias para garantizar la

potabilización permanente del agua que se le suministraba a los

habitantes del MUNICIPIO.

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Consideró, frente al DEPARTAMENTO, que era necesaria su

participación para brindar una solución a la problemática objeto del

proceso «en caso de falta de capacidad institucional, administrativa,

técnica y financiera del Municipio de Murillo, que esta autoridad

apoye coordinadamente con la entidad municipal las actividades

necesarias para cumplir ese objetivo», de conformidad con lo

previsto en los artículos 288, 298 y 300 de la Constitución Política, el

artículo 7º de la Ley 142 de 1994 y la Ley 715 de 2001.

Consideró importante que la Secretaría de Salud Departamental

continuara con el proceso de vigilancia y control de la calidad del

agua que suministraba EMSERMURILLO, de conformidad con lo

previsto en el artículo 8º del Decreto 1575 de 2007, pues dicha

autoridad era la que emitía anualmente la certificación sanitaria.

Indicó que si bien el DEPARTAMENTO no era el principal obligado a

garantizar la prestación del servicio público de agua, pues ello le

correspondía al MUNICIPIO y a la empresa EMSERMURILLO,

también lo era que tenía funciones de carácter administrativo, de

coordinación y de complementariedad.

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Agregó que, conforme al Plan Departamental de Aguas del Tolima de

la EDAT, el MUNICIPIO estaba incluido en el proceso de control y

vigilancia de las cuencas hídricas de fuentes abastecedoras de

acueductos municipales en el «PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y

SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL

PAP-PDA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA», el cual tenía como

objetivo generar programas permanentes de vigilancia, inspección y

limpieza del recurso hídrico.

Indicó que el artículo 3º del Decreto 1873 de 2012 creó el Comité

Técnico Departamental de Proyectos, el cual estaba integrado por un

delegado del gobernador, como instancia asesora en el proceso de

viabilización y aprobación de los proyectos de agua potable y

saneamiento básico priorizados en el marco de los PDA, así como los

demás programas regionales para el manejo de agua potable y

saneamiento básico.

Consideró, respecto de las obligaciones a cargo de CORTOLIMA, que

al ser la autoridad que definía las políticas medio ambientales en el

orden territorial, debía de participar activamente en la planeación,

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elaboración y ejecución de los planes de mejoramiento y protección

del afluente hídrico «Río Vallecitos», de conformidad con lo previsto

en el artículo 31, numerales 12, 13 y 20, de la Ley 99 de 1993.

Reiteró que al acreditarse dentro del proceso que el vertimiento que

autorizó CORTOLIMA «constituye uno de los factores de riesgo más

evidente en la descarga contaminante al Rio Vallecitos», debía de

efectuar el seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones,

actividades y recomendaciones derivadas de esa autorización, en los

términos de la Resolución 4155 de 13 de diciembre de 2017, a través

de la cual la autoridad ambiental concedió permiso de vertimiento al

señor SALGADO en su calidad de propietario del Proyecto

«Truchícola el Porvenir».

Resaltó que CORTOLIMA en el año 2016 identificó que el proyecto

no contaba con permiso de vertimientos. Sin embargo, «solamente

levantó observación con fines a que tramitara el mismo, cuando era

posible que se iniciaran las acciones administrativas por verter aguas

residuales domésticas e industriales sin el respectivo permiso, lo cual

no aconteció, sino únicamente fue proceso de vigilancia y control

para que dicho vertimiento cumpliera con los requerimientos de ley».

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Adujo que el particular debió ser objeto de investigación y posibles

sanciones por parte de la autoridad ambiental e inclusive, el señor

JHON FREDY SALGADO MONTES debió efectuar en primera

medida la solicitud de vertimiento para que así se pudiera establecer

un plan de saneamiento efectivo conforme las actividades agrícolas

y piscícolas que realizaba en dicho proyecto, en lugar de utilizar el

afluente sin autorización para dicho vertimiento.

Sostuvo, respecto de la responsabilidad del señor SALGADO

MONTES que si bien no se demostró que su actividad piscícola,

específicamente, el vertimiento autorizado por la autoridad

ambiental, generara conflicto con los criterios de calidad del agua

que debía de cumplir ese líquido en el sitio de captación de la

bocatoma, sí se demostró que «la garantía a dicho suministro en

calidad de potabilización se realizará única y exclusivamente si se

cumplen con las acciones de saneamiento que son responsabilidad

del particular, por lo que, se impartirán acciones a su cargo

consecuencia del permiso de vertimiento que actualmente ostenta a

través de la Resolución 4155 de 2017».

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III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1.- CORTOLIMA solicitó revocar el numeral 3 de la sentencia de

primera instancia en lo que le respecta, por estimar que no era viable

fáctica ni jurídicamente cumplirla, pues el permiso de vertimiento

que otorgó mediante Resolución 4155 de 13 de diciembre de 2017

expiró, por lo que no es procedente resolver la solicitud de

suspensión y, por ende, tampoco era necesario continuar con el

trámite ambiental.

Indicó que los PSMV eran instrumentos de planificación diseñados

para garantizar el adecuado tratamiento y disposición de los

vertimientos líquidos en los cuerpos de agua, frente a los cuales tenía

competencia exclusiva en el proceso de supervisión, control y

aprobación, pero no era responsable de su elaboración.

Adujo que en la visita de 30 de diciembre de 2022 evidenció que «no

se desarrollaría más la actividad económica», por lo que en el informe

respectivo indicó que «es necesario que la oficina jurídica se

pronuncie y manifieste la decisión final acerca de la intención del

usuario de suspender temporalmente las concesiones de agua
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otorgadas mediante las resoluciones 0368 del 29 de julio de 2019 y

0369 de 29 de julio de 2019, como también se solicita la suspensión

del permiso de vertimiento otorgado mediante la resolución 4155 del

13 de diciembre de 2017».

Citó el auto de archivo 3838 de 3 de agosto de 2023, en el cual se

dispuso «ORDENAR el archivo definitivo de las diligencias

adelantadas por CORTOLIMA dentro del Expediente No.VDA-15261,

correspondientes al Permiso de Vertimientos a favor del señor JHON

FREDY SALGADO MONTES identificado con cédula de ciudadanía (…),

para el Proyecto Truchícola El Porvenir, ubicado en el Municipio de

Murilo, de conformidad con la parte motiva del presente proveído».

Destacó que no era viable establecer un plan de acción para que un

particular garantizara el cumplimiento estricto de las acciones de

saneamiento para el sistema de tratamiento de aguas residuales,

dado que eran los particulares quienes al solicitar un permiso o una

concesión debían de presentar ante la autoridad ambiental el

correspondiente «plan de acción», por lo que «por sustracción de

materia» tampoco era viable un seguimiento periódico cada 3 meses.

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Señaló que en el concepto técnico 9021 de 30 de diciembre de 2022

suscrito por los profesionales adscritos a la Subdirección de

Administración de Recursos Naturales (SARN) como consecuencia de

la visita de seguimiento ambiental de 10 de diciembre de 2022, se

establecieron unas obligaciones propias de seguimiento ambiental y

evaluó la solicitud de suspensión temporal de la concesión de aguas

y permiso de vertimientos, en cumplimiento del auto proferido por el

Tribunal el 19 de enero de 2018.

Por lo expuesto, solicitó revocar los numerales 3, 4 y 11 de la

sentencia de primera instancia respecto de CORTOLIMA, absolverla

de cualquier responsabilidad y no condenar en costas.

III.2.- El DEPARTAMENTO señalo que las órdenes que le asignó el

a quo no fueron delimitadas conforme a la competencia de cada

entidad y, por el contrario, se impartieron indistintamente a las

condenadas, a pesar de que el mismo Tribunal señaló que la

competencia principal respecto de la garantía de los derechos

invocados recaía en el MUNICIPIO.

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Adujo que, contrario a lo que expuso el Tribunal en la sentencia de

primera instancia, sí se le impusieron órdenes de manera automática,

pues no se consideró su responsabilidad y competencia en el asunto.

Señaló que, de acuerdo con el artículo 367 de la Constitución Política,

los municipios deben garantizar en sus respectivas jurisdicciones la

prestación de los servicios públicos domiciliarios, al igual que la

efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad

de los habitantes que lo integran.

Señaló que, de conformidad con lo previsto en los artículos 3º de la

Ley 136 de 1994 y 5º de la Ley 142 de 1994, a los municipios les

correspondía garantizar la prestación de los servicios de agua potable

y saneamiento básico, así como promover el desarrollo de su

territorio y construir las obras que demande el progreso municipal.

Agregó que el artículo 76 de la Ley 715 de 2015, dispuso que los

municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del

Sistema General de Participaciones u otros recursos, debían

promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y,

específicamente, en materia de servicios públicos «Realizar

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directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos

además de las competencias establecidas en otras normas vigentes

la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la

infraestructura de servicios públicos».

Estimó que la prestación directa o indirecta de los servicios públicos

domiciliarios era una función a cargo de los municipios, por lo que

era el MUNICIPIO el llamado a garantizar la construcción,

ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para

el mejoramiento u optimización del proceso de tratamiento del agua

en el sistema de acueducto del casco urbano de dicho ente territorial,

en virtud de su autonomía y el marco de las posibilidades que le

otorgó la constitución y la ley.

Adujo que, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 142 de 1994,

las funciones de los departamentos en relación con los servicios

públicos eran de apoyo y coordinación, y que, en el asunto sub

examine, no se demostró «la falta de capacidad institucional,

administrativa, técnica y financiera para llevar a cabo el Plan de

Mejoramiento y/o optimización en el proceso de tratamiento de agua

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para el sistema de acueducto del casco urbano del municipio de

Murillo Tolima».

Agregó que el Decreto 1873 de 2012, citado por el Tribunal en su

providencia, fue derogado por el Decreto 475 de 2015, por medio del

cual se reglamentó el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, por lo que

la orden constitucional se sustentó en una norma que no tenía fuerza

material.

Indicó que en ambos decretos se dispuso la creación de un comité

técnico de proyectos «como instancia asesora en el proceso de

viabilización y aprobación de los proyectos de agua potable y

saneamiento básico a financiar exclusivamente con recursos que no

provienen de la nación, previstos en los instrumentos de planeación

de los Planes Departamentales de Agua, así como aquellos que se

ejecuten en el marco de Programas regionales para el manejo de

agua potable y saneamiento básico, que estará adscrito a la Oficina

de Planeación, Secretaría de Planeación, al Departamento

Administrativo de Planeación o a la instancia a nivel departamental

que haga sus veces».

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Precisó que su participación era única y exclusivamente como asesor,

por lo que el MUNICIPIO era el responsable de la prestación de los

servicios públicos y, por ende, no le correspondía adelantar la

gestión, formulación y presentación de proyectos que contemplara

los diseños de las obras y su ejecución ante los entes nacionales, sino

que, dicha responsabilidad estaba en cabeza de las administraciones

municipales.

Cuestionó que no se vinculara a la Nación pues, de conformidad con

el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos eran

inherentes a la finalidad social del Estado, y, por tanto tenía la

obligación de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes

del territorio nacional, lo que la hace responsable, de manera

conjunta, de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento

básico en el MUNICIPIO, en virtud de los principios de concurrencia

y subsidiariedad, así como el deber de apoyar financiera, técnica y

administrativamente a las empresas de servicios públicos o los

municipios que asumieron su prestación directa.

Por lo anterior, el DEPARTAMENTO solicitó la revocatoria o

modificación de los numerales en los que se le asignan órdenes y

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declaran su responsabilidad, para efecto de que fuera excluido de su

cumplimiento, pues ello solamente es de responsabilidad del

MUNICIPIO y EMSERMURILLO.

Asimismo, solicitó modificar el numeral 6 de la parte resolutiva de la

sentencia en el sentido de ordenarle que, en ejercicio de sus

competencias, ejerza la función de apoyo y coordinación financiera a

los obligados, en virtud de los principios de coordinación,

concurrencia y subsidiariedad, siempre y cuando sea debidamente

solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley

715 de 2001 y que se vincule a la Nación, de conformidad con lo

previsto en el artículo 8º de la Ley 142 de 1994.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1.- El DEPARTAMENTO reiteró los argumentos expuestos en su

recurso de apelación referentes a: i) la inexistencia de conductas

vulneradoras que le resulten atribuibles; ii) la omisión del

MUNICIPIO en requerirle cualquier tipo de apoyo; iii) la

competencia para la prestación del servicio público; iv) el exceso e

indeterminación de las órdenes del Tribunal; v) aplicación de los

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principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad y, vi) falta

de vinculación de la Nación.

Destacó que las pruebas aportadas al proceso acreditaban el

incumplimiento en la calidad del agua, lo cual obedecía a la omisión

en el cumplimiento de los deberes que le eran exigibles al

MUNICIPIO y a la empresa EMSERMURILLO, pues en diversos

informes emitidos por su Dirección de Salud Pública se concluyó la

responsabilidad de las antes citadas.

IV.2.- La sociedad TRUCHICOLA EL PORVENIR, representada

legalmente por el señor JHON FREDY SALGADO MONTES, a través

de apoderado judicial, solicitó negar las pretensiones de la demanda

o, en subsidio, adoptar órdenes proporcionadas y graduales que

permitieran la continuidad de la actividad productiva bajo los

lineamientos ambientales aplicables.

Sostuvo que la actividad económica que desarrollaba era licita y se

enmarcaba en el aprovechamiento económico y alimentario de un

recurso hídrico renovable, lo cual estaba autorizado por

CORTOLIMA, de conformidad con el régimen de licencias, permisos

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y autorizaciones previsto en la Ley 99 de 1993 y demás normas

aplicables.

Adujo que dentro del proceso se decretó una medida cautelar de

suspensión que paralizó la actividad comercial, a pesar de que

manifestó en forma reiterada su disposición para cumplir con los

requerimientos técnicos y correctivos del manejo de los vertimientos,

la disposición de lodos, la adecuación hidráulica y el control de carga

contaminante, sin oponerse al ejercicio de las competencias a cargo

de CORTOLIMA.

Concluyó que el estándar constitucional no era «cero producción»

sino «producción bajo control ambiental estricto y correctivo»,

posición que indicó constituía el fundamento de sus alegatos de

conclusión.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público manifestó que se debía de revocar el numeral 3

de la sentencia de primera instancia, pues las órdenes que se dieron

en ese numeral estaban relacionadas con el seguimiento de un

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permiso de vertimientos que no se encontraba vigente, pero los

demás cargos expuestos en los recursos de apelación debían ser

desestimados.

Señaló que no era posible revocar las demás órdenes de la sentencia,

dado que el Tribunal expresamente señaló que CORTOLIMA debía,

una vez vencido el permiso de vertimiento, analizar técnica y

científicamente si el plan de tratamiento de aguas residuales

«doméstica e industrial», era suficientemente robusto para evitar

fallas en el proceso de saneamiento, motivo por el cual, en caso de

una nueva solicitud de permiso debía de establecerse previamente

«un sistema de tratamiento que deberá construir y/o ejecutar el

particular Fredy Salgado Montes».

Señaló que, CORTOLIMA al conceder el permiso ordenó varias

adecuaciones de infraestructura, con el fin de garantizar el

funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales y

asegurar que el lugar del vertimiento se encontrara en un lugar

habilitado.

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Resaltó que el río sí presentaba o presentó graves afectaciones «ello,

independientemente de que no se haya comprobado que la

contaminación provenía del proyecto realizado por el particular, o de

la vigencia del permiso otorgado». Al respecto, el Ministerio Público

agregó lo siguiente:

«[…] Como se lee en la sentencia, el Tribunal concluye que el
suministro de agua del acueducto del Municipio de Murillo tiene
“serios riesgos potenciales de alteración en la calidad del agua
para el consumo doméstico”, presentándose en varios periodos
(año 2016, 2017 y 2019) incumplimientos en los estándares de
la calidad del suministro de agua, declarándose el nivel de
riesgo medio y alto en la calidad del agua – Resolución 2115 de
2007 -, no siendo apta para el consumo humano. Riesgos que,
como explica, proviene no sólo factores externos (actividades
de la ganadería y piscícola del sector), sino propios al afluente
del Rio Vallecitos. Por ello, consideró que era necesaria una
acción interinstitucional coordinada entre las autoridades
ambientales, las entidades territoriales y el prestador del
servicio vinculado, con el fin de efectuar las acciones de
seguimiento y control a este vertimiento, así como, a los
parámetros de estandarización de la calidad del agua en el
punto de la bocatoma del acueducto […]».

Destacó que, a pesar de que el permiso que se le otorgó al particular

no estaba vigente, CORTOLIMA debía de cumplir las órdenes del

Tribunal con el fin de atender los próximos permisos que se le

solicitaran.

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Recordó que para el año 2016 CORTOLIMA observó que el proyecto

«Truchícola El Porvenir» no contaba con permiso de vertimiento y,

en lugar de iniciar las investigaciones pertinentes, se limitó

únicamente a realizar observaciones para tramitar el permiso.

Adujo que no le asistía razón al DEPARTAMENTO en los argumentos

expuestos en el recurso de apelación, pues era fundamental el rol

técnico que despeñaba la Secretaría de Salud Departamental, por lo

que estimó acertada la orden del Tribunal de continuar con el proceso

de vigilancia y control de la calidad del agua que suministraba

EMSERMURILLO.

Finalmente, indicó que, si bien el DEPARTAMENTO no era el

principal obligado a prestar el servicio público del agua, sí era el

encargo de expedir el certificado sanitario anual, de conformidad con

lo previsto en el artículo 8º del Decreto 1575 de 2007, por lo que su

rol era fundamental en la verificación y coordinación adecuada en la

prestación del servicio, lo que adquiría especial relevancia si se tenía

en cuenta que dentro del proceso se concluyó que «a pesar de que

el particular demandado no había afectado directamente el río con

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su actividad, sí existía una contaminación del afluente que debe ser

atendida».

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Cuestión previa

Previo a resolver el asunto sub examine, la Sala advierte que el

magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES, en escrito

de 25 de junio de 20267, manifiesta que se declara impedido para

actuar dentro del proceso de la referencia porque su hermano, el

señor JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES, actuó como

apoderado de CORTOLIMA, entidad que funge como demandada en

la acción popular de la referencia, por lo que considera que se

encuentra incurso en las causales de impedimento previstas en los

numerales 3° y 4º del artículo 130 del CPACA.

Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene

disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de

impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del

7 Visible en el índice 32 del expediente digital.

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caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma

en aspectos no regulados.

Precisado lo anterior, la Sala observa que las causales de

impedimento que se invocan son las previstas en los numerales 3 y

4 del artículo 130 del CPACA, los cuales disponen:

«[...] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados
en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en
los siguientes eventos: [...].

3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
condición de servidores públicos en los niveles directivo,
asesor o ejecutivo en una de las entidades públicas que
concurran al respectivo proceso en calidad de parte o de
tercero interesado.

4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o
de los terceros interesados vinculados al proceso, o tengan la
condición de representantes legales o socios mayoritarios de una
de las sociedades contratistas de alguna de las partes o de los
terceros interesados [...]» (Resaltado fuera del texto original).

De la causal 4°, se colige que para que se configure la misma deben

concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco y 2) que los

referidos parientes sean asesores, contratistas, representantes

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legales o socios mayoritarios de una entidad pública que intervenga

en el respectivo proceso en calidad de parte o tercero interesado.

Así pues, de la causal en comento y los hechos que soportan el

impedimento manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO

OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los

presupuestos para el efecto, toda vez que su hermano 8, el señor

JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES, actuó dentro del proceso

como apoderado de CORTOLIMA9, entidad demandada en la acción

popular de la referencia.

En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento

manifestado por el citado magistrado y lo separará del conocimiento

del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte

resolutiva de esta providencia.

Ahora, en cuanto a la causal de impedimento prevista en el numeral

3º del artículo 130 del CPACA, la Sala se relevará del análisis

8 Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad,

de conformidad con el artículo 35 del C.C., el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad
es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco
o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”. (Negrilla fuera del texto).
9 Calidad de contratista en la entidad pública demandada en la acción popular de la

referencia.

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correspondiente, toda vez que la causal prevista en el numeral 4.º

ídem resulta suficiente para declarar fundado el impedimento

manifestado por el magistrado GERMÁN EDUARDO OSORIO

CIFUENTES.

VI.2.- Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

VI.3.- Problemas jurídicos

La Sala considera que los problemas jurídicos a resolver son

determinar si:

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➢ Se deben revocar los numerales 3 y 4 de la sentencia del Tribunal,

dado que el permiso de vertimiento objeto del proceso no está

vigente.

➢ Le asiste responsabilidad al DEPARTAMENTO en la vulneración

de los derechos colectivos invocados dentro del proceso y si

resulta necesario modificar el numeral 6 de la sentencia del

Tribunal en el sentido de ordenar que este, en ejercicio de sus

competencias, ejerza la función de apoyo y coordinación

financiera a los obligados, en virtud de los principios de

coordinación, concurrencia y subsidiariedad, siempre y cuando

sea debidamente solicitado, de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 76 de la Ley 715 de 2001.

➢ Es procedente la vinculación de la Nación al proceso, en virtud de

los principios de concurrencia y subsidiariedad, así como el deber

de apoyar financiera, técnica y administrativamente a las

empresas de servicios públicos o los municipios que asumieron

su prestación directa.

➢ Hay lugar a condenar en costas.

Previo a resolver los problemas jurídicos, la Sala advierte que la

vulneración de los derechos colectivos no fue cuestionada, razón por

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la que su pronunciamiento únicamente versará respecto de los

argumentos ventilados en los recursos.

En efecto, la Sala advierte que el a quo consideró que sí se configuró

la vulneración de los derechos colectivos invocados, pues las pruebas

aportadas al proceso acreditaban que el suministro de agua del

acueducto del MUNICIPIO tenía riesgos potenciales de alteración

en la calidad del agua para el consumo doméstico, lo cual se

demostró en distintos momentos, esto es, en los años 2016, 2017 y

2019, en los que se evidenció incumplimientos en los estándares de

calidad del suministro del agua en esa población.

Adicionalmente, el Tribunal precisó que a pesar de que no fue posible

establecer técnicamente que el vertimiento del proyecto

«Truchicultura El Porvenir» generaba un impacto ambiental en la

calidad del agua, no se podía desconocer que, dada la cercanía de

ese vertimiento con el punto de captación del agua para el acueducto

del MUNICIPIO, se debía de cumplir con los parámetros exigibles,

debido a la posibilidad de que se presentaran fallas o incumplimientos

en las acciones de saneamiento de las aguas residuales, pues podía

generar afectaciones en el afluente «Río Vallecitos», lo cual derivaría

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en alteraciones en la calidad del agua para el suministro del consumo

humano.

VI.3.1.- De la procedencia de las órdenes a cargo de

CORTOLIMA

Para resolver, se advierte que el Tribunal dispuso, entre otras

órdenes, que:

«[…] TERCERO: ORDENAR a la Corporación Autónoma
Regional del Tolima – CORTOLIMA, para que dentro de un (1)
mes ejecute acciones de vigilancia, seguimiento y control ambiental
al permiso de vertimiento concedido a favor del señor Jhon Fredy
Salgado Montes en el proyecto Truchícola El Porvenir, con el fin de
garantizar el funcionamiento y operación del sistema de tratamiento
de aguas residuales (domésticas e industriales) conforme la
normativa de la Resolución Nro. 631 de 2015, se verifique el
mantenimiento y limpieza de las obras y actividades de manejo de
los vertimientos y se efectúen los monitoreos de calidad de agua
residual. Como resultado a esta orden judicial, deberá diseñarse en
un término de quince (15) días un plan de acción para que el
particular garantice el cumplimiento estricto de las acciones de
saneamiento para el sistema de tratamiento de aguas residuales.

Igualmente, a partir del control previamente ordenado en este
numeral la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA, deberá continuar cada tres (3) meses hasta que se
venza el permiso de vertimiento otorgado al particular Jhon Fredy
Salgado Montes, ejecutando acciones de vigilancia, seguimiento y
control ambiental a dicho vertimiento en proyecto truchícola El
Porvenir.

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La autoridad ambiental deberá dar a conocer estos informes y/o plan
de acción a las autoridades municipales y a la Empresa de Servicios
Domiciliarios de Murillo S.A.S. E.P.S. EMSERMURILLO.

CUARTO: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA, que una vez se venza el permiso de
vertimiento concedido al señor Jhon Fredy Salgado Montes en el
proyecto Truchícola El Porvenir a través de la Resolución Nro. 4155
del 13 de diciembre de 2017, se analice técnica y científicamente si
el plan de tratamiento de aguas residuales (doméstica e industrial)
es suficientemente robusto para evitar fallas en el proceso de
saneamiento, en caso contrario, previo a conceder nuevamente el
permiso de vertimiento, deberá establecerse un sistema de
tratamiento que deberá construir y/o ejecutar el particular Jhon
Fredy Salgado Montes antes de que se prorrogue o nuevamente se
conceda dicho permiso […]».

Respecto del vencimiento del permiso de vertimiento que se le otorgó

al señor JHON FREDY SALGADO MONTES, la Sala precisa que,

mediante auto de 7 de febrero de 2025, el despacho sustanciador

decretó como pruebas en segunda instancia las siguientes:

-. Acta de visita de seguimiento al permiso de vertimientos otorgado

para el desarrollo del proyecto truchícola «El Porvenir», de 10 de

diciembre de 2022.

-. Informe de visita de evaluación y seguimiento al permiso de

vertimientos, otorgado para el proyecto truchícola «El Porvenir», de

30 de diciembre de 2022, en el que se señaló lo siguiente:

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«[…] III. INFORME DE VISITA

Se realizó visita de seguimiento el día 10 de diciembre de 2022, a
truchícola El Porvenir en el Municipio de Murillo, propiedad de Jhon
Fredy Salgado, con el fin de verificar las condiciones técnicas del
permiso de vertimientos solicitado para su funcionamiento.

(…)

El suscrito funcionario de la SARN asistió a las instalaciones de la
Truchicultura El Porvenir, de propiedad de Jhon Fredy Salgado,
ubicada en vereda Las Novillas del municipio de Murillo. Durante la
visita se evidenció lo siguiente:

1. Que las actividades de Truchícola El Porvenir basadas en la cría y
ceba de truchas y cerdos se encuentra suspendida.

2. Truchicultura El Porvenir, consiste en un proyecto integral
(pecuario, agrícola e industrial) cuyos sistemas de producción se
describen.

1.1. Producción de trucha desde el Alevinaje hasta la ceba, además
se benefician de peces dentro del predio y la venta de truchas sin
deshuesar o filetes de trucha.

1.2. Manejo de residuos puesto que los subproductos derivados del
sacrificio de peces actualmente previo conocimiento son
aprovechados en la preparación de un ensilaje usado en la
alimentación de cerdos preparado en el mismo predio, con los
subproductos del beneficio de peces (sangre, vísceras y hueso) y la
preparación de un ensilaje mediante la adición de melaza, salvado y
aditivos de acuerdo los requerimientos nutritivos de fase de los
cerdos, para ser embolsados previo al suministro a los porcinos.

1.3. Proyecto porcícola consiste en la ceba de cerdos, sostenido bajo
el sistema de cama profunda, método implementado que no genera
vertimientos, al momento de la visita no se evidenciaron porcinos o
cerdos.

1.4. Sostenimiento de equinos, para lo cual disponen de una
pesebrera.

1.5. Proyecto bovino.
1.6. La mortalidad de los peces, y cuando hace mantenimiento,
aunque es muy poco el que se genera extraído de los estanques

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cuando se genere porcinaza y estiércol de los equinos son
compostados con la adición de cal dolomita y roca fosfórica, melaza
y bacterias y valorizados en la preparación de un acondicionador del
suelo el cual es incorporado en las praderas de las que dispone el
predio.

1.7. Mantenimiento de praderas y rotación de potreros.

3. Dispone de dos fuentes de abastecimiento de agua y las diligencias
ofician en el expediente de la DTN de CORTOLIMA A386 y A051 con
2 caudales otorgados por la Corporación.

3.1. 102 l/s del río Vallecitos Expediente DTN A386.

3.2. 22 l/s de la quebrada Las Novillas. Expediente DTN A051.

4. En su infraestructura cuenta con un cuarto de sala de cunas donde
permanecían los alevinos, tanque receptor del agua proveniente de
las 2 fuentes de abastecimiento, tanque de repartición hacía los 49
estanques debidamente pañetados y esmaltados, de acuerdo con la
fase productiva, disponen de una red de conducción del recurso
hídrico y entre los estanques cuentan con un sistema de rejillas para
la retención de hojas y palos.

(…)

5. Se informó que la infraestructura cuenta con una capacidad de
270.000 animales, desarrollándose desde el estado de ova pasando
por post larva, alevino, dedino, juvenil y ceba, cosecha con la que se
produce alrededor de 6.5. a 7 toneladas por mes en un ciclo que dura
alrededor de los dos años, en la actualidad no se está desarrollando
actividades, la no operación del proyecto se debe a la acción popular
adelantada por el Tribunal Administrativo del Tolima quien ordenó la
suspensión de actividades hasta que no surta el respectivo fallo.

6. Durante el recorrido se evidenció un área habilitada para el
beneficio de los peces que está inoperante.

7. El sistema de tratamiento para aguas residuales generados en
beneficio de los peces era conducido a un pozo séptico y de ahí a
través de una moto bomba se pasa al sistema de tratamiento, el cual
está conformado por trampa grasas, tanque de sólidos y líquidos 5
tanques plásticos luego infiltración a suelo es de anotar que la
eficiencia y operatividad no fue evidenciada.

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8. El agua que transita por los diferentes estanques existentes y las
aguas residuales y los efluentes de los sistemas de tratamientos son
conducidos previamente a una laguna de oxidación de
aproximadamente (20m x 30m x 2.5m) existente anterior al río
vallecitos que es el cuerpo receptor de los vertimientos líquidos de
este proyecto.

9. Luego nos dirigimos al área donde desarrollan el programa de
compostaje de bovinaza, porcinaza y el estiércol de los equinos y se
evidencia que no hay actividad alguna relacionada con la elaboración
de compostaje.

10. No se evidenció almacenamiento de compostaje.

(…)

IV. EVALUACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

1. Mediante Resolución No. 4155 del 13 de diciembre de 2017,
CORTOLIMA otorga permiso de vertimientos a favor de Jhon Fredy
Salgado Montes, identificado con CC (…) para el proyecto Truchícola
Porvenir, ubicado en el municipio de Murillo y establece otras
disposiciones.

(…)

5. Mediante Radicado 6825 del 31 de agosto de 2022, Jhon Fredy
Salgado, responsable del proyecto Truchícola El Porvenir solicita
suspensión temporal para las concesiones de agua para uso agrícola
y pecuniarias, otorgadas mediante resolución 0368 del 29 de julio de
2019 y 0369 del 29 de julio de 2019, como también el permiso de
vertimientos otorgado mediante resolución 4155 de 13 de diciembre
de 2017, hasta que no se decida el caso de la acción popular por el
Tribunal Administrativo del Departamento del Tolima.

V. SE CONCEPTÚA

1. El señor Jhon Fredy Salgado, como responsable del permiso de
vertimientos establecido para el proyecto Truchícola El Porvenir,
ubicado en el Municipio de Murillo.
2. El sistema de tratamiento de aguas residuales industriales se
encuentra conformado por: laguna de oxidación para tratamiento de
aguas residuales de los estanques de cría de trucha y la futura
disposición de aguas residuales provenientes de la planta de
beneficio.

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3. Es necesario que Truchicultura el porvenir aclare si es necesario la
suspensión total de la concesión del río Vallecitos ya que se evidencia
que existe un caudal mínimo el cual es utilizado para mantener los
tanques en condiciones favorables y evitar su deterioro.

4. Dado el caso que la solicitud sea la suspensión total de la concesión,
es necesario drenar el agua que se encuentra empozada en los
tanques del proyecto productivo (semilla, levante y engorde), todo
esto con el fin de evitar la propagación de microorganismos, los cuales
condicionan un ambiente ideal para las bacterias en el agua.

5. Dado el caso y dependiendo el fallo del tribunal se pueda reanudar
las actividades del proyecto productivo es necesario que Truchicultura
el porvenir.

5.1. Remita comunicado a CORTOLIMA, informando la decisión del
fallo del Tribunal Administrativo del Tolima y la fecha en la que tiene
contemplado reanudar actividades.

5.2. El funcionamiento y operación del sistema de tratamiento de
aguas residuales tanto domésticas como no domésticas, así como la
remoción de cargas contaminantes deben de cumplir con la calidad
del agua establecida en la norma de vertimientos establecida
mediante la Resolución No. 631 de 2015.

5.3. No realizar vertimientos diferentes a los provenientes de los
estanques de ceba o en su efecto garantizar el previo tratamiento.

5.4. Realizar monitoreo compuesto (6 horas) anual de calidad del
agua residual tratada, teniendo en cuenta como mínimo los siguientes
aspectos:

a. La toma de muestras y su caracterización se debe hacer con un
laboratorio acreditado ante el IDEAM en NTC/ISO/IEC 17025.
b. Los parámetros fisicoquímicos mínimos para analizar serán los
establecidos en el artículo en el artículo 15 de la Resolución 631 de
marzo 17 de 2015.

c. Los resultados deberán ser analizados e interpretados y entregados
a la Corporación.

5.5. Los lodos provenientes del sistema de tratamiento de aguas
residuales y el material flotante del sistema de tratamiento de aguas
residuales industriales no podrán depositarse en cuerpos de agua o

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suelo (sin previo tratamiento). Adicionalmente, se deberá allegar a
CORTOLIMA un informe periódico sobre el manejo de lodos y material
sobrenadante de las estructuras preliminares generado en el STARI
teniendo en cuenta las actividades establecidas en un manual de
operación y mantenimiento.

5.6. En caso de presentarse problemas estructurales y/o en el
funcionamiento de las unidades de tratamiento de aguas residuales
industriales y domésticas que puedan generar olores y/o rebose de
las aguas residuales, éstos deberán ser subsanados de forma
inmediata.

6. El requerimiento del Auto No. 6243 del 10 de octubre/18 respecto
a la potabilización del agua le aplica al Municipio de Murillo a través
de la empresa prestadora del servicio de acueducto y no al piscicultor.

7. En caso de presentarse un evento de contingencia que atente
contra el medio ambiente y la comunidad circundante, se debe
informar a CORTOLIMA y al prestador del servicio de Murillo.

En referencia al radicado 6825 del 31/08/2022 es necesario que la
oficina jurídica se pronuncie y manifieste la decisión final acerca de la
intención del usuario de suspender temporalmente las concesiones de
agua otorgada mediante las resoluciones 0368 del 29 de julio de 2019
y 0369 de 29 de julio de 2019, como también se solicita la suspensión
del permiso de vertimiento otorgado mediante la resolución 4155 del
13 de diciembre de 2017 […]».

-. Auto 3838 de 3 de agosto de 2023, «Por medio del cual se ordena

el archivo de un expediente y se dictan otras disposiciones» dentro

del proceso administrativo núm. VDA-15261, correspondiente al

permiso de vertimientos otorgado para el proyecto truchícola «El

Porvenir», en el que se consideró lo siguiente:

«[…] 4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

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Que una vez revisada la actuación administrativa adelantada bajo el
expediente No. VDA-15261, se evidencia que bajo la Resolución No.
4155 de 13 de diciembre de 2017, CORTOLIMA resolvió otorgar
permiso de vertimientos a favor del señor JHON FREDY SALGADO
MONTES (…), para el proyecto Truchícola El Porvenir, ubicado en el
Municipio de Murillo, departamento del Tolima por el término de cinco
(5) años contados a partir de la ejecutoria del mismo acto
administrativo para tales efectos en folio 126 reposa dicha ejecutoria
con fecha 24 de enero de 2018, siendo así el instrumento ambiental
venció el día 24 de enero de 2023 lo que deduce que actualmente el
permiso de vertimiento se encuentra vencido.

Ahora bien, bajo el último concepto técnico No. 9021 de 30 de
diciembre de 2022 elaborados por los profesionales adscritos a la
Subdirección de Administración de Recursos Naturales (SARN), como
consecuencia de la visita de seguimiento ambiental practicada el 10
de diciembre de 2022, se establecieron unas obligaciones propias del
seguimiento ambiental, del mismo modo se evaluó la solicitud
radicada bajo No. 6825 de 31 de agosto de 2022 correspondiente a
la suspensión temporal de la concesión de aguas llave 4015 y 157 y
del permiso de vertimientos dando cumplimiento a la providencia
emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima en fecha 19 de enero
de 2018 bajo el expediente No. 73001-23-33-001-2016-00770-00
dentro de la acción popular que se inició en contra de CORTOLIMA,
MUNICIPIO DE MURILLO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE MURILLO y el señor JHON FREDY SALGADO
MONTES, por lo expuesto no resulta procedente resolver la solicitud
de suspensión toda vez que el instrumentos ambiental objeto de
estudio se encuentra VENCIDO, esto con la finalidad de no vulnerar
derechos fundamentales y no ir en contravía de los principios
mencionados anteriormente, de tal manera que se determina que no
es necesario continuar con el presente tramite ambiental, y, en
consecuencia, se ordenará el archivo de este, a fin de evitar un
desgaste administrativo e inadecuada inversión de recursos.

(…)

Conforme a lo expuesto, este Despacho considera concerniente
ordenar el archivo definitivo de las presentes diligencias contenidas
en el expediente No. VDA – 15261.

No obstante y como resultado de la revisión sistemática del presente
cartulario, se evidencia que bajo el radicado No. 6825 de 31 de agosto
de 2022, el titular solicita la suspensión temporal de dos concesiones
de aguas las cuales reposan bajo los expedientes No. 051-08 y 386,

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en ese sentido se ordenará remitir copia simple del oficio a fin de
resolver la solicitud de fondo dentro de los trámites ambientales.

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR el archivo definitivo de las
diligencias adelantadas por CORTOLIMA dentro del Expediente No.
VDA-15261, correspondientes al permiso de vertimientos a favor del
señor JHON FREDY SALGADO MONTES (…), para el proyecto
Truchícola El Porvenir, ubicado en el Municipio de Murillo, de
conformidad con la parte motiva del presente proveído.

ARTÍCULO SEGUNDO: ADVERTIR al señor JHON FREDY SALGADO
MONTES, (…) que el presente archivo no afecta los cobros y demás
obligaciones pecuniarias a cargo del solicitante a favor de CORTOLIMA
producto del presente cartulario, por lo que su recaudo deberá
efectuarse de conformidad con el procedimiento persuasivo o
coactivo, si a ello hubiere lugar.

ARTÍCULO TERCERO: REMITIR copia simple del Radicado de
entrada No. 6825 de 31 de febrero de 2022 a los expedientes No.
051-08 y 386 donde se adelantan las concesiones de aguas de las
llaves No. 4015 y 157, para efectos de resolver de fondo la solicitud
de suspensión temporal de los instrumentos ambientales.

ARTÍCULO CUARTO: REMITIR copia del concepto técnico No. 9021
de 30 de diciembre de 2022 al Área de Indagaciones Preliminares a
fin de que ordene visita de control y vigilancia al proyecto denominado
“Truchícola El Porvenir”, con el objetivo de corroborar si actualmente
hay lodos provenientes del sistema de tratamiento de aguas
residuales y en consecuencia se adelanten las acciones a que hay
lugar […]».

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que le asiste razón a

CORTOLIMA al considerar que se debe revocar el numeral 3 de la

sentencia del Tribunal pues, de conformidad con las consideraciones

expuestas en el Auto 3838 de 3 de agosto de 2023, el permiso de

vertimientos que se le otorgó al señor Salgado Montes para el

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desarrollo de su proyecto productivo no está vigente, dado que

venció el 24 de enero de 2023.

Así pues, dado que el Tribunal en el numeral 3 de la sentencia objeto

de recursos ordenó ejecutar acciones de vigilancia, seguimiento y

control ambiental al permiso de vertimiento concedido a favor del

señor SALGADO MONTES y, como consecuencia de ello, diseñar un

plan de acción para que el particular garantizara el cumplimiento

estricto de las acciones de saneamiento para el sistema de

tratamiento de aguas residuales, la Sala considera que dicha orden

no resulta procedente ante el vencimiento del permiso respecto del

cual versa la orden.

Adicionalmente, la Sala considera que ante el vencimiento del

permiso de vertimientos que le otorgó al señor Salgado Montes,

tampoco resulta procedente ordenarle a la autoridad ambiental

diseñar un plan de acción para que el particular demandado garantice

el cumplimiento de las acciones de saneamiento para el tratamiento

de aguas residuales.

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En efecto, si el particular decide, con posterioridad, continuar con el

desarrollo de su proyecto productivo, deberá solicitarle nuevamente

a CORTOLIMA el respectivo permiso de vertimiento con el lleno de

los requisitos legales previsto para ello.

Ahora, en relación con la orden impartida en el numeral 4 de la parte

resolutiva de la sentencia, a través del cual se le ordenó A

CORTOLIMA que, una vez se vencido el permiso de vertimiento que

se le concedió al señor Salgado Montes, a través de la Resolución

4155 del 13 de diciembre de 2017, se debía de analizar técnica y

científicamente si el plan de tratamiento de aguas residuales era lo

suficientemente robusto para evitar fallas en el proceso de

saneamiento y, en caso contrario, previo a conceder nuevamente el

permiso de vertimiento, debía de establecer un sistema de

tratamiento que deberá construir y ejecutar el particular, la Sala

advierte lo siguiente:

De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993,

las corporaciones autónomas regionales tienen a su cargo las

siguientes funciones:

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«[…] 2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente;

3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades
y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de
manejo adecuado de los recursos naturales renovables;

(…)

5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el
ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en
cuenta en las decisiones que se adopten;

(…)

8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes
de educación ambiental formal y ejecutar programas de educación
ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional;

(…)

12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas
funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
salvoconductos;

(…)

17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados;

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18) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de
las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción,
conforme a las disposiciones superiores y a las políticas nacionales;

19) Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y
de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes; Cuando se trate de obras de riego y
avenamiento que de acuerdo con las normas y los reglamentos
requieran de Licencia Ambiental, esta deberá ser expedida por el
Ministerio del Medio Ambiente.

20) Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible
y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables;

(…)

30) Las demás que anteriormente estaban atribuidas a otras
autoridades, en materia de medio ambiente y recursos naturales
renovables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, en
cuanto no pugnen con las atribuidas por la Constitución Nacional a las
entidades territoriales, o sean contrarias a la presente Ley o a las
facultades de que ella inviste al Ministerio del Medio Ambiente […]».
(Subrayado fuera del texto original).

Vista las funciones a cargo de las corporaciones autónomas

regionales, la Sala considera que la orden de que trata el numeral 4

de la sentencia del Tribunal, en esencia, resulta acorde con las

funciones de CORTOLIMA y la necesidad de proteger los derechos

colectivos invocados pues, a través de esta, se pretende que la

autoridad ambiental, en el evento de que el señor Salgado Montes

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solicite nuevamente el respectivo permiso de vertimientos, cumpla

con los requisitos de los planes de manejo ambiental y evitar que se

adelanten actividades sin las autorizaciones legales previstas para

ello.

En ese sentido, si bien CORTOLIMA indicó que con motivo del

vencimiento del permiso de vertimiento que se le otorgó al señor

Salgado Montes, también se debía de revocar el numeral 4 de la

sentencia del Tribunal, la Sala considera que dicho argumento no

está llamado a prosperar, dada la vulneración de derechos colectivos

que se advirtió dentro de proceso y la necesidad de que la autoridad

ambiental intervenga, en ejercicio de sus competencias, en su

protección; no obstante, sí hay lugar a modificarlo en el sentido de

establecer que la orden allí contenida a CORTOLIMA se active en el

evento que el señor Salgado Montes solicite nuevamente el permiso

de vertimientos para desarrollar su actividad comercial.

En efecto, de conformidad con las funciones expresamente

atribuidas por el legislador a las Corporaciones Autónomas

Regionales es incuestionable que CORTOLIMA, como máxima

autoridad ambiental y garante del medio ambiente dentro de su

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respectiva jurisdicción, es la llamada a ejercer las funciones de

evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el

suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual

comprende el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o

residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de

sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o

emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal

desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir

u obstaculizar su empleo para otros usos.

VI.3.2.- De la competencia del DEPARTAMENTO

El DEPARTAMENTO estimó que las órdenes impartidas no fueron

delimitadas conforme a la competencia que le asistía a cada entidad,

sino que se atribuyeron indistintamente a las condenadas, a pesar

de que el mismo Tribunal señaló que la competencia principal

respecto de la garantía de los derechos invocados recaía en el

MUNICIPIO.

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Para resolver, la Sala se referirá a la normativa que fija las

competencias del ente territorial en cita en materia ambiental.

Así, al tenor del artículo 64 de la Ley 99 de 1993, son del resorte del

Departamento, las siguientes funciones:

«[...] 3. Dar apoyo presupuestal, técnico, financiero y administrativo
a las Corporaciones Autónomas Regionales, a los municipios y a las
demás entidades territoriales que se creen en el ámbito
departamental, en la ejecución de programas y proyectos y en las
tareas necesarias para la conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

4. Ejercer, en coordinación con las demás entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA) y con sujeción a la distribución legal de
competencias, funciones de control y vigilancia del medio ambiente y
los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el
cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en
materia ambiental y de proteger el derecho a un ambiente sano [...]».

Además, el artículo 74, numeral 74.10 de la Ley 715 de 2001

atribuye a los departamentos, entre otros, el deber de «[...]

Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones

Autónomas Regionales, las actividades de control y vigilancia

ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del

departamento [...]».

En tal escenario, la Sala pone de presente que si bien es cierto en el

asunto en estudio no existe mérito probatorio para atribuir las

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causas de la vulneración al DEPARTAMENTO, también lo es que, a

la luz de tales disposiciones, este funge como garante de los

derechos colectivos involucrados en la problemática expuesta,

porque tiene a su cargo brindar apoyo en labores y programas de

conservación del medio ambiente y de los recursos naturales

renovables en el ámbito de su jurisdicción, así como participar en las

actividades de vigilancia y control ambiental.

Por lo anterior, la Sala considera que el argumento expuesto por el

DEPARTAMENTO en el sentido de que su vinculación no estaba

soportada en debida forma en atención a que el Decreto 1873 de

201210, citado por el Tribunal en su providencia, fue derogado por el

Decreto 475 de 2015 11 , no está llamado a prosperar, pues, aun

cuando, en efecto, el primer Decreto estuviese derogado, lo cierto

es que en el artículo 3° de esta última normativa se dispuso la

creación de un Comité Técnico Departamental de Proyectos, “como

instancia asesora en el proceso de viabilización y aprobación de los

proyectos de agua potable y saneamiento básico priorizados en el

10 «[…] Por el cual se reglamenta el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011, se crea el Mecanismo
Departamental de Evaluación, Viabilización y Aprobación de Proyectos del Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas
regionales y/o departamentales que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se
establecen sus requisitos y se dictan otras disposiciones […]».
11
«[…] Por el cual se reglamenta el artículo 250 de la Ley 1450 de 2011 y se dictan otras disposiciones
[…]».

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marco de los Planes Departamentales de Agua así como los demás

Programas regionales para el manejo de agua potable y saneamiento

básico”, el cual está integrado, entre otros, por un delegado del

Gobernador, por lo que el yerro en que incurrió el a quo no invalida

la vinculación del DEPARTAMENTO en la solución a la problemática

sub examine, tal y como lo reconoció el mismo recurrente en su

escrito de apelación en el que indicó que:

“[…]dejando a un lado el lapsus del ad quo, se tiene que, si bien
es cierto, el Decreto 1873 de 2012 fue derogado por el Decreto 475
de 2015, no es menos cierto que el artículo 3º de ambos disponen la
creación del COMITÉ TÉCNICO DE PROYECTOS como instancia
asesora en el proceso de viabilización y aprobación de los proyectos
de agua potable y saneamiento básico a financiar exclusivamente con
recursos que no provienen de la nación, previstos en los instrumentos
de planeación de los Planes Departamentales de Agua, así como
aquellos que se ejecuten en el marco de Programas regionales para
el manejo de agua potable y saneamiento básico, que estará adscrito
a la Oficina de Planeación, Secretaría de Planeación, al Departamento
Administrativo de Planeación o a la instancia a nivel departamental
que haga sus veces […]”.

Siendo ello así, es claro que las obligaciones atribuidas al

DEPARTAMENTO en el numeral 6 de la sentencia del Tribunal, en

el sentido de ordenarle apoyar financiera, técnica y

administrativamente al MUNICIPIO y a la Empresa de Servicios

Públicos en el diseño del plan de mejoramiento u optimización en el

proceso de tratamiento del agua para el Sistema de Acueducto del

casco urbano del ente territorial, buscando que se garantice el

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suministro permanente y constante del agua cumpliendo con los

estándares de calidad para el consumo humano, encuentran pleno

sustento en el análisis e interpretación conjunta de las funciones

asignadas a dicho ente territorial bajo el esquema del SINA,

complementadas con la Ley 715 de 2001, y la aplicación de los

principios constitucionales de coordinación, concurrencia y

subsidiariedad.

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del MUNICIPIO de

concurrir con aportes presupuestales para viabilizar la ejecución de

las respectivas obras, y del DEPARTAMENTO de brindar apoyo

técnico, administrativo y financiero con la misma finalidad, tal y como

desprende de la normativa prevista en la Ley 715 de 2001 citada en

precedencia y, del artículo 76, numeral 76.1 del mismo texto legal,

que dispone:

«[...] ARTÍCULO 76. Competencias del municipio en otros
sectores. Además de las establecidas en la Constitución y en otras
disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente,
con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros
recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

76.1. Servicios Públicos

Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios
públicos además de las competencias establecidas en otras normas

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vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de
la infraestructura de servicios públicos [...]».

En ese sentido, la Sala considera acertada la decisión del Tribunal de

ordenarle al MUNICIPIO, al DEPARTAMENTO y a

EMSERMURILLO que, dentro los tres (03) meses siguientes a la

ejecutoria de la presente providencia, adelanten en forma coordinada

y a través de un trabajo conjunto todas las gestiones administrativas,

presupuestales y financieras que sean necesarias para que diseñe un

plan de mejoramiento u optimización en el proceso de tratamiento

del agua para el sistema de acueducto del casco urbano del

MUNICIPIO.

VI.3.3.- De la solicitud de vinculación de la Nación

El DEPARTAMENTO en su recurso de apelación consideró que se debía

de vincular al proceso a la Nación, de conformidad con lo previsto en el

artículo 365 de la Constitución Política, pues tenía una responsabilidad

conjunta en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento

básico en el MUNICIPIO, en virtud de los principios de concurrencia y

subsidiariedad, así como el deber de apoyar financiera, técnica y

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administrativamente a las empresas de servicios públicos o los municipios

que asumieron su prestación directa.

Al respecto, la Sala considera que no se requiere de la vinculación al

proceso de la Nación al proceso, pues en el evento de ser necesaria la

implementación de nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales,

los costos que ello implique así como la ejecución de las obras deberán

ser asumidos por el MUNICIPIO, a quien, en todo caso, el ordenamiento

jurídico faculta para que, en virtud del principio de coordinación y

colaboración armónica, gestione ante entidades como el

DEPARTAMENTO y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO, los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo

las intervenciones que exceden su capacidad financiera.

Aunado a lo anterior, esta no es la etapa procesal para solicitar la

vinculación de entidades, cuya necesidad de comparecencia pudo ser

advertida en la contestación de la demanda y no con el recurso de

apelación contra la sentencia de primera instancia.

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VI.3.4.- De la condena en costas

En este punto, la Sala advierte que, en sentencia de unificación de 6 de

agosto de 201912, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación precisó el alcance del artículo 38 de la Ley 472, en los

siguientes términos:

[…] 6.4.1 Reglas de unificación

163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el
reconocimiento de las costas procesales a favor del actor
popular y a cargo de la parte demandada, siempre que la
sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectoras
de los derechos colectivos, y la condena en costas, a la luz del
artículo 361 del Código General del proceso, incorpora tanto el
concepto de expensas y gastos procesales como el de las agencias en
derecho.

164. También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada,
en los componentes de expensas o gastos procesales y de agencias
en derecho, cuando haya actuado con temeridad o mala fe. En este
último evento, también habrá lugar a condenarlo al pago de la multa
prevista en la disposición 38 ibidem.

165. Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a
cargo del actor popular, cuando este último actuó temerariamente o
de mala fe, caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa
prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a
condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En este
evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los
honorarios y de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código
General del Proceso, es claro que las agencias en derecho no

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, consejera ponente Rocío

Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.

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corresponden a los honorarios a los que se refiere la norma, pues
ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998,
armonizado con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las
acciones populares la condena en costas a favor del actor popular
incluye las expensas, gastos y agencias en derecho con independencia
de que la parte actora haya promovido y/o concurrido al proceso
mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente.

167. En cualquiera de los eventos en que cabe el
reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a
las expensas y gastos procesales o a las agencias en derecho,
bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la
condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del
Código General del Proceso, de forma que sólo se condenará al
pago de aquellas que se encuentren causadas y se liquidarán
en la medida de su comprobación.

169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en
derecho siempre que el actor popular resulte vencedor en la
pretensión protectoria de los derechos colectivos y su
acreditación corresponderá a la valoración que efectúe el
fallador en atención a los criterios señalados en el numeral 4
del artículo 366 del Código General del Proceso, es decir, en
atención a la naturaleza, calidad y duración del asunto, o a
cualquier otra circunstancia especial que resulte relevante
para tal efecto.

170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si
aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el
juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de
la gestión realizada por el actor popular, con independencia de si
actuó directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas […]».
(Destacado de la Sala).

De acuerdo con los anteriores parámetros jurisprudenciales, resulta

claro que la condena en costas, por expresa disposición de la Ley

472, sí es procedente en acciones populares, por lo que el hecho de

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que a través de esta se persiga el amparo de intereses públicos, ello

no es un impedimento para tal reconocimiento, respecto de cual, por

demás, la Sala Plena de esta Corporación fijó los parámetros para su

reconocimiento de acuerdo con el Código General del Proceso, razón

por la que no prospera el cargo planteado.

Ahora, en atención a las reglas fijadas en la sentencia de unificación

idem no se condenará en costas en esta instancia, pues dentro del

plenario no obra prueba alguna de actuaciones procesales para su

causación.

VI.4.- Del comité de verificación

La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada, al

conformar el Comité de Verificación, omitió indicar a quien

corresponde presidirlo, en consecuencia, atendiendo al artículo 34

de la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección13, se modificará el

ordinal 10 de la parte resolutiva de dicha providencia en el sentido

13 Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007

01, Consejero Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm.
52001-23-33-000-2018-00361-01, Consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).

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de establecer que corresponderá al magistrado ponente del fallo de

primera instancia, fungir como presidente de dicho Comité.

Por lo expuesto, la Sala revocará el numeral 3 de la sentencia de

primera instancia, modificará los numerales 4 y 10 y confirmará en

lo demás la sentencia de 5 de septiembre de 2024, proferida por el

Tribunal Administrativo del Tolima, por las razones expuestas en la

parte considerativa de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor

consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para

intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas

en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,

SEPARARLO del conocimiento del mismo.

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SEGUNDO: REVOCAR el numeral 3 de la sentencia de 5 de

septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del

Tolima, por las razones expuestas en la parte considerativa de la

presente providencia.

TERCERO: MODIFICAR los numerales 4 y 10 de la sentencia

apelada, los cuales quedarán así:

«[…] CUARTO: ORDENAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA que, en el evento que
el señor Salgado Montes solicite nuevamente el permiso de
vertimientos para desarrollar su actividad comercial, se analice
técnica y científicamente si el plan de tratamiento de aguas
residuales (doméstica e industrial) es suficientemente robusto
para evitar fallas en el proceso de saneamiento, en caso
contrario, previo a conceder nuevamente el permiso de
vertimiento, deberá establecerse un sistema de tratamiento que
deberá construir y/o ejecutar el particular Jhon Fredy Salgado
Montes antes de que nuevamente se conceda dicho permiso.

DÉCIMO: CONSTITUIR el comité de verificación del
cumplimiento de la presente sentencia con el magistrado
ponente del Tribunal Administrativo del Tolima, quien lo
presidirá, las partes y el agente del ministerio público, quienes
rendirán en el término de 6 meses, contados desde la ejecutoria
de la sentencia, un informe único detallado e ilustrado sobre las
soluciones adoptadas en pro del cumplimiento efectivo de esta
providencia […]».

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Tribunal, por las

razones expuestas en la parte considerativa de la presente

providencia.

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QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.

SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo

para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDO MANTILLANAVARRO
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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