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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2023-00440-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2023-00440-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: INSTAR a los habitantes de la Urbanización La Pereira y a las empresas que puedan existir en la zona objeto de protección constitucional para que se abstengan de realizar conductas que vayan en detrimento del medio ambiente en la zona y aumenten el riesgo en que se encuentran. Asimismo, presten la colaboración necesaria a las autoridades para el cumplimiento de las órdenes judiciales. TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-33-000-2023-00440-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos
Núm. único de radicación: 760012333000202300440-01
Demandante: Noris Donneys
Demandado: Municipio de Palmira
Vinculados: Municipio de Candelaria, Departamento del Valle del Cauca,
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD1

Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el Municipio
de Palmira, el Departamento del Valle del Cauca, el Municipio de Candelaria, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC contra la sentencia
proferida el 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a
continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Noris Donneys presentó demanda, en ejercicio del respectivo medio de control
contra el Municipio de Palmira, el Municipio de Candelaria, el Departamento del

1
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7ED_SentenciadePrimeraIn(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

2

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Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC
y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD con el
objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos previstos en los
literales b), d), e), f), g) y l) del artículo 4.º de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982,
presuntamente vulnerados por las entidades accionadas3.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] 1. Que se protejan, por parte de la Alcaldía Municipal de Palmira los
derechos colectivos que se encuentran vulnerados en el artículo 4 de la ley 472
de 1998 literales: b) La moralidad administrativa; d) El goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público; e) La defensa del patrimonio
Público; f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación ; g) La seguridad y
salubridad públicas l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, con fundamento en: el artículo 88 de la C.P, Ley 472
de1998.

2. Que se ordene a la Alcaldía Municipal de Palmira que adopte medidas
efectivas para mitigar el riesgo de inundaciones en el sector Urbanización Pereira
Corregimiento de Juanchito Palmira, tales como el arreglo de todo el sistema de
bombeo del alcantarillado, la compra de moto bombas y la construcción de
jarillón.

3. Ordenar a la Alcaldía Municipal de Palmira que diseñe y aplique planes y
programas para prevenir futuras inundaciones en el corregimiento de Juanchito
Palmira sector Urbanización Pereira, que incluyan medidas de prevención y
atención en caso de emergencias, o en otra instancia reubicación de los
habitantes de este sector.

4. Ordenar a la alcaldía de Palmira, alcaldía de Candelaria, la Gobernación del
Valle del Cauca, C.V.C y representantes de la comunidad que establezcan mesas
de trabajo para dar soluciones al problema generado por el dique que une los dos
(2) Corregimientos (Juanchito Palmira y Juanchito Candelaria) […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora manifestó que los derechos e intereses colectivos
indicados supra fueron vulnerados, en síntesis, por las inundaciones que se han
presentado desde el año 2022 en el sector de la Urbanización La Pereira del
Corregimiento de Juanchito del Municipio de Palmira, ubicado entre las calles 92
a 93 y 7U a 7J, a causa de que las lluvias generan que el Río Cauca aumente su

2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
3
“[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos,
entre otros, los relacionados con:
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente;
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes […]”.
4
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado “[…] 3ED_Demandapdf(.pdf)
NroActua 2 […]”.
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3

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caudal. Sostuvo que en el sector habitan cerca de mil familias que deben soportar
las consecuencias de tener aguas represadas debido a que el sistema de
bombeo presenta fallas, entre las que destacó: los malos olores, el riesgo de
contraer enfermedades, el daño y pérdida de muebles y enseres, y la
imposibilidad de usar las baterías sanitarias.

4. Indicó que el sistema de bombeo no funciona adecuadamente por lo que
el represamiento de aguas en el sector causa problemas sanitarios en la zona.
Concretamente, señaló que el sistema de bombeo ubicado en la calle 92 con
carrera 7M, no fue construido técnicamente, se tienen dos motobombas
exteriores y dos sumergibles cada una de tres pulgadas (3”), las dos motobombas
sumergibles, las está reparando el Municipio sin que las haya entregado,
igualmente, el tablero eléctrico donde están conectadas las motobombas está
trabajando de manera directa a causa de que varios de sus elementos están
descompuestos (cables, conectores, fusibles, contactares, totalizadores etc.).

5. Afirmó que la comunidad del sector ha presentado múltiples solicitudes a
la Alcaldía Municipal de Palmira, con el fin de solucionar la problemática de
inundaciones en la zona sin que el Municipio haya dado soluciones efectivas.

6. Manifestó que la problemática quedó evidenciada en el “[…] informe
técnico de visita – alcantarillado y sistema de bombeo del sector Juanchito –
Pereira, Corregimiento Juanchito […]”, realizado por la Dirección de Gestión del
Riesgo de Desastres Municipal el día 16 de marzo de 2023.

7. Señaló que han solicitado al Municipio de Palmira, la implementación de
tapas para los sumideros, así como la pavimentación de las carreras 7m, 7q, 7r,
7s, 7t, calle 92, en el sector Urbanización La Pereira Corregimiento de Juanchito
Palmira, toda vez que las inundaciones han ocasionado daños en la vía pública,
infiltración del agua, en épocas de lluvia se forman huecos lo que hace
intransitables las vías.

Actuaciones en primera instancia5

8. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió auto de 31 de julio de 2023, mediante el cual admitió la acción de la
referencia6.

5
La demanda inicialmente fue presentada ante los Juzgados Administrativos de Cali y, posteriormente, se
remitió por competencia al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
6
Cfr. índice 5 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
3_AUTOADMITEDEMANDA(.pdf) NroActua 5 […]”.
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9. La audiencia especial de pacto de cumplimiento se celebró el día 27 de
febrero de 20247 y se declaró fallida al no llegar a una fórmula de arreglo entre
las partes.

10. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió auto de 30 de julio de 20248, mediante el cual, entre otras cosas, corrió
traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de
conclusión y el concepto, respectivamente.

Contestaciones de la demanda

11. El Municipio de Palmira9 presentó escrito en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda y señaló que el sector Juanchito – La Pereira está
ubicado sobre la llanura de inundación natural del Río Cauca, por lo que es
necesario realizar estudios que permitan establecer si la amenaza es o no
mitigable y, en caso de que sea mitigable debe definirse las obras requeridas
para controlar las inundaciones.

12. Aseguró que sin los precitados estudios es imposible determinar si la
solución debe ser la construcción de un jarillón y la reparación de las
motobombas.

13. Indicó que el Municipio no tiene la capacidad financiera para la
construcción de un jarillón, por lo que se requiere de la colaboración del Municipio
de Candelaria.

14. Expuso que es viable que se establezcan mesas de trabajo y que se han
realizado visitas al sector para verificar la problemática. Adicionalmente, afirmó
que no se probó un indebido manejo de recursos públicos por parte del Municipio.

15. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC10
presentó escrito a través del cual se opuso a las pretensiones de la demanda
señalando que la protección de los derechos colectivos invocados corresponde
al Municipio de Palmira. Afirmó que la Corporación no presta el servicio público

7
Cfr. índice 59 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
Documento 021 del expediente digital.
77ACTADEAUDIENC20230044000AUDPACTOCUMPLIMIENTOPOPULARNORYSDONEYSVSCVCYOT
ROSPDF(.pdf) NroActua 59 […]”.
8
Cfr. índice 105 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
186Acta de audienc_20230044000CONTINUAC(.pdf) NroActua 105 […]”.
9
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 16 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado “[…] 18_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua
16 […]”.
10
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 18 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado “[…] 25_CONTESTACIONDEDEMANDA_MEMORIALCONTESTANCI(.pdf) NroActua
18 […]”.
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de alcantarillado en el precitado Municipio. Adujo que la administración de los
bienes de uso público está a cargo del Municipio, por lo que la Corporación no
está encargada de ejecutar las políticas de planeación, construcción,
mantenimiento y protección del espacio público dentro de la Urbanización La
Pereira del Corregimiento de Juanchito en el Municipio de Palmira.

16. Propuso las excepciones de “Falta de legitimación en causa por pasiva por
parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC”,
“Inexistencia de la obligación respecto del goce del espacio público y la utilización
y defensa de los bienes de uso público”, “Complementariedad y subsidiariedad
en la Gestión del Riesgo”, y “excepción genérica”.

17. El Departamento del Valle del Cauca11 contestó la demanda
oponiéndose a las pretensiones y solicitó su desvinculación de la acción de la
referencia. Adicionalmente, propuso las excepciones de “Falta de legitimación en
la causa por pasiva y cumplimiento a cabalidad de todas las obligaciones
constitucionales y legales a cargo del Departamento del Valle del Cauca” e
“innominada”.

18. El Municipio de Candelaria12 presentó escrito en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda. Propuso las excepciones de “Inexistencia del
derecho alegado y/o carencia del derecho sustantivo para demandar” y “falta de
legitimación en la causa por parte del Municipio de Candelaria”.

19. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -
UNGRD13 presentó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la demanda
y sostuvo que la entidad no tiene funciones operativas sino de coordinación, por
lo que no le corresponde la atención directa de los procesos de gestión del riesgo
de desastres relacionados con las inundaciones en el sector Juanchito – La
Pereira del Municipio de Palmira y, en consecuencia, aseguró que la gestión del
riesgo era responsabilidad de las entidades territoriales y de la autoridad
ambiental.

20. Formuló la excepción que denominó “falta de legitimación en la causa por
pasiva por inexistencia de la obligación de protección de los derechos colectivos

11
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 21 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado “[…] 29_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda(.pdf) NroActua 21 […]”.
12
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 41 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado “[…] 57_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONMUNICIP(.pdf) NroActua
41 […]”.
13
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 20 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado “[…] 28_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACIONACCION(.zip) NroActua
20 […]”.
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presuntamente conculcados”. Finalmente, se refirió a la inexistencia de
responsabilidad de la Unidad por no probarse la acción u omisión ni el nexo
causal.

21. En la etapa de alegatos de conclusión, en primera instancia, intervino el
Municipio de Palmira, el Departamento del Valle del Cauca, la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres -UNGRD y la parte actora, en el sentido de reiterar lo
expuesto en las contestaciones de la demanda y en la demanda,
respectivamente.

22. El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en esta instancia.

Sentencia proferida, en primera instancia14

23. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de 8 de
noviembre de 2024, resolvió lo siguiente:

“[…] 1. PROTEGER los derechos colectivos al goce al ambiente sano; el derecho
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; el goce del
espacio y público y seguridad salubridad pública.

2. En la relación con los asentamientos ilegales, los inmuebles situados en zonas
de alto riesgo no mitigable y las medidas de reubicación y conservación, se ordena:

2.1 A la administración municipal de Palmira para la Urbanización La Pereira del
corregimiento de Juanchito y a su vez, el municipio de Candelaria en el área de su
jurisdicción limítrofe con la urbanización La Pereira, junto con la CVC como
autoridad ambiental para el área rural, en un término de seis (6) meses, proceder
a identificar de forma puntual y georeferenciada o conforme a la técnica
cartográfica que corresponda, los polígonos de las zonas de alto riesgo no
mitigable y a su vez, identificar e inventariar los predios existentes producto de los
asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios que se encuentren en
medio de dichas áreas no mitigables.

2.2 Posterior a ello, deberá cada administración municipal a través de los
Inspectores de Policía dentro de un horizonte máximo de ocho (08) años, iniciar y
culminar los respectivos procesos de restitución de bien de uso público respecto
de las áreas de protección del río Cauca, garantizando el desalojo de los
asentamientos humanos ilegales y la demolición de las obras y viviendas que
existan en el rango de la franja protectora establecida para cada municipio; así
mismo, se deberá proceder al desalojo y demolición de quienes se hallen en zonas
de alto riesgo no mitigable.

2.3 De forma concomitante con las órdenes de desalojo y demolición, deberá cada
administración municipal – Palmira y Candelaria- como principales responsables
de la gestión del riesgo y prevención de desastres, establecer programas de
reubicación para lo cual deberá crear procesos de desarrollo de interés prioritario
y de viviendas de interés social respecto de los predios identificados para

14
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7ED_SentenciadePrimeraIn(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”. Mediante auto de 29 de noviembre de
2024, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió negar una solicitud de aclaración de la
sentencia. Cfr. Índice 129 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Sede del Tribunal, Archivo denominado:
“[…] 244Autoresuelvea_663I20230044000NIEGA(.pdf) NroActua 129 […]”.
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demolición, garantizando que al momento de la demolición del predio, sus
habitantes tengan establecida la nueva vivienda en zona segura y legalmente
habitable.

2.4 Los municipios de Palmira y Candelaria deberán estar bajo el acompañamiento
y apoyo económico y técnico del Departamento del Valle del Cauca, y el apoyo
técnico, informativo y educativo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres para la ejecución de los proyectos de reubicación. Lo dicho precisando
que, a su vez, deberá el ente territorial con el apoyo del departamento y de la
UNGRD gestionar los recursos ante la Nación - Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio – o ante quien corresponda- para el logro de la cofinanciación.

2.5 Las áreas recuperadas, según cada jurisdicción, deberán ser intervenidas para
su manejo y cuidado policivo continuo de forma tal que se evite una nueva
ocupación y se garantice la plantación y conservación de la cobertura boscosa,
esto último con el acompañamiento de la CVC.

3. Se ORDENA a la administración municipal de Palmira para la Urbanización La
Pereira del corregimiento de Juanchito y a su vez, el municipio de Candelaria en
el área de su jurisdicción limítrofe con la urbanización La Pereira, procedan a:

3.1 Ejecutar en el término de 2 meses la recolección de los residuos sólidos que
se encuentra actualmente en la ribera del río Cauca;

3.2 Adelantar jornadas de capacitación y concientización del no vertimiento de
residuos sólidos mínimo 4 veces al año generando espacios para capacitar a la
comunidad en general, debiendo abordar temáticas como el reciclaje, reutilización
de desechos, aprovechamiento de los residuos orgánicos, importancia del cuidado
del agua y manejo de residuos peligrosos agrícolas;

3.3 Disponer en un término de 4 meses de un sitio específico para el depósito de
los residuos sólidos derivados de la construcción y demolición, y a su vez,
garantizar la cobertura total del servicio de recolección y transporte de dichos
residuos con una periodicidad de al menos una vez cada dos semanas;

3.4 Ordenar jornadas trimestrales para la limpieza de residuos sólidos de las
ribereñas del río Cauca, pudiendo emplear el ente territorial estrategias efectivas
a través de todas las instituciones, dependencias y colegios oficiales a su cargo y
demás entidades públicas que hacen presencia en la ciudad y a su vez, extender
la invitación activamente a las instituciones privadas y a la comunidad en general
como colaboradores de la tarea a fin de lograr una red de apoyo más robusta que
conlleve a obtener mayor periodicidad y mucha más cobertura en la ejecución de
las jornadas.

4. Se ORDENA a la administración municipal de Palmira para la Urbanización La
Pereira del corregimiento de Juanchito y a su vez, el municipio de Candelaria en
el área de su jurisdicción limítrofe con la urbanización La Pereira, procedan en el
término de cinco (5) años: i) formular los estudios y diseños de la red de
alcantarillado sanitario y pluvial y del sistema de tratamiento de las aguas
residuales en el corregimiento; ii) la construcción de las tuberías sanitarias del
alcantarillado, iii) la construcción del alcantarillado, los colectores, canaletas y
demás estructuras necesarias para suplir las deficiencias del sistema.

5. CONFORMAR un Comité de Verificación de la sentencia, el cual estará
integrado por el Magistrado Ponente de la decisión de primera instancia, quien lo
presidirá, el actor popular, las entidades demandadas y el ministerio público […]”.

Consideraciones del Tribunal

24. El Tribunal consideró que se encontraba probado el alto riesgo no
mitigable y mitigable por inundación y deslizamientos asociados a la ubicación de
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la Urbanización La Pereira, por lo que era necesario impartir órdenes de
reubicación. Asimismo, encontró acreditado en el proceso que en el sector objeto
de protección por medio de la acción popular de la referencia, se evidenciaron
vertimientos de aguas residuales e industriales y de residuos sólidos
provenientes de actividades de demolición y construcción.

25. El Tribunal sostuvo que si bien se ordena “[…] la reubicación de la
población de Candelaria y Palmira que se encuentran en zonas de alto riesgo no
mitigable, también es cierto que, otra parte de la población se encuentra en zona
de alto riesgo mitigable respecto de los cuales no será necesaria la medida de
reubicación, por lo que, respecto de esta población es necesario solucionar la
problemática del sistema de alcantarillado, el cual, tal como quedó evidenciado,
fue creado de forma artesanal por los pobladores y por tanto, no cumple con las
especificaciones técnicas del caso […]”15.

26. El Tribunal concluyó lo siguiente:

“[…] están demostrados los asentamientos humanos ilegales en la franja
protectora del río Cauca, al igual que en zonas de alto riesgo no mitigable
tanto en la jurisdicción de Palmira en la Urbanización La Pereira del
corregimiento de Juanchito y como también en el municipio de Candelaria
en el área de su jurisdicción limítrofe con la urbanización La Pereira, lo que
genera una problemática en doble sentido, pues de una parte, genera fuertes
presiones negativas antrópicas al río Cauca a pesar de la notable importancia
de su conservación y de otra parte, es claro el riesgo latente en la que
encuentran sometidos los habitantes de los mencionados sectores.

De otra parte, también se hallaron vertimientos directos al río Cauca de
residuos sólidos como líquidos, ello, debido al indebido manejo y gestión de
escombros (construcción y demolición) y a las deficiencias del sistema de
alcantarillados, sumado a la falta de consciencia de la misma población.

Por tanto, se protegerán los derechos colectivos trasgredidos y se ordenará
a las entidades accionadas y vinculadas las actividades que, a juicio de esta
instancia, contribuyen a solucionar las problemáticas halladas […]”16.
(Destacado fuera de texto).

Recursos de apelación

Recurso de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC

27. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC17 presentó
recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base
en los siguientes argumentos:

15
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7ED_SentenciadePrimeraIn(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
16
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7ED_SentenciadePrimeraIn(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
17
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 134 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado: “[…] 245_MemorialWeb_PeticiOn-MemorialTCAValled(.pdf) NroActua 134 […]”.
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27.1. Solicitó la revocatoria del ordinal 2.1 de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, con fundamento en que contraviene las funciones
misionales de la Corporación, previstas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993.
En concreto, adujo que no es de su competencia la elaboración de censos,
cartografía o identificación de bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción de los
municipios de Palmira y Candelaria. Asimismo, señaló que la orden judicial
contraviene lo previsto en los artículos 2.2.2.1.1 y 2.2.2.1.5 del Decreto 148 de
2020, relacionados con la función catastral.

27.2. Afirmó que el Tribunal no tuvo en consideración la función subsidiaria o
residual de la Corporación en materia de gestión del riesgo, de conformidad con
lo establecido en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012. Por lo que, se estarían
imponiendo obligaciones a la entidad que desbordan sus funciones.

Recurso del Departamento del Valle del Cauca

28. El Departamento del Valle del Cauca18 presentó recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, con base en los siguientes
argumentos:

28.1. Manifestó que el Departamento dio respuesta de fondo a las peticiones
sobre las que giran las pretensiones de la demanda, por medio del oficio de
respuesta SADE núm. 2023360244 del 14 de agosto de 2023, expedido por la
Secretaría de Infraestructura del Departamento del Valle del Cauca, los oficios
SADE núms. 2023359620 del 10 de agosto de 2023, expedido por el
Subsecretario de Planeación y Macroproyectos de Infraestructura y el oficio
SADE 2023359620 del 8 de agosto de 2023, expedido por el Subsecretario de
Planeación y Macroproyectos de Infraestructura.

28.2. Adujo que el Departamento del Valle del Cauca carece de legitimación en
la causa por pasiva para responder a las pretensiones de la demanda, y tampoco
ha vulnerado o amenazado ninguno de los derechos colectivos indicados en la
demanda.

28.3. Aseguró que la orden impartida al Departamento relacionada con brindar
acompañamiento y apoyo económico y técnico a los municipios de Palmira y
Candelaria, no es proporcional, toda vez que no se demostró la vulneración de

18
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 121 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado: “[…] 231_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACIO(.pdf) NroActua 121 […]”.
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los derechos colectivos por parte de la entidad, ni se probó que los precitados
municipios hayan presentado proyectos al Departamento para financiar las
medidas de reubicación.

28.4. Solicitó revocar la sentencia proferida, en primera instancia, y desvincular
al Departamento del Valle del Cauca.

Recurso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -
UNGRD

29. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD19
presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
con base en los siguientes argumentos:

29.1. Señaló que la sentencia proferida, en primera instancia, impuso a la
UNGRD la obligación de gestionar recursos ante la Nación para la ejecución de
las obras, así como participar en el proceso de reasentamiento, desconociendo
que el numeral 9.º del artículo 4 del Decreto 4147 de 2011, no va encaminado a
ese objeto.

29.2. Afirmó que el Tribunal desconoció la autonomía y obligaciones legales de
las entidades territoriales dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, concretamente lo previsto en los artículos 12, 13 y 54 de la Ley 1523
de 2012, este último sobre el deber de contar con un fondo territorial.

29.3. Señaló que de conformidad con el Decreto 4147 de 2011, la UNGRD no
tiene funciones operativas, sino que sus funciones legales se ciñen estrictamente
a la coordinación y la formulación de políticas públicas de gestión del riesgo, por
lo que debe brindar orientación necesaria a las entidades territoriales para el
fortalecimiento de la gestión del riesgo de desastres, sin que tenga la obligación
de gestionar recursos para la ejecución de obras.

29.4. Expuso que en la sentencia apelada se valoró indebidamente las normas
que definen las competencias de las entidades territoriales en el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la UNGRD.

29.5. Sostuvo que era deber de los municipios de Palmira y Candelaria apropiar
los recursos necesarios e incluirlos en el presupuesto para fortalecer la política

19
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 124 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado: “[…] 237_MemorialWeb_Recurso-Apelacionaccionp(.pdf) NroActua 124 […]”.
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de gestión del riesgo en su territorio, guardando coherencia con los niveles de
riesgo que tenga determinados en su jurisdicción.

29.6. Indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
implementación, desarrollo y ejecución de la política pública y los procesos de
gestión del riesgo de desastres está en cabeza de los Alcaldes y Gobernadores.
Asimismo, corresponde a la UNGRD brindar asistencia técnica requerida por los
municipios y departamentos; sin embargo, esto no incluye la consecución de
recursos ni la realización de obras.

Recurso del Municipio de Candelaria

30. El Municipio de Candelaria20 presentó recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

30.1. Afirmó que en la sentencia proferida, en primera instancia, no se hicieron
consideraciones respecto de la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Municipio de Candelaria. Por lo que, insiste en que los hechos narrados en la
demanda tienen lugar en el Municipio de Palmira y no en el Municipio de
Candelaria.

30.2. Señaló que el hecho de que la entrada a la Urbanización La Pereira del
Corregimiento de Juanchito sea compartida con el Municipio de Candelaria, no
es suficiente para demostrar la legitimación en la causa del precitado Municipio.

30.3. Indicó que las conclusiones de la inspección judicial relacionadas con la
existencia de viviendas en la franja protectora del Río Cauca en jurisdicción del
Municipio de Candelaria, obedece a una interpretación subjetiva de la autoridad
judicial, sin que se probara en el expediente, mediante certificaciones del IGAC
la localización de los predios.

30.4. Con fundamento en lo anterior, afirmó que se desconoció el principio de
congruencia de la sentencia, siendo claro que la protección de los derechos e
intereses colectivos que se pretende en la demanda, está en jurisdicción del
Municipio de Palmira.

20
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 122 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado: “[…] 233_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 122
[…]”.
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Recurso del Municipio de Palmira

31. El Municipio de Palmira21 presentó recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, con base en los siguientes argumentos:

31.1. Afirmó que existe un eximente de responsabilidad relacionado con la
fuerza mayor del fenómeno natural generador del daño. Concretamente, señaló
que las inundaciones que se indican en la demanda tuvieron origen en un hecho
natural, representado en las lluvias torrenciales del año 2022, que se encuadran
dentro del fenómeno de la niña.

31.2. Manifestó que las inundaciones también tuvieron como causa la
concurrencia de la comunidad que realiza vertimientos directos al Río Cauca de
residuos líquidos, de escombros generados en actividades de construcción y
demolición, esto aunado a las deficiencias en el sistema de alcantarillado.

31.3. Alegó que existía culpa exclusiva de la víctima por asentamientos
humanos ilegales en la franja protectora del Río Cauca, zona que debe ser
destinada a la conservación ambiental pero que está siendo incumplido por los
habitantes de la zona. En este punto, advirtió que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha considerado que los ciudadanos que ocupan ilegalmente zonas de
riesgo no mitigable asumen voluntariamente los peligros asociados, lo que exime
al Estado de responsabilidad por los perjuicios asociados al riesgo al romperse
el nexo causal.

31.4. Sostuvo que las órdenes impartidas en la sentencia vulneran el principio
de autonomía de las entidades territoriales y sobrepasan las competencias del
Concejo Municipal, al limitar la capacidad de esa entidad en la gestión del
ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de acuerdo con las prioridades
locales.

31.5. Adicionalmente, indicó que la orden de reubicación y construcción del
sistema de alcantarillado supone inversiones económicas significativas que
desbordan la capacidad económica del Municipio y afectan su futuro financiero.

31.6. Afirmó que era necesario que se ordenara a la autoridad ambiental expedir
las licencias ambientales para la ejecución de las obras relacionadas con la
reubicación y desarrollo de la infraestructura de alcantarillado en la Urbanización
La Pereira.

21
Mediante apoderado judicial. Cfr. índice 120 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal.
Archivo denominado: “[…] 229_MemorialWeb_Recurso-APELACION(.pdf) NroActua 120 […]”.
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31.7. Precisó que de conformidad con lo previsto en el artículo 334 de la
Constitución Política y en la Ley 1474 de 2011, era necesario respetar el equilibrio
fiscal. Concretamente, señaló que el Municipio de Palmira enfrenta presiones
excesivas en su balance fiscal debido a la obligación de reubicar a los habitantes
que se encuentran en zonas de alto riesgo. Asimismo, mencionó que se
vulneraban los principios de sostenibilidad fiscal y sostenibilidad financiera
previstos en la Ley 617 de 2000 y en la Ley 1450 de 2011, respectivamente. En
consecuencia, sostuvo que, el cumplimiento de las órdenes impartidas, puede
dejar sin recursos a programas sociales del Municipio.

31.8. Señaló que la orden de reubicación de asentamientos humanos ilegales
precarios en las zonas de riesgo no mitigable es ilegal. Concretamente, señaló
que no era permitido aceptar o convalidar condiciones de precariedad, por lo que
la orden de reubicación de asentamientos humanos que se han desarrollado de
manera ilegal y en condiciones de precariedad, carece de sustento en el marco
constitucional colombiano.

31.9. Afirmó que era necesario realizar un censo poblacional con el fin de que
las órdenes de la sentencia garanticen los derechos colectivos de las personas
que se encontraban con anterioridad a la decisión judicial y no sea aprovechada
por nuevos ocupantes.

31.10. Indicó que en la sentencia no se precisó qué medidas deben tomar las
autoridades respecto de las empresas que han formado asentamientos ilegales
en la ribera del Río Cauca.

Concesión de los recursos de apelación

32. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
profirió auto de 23 de enero de 2025, mediante el cual concedió los recursos de
apelación interpuestos por el Municipio de Palmira, el Departamento del Valle del
Cauca, el Municipio de Candelaria, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres – UNGRD y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
-CVC22.

22
Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
6ED_AutoConcedeAp_006I20(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
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Actuaciones en segunda instancia

33. El Despacho Sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 7 de
febrero de 202523, mediante el cual admitió los recursos de apelación.

34. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, mediante escrito
de 18 de febrero de 202524, presentó alegatos de conclusión en los que, de
manera general, reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

35. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, mediante
escrito de 17 de febrero de 202525, presentó concepto en el que solicitó mantener
incólume la sentencia proferida, en primera instancia.

36. El Despacho Sustanciador profirió auto de 24 de febrero de 202526 en el
que resolvió negar la solicitud probatoria presentada, en segunda instancia, y
contenida en el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de Palmira.

37. La actora popular alegó de conclusión mediante escrito de 25 de febrero
de 202527, en el que advirtió sobre el aumento del caudal del Río Cauca por la
ola invernal y la falta de respuesta por parte del Municipio de Palmira en el sector
de la Urbanización La Pereira.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

38. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial sobre las facultades del juez popular; v) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo al goce de un ambiente
sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las
disposiciones reglamentarias; vi) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho e interés colectivo al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público; vii) el marco normativo y desarrollo

23
Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
9Autoqueadmite_APa202344001NorisDon(.pdf) NroActua 4 […]”.
24
Cfr. índice 13 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ”[…]
16_MemorialWeb_Alegatos-MemorialConsejode(.pdf) NroActua 13 […]”.
25
Cfr. índice 12 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
Memorial_JCU_16Concepto(.pdf) NroActua 12 […]”.
26
Cfr. índice 15 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ”[…]
19Autoqueniega_APa202344001NorisDon(.pdf) NroActua 15 […]”.
27
Cfr. índice 17 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: ”[…]
19_MemorialWeb_Alegatos-FOROS2(.pdf) NroActua 17 […]”.
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jurisprudencial del derecho e interés colectivo a la seguridad y salubridad
públicas; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y ix)
el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

39. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de
las acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm.
80 de 12 de marzo de 201928, sobre la distribución de asuntos entre las secciones
del Consejo de Estado; y iii) el 15029 de la Ley 1437, sobre competencia del
Consejo de Estado, en segunda instancia; esta Sección es competente para
conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación que se presenten
contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los Tribunales
Administrativos en el trámite de las acciones populares.

40. Vistos los artículos 32030 y 32831 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201232,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contraen los recursos interpuestos por el Municipio de Palmira, el Departamento
del Valle del Cauca, el Municipio de Candelaria, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD y la Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca -CVC.

41. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este
asunto y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la
Sala procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

42. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:

28
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º
del Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y
82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
29
Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.
30
“[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
31
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar
de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
32
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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42.1. Si existe falta de legitimación en la causa por pasiva por parte de la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, el Departamento del Valle
del Cauca, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Municipio
de Candelaria y, en consecuencia, si son o no competentes para cumplir las
órdenes impartidas en la sentencia proferida, en primera instancia.

42.2. Si el Municipio de Palmira es responsable de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos protegidos en la sentencia proferida, en primera
instancia.

42.3. Si son proporcionales las órdenes impartidas en la sentencia proferida,
en primera instancia.

42.4. Si se desconocen los principios de equilibrio fiscal, sostenibilidad fiscal
y financiera con ocasión de las órdenes impartidas en la sentencia proferida, en
primera instancia, ante la falta de recursos económicos del Municipio de Palmira.

42.5. Si deben impartirse órdenes a las empresas relacionadas con el
vertimiento y disposición de residuos sólidos, sin los permisos ambientales, al
Río Cauca, en inmediaciones de la Urbanización La Pereira.

42.6. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

43. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las
acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

44. Visto el artículo 2.° de la Ley 472, que define las acciones populares como
“[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses
colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses
colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

45. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
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17

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colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

46. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte accionada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

47. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma
y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica,
sin embargo “[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la
acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de
los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero
extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso,
puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”33.

48. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada
Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva
definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados
celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar
el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses
colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii)
es una acción pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por
lo tanto, puede ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no
gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la
Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es
una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de
aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la
sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control
judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual
violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una
ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudirse a las acciones
pertinentes.

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP).
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las facultades del juez
popular

49. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia de la acción popular,
establece que “[…] [l]a sentencia que acoja las pretensiones del demandante de
una acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés
colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y
exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado
anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere
físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer definirá de manera precisa
la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés colectivo
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del demandante
[…]”.

50. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia34,
ha considerado que el juez de la acción popular deberá adoptar “[…] las órdenes
de hacer o de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir,
condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la
realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior
a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente
posible -(Artículo 34 Ley 472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia
de los derechos vulnerados, como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

51. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos […]35”.

34
Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2014, radicado número 25000-23-27-000-2001-90479-
01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 21 de agosto de 2020, radicado número 13001-23-33-000-2017-00987-01
(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas
Ayala, sentencia de 15 de mayo de 2014, radicado número 25000-23-24-000-2010-00609-01(AP).
35
Ibidem.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce
de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución,
la ley y las disposiciones reglamentarias

Marco normativo internacional en materia de Derecho Ambiental

52. En el orden internacional existen una serie de instrumentos normativos
que forman parte del derecho ambiental y tienen por objeto proteger el ambiente
y los recursos naturales.

53. Dentro de los primeros instrumentos se encuentran la Declaración de
Estocolmo, adoptada en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre
el Medio Humano, el 16 de junio de 1972, y la Carta Mundial de la Naturaleza,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la
Resolución 37/7 de 1982 “[…] como norma ética con respecto a la protección del
medio humano y a la conservación de los recursos naturales […]”.

54. Con la formación del nuevo orden jurídico internacional ambiental, los
principios se encuentran en la Declaración de Río de Janeiro, adoptada el 14 de
junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual establece en su preámbulo, que su objeto
es instituir una alianza mundial y equitativa mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades
y las personas; y procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se
respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y
de desarrollo mundial y, en la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo
Sostenible que tiene fundamento en los principios de los Derechos Humanos
universales y tiene por objeto impulsar el desarrollo sostenible desde diversas
perspectivas (económica, social y ambiental).

55. Los principios de la Declaración de Río de Janeiro se aplican en el
ordenamiento jurídico colombiano, por virtud de lo dispuesto en el artículo 9.º de
la Constitución Política, según el cual “[…] [l]as relaciones exteriores del Estado
se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación
de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional
aceptados por Colombia […]”; al igual que lo señalado en el artículo 226 ibidem
dado que el Estado colombiano debe promover la internacionalización de las
relaciones ecológicas sobre las bases de la equidad, reciprocidad y conveniencia
y, por cuanto los aceptó como vinculantes por virtud de lo dispuesto en el numeral
1.º del artículo 1.º de la Ley 99.

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Tratados internacionales

56. En este mismo sentido, se tienen una serie de tratados internacionales
fundamentales con vocación universal, con el objeto de proteger el medio
ambiente y los recursos naturales, como la Convención de Viena para la
protección de la capa de ozono36; la Convención sobre diversidad biológica37; la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático38 y el
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación39; tratados internacionales que han sido
complementados por una serie de protocolos, enmiendas y acuerdos, entre los
cuales se pueden mencionar el Protocolo de Montreal40 de 1986 relativo a las
sustancias agotadoras de la capa de ozono; el Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, hecho
en Montreal, el 29 de enero de 200041; el Protocolo de Kioto42 de 1997 relacionado
con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan
calentamiento global, y el Acuerdo de París de 201543, instrumentos que tienen
vocación de universalidad.

Marco constitucional, legal y desarrollo jurisprudencial en materia de
derecho ambiental

57. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica
comoquiera que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia,
entre las cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la
obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la
Nación; ii) la función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un

36
Adoptada el 22 de marzo de 1985, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 30 de 1990, con
decreto de promulgación núm. 114 de 1992 y en vigor para Colombia desde el 14 octubre 1990.
37
Adoptada el 5 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 165 de 9 de
noviembre de 1994, declaradas exequibles por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia C- 519 de
1994.
38
Adoptada el 9 de junio de 1992, aprobada por el Congreso Nacional, mediante la Ley 164 de 1994,
declaradas exequibles por la Corte Constitucional por la Sentencia C-073 de 1995, promulgada por el
Decreto 2081 de 1995 y en vigor para Colombia desde el vigor 22 de marzo de 1995.
39
Adoptada el 16 de septiembre de 1989, aprobada por el Congreso Nacional mediante la Ley 253 de 9 de
enero de 1996, declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia
C-377 de 1996, promulgado por el Decreto 2061 de 1999 y en vigor para Colombia desde el 31 de marzo
de 1997.
40
Aprobado por Colombia mediante la Ley 29 de 28 de diciembre de 1992. Declarados exequibles por la
Corte Constitucional mediante sentencia C-379 de 1993. Este instrumento comprende las enmiendas: i)
Enmienda de Londres de junio 29 de 1990; ii) Enmienda de Copenhague de 25 de noviembre de 1992; iii)
Enmienda de Montreal de 17 de septiembre de 1997; iv) Enmienda de Beijing de 3 de diciembre de 1999.
41
Su aprobación se surtió por medio de la Ley 740 de 24 de mayo de 2002, promulgada por el Decreto 132
de 21 de enero de 2004 y declarados exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-071 de
2003.
42
Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 27 de diciembre de 2000, declarados
exequibles por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-860 de 15 de agosto de 2001 y en vigor para
Colombia.
43
Adoptado el 12 de diciembre de 2015, aprobado por Colombia mediante la Ley 1844 de 14 de julio de
2017 y declarados exequibles por la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-021 de 2018.
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ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservando las áreas de especial importancia ecológica y
fomentando la educación para el logro de estos fines; y iv) el deber del Estado
de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

58. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio
público; y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad,
dado que asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a
los particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter
de objetivo social.

59. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes
en la Ley 23 de 19 de diciembre de 197344 y en el Decreto 2811 de 18 de
diciembre de 197445, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i)
el medio ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una
obligación exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos
Naturales y Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos,
la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, previniendo y
controlando los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no
renovables sobre los demás recursos y regular la conducta humana en sus
dimensiones individual o colectiva así como la actividad de la administración en
lo que se refiere a las relaciones que emanan del aprovechamiento y
conservaciones del medio ambiente.

60. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la

44
Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código
de Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
45
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente.
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humanidad, el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva
en armonía con la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas
ambientales debe tener en cuenta el resultado del proceso de investigación
científica.

61. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional46 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos
y del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a
la dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo del Sistema Nacional Ambiental –SINA-

62. La Ley 99 creó el Sistema Nacional Ambiental - SINA, como el conjunto
de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales47.

63. En efecto, de acuerdo con el artículo 4.º ibidem, el Sistema Nacional
Ambiental está integrado por los principios y orientaciones generales contenidos
en la Constitución Política, en la Ley 99 y en la normativa ambiental que la
desarrolle; por la normativa relacionada con el medio ambiente; por las entidades
del Estado responsables de la política y de la acción ambiental; por las
organizaciones comunitarias y no gubernamentales relacionadas con la
problemática ambiental; las fuentes y recursos económicos para el manejo y la
recuperación del medio ambiente; y por las entidades públicas, privadas o mixtas
que realizan actividades de producción de información, investigación científica y
desarrollo tecnológico en el campo ambiental.

64. Los componentes institucionales del Sistema Nacional Ambiental –SINA-,
en orden jerárquico, son el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
corporaciones autónomas regionales, los departamentos, los distritos y los
municipios. En efecto, en la Ley 99, se establecieron funciones y competencias

46
H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta
el Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo
Rivera, 18 de octubre de 2017.
47
Artículo 4.º de la Ley 99.
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a cargo de cada una de estas entidades, en relación con la protección del medio
ambiente.

65. Respecto a las Corporaciones Autónomas Regionales tienen como objeto
la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y
recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible48. De conformidad con los
numerales 4.º, 7.º y 24 del artículo 31 de la Ley 99, en el Sistema Nacional
Ambiental –SINA-, estas entidades ejercen, las siguientes funciones:

65.1. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental –SINA- en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y
en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades
territoriales.

65.2. Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales
adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así
como con las entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional
Ambiental –SINA-, estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y
recursos naturales renovables.

65.3. Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que
forman parte del Sistema Nacional Ambiental –SINA- y prestar asistencia técnica
a entidades públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo
de los recursos naturales renovables y la preservación del medio ambiente, en la
forma que lo establezcan los reglamentos y de acuerdo con los lineamientos
fijados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

65.4. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las corporaciones
autónomas regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas

48
Artículo 30 Ley 99
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autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control;
imponer y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en
caso de violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades
territoriales en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes
de uso público

66. Vistos: los artículos i) 63, 82 y 315 numeral 1.° de la Constitución Política;
ii) el artículo 5.º de la Ley 9.° del 11 de enero de 198949 y el artículo 2.° de la Ley
769 de 6 de julio de 200250; y, iii) el artículo 5.° del Decreto 1504 de 4 de agosto
de 199851 y el Decreto 1538 de 17 de mayo 200552, sobre el uso y goce del
espacio público.

67. La protección del derecho al goce del espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público encuentra sustento en normas anteriores a
la Constitución Política de 1991. Esto, en tanto el marco normativo sobre los
bienes de uso público se remite al Código Civil. El artículo 674 ibidem establecía
que los bienes de uso público corresponden a aquellos cuyo "[…] uso pertenece
a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y
caminos […]”.

68. Por su parte, el artículo 5.º de la Ley 9.° de 1989, incorporó el concepto de
espacio público al definirlo como el conjunto de inmuebles destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas
colectivas que trascienden a los límites de los intereses individuales, tal como se
trascribe a continuación:

“[…] [A]rtículo 5º. Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados,
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de
necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los
intereses individuales de los habitantes.

49
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes
y se dictan otras disposiciones”.
50
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
51
“Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”.
52
“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”.
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Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública,
activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de
las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y
similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios
públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del
amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos
y artísticos, para la conservación, y preservación del paisaje y los elementos
naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y
conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como
de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas
existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea
manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o
el disfrute colectivo […]".

69. Posteriormente, el Constituyente de 1991 consideró necesario brindar una
protección expresa de rango constitucional al espacio público, compatible con el
Estado Social de Derecho. Al respecto, la Corte Constitucional53 consideró que
“[…] [s]in duda, una de las manifestaciones del principio constitucional que
identifica a Colombia como un Estado Social de Derecho guarda relación con la
garantía de una serie de derechos sociales y colectivos como la recreación
(artículo 52 C.P.), el aprovechamiento del tiempo libre (Ibíd.), y el goce de
un medio ambiente sano (artículo 79 C.P.) que dependen de la existencia de
un espacio físico a disposición de todos los habitantes […]” (Destacado fuera
del texto).

70. El artículo 63 de la Constitución Política señala que “[…] [L]os bienes de
uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las
tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes
que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables […]”.

71. Por su parte, el artículo 82 de la Constitución Política, prevé que el derecho
al goce del espacio público implica el deber del Estado de “[…] velar por la
protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común,
el cual prevalece sobre el interés particular […]”.

72. Asimismo, el artículo 88 ibidem establece que “[…] La ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos,
relacionados con (…) el espacio […]”.

73. En tal sentido, el derecho constitucional al espacio público, instituido
expresamente en los artículos 82 y 88 de la Constitución Política bajo el título de
los “Derechos Colectivos y del Ambiente” impone al Estado y, por ende, a sus

53
Corte Constitucional, Sala Plena (16 de abril de 2002). Sentencia C-265 de 2002. MP Manuel José
Cepeda Espinosa.
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autoridades, el deber de proteger la integridad del espacio público y su
destinación al uso común. A su vez, le exige ejercer la facultad reguladora en
materia de ordenamiento territorial.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo a la seguridad y salubridad públicas

74. La Constitución de 1991 consignó en su artículo 366 el mejoramiento de
la calidad de vida, como una de las finalidades sociales del Estado, para lo cual
fija como un objetivo prioritario para las entidades del Estado la solución de las
necesidades en materia de seguridad y salud.

75. La importancia del derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas,
ha sido abordada por esta Sección entre otras en la sentencia de 15 de mayo de
201454, la cual determinó:

“[…] La importancia del cuidado de las salud de las personas y de una adecuada
gestión de su entorno, son aspectos esenciales para la efectividad del derecho a
la vida y de otros postulados cardinales del Estado social de derecho como la
dignidad humana o la libertad, ello se evidencia en lo previsto por el artículo 366
de la Carta, que además de señalar el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida como fines sociales del Estado, define como objetivo fundamental
de su actividad la solución de necesidades básicas insatisfechas en materia de
salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable. Su carácter primordial
se plasma también en el artículo 49 Constitucional, que encomienda al Estado la
responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso a los servicios de
promoción, protección y recuperación de la salud, al tiempo que impone a todos el
deber de “procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad”. Reflejo de
esta última previsión es lo dispuesto por el numeral 2º del artículo 95 de la Ley
Fundamental, que erige en deber ciudadano, expresión del principio de solidaridad,
responder con acciones humanitarias “ante situaciones que pongan en peligro la
vida o la salud de las personas”. Finalmente, debe también resaltarse el hecho que
el artículo 78 de la Constitución haga reconocimiento expreso de la
responsabilidad que deben afrontar los productores de bienes y servicios que,
entre otras, atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores o usuarios;
la cual, por virtud de lo previsto en la parte final del artículo 88, podrá ser objetiva.

La trascendencia social de los conceptos de seguridad y salubridad pública y del
derecho colectivo que fundamentan ha llevado a esta Sala de Decisión a sostener
que: “(…) constituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los
delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades
humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los
ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las
situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el
exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de
contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la
tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de
sanidad comunitaria.”59

54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sentencia de 15 de mayo de
2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, NUR 25000-23-24-000-2010-0060901(AP), criterio reiterado por esta
Sala de Decisión radicación nro: 2013-00013-01(AP), C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Por ende, dada la amplitud de su radio de acción, como ha sido subrayado por
esta Corporación, el derecho colectivo a la salubridad pública “se puede garantizar
desde una perspectiva de abstención (negativa o de impedir una conducta) o de
promoción (activa o de realización de un comportamiento) en aras de asegurar las
condiciones esenciales de salud pública”60. En consecuencia, es claro para la
Sala que su vulneración también puede desprenderse tanto de una actitud activa
(actuaciones, reglamentos, contratos, etc.), como pasiva (omisión administrativa)
de parte de las autoridades responsables de su guarda y realización efectiva
[…]”55 (Destacado fuera de texto).

76. Sobre el mencionado derecho colectivo la misma Sección construyó un
concepto mediante sentencia de 13 de mayo de 2004, expediente con número
de radicación 250002325000200202788-01, así:

“[…] “En lo que respecta al derecho colectivo relacionado a la seguridad y
salubridad públicas los mismos han sido tratados como parte del concepto de
orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de
garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en
comunidad. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha afirmado:

“Las restricciones a las libertades ciudadanas encuentran fundamento en el
concepto de orden público, entendiendo por tal, las condiciones mínimas de
seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad que deben existir en el seno
de la comunidad para garantizar el normal desarrollo de la vida en sociedad.
Para que estas condiciones mínimas se cumplan es necesario, por parte del
Estado, a través de las respectivas autoridades, adelantar una labor preventiva
que las haga efectivas: la seguridad, con la prevención permanente de los
delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades
humanas; la tranquilidad, con la prevención de los desórdenes en general,
ya se trate de lugares públicos o privados; la salubridad, con la prevención
de factores patológicos que pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad
física de los ciudadanos; la moralidad, con la prevención de manifestaciones
externas de conducta que no se ajusten a ciertos principios mínimos de
respeto entre las personas y que, en algunos casos, se encuentran
expresamente prohibidas por la ley”.

“La salubridad y seguridad públicas son derechos colectivos y, por tanto, se
deben proteger a través de las acciones populares. Su contenido general,
implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad,
la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y
las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la
salud de los ciudadanos” […]” (Destacado fuera de texto).

77. En tal escenario, de la recopilación jurisprudencial en referencia la Sala
resalta que: i) no existe distinción entre los conceptos de “salud pública” y
“salubridad pública”; de hecho, se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad, mediante la adopción
de medidas tendientes a evitar su alteración; y iii) el contenido general de este
derecho implica, por un lado, en el caso de la seguridad: la prevención
permanente de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las
calamidades humanas, la garantía de tranquilidad, la prevención de los

55
Consejo de Estado Sala de o Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Guillermo
Vargas Ayala, quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014) NUR. 25000 23 24 000 2010 00609 01(Ap)
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desórdenes en general, ya se trate de lugares públicos o privados; y, por el otro,
en el caso de la salubridad, implica la prevención de factores patológicos que
pongan en riesgo la vida, la salud o la integridad física de los ciudadanos; la
moralidad, con la prevención de manifestaciones externas de conducta que no
se ajusten a ciertos principios mínimos de respeto entre las personas y que, en
algunos casos, se encuentran expresamente prohibidas por la ley.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente

78. Vistos: i) los artículos 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 y 18 de la Ley 1523 de 24 de
abril de 201263, sobre la definición de gestión del riesgo de desastres, la
responsabilidad, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
integrantes del Sistema Nacional, instancias de dirección, gobernadores y
alcaldes, gobernadores en el Sistema Nacional, alcaldes en el Sistema Nacional,
y las funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

79. La Gestión del Riesgo de Desastres está definida en el artículo 1.º de la
Ley 1523 en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1.º De la Gestión del Riesgo de Desastres. La gestión del riesgo
de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a
la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias,
planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes
para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con
el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida
de las personas y al desarrollo sostenible.
Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos
e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible,
en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la población.
PARÁGRAFO 2o. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora
lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención
y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos […]”.

80. De la norma transcrita se destaca que la gestión del riesgo es un proceso
social ejercido a través de instrumentos de política pública que busca el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las
personas y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, se resalta que la gestión del
riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar,
entre otros, los derechos e intereses colectivos.

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81. La Ley 1523 definió en el artículo 5 el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres como el “[…] conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias,
instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que
se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país
[…]”.

82. Asimismo, la precitada ley dispuso que integran el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras, las entidades públicas que tengan
dentro de su misión y responsabilidad, la gestión del desarrollo social, económico
y ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y
proyectos de inversión y en el marco de los principios desarrollados en el artículo
3 de la precitada ley, en especial, los de igualdad, protección, solidaridad social,
autoconservación, participación, diversidad cultural, interés público o social,
precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, entre otros.

Competencia de los municipios y departamentos en materia de gestión de
riesgo

83. Vista la Ley 1523 de 24 de abril de 201256, en especial, los artículos 2, 9 y
12, sobre responsabilidad, instancias de dirección del sistema nacional de
gestión del riesgo y los gobernadores y alcaldes, son instancias de dirección del
sistema nacional, entre otros, el gobernador y el alcalde distrital o municipal, en
su respectiva jurisdicción. Asimismo, los gobernadores y alcaldes son
conductores del sistema nacional en su nivel territorial y están investidos con las
competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad en el ámbito de su jurisdicción.

84. Vistos los artículos 13 y 14 de la Ley 1523, sobre gobernadores y alcaldes
en el sistema nacional, que establecen:

85. Por un lado, que los gobernadores: i) “[…] son agentes del Presidente de
la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión
del riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política
del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos
de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito
de su competencia territorial […]”; ii) como jefes de la administración seccional

56
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.
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30

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respectiva, tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los
procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en
la planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias
en materia de gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad; y
iii) están a cargo de las competencias de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva respecto de los municipios que integran su departamento.

86. Y, por el otro, que los alcaldes: i) como jefes de la administración local,
representan al Sistema Nacional en el respectivo distrito y el municipio; y ii) como
conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de
los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su
jurisdicción. Los alcaldes y, en general, la administración municipal, deben
integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias
en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los
planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás
instrumentos de gestión pública.

87. En relación con lo anterior, se debe recordar que, de conformidad con los
artículos 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, sobre acción urbanística, planes
de ordenamiento territorial, contenido del componente general de los planes de
ordenamiento, componentes urbano y rural del plan de ordenamiento, normas
urbanísticas y planes básicos de ordenamiento, estos planes deben contener, en
materia de gestión del riesgo: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural
y de expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial,
por riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el
inventario de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de
asentamientos humanos, por amenazas naturales o por condiciones de
insalubridad; iii) la localización de “[…] las áreas críticas de recuperación y control
para la prevención de desastres, así como las áreas con fines de conservación y
recuperación paisajística […]”.

88. Ahora bien, en relación con los entes territoriales y en los términos de los
artículos 39 y 40 de la Ley 1523 y del numeral 1.° del artículo 10 de la Ley 388
de 18 de julio de 199757, por un lado, en la elaboración de los planes de
ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta los
determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios

57
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
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ámbitos de competencia, entre ellos, las relacionadas con la prevención de
amenazas y riesgos naturales y, en especial, “[…] [l]as políticas, directrices y
regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento
y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las
estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales […]”.

89. Por el otro, los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas
y de planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo
[…]”. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de
desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo
seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, […]” así como los
programas y proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los
principios de la Ley 1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo,
señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza
derivada de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas no
intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos; la
transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en
alto riesgo; la constitución de reservas de tierras para hacer posible tales
reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de adquisición y
expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones
en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas que deben orientarse no solo
a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino también prevenir nuevos riesgos
relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de desastres.

90. Ahora bien, en los términos del artículo 37 de la Ley 1523, sobre planes
departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de
respuesta, estas autoridades formularán y concertarán con sus respectivos
consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia
para la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual deberá
estar armonizado con el plan y estrategia nacional y deberán incorporar la gestión
del riesgo tanto en la inversión pública, en la planificación del desarrollo y en el
ordenamiento territorial, en los términos de los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523.

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91. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200158 y de la
Resolución 448 de 17 de julio de 201459, la obligación de: i) “[…] [p]romover,
cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas,
comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación
de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes
de agua […]”; ii) realizar y reportar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio el inventario de asentamientos localizados en zona de alto riesgo por
inundaciones y deslizamientos que se hallen en suelo urbano, suelo rural y suelo
de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas catalogadas como de riesgo no
recuperable que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos de
reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas,
entre otras.

92. Ahora bien, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los
artículos 47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres “[…] como una cuenta especial de
la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística
[…]”, cuyos objetivos generales, de interés público, son “[…] la negociación,
obtención, recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de
protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios para la
implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres
que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y
de manejo de desastre […]”. Asimismo, en los términos del parágrafo 2 del
artículo 47, el precitado Fondo Nacional “[…] desarrollará sus funciones y
operaciones de manera directa subsidiaria o complementaria, bajo esquemas
interinstitucionales de cofinanciación, concurrencia y subsidiariedad […]”.

93. Por el otro, “[…] [l]as administraciones departamentales, distritales y
municipales […] constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el
esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.

58
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
59
Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos
para que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional
de asentamientos en alto riesgo de desastres”.
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94. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional,
departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional,
incluirán […] las partidas presupuestales que sean necesarias para la realización
de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos
y de manejo de desastres […]”.

95. De esta manera, se resalta que, si bien, el principal responsable de la
gestión del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en
cabeza del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de
la normativa anteriormente indicada y adicionalmente de las leyes 388, 810 y
1801 de 29 de julio de 201660, en los eventos en que el municipio no esté en
capacidad de asumir la respectiva competencia, en virtud de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, podrá solicitar la concurrencia del
departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar una adecuada gestión
del riesgo de desastres; lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades
atribuibles a las personas privadas, en los términos de la ley.

96. Se debe resaltar que la normativa, en especial, los artículos 73, 7461 y 76
de la Ley 715, en los que se desarrolla la “Participación de Propósito General” y,
en especial, las competencias de la Nación, departamentos y municipios en otros
sectores, se establece, entre sus responsabilidades, los deberes de apoyo
financiero, técnico y administrativo, desde un eje de planificación
multisectorial que permita la materialización del principio de coordinación.

60
“Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
61
“Artículo 74. Competencias de los Departamentos en otros sectores. Los Departamentos son promotores
del desarrollo económico y social dentro de su territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación,
de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de
prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las
siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios públicos en el departamento
y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales o municipales de interés
departamental.
74.3. Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan.
74.4. Promover la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la
Nación.
74.5. Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera a los Municipios y a las instituciones
de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya
lugar.
74.6. Realizar el seguimiento y la evaluación de la acción de los municipios y de la prestación de los servicios
a cargo de estos e informar los resultados de la evaluación y seguimiento a la Nación, autoridades locales
y a la comunidad. […].
74.9 Desarrollar y ejecutar programas y políticas para el mantenimiento del medio ambiente y los recursos
naturales renovables.
74.10. Coordinar y dirigir con la colaboración de las Corporaciones Autónomas Regionales, las actividades
de control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del departamento. […]”.
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Análisis del caso concreto

97. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub
examine.

97.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió la sentencia de 8 de
noviembre de 2024 en la que, entre otras cosas, amparó los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, al goce del espacio público y a la seguridad y
salubridad pública e impartió órdenes a las entidades accionadas.

97.2. El Municipio de Palmira, el Departamento del Valle del Cauca, el
Municipio de Candelaria, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -
CVC presentaron sendos recursos de apelación contra la sentencia proferida, en
primera instancia, que fundamentaron en los siguientes argumentos: i) la falta de
legitimación en la causa por pasiva por parte de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, el Departamento del Valle del Cauca, la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Municipio de Candelaria; ii) la
ausencia de responsabilidad del Municipio de Palmira en la vulneración de los
derechos e intereses colectivos; iii) la falta de competencia para cumplir las
órdenes impartidas por el Tribunal; iv) la falta de recursos económicos para el
cumplimiento de las órdenes; y v) la necesidad de impartir órdenes a las
autoridades accionadas respecto de las empresas que se ubican en
inmediaciones de la Urbanización La Pereira, respecto al vertimiento y
disposición de residuos al Río Cauca.

98. La Sala considera que, si bien las partes procesales no discuten la
vulneración de los derechos e intereses colectivos protegidos en la sentencia
apelada, es necesario mencionar las pruebas relevantes para resolver el caso
sub examine, especialmente, para destacar el conocimiento y participación que
han tenido las entidades accionadas en la problemática derivada de las
inundaciones en la Urbanización La Pereira del Corregimiento de Juanchito. En
este sentido, la Sala destaca las siguientes pruebas:

99. Copia del “Informe Técnico de visita – Alcantarillado y Sistema de Bombeo
del Sector Juanchito – La Pereira, Corregimiento de Juanchito”, realizado por la

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Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Palmira, luego de
la visita realizada el 16 de marzo de 2023, en el que se indicó lo siguiente62:

“[…] 1. OBJETIVO

Con el objetivo de atender solicitud presentada por la comunidad, los días 15 y 16
de marzo de 2023, profesionales de la Dirección de Gestión del Riesgo de
Desastres – DRGD del municipio de Palmira, realizaron visita al sector de
Juanchito-Pereira por eventos de inundación pluvial, es decir, asociados al sistema
de alcantarillado (servicios públicos domiciliarios). A partir de la inspección visual
de campo se realizó el diagnóstico técnico con las recomendaciones
correspondientes.

2. LOCALIZACIÓN

El sector Juanchito-Pereira se encuentra ubicado sobre la margen derecha del rio
Cauca, a la altura del puente de Juanchito de la vía Cali – Candelaria, en
inmediaciones de las coordenadas 3.457064,-76.476135 en grados decimales, En
la Figura 1 y 2 se muestra la localización general y especifica del sector
respectivamente.

Figura 1. Localización general Juanchito-Pereira. Fuente Google Earth, 2023.

Figura 2. Localización específica sector Juanchito – Pereira. Fuente Imagen BingMaps-2023

62
Cfr. índice 14 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
11_ALLEGAMEMORIAL_ANEXOSACCIONPOPULA(.pdf) NroActua 14 […]”.
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3. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS

El sector de Juanchito-Pereira presenta de manera recurrente e histórica
fenómenos de inundación pluvial en algunos sectores, especialmente en los
topográficamente más bajos, considerando que las inundaciones son de tipo
pluvial y no fluvial, es claro que están asociadas a su alcantarillado (servicio público
domiciliario), en consecuencia, las inundaciones del sector son por
deficiencias en la concepción del sistema de alcantarillado, por ende, la
solución debe abordarse desde la perspectiva de servicios públicos
domiciliarios.

Acorde con lo anterior, las inundaciones pluviales del sector Juanchito Pereira
se propician por una inadecuada construcción y operación del alcantarillado
(incluye sistema de bombeo), a continuación se listan los factores
determinantes en la afectación:

3.1. Alcantarillado condicionado a los niveles del rio Cauca (descarga a
gravedad o bombeo).

El sector de Juanchito Pereira está ubicado sobre una llanura de inundación natural
del rio Cauca sobre la margen derecha, por ende, cuando se presentan
crecientes en el rio, especialmente en temporada de lluvias, el terreno donde
se encuentran las viviendas queda por debajo del nivel de agua en el rio
Cauca, lo cual impide la descarga del sistema de alcantarillado por gravedad
y es necesario recurrir a la descarga por bombeo. Es necesario entonces que
el sector cuente con un servicio domiciliario de alcantarillado acorde con las
condiciones del terreno y las exigencias técnicas del caso.

[…]

3.2. Alcantarillado colmatado (mantenimiento)

Según lo inspeccionado en campo, el sistema de alcantarillado, en la última
cuadra que por practicidad fue la inspeccionada, antes de llegar a la caseta
de bombeo, presenta importante colmatación por sedimentos, residuos
industriales (plásticos) y residuos domésticos, lo que dificulta aún más el
drenaje, sea por gravedad o bombeo.

Es importante mencionar que en el sector existen procesadoras para el reciclado
de materiales plásticos, si bien en los sitios se puede realizar algún tipo de
tratamiento para la captura del plástico antes de la descarga al alcantarillado, en
diferentes visitas adelantadas con autoridades como CVC se ha evidenciado alta
presencia de partículas de plástico en el alcantarillado, dichas partículas han
generado en ocasiones la obstrucción o falla de las bombas.

Adicional al material plástico, en las inspecciones de campo y según lo
expresado por la comunidad, el alcantarillado presenta una importante
colmatación por sedimentos, esto debido a diferentes factores como las
bajas pendientes que deben manejar los colectores limitados por las
pendientes planas del terreno. De ahí la importancia de realizar continúas
jornadas de mantenimiento de la red mediante limpieza manual y mecánica a
través de equipos como el vactor.

3.3. Alcantarillado con fallas en el sistema de bombeo existente.

De acuerdo con lo inspeccionado en las visitas de campo del 16 de marzo de 2023,
el sistema de bombeo existente consta de dos bombas posiblemente
centrifugas, de las cuales una de ellas se encontraba encendida, emitiendo
un ruido alto y anormal, además de presentar recalentamiento, la segunda

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bomba no presentaba calentamiento, en la fotografía 1 se puede apreciar lo
descrito anteriormente.

Fotografía 1. Vista del interior de la caseta de bombeo de Juanchito Pereira

Adicionalmente, los líderes comunitarios que acompañaron la visita, que están a
cargo de las llaves de la caseta y la operación de las bombas, informan que hace
algunos años el tablero de control electrónico no funciona y que actualmente
las bombas se encienden con conexión directa a la red eléctrica, lo que
supone un alto riesgo de accidentalidad eléctrica con potenciales afectaciones a
infraestructura y vidas humanas.

Finalmente mencionar que las condiciones mecánicas, hidráulicas y eléctricas
en general de la estación de bombeo no son las adecuadas a simple vista,
por ejemplo, las tuberías de succión son tuberías flexibles que están
soportadas por cadenas o guayas que no son seguras y podrían causar un daño
en algún momento, el pozo de succión no cuenta con tapas de protección, el
cableado eléctrico está en malas condiciones, entre otros.

3.4. Alcantarillado sin diagnóstico hidráulico

Es necesario contar un diagnóstico hidráulico del alcantarillado del sector
Juanchito Pereira, con el objetivo de conocer a detalle los sectores con falta
de capacidad hidráulica que requieren obras para la reposición de tramos con
diámetros de tubería acordes con el caudal requerido. A partir del diagnóstico se
podría iniciar la formulación de acciones encaminadas a dar solución al servicio
público domiciliario.

Para llevar a cabo el diagnostico hidráulico es necesario contar con topografía del
sector que incluya niveles de terreno, vías y catastro de las redes existentes.
Además es necesario contar con información de número de usuarios,
cantidad de habitantes promedio por viviendas, entre otra información
relevante a la hora de estimar caudales de agua residual y agua lluvia.

4. CONCLUCIONES

De acuerdo con lo descrito en el presente informe, es importante aclarar que la
afectación está relacionada con la prestación de un servicio público
domiciliario, ya que las inundaciones pluviales del sector son generadas por
un inadecuado funcionamiento del alcantarillado del sector y no por
desbordamiento del rio Cauca, una vez aclarado lo anterior, se tienen las
siguientes conclusiones:

1. El alcantarillado de Juanchito Pereira debe contemplar que la descarga al
rio Cauca está condicionada a su nivel de tirante de agua, por ende, en algunos
periodos secos la descarga se puede realizar a gravedad, pero para periodos de
lluvia, cuando suben los niveles del rio Cauca, la descarga debe realizarse
estrictamente a través de bombeo.
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2. Según lo evidenciado en campo y lo manifestado por la comunidad, el
alcantarillado presenta importante colmatación por sedimentos y otros tipos
de residuos, lo que dificulta el drenaje del sector, tanto para condición seca como
de lluvias. Esta condición puede causar que se dañen las bombas.

3. El sistema de bombeo existente presenta fallas importantes en el sistema
hidráulico, eléctrico y mecánico.

4. Ausencia de un diagnóstico hidráulico del alcantarillado existente que
permita definir las acciones que deben ejecutarse para mejorar el servició publico
domiciliario y mitigar las inundaciones originadas por el mal funcionamiento del
sistema de drenaje.

5. RECOMENDACIONES

En concordancia los cuatro (4) factores detonantes de las afectaciones en el sector
mencionados en el presente informe, se tienen las siguientes recomendaciones:

1. Realizar un diagnóstico hidráulico de la red de alcantarillado existente
como insumo para el planteamiento de acciones encaminadas a mejorar el
sistema.

2. Contratar una consultoría especializada para realizar el diagnóstico
hidráulico, mecánico y eléctrico del sistema de bombeo existente y para diseñar
una estación de bombeo acorde con los requerimientos del sector.

3. Realizar mantenimiento del alcantarillado existente de manera manual y
con maquinaria como el “vactor”, para el retiro de sedimentos y demás residuos
domésticos e industriales para recuperar la capacidad hidráulica del sistema […]”.
(Destacado fuera de texto).

100. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
practicó inspección judicial el día 21 de mayo de 2024 en la zona objeto de
pronunciamiento judicial, del acta de inspección la Sala destaca lo siguiente63:

“[…] El día 21 de mayo de 2024 a las 09.20 am, el titular del despacho, Omar Edgar
Borja Soto, -en asocio del Profesional Universitario-, dio apertura a la diligencia de
inspección judicial, ubicados geográficamente en el puente del río Cauca, sector
Juanchito, siendo dicho punto jurisdicción del municipio de Candelaria.

[…]

63
Cfr. índice 89 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
167Acta de diligen_20230044000ACTAINSPE(.pdf) NroActua 89 […]”.
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Acto seguido, se procedió al recorrido, advirtiendo que el sector inicia siendo
jurisdicción de municipio de Candelaria y posteriormente pasa a ser
jurisdicción del municipio de Palmira. Se halló que las viviendas de la zona,
en su parte trasera son limítrofes con el río Cauca sin que exista espacio o
berma que los separe, llanamente el río Cauca hace parte del patio de las
viviendas. Así mismo, se percibieron malos olores y una fuerte humedad en
las viviendas.

De otra parte, se pudo corroborar el vertimiento de aguas residuales
directamente al río Cauca, percibiéndose fuertes olores de las aguas que
desembocan al río.

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En este punto, hizo uso de la palabra la señora Adriana Giraldo, -presidenta de la
Junta de Acción Comunal del barrio Laureles de Ciudad del Campo y coordinadora
del comité ambiental de la Comuna 10-, manifestando que el corregimiento de
Juanchito comprende siete barrios, haciendo parte la Urbanización Ciudad del
Campo que a su vez tiene 6 barrios, más la Urbanización La Pereira, siendo por
tanto 7 barrios. Indicó que las aguas residuales vistas provienen de los 6 barrios
de Ciudad del Campo.

Posteriormente, intervino la actora popular para dejar constancia que la entrada a
la Urbanización La Pereira de Palmira es compartida con el municipio de
Candelaria, precisando:

“…porque nosotros para entrar a nuestro corregimiento tenemos primero que
entrar por Candelaria, somos vecinos. Esta parte de Candelaria nos está afectando
bastante en época de invierno, porque el río Cauca cuando sube o aumenta su
caudal, ni los de Candelaria ni los de Palmira tenemos sistema de bombeo como
debe de ser, entonces el río se sale, afecta nuestra tubería de aguas residuales y
esas aguas residuales vienen a dar al corregimiento de Juanchito Palmira
afectando a toda la comunidad de este sector y hasta parte de la entrada de Ciudad
del Campo que también hace parte del corregimiento Juanchito. El río Cauca se
sale físicamente por varios predios y son unas corrientes fuertes que uno
caminando lo quieren tumbar.”

También indicó la actora que la entrada es de Candelaria y va hasta el predio con
nomenclatura calle 93 No. 7U-18 y a partir de ahí es jurisdicción de Palmira.

A su vez, intervino Julián Escobar, ingeniero topográfico de la Subsecretaría de
Planeación Territorial de Palmira para aclarar los límites. Desplegó mapa en el
que señaló el lugar en el que se encontraban en la diligencia (punto azul en
la imagen), manifestando que a partir de ahí se divide el sector, aclarando
que, de la calle 7U hacia abajo pertenece a Candelaria y de la Calle 7U hacia
arriba es Palmira, estando este último sombreado en rojo, a saber:

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Añadió el ingeniero a la explicación que el sector contiguo a la mancha roja
también comprende el municipio de Palmira, pero no es zona de riesgo.
Precisó que la mancha roja comprende la zona de alto riesgo, encontrándose
al lado del río Cauca y hasta la línea vertical verde las zonas de alto riesgo no
mitigable y al lado derecho de esa línea verde la zona de alto riesgo mitigable.
En detalle:

Plano correspondiente a la amenaza, catastro 2024

Posteriormente, hizo uso de la palabra la señora Beatriz Alegría, presidenta de la
Junta de Acción Comunal de la Urbanización La Pereira poniendo de presente que,
en los momentos en que el río Cauca se desborda le queda imposibilitado a
los habitantes hacer sus necesidades fisiológicas en los respectivos baños,
teniendo que usar vasenillas con bolsas plásticas y depositarlas al río, siendo una
situación en extremo compleja.

Continuó el recorrido visitándose la escuela de la Urbanización, siendo atendido
por el joven Alexis Flórez quien habita en comodato las instalaciones e informando
que el colegio fue trasladado al barrio Ciudad del Campo por encontrarse
ubicado en zona de alto riesgo. Indicó que esa escuela tenía 6 salones y se
impartían clases hasta el nivel bachillerato, en jornadas de mañana y tarde.

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Posteriormente se llega a la Carrera 7m-93 donde se encuentra en un poste, la
caja de breakers para encender la motobomba que se usa cuando hay problemas
de inundación.

Acto seguido, Diego Sánchez, ingeniero sanitario y contratista de la alcaldía de
Palmira, sobre las motobombas, indicó:

“Estas dos bombas que tenemos acá son tipo centrifuga, no son de tipo
sumergible, es decir que ellas para funcionar deben estar siempre sobre el nivel
del sistema de bombeo y en este caso, el diagnóstico que se les hizo
inicialmente a estas bombas es que no cumplen con unas especificaciones
técnicas de capacidad tanto de caudal como de potencia, es decir, que ellas
se quedan cortas al momento de un evento de inundación. Posteriormente, la
altura que tenemos de las bombas, no cumple con el coeficiente de succión
positivo, es decir, ellas generarían una especie de aplastamiento del tubo de
succión el cual generaría daños en la infraestructura. Adicionalmente, no
contamos con un desarenador en este pozo de bombeo o cárcamo, lo que
genera que las arenas que son altamente abrasivas, generan un deterioro
anticipado y lo que hacemos es anticipar la frecuencia del mantenimiento.
Ninguna bomba funcionaría, así sea de agua residual bajo esas condiciones, si no
se tiene las estructuras previas antes de su sistema de bombeo.

En cuanto al funcionamiento, indicó el ingeniero:

“Como funciona el sistema de bombeo?: tenemos la recopilación del agua de la
cuenca baja del río Cauca, tenemos un área de drenaje, la cual está determinada
ya sea por los techos, por las vías, por los andenes, todo elemento físico que
genere una escorrentía y esa agua se va a unir por un tiempo de acumulación, que
le llaman normalmente tiempo de retorno dependiendo de la intensidad de las
lluvias. Cuando tenemos bajas lluvias el sistema funciona de manera adecauda,
cuando tenemos fuertes lluvias que son las que nos preocupan, tenemos que
tener un sistema de bombeo con una estructura que este diseñada para esos
picos máximos de escorrentía. Estos picos son los que normalmente
generan los fenómenos de inundación y tenemos que estar siempre alertas
en ellos. Toda el agua de este sector viene por una tubería llamada colector,
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aproximadamente tiene 24-30 pulgadas no hemos hecho la verificación por el difícil
acceso, por el mal estado en el que se encuentra la estructura. Es muy
importante llegar con una cota, por decirlo así, óptimas para las bombas, las
bombas no se pueden instalar en todas las condiciones, no se puede instalar una
bomba de tipo centrifuga para succionar niveles de más de 2 metros, me generaría
un efecto de succión negativa, lo cual me genera un aplastamiento de la tubería y
pues daño en la misma. Entonces esta bomba tiene aproximadamente 2 o 3 metros
de profundidad, tiene un cárcamo y ahí la bomba transforma la energía eléctrica
en energía mecánica, y esa energía mecánica. Tenemos aquí más a o menos 3
metros de profundidad, la manguera genera la succión de la parte baja del agua y
posteriormente se va a subir a un nivel, a una energía potencial mayor en este
caso es una altura mayor porque vemos que pasa por encima de la berma del río
Cauca y posteriormente sale a un colector que tampoco tiene una chapaleta, la
chapaleta es una estructura normalmente que es en material de bronce, es una
compuerta que cuando el nivel del río Cauca sube, este nivel del río lo que hace
es por aplastamiento cierra la compuerta y evita que el agua en contraflujo, que
viene del río Cauca se nos devuelva al alcantarillado.”

El magistrado preguntó al ingeniero sanitario, si la Urbanización La Pereira tiene
sistema de alcantarillado, a lo cual respondió:

“Es un sistema, por decirlo así, que se construyó sin las normas técnicas de
RAS, hecho por la misma comunidad, de forma empírica. Ese alcantarillado
es el que se colapsa y se llena y se usan las bombas. Es un alcantarillado
tipo combinado, el cual si vemos tenemos prácticamente un vertimiento
directo al río Cauca, porque estamos combinando las aguas residuales
domésticas con las aguas lluvias.”

Preguntó el magistrado. ¿Todas las aguas residuales y todas las aguas lluvias van
al mismo sistema de alcantarillado? El ingeniero respondió:

“En este caso sí, porque es un sistema de alcantarillado de tipo combinado
que se volcán directamente al río cauca, que lleva así 47 años de acuerdo a
lo manifestado por la comunidad.”

Continuó el recorrido advirtiéndose una cancha de futbol con cerramientos en
ladrillo y enmallada en hierro, construida de forma cercana al lado del río, sin que
se pueda determinar quién dispuso la construcción de dicha cancha y sin la
obtención de permisos de la CVC.

Nuevamente intervino la actora popular, Norys Donneys, a fin de contar al
despacho que, debido a las fallas que presenta las motobombas, los ingenios
[Mayagüez o Manuelita según los hechos de la demanda] prestan una motobomba
para descolmar las aguas cuando se inunda el sector. Aportó fotografía.

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Finalmente, se culmina la diligencia en la capilla de la urbanización La Pereira
donde procedió el magistrado a dar lectura al acta y a imponer al municipio de
Palmira el allego de pruebas documentales. Así mismo, hizo uso de la palabra
Isabel Cristian Echeverry, profesional especializada de la CVC indicando que:

“La CVC en el 2014 realizó unos estudios para áreas vecinas con respecto al
Jarillón del río Cauca, dichos estudios fueron de los municipios de Candelaria,
Yumbo y Palmira. En esos estudios se determinó que había una amenaza alta
por inundación en esa Urbanización La Pereira. En el marco del Decreto 1807
de 2014, es importante que esas áreas en las que hay una amenaza alta y donde
ya hay una estructura en términos de edificaciones, construcciones, donde ya hay
un uso, se hagan unos estudios de detalle que permitan determinar si el
riesgo que hay ahí presente es mitigable a través de obras de protección contra
inundaciones en el marco del Acuerdo 052 de 2011 de la CVC o si es un área de
riesgo no mitigable donde solo procede la reubicación y la declaratoria como
suelo de protección. Este estudio es fundamental, el municipio de Palmira lo
consideró en su POT que fue concertado en su momento con la CVC para que
dichos estudios se realizaran en el corto plazo de ese plan. Vemos esto muy
importante porque es un estudio que permitiría determinar cuáles son las
condiciones específicas de esta urbanización y de esa manera hacer todas las
inversiones y nosotros como corporación ejercer la autoridad ambiental que nos
corresponde por norma.”

Después de la intervención el magistrado dio cierre a la diligencia […]”.
(Destacado fuera de texto).

101. La Sala destaca los hallazgos evidenciados en la inspección judicial y que
fueron expuestos en la sentencia proferida, en primera instancia64:

“[…] - Fue corroborado por el Despacho que tanto el municipio de Candelaria
como el municipio de Palmira se encuentran implicados en la problemática,
precisándose que para ingresar a la Urbanización La Pereira es necesario pasar
por calles que son de la jurisdicción del municipio de Candelaria, encontrándose
igualmente en dicho sector viviendas que están construidas de forma
inmediatamente contigua a la ribera del río Cauca, es decir, en la franja protectora.

• Quedó demostrado que, en efecto, la Urbanización La Pereira del municipio
de Palmira y aquellas casas ubicadas en el municipio de Candelaria sufren
de continuas inundaciones cuando las condiciones climáticas conllevan al
alza en los niveles del río Cauca.

• Se logró comprobar que existe un sistema de alcantarillado artesanal que no
cumple con las especificaciones técnicas del RAS (reglamento técnico de agua
potable y saneamiento básico) y que ocasionan que en últimas los vertimientos de
un sistema combinado entre aguas residuales y aguas lluvias sean depositados
directamente al río Cauca.

64
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7ED_SentenciadePrimeraIn(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
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• Logró comprobar el Despacho que el sistema de bombeo dispuesto como
solución a la población del sector, presenta fallas que impiden su correcto
funcionamiento y que, en todo caso, no tiene la capacidad necesaria para evitar
el aplastamiento de sus tuberías.

• También logró concluir el Despacho que, todas las viviendas que se
encuentran en la ribera del río Cauca, pertenecientes a los municipios de
Candelaria y de Palmira son catalogadas como zona de alto riesgo no
mitigable, por lo que no es posible la realización de obras de protección, siendo
necesaria la reubicación […]”. (Destacado fuera de texto).

102. Copia del Informe “Definición de polígonos con riesgo alto no mitigable y
suelos de protección soportados en los principios de precaución y prevención
basados en evidencias de campo y en historicidad en el municipio de Palmira”,
elaborado en el mes de octubre de 2022 por la Dirección de Gestión del Riesgo
de Desastres del Municipio de Palmira, en el que se indicó lo siguiente65:

“[…] 2. LA CONDICION DE AMENAZA DE INUNDACION Y SOCAVACION
LATERAL DE LA URBANIZACION PEREIRA EN EL CARREDOR (sic) MAS
CERCANO AL RIO CAUCA.
El límite sur del municipio de Palmira con el municipio de Candelaria, en el entorno
del río Cauca, inicia con la urbanización Pereira.

Dada la condición natural de inundabilidad del corredor marginal al río Cauca, en
el límite del municipio con el río Cauca, existen tramos de dique o jarillones
construidos, la mayoría sin berma sobre el río, es decir diques a cero metros de la
banca de dicho cauce.

La falta de continuidad del dique, no solo en el municipio de Palmira, sino
también en el vecino municipio de Candelaria, se ve reflejado en la amenaza
de inundación para el sector de interés. La evaluación de la amenaza realizada
y entregada por la CVC al municipio, muestra que todo el corredor entre el río
Cauca y el río Frayle y el río Guachal, tiene amenaza alta de inundación.
Consecuentemente, la urbanización Pereira está en amenaza alta de
inundación. En consecuencia, todo Pereira de acuerdo a la amenaza de
inundación en el POT debe ser considerada área con condición de riesgo
para realizar estudios de detalle en amenaza y riesgo en el futuro cercano.

Complementariamente y como ya se mencionó, la mayoría del tramo de dique está
a orillas del río Cauca, con lo cual la amenaza de colapso de dichas obras por
socavación lateral del río Cauca, es alta, así lo demuestran los desplomes de la
banca que, a través del tiempo se han presentado y en donde la comunidad ha
tenido que volver a reconstruir o reforzar dichos tramos de dique. Los diques en el
entorno a la urbanización Pereira son de muy pobres especificaciones técnicas, en
particular por el material utilizado para ello, y los bajos niveles de compactación.
Los diques se observan con presencia y afectación de la hormiga arriera. Igual se
observan asentamientos longitudinales a lo largo del dique, evidencia de la
socavación lateral del cauce que hace que la banca del cauce falle.

Los colapsos de dique en los sitios donde existen viviendas sobre los
mismos, implican riesgo de colapso para las viviendas y de ahí que bajo el
principio de precaución y de prevención dichas viviendas deben ser reubicadas por
estar en riesgo alto no mitigable por colapso por socavación lateral.
En la Foto No. 10 se pueden ver en color azul los tramos en donde no hay diques,
y en esos sectores las instalaciones fabriles llegan hasta la corona de la banca del
cauce. En ese entorno, las construcciones tienen muros de mampostería con

65
Cfr. índice 67 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
105ALLEGAMEMORIAL_RESPUESTAPRUEBASDECR(.pdf) NroActua 67 […]”.
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puertas hacia el mismo río. En líneas de color amarillo, se muestra la existencia
de tramos con dique no invadido con viviendas. Los polígonos delimitados con
línea amarilla son los tramos de dique ocupados con viviendas, ubicados a orillas
del cauce, por lo que, dado el riesgo de colapso por socavación lateral del
cauce, deben ser considerados polígonos de riesgo alto no mitigable por
dicho evento; adicional su reubicación debe obedecer a que, contravienen la
disposición de ser suelos de protección por obras de mitigación, según la
resolución de la CVC No. 574 de 2015.

Las viviendas construidas sobre los diques tienen diferentes tipos constructivos y
con diferentes materiales, pero en general vulnerables ante un colapso del
dique por socavación lateral del cauce.

Las fotos No. 11, 12, y 13 muestran las condiciones de ocupación de los diques
con viviendas y su localización frente al cauce del río.

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[…]”. (Destacado fuera de texto).

103. Copia del escrito de 24 de mayo de 2023, suscrito por la Dirección de
Gestión de Riesgo y de Desastres del Municipio de Palmira, en el que se
precisó66:

“[…] la formulación de un proyecto para la construcción de un Dique o Jarillón en
el sector de Juanchito Pereira, debe realizarse estrictamente en coordinación
con el municipio de Candelaria, ya que, hidráulicamente no tendría sentido
construirlo únicamente en el municipio de Palmira, pues la condición de
inundabilidad sería prácticamente la misma si en el tramo correspondiente a
Candelaria no se construye la misma infraestructura. De ahí la importancia de
tener en cuenta que el río Cauca es un sistema fluvial de gran capacidad y que sus
obras de control de inundaciones deben ir encaminadas a proteger grandes
extensiones de terreno y no un tramo localizado.

En consecuencia, considerando la envergadura del proyecto, es necesario que la
Secretaria de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento del Valle del
Cauca en el marco de sus competencias, lidere el proyecto y convoque tanto
al municipio de Candelaria, como al municipio de Palmira y la Corporación
Autónoma del Valle del Cauca – CVC, para iniciar las acciones requeridas para

66
Cfr. índice 67 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
105ALLEGAMEMORIAL_RESPUESTAPRUEBASDECR(.pdf) NroActua 67 […]”.
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formular el proyecto y buscar financiación a nivel nacional […]”. (Destacado fuera
de texto).

104. Copia del Concepto de Uso del Suelo núm. 255-06-02-03-0744 remitido
mediante escrito de 7 de marzo de 2024 por la Directora del Departamento
Administrativo de Planeación e Informática del Municipio de Candelaria sobre
áreas pertenecientes a su jurisdicción y colindantes con la Urbanización La
Pereira que son catalogadas en el PBOT como zonas de riesgo no mitigable por
estar localizadas en los 100 metros de la franja del río Cauca, debiendo ser
dedicadas principalmente a la conservación, protección y recuperación del
bosque, al aprovechamiento sostenible de los recursos y a la recreación y
disfrute, en el que se indicó67:
“[…]

[…]”.

105. Copia del Informe de la Subsecretaría de Planeación Territorial del
Municipio de Palmira de 24 de febrero de 2024, en el que se indicó:

“[…] Que, de acuerdo con la cartografía oficial del Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) de Palmira compilado en el Decreto Extraordinario N° 192 de 2014 "Por
medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en los Acuerdos
Municipales 109 de 2001, 058 de 2003, 080 de 2011 y 028 de 2014", le informa lo

67
Cfr. índice 65 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
84ALLEGANDOPRUEB_RESPUESTAUSODESUELOD(.PDF) NroActua 65 […]”.
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siguiente acerca del polígono* que delimita el asentamiento denominado
Urbanización Pereira localizado en suelo rural del Municipio:

Mapa A6. Zonificación por Riesgo - aproximadamente el 65% del polígono se
categoriza como zona de "Riesgo alto no mitigable por inundación". En
consecuencia, de conformidad con el artículo 65 del POT y el artículo 35 de la Ley
388 de 1997, las zonas y áreas de amenaza y riesgo no mitigable, forman parte de
los suelos de protección y para la localización de asentamientos humanos,
tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.

Por otro lado, alrededor del 35% del área del polígono se categoriza como
zona de "Riesgo Alto Mitigable por Inundación”, la cual, está sujeta a estudios
de detalle de acuerdo a lo establecido en la subsubsección 2 del Decreto
Único Reglamentario 1077 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya.

Mapa A6A. Susceptibilidad por Movimientos en Masa e Inundaciones por el
Río Cauca - aproximadamente el 82% del área del polígono se localiza en una
zona categorizada con susceptibilidad "Alta No Mitigable por Inundación".
En consecuencia, de conformidad con el artículo 65 del POT y el artículo 35 de la
Ley 388 de 1997, las zonas y áreas de amenaza y riesgo no mitigable, forman
parte de los suelos de protección y para la localización de asentamientos
humanos, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.

Adicionalmente alrededor del 18% del área del polígono, se localiza en una
zona categorizada de "Mayor probabilidad de sufrir inundación ante
creciente del Río Cauca”.

Mapa A6C. Áreas de afectación por inundación y deslizamientos asociados
al fenómeno de la niña 2010- 2011: el polígono se localiza en áreas y sitios con
registros de afectación por eventos: envolvente máxima histórica de inundabilidad
del río Cauca.

*La delimitación de polígono denominado Urbanización Pereira se realizó con base
al orto-imagen que reposa en la Infraestructura de Datos Espaciales de Palmira –
IDEP […]”. (Destacado fuera de texto).

106. Copia del escrito núm. TRD-2024-180.8.1.227 de 6 de marzo de 2024,
suscrito por el Secretario de Infraestructura del Municipio de Palmira, en el que
sostuvo68:

“[…] Se informa que en el corregimiento de Juanchito, sector urbanización
Pereira, la Alcaldía de Palmira no tiene a su cargo la operación del
alcantarillado, de igual manera no hay una junta local u organización que
haga las veces de operador del servicio de alcantarillado.

[…]

De conformidad con lo anterior no se tiene identificación o sitio de notificación de
quien hace las veces de operador del servicio alcantarillado […]”. (Destacado
fuera de texto).

107. Copia del Informe de identificación de vertimientos de agua residual y
disposición de RCD sobre la margen derecha del Río Cauca en el tramo entre

68
Cfr. índice 67 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
105ALLEGAMEMORIAL_RESPUESTAPRUEBASDECR(.pdf) NroActua 67 […]”.
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Juanchito-Pereira y Piles, a partir de los recorridos realizados los días 6 de julio
y 3 de agosto de 2023, en la lancha de la CVC”, en el que se precisó69:

“[…] Recorrido del 6 de julio de 2023.

Este recorrido inicio a las 8 am del 6 de julio de 2023, el punto de encuentro inicial
fue la Hacienda La Alemania - corregimiento El Tiple - municipio de Candelaria, ya
que al recorrido también asistieron profesionales de Gestión del Riesgo del
municipio de Candelaria, quienes inspeccionaron el rio hasta su área de
jurisdicción, es decir, hasta el puente de Juanchito. (…)

Dentro del recorrido se pudieron identificar diferentes puntos de afectación
principalmente por descarga de agua residual industrial y doméstica e
igualmente disposición de RCD, a la altura del centro poblado Juanchito-
Pereira y La Dolores.

Recorrido del 3 de agosto de 2023.

Este recorrido inicio a las 8 am desde el puente de Juanchito, en la lancha de CVC,
con personal de CVC y la DGRD de Palmira. En este recorrido la CVC realizó
seguimiento detallado de todos los puntos de vertimiento de agua residual
doméstica e industrial, así como los puntos de disposición de residuos
sólidos, principalmente RCD. Por parte de la DGRD se identificaron algunos
puntos de erosión marginal o de vulnerabilidad de la borda.

Este recorrido estuvo comprendido entre las coordenadas 3.44999, -76.47588
(Puente de Juanchito) y 3.5503, -76.48844 (Puente Piles) en grados decimales.
Este tramo comprende alrededor de 16 km de cauce recorrido. A continuación, en
la Tabla 1 se muestran los registros fotográficos de los 25 puntos identificados con
la descripción del fenómeno y la coordenada de localización, en el capítulo de
diagnóstico se describe con mayor detalle lo encontrado en campo.

69
Cfr. índice 67 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
105ALLEGAMEMORIAL_RESPUESTAPRUEBASDECR(.pdf) NroActua 67 […]”.
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4. DIAGNÓSTICO • Tramo Juanchito – Pereira.

De acuerdo con la información levantada en campo, que se muestra en el capítulo
anterior, se tiene que para el sector de Juanchito – Pereira, existen cuatro
puntos importantes o de gran impacto que requieren de acciones de
corrección por parte de la autoridad ambiental competente, CVC. (Ver Tabla
1, fotografías del punto 1 al punto 4). En la Tabla 2 se muestra la coordenada de
cada punto y el tipo de situación encontrada, vertimiento o disposición de RCD.
Tabla 2. Puntos de afectación identificados en Juanchito – Pereira.

[…]”. (Destacado fuera de texto).

108. Copia del escrito núm. TDR-2024-182.8.1.198 de 26 de julio de 2024
suscrito por la Subsecretaria de Renovación Urbana y de Vivienda del Municipio
de Palmira, en el que indicó lo siguiente70:

“[…] me permito manifestar que en el Plan de Desarrollo aprobado para la
vigencia 2024 – 2027 denominado “PALMIRA EJEMPLAR – PALMIRA PARA
TODOS”, contempla para el sector vivienda los siguientes ítems para atinente a
subsidios de vivienda y mejoramiento de vivienda:

Eje estratégico: Vida ejemplar.
Indicador de resultado: Déficit cualitativo de vivienda.
Programa: Vivienda digna.
Estrategia: E035 Asignar subsidios para la adquisición de vivienda nueva a
las personas que cumplan con los requisitos establecidos por la
Administración Municipal. Para este fin el municipio presentará proyectos de
vivienda ante las entidades competentes, y gestionará convenios con entes
públicos o privados. Incluye la compra de predios en caso de requerirse, así
como las asistencias técnicas y jurídicas para legalización de predios, y la
intervención de las constructoras en proceso de liquidación. En esta estrategia se
priorizará personas de grupos poblaciones que tradicionalmente presentan
mayores brechas para la adquisición de vivienda digna como lo son
desplazados, víctimas del conflicto armado, adultos mayores, personas con
discapacidad, entre otros.

Eje estratégico: Vida ejemplar.
Indicador de resultado: Déficit cualitativo de vivienda.
Programa: Vivienda digna.
Estrategia: E036 Otorgar subsidios para mejoramiento de vivienda a las
personas que cumplan con los requisitos establecidos por la Administración
Municipal. Para este fin el municipio presentará proyectos de mejoramiento de
vivienda que sean susceptibles de ser cofinanciados con recursos del orden
nacional o departamental. En esta estrategia se priorizarán personas de grupos
poblaciones que tradicionalmente presentan mayores brechas para la adquisición
de vivienda digna como lo son desplazados, víctimas del conflicto armado, adultos

70
Cfr. índice 104 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
184_MemorialWeb_OFICIO.TRD 2024-182.8.1.198(.pdf) NroActua 104 […]”.
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mayores, personas con discapacidad, entre otros […]”. (Destacado fuera de
texto).

109. La Sala considera que le asistió razón al Tribunal al proteger los derechos
e intereses colectivos amparados, en primera instancia, toda vez que del
recuento probatorio mencionado supra, se demuestra la grave situación que
están padeciendo los habitantes de la Urbanización La Pereira, ante el riesgo de
inundaciones y deslizamientos generados por la creciente del Río Cauca en
época invernal y el deficiente sistema de alcantarillado que ha instalado la
comunidad, sin el cumplimiento de normas técnicas ni el control por parte de las
entidades competentes.

110. La Sala destaca que la vulneración del derecho al goce de un ambiente
sano por vertimientos de aguas residuales y de residuos sólidos, sin el control de
las autoridades, genera una grave afectación sobre el Río Cauca.

111. La Sala procederá a apreciar y a valorar las pruebas, de conformidad con
las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la Ley 1564,
aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados
hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en
relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub examine.

112. La Sala procederá a resolver los problemas jurídicos formulados supra,
teniendo en cuenta los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 anteriormente
indicados y los límites de los recursos de apelación.

Solución a los problemas jurídicos

Sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva de las entidades accionadas

113. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, el
Departamento del Valle del Cauca, la Corporación Autónoma Regional del Valle
del Cauca y el Municipio de Candelaria manifestaron que carecían de
legitimación en la causa por pasiva, concretamente el Departamento del Valle del
Cauca y el Municipio de Candelaria señalaron que no se probó la vulneración de
los derechos e intereses colectivos protegidos, respecto de ellos.

114. La Sala destaca que las entidades que alegaron la falta de legitimación en
la causa por pasiva, tienen funciones dentro del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, lo que supone que en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, deben contribuir a que cese la
vulneración del riesgo de inundación y deslizamiento en que se encuentran los
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habitantes de la Urbanización La Pereira, ante la inminencia de la temporada de
lluvias y el consecuente incremento en el nivel de las aguas del Río Cauca.

115. Al respecto, el artículo 4.º del Decreto 4147 de 2011, prevé las siguientes
funciones de la UNGRD:

“[…] Artículo 4o. Funciones. Son funciones de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres las siguientes:

1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres –SNPAD, hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar
propuestas para su mejora en los niveles nacional y territorial.

2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del
riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, y su articulación con los
procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD.

3. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y
procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres, en el marco del
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD y
actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestión del SNPAD.

4. Promover la articulación con otros sistemas administrativos, tales como el
Sistema Nacional de Planeación, el Sistema Nacional Ambiental, el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Sistema Nacional de Bomberos,
entre otros, en los temas de su competencia.

5. Formular y coordinar la ejecución de un plan nacional para la gestión del riesgo
de desastres, realizar el seguimiento y evaluación del mismo.

6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su
fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo de desastres y asesorarlos
para la inclusión de la política de gestión del riesgo de desastres en los Planes
Territoriales.

7. Promover y realizar los análisis, estudios e investigaciones en materia de su
competencia.

8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los
miembros del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres
–SNPAD.

9. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de
Colombia, la consecución de recursos para fortalecer la implementación de
las políticas de gestión del riesgo de desastres en el país.

10. Administrar y mantener en funcionamiento el sistema integrado de información
de que trata el artículo 7o del Decreto-ley 919 de 1989 o del que haga sus veces,
que posibilite avanzar en la gestión del riesgo de desastres.

11. Las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan a la
naturaleza de la entidad.

Parágrafo. Entiéndase la gestión del riesgo de desastres como el proceso social
orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,
estrategias, planes, programas, regulaciones y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible […]” (Destacado fuera de texto).
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116. Del anterior recuento normativo, la Sala observa que corresponde a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres servir de órgano
coordinador y articulador del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres. Adicionalmente, le fueron asignadas a esta Unidad funciones de
apoyo y orientación a las entidades territoriales para el fortalecimiento
institucional de la gestión del riesgo de desastres, en el área de las respectivas
jurisdicciones.

117. Esta Sección71, ha determinado que en materia de gestión del riesgo a
quien le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las políticas,
actividades y gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente al Municipio en
cabeza de su alcalde. No obstante, ello no indica que se deba dejar de lado que
la misma Ley 1523 y el Decreto 4147, establecieron un trabajo coordinado y
armónico con las demás entidades, dentro de las que se encuentra el
Departamento, la UNGRD y las Corporaciones Autónomas Regionales, a quienes
se les asignan especiales funciones de asesoría, orientación y apoyo a las
entidades territoriales de distinto orden en materia de gestión del riesgo.

118. En el caso sub examine, se ordenó a la UNGR brindar apoyo técnico,
informativo y educativo a los municipios de Palmira y Candelaria para la ejecución
de los proyectos de reubicación. Asimismo, se le ordenó apoyar a los referidos
municipios para gestionar los recursos ante las autoridades competentes del
orden nacional. Para la Sala, las órdenes impartidas se ajustan a las funciones y
competencias de la UNGRD, por lo que el argumento no prospera.

119. Respecto del mismo argumento propuesto por la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca, el Departamento del Valle del Cauca, la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el Municipio de Candelaria, la
Sala destaca lo siguiente:

120. En la gestión del riesgo de desastres en los territorios concurren las
competencias de los alcaldes y los gobernadores, las cuales deben atender los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva que impone a
los gobernadores la obligación de apoyar a los alcaldes cuando no tengan los
medios para enfrentar el riesgo y su materialización o cuando esté en riesgo un

71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente Nubia
Margoth Peña Garzón, sentencias de 29 de julio de 2021, NUR 81001-23-39-000-2018-00043-01, 28 de
noviembre de 2019, NUR 13001-23-33-000-2015-00052-02, y de 5 de octubre de 2023, NUR
17001233300020170052401.
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55

Número único de radicación: 760012333000202300440-01

valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior
que acude en ayuda de la entidad afectada.

121. Esta Sección72, con fundamento en lo anterior, ha considerado que los
departamentos deben participar en el cumplimiento de las órdenes judiciales
dirigidas a proteger los derechos e intereses colectivos respecto a los desastres
o riesgos de desastres. En efecto, esta Corporación, mediante sentencia
proferida el 19 de julio de 2018, manifestó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con el artículo citado, los Gobernadores deben responder por la
implementación de procesos dirigidos a la reducción del riesgo, en el ámbito de su
competencia territorial, trabajando de manera coordinada en los municipios de su
jurisdicción, en ejercicio de las competencias de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad positiva.

De acuerdo con lo anterior, al ser los departamentos y los municipios los
encargados de desplegar acciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en
sus territorios, es procedente que el departamento del Valle del Cauca coadyuve
al municipio de Sevilla en la ejecución de las obras dirigidas a mitigar el riesgo
en los barrios Monserrate y Cafetero […]”. (Destacado del texto).

122. La Sección Primera de esta Corporación, mediante auto proferido el 29 de
agosto de 201973, consideró que los departamentos tienen competencias
específicas en materia de gestión de riesgos de desastres:

“[…] 5.3.1. Visto el panorama normativo y jurisprudencial, lo que evidencia la Sala
es que el Departamento de Caldas no carece de legitimación en la causa en el
presente caso, por el contrario, lo que se destaca es que a dicha entidad territorial
le han sido asignadas competencias específicas en materia de gestión del riesgo
de desastres.

5.3.2. Ahora bien, teniendo en consideración que la acción departamental está
regulada bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, lo que
supone es que el Municipio de La Dorada (Caldas) es el primer llamado a ejercer
las labores de monitoreo técnico en la ribera del río Magdalena dentro de su
jurisdicción, así como ejecutar las acciones necesarias para evitar inundaciones y
socavamiento de la margen izquierda del mencionado cuerpo de agua; sin
embargo, ello no es óbice para que el Departamento de Caldas deba entenderse
exento de las responsabilidades que en materia de gestión del riesgo le
corresponden.

5.3.3. En este sentido, para la Sala no son de recibo los argumentos
expuestos en el recurso de apelación referidos a la falta de legitimación del
Departamento, dado que, como se destacó en el auto apelado, la
problemática de inundaciones en el casco urbano del municipio de La Dorada
por el desbordamiento del río Magdalena genera riesgo para la vida de las
personas que habitan en ese territorio y cuya acción requiere la concurrencia
y coordinación de todas las autoridades que hacen parte del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluido por su puesto, el
Departamento de Caldas […]” (Destacado fuera de texto).

72
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Roberto Augusto
Serrato Valdés, sentencia de 19 de junio de 2018, núm. único de radicación 760012331000201100212-01.
73
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Oswaldo Giraldo
López, auto de 29 de agosto de 2019, núm. único de radicación 170012333000201800232-01(AP)A
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123. La Sala, en este punto, destaca que, respecto de las Corporaciones
Autónomas Regionales, el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, estableció su
competencia en materia de gestión del riesgo. Concretamente, la precitada
norma establece que las Corporaciones Autónomas Regionales “[…] [A]poyarán
a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento
territorial y de desarrollo […]”.

124. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, solicitó la
revocatoria del ordinal 2.1 de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en
primera instancia, con fundamento en que contraviene las funciones misionales
de la Corporación, previstas en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993. En concreto,
adujo que no es de su competencia la elaboración de censos, cartografía o
identificación de bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción de los municipios
de Palmira y Candelaria. Asimismo, señaló que la orden judicial contraviene lo
previsto en los artículos 2.2.2.1.1 y 2.2.2.1.5 del Decreto 148 de 2020,
relacionados con la función catastral.

125. La Sala precisa que la orden impartida en el ordinal 2.1 de la sentencia
proferida, en primera instancia, es la siguiente:

“[…] 2.1 A la administración municipal de Palmira para la Urbanización La Pereira
del corregimiento de Juanchito y a su vez, el municipio de Candelaria en el área
de su jurisdicción limítrofe con la urbanización La Pereira, junto con la CVC como
autoridad ambiental para el área rural, en un término de seis (6) meses, proceder
a identificar de forma puntual y georeferenciada o conforme a la técnica
cartográfica que corresponda, los polígonos de las zonas de alto riesgo no
mitigable y a su vez, identificar e inventariar los predios existentes producto
de los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios que se
encuentren en medio de dichas áreas no mitigables […]”. (Destacado fuera
de texto).

126. La Sala destaca que la orden de identificación de los polígonos de las
zonas de alto riesgo no mitigable, y el inventario de los predios en los que existen
asentamientos humanos ilegales en la misma zona referida, fue impartida a los
municipios de Palmira y Candelaria, y se incluyó a a la CVC para el área rural,
sin que con ello, lo ordenado deje de recaer, de manera principal, sobre los
mencionados municipios.

127. La Sala considera que la orden impartida a la autoridad ambiental se
encuentra dentro de su órbita competencial, toda vez que le corresponde, por
mandato de la ley, apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental
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Número único de radicación: 760012333000202300440-01

en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo,
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias.

128. De esta manera, la Sala resalta que la orden no desconoce el artículo 31
de la Ley 99 de 1993, sobre las funciones de las Corporaciones Autónomas
Regionales, ni los artículos 2.2.2.1.1 y 2.2.2.1.5 del Decreto 148 de 4 de febrero
de 202074, sobre definiciones e intervinientes en la gestión catastral, toda vez que
la orden impartida, debe entenderse en el marco de las competencias
constitucionales, legales y reglamentarias de la autoridad ambiental, a quien le
corresponde apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en
la realización de todos los estudios necesarios para el conocimiento y la
reducción del riesgo, con el objeto de que los municipios, en el marco de sus
competencias, lleven a cabo la reubicación de las familias que se encuentran en
zonas de riesgo no mitigable.

129. Con fundamento en lo anterior, la Sala no evidencia que existan razones
para declarar la falta de legitimación por pasiva de las entidades mencionadas y,
por el contrario, las accionadas deben, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias cumplir las órdenes impartidas.

130. Por otro lado, el Municipio de Candelaria señaló que se desconoció el
principio de congruencia; sin embargo, la Sala destaca que en las pretensiones
de la demanda la parte actora señaló lo siguiente:

“[…] 4. Ordenar a la alcaldía de Palmira, alcaldía de Candelaria, la Gobernación
del Valle del Cauca, C.V.C y representantes de la comunidad que establezca
mesas de trabajo para dar soluciones al problema generado por el dique que une
los dos (2) Corregimientos (Juanchito Palmira y Juanchito Candelaria) […]”.

131. Así las cosas, la Sala considera que no se vulneró el principio de
congruencia teniendo en consideración que desde la demanda se puso de
presente la responsabilidad del Municipio de Candelaria en las inundaciones que
se presentan en la Urbanización La Pereira del Corregimiento de Juanchito de
Palmira. Adicionalmente, que de las pruebas allegadas al expediente se
demuestra la necesidad de que el precitado Municipio concurra a la protección
de los derechos colectivos amparados.

132. Por lo anterior, la Sala considera que el argumento estudiado en este
acápite no prospera.

74
“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la Ley 1955 de 2019 y se
modifica parcialmente el Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Información Estadística […]”.
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Sobre la ausencia de responsabilidad del Municipio de Palmira

133. El Municipio de Palmira señaló que existían eximentes de responsabilidad
relacionados con la fuerza mayor, el hecho de un tercero y la culpa exclusiva de
la víctima.

134. La Sala considera que es necesario resaltar que la acción popular está
prevista como un medio de protección de los derechos e intereses colectivos, sin
que tenga la vocación de ser una acción reparatoria o indemnizatoria, por lo que
los argumentos relacionados con las causas externas como eximentes de
responsabilidad no son de recibo en este trámite, máxime cuando la
responsabilidad del Municipio de Palmira en la vulneración de los derechos e
intereses colectivos quedó demostrada en el proceso.

Sobre la proporcionalidad de las órdenes impartidas por el Tribunal

135. La UNGRD y el Municipio de Palmira manifestaron que se desconoció el
principio de autonomía de las entidades territoriales, al respecto la Sala considera
que, de conformidad con las competencias constitucionales, legales y
reglamentarias de los municipios y departamentos, indicadas supra, las órdenes
impartidas no vulneran el principio de autonomía.

136. De la misma manera, la Sala destaca que la orden de reubicación de las
familias que se encuentran en área de riesgo no mitigable de ninguna manera
puede entenderse como una orden ilegal y, por el contrario, se ajusta a la
jurisprudencia de esta Sección75.

137. El Departamento del Valle del Cauca sostuvo que la orden que le fue
impartida en relación con brindar acompañamiento y apoyo económico y técnico
a los municipios de Palmira y Candelaria, no es proporcional, toda vez que no se
demostró la vulneración de los derechos colectivos por parte de la entidad, ni se
probó que los precitados municipios hayan presentado proyectos al
Departamento para financiar las medidas de reubicación.

138. La Sala considera que, por un lado, de conformidad con el marco
normativo indicado supra al Departamento, en virtud de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad le corresponden funciones para la
protección de los derechos e intereses colectivos amparados en la acción de la
referencia y, por otro lado, el hecho de que los municipios no hayan presentado

75
Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 17 de octubre
de 2024. CP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 050012333000202300646-02
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Número único de radicación: 760012333000202300440-01

proyectos al Departamento para financiar medidas de reubicación, no es óbice
para que en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, el Departamento brinde el acompañamiento y apoyo que
requieran los precitados municipios.

139. En referencia al argumento expuesto por el Municipio de Palmira, en el
que indica que se debe ordenar a la autoridad ambiental expedir las licencias
ambientales para la ejecución de las obras relacionadas con la reubicación, la
Sala considera, por un lado, que el Municipio no desarrolló suficientemente el
argumento, teniendo la carga argumentativa para hacerlo y, por otro lado, que el
argumento desborda el objeto del proceso, toda vez que el lugar en el que se
realizará la reubicación de las familias ubicadas en zona de riesgo no mitigable,
no fue objeto de debate judicial.

140. Por lo anterior, la Sala considera que no son de recibo los argumentos de
los recursos de apelación analizados en este acápite.

Sobre la falta de recursos económicos para el cumplimiento de las órdenes

141. El Municipio de Palmira alegó que las órdenes impartidas en primera
instancia, desconocían los principios de equilibrio fiscal, sostenibilidad fiscal y
sostenibilidad financiera, lo que fundamentó en la falta de recursos económicos
del Municipio.

142. En ese sentido, la Sala destaca que, aunque las autoridades consideren
que pueden verse superadas en su capacidad de gestión debido a la magnitud
de las circunstancias a proteger, lejos de constituir un motivo para negarse a
desarrollar la actividad correspondiente a garantizar la prestación del servicio
público domiciliario, en este caso de alcantarillado, y a realizar las acciones para
la reubicación de las familias ubicadas en zonas de riesgo no mitigable, deviene
en un apremio a fin de satisfacer con mayor diligencia y cuidado la protección de
los derechos colectivos amparados.

143. En relación con la falta de recursos económicos, esta Sección reiteró, en
sentencia proferida el 16 de mayo de 2019, que las autoridades no pueden
excusar el incumplimiento de una orden judicial o la garantía de los derechos con
fundamento en la falta de recursos. En esa oportunidad, se precisó lo siguiente:

“[…] la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención
prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma
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Número único de radicación: 760012333000202300440-01

las exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es
deber del Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha
situación sea debidamente atendida.

83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se
reitera, la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la
decisión de primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la
sentencia son razonables y no resultan desproporcionadas […]”76 (Destacado
fuera de texto).

144. En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado, de forma reiterada, que la falta de capacidad presupuestal de las
entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el
artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado
Social de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos.

145. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que el argumento de la
carencia de recursos económicos propuesto por el Municipio de Palmira, no tiene
vocación de prosperidad.

Sobre la necesidad de precisar las medidas que deben tomar las autoridades
respecto de las empresas

146. La Sala considera que no es posible en esta instancia impartir órdenes
respecto de la forma en que las entidades accionadas deben proceder ante el
presunto vertimiento de aguas industriales y disposición de residuos sólidos en
el Río Cauca por parte de empresas en la zona objeto de protección, toda vez
que al proceso no se vincularon las empresas que se indica en el recurso existen
en la zona.

147. La Sala considera que impartir una orden en tal sentido, en esta instancia,
vulneraría los derechos de defensa y al debido proceso de personas jurídicas que
no fueron vinculadas al proceso y, adicionalmente, desborda el objeto del
presente asunto.

148. No obstante lo anterior, la Sala considera necesario instar a los habitantes
de la Urbanización La Pereira y a las empresas que puedan existir en la zona
objeto de protección constitucional para que se abstengan de realizar conductas
que vayan en detrimento del medio ambiente en la zona y aumenten el riesgo en

76
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de mayo
de 2019, núm. único de radicación 170012333000201700452-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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61

Número único de radicación: 760012333000202300440-01

que se encuentran. Asimismo, presten la colaboración necesaria a las
autoridades para el cumplimiento de las órdenes judiciales, tal como se dispondrá
en la parte resolutiva.

149. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los
numerales 1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de
condenar en costas en esta instancia, en atención a que no está probada su
causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de noviembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: INSTAR a los habitantes de la Urbanización La Pereira y a las
empresas que puedan existir en la zona objeto de protección constitucional para
que se abstengan de realizar conductas que vayan en detrimento del medio
ambiente en la zona y aumenten el riesgo en que se encuentran. Asimismo,
presten la colaboración necesaria a las autoridades para el cumplimiento de las
órdenes judiciales.

TERCERO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto
de 1998.

CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

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Número único de radicación: 760012333000202300440-01

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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