Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2021-00112-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2021-00112-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 68001-23-33-000-2021-00112-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL
SANTANDER
Demandados: MUNICIPIO DE TONA Y OTROS
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación presentados por el municipio de Tona, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, contra la
sentencia de 19 de enero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander1.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1. La Defensoría del Pueblo Regional Santander, en ejercicio del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra el
municipio de Tona, el departamento de Santander, la Unidad para la Gestión del
Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la Agencia Nacional de Infraestructura
(ANI) y la sociedad Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S., con el propósito de
obtener la salvaguarda de los derechos colectivos establecidos en los literales c),
g), h), j), l) y m) del artículo 4°2 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19983.
1
De conformidad con la constancia secretarial de 9 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 23 del expediente digital del Consejo de Estado.
2
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…] c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales,
la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;
[…] g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente:
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. […]”.
3
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
2
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Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
2. La demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…]1. Se reconozca y declare que los accionados están vulnerando los derechos e
intereses colectivos referidos en el acápite correspondiente y los conexos con estos
que oficiosamente encuentre afectados el juzgador.
2. Para la protección a los derechos e intereses colectivos vulnerados se ordene
a la pasiva:
2.1. Que en un término perentorio, si no se cuenta con él, se realice Estudio Técnico
necesario para el conocimiento y la reducción de Amenaza, de Vulnerabilidad y
Mitigación de Riesgos de la zona de La Corcova, Municipio de Tona, Santander.
2.2. Reubicación de los residentes de La Corcova damnificados por la avalancha del
7 de mayo de 2018 y a los que se encuentren en riesgo de desastre.
2.3. Reconocimiento y pago de los subsidios de arrendamiento a los damnificados y
a los que se encuentren en riesgo de desastre;
2.4. Actividades y obras para la prevención y mitigación de riesgos, amenazas y
vulnerabilidad, para proteger a la comunidad, habitantes y transeúntes del sector de
los hechos.
2.5. Las que extra y ultra petita disponga el juzgador.
3. Se condene en costas a la pasiva […]”4.
3.Refirió que el corregimiento La Corcova, perteneciente al municipio de Tona, se
ubica en el kilómetro 24 de la carretera nacional que comunica a las ciudades de
Bucaramanga y Pamplona. La vía que atraviesa dicho núcleo poblado se entregó
en concesión mediante Contrato núm. 002 de 7 de junio de 2016, suscrito entre la
Agencia Nacional de Infraestructura y la sociedad Autovía Bucaramanga Pamplona
S.A.S.
4. Manifestó que el 7 de mayo de 2018 se produjo un desastre natural en el
corregimiento La Corcova y sus alrededores, originado por remociones en masa, lo
que ocasionó graves afectaciones en las viviendas y bienes de 61 familias. Para
atender la emergencia, el departamento de Santander ordenó la evacuación del
sector, y el municipio de Tona declaró la situación de calamidad pública, mediante
Decreto 040 de 8 de mayo de 2018. Sin embargo, dicha evacuación y la reubicación
de los damnificados no se materializó.
5. Indicó que las personas afectadas se inscribieron en el Registro Único de
Damnificados (RUD), conforme a lo dispuesto en la Resolución 1256 de 27 de
marzo de 20135, expedida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres. Por lo tanto, a las entidades públicas demandadas les corresponde
adoptar medidas técnicas, preventivas y asistenciales para proteger los derechos
colectivos y personales de la comunidad afectada.
4
Cfr. índice 58 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “002DemandaAnexos.pdf”.
5
"[…] Por la cual se implementa la herramienta del registro único de damnificados y afectados ruda-covid-19 para el sistema
nacional de gestión del riesgo de desastres […]".
3
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6. Sostuvo que esas autoridades no han adelantado las acciones necesarias para
garantizar la seguridad e integridad de los residentes de La Corcova. Tales deberes
incluyen la realización de estudios técnicos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en
el corregimiento; la ejecución de obras de prevención y mitigación de desastres; la
reubicación de los habitantes en zonas seguras; y el reconocimiento y pago de
subsidios de arrendamiento a los damnificados.
I.2. Actuación procesal en primera instancia
7.El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Santander, mediante
auto de 17 de febrero de 2021, admitió la demanda y ordenó la notificación a las
partes y al Ministerio Público6.
8.Por auto de 11 de marzo de 20217, negó la medida cautelar solicitada por la
demandante.
9. Mediante auto de 18 de mayo de 20218, decretó las pruebas del proceso y, al no
existir fórmula de arreglo, consideró innecesaria la realización de la audiencia de
pacto de cumplimiento.
10. Por auto de 27 de marzo de 20239, ordenó correr traslado a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión.
I.3. Contestaciones de la demanda
I.3.1. Municipio de Tona10
11. El ente territorial argumentó que ejerció de manera eficiente, oportuna y eficaz
sus funciones en materia de gestión del riesgo con el propósito de atender el hecho
fortuito acaecido el 7 de mayo de 2018, por la remoción en masa que se produjo en
el lugar de la controversia.
12. Solicitó que las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SNGRD) participen conjuntamente en la corrección de la
problemática. Conforme al artículo 14 de la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 11, los
municipios son responsables directos de la gestión del riesgo dentro de su territorio,
pero dicha obligación debe desarrollarse de forma coordinada y armónica con las
demás autoridades nacionales, departamentales y ambientales.
6
Cfr. índice 58 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “003AutoAdmiteDemanda.pdf”.
7
Ibidem, documento denominado: “026AutoResuelveMedidaCautelar.pdf”.
8
Ibidem, documento denominado: “050AutoPrescindeAudiencia.pdf”.
9
Ibidem, documento denominado: “093AutoImparterTrámitePruebas.pdf”.
10
Ibidem, documento denominado: “021ContestacionDemandaTona.pdf”.
11
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.
4
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13. Explicó que, pese a las limitaciones técnicas y presupuestales, el municipio
desplegó diversas acciones para atender la emergencia ocurrida el 7 de mayo de
2018. Concretamente, declaró la calamidad pública mediante Decreto núm. 040 de
8 de mayo de 2018; efectuó el Registro Único de Damnificados; convocó al Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo; aprobó el Plan de Acción Específico de
Rehabilitación; y solicitó a la UNGRD la asignación de subsidios de arriendo y la
reubicación de los damnificados.
14. Señaló que solicitó a la concesionaria Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S. y
a la ANI que realizaran estudios técnicos. Además, solicitó al coordinador
departamental de gestión del riesgo y al director de la UNGRD la adopción de
medidas complementarias. Esas solicitudes se contestaron de manera uniforme,
atribuyendo al municipio la responsabilidad exclusiva de la gestión del riesgo.
15. Adujo que la Ley 1523 de 2012 no puede interpretarse como un instrumento que
exonere a las demás autoridades del SNGRD del cumplimiento de sus funciones, ni
que impida la acción coordinada y subsidiaria necesaria para la mitigación del
riesgo.
16. Sostuvo que la CDMB debía adelantar los estudios técnicos necesarios para el
conocimiento y reducción del riesgo dentro de su jurisdicción, en cumplimiento de
su función complementaria y subsidiaria frente a los municipios y departamentos.
17. Argumentó que la ANI y la concesionaria Autovía Bucaramanga Pamplona S.A.S.
son responsables del mantenimiento y conservación de la vía nacional que atraviesa
el corregimiento, por lo cual deben ejecutar los estudios y obras de mitigación en
las áreas afectadas por remociones en masa, en cumplimiento de las obligaciones
derivadas del contrato de concesión.
18. Resaltó que los ingresos corrientes de libre destinación para la vigencia 2020
ascienden a $1.544.985.771, recursos que se destinan principalmente a la
prestación de servicios públicos esenciales y al funcionamiento institucional. En ese
contexto, asumir la ejecución de las obras excedería su capacidad financiera,
comprometiendo la atención de otras funciones básicas del ente territorial.
I.3.2. Corporación para la defensa de la meseta de Bucaramanga12
19. La autoridad ambiental se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda. Presentó las excepciones de “[…] Inexistencia de amenaza o vulneración
[…]”; “[…] Cumplimiento de los principios de concurrencia y subsidiariedad […]”; y
“[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”.
12
Cfr. índice 58 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “020ContestacionDemandaCdmb.pdf”.
5
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
20. Argumentó que cumplió sus competencias legales y constitucionales, y actuó
conforme con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad
previstos en la Ley 1523 de 2012. En desarrollo de tales deberes, ejerció la
denominada subsidiariedad activa al celebrar el contrato de consultoría núm. 12955
de 30 de diciembre de 2020, destinado al estudio técnico de la problemática
ambiental y de riesgo del corregimiento La Corcova.
21. Indicó que cualquier omisión en el ejercicio de las actuaciones administrativas no
puede ser atribuida a la CDMB, porque esa autoridad adelantó la contratación
correspondiente para el conocimiento del riesgo, mediante el citado contrato de
consultoría, con lo cual la corporación dio cumplimiento voluntario al principio de
solidaridad positiva, sin que mediara requerimiento judicial previo.
22. Se opuso a las pretensiones relacionadas con la reubicación de los damnificados
y el reconocimiento o pago de subsidios de arrendamiento, por considerar que, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre de
199313, la CDMB carece de legitimación en la causa por pasiva frente a tales
solicitudes, por no estar comprendidas dentro de su marco funcional ni dentro de
sus competencias ambientales.
23. Destacó que suscribió el contrato de consultoría 12955 antes de la notificación
de la presente demanda, siendo además la única entidad que ha celebrado una
contratación orientada a atender la problemática. Por ello, solicitó que se deniegue
la condena en costas y agencias en derecho respecto de la CDMB, al no haberse
configurado inactividad ni omisión imputable a su gestión.
I.3.3. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres14
24. La UNGRD se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y
presentó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que la
participación de la entidad es de carácter subsidiario, puntualizando que las
entidades del orden territorial deben asumir al interior de sus jurisdicciones el
desarrollo de los procesos que integran el concepto de gestión del riesgo de
desastres: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastre.
25. Indicó que las corporaciones autónomas regionales participan en la gestión del
riesgo en atención a su doble condición como autoridad ambiental, miembros del
Sistema Nacional Ambiental SINA y como miembros del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo. Además, prestan apoyo en la elaboración de estudios para el
análisis de fenómenos de riesgo y vulnerabilidad.
13
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones […]”.
14
Cfr. índice 58 del expediente digital de primera instancia, documento denominado: “023ContestacionDemandaUngrd.pdf”.
6
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Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
26. Consideró que no está legitimada para intervenir en actividades de conocimiento
del riesgo que pertenecen exclusivamente a los entes territoriales. Incluso la
reubicación de la población localizada en zonas de alto riesgo no mitigable
corresponde a los municipios como medida de reducción del riesgo a través de la
intervención correctiva.
27. Señaló que no es superior jerárquico ni funcional de las autoridades
descentralizadas territorialmente. Su competencia se activa cuando el municipio, el
departamento y la autoridad ambiental no cuentan con los recursos necesarios para
realizar estudios.
I.3.4. Departamento de Santander15
28. El ente territorial se opuso a las pretensiones del demandante y presentó la
excepción de “[…] Ilegitimidad de la acción por pasiva […]”. Argumentó que la
responsabilidad sobre el mantenimiento y diseño de la obra le corresponde al
constructor conforme a las pruebas aportadas por la Secretaría de Infraestructura
del departamento.
29. Indicóque, según las pruebas recopiladas, la vulneración de los derechos
colectivos solo puede atribuirse a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la
sociedad Autovía Bucaramanga - Pamplona S.A.S., ya que la carretera donde
ocurrieron los hechos fue entregada al particular a través del contrato de concesión
002 de 7 de junio de 2016, suscrito entre dichas entidades.
I.3.5. Agencia Nacional de Infraestructura16
30. La ANI manifestó su oposición a la prosperidad de todas y cada una de las
peticiones elevadas por la parte actora, y presentó las excepciones de “[…] Falta de
legitimación material en la causa por pasiva respecto de la Agencia Nacional de
Infraestructura […]”; y “[…] Resolución oficiosa de excepciones […]”.
31. Señaló que el deslizamiento ocurrido el 7 de mayo de 2018 en el sector de La
Corcova obedeció a un hecho de la naturaleza, relacionado con las fuertes lluvias
presentadas durante la ola invernal que afectó los municipios de Tona y
Floridablanca, lo que produjo el colapso parcial del corredor vial Bucaramanga–
Pamplona, Ruta Nacional 6603.
32. Indicó
que, según el informe de la interventoría del proyecto INGEANDINA
(comunicación INGEANDINA BPLA-116-20 del 31 de enero de 2020), el evento
correspondió a una situación fortuita, imprevisible e irresistible, sin antecedentes
desde el inicio de la operación del proyecto. De acuerdo con dicho informe, las
15
Ibidem, documento denominado: “011ContestacionDepartamentoSantander.pdf”.
16
Ibidem, documento denominado: “018ContestacionDemandaAni.pdf”.
7
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
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lluvias excepcionales fueron la causa directa del deslizamiento, lo que configura un
caso de fuerza mayor o hecho de la naturaleza.
33. Precisó que el fenómeno natural fue ajeno al control humano, razón por la cual
ni la ANI ni el concesionario Autovía Bucaramanga - Pamplona S.A.S. pueden ser
responsables de las consecuencias derivadas del mismo. Por el contrario, tanto el
concesionario como la interventoría adoptaron medidas inmediatas para mitigar la
emergencia, cumpliendo con los planes de contingencia y protocolos de atención
de riesgos establecidos contractualmente.
34. Argumentó que la prosperidad de la acción popular exige acreditar la vulneración
de derechos colectivos por acción u omisión imputable a las entidades demandadas.
No obstante, en el presente caso no existe prueba alguna que demuestre
intervención, inactividad o incumplimiento por parte de la ANI que haya ocasionado
la amenaza o vulneración alegada.
35. Manifestó que el corredor Bucaramanga - Pamplona se encuentra concesionado
bajo el esquema de asociación público-privada núm. 002 de 7 de junio de 2016,
cuyo objeto comprende los estudios, diseños definitivos, financiación, gestión
ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación,
mantenimiento y reversión del proyecto. Por lo tanto, las obligaciones directas en el
tramo corresponden al concesionario, quien además cumplió con los niveles de
servicio y ejecutó las denominadas intervenciones prioritarias.
36. Agregó que el concesionario activó el plan de contingencias y emergencias el
mismo día del evento, alertando oportunamente a las autoridades municipales,
departamentales y nacionales competentes en materia de gestión del riesgo. Las
labores incluyeron remoción de más de 14.000 m³ de material, atención a los
usuarios, control de tráfico y articulación con los organismos de socorro.
37. Añadió que, según lo informado por la interventoría INGEANDINA en diferentes
reportes (radicados 2020-409-011448-2 de 5 de febrero de 2020 y BPLA-1059-20
de 1.º de octubre de 2020, entre otros), el concesionario ejecutó diversas obras de
mitigación y estabilización, tales como perfilado manual del talud, construcción de
trinchos intermedios, y revegetalización e instalación de geomembranas y zanjas de
coronación.
38. Resaltó que, a la fecha del evento, el concesionario no ejecutaba obras en el
sector del deslizamiento y que el predio donde se originó el talud no era de
propiedad de la ANI, sino de la CDMB. En consecuencia, la entidad carecía de
competencia material o jurídica para intervenir directamente ese punto.
39. Sostuvo que la obligación de realizar estudios de riesgo y adelantar la reubicación
de las familias afectadas corresponde al alcalde del municipio de Tona, a través del
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, de conformidad con las
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Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
Leyes 388 de 18 de julio de 199717, 715 de 21 de diciembre de 200118, 1523 de 24
de abril de 201219 y demás normas concordantes.
40. Enfatizóque, dentro de sus competencias, ha cumplido con la vigilancia y
supervisión del contrato de concesión mediante la interventoría técnica del proyecto,
garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y los principios de
operación del corredor vial. Por ello, solicitó declarar improcedentes las
pretensiones formuladas en su contra, al no encontrarse demostrada ninguna
actuación u omisión imputable a la entidad.
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
41. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 19 de enero de
202420, amparó los derechos colectivos establecidos en los literales g); l) y m) del
artículo 4° de la Ley 472, vulnerados por el municipio de Tona, el departamento de
Santander, la UNGRD y la CDMB, porque esas autoridades no adoptaron medidas
oportunas para mitigar y corregir los efectos del deslizamiento ocurrido el 7 de mayo
de 2018.
42. Consideró que, mediante el Decreto 040 del 9 de mayo de 2018, el Municipio de
Tona declaró la calamidad pública por seis meses para atender la emergencia
ocasionada por la remoción en masa ocurrida el 7 de mayo de 2018 en el
corregimiento La Corcova, producto de la alta pluviosidad.
43. Explicó que este evento generó deslizamientos, caída de árboles y la muerte de
dos personas, tal como lo reportó la Concesión Autovía Bucaramanga - Pamplona
S.A.S. Ante la magnitud de la problemática, la Alcaldía realizó el censo de
damnificados y solicitó el apoyo de la UNGRD, a efectos de reconocer subsidios de
arriendo a los damnificados, sin obtener respuesta positiva.
44. Evidenció que, desde 2018, las 69 personas pertenecientes a 34 hogares
damnificados continúan residiendo en la zona afectada, sin haber recibido subsidios
ni reubicación alguna. Además, la Alcaldía de Tona reconoció su falta de capacidad
presupuestal para atender la situación y manifestó que la UNGRD no asignó
recursos.
45. Advirtió que la CDMB celebró en 2020 un contrato de consultoría para estudios
de amenaza y riesgo, de cuyo contenido se estableció que el corregimiento La
17
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
18
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
19
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.
20
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “2ED_57680012333000202100(.docx)
NroActua 2 ”.
9
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
Corcova presenta una amenaza media de movimientos en masa y condiciones
geológicas inestables, con suelos de mala calidad y erosión activa.
46. Constató que, pese al paso de más de cinco años, no se ha ejecutado ninguna
acción concreta de mitigación o reubicación, configurándose la vulneración de los
derechos colectivos conforme a la Ley 1523 de 2012 y a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
47. Encontró probado que la calamidad pública fue una respuesta inicial adecuada,
pero insuficiente, pues no se implementaron soluciones estructurales. Resaltó que
la omisión prolongada de las autoridades ha mantenido a los habitantes del
corregimiento en condiciones de riesgo permanente, lo cual contraviene el deber
estatal de garantizar la integridad y seguridad de la población frente a desastres
previsibles técnicamente.
48. Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del INVIAS y de la sociedad
Autovía Bucaramanga-Pamplona S.A.S., al concluir que el deslizamiento del 7 de
mayo de 2018 obedeció a causas naturales derivadas de la ola invernal y no a la
ejecución de obras del corredor vial. En cambio, reconoció que estas entidades
actuaron diligentemente al activar sus planes de contingencia y remover los
escombros tras el evento.
49. Con fundamento en lo anterior, el tribunal resolvió:
“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADA la falta de legitimación material en la causa
por pasiva del Instituto Nacional de Vías- INVIAS y la sociedad Autovía
Bucaramanga- Pamplona S.A.S., conforme las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR que el Municipio de Tona vulnera el derecho colectivo a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes del corregimiento de la Corcova del Municipio de
Tona, conforme las razones expuestas en la parte motiva.
TERCERO: DECLARAR que el Municipio de Tona, el Departamento de Santander,
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Corporación
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga-CDMB.,
transgredieron los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente y la seguridad y salubridad pública de los habitantes del
corregimiento de la Corcova del Municipio de Tona, al no ejercer las acciones
tendientes para controlar la situación de riesgo que se presenta en esa zona,
producto del fenómeno de remoción en masa que se presentó el día 7 de mayo de
2018.
CUARTO: Desestimar la protección de los derechos colectivos al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y, el acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, conforme lo
indicado en el punto 8.2 de la parte motiva de esta providencia.
10
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
QUINTO: Como medidas para restablecer el derecho colectivo vulnerado, se
ORDENA:
i) Al MUNICIPIO DE TONA y al DEPARTAMENTO DE SANTANDER, en
coordinación con la UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO -UNGRD y la
COPORACIÓN (sic) AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA
DE BUCARAMANGA, en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la
notificación de esta providencia, elaboren un estudio técnico detallado que contenga
un diagnóstico del estado actual de las 34 familias damnificadas como consecuencia
de la remoción en masa que se presentó el 7 de mayo de 2018 que aún se
encuentran en el Corregimiento de la Corcova, jurisdicción del Municipio de Tona y
en especial en la zona afectada, según lo certificado por el ente territorial en el oficio
de fecha 15 de junio de 2023.
ii). Una vez se tengan dicho estudio, el MUNICIPIO DE TONA y el DEPARTAMENTO
DE SANTANDER, en el término máximo de seis (6) meses siguientes, deberá realizar
las gestiones administrativas y, presupuestales para lograr la reubicación definitiva
de las familias cuyas viviendas representen un riesgo inminente de colapso.
iii).ORDENAR al Municipio de Tona y al Departamento de Santander que, en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias y previo al
agotamiento del procedimiento administrativo previsto para el efecto y en todo caso,
dentro del término máximo de cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta
sentencia, otorgue una solución de vivienda temporal hasta que se lleve a cabo la
reubicación definitiva a favor de los damnificados cuyas viviendas estén en inminente
riesgo de colapso.
iv). A la COPORACIÓN (sic) AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
MESETA DE BUCARAMANGA, para que, dentro de los seis (6) meses siguientes a
la notificación de esta providencia, adelante un proceso de consultoría en el que se
establezcan cuáles son las obras necesarias para prevenir en el Corregimiento de la
Corcova la remoción en masa, en los sectores que presentan un riesgo medio de
presentar este fenómeno de remoción.
v). Se le ordena a La UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES-UNGRD que, además de cumplir con las funciones de coordinación y
apoyo para la aplicación de políticas de gestión del riesgo de desastres, adelante las
gestiones necesarias para la consecución de recursos que permitan fortalecer la
implementación de las políticas de gestión del riesgo de desastres en el
Corregimiento de la Corcova, jurisdicción del Municipio de Tona.
SEXTO: CONDENAR en costas a las autoridades que resultaron vencidas en este
proceso, conforme lo dispuesto en la parte motiva.
SÉPTIMO: CONFORMAR un comité de verificación de la sentencia con la
participación de: i) la parte actora (Defensoría del Pueblo Regional de Santander; ii)
el Municipio de Tona; iii) el Departamento de Santander; iv) La Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo-UNGRD; v) la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga-CDMB; vi) la Defensoría del Pueblo; y vii) el delegado
de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Santander.
Este Comité será presidido, a través de la Magistrada ponente.
OCTAVO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
11
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
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NOVENO: RECONOCER como apoderado de la UNGRD, a la abogada LINET
JOANNA TRIGOS NUÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número
52.428.002 de Bogotá, portadora de la tarjeta profesional número 172.715 del
Consejo Superior de la Judicatura
DÉCIMO: En firme esta decisión, archívese el expediente.
DÉCIMO PRIMERO: Regístrese la actuación en el Sistema Judicial SAMAI, por el
Auxiliar Judicial adscrito al Despacho de la magistrada ponente.
[…]”. (Negrilla del texto).
III. RECURSOS DE APELACIÓN
III.1. Municipio de Tona
50. Elente territorial mediante escrito de 26 de enero de 202421 cuestionó la
atribución de responsabilidad, pese a que las pruebas demostraban que actuó
dentro de sus competencias legales y presupuestales frente al deslizamiento
ocurrido el 7 de mayo de 2018 en el corregimiento de La Corcova.
51. Argumentó que la Ley 1523 de 2012, en su artículo 47, asigna al Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres la financiación de las acciones para atender
calamidades, por lo que, de existir responsabilidad en el daño colectivo, esta recaía
en dicho Fondo y no en el municipio, que carece de capacidad presupuestal para
asumir esas contingencias por ser de sexta categoría.
52. Alegó que el a quo desconoció la actuación diligente de la administración
municipal, la cual declaró oportunamente la calamidad pública, elaboró el registro
único de damnificados, realizó consejos municipales de gestión del riesgo, formuló
el plan de acción de rehabilitación y solicitó reiteradamente apoyo a la UNGRD, al
departamento de Santander y a la concesión vial responsable del mantenimiento
del sector afectado.
53. Sostuvo que la sentencia reconoció la limitación fiscal del municipio y la
obligación de concurrencia y subsidiariedad de las entidades de orden superior,
pero aun así le atribuyó responsabilidad. Explicó que la magnitud del desastre
excedía la capacidad técnica y financiera municipal, y que el principio de
sostenibilidad fiscal, introducido por el Acto Legislativo 03 de 2011, imponía la
racionalización de las competencias según los recursos disponibles.
54. Precisó que no se le atribuyó responsabilidad a las entidades nacionales y
departamentales, pese a que la Ley 1523 imponía a los gobernadores y a la UNGRD
el deber de coordinar y ejecutar acciones de gestión del riesgo en su respectivo
nivel territorial. Resaltó que la sentencia destacó tales competencias, lo que
21
Cfr. Índice 107 del expediente digital de primera instancia.
12
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
reforzaba la ausencia de responsabilidad municipal. En consecuencia, solicitó
revocar la sentencia de primera instancia y absolver al municipio de Tona de toda
responsabilidad.
III.2. Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga
55. La autoridad ambiental argumentó mediante escrito de 29 de enero de 2024 22
que carece de legitimación en la causa por pasiva y que, de conformidad con el
marco legal ambiental, las órdenes judiciales proferidas desconocen sus
competencias.
56. Explicó que su papel es de apoyo técnico y asesoría ambiental y no le
corresponde ejecutar obras ni adelantar procesos de reubicación de familias. Según
la distribución legal de competencias en materia de gestión del riesgo prevista en la
Ley 1523 de 2012, la responsabilidad principal recaía en el municipio de Tona como
ente territorial encargado de coordinar las acciones preventivas.
57. Recordó que, conforme a la Ley 99 de 1993, las CAR son autoridades
ambientales autónomas con funciones de planificación, asesoría y control
ambiental, que no ejecutan obras de mitigación del riesgo porque su papel se
circunscribe a la gestión ambiental y no al ordenamiento territorial.
58. Señaló que su función se limitaba a emitir determinantes ambientales y a apoyar
al Municipio en la incorporación de estas en el POT, pues la CDMB no tiene
autoridad sobre las decisiones de planificación urbana. Dichas obligaciones son de
exclusiva responsabilidad del municipio de Tona. Por lo tanto, las órdenes
impartidas excedieron las funciones legales asignadas a la corporación, así como
su estructura presupuestal.
59. Explicó que cumplió con su deber legal al contratar el Consorcio Estudios Diseños
CDMB (Contrato 12955-04 de 2020). Dicho estudio identificó la amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por remoción en masa e inundaciones, de manera que exigir
nuevos estudios duplicaba esfuerzos y recursos.
60. Sostuvo que no contaba con recursos ni competencia para ejecutar directamente
obras de estabilización o mitigación. En su opinión, su participación en ese tipo de
intervenciones solo podía darse mediante convenios o directrices de la UNGRD,
máxime cuando ya elaboró un estudio técnico que sirve de base para las decisiones
municipales.
22
Cfr. Índice 109 del expediente digital de primera instancia.
13
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
61. Aclaró que antes de la Ley 99 de 1993 sí tenía funciones directas de control de
erosión, pero estas fueron modificadas por el SINA. Sostuvo que cualquier acción
adicional debía desarrollarse bajo principios de concurrencia y subsidiariedad.
62. Señaló que el tribunal reconoció que la responsabilidad recaía en el municipio,
pero contradictoriamente le impuso órdenes pese a que no existía relación de
causalidad entre su competencia y el daño alegado.
III.3. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
63. La unidad mediante escrito de 26 de enero de 2024 23 argumentó que el tribunal
incurrió en un error al atribuirle responsabilidad por la vulneración de derechos
colectivos, únicamente por ser parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
La sentencia no precisó qué acción u omisión concreta se le podía endilgar ni aportó
prueba alguna que demostrara su participación en los hechos.
64. Sostuvo que el tribunal interpretó de manera equivocada el principio de
subsidiariedad positiva, al considerar que la unidad debía intervenir directamente en
el municipio de Tona. Dicha interpretación desconoció las competencias exclusivas
asignadas a los entes territoriales por la Ley 1523 de 2012.
65. Explicó que la Ley 1523 de 2012 determinó que los alcaldes y gobernadores eran
los responsables directos de la implementación de los procesos de gestión del
riesgo en sus jurisdicciones. Indicó que, conforme a los artículos 12, 13 y 14 de
dicha ley, las autoridades territoriales debían ejecutar los procesos de conocimiento,
reducción y manejo de desastres.
66. Alegó que la autonomía de los entes territoriales, consagrada en los artículos 1 y
287 de la Constitución, les confería la capacidad de manejar sus propios asuntos
en materia de gestión del riesgo. La política pública y el sistema nacional respetaban
la descentralización y la independencia administrativa de municipios y
departamentos.
67. Manifestó que la UNGRD, creada mediante el Decreto 4147 de 3 de noviembre
de 201124, cumplía funciones de coordinación, dirección y formulación de políticas,
más no de ejecución. El artículo 4 del mencionado decreto le asignó labores de
orientación, apoyo técnico, informativo y educativo a los entes territoriales, pero no
la realización directa de obras o gestiones de financiación.
68. Sostuvo que el tribunal desconoció ese marco normativo al imponerle deberes
que no le correspondían, pues su función consiste en articular y fortalecer las
23
Cfr. Índice 107 del expediente digital de primera instancia.
24
“[…] Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura […]”.
14
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
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capacidades locales para la gestión del riesgo, no en sustituir a las autoridades
territoriales.
69. Alegó que el fallo apelado ignoró los instrumentos de financiación previstos en la
Ley 1523 de 2012 para los entes territoriales. El artículo 54 de dicha ley obligaba a
municipios y departamentos a constituir Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo,
con autonomía técnica y financiera. Dichos fondos debían destinarse a la ejecución
de medidas de conocimiento, reducción y manejo del riesgo, sin posibilidad de
traslado de esa carga al orden nacional. Adicionalmente, no se probó en el proceso
que el municipio de Tona o el departamento de Santander carecieran de los medios
necesarios para afrontar la situación.
70. Recordó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que las
acciones de consecución de recursos y ejecución de obras corresponden
exclusivamente a los entes territoriales. Los alcaldes, como conductores del
desarrollo local, son los responsables directos de implementar la política pública de
gestión del riesgo en su jurisdicción.
71. Indicó que los gobernadores, en virtud del principio de concurrencia, deben
apoyar a los municipios dentro de su capacidad institucional, mientras que la
UNGRD solo debe brindar asesoría técnica y acompañamiento, en armonía con el
marco legal vigente.
IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
72. Mediante auto de 6 de marzo de 202425, el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo de Santander concedió ante el Consejo de Estado los recursos de
apelación presentados por el municipio de Tona, la UNGRD y la CDMB.
73. A través de auto de 24 de abril de 202426, se admitieron los recursos de apelación
y se informó al Ministerio Público que se encontraba habilitado para emitir concepto
en la presente causa.
74. El municipio de Tona mediante escrito de 2 de mayo de 2024 presentó una
solicitud probatoria27.
75. Las demás partes guardaron silencio.
76. Mediante auto de 17 de enero de 202428, se negó la solicitud probatoria
presentada.
25
Cfr. índice 2 del expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado:
“3ED_75AUTOCONCEDERE68001(.docx) NroActua 2”.
26
Cfr. Índice 6 del expediente digital del Consejo de Estado.
27
Cfr. Índice 13 del expediente digital del Consejo de Estado.
28
Cfr. Índice 17 del expediente digital del Consejo de Estado.
15
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
77. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201129 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201930, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.
V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos
78. La Defensoría del Pueblo Regional Santander atribuyó al municipio de Tona, el
departamento de Santander, la UNGRD, la CDMB, la ANI y la sociedad Autovía
Bucaramanga Pamplona S.A.S., la transgresión de los derechos colectivos
previstos en los literales c, g), h), j), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472, con ocasión
al fenómeno de remoción en masa que se presentó el día 7 de mayo de 2018 en el
municipio de Tona.
79. En la sentencia de 19 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
amparó los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres
técnicamente previsibles, a la seguridad y salubridad pública y a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, al evidenciar que las autoridades pertenecientes al Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres han omitido sus deberes legales y constitucionales
para corregir la situación de peligro y amenaza en que se encuentran los habitantes
del sector afectado.
80. Inconformes con la decisión, el municipio de Tona, la CDMB y la UNGRD
interpusieron recursos de apelación. El municipio de Tona sostuvo que actuó dentro
de sus competencias al declarar la calamidad pública, elaborar el registro de
damnificados y formular el plan de acción, alegando que la falta de recursos y la
magnitud del desastre imponían la concurrencia de entidades superiores conforme
a la Ley 1523 de 2012.
81. La CDMB manifestó que el fallo desconoció su carácter de autoridad ambiental,
pues sus funciones se limitaban al apoyo técnico y asesoría en materia ambiental,
no a la ejecución de obras o reubicación de familias y resaltó haber cumplido con la
elaboración de estudios técnicos.
29
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
30
“[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
16
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
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82. La UNGRD, por su parte, adujo que su papel era de coordinación y orientación
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, sin competencia operativa ni
presupuestal para ejecutar acciones locales y que el Tribunal desconoció el marco
normativo que asigna a los entes territoriales la responsabilidad directa de gestionar
los riesgos dentro de su jurisdicción.
V.3. Análisis del caso concreto
83. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala analizará: i) la
responsabilidad de los apelantes en la transgresión de los derechos colectivos
amparados; y ii) el presunto desconocimiento de los mecanismos legales de
financiación de proyectos de gestión de riesgo.
V.3.1. La responsabilidad de los apelantes en la transgresión de los derechos
colectivos
84. Los recurrentes señalaron que el tribunal de primera instancia desconoció sus
competencias en materia de gestión de riesgos, y que las demás entidades del
SNGRD, especialmente el municipio de Tona, son quienes deben cumplir con las
órdenes de amparo.
85. El artículo 1.° de la Ley 1523 de 2012 define la gestión del riesgo como “[…] un
proceso social orientado […] al conocimiento y la reducción del riesgo y […] el
manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible […]”.
86. El artículo 2.° de la Ley 1523 señaló que la gestión del riesgo es responsabilidad
de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. Por ende, “[…]
las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los
procesos de gestión del riesgo […] en el marco de sus competencias, su ámbito de
actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres […]”.
87. El artículo 10 de la Ley 1931 de 27 de julio de 201831 estableció que la “[…]
articulación y complementariedad entre los procesos de adaptación al cambio
climático y gestión del riesgo de desastres, se basará fundamentalmente en lo
relacionado con los procesos de conocimiento y reducción del riesgo asociados a
los fenómenos hidrometeorológicos e hidroclimáticos y a las potenciales
modificaciones del comportamiento de estos fenómenos atribuibles al cambio
climático. […]”.
88. Conforme a lo dispuesto en los artículos 5.° y 6.° de la Ley 1523, y 4.° de la Ley
1931 las entidades demandadas, como miembros del Sistema Nacional de Gestión
31
“[…] Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático […]”.
17
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
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del Riesgo de Desastres (SNGRD), del Sistema Nacional Ambiental (SINA) y del
Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima), orientan y coordinan actividades
de gestión ambiental, ordenación del territorio, planificación del desarrollo,
adaptación al cambio climático y conocimiento de las amenazas y vulnerabilidades.
89. En este contexto, la Sala estudiará las responsabilidades de los apelantes en la
transgresión de los derechos colectivos amparados, conforme a lo acreditado en el
plenario y teniendo en cuenta los planteamientos de cada apelación.
i) La responsabilidad del municipio en el caso concreto
90. El municipio de Tona señaló que la responsabilidad por el daño colectivo recae
en el departamento y en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.
91. Para garantizar el ordenamiento seguro del territorio, los artículos 8, 9, 12, 13,
14, 15 y 16 de la Ley 388 explicaron que el municipio en el instrumento de
ordenamiento territorial define el suelo de protección no apto para la localización de
los asentamientos humanos, por estar catalogado bajo riesgo no mitigable. Además,
debe señalar el inventario de las zonas que presentan alto riesgo por amenazas
naturales para la localización de viviendas, así como “[…] las áreas críticas de
recuperación y control para la prevención de desastres […]”.
92. En el ejercicio de la función urbanística, los municipios y distritos deben tener en
cuenta las “[…] políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas
y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para
asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas
a amenazas y riesgos naturales […]”, como normas de superior jerarquía, en los
términos de los artículos 39 y 40 de la Ley 1523 y del numeral 1.° del artículo 10 de
la Ley 388.
93. Los artículos 37 al 41 de la Ley 1523 señalaron que las autoridades municipales
formularán y concertarán con sus respectivos consejos de gestión un plan de
gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias
en su respectiva jurisdicción, el cual deberá estar armonizado con el plan o esquema
de ordenamiento territorial.
94. Según los artículos 121 de la Ley 388 de 1997, 76 de la Ley 715 de 2001 y la
Resolución 448 de 17 de julio de 201432, los alcaldes deben: i) promover, cofinanciar
o ejecutar obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa
contra inundaciones y regulación de cauces en coordinación con otras entidades; ii)
reportar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
en zonas de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos en suelo urbano, rural y
32
Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “[…] Por la cual se establecen los lineamientos para que los
municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de asentamientos en alto
riesgo de desastres […]”.
18
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
de expansión urbana; y iii) evitar que áreas de riesgo no recuperable desalojadas
vuelvan a ocuparse con viviendas.
95. En el proceso se demostró que el 7 de mayo de 2018 en el sector conocido como
la Corcova se registró una emergencia, consistente en “[…] múltiples
deslizamientos, flujos de material rocoso y arenoso, caída de árboles, vehículos
represados, atrapados, y 2 vehículos que fueron arrastrados y cayeron al talud
inferior dejando 2 personas fallecidas; entre estas un trabajador de la concesión vial,
y 5 heridos asistidos en sitio. El acontecimiento natural en ocasión de la ola invernal
que atraviesa el país generó la eventualidad no previsible, irresistible de magnitudes
extraordinarias, la cual genera traumatismos importantes en las operaciones del
corredor vial. A la fecha, se continúa retirando material de deslizamiento. Es
necesario indicar que el evento permanece activo con potencial riesgo de nuevos
deslizamientos, producto de la saturación de los suelos y a las precipitaciones
presentes en la zona, producto de la citada ola invernal […]”.
96. Por medio del Decreto Municipal 040 de 9 de mayo de 2018 el municipio de Tona
declaró la situación de calamidad pública por afectaciones en temporada de
lluvias33.
97. Se encuentra probado con el Acta núm. 04-2018 de 10 de mayo de 2018 que el
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Tona
se reunió por solicitud de la alcaldesa municipal de Tona ese mismo día, con el
propósito de evaluar los daños y necesidades de los sectores afectados por la
emergencia vial, establecer y aprobar un plan de acción específico de rehabilitación
y por último definir los compromisos.
98. La Policía Nacional, la Secretaría de Planeación Municipal, la Inspectora y el
cuerpo de bomberos informaron que las vías de acceso al sector se encuentran
totalmente obstruidas, que el sector ha tenido entre 10 y 11 deslizamientos que han
afectado casas, que continúan las labores de rescate y que afrontan limitaciones de
acceso a la zona objeto de emergencia.
99. Agregaron que se registró la pérdida de vidas humanas, que continúa la
búsqueda de personas desaparecidas y que las labores se están coordinando con
la Agencia Nacional de Infraestructura y que se gestionaba el apoyo de otras
autoridades. En dicho informe se refirió adicionalmente sobre las afectaciones lo
siguiente:
“[…] se hicieron el corte en la vía que no cumple con unas pendientes específicas, al
llegar a la corcova no está obstruida la vía hacia Cúcuta, todos los vehículos
pequeños se encuentran en la vía, se hizo el censo de las familias de 44 viviendas en
el casco urbano de la corcova, no se incluyó el centro vida, la escuela, centro de salud
y salón comunal. Urgente que se habilitara el paso por la corcova, las viviendas
33
Cfr. Expediente digital de primera instancia en el enlace documento denominado: 002 pág. 18.
19
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
construidas en un sistema inadecuado, talud inestable no tiene manejo de aguas
lluvias, que progresivamente va a aumentar su deterioro, viviendas en alto riesgo. En
Caragua tres viviendas, Guarumales 6, dos en la explanación, y dos en Bernabé,
viviendas grandes. Hay viviendas en necesaria evacuar lo más pronto posible en alto
riesgo de deslizamiento.
De igual manera […] anuncia que existe mucho cultivo afectado, café, aguacate, apio.
Solicita que se de apoyo con visitas para la evacuación con apoyo de trabajador social
y psicólogo.
[…]
El día 7 de mayo, se encontraba el municipio de Tona sin fluido eléctrico, el día 8 del
km 41 más 300 30 derrumbes, el día de ayer 9 de mayo tipo 3 de la tarde los vehículos
atascados son evacuados por autoridades de la ANI, se sacaron los 70 vehículos, se
le hizo el acompañamiento a un bus de turismo, las personas que se encuentran en
el corregimiento de Berlín llevan tres días represados. La problemática respecto de
los camiones de carga con alimentos perecederos que se provee a Bucaramanga. De
Igual forma, a camiones se colaron alrededor de 25 camiones tomando la vía Sevilla.
las unidades de tránsito control vía gramal y se está a espera la orden y sacar las
personas que se encuentran en el corregimiento de Herlin […]”.
100. La Secretaría de Planeación Municipal informó que procedió a la evacuación de
viviendas que presentaban peso sobre la vía, pero que al ser un municipio de sexta
categoría sus recursos eran limitados. En todo caso, se informó que ante las
recomendaciones de limitación del tráfico vehicular por la zona ante el riesgo de
desastre, se informó que el municipio “[…] emitió un a (sic) Acto administrativo
prohibiendo el paso por las vías terciarias […]”.
101. Asimismo, el municipio informó que ofició al concesionario vial con el objeto de
informar sobre lo advertido en esa sesión del consejo municipal de gestión del riesgo
y para gestionar la pronta habilitación de un carril con el propósito de evitar el
represamiento de vehículos con alimentos perecederos. Sin embargo, se indicó
adicionalmente que, dadas las condiciones de la vía, el tránsito de vehículos
pesados podía agravar la situación porque la vía no está en capacidad de resistir el
peso.
102. Adicional a lo anterior, el municipio propuso: i) gestionar con el concesionario
para que habiliten un carril y que se brinde apoyo por la Policía Nacional; ii) que se
coordinen los esfuerzos en forma mancomunada con el fin de emitir soluciones que
se atiendan a la capacidad del municipio; iii) que se gestione el apoyo de los
sectores departamental y nacional; y iv) que se deben establecer prioridades de
intervención y de evacuación y posterior rehabilitación mediante la aplicación del
plan de acción específico.
103. El
Concesionario Autovía Bucaramanga Pamplona en la atención de la
emergencia adelantó actividades las cuales se resumen en el esquema que sigue:
20
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
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Fecha Lugar (PR / Situación de emergencia o Consecuencias /
Sector) riesgo Afectaciones
07/05/2018 PR 21+100 Múltiples deslizamientos, flujos 2 personas
– PR masivos de roca, arena y lodo; fallecidas, 5
24+800, caída de árboles; vehículos heridas, cierre
Sector La atrapados y arrastrados. total de la vía.
Corcova
08/05/2018 PR 6 – PR Más de 80 puntos con Obstrucción total
42 (mayor deslizamientos, flujo de lodo, de la calzada,
gravedad material rocoso y vegetal. vehículos
PR 22+700 atrapados,
y PR evacuación de 8
23+500) viviendas, un
cuerpo rescatado.
09/05/2018 PR 6 – PR Nuevos deslizamientos, flujo de Riesgo de
42, sector lodos, caída de material rocoso y seguridad por
Río Frío vegetal. lluvias constantes,
posibles restos
humanos
hallados.
10/05/2018 PR 22 – PR Múltiples deslizamientos, flujo de Obstrucción
42 lodo, caída de material rocoso y total/parcial de la
vegetal. calzada, hallazgo
del cuerpo del
trabajador
desaparecido.
11/05/2018 PR 22 – PR Continuidad de deslizamientos y Riesgo por lluvias
42 flujo de lodo. intensas,
obstrucción
parcial.
12/05/2018 PR 22 – PR Deslizamientos, flujo de lodo, caída Obstrucción
37 de material rocoso y vegetal. total/parcial de la
vía.
13/05/2018 PR 22 – PR Nuevos deslizamientos y lluvias Suspensión
37 intensas. temporal del paso
vehicular, riesgo
activo por
precipitaciones.
14/05/2018 PR 24 – PR Nuevo deslizamiento en PR Un carril
37 25+200, flujo de lodo y material obstruido, riesgo
rocoso. por saturación del
suelo.
15/05/2018 PR 26 – PR Persistencia de deslizamientos, Obstrucción
37 flujo de lodo, caída de material parcial de la
rocoso y vegetal. calzada, riesgo
constante por
lluvias.
104. El concesionario llegó a las siguientes conclusiones:
“[…]
• El evento registrado corresponde a una eventualidad imprevista e irresistible de
magnitudes extraordinarias que generó traumatismos importantes en las operaciones
21
Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
del corredor vial y sin antecedentes desde el inicio de la operación. Dicho evento es
consecuencia de acontecimientos producidos por la naturaleza dada la ola invernal
que se presenta en el país y que ha afectado múltiples vías del país.
• A la fecha del presente informe se continúa retirando material de deslizamiento, el
evento permanece activo con potencial riesgo de nuevos deslizamientos, producto de
la saturación de suelos dadas las constantes precipitaciones de alta intensidad.
• Se resalta que la cantidad de maquinaria, equipos, personal y recursos en general
ha sido, desde el inicio de la emergencia, suficiente en cantidad y características, y su
número fue aumentando en forma progresiva y gradual, en la medida en que las
condiciones climáticas, de seguridad, avance de búsqueda y rescate, y técnica y
constructivamente se podía avanzar desde los extremos y parte media de los flancos
del área afectada; avanzando sobre distintos deslizamientos y viabilizando la
intervención sobre otros, conforme se podía realizar el ingreso de maquinaria y
personal a nuevos puntos […]”.
105. La UNGRD por medio del oficio SMD-RO-0405-2018 de 25 de mayo de 201834
dio respuesta a la solicitud de evaluación y reubicación de las personas
damnificadas en el corregimiento La Corcova. Allí aclaró que no puede suplantar o
sustituir en sus competencias a los órganos del nivel territorial, en consecuencia,
dio traslado al “[…] Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres –
CDGRD de Santander […]”.
106.También se demostró que el municipio solicitó a la UNGRD apoyo para otorgar
un subsidio de arrendamiento para la reubicación de las familias que se encuentran
en posible riesgo a raíz del evento de remoción en masa.
107. Por medio del oficio SMD-RO-513-2018 de 21 de junio de 201835, la Unidad le
indicó: “[…] sugerimos se activen los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de
Desastres para que las acciones que actualmente se encuentran en ejecución sean
asumidas a nivel local y/o regional de acuerdo a lo establecido en los artículos 13 y
14 de la Ley 1523 de 2012 […]”.
108. Por medio de oficio de 15 de junio de 202336, el municipio de Tona señaló que
en el sector objeto de la acción popular sigue existiendo el corregimiento de la
Corcova, en el cual habitan aproximadamente 34 familias. En el mismo oficio afirmó
que los damnificados por los hechos ocurridos el 7 de mayo de 2018 residen en el
mismo lugar y no han contado con el subsidio de arrendamiento.
109. El municipio, por medio del oficio de 22 de mayo de 2019, solicitó al
departamento de Santander el apoyo para la realización de un estudio técnico del
corregimiento de La Corcova para el análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo37.
Ello significa que la capacidad local del municipio se superó.
34
Cfr. Índice 58 expediente digital de primera instancia en el enlace documento denominado: 002 pagina 40 y siguientes.
35
Cfr. Índice 58 expediente digital de primera instancia en el enlace documento denominado: 021.
36
Cfr. Índice 80 Expediente digital de primera instancia.
37
Cfr. Índice 58 expediente digital de primera instancia en el enlace documento denominado: 002 pagina 65.
22
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Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
110. Como puede apreciarse, en el proceso quedó acreditado que la magnitud de la
problemática generada por los deslizamientos y las afectaciones en el sector de La
Corcova sobrepasó la capacidad de respuesta del municipio de Tona, lo que
evidencia la necesidad de contar con el apoyo y la concurrencia de las demás
entidades demandadas para atender integralmente la emergencia y garantizar la
protección de las familias afectadas.
111. El sistema jurídico de gestión de riesgos facultó a los municipios que no están
en la capacidad de asumir sus competencias, para solicitar la concurrencia del
departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
112. En el caso concreto, se demostró que las acciones adelantadas por la
administración municipal frente al riesgo identificado en el sector La Corcova
resultaron insuficientes para garantizar la protección efectiva de la comunidad y la
reducción de la amenaza existente.
113. En consecuencia, los reparos de los recurrentes aquí estudiados no cuentan
con vocación de prosperidad. Aunque la gestión del riesgo de desastres es
responsabilidad principal de los municipios, la ley establece que, si la capacidad
local se ve superada, el departamento, la autoridad ambiental de esa jurisdicción y
la Nación deben intervenir bajo los principios de concurrencia y subsidiariedad, lo
que tampoco significa que el municipio quede eximido de su obligación de prevenir,
mitigar y atender los riesgos dentro de su jurisdicción.
ii) La responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa
de la Meseta de Bucaramanga
114. La CDMB argumentó que las órdenes judiciales excedieron sus competencias
legales, al imponerle obligaciones que corresponden al municipio de Tona,
autoridad principal en la gestión del riesgo conforme a la Ley 1523 de 2012. Señaló
que su papel se limita a la asesoría técnica y planificación ambiental, sin facultades
ni recursos para ejecutar obras de mitigación o reubicación de familias, por lo cual
el fallo desconoció la distribución legal de competencias y su actuación previa en la
elaboración de estudios técnicos ya cumplidos.
115. Frente al planteamiento, la Sala pone de presente que los principios de
gradualidad38, coordinación, concurrencia, subsidiariedad, sistémico39,
38
“[…] La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en tiempos y alcances que
se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará regida por los principios de gestión pública consagrados en
el artículo 209 de la Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico de la sociedad
que se beneficia […]”.
39
“[…] La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema administrativo de coordinación de actividades
estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la continuidad de los
procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y coordinación de
competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación,
recursividad, control, sinergia y reiteración […]”.
23
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autogestión40, corresponsabilidad y responsabilidad guían el funcionamiento del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional del
Cambio Climático, conforme a los artículos 209 de la Constitución Política, 6.° de la
Ley 489 de 29 de diciembre de 199841, 3.° de la Ley 1523 y 2.° de la Ley 1931 de
2018.
116. Estos principios permiten la articulación de las entidades demandadas en el
ejercicio de sus competencias propias, dado que todas ellas interactúan en la
gestión del riesgo, en la conservación del entorno natural y en la adaptación al
cambio climático.
117. Concretamente, las corporaciones autónomas regionales, según los artículos
1042, 23 y 2443 de la Ley 388 de 1997 y el numeral 5° del artículo 31 de la Ley 99,
asesoran a los municipios en el ejercicio de la función urbanística respecto del
componente ambiental. En consecuencia, esas autoridades participan en los
procesos de planificación y ordenamiento del territorio.
118. En virtud de los numerales 12, 17 y 20 del artículo 31 de la Ley 99, las
corporaciones autónomas regionales, como máxima autoridad ambiental de su
jurisdicción, ejercen funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables; imponen
y ejecutan a prevención las medidas de policía; sancionan la transgresión de las
normas ambientales; y coordinan con las entidades territoriales la realización de
proyectos y obras de infraestructura para proteger y recuperar el ambiente y los
recursos naturales renovables.
119. Las corporaciones autónomas regionales, como integrantes del SNGRD, son
corresponsables de la implementación de los procesos de gestión del riesgo y
apoyan a las entidades territoriales en la elaboración de los estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción de este, integrando dicha información a los
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento
territorial y de desarrollo44.
120. En el caso concreto, la CDMB llevó a cabo la consultoría núm. 12955 de 30 de
diciembre de 202045 con el objeto de “[…] realizar estudios que permitan definir la
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa, inundación
40
“[…] Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, desarrollarán acciones propias para contribuir a la gestión del
cambio climático con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en armonía con las acciones desplegadas por las entidades públicas.
41
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
42
“[…] ARTÍCULO 10. DETERMINANTES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SU ORDEN DE PREVALENCIA […]”.
43
“[…] ARTÍCULO 24.- Instancias de concertación y consulta. (…) 1. El proyecto de Plan se someterá a consideración de la
Corporación Autónoma Regional o autoridad ambiental correspondiente, a efectos de que conjuntamente con el municipio y/o
distrito concierten los asuntos exclusivamente ambientales, dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 99 de 1993, para lo cual dispondrán, de cuarenta y cinco (45) días; solo podrá ser objetado por razones técnicas y
sustentadas en estudios […]”.
44
Artículo 31 de la Ley 1523 de 2012.
45
Cfr. Índice 58 expediente digital de primera instancia en el enlace documento denominado: 020.
24
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Demandante: Defensoría del Pueblo - Regional Santander
y avenidas torrenciales, para los municipios de California, Charta, El Playón, Lebrija,
Matanza, Rionegro, Tona y Vetas en el Departamento de Santander, así como
diseñar a fase iii una (1) obra prioritaria de prevención y mitigación en cada
municipio, si a ello hubiere lugar […]”.
121. El objetivo de los estudios era determinar “[…] los niveles de amenaza actuales
para condiciones críticas y evaluando las obras geotécnicas y estructurales de
prevención, mitigación y estabilización de laderas, así como la revisión de obras
hidráulicas para control de inundación y socavación en cauces en caso de encontrar
drenajes naturales en las áreas susceptibles remoción en masa e inundación por
fenómenos naturales […]”.
122. La consultoría se presentó en el año 2022 y abarcó los municipios de California,
Charta, El Playón, Lebrija, Matanza, Rionegro, Tona y Vetas en el departamento de
Santander y ejecutó los siguientes ejes:
“[…]
[…]”.
123. En la consultoría se pactó el diseño en fase III de “[…] una (1) obra prioritaria
de prevención y mitigación en cada uno de los municipios inmersos en el presente
estudio, si a ello hubiere lugar. Entregar los insumos de detalle de los estudios de
AVR por fenómenos de Remoción en masa e Inundación, para la inclusión de esta
información en la formulación de su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)
que contemple la armonización con la normativa nacional vigente, que reconozca
los nuevos y futuros procesos de transformación territorial en sus escalas regional,
municipal, urbana y rural, que se escenifican en la estructura municipal, para que
los Municipios puedan contar con instrumentos idóneos que le permitan enfrentar
las dinámicas propias de su desarrollo y planificación […]”.
25
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124. La CDMB46 a partir de los resultados de la consultoría, realizó el 16 de junio de
2023 una visita técnica al sector objeto de esta acción popular. En el informe se
resaltaron los puntos más relevantes de la consultoría relacionados con la situación
de riesgo:
“[…] ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA SECTOR LA CORCOVA
La distribución espacial de la amenaza en el sector de La Corcova del Municipio de
Tona puede ser apreciado en la siguiente figura, donde se observan las dos (2)
categorías de amenaza para la zona de estudio: media y baja.
AMENAZA MEDIA
Las áreas en esta categoría de amenaza ocupan aproximadamente 1,04 hectáreas,
equivalente al 88,14% y corresponden con la clasificación más representativa de la zona
de estudio. Se encuentra distribuida sobre el margen sur y algunas regiones del sector
central y extremo norte.
El área de estudio, que no desarrolla movimientos en masa ni procesos erosivos, se
encuentra caracterizado por exhibir pendientes moderadas y altas, conformadas por
elementos de paisaje de tipo laderas con diferente rango de inclinaciones (abruptas y
muy abruptas). Moldeadas, en su totalidad, por macizos rocosos de calidades muy
malas, relacionadas con cuarzo monzonita (perteneciente a La Corcova) y con neises
(de Bucaramanga).
Para la cobertura de la tierra se identificaron mosaicos de cultivos, pastos y espacios
naturales, redes viales, ferroviarias, terrenos asociados, el bosque denso y la vegetación
secundaria o en transición. Los usos de la tierra corresponden con los sistemas
combinados de agricultura, ganadería y forestería, el sector de transporte y las zonas
destinadas para producción-protección.
AMENAZA BAJA
Los sectores de la categoría de amenaza baja abarcan aproximadamente 0,14
hectáreas, correspondientes al 11,86% del área de interés; identificada como la
clasificación menos representativa. Se encuentra distribuida de (sic) sobre la zona
46
Cfr. Índice 81 Expediente digital de primera instancia.
26
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central y algunas regiones del costado norte Los sectores a zonificar se encuentran
caracterizada por la ausencia de procesos morfodinámicos, es decir, no desarrolla
movimientos en masa y/o procesos erosivos que puedan generar algún tipo de daño o
afectación.
Las áreas correspondientes con la categoría de amenaza baja exhiben un rango de
pendientes variables (principalmente bajas), donde se destacan elementos
geomorfológicos pertenecientes a los ambientes antropogénico (representada por
cimas explanadas) y denudacional (cimas). Se encuentran moldeadas, en su totalidad,
por materiales no consolidados, representados en suelos residuales (arcilloso del Neis
de Bucaramanga y arenoso perteneciente a La Corcova).
Las zonas de estudio se encuentran cubiertas por redes viales, ferroviarias, terrenos
asociados y mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales; donde los usos
corresponden con las regiones de transporte y los sistemas combinados de agricultura,
ganadería y forestería [...]”.
125. De los estudios técnicos aportados por la CDMB se evidencia que La Corcova
fue catalogada como zona de amenaza media por movimientos en masa, asociadas
a pendientes pronunciadas y lluvias intensas. Como conclusión sobre los
fenómenos de remoción en masa se señaló que en: “[…] cada una de las tres
categorías (alta, media y baja) que se definieron para establecer la amenaza, se
determina la probabilidad de ocurrencia de deslizamientos por Km2, de esta
manera, se establece que, para la categoría de amenaza baja se esperaría
aproximadamente 3 deslizamientos por cada 100 Km2 para la categoría amenaza
media de cerca de 3 deslizamientos por cada 10 Km2 y para la categoría amenaza
alta alrededor de 8 por cada 1 Km2. […] Para la zona de La Corcova, la amenaza
media abarca 1,04 hectáreas que equivalen al 88,14% y los lugares clasificados con
amenaza baja cubren 0,14 hectáreas, es decir, comprenden el 11,86% […]”.
126. La CDMB recomendó: “[…] realizar los estudios detallados de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundación en una
obra prioritaria de prevención y mitigación en cada municipio, si a ello hubiere lugar,
por lo tanto, para el Municipio de Tona, los resultados generados se convirtieron en
la base o insumo principal para la generación de estudios de amenaza por
fenómenos de remoción en masa a escala de detalle (1:2.000), específicamente en
el sector de la cabecera municipal, que corresponden con los análisis y resultados
del informe 12.1G […]”.
127. En el caso concreto, se acreditó que la CDMB identificó que en el corregimiento
de La Corcova se presenta una amenaza media por movimientos en masa, derivada
de las características geológicas y morfodinámicas del terreno. Tales resultados
evidencian el conocimiento técnico de la situación de riesgo desde hace varios años,
sin que la entidad hubiese adoptado medidas adicionales orientadas a la reducción
efectiva de la amenaza o a la coordinación de acciones con el municipio de Tona y
el departamento de Santander, pese a las recomendaciones del mismo informe.
27
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128. Así las cosas, aunque la CDMB cumplió parcialmente con la fase de
conocimiento del riesgo mediante la elaboración de estudios, no se han concertado
las medidas de mitigación, apoyo técnico para la reubicación o ejecución de
proyectos de estabilización. Por consiguiente, no asiste razón a la apelante cuando
sostiene que el fallo desconoció la distribución de competencias.
129. Además, la sentencia de primera instancia no le impuso a la CDMB la ejecución
directa de obras de reubicación o mitigación, sino la obligación de articular y apoyar
técnicamente dichas acciones con las demás entidades responsables, dentro del
marco de los principios del SNGRD. Las órdenes, en consecuencia, guardan
correspondencia con sus funciones legales y se encuentran ajustadas a derecho.
iii) La responsabilidad de la UNGRD en el caso concreto
130. La UNGRD explicó que no tiene competencia ni responsabilidad directa en la
ejecución de medidas locales de gestión del riesgo, pues su función es coordinar,
asesorar y fortalecer las capacidades de los entes territoriales, siendo los municipios
y departamentos los responsables exclusivos de implementar las acciones de
prevención, reducción y manejo de desastres en sus jurisdicciones.
131. Agregó que no gestiona recursos para la implementación de proyectos de
gestión de riesgo o para la ejecución de obras. La Ley 1523 de 2012 asignó aquellas
obligaciones a las entidades territoriales y a las corporaciones autónomas
regionales, mientras que la Ley 715 de 2001 determinó que los municipios se
encargan directamente de atender los asuntos medioambientales y de prevenir y
gestionar los desastres con recursos propios o del Sistema General de
Participaciones.
132. Valga precisar que, según las competencias previstas en el artículo 18 de la Ley
1523 de 2012, y en los numerales 2.°, 3.°, 6.°, 8.° y 9.° del artículo 4.º47 del Decreto
Ley 4147 de 2011, la UNGRD además de coordinar el SNGRD, apoya a las
entidades territoriales en la formulación e implementación de sus planes de gestión
del riesgo, propone y articula proyectos, y gestiona recursos con la Unidad
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.
47
La norma prevé las siguientes funciones: “[…] 1. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres –SNPAD, hacer seguimiento a su funcionamiento y efectuar propuestas para su mejora en los niveles nacional y
territorial.
2. Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de
desastres, y su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional para la
Prevención y Atención de Desastres –SNPAD.
3. Proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos nacionales de gestión
del riesgo de desastres, en el marco del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres –SNPAD y
actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestión del SNPAD.
(…) 6. Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su fortalecimiento institucional para la gestión
del riesgo de desastres y asesorarlos para la inclusión de la política de gestión del riesgo de desastres en los Planes
Territoriales.
(…) 8. Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del Sistema Nacional para la Prevención
y Atención de Desastres –SNPAD.
(…) 9. Gestionar, con la Unidad Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, la consecución de recursos para
fortalecer la implementación de las políticas de gestión del riesgo de desastres en el país. […]” (Negrilla fuera de texto).
28
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133. En el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la gestión del
riesgo es principalmente responsabilidad del municipio, pero si el ente territorial no
puede cumplir con esta tarea, podrá solicitar ayuda de la UNGRD, siguiendo los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
134. Se probó en el proceso que el municipio de Tona realizó una solicitud de
subsidio de arrendamiento a la UNGRD, frente a la cual esa entidad sugirió la
activación de los Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres de
acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 1523 de 2012 y remitió
la solicitud al departamento de Santander.
135. De acuerdo con lo expuesto, la Sala considera que los argumentos de apelación
formulados por la UNGRD no desvirtúan los fundamentos de la decisión de primera
instancia. Si bien la entidad actúa como órgano coordinador del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, su papel no se agota en la simple asesoría
técnica o acompañamiento institucional, sino que comporta un deber activo de
coordinación y apoyo a las entidades territoriales cuando estas carezcan de la
capacidad operativa o financiera para atender adecuadamente situaciones de
emergencia, conforme a los principios de subsidiariedad positiva, concurrencia y
coordinación previstos en la Ley 1523 de 2012.
136. En el caso concreto, se demostró que el Municipio de Tona, desde 2018, solicitó
apoyo a la UNGRD para la asignación de subsidios de arriendo a las familias
damnificadas por la remoción en masa en el corregimiento La Corcova. Sin
embargo, la respuesta de la Unidad se limitó a remitir la petición al departamento
de Santander y a recomendar la activación de los fondos territoriales, sin adoptar
medidas complementarias de asistencia técnica, acompañamiento financiero o
articulación institucional que permitieran materializar una solución efectiva para la
población afectada.
137. Tal actuación resulta insuficiente frente a las obligaciones derivadas de los
artículos 18 de la Ley 1523 de 2012 y 4º del Decreto Ley 4147 de 2011, que
atribuyen a la UNGRD la responsabilidad de gestionar recursos, coordinar la
atención de desastres y fortalecer las capacidades locales.
138.Para la Sala UNGRD incurrió en una omisión por falta de articulación y respuesta
efectiva, en la medida en que, pese a conocer las limitaciones del municipio y la
persistencia del riesgo, no ejerció su función de liderazgo institucional para
garantizar una intervención oportuna.
139.En consecuencia, se confirma la responsabilidad compartida declarada en la
sentencia de primera instancia, en cuanto reconoce a la Unidad un papel esencial
dentro de la estrategia nacional de gestión del riesgo, no solo como ente orientador,
sino también como agente de coordinación interinstitucional y apoyo subsidiario
efectivo frente a desastres previsibles técnicamente.
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Radicación núm. 68001-23-33-000-2021-00112-01
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V.3.2. El desconocimiento de los mecanismos legales de financiación de
proyectos de gestión de riesgo
140. La UNGRD insistió que el juez de la primera instancia no consideró que el
municipio cuenta con el Fondo Territorial, entre otros mecanismos creados para
financiar los proyectos de gestión del riesgo de desastres.
141. En el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, los artículos 47 y
54 de la Ley 1523 ordenaron la creación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con independencia
patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”, cuyos objetivos generales,
de interés público, son “[…] la negociación, obtención, recaudo, administración,
inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los
recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política
de gestión del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento y
reducción del riesgo de desastres y de manejo de desastre […]”.
142. En los términos del parágrafo 2 del artículo 47 ibidem, el precitado Fondo
Nacional “[…] desarrollará sus funciones y operaciones de manera directa
subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación,
concurrencia y subsidiariedad […]”. Igualmente, “[…] Las administraciones
departamentales, distritales y municipales […] constituirán sus propios fondos de
gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales
con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar
sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de
desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.
143. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley 1523
estableció que las “[…] entidades del orden nacional, regional, departamental,
distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán […] las partidas
presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que le
competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de
desastres […]”.
144. De esta manera, se resalta que, aunque el municipio sea el principal
responsable de la gestión del riesgo de desastres en su territorio, en los eventos en
que no esté en capacidad de asumir la respectiva competencia, podrá solicitar la
concurrencia del departamento y de la Nación, con el objeto de garantizar una
adecuada gestión del riesgo de desastres, en virtud de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.
145. Este apoyo se extiende al componente financiero, independientemente de la
existencia de los Fondos Territoriales, cuando los recursos allí previstos no son
suficientes para atender las problemáticas.
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146. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201248 y atendiendo el criterio sostenido por la
Sala Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 2019 49, no
se condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de enero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
48
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
49
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.
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