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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00738-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 68001-23-33-000-2019-00738-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto, quinto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 28 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán así: “[…] TERCERO: ORDENAR al municipio de Girón y a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. que, de conformidad con los resultados arrojados por los estudios técnicos y dentro de los seis (6) meses siguientes al término de dichos estudios, adelanten las gestiones administrativas para la apropiación de los recursos que permitan la ejecución de las obras que posibiliten la prestación del servicio público de alcantarillado en el barrio La Meseta I de Girón, con el propósito de garantizar la eliminación de los olores ofensivos en la prestación del servicio público mencionado. CUARTO: ORDENAR al municipio de Girón y a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS que inicie y culmine las obras de alcantarillado dentro de un (1) año siguiente al vencimiento del término previsto en el numeral anterior, garantizando técnicamente la eliminación de olores ofensivos en la prestación del servicio público mencionado. QUINTO: ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento de la sentencia el cual estará integrado por el magistrado sustanciador del tribunal de primera instancia, quien lo presidirá; por los actores populares; por un representante de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.; por un representante del municipio de Girón y por el Ministerio Público, para que realicen 51 Consejo de Estado, Sección Primera C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, Sentencia de 28 de junio de 2019, radicación núm. 520012333000-2018-00361-01. 52 Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 30 de mayo de 2024, radicación núm. 6300123330002020-00407-01. 53 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 54 Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 68001-23-33-000-2019-00738-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: JOSEFINA GODOY HURTADO Y OTROS1
Demandados: MUNICIPIO DE GIRÓN Y EMPRESA PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO – EMPAS S.A. E.S.P.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación presentados por el municipio de Girón y
por la Empresa Pública de Alcantarillado S.A. E.S.P. contra la sentencia de 28 de
junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander2.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Los señores Josefina Godoy Hurtado, Luciano Manosalva Manosalva y Víctor
Manuel Manosalva Manosalva, en ejercicio del medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos, presentaron demanda contra el municipio de
Girón y la Empresa de Alcantarillado de Santander (EMPAS S.A. E.S.P.), con el
propósito de obtener la salvaguarda de los derechos colectivos establecidos en los
literales a), h) y j) del artículo 4.°3 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19984.

2. Los demandantes formularon las siguientes pretensiones:

“[…] Primera. Que se declare a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN / EMPAS –
EMPRESA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER responsable de la violación a
los derechos colectivos como: derecho a gozar de un ambiente sano (art. 79 C.P.C.
(sic)), derecho a gozar de un controlar (sic) los factores de deterioro ambiental (art.

1
Luciano Manosalva y Víctor Manuel Manosalva Manosalva.
2
De conformidad con la constancia secretarial de 9 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 04 del expediente digital del Consejo de Estado.
3
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…] a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna […]”.
4
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. […]”.

2

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

80 C.P.C.), Derecho a la protección de la integridad del espacio público y por su
destinación al uso común, de la comunidad BARRIO LA MESETA I, y se restablezca
todo daño ambiental generado en ocasión a la contaminación generada por olores
ofensivos, debido a la falta de tratamiento de las aguas residuales y aguas pluviales
debido a irregularidades presentadas en la construcción de alcantarillado público por
la indebida operación del alcantarillado público y así garantizar el derecho a gozar de
un ambiente sano.

Segunda. Que de acuerdo con la pretensión anterior, se ordene a la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE GIRÓN – EMPAS- cese, en forma inmediata, en las actividades que
realiza, con relación al no tratamiento de las aguas residuales de la comunidad LA
MESETA I, habida cuenta que en la actualidad, por las obras ejecutadas de manera
indebida y por ende la generación de olores ofensivos, hecho que genera un con (sic)
grave riesgo para la salud de la población residente, a fin de evitar riesgos inminentes
de Salubridad (sic) y/o contaminación ambiental.

Tercera. Que la ALCALDÍA MUNICIPAL DE GIRÓN – EMPAS acate inmediatamente
la orden que su despacho le imparta y, según lo dispone el artículo 39 de la Ley 472
de 1998, se ordene un incentivo que en derecho corresponda si da lugar en desarrollo
de lo que, para el efecto, determine la sentencia que se profiera en el proceso.

Cuarta. Que la entidad demandada sea condenada en costas […]”5. (Negrilla del
texto).

3. Relataron que, en el año 2016, se inició la construcción de las redes de
alcantarillado en la calle 13 del barrio la Meseta I del municipio de Girón. Dichas
obras fomentaron la generación de olores ofensivos porque no se acataron las
normas técnicas y se mantuvo una red combinada de aguas residuales y pluviales.

4.Argumentaron que los olores ofensivos persistieron después de la culminación
de las obras, los cuales afectan actividades ordinarias como comer, dormir y
descansar.

5. Finalmente, indicaron que EMPAS S.A. E.S.P. afirmó que no ha recibido la
entrega de las redes de alcantarillado, por lo cual no puede mejorarlas ni
intervenirlas. Sin embargo, a pesar de esta situación, cobra por la prestación del
servicio, el cual es brindado de manera ineficiente e irregular.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

6.La presente acción popular correspondió por reparto al Tribunal Administrativo
de Santander, autoridad judicial que, por auto de 21 de octubre de 20196, admitió la
demanda.

5
Cfr. Índice 2 del expediente digital de segunda instancia, en el enlace del archivo denominado:
“4ED_DemandaYANEXOSpdf(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
6
Cfr. Índice 9 del expediente digital de primera instancia.

3

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

7. El 23 de noviembre de 20227, se declaró fallida la audiencia especial de que trata
el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló propuesta de pacto de
cumplimiento.

8. Por medio de auto de 28 de noviembre de 20228, se decretaron las pruebas del
proceso.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Municipio de Girón9

9. El ente territorial se opuso a las pretensiones de la demanda porque no le consta
la transgresión de los derechos colectivos ni la generación de olores ofensivos
debido a la construcción del sumidero transversal de aguas lluvias en la carrera 17
con calle 12 A (barrio La Meseta I). Dicha obra integra el sistema de alcantarillado
pluvial ejecutado mediante el contrato 888 de 2015, derivado del convenio 076 de
2013 suscrito con el Fondo Adaptación, cuyos diseños fueron aprobados por
EMPAS S.A. E.S.P.

10. Sostuvoque no existe una relación jurídico-sustancial que permita dirigir las
pretensiones contra el municipio, toda vez que las redes de alcantarillado fueron
entregadas formalmente a la empresa EMPAS, según consta en los radicados
22279 y 274985 de 2018.

11. Cuestionó la ausencia de pruebas que sustenten la vulneración de los derechos
colectivos, pues los accionantes no adjuntaron copia de las peticiones elevadas ante
las autoridades competentes, lo que impide concretar la afectación alegada.

I.3.2. Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.10

12. EMPAS S.A. E.S.P. se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda
porque no ha vulnerado los derechos colectivos allí mencionados. Manifestó que el
municipio de Girón, en convenio con el Fondo Adaptación, realizó la reposición del
alcantarillado cuestionado. Sin embargo, la obra no le ha sido entregada
formalmente.

13. Señaló que dio respuesta oportuna a la situación presentada. Concretamente,
instaló una válvula de charnela para evitar la salida de malos olores y realizó la
limpieza de los sumideros con equipo vactor de succión – presión. También se

7
Cfr. Índice 38 del expediente digital de primera instancia.
8
Cfr. Índice 42 del expediente digital de primera instancia.
9
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia, en el enlace del archivo denominado
“4_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua 29”, documento denominado: “04.2019-738-00 AVISO_0001”.
10
Ibidem, documento denominado: “06.2019-738-00 CONTESTACION EMPAS.pdf”.

4

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

evidenció por medio de inspecciones, que la red de alcantarillado no presenta
ningún deterioro, obstrucción o mal funcionamiento. En consecuencia, presentó la
excepción de: “[…] Ausencia de responsabilidad de EMPAS S.A., en la supuesta
vulneración de los derechos colectivos invocados […]”.

14. Resaltó que el barrio Meseta I se encuentra incluido en el cronograma de dos
limpiezas anuales, como parte del mantenimiento preventivo y correctivo de los
colectores. Ese mantenimiento se ejecuta con la cuadrilla adscrita al Distrito IV con
equipo vactor, conforme lo establece la Resolución RAS 330 de 8 de junio de 201711
y la política interna para prevención de emergencia por obstrucción y rebosamiento
de redes.

15. Aclaró que la comunidad hace un mal uso del sistema de alcantarillado por cuanto
arrojan basuras a la calle y estas son captadas por el sistema, lo que ocasiona
taponamientos y mal funcionamiento de la válvula de charnela.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

16. El Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia de 28 de junio de 2024
resolvió:

“[…] Primero. Conceder la protección de los derechos e intereses colectivos al goce
de un ambiente sano, el acceso al acceso (sic) a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública, así como el acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna, de conformidad con lo expuesto en la parte
motivada de esta sentencia.

Segundo. Ordenar a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.
– EMPAS que, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, en caso de no haberlo hecho y en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, inicie y culmine los estudios técnicos
pertinentes en los cuales se determinen las opciones de intervención, que permitan
garantizar técnicamente la eliminación de olores ofensivos y la prestación del servicio
público de alcantarillado en el barrio La Meseta I de Girón.

Tercero. Ordenar al Municipio de Girón y a la Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander S.A. E.S.P. – EMPAS que, de conformidad con los resultados arrojados
por los estudios técnicos y dentro de los cuatro (4) meses siguientes al término (sic)
dichos estudios, se adelanten las gestiones administrativas para la apropiación de
los recursos que permitan la ejecución de las obras que posibiliten la prestación del
servicio público de alcantarillado en el barrio La Meseta I de Girón garantizando
técnicamente la eliminación de olores ofensivos en la prestación del servicio público
mencionado.

Cuarto. Ordenar al Municipio de Girón y a la Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander S.A. E.S.P. – EMPAS que inicie y culmine las obras de alcantarillado

11
“[…] Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005 y 2320 de 2009 […]”.

5

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Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término previsto en el
numeral anterior, garantizando técnicamente la eliminación de olores ofensivos en la
prestación del servicio público mencionado.

Quinto. Ordenar la conformación del Comité de Verificación integrado por los actores
populares, un representante de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander
S.A. E.S.P. – EMPAS, un representante del municipio de Girón con el propósito de
que realicen seguimiento y adopten las medidas necesarias para el cabal
cumplimiento de la presente sentencia.

Sexto. Negar las demás pretensiones de la demanda.

Séptimo. Condenar en costas al municipio de Girón y la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS en partes iguales a favor de los
actores populares. Su liquidación se hará por intermedio de la Secretaría de esta
Corporación, de acuerdo con las reglas previstas en el artículo 366 ibidem.

Octavo. Envíese copia de la sentencia a la Defensoría del Pueblo de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

Noveno. Ejecutoriada esta providencia, ARCHIVENSE las diligencias, previas las
constancias y anotaciones de rigor en el aplicativo SAMAI. […]”. (Negrilla del texto).

17. Eltribunal encontró acreditada la afectación de los derechos e intereses
colectivos previstos en los literales a), h) y j) del artículo 4.° de la Ley 472, debido a
que un sector del barrio La Meseta I del municipio de Girón no cuenta con
infraestructura de alcantarillado pluvial y sanitario que garantice técnicamente la
eliminación de olores ofensivos.

18. Consideró que el 30 de junio de 2015, el municipio de Girón suscribió el contrato
de obra núm. 888 con el Consorcio de Saneamiento Básico de Girón cuyo objeto
consistió en la “[…] construcción, reconstrucción y recuperación de la infraestructura
del sector acueducto y saneamiento básico en las zonas afectadas por el fenómeno
de la niña 2010-2011 en el municipio de Girón […]”. Esa obra se soportó en los
estudios y diseños aprobados a través del contrato de consultoría 476 celebrado
con el Consorcio Diseños Girón 2014.

19. Agregó que la ejecución de los procesos contractuales mencionados tiene origen
en el desarrollo del convenio interadministrativo núm. 076 de 2013, celebrado entre
el Fondo Adaptación y el municipio de Girón, cuyo objeto consistió en la ejecución
de proyectos orientados a la construcción, reconstrucción y recuperación de la
infraestructura del sector de Acueducto y Saneamiento Básico en zonas afectadas
por el fenómeno de La Niña 2010-2011 en el municipio.

20. Determinó que en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2016, se
realizaron obras de reposición de alcantarillado en el barrio La Meseta I del
municipio de Girón, no obstante, no se probó la entrega de dichas obras o mejoras
a la empresa prestadora del servicio público de alcantarillado EMPAS S.A. E.S.P.

6

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Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

de conformidad con la cláusula cuarta del convenio interadministrativo 076 de 2013
y tampoco existe prueba de la aprobación de los diseños por parte de la mencionada
empresa.

21. Argumentó que en el plenario no se acreditó la entrega de las obras a la Empresa
Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. Sin embargo, la mencionada
entidad realizó labores de limpieza y mantenimiento, así como el cambio de algunos
elementos e instalación y limpieza de la válvula charnela, por encontrarse dentro de
su competencia.

22. Adujo que en la calle 13ª entre carreras 17 y 18b, existe un tramo de alcantarillado
combinado. El cambio drástico en los tramos de la infraestructura ocasiona que la
red de alcantarillado sanitario presente taponamiento y contaminación. Por lo tanto,
hasta tanto se realice el mantenimiento para que el sistema no sea combinado,
persistirán los olores ofensivos.

23. Mencionó que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga (CDMB) comprobó que los olores ofensivos provenían de la red
de alcantarillado combinado y los sumideros de la vía. Sin embargo, aclaró que el
lugar objeto del proceso se encuentra fuera del área de cobertura de los equipos
que forman parte del monitoreo de la calidad del aire de esa autoridad. Por ello, no
se puede verificar el cumplimiento de la Resolución 1541 de 12 de noviembre de
201312.

24. Señaló que “[…] por parte del Municipio de Girón se dio paso a la realización de
obras de reposición que no fueron entregadas al operador pero que en todo caso
forman parte del perímetro sanitario respecto del cual la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P EMPAS tiene obligaciones referidas al
mantenimiento preventivo de los colectores conforme al Reglamento Técnico del
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS en el titulo D y RAS 0330 DE
2017 Capitulo 4 […]”.

25. Planteó que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.
presta el servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Girón. Aun así, a
los municipios les corresponde garantizar la prestación de los servicios a su cargo
y verificar las condiciones en las que se efectúa dicha actividad por parte de la
empresa de servicios públicos en su ámbito territorial de operación.

26. Reiteró que, aunque el servicio de alcantarillado, lo presten las empresas de
servicios públicos domiciliarios, las entidades territoriales no pueden dejar de

12
“[…] Por la cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión, el procedimiento para la evaluación
de actividades que generan olores ofensivos y se dictan otras disposiciones […]”.

7

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cumplir con su deber constitucional y legal de supervisar y controlar la calidad de
dicha prestación en su territorio.

III. LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. Municipio de Girón13

27. El ente territorial solicitó dejar sin efecto los literales primero, tercero, cuarto,
quinto y séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia.

28. Argumentó que el tribunal reconoció que el municipio no presta de forma directa
el servicio público domiciliario de alcantarillado. Sin embargo, le atribuye una
responsabilidad indirecta, lo que afecta los principios de la contratación estatal, ya
que aquel servicio lo presta la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A.
E.S.P., según lo establecido en el convenio interadministrativo 076 de 2013.

29. Explicó que la empresa encargada del servicio público domiciliario ha realizado
tareas de limpieza y mantenimiento en las válvulas de charnela existentes. Por lo
tanto, no existe un deber compartido frente al mantenimiento de la red de
alcantarillado. Además, la comunidad es responsable de arrojar basuras y
materiales que terminan en los sumideros de la red.

30. Solicitó la modificación del plazo de 4 meses dispuesto en el ordinal tercero de la
parte resolutiva de la sentencia de primera instancia para adelantar las gestiones
administrativas para la consecución de los recursos que permitan ejecutar las obras
que garanticen técnicamente la eliminación de olores ofensivos, así como el plazo
de 6 meses fijado en el punto cuarto para llevar a cabo dichas obras.

31. Por último, solicitó la revocatoria de la condena en costas porque no se demostró
que el municipio haya actuado de manera “[…] inconsulta […]”. Por el contrario, “[…]
la primera instancia en su sentencia reconoce la ejecución de gestión y obras, su
proceder leal dentro del proceso realizó todos los trámites pertinentes para que el
proceso finalizara en la etapa de PACTO DE CUMPLIMIENTO, situación que no se
consolidó de acuerdo con la falta de información técnica que se tenía en dicha etapa
procesal […]”.

32. Agregó que la condena en costas no se resuelve conforme a lo reglado en el
artículo 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201214, sino por lo señalado en el
artículo 188 de la Ley 1437. De manera que “[…] la fijación de agencias en derecho
solo será contemplada cuando se haya acreditado en el proceso que la demanda o
la contestación se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal. […]”.

13
Cfr. Índice 85 del expediente digital de primera instancia.
14
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.

8

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Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

III.2. Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.15

33.La empresa afirmó que carece de responsabilidad en la vulneración de los
derechos e intereses colectivos amparados.

34. Precisó que opera y mantiene los sistemas de alcantarillado, pero no le compete
ejecutar obras civiles que mitiguen las problemáticas de olores ofensivos, ya que
esa responsabilidad recae en el municipio, conforme al artículo 311 de la
Constitución Política y al numeral 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 2 de junio de
199416.

35. Argumentó que la población tiene derecho a contar con el servicio público
domiciliario de alcantarillado, pero es competencia del alcalde municipal proveer
dicha infraestructura a través de convenios y/o ayudas del nivel departamental.

36. Aclaróque el 30 de junio de 2015 el municipio de Girón y el Consorcio de
Saneamiento Básico de Girón suscribieron el contrato de obra núm. 888, cuyo
objeto fue la construcción, reconstrucción y recuperación de la infraestructura de
acueducto y saneamiento básico en zonas afectadas por el fenómeno de La Niña
2010–2011. Asimismo, se acreditó la celebración del contrato de consultoría núm.
476 entre el municipio de Girón y el consorcio Diseños 20147, orientado a la
elaboración de estudios y diseños para proyectos de alcantarillado, saneamiento
básico, obras de protección y mitigación y estudios de suelos en las mismas zonas.

37. Refirió
que esos procesos contractuales se fundamentan en el convenio
interadministrativo 076 de 2013, celebrado entre el Fondo Adaptación y el municipio
de Girón, cuyo objeto consistió en la ejecución de proyectos orientados a la
construcción, reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector
acueducto y saneamiento básico en zonas afectadas en el municipio por el
fenómeno de La Niña 2010-2011.

38. Señaló que las mencionadas obras de reposición no fueron entregadas de
manera formal a la empresa y sus diseños tampoco se aprobaron de conformidad
con los parámetros establecidos en el título D de la Resolución 330 de 2017 sobre
sistemas de recolección y evacuación de aguas residuales domésticas y aguas
lluvias.

39. Sostuvo que, conforme al numeral 8 del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 26
de mayo de 201517, la competencia de EMPAS S.A. ESP se limita a operar y
mantener sistemas de alcantarillado formalmente ejecutados y entregados. En

15
Cfr. Índice 83 del expediente digital de primera instancia.
16
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. […]”.
17
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.

9

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Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

consecuencia, afirmó que no se configuraba el elemento de imputación, ni podía
predicarse falla en el servicio, siendo insuficiente para endilgar responsabilidad el
hecho de que el sector integrara el perímetro sanitario de la empresa.

40. Argumentó que las actuaciones de la empresa en el sector fueron preventivas y
voluntarias, en desarrollo de criterios de responsabilidad social empresarial, sin que
ello implicara la aceptación de responsabilidad.

41. Planteó que las órdenes del fallo, al ordenar al municipio la entrega formal de la
infraestructura a EMPAS S.A. E.S.P., condicionan la operación del servicio a un
prestador específico y, por lo tanto, interfieren con el principio de libertad de
competencia.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

42. Medianteauto de 27 de agosto de 202418, el Tribunal Administrativo de
Santander concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación
presentados por las entidades demandadas, contra la sentencia de primera
instancia.

43. A través de auto de 3 de octubre de 202519, se admitieron los recursos de
apelación, se notificó al Ministerio Público para que emitiera concepto, se prescindió
del traslado para alegar de conclusión, y se les advirtió a los sujetos procesales que
podían pronunciarse en relación con los recursos de apelación.

44. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

45. Por auto de 12 de febrero de 202620, la Sección Primera declaró infundado el
impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Pablo Andrés
Córdoba Acosta.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

46. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201121 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201922, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia los recursos de apelación

18
Cfr. Índice 86 del expediente digital de primera instancia.
19
Cfr. Índice 7 del expediente digital de segunda instancia.
20
Cfr. Índice 21 del expediente digital de segunda instancia.
21
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
22
Reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

47. La parte actora atribuyó al municipio de Girón y a la Empresa de Alcantarillado
de Santander S.A. E.S.P., la transgresión de los derechos colectivos establecidos
en los literales a), h) y j) del artículo 4.° de la Ley 472, debido a los olores ofensivos
provenientes del deficiente funcionamiento de la infraestructura de alcantarillado
existente en la calle 13 del barrio la Meseta I del municipio de Girón.

48. En la sentencia de 28 de junio de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, y al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna en el barrio La
Meseta I de Girón.

49.El tribunal ordenó a la empresa que realice en un plazo de cuatro meses los
estudios técnicos necesarios para identificar intervenciones que eliminen los olores
ofensivos y garanticen el adecuado servicio de alcantarillado en el sector afectado.
Adicionalmente, ordenó al municipio y a la empresa que, con base en los estudios
realizados y en el término de 4 meses, gestionen los recursos necesarios para
adelantar esas obras, las cuales deberán desarrollarse en un periodo de 6 meses.

50. El municipio de Girón y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A.
E.S.P. apelaron esa decisión. En los recursos cada una de las autoridades atribuyó
a la otra la vulneración de los derechos protegidos y aseguraron que cumplieron con
todas las acciones que le correspondían.

51. Adicionalmente, el municipio consideró que la comunidad es responsable de la
problemática, los plazos previstos para el cumplimiento de las órdenes son
desproporcionales y los presupuestos legales exigibles para condenar en costas por
agencias en derecho no se configuraron.

52. Finalmente, la empresa cuestionó la orden dada al municipio para que le
transfiera la infraestructura de alcantarillado porque esa decisión desconoce la libre
competencia.

V.3. Análisis del caso concreto

53. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) la responsabilidad de
las entidades demandadas en la vulneración de los derechos colectivos amparados
ii) la corresponsabilidad de los habitantes del sector; iii) la presunta transgresión del

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principio de libre competencia; iv) la proporcionalidad de los plazos previstos para
el cumplimiento de las órdenes de amparo; v) la condena en costas; y vi) el comité
para la verificación del cumplimiento de la sentencia.

V.3.1. La responsabilidad de las entidades demandadas en la vulneración de
los derechos colectivos amparados

54. Los apelantes se atribuyeron recíprocamente la transgresión de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna.

55. El municipio de Girón argumentó que no es el prestador directo del servicio
público domiciliario de alcantarillado, pues esa función corresponde a EMPAS S.A.
E.S.P. en virtud del convenio interadministrativo 076 de 2013. Expuso que no existe
una responsabilidad compartida con el municipio en cuanto al mantenimiento
general de la red. Adicionalmente, dicha empresa ha realizado labores de limpieza
y mantenimiento en las válvulas de charnela de la red de alcantarillado.

56. Por su parte, EMPAS S.A. E.S.P. manifestó que no tiene responsabilidad en la
vulneración de los derechos e intereses colectivos reclamados, ya que su
competencia se limita a operar y mantener los sistemas de alcantarillado
formalmente ejecutados y entregados para su administración, pero como ello no ha
ocurrido en el presente caso, las obras civiles necesarias para mitigar la
problemática de olores ofensivos son responsabilidad exclusiva del municipio.

57. Complementó que el municipio y el Consorcio de Saneamiento Básico de Girón
celebraron dos contratos de obra y de consultoría orientados a la construcción y
recuperación de la infraestructura de acueducto y saneamiento básico en las zonas
afectadas por el fenómeno de La Niña 2010 – 2011. Tales procesos contractuales
se fundamentaron en el convenio interadministrativo 076 de 2013 celebrado con el
Fondo Adaptación.

58. Finalmente, aclaró que las obras cuestionadas no le han sido entregadas
formalmente ni sus diseños aprobados según la normatividad vigente, por lo que no
le corresponde operar ni mantener dichas redes. Las actuaciones de la empresa en
el sector han sido preventivas y voluntarias, dentro de criterios de responsabilidad
social empresarial, lo cual no implica aceptación de responsabilidad.

59. Para resolver los argumentos, la Sala pone de presente que los principios de
coordinación, concurrencia y complementariedad guían el régimen de los servicios
públicos domiciliarios, y fomentan la articulación de las entidades recurrentes en el
ejercicio de sus competencias propias, conforme a lo dispuesto en los artículos 356

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de la Constitución Política, 3.º23 de la Ley 1551 de 6 de julio de 201224 y 6.º de la
Ley 489 de 29 de diciembre de 199825.

60. El municipio de Giron funge como garante de la prestación del servicio público de
alcantarillado, según lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 142 de 11 de julio de
199426. Asimismo, apoya la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura de servicios públicos, en los términos de los artículos 8.° de la
Ley 388 de 18 de julio de 199727 y 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200128.

61. Los numerales 1.°, 7.° y 9.° del artículo 65 de la Ley 99 de 22 de diciembre de
199329 y el artículo 76.5 de la Ley 715 precisaron que ese ente territorial se encarga
del control y la vigilancia del medio ambiente y de los recursos naturales renovables,
con el apoyo de la Policía Nacional y en coordinación con las entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA); así como de la ejecución de obras o proyectos de
descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos.

62. Cabe agregar que, aún en el evento en que la prestación de los servicios públicos
domiciliarios esté a cargo de una empresa, no por ello el municipio puede evadir su
rol de garante, debido a que el ente territorial ejerce un control de tutela sobre la
empresa prestadora30, tal y como lo reconoció esta Sección en las sentencias de 18
de abril de 201331, 28 de septiembre de 202332, 5 de octubre de 202333 y de 24 de
julio de 202534, entre otras.

23
“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. […]
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus competencias y sus responsabilidades, deberán
conciliar su actuación con la de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles tienen competencias comunes sobre un
mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden nacional no son excluyentes
sino que coexisten y son dependientes entre sí para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán realizar convenios o usar
cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer
más eficiente y económica la actividad administrativa. […]”
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo y el desarrollo de
proyectos locales, los municipios podrán hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”. (Negrilla
fuera del texto).
24
“[…] Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios […]”.
25
“[…] Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones […]”.
26
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.
27
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.
28
“[…] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros […]”.
29
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se
dictan otras disposiciones […]”.
30
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 2 de abril de 2006, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, radicación
núm. 41001-23-31-000-2003-01062-01.
31
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: María Elizabeth García González, radicación núm.: 2010-00672-01.
32
Consejo de Estado, Sección Primera. C.P.: Oswaldo Giraldo López, radicación núm.: 15001 23 33 000 2017 00248 01.
33
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: Nubia Margoth Peña Garzón (E), radicación núm. 17001-23-33-000-2017-
00524-01.
34
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 66001-23-33-000-2022-
00168-01.

13

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63. Por su parte, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de
conformidad con los artículos 11 y 28 de la Ley 142 de 1994, tienen
responsabilidades que se derivan de la función social de la propiedad y de los fines
superiores que orientan la prestación de esos servicios.

64. El artículo 11.1 ibidem les impone el deber de asegurar que el servicio se preste
de forma continua y eficiente. Esto implica organizar su operación para garantizar
calidad y eficiencia, y adoptar decisiones técnicas y comerciales que concilien los
objetivos de sostenibilidad con la necesidad de aumentar la cobertura.

65. Según el artículo 28, las empresas tienen el derecho a construir, operar y
modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios, junto con la obligación
de efectuar el mantenimiento y la reparación de las redes locales.

66.En otras palabras, el mantenimiento de la infraestructura necesaria para
garantizar la prestación del servicio, la expansión de las redes y la incorporación de
nuevos usuarios no es una opción discrecional de las empresas sino un deber que
debe cumplirse de forma responsable y técnicamente planificada.

67. Siguiendo este marco normativo, la Sección Primera del Consejo de Estado
precisó en la sentencia de 9 de octubre de 202535 que, conforme al artículo 134 de
la Ley 142 de 1994 y a los artículos 3°, 4° y 5° del Decreto 1842 de 22 de julio de
199136, la empresa prestadora no está obligada a ampliar o extender la cobertura
cuando exista inconveniencia técnica y/o cuando el sector no esté incluido en el
programa de inversiones, en tanto el usuario potencial debe acreditar las
condiciones previstas en el artículo 2.3.1.3.2.2.637 del Decreto 1077 de 2015.

35
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm. 17001-23-33-000-2022-
00213-01.
36
“[…] Por el cual se expide el Estatuto Nacional de Usuarios de los Servicios Público Domiciliarios […]”.
37
“[…] Artículo 2.3.1.3.2.2.6. Condiciones de acceso a los servicios. Para obtener la conexión de los servicios de acueducto
y alcantarillado, el inmueble deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Estar ubicado dentro del perímetro de servicio, tal como lo dispone el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 388 de
1997.
2. Contar con la Licencia de Construcción cuando se trate de edificaciones por construir.
3. Estar ubicado en zonas que cuenten con vías de acceso o espacios públicos y redes de acueducto o alcantarillado
requeridas para adelantar las redes locales y las conexiones domiciliarias que permitan atender las necesidades del inmueble.
4. Estar conectado al sistema público de alcantarillada, (sic) cuando se pretenda la conexión al servicio de acueducto, salvo
lo establecido en el inciso final del artículo 2.3.1.3.2.1.3 de este decreto.
5. Contar con un sistema de tratamiento y disposición final adecuada de aguas residuales debidamente aprobado por la
autoridad ambiental competente, cuando, no obstante, ser usuario o suscriptor de la red de acueducto no existe red de
alcantarillado en la zona del inmueble.
6. Los usuarios industriales y/o especiales de alcantarillado que manejen productos químicos y derivados del petróleo deberán
contar con un plan de contingencia que garantice que bajo ninguna condición se corre el riesgo de que estas sustancias
lleguen al sistema público de alcantarillado.
7. La conexión al sistema de alcantarillado de los sótanos y semi-sótanos podrá realizarse previo el cumplimiento de las
normas técnicas fijadas por la entidad prestadora de los servicios públicos.
8. Contar con tanque de almacenamiento de agua cuando la Entidad Prestadora de Servicios Públicos lo justifique por
condiciones técnicas locales. Los tanques de almacenamiento deberán disponer de los elementos necesarios para evitar los
desperdicios y la contaminación del agua y deberán ajustarse a las normas establecidas por la entidad.
9. En edificaciones de tres (3) o más pisos, contar con los sistemas necesarios para permitir la utilización eficiente de los
servicios. […]”.

14

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68.En esa misma línea, se ha indicado que el juez de la acción popular no puede
ordenar la prestación del servicio en zonas que excedan el ámbito territorial o el
perímetro dentro del cual la empresa tiene definido su deber de prestación38.

69. Sin embargo, lo anterior no impide que, respecto de los usuarios ubicados dentro
del perímetro de prestación cuya conexión no es posible por razones técnicas, el
juez pueda adoptar órdenes de coordinación y apoyo institucional entre el municipio
y la empresa que permitan el cumplimiento de los fines estatales. Por ello, en la
sentencia de 1.º de marzo de 201839, la Sala ordenó a una empresa que
acompañara al ente territorial en la realización de estudios de viabilidad y, de ser
procedente, en la ejecución del respectivo proyecto.

70. Como puede apreciarse, conforme al criterio jurisprudencial de esta Sección, las
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios son responsables de
garantizar la prestación del servicio dentro del perímetro de su intervención, en
condiciones de calidad, continuidad y eficiencia, lo que comprende la adecuada
operación, mantenimiento y gestión de la infraestructura necesaria.

71. Aunado a ello, cuando la conexión del servicio no resulta posible por razones
técnicas, en armonía con el principio de coordinación, deben articularse con el
municipio en la realización de los estudios técnicos de viabilidad orientados a
identificar la alternativa más adecuada.

72. En el caso concreto se demostró que el municipio y el Fondo Adaptación
celebraron el convenio interadministrativo 076 de 201340, cuyo objeto consistió en
“[…] la ejecución descentralizada de los proyectos orientados a la construcción,
reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector de Acueducto y
Saneamiento Básico en las zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011
en el MUNICIPIO de GIRÓN (SANTANDER) […]”.

73. Respecto de las obligaciones específicas del municipio dispuestas en el citado
convenio, se destaca:

“[…] OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:
En los proyectos de Acueducto y Saneamiento Básico:

1. Contratar de acuerdo con los recursos definidos en el capítulo 2 numeral 6 del
estudio previo que sustenta este Convenio, la construcción de las obras de los

38
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 30 de mayo de 2024, C.P.: Oswaldo Giraldo López, radicación núm.
63001-23-33-000-2020-00407 01.
39
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 19001-33-31-005-2011-00294-
01.
40
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia, en el enlace del archivo denominado
“4_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua 29”, documento denominado: “04.2019-738-00 AVISO_0001”. Páginas 25 y
siguientes.

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proyectos, conforme los Estudios Detallados de Riesgo y Amenaza y los Estudios
y Diseños definitivos entregados por el FONDO.
2. Adelantar los trámites correspondientes para legalizar a nombre del municipio
respectivo, los predios requeridos para la construcción de obras puntuales, así
como obtener los permisos de servidumbre para la construcción de obras lineales.
3. Apoyar los trámites ante las empresas de servicios públicos para solucionar las
suspensiones, cortes temporales y reconexiones de los servicios que pudieran
presentarse durante la ejecución de las obras.
4. Recibir las obras de acueducto y saneamiento básico y realizar las
gestiones necesarias para transferirlas al prestador de los servicios
públicos domiciliarios del respectivo municipio o al municipio, según sea el
caso, para garantizar la operación y mantenimiento de las mismas […]”.
(Negrilla fuera del texto).

74. Se probó que el municipio de Girón y el Consorcio Diseños Girón 2014 celebraron
el contrato de consultoría número 476 de 26 de junio de 201441, cuyo objeto
consistió en la “[…] elaboración de estudios y diseños de los proyectos orientados
a la construcción, reconstrucción y recuperación de la infraestructura del sector
alcantarillado, saneamiento básico, obras de protección y mitigación y estudios de
suelos en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011 en el municipio
de Girón – Santander […]”.

75. Además, obra en el plenario el contrato de obra 888 de 30 de junio de 2015 42
celebrado entre el municipio de San Juan Girón y el Consorcio Saneamiento Básico
Girón, cuyo objeto es la “[…] construcción, reconstrucción y recuperación de la
infraestructura del sector acueducto y saneamiento básico en las zonas afectadas
por el fenómeno de la niña 2010-2011 en el municipio de Girón (Santander) […]”.

76. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios los días 6 y 7 de julio de
202343 realizó una visita de inspección y vigilancia al estado de la prestación de los
servicios públicos de alcantarillado en el barrio La Meseta I del municipio de Girón,
en la cual se dejó constancia de la problemática en los siguientes términos:

“[…] Se procedió a realizar visita en la carrera 13 con calle 13ª del municipio de Girón,
Santander […]. Así las cosas, según información de la comunidad, presuntamente
existen conexiones erradas por parte de urbanizaciones aguas arriba del cauce, lo
cual genera olores ofensivos en el sector, lo cual empeora en temporada de lluvias.
Frente al tema, el prestador manifiesta que dicha dirección no concuerda con el caso
que actualmente se encuentra en el Tribunal Administrativo de Santander, pero aún
así, en el marco de sus funciones como prestador y operador de la
infraestructura de alcantarillado en el municipio, adelantará la investigación
respectiva por medio de una cuadrilla con el fin de identificar posibles

41
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia, en el enlace del archivo denominado
“4_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua 29”, documento denominado: “04.2019-738-00 AVISO_0001”. Páginas 47 y
siguientes.
42
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia, en el enlace del archivo denominado
“4_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua 29”, documento denominado: “04.2019-738-00 AVISO_0001”. Páginas 71 y
siguientes.
43
Cfr. Índice 68 del expediente digital de primera instancia, documento denominado:
“64_RECEPCIONDEMEMORIAL_ACTAGIRON(.pdf) NroActua 68”.

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conexiones erradas. A la hora de la visita no se percibieron olores ofensivos,
teniendo en cuenta que el cauce se encontraba seco.

Posterior a esto, se procede a visitar el sector comprendido en la calle 13ª entre
carreras 17 y 18b, en el municipio de Girón, Santander. Allí, el prestador EMPRESA
PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. – EMPAS S.A.
E.S.P. manifiesta que ha atendido múltiples solicitudes referentes a la emanación de
olores ofensivos en los sumideros existentes en el sector, por lo cual ha realizado
limpiezas puntuales y mantenimientos de las válvulas “charnela”, con el fin que
no se permita la salida de olores por las rejillas. Frente a este tema, el prestador
manifiesta que, debido al ingreso de sólidos por las rejillas del sumidero, obstaculizan
la operación normal de las válvulas.

Cabe resaltar que el sector, ha sido intervenido por parte del Municipio de Girón
(Presuntamente recursos del fondo de adaptación) en años anteriores, mediante una
obra que buscaba la reposición de redes de alcantarillado. Es así como en el sector
comprendido en la calle 13ª entre carreras 17 y 18b, se evidencia la existencia de un
tramo de alcantarillado combinado (Calle 13ª con Carrera 17), el cual es separado en
alcantarillado sanitario y pluvial (Calle 13ª con Carrera 18). El cambio drástico del
diámetro en los tramos objeto de queja, ha ocasionado que la red de alcantarillado
sanitario, presente taponamiento, lo que ocasiona que el alcantarillado pluvial trabaje
como un alcantarillado combinado hasta que no se realice el mantenimiento
correspondiente.

Al momento de la visita, el prestador realizó mantenimientos a los pozos del sector de
la calle 13ª mediante vehículo vactor.

17

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[…]”. (Negrilla fuera del texto).

77. En el mismo documento, la superintendencia resaltó que:

“[…] Al respecto, el prestador menciona que si bien, actualmente opera el
sistema de alcantarillado en el sector, esta obra no fue objeto de entrega formal
por parte del Municipio de Girón a la EMPRESA PÚBLICA DE
ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.- EMPAS S.A. E.S.P.

No obstante, el prestador menciona que no se ha dejado de prestar el servicio
de alcantarillado a los usuarios, al igual que ha adelantado labores de
mantenimiento a dicha infraestructura.

Así mismo, a la fecha de la visita no se cuenta con planos récord que permitan
evidenciar con exactitud las características de la infraestructura instalada en el
sector.

Por otro lado, a la fecha de la visita se percibieron olores ofensivos en el sector,
teniendo en cuenta la manera en la que en la actualidad opera el sistema.

Finalmente, el prestador menciona una serie de acciones a realizar a corto plazo, que
aliviarían la carga transportada por la infraestructura, como lo es la implementación
de pozos que actualmente no se encuentran en operación, y la ampliación de la red
sanitaria. Así mismo, menciona que inicialmente se debe realizar un levantamiento
topográfico en el sector, para así, proceder a realizar diseños de las acciones a
realizar y posteriormente adelantar su ejecución.

ASPECTOS TÉCNICOS OPERATIVOS: ALCANTARILLADO

En la operación y mantenimiento general del sistema de alcantarillado urbano de
Bucaramanga, Floridablanca y Girón, se distribuye la atención del servicio mediante
cuatro Distritos de trabajo, localizados geográficamente así:

• Distrito I: Bucaramanga – Sector Oriental Carrera 15.
• Distrito II: Bucaramanga – Sector Ocidental Carrera 15.
• Distrito III: Sur de Quebrada La Iglesia – Bucaramanga y Floridablanca.
• Distrito IV: Girón.

[…]

El Distrito IV del área de servicio de la EMPAS S.A., está conformado por el Municipio
de Girón y las Comunas 10 y 11 del Municipio de Bucaramanga.

Así las cosas, la visita realizada entre los días 6 y 7 de julio de 2023, corresponde a
infraestructura ubicada en el Distrito IV, según las áreas de servicio del prestador
EMPAS S.A.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El sistema de alcantarillado está comprendido por los municipios de
Bucaramanga, Floridablanca y Girón, actualmente operados integralmente por
la EMPAS S.A., el cual está conformado por cerca de 999,15 Kilómetros de

18

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redes, 18 estructuras de vertimiento, 44 controles de cauces de los drenajes de
la escarpa de Bucaramanga, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –
PTAR Río Frío […]”. (Negrilla fuera del texto).

78. Aunado a lo anterior, cobra relevancia el informe de visita técnica de la CDMB de
18 de julio de 202344. En dicho documento, la autoridad ambiental identificó de
manera puntual que la emanación de olores ofensivos en el barrio La Meseta I
obedece a fallas en las válvulas de sellado de salida de gases de los pozos de
alcantarillado, en los siguientes términos:

“[…] Con el fin de determinar las posibles causas generadoras de olores ofensivos que
están afectando a la comunidad que reside en el sector de la carrera 17 con calle 13A
del Barrio La Mesta I del municipio de Girón, el pasado 18 de julio de 2023 un funcionario
adscrito a la Coordinación del Grupo de Seguimiento para la Sostenibilidad de la CDMB,
realizó visita a dicho sector para evidenciar de donde proviene los presuntos olores
ofensivos; observó que en el sector existe una red de alcantarillado combinado y los
sumideros de la vía que recoge la escorrentía en época de lluvias, es conducida a los
pozos de la red de alcantarillado y se presume que los olores ofensivos salen al
ambiente a través de los sumideros, cuando queda abierta la válvula de sellado
de salida de gases del pozo del alcantarillado sanitario.

La Empresa Administradora de la red de Alcantarillado sanitario y pluvial del
municipio de Girón es EMPAS, por tanto, es la entidad competente para dar
solución a la salida de olores ofensivos a través los sumideros construidos para
la red pluvial de la vía.

[…]”. (Negrilla fuera del texto).

79. Como puede apreciarse es cierto que el municipio de Girón suscribió varios
contratos con el objetivo de mejorar la infraestructura de alcantarillado del sector
para atender los daños causados por el fenómeno de La Niña 2010-2011. No
obstante, aun cuando el municipio afirmó en la contestación de la demanda que
entregó esas obras formalmente a la empresa45, no existe prueba en el expediente

44
Cfr. Índice 52 del expediente digital de primera instancia.
45
Expresamente señaló lo siguiente: “[…] hizo entrega de dicho alcantarillado a la [Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander EMPAS S.A. ESP], en razón a lo anterior esa Entidad es la operadora de las redes, tal como se desprende de las
respuestas emitidas por esta […], mediante los radicados 22279 del 4 de octubre de 2018 y 27985 del 14 de diciembre de
2018, donde claramente le indica a la JAC que el sector que “(…) En cuanto, al sumidero transversal que se encuentra ubicado
aledaño a la vivienda del sector Luciano Manosalva Manosalva, se le informa que dicho sumidero se encuentra conectado al
sistema público de alcantarillado sanitario del sector, debido a que el sistema del alcantarillado del barrio en mención es
combinado. Es de aclarar que, el sumidero de la referencia tiene instalada una válvula de charnela para evitar que salga los
malos olores y así evitar afectaciones a los residentes del barrio en comento […]”.

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de que la infraestructura construida haya sido formalmente aceptada por EMPAS
S.A. E.S.P.

80. Aun así, se acreditó que el sector objeto de debate forma parte del perímetro de
prestación de servicios, lo que implica que su intervención en el mantenimiento de
la infraestructura no puede considerarse únicamente como un componente de su
responsabilidad social empresarial, sino como parte de sus obligaciones como
prestadora del servicio.

81. En la visita de inspección de julio de 2023, la superintendencia dejó constancia
de la existencia de olores ofensivos en el barrio La Meseta I. Se identificaron
posibles conexiones erradas en las urbanizaciones aguas arriba. Además, el
prestador informó que ha realizado limpiezas y mantenimientos en las válvulas
“charnela” para evitar la salida de olores por las rejillas, aunque la entrada de sólidos
afecta su funcionamiento.

82. Asimismo, se evidenció que el sector intervenido presenta un tramo de
alcantarillado combinado, pero el cambio brusco de diámetro en las tuberías ha
ocasionado taponamientos en la red sanitaria. Mientras que la autoridad ambiental
corroboró que la causa principal de la emisión de olores ofensivos corresponde a
fallas en las válvulas de sellado de salida de los gases del pozo de alcantarillado.

83. En este contexto fáctico, la Sala observa que los argumentos del municipio de
Girón y de EMPAS S.A. E.S.P. tienen la finalidad de cuestionar su responsabilidad
en la vulneración de los derechos colectivos alegando la inexistencia de una
responsabilidad compartida y la falta de entrega formal de las obras. No obstante,
frente a la problemática de olores ofensivos, el municipio no puede evadir su rol de
garante de la prestación del servicio ni sus competencias en el control del medio
ambiente.

84. Por su parte, la empresa prestadora no puede ampararse en la ausencia de
diseños aprobados o planos, cuando en la visita de inspección se constató que
opera integralmente el sistema en el Distrito IV y realiza mantenimientos en el sector
con maquinaria especializada.

85. Los artículos 28 de la Ley 142 y 2.3.1.3.2.4.19 del Decreto 1077, precisan que el
mantenimiento y reparación de las redes locales de alcantarillado se encuentra a
cargo de la entidad prestadora de servicios públicos. Además, a la empresa le asiste
el deber de corregir las conexiones erradas de alcantarillado definidas en el numeral
17 del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077, como “[…] Todo empalme de una
acometida de aguas residuales sobre la red de alcantarillado pluvial o todo empalme
de una acometida de aguas lluvias sobre la red de alcantarillado sanitario. […]”.

20

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

86. Para la Sala, las deficiencias técnicas identificadas por la superintendencia, tales
como las conexiones erradas y el cambio drástico del diámetro en los tramos
intervenidos, constituyen una problemática que ambas entidades deben subsanar
mediante la articulación de sus competencias, en observancia de los principios de
coordinación, concurrencia y complementariedad.

87. Esta autoridad judicial considera que el hecho que el municipio tenga
responsabilidades conjuntas no exime a la empresa de sus deberes en la materia,
máxime cuando administra dicha infraestructura. Igual acontece respecto del
municipio, autoridad que no solo debe ejercer el control de tutela frente a la
empresa, sino verificar conjuntamente los términos en los que realizó la entrega de
la infraestructura pues en el plenario no existe prueba de ello.

88. En consecuencia, los argumentos de apelación de las demandadas en este punto
no tienen vocación de prosperidad.

V.3.2. La corresponsabilidad de los habitantes del sector

89. Con el propósito de resolver el argumento de la apelación relativo a que no se
evaluó la responsabilidad de los particulares en la vulneración de los derechos
colectivos amparados, la Sala pone de presente que la participación de la
comunidad en la generación de las amenazas o transgresiones de los derechos
colectivos no constituye una causal de exoneración de responsabilidad para las
entidades y autoridades públicas46.

90. Sin embargo, en escenarios como los aquí descritos, esta Sección ha
considerado que la medida de instar a la población que desarrolla actividades que
vulneran o amenazan los derechos amparados, para que cumpla con las
instrucciones impartidas por las autoridades competentes a efectos de controlar la
afectación, es pertinente y necesaria.

91. Dicha medida busca que las comunidades afectadas, en una perspectiva de
autoprotección, se constituyan en actores relevantes de la superación de la
problemática. Por lo tanto, se adicionará el ordinal octavo de la parte resolutiva de
la sentencia del tribunal de primera instancia, en el sentido de instar a la comunidad
para que cumpla con las instrucciones impartidas por las autoridades competentes
a efectos de solucionar la problemática.

46
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 19001-33-31-005-2011-00294-
01.

21

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

V.3.3. La presunta transgresión del principio de libre competencia

92. La empresa apelante sostiene que la instrucción judicial dada al municipio para
que realice la entrega formal de la infraestructura cuestionada a EMPAS S.A. E.S.P.
limita la libre competencia.

93. Al respecto, el a quo en la parte considerativa de la sentencia proferida en primera
instancia, consideró que: “[…] por parte del Municipio de Girón se dio paso a la
realización de obras de reposición que no fueron entregadas al operador pero que
en todo caso forman parte del perímetro sanitario respecto del cual la Empresa
Pública de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P. EMPAS tiene obligaciones
referidas al mantenimiento preventivo de los colectores conforme al Reglamento
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS en el título D y
RAS 0330 DE 2017 Capitulo 4 […]”.

94. Previamente se indicó que la superintendencia en la visita de inspección y
vigilancia al estado de la prestación de los servicios públicos de alcantarillado en el
barrio La Meseta I del municipio de Girón, acordó como compromiso con la
mencionada empresa que hiciera entrega del “[…] levantamiento topográfico del
área objeto de queja calle 13ª entre carreras 17 y 18b […]”.

95. La empresa dio respuesta a esa solicitud el 4 de septiembre de 2023 con el
siguiente plano:

96. Al examinar el plano de perímetro sanitario de EMPAS S.A. E.S.P., se observa
que la entidad prestadora ha delimitado su área de prestación de servicio (APS)
sobre el casco urbano del municipio de Girón, integrando la infraestructura de
alcantarillado a su zona de influencia operativa.

97. Esta
evidencia cartográfica desvirtúa el argumento de la recurrente sobre la
supuesta transgresión a la libre competencia, pues es la misma empresa quien, en

22

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

el ejercicio de su autonomía técnica, se reconoce como operadora exclusiva en las
zonas demarcadas.

98. Asimismo, la zonificación de aislamiento de la PTAR Río Frío confirma que la
operación de la empresa tiene un impacto ambiental directo en el territorio, lo que
hace imperativo que la entrega formal de las redes sea la culminación de una
realidad fáctica ya establecida en los planos oficiales de la compañía.

99. En todo caso, la sentencia de primera instancia no ordenó expresamente la
recepción inmediata de la infraestructura. La redacción de los ordinales segundo y
tercero de la parte resolutiva de la sentencia de 28 de junio de 2024 reconoce un
margen de libertad a las autoridades implicadas porque su finalidad es que, pese a
la falta de prueba sobre la ejecución contractual que permitió la culminación de esa
obra, aquella infraestructura destinada al saneamiento básico debe tener un
responsable cierto que asegure y garantice el mantenimiento para evitar que la
comunidad del barrio objeto de este medio de control resulte desprotegida ante un
conflicto de competencias entre el ente territorial y el prestador.

100.Adicionalmente ante el compromiso pactado con la superintendencia en
relación con aportar la “[…] información cartográfica referente a la delimitación del
área de prestación del servicio de alcantarillado (donde se incluya el porcentaje de
cobertura) y la localización de la infraestructura de este (colectores principales,
estaciones de bombeo, PTARs y estructuras de vertimiento […]”. La empresa en la
misma respuesta allegó el siguiente plano:

101.La Sala advierte que el plano de “Redes Existentes Barrio El Consuelo”,
elaborado en septiembre de 2023, contradice sus reparos sobre el desconocimiento
de la infraestructura. En dicho documento se identifica con precisión la coexistencia
de redes construidas y existentes en la calle 13a, así como la transición de sistemas
combinados a separados.

23

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

102.El acervo probatorio demuestra que EMPAS S.A. E.S.P. no solo tiene delimitado
este sector dentro de su Distrito IV de operación, sino que ejerce actos de control
técnico tales como la limpieza de válvulas tipo charnela y el mantenimiento de pozos
mediante vehículo vactor. De este modo, la empresa ha asumido la gestión de la
red, lo cual la obliga, conforme al artículo 11 de la Ley 142 de 1994, a garantizar la
continuidad y eficiencia del sistema, con independencia de la titularidad patrimonial
de los activos.

103. En suma, no tiene vocación de prosperidad el argumento.

V.3.4. La proporcionalidad de los plazos previstos para el cumplimiento de las
órdenes de amparo

104.El municipio requirió la ampliación de los plazos de 4 y 6 meses fijados en la
sentencia de primera instancia para realizar los trámites administrativos necesarios
para conseguir los recursos e iniciar y culminar las obras que permitan eliminar
técnicamente los malos olores, respectivamente.

105.Para resolver, la Sala resalta que, según el artículo 34 de la Ley 472, la
sentencia que acoja las pretensiones de la demanda en el trámite de las acciones
populares podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés colectivo y exigir la
realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración si es posible.

106.La norma establece adicionalmente que la orden de hacer o de no hacer deberá
definir de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho
amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones de la demandante.

107.Lo anterior cobra relevancia en la medida en que, para el cumplimiento de la
sentencia, las entidades públicas deben realizar ciertas erogaciones presupuestales
y, en consecuencia, las órdenes deben tener en cuenta el tiempo necesario para la
ejecución de los trámites administrativos y presupuestales requeridos.

108. En el caso concreto se ordenó:

“[…] Segundo. Ordenar a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A.
E.S.P. – EMPAS que, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, en caso de no haberlo hecho y en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, inicie y culmine los estudios técnicos
pertinentes en los cuales se determinen las opciones de intervención, que permitan
garantizar técnicamente la eliminación de olores ofensivos y la prestación del servicio
público de alcantarillado en el barrio La Meseta I de Girón.

24

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

Tercero. Ordenar al Municipio de Girón y a la Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander S.A. E.S.P. – EMPAS que, de conformidad con los resultados arrojados
por los estudios técnicos y dentro de los cuatro (4) meses siguientes al término (sic)
dichos estudios, se adelanten las gestiones administrativas para la apropiación de los
recursos que permitan la ejecución de las obras que posibiliten la prestación del
servicio público de alcantarillado en el barrio La Meseta I de Girón garantizando
técnicamente la eliminación de olores ofensivos en la prestación del servicio público
mencionado.
Cuarto. Ordenar al Municipio de Girón y a la Empresa Pública de Alcantarillado de
Santander S.A. E.S.P. – EMPAS que inicie y culmine las obras de alcantarillado
dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del término previsto en el
numeral anterior, garantizando técnicamente la eliminación de olores ofensivos en la
prestación del servicio público mencionado […]”. (Negrilla del texto).

109. En este contexto, la Sala pone de presente que, si bien el artículo 34 de la Ley
472 de 1998 faculta al juez popular para exigir conductas necesarias que pongan
fin a la vulneración de derechos colectivos, dicha potestad debe armonizarse con
los principios de planeación y programación integral.

110.Esta Sección ha sostenido que las órdenes impartidas en el marco de una
acción popular no pueden desconocer la realidad administrativa de las entidades
públicas, las cuales deben surtir trámites de contratación y procesos de apropiación
de recursos conforme a las normas de presupuesto47. En este sentido, una orden
judicial con plazos materialmente imposibles de cumplir no solo deviene en ineficaz,
sino que atenta contra la eficiencia del gasto público.

111.En el caso concreto, la Sala advierte que la eliminación técnica de los olores
ofensivos en el barrio La Meseta I requiere una secuencia de acciones que van
desde el diagnóstico especializado hasta la ejecución de obras civiles que resuelvan
las conexiones erradas y los cambios de diámetro detectados. Si bien EMPAS S.A.
E.S.P. cuenta con la capacidad técnica y el conocimiento de la red en el Distrito IV
para agilizar los estudios, la fase de apropiación de recursos y el proceso para la
ejecución de las obras demandan términos similares a los ordenados en casos
similares para adelantar esas acciones.

112.Por lo anterior, se considera razonable modificar los plazos inicialmente fijados
en los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera
instancia, a partir de un cronograma escalonado que garantice que, una vez
culminados los estudios técnicos, las entidades tendrán el tiempo necesario para
desarrollar las gestiones presupuestales y contractuales, asegurando así la solución
definitiva a la problemática de saneamiento del sector.

47
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de noviembre de 2023, radicación núm. 17001-23-33-000-2019-
001888-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

25

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

V.3.5. La condena en costas

113.El tribunal de primera instancia resolvió, en el ordinal séptimo de la parte
resolutiva de la sentencia cuestionada, “[…] Condenar en costas al municipio de
Girón y la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS
en partes iguales a favor de los actores populares. Su liquidación se hará por
intermedio de la Secretaría de esta Corporación, de acuerdo con las reglas previstas
en el artículo 366 ibidem. […]”. (Negrilla del texto).

114. Frente a esa decisión, el apelante sostuvo que:

“[…] Ahora bien, el Despacho condena en costas de acuerdo con lo establecido en el
artículo 365 del C.G.P., sin detenerse que, para este tipo de asuntos, se aplica la regla
especial, esto es el artículo 188 del C.P.A.C.A., adicionado por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021-, el cual prevé:

“En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

Así las cosas, resulta claro que la condena en costas, y, por lo tanto, la fijación de
agencias en derecho solo será contemplada cuando se haya acreditado en el proceso
que la demanda o la contestación se presentó con manifiesta carencia de fundamento
legal.

Observando esta regla, respetuosamente debemos manifestar que en el caso que nos
ocupa y, sin perjuicio de la sentencia de primera instancia que DECLARÓ que mi
mandante vulneró los derechos colectivos al goce del espacio público; dentro del
proceso no se acreditó que las actuaciones y argumentos esbozados por MUNICIPIO
DE GIRÓN se hayan presentado con manifiesta carencia de fundamento legal y por el
contrario, mi mandante atendió lealmente las cargas procesales a su cargo desde la
contestación de la demanda, en oposición a las pretensiones, las cuales,
desafortunadamente, fueron despachadas desfavorablemente por cuanto se consideró
el operador judicial que estas no fueron suficientes para la salvaguarda de los derechos
de tercera generación […].

115. Para dirimir este punto de la controversia, se aclara que, de conformidad con los
artículos 3848 y 4449 de la Ley 472, el juez popular aplica las normas de
procedimiento civil relativas a las costas como regla especial al resolver esta
tipología de medio de control.

116. El Consejo de Estado explicó en la sentencia de unificación de 6 de agosto de
201950 que “[…] el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de

48
Artículo 38.-Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar el
demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea
temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20)
salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos,
sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.
49
Artículo 44.- Aspectos no regulados. En los procesos por acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de
Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que le corresponda, en los
aspectos no regulados en la presente Ley, mientras no se oponga a la naturaleza y finalidad de tales acciones.
50
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión núm. 27. Sentencia de 6 de agosto de 2019. Radicado núm. 15001-33-33-
007-2017-00036-01. C.P. doctora Rocío Araújo Oñate.

26

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

las costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada,
siempre que la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los
derechos colectivos. […]”.

117. Seprecisó que la condena en costas “[…] incluye las expensas, gastos y
agencias en derecho con independencia de que la parte actora haya promovido y/o
concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho directamente
[…]”. Además, para la tasación de las agencias en derecho, se le ordenó al juez que
debía realizarse en forma ponderada y tener en cuenta “[…] la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, [entre] otras circunstancias especiales […]”.

118.Las reglas de unificación son del siguiente tenor:

“[…] PRIMERO: Unificar la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de
precisar el alcance de la interpretación del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y su
armonización con las disposiciones que regulan el reconocimiento, la condena y la
liquidación de las costas, así:

2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las costas
procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada, siempre
que la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de los
derechos colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código
General del proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos
procesales como el de las agencias en derecho.

2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho,
cuando haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también
habrá lugar a condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38
ibídem.

2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código general del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la
condena en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y
agencias en derecho con independencia de que la parte actora haya promovido
y/o concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho
directamente.

2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las
agencias en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte

27

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

demandada, la condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo
365 del Código General del Proceso, de forma que sólo se condenará al pago
de aquellas que se encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su
comprobación, conforme con lo previsto en el artículo 366 del Código general
del Proceso.

2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el actor popular, con
independencia de si actuó directamente o mediante apoderado, u otras
circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.
[…]”. (Negrilla fuera de texto).

119.Teniendo en cuenta lo anterior, en lo que respecta al reconocimiento de las
agencias en derecho en este caso, la Sala encuentra que las pretensiones de
amparo de los derechos colectivos establecidos en los literales a), h) y j) del artículo
4.° de la Ley 472 prosperaron, los actores populares presentaron la demanda,
aportaron y solicitaron pruebas y estuvieron presente en la audiencia de pacto de
cumplimiento, por lo cual se demuestra que las agencias se encuentran causadas
a su favor.

120.Sin embargo, en lo que atañe a los gastos procesales, la Sala considera que no
está probada su causación.

121.Por ello, conforme a“[…] la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión
realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del
proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha
actividad […]”, como lo señala el artículo 366 de la Ley 1564 y los artículos 2.°, 3.°
y 5.° del Acuerdo núm. PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016, se modificará el
ordinal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia para
únicamente reconocer las agencias en derecho causadas en favor de los actores
populares, las cuales se fijarán en la suma de un (1) salario mínimo legal mensual
vigente.

V.3.6. El comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia

122. El artículo 34 de la Ley 472 establece que el juez podrá conformar un comité
para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además
del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés
colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades
en el objeto del fallo.

123.Esta Sección ha sostenido que “[…] es el Magistrado que adelantó la
sustanciación y proyección de la decisión en la anotada instancia como Ponente de

28

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

la misma […] quien debía [o debe] presidirlo […]”51; función que no puede ser
delegada o atribuida a las partes, intervinientes o al Ministerio Público52.

124.Por lo tanto, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia a efectos de integrar adecuadamente el comité de verificación.

125.Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201253 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201954, no se condenará
en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero, cuarto, quinto y séptimo de la parte
resolutiva de la sentencia proferida el 28 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia, los cuales quedarán así:

“[…] TERCERO: ORDENAR al municipio de Girón y a la Empresa Pública de
Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. que, de conformidad con los resultados
arrojados por los estudios técnicos y dentro de los seis (6) meses siguientes al término
de dichos estudios, adelanten las gestiones administrativas para la apropiación de los
recursos que permitan la ejecución de las obras que posibiliten la prestación del
servicio público de alcantarillado en el barrio La Meseta I de Girón, con el propósito
de garantizar la eliminación de los olores ofensivos en la prestación del servicio
público mencionado.

CUARTO: ORDENAR al municipio de Girón y a la Empresa Pública de Alcantarillado
de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS que inicie y culmine las obras de alcantarillado
dentro de un (1) año siguiente al vencimiento del término previsto en el numeral
anterior, garantizando técnicamente la eliminación de olores ofensivos en la
prestación del servicio público mencionado.

QUINTO: ORDENAR la conformación del Comité de Verificación de cumplimiento de
la sentencia el cual estará integrado por el magistrado sustanciador del tribunal de
primera instancia, quien lo presidirá; por los actores populares; por un representante
de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P.; por un
representante del municipio de Girón y por el Ministerio Público, para que realicen

51
Consejo de Estado, Sección Primera C.P.: Hernando Sánchez Sánchez, Sentencia de 28 de junio de 2019, radicación núm.
520012333000-2018-00361-01.
52
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 30 de mayo de 2024, radicación núm.
6300123330002020-00407-01.
53
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
54
Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019, C.P.: Rocío Araújo Oñate, radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01.

29

Radicación núm. 68001-23-33-000-2019-00738-01
Demandantes: Josefina Godoy Hurtado y otros

seguimiento y adopten las medidas necesarias para el cabal cumplimiento de la
presente sentencia.

[…]

SÉPTIMO: CONDENAR en agencias en derecho al municipio de Girón y a la Empresa
Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., en partes iguales a favor de los
actores populares, por la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente […]”.

SEGUNDO: ADICIONAR el ordinal octavo a la sentencia proferida el 28 de junio de
2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] OCTAVO: INSTAR a la comunidad para que cumpla con las instrucciones
impartidas por las autoridades competentes a efectos de solucionar la
problemática [...]”.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 28 de junio de 2024.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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