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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00262-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2024-00262-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual quedará de la siguiente manera: “[…] SEXTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta providencia, el cual estará integrado por el Magistrado Ponente de la Sala de Decisión N° 3 del Tribunal Administrativo de Risaralda, quien lo presidirá, por el Municipio de Santuario, el Departamento de Risaralda, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda-CARDER, por el agente del Ministerio Público y por el actor popular, quienes harán seguimiento a lo ordenado en la presente decisión […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 40 Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01 TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2024-00262-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01
Actor: Avelino Mena Jiménez
Demandados: Municipio de Santuario, Departamento de Risaralda y Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
Coadyuvantes: Cotty Morales Caamaño y Julio Cesar Durán Morales

Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda – CARDER 1 y el recurso de apelación adhesiva
presentado por el apoderado judicial de los coadyuvantes Cotty Morales
Caamaño y Julio César Durán Morales2, contra la sentencia de 23 de octubre de
2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Avelino Mena Jiménez presentó demanda3 en ejercicio de la acción
popular contra el Municipio de Santuario, el Departamento de Risaralda y la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, con el objeto de que se

1 En adelante CARDER.
2 Cfr. Índice 70 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
079ApelacCoadyuv(.pdf) NroActua 70 […]”.
3 Cfr. índice 1 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

002EscritoDemanda 002EscritoDemanda(.pdf) NroActua 1 […]”.

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proteja el derecho e interés colectivo previsto en el literal l)4 del artículo 4 de la Ley
472 de 5 de agosto de 19985.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones6:

“[…] A. Se declare la existencia de un daño contingente, el peligro y la amenaza
sobre el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
en la Vereda la Linda en virtud del sistema actual de manejo de aguas pluviales.

B. Se ordene un manejo adecuado de las aguas pluviales en toda la Vereda la Linda,
que incluya entre otras medidas, primero, la construcción de cunetas y cajas
colectoras de aguas de escorrentía revestidas en concreto; y segundo, una
conducción segura de las aguas que garantice el control del impacto de caída del
caudal acumulado.

C. Se ordene el mantenimiento y actualización periódico de cunetas y cajas
colectoras de aguas de escorrentía, así como de todo el sistema general de manejo
de aguas pluviales, conforme a las necesidades que se vayan presentando con el
paso del tiempo.

D. Se ordene la construcción, en un término perentorio, de las obras civiles,
determinadas como necesarias y eficaces para el manejo adecuado y control de las
aguas pluviales y del problema actual de la cárcava, con fundamento en el acervo
probatorio de esta acción popular.

E. Se ordene la ejecución, en un término perentorio, de los tratamientos de tipo
biológico, viables y eficaces, como medida suplementaria para el manejo adecuado
y control de las aguas pluviales y del problema actual de la cárcava, con base en el
acervo probatorio de esta acción popular […]”.

Presupuestos fácticos expuestos por la parte actora

3. Señaló que existe una cárcava en la finca La Isla ubicada en la vereda La
Linda del Municipio de Santuario (Risaralda), la cual representa un riesgo cierto para
los habitantes del sector que se concreta en la posibilidad de un colapso y
desprendimiento del terreno, con potencial de desencadenar una avalancha e
inundaciones que afectarían tanto el área inmediata como los sectores aledaños.

4. Afirmó que, en caso de no implementarse medidas adecuadas de
contención, amortiguación y conducción segura de las aguas, un evento de esta
naturaleza podría comprometer la vida e integridad de los residentes, así como

4 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre

otros, los relacionados con:
[…] l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.
5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
6 Cfr. Índice 8 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

013SubsanaDemanda_MEMOWEB(.pdf) NroActua 8 […]”.

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ocasionar graves daños a sus viviendas, predios y cultivos, e impactar
negativamente la infraestructura vial de la zona.

5. Indicó que la formación de la cárcava obedece al caudal de aguas que
durante las temporadas de lluvia desciende desde la parte alta de la vereda.

6. Señaló que las obras que el municipio ha adelantado para la conducción de
las aguas lluvias no constituyen una solución efectiva a la problemática, en la
medida en que su infraestructura resulta insuficiente e inadecuada y,
adicionalmente, la entidad territorial no ha adoptado medidas de carácter
preventivo.

Intervención de los coadyuvantes de la parte actora

7. Los señores Cotty Morales Caamaño y Julio César Durán Morales
presentaron, de manera independiente, escritos mediante los cuales manifestaron
que coadyuvaban el medio de control de la referencia, señalaron que actuaban en
ejercicio del deber ciudadano de coadministración orientado a prevenir la presunta
vulneración y el deterioro de los derechos e intereses colectivos involucrados.

Contestaciones de la demanda

8. El Municipio de Santuario presentó escrito de 9 de octubre de 20247 en el
que manifestó que la acción carece de sustento probatorio y de soporte técnico
idóneo que permita acreditar las afectaciones descritas en los hechos de la
demanda. Asimismo, señaló que en el libelo no se individualiza de manera precisa
la entidad o entidades responsables de los presuntos daños.

9. Afirmó que las supuestas afectaciones se ubican en una zona rural
correspondiente a una vía terciaria, por lo que solicitó la vinculación formal del
Departamento de Risaralda, al considerar que la atención de dicha infraestructura
es de su competencia y no del municipio.

10. Se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como excepciones la
inexistencia de obligación a cargo del municipio, el hecho de la naturaleza, la
caducidad, el hecho de un tercero y la ausencia de pruebas en su contra.

7 Cfr. Índice 23 del Sistema de Gestión Judicial de SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
025ContestExcepcPoderYAnexMunSantuario(.pdf) NroActua 23 […]”

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11. El Departamento de Risaralda presentó escrito de 9 de octubre de 20248 en
el que manifestó que con la demanda no se allegó material probatorio idóneo que
permita acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los
hechos invocados, su efectiva ocurrencia, la localización precisa de las vías
presuntamente afectadas, ni el nexo causal entre tales afectaciones y una acción u
omisión atribuible al departamento.

12. Afirmó que la entidad no ha vulnerado derechos colectivos ni desconocido
las garantías fundamentales de los habitantes del Municipio de Santuario y, en
consecuencia, se opuso a la totalidad de las pretensiones formuladas. Propuso
como excepciones la improcedencia de la acción popular, la falta de legitimación en
la causa por pasiva, la indeterminación del tramo objeto de la acción y las demás
que resulten probadas.

13. La CARDER presentó escrito de 15 de octubre de 20249 en el que sostuvo
que ni el accionante ni el ente territorial han solicitado el acompañamiento o la visita
técnica prevista en la Ley 99 de 199310, razón por la cual la entidad no cuenta con
registro de inspección ni con concepto técnico sobre los hechos expuestos en la
demanda, lo que le impide verificar el fenómeno natural descrito y, en consecuencia,
determinar la existencia de la presunta vulneración. Añadió que los hechos
corresponden, en esencia, a una apreciación del actor en la medida en que el
material probatorio allegado carece de soporte técnico idóneo.

14. Afirmó que, en relación con el riesgo de desastres naturales, la competencia
de las Corporaciones Autónomas Regionales se circunscribe a la asesoría y
asistencia técnica en materia de prevención y gestión del riesgo, sin que les
corresponda la ejecución de obras civiles o de infraestructura destinadas a su
mitigación, responsabilidad que, por mandato legal, recae en las entidades
territoriales.

15. Afirmó que la Secretaría de Gobierno municipal y la Dirección Operativa de
Control Físico debían realizar una verificación del predio señalado por el accionante
con el acompañamiento de la CARDER, a fin de evaluar la situación de la presunta
cárcava y definir las acciones correspondientes. Asimismo, sugirió que se diera
traslado a la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo del municipio para que

8 Cfr. Índice 23 del Sistema de Gestión Judicial de SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
025ContestExcepcPoderYAnexMunSantuario(.pdf) NroActua 23 […]”
9
Cfr. Índice 24 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
029ContestExcepcPodeYAnexCARDER(.pdf) NroActua 24 […]”.
10
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA […]”.

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valore las condiciones de riesgo del sector y determine las medidas a adoptar,
incluyendo el mejoramiento de los sistemas de drenaje para prevenir procesos
erosivos y daños en la vivienda.

16. Propuso como excepciones la inexistencia de vulneración del derecho
invocado, al sostener que el riesgo no se origina en una acción u omisión atribuible
a la CARDER, sino en el eventual incumplimiento del ente territorial de sus
competencias en materia de gestión del riesgo y control de la ocupación,
particularmente respecto del establecimiento de una caballeriza en área urbana.
Igualmente, alegó la inexistencia de un perjuicio imputable a la entidad que legitime
la presente acción, la excepción genérica y la falta de competencia de la CARDER
para ejecutar las obras reclamadas por el actor en el marco de sus funciones
legales.

Actuaciones en primera instancia

17. El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió auto de 17 de septiembre de
202411 en el que admitió la demanda, ordenó notificar personalmente a las
entidades demandadas, al Ministerio Público y al Defensor Regional del Pueblo, así
como informar a la comunidad sobre la existencia del proceso.

18. El Tribunal Administrativo de Risaralda celebró la audiencia especial de
pacto de cumplimiento el día 9 de junio de 202512, la cual se declaró fallida ante la
falta de acuerdo entre las partes, por lo que dispuso continuar con el trámite del
proceso.

19. El Tribunal profirió auto de 25 de julio de 202513 a través del cual corrió
traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión.

20. La CARDER14 presentó escrito en el que reiteró los argumentos expuestos
en la contestación de la demanda.

21. La Defensoría del Pueblo15 solicitó que se accediera favorablemente a las
pretensiones de la demanda y se ordenaran las medidas necesarias para conjurar

11
Cfr. Índice 11 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
016AutoAdmiteDemanda 016AutoAdmiteDemanda(.pdf) NroActua 11 […]”.
12
Cfr. Índice 44 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
053ActaAudienciaPactoDeCumplimiento(.pdf) NroActua 44 […]”.
13 Cfr. Índice 60 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

071ActaAudienciaPruebas(.pdf) NroActua 60 […]”.
14
Cfr. Índice 63 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
073AlegatCARDER(.pdf) NroActua 63 […]”.
15 Cfr. Índice 62 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

072AlegatDefensorPuebl(.pdf) NroActua 62 […]”.

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la amenaza y proteger de manera efectiva los derechos colectivos de la comunidad
de la vereda La Linda.

22. Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio en
esta etapa procesal.

Sentencia de primera instancia

23. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda profirió
sentencia el día 23 de octubre de 2025 en la que resolvió lo siguiente16:

“[…] PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación
por pasiva, improcedencia de la acción, exoneración de responsabilidad y caducidad
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR el derecho colectivo a la seguridad y a la prevención de
desastres previsibles técnicamente, de conformidad con lo expuesto en la presente
providencia.

TERCERO: ORDENAR al Municipio de Santuario y al Departamento de Risaralda
que, dentro del mes (01) siguiente a la ejecutoria de la sentencia realice (sic) los
estudios técnicos integrales a fin de actualizar los estudios de amenaza y
vulnerabilidad para así integrar la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial,
elaborando a su vez un plan de contingencia.

CUARTO: ORDENAR al Municipio de Santuario, al Departamento de Risaralda y
a la CARDER que, en los dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia
realice los estudios técnicos tendientes a establecer qué obras son necesarias para
el manejo adecuado de aguas de escorrentía y residuales en la zona, que permitan
mitigar el riesgo evaluado.

Si los conceptos técnicos, reafirman que la situación de riesgo que plantea el
accionante, tiene igualmente un componente que se deriva de las actividades
económicas que realiza en su predio, en pendientes del 70% o más; también quedará
vinculado por las recomendaciones técnicas que se le realicen.

QUINTO: ORDENAR al Municipio de Santuario, al Departamento de Risaralda y
a la CARDER que en los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia
materialice las recomendaciones técnicas brindadas en concepto proferido por la
Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, actuando cada entidad en lo
referente a sus competencias.

Si los conceptos técnicos, reafirman que la situación de riesgo que plantea el
accionante, tiene igualmente un componente que se deriva de las actividades
económicas que realiza en su predio, en pendientes del 70% o más; también quedará
vinculado por las recomendaciones técnicas que se le realicen; en dicho escenario,
el plazo de 12 meses para la materialización, se contabilizará desde la
notificación/comunicación de las conclusiones de los reseñados informes.

Así mismo, las autoridades deberán realizar una campaña de sensibilización y manejo
de residuos y basura dirigida a los a habitantes del sector vereda La Linda con el fin
de visibilizar y proteger la zona afectada.

SEXTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, el cual estará integrado por el Magistrado Ponente de la Sala de Decisión
16Cfr. índice 32 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
35Sentencia_202402068SentenciaAP(.pdf) NroActua 32 […]”.

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N° 3 del Tribunal Administrativo de Risaralda, quien lo presidirá, por el Municipio de
Santuario, el Departamento de Risaralda, la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda-CARDER y por el agente del Ministerio Público, quienes harán seguimiento
a lo ordenado en la presente decisión y rendirán un informe dentro del mes siguiente
a la notificación de la presente providencia, sobre las acciones que se adopten y
ejecuten para el cabal cumplimiento de la sentencia.

SÉPTIMO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO. Fijar como agencias en derecho en favor del actor a cargo del Municipio
de Santuario, el Departamento de Risaralda y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda-CARDER, la suma total equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, esto es, $1.423.500,oo, la cual deberá ser cubierta por las
autoridades en proporciones iguales (33.33% cada una).

NOVENO. REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. […]”.

24. El Tribunal consideró que las entidades demandadas integran el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por lo que, desde sus competencias,
les corresponde adelantar acciones para identificar, evaluar y mitigar amenazas
dentro de sus territorios. Sostuvo que, aunque se han realizado visitas técnicas que
permiten constatar la existencia de un riesgo, no se evidencia la ejecución de obras
eficaces orientadas a su mitigación.

25. Afirmó que la gestión del riesgo, conforme a la Ley 1523 de 201217, constituye
un proceso integral orientado a la formulación y ejecución de políticas y acciones
permanentes para el conocimiento, reducción y manejo de desastres, en procura de
la seguridad, el bienestar y el desarrollo sostenible, sistema que involucra a
múltiples actores, destacándose el rol principal de los gobernadores y alcaldes,
quienes deben liderar las acciones en su respectivo ámbito territorial. Las
Corporaciones Autónomas Regionales cumplen una función de apoyo técnico y
ambiental, sin que ello releve a las autoridades territoriales de su responsabilidad
primaria.

26. Enfatizó que la eventual ocurrencia de fenómenos naturales no constituye un
eximente de responsabilidad estatal, pues precisamente la gestión del riesgo busca
anticiparlos y mitigarlos, aunque reconoció que el accionante contribuye
parcialmente a la situación, debido a sus actividades en condiciones de alta
pendiente, por lo que deberá acatar las recomendaciones técnicas que se formulen.

27. En cuanto a las costas procesales, consideró que el artículo 38 de la Ley 472
de 1998 dispone que, en materia de costas en acciones populares, se aplican las
reglas del Código General del Proceso, y solo es posible condenar al actor cuando

17 “[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.

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haya actuado con temeridad o mala fe. Asimismo, la condena en costas exige que
estas estén debidamente causadas y probadas, comprendiendo tanto las expensas
y gastos del proceso, como las agencias en derecho, las cuales deben liquidarse
con criterios objetivos y verificables en el expediente.

28. Indicó que la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado del 6 de
agosto de 2019, precisó que las normas de la Ley 472 de 1998 y del CGP deben
aplicarse de manera armónica. En ese sentido, se estableció que hay lugar a
condenar en costas a la parte demandada cuando la sentencia es favorable al actor
popular, incluyendo expensas, gastos y agencias en derecho, incluso si este no
actuó mediante apoderado. Por el contrario, solo procede condenar al actor cuando
haya obrado de mala fe o temeridad. En todos los casos, la condena se limita a las
costas efectivamente causadas y comprobadas.

29. Para el caso concreto, resaltó que no se acreditó la causación de expensas,
dado que el proceso se surtió principalmente con pruebas documentales y
testimoniales sin generar gastos adicionales. No obstante, al haberse accedido a
las pretensiones de la demanda, consideró que se deben reconocer agencias en
derecho a favor del actor, fijadas en un salario mínimo legal mensual vigente, a
cargo del Municipio de Santuario, el Departamento de Risaralda y la CARDER en
partes iguales, atendiendo la naturaleza del asunto, la calidad de la gestión y la
duración del proceso.

Recursos de apelación

Recurso de apelación presentado por la CARDER

30. La CARDER presentó escrito de 30 de octubre de 2025 mediante el cual
interpuso recurso de apelación que fundamentó en los siguientes argumentos18:

31. Solicitó, como argumentos de la apelación, de una parte, que se aclaren y
corrijan los yerros de interpretación jurídica contenidos en las órdenes impartidas a
la entidad por considerar que generan ambigüedad sobre el alcance de sus
competencias como autoridad ambiental; y, por otra parte, que se revoque la
condena en agencias en derecho, por estimar que la condena no tiene fundamento
procesal ni material frente a la entidad.

32. Señaló que el fallo reconoce que no existe un vínculo causal ni
responsabilidad atribuible a la CARDER frente a la situación de riesgo, destacando

18 Cfr. Índice 69 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 078ApelaciCARDER(.pdf)

NroActua 69 […]”.

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que su actuación se limitó al acompañamiento técnico y a la emisión de conceptos
especializados, como el concepto técnico 3066 de 2025. Sin embargo, en la parte
resolutiva de la sentencia se imparten órdenes relacionadas con la ejecución de
obras y la elaboración de estudios de ingeniería, lo que, a juicio de la CARDER, son
de competencia exclusiva de las entidades territoriales y no de la autoridad
ambiental.

33. Argumentó que la sentencia presenta una imprecisión sustantiva al equiparar
las expresiones “estudios técnicos” y “recomendaciones técnicas”, lo que genera la
apariencia de una obligación homogénea entre las entidades demandadas. Explicó
que mientras el “estudio técnico” es un instrumento de planeación y diagnóstico
de carácter operativo, orientado a la determinación de causas, diseño y ejecución
de obras o medidas correctivas de ingeniería, cuya elaboración y financiación está
a cargo de las entidades territoriales, el “concepto técnico” es un pronunciamiento
especializado de carácter orientador, emitido por la autoridad ambiental
competente, mediante el cual se valoran hechos concretos y se formulan
recomendaciones sustentadas en criterios científicos y normativos, sin generar
obligaciones de ejecución material.

34. Adujo que la CARDER, de acuerdo con los artículos 31 y 65 de la Ley 99 de
1993 y de la Ley 1523 de 2012, respectivamente, cumple funciones de
conceptuación, asistencia y asesoría técnica ambiental sin que le corresponda
realizar estudios técnicos de ingeniería ni obras de mitigación, lo que corresponde
a los municipios y departamentos.

35. Indicó que la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia proferida
el 4 de septiembre de 2025, dentro del expediente identificado con número único de
radicación 66001-23-33-000-2023-00026-0219 “[…] destacó que la autoridad
ambiental se opone a pretensiones que le exijan ejecutar obras civiles o de
infraestructura, por carecer de esa competencia legal; su intervención se
circunscribe a la emisión de conceptos técnicos, el acompañamiento y el ejercicio
de control y vigilancia ambiental […] En ese mismo proceso, ordenaron al municipio
realizar el estudio geotécnico y a la CARDER ejercer control, vigilancia y asesoría,
reflejando la distribución funcional entre el ente territorial (obras/estudios) y la
autoridad ambiental (concepto/acompañamiento/seguimiento) […]”.

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de septiembre

de 2025, CP. Pablo Andrés Córdoba Acosta, número único de radicación: 66001-23-33-000-2023-00026-02.

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36. Destacó que la distribución de competencias se observa en la Ley 1523 de
2012 sobre gestión del riesgo, los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad y las responsabilidades entre niveles de gobierno, así como en la
obligación municipal de integrar el análisis del riesgo en sus instrumentos de
planificación y asumir las actuaciones operativas para el conocimiento y la reducción
del riesgo, sin que se pueda trasladar a la CARDER la ejecución material de
estudios de ingeniería u obras.

37. Señaló que de conformidad con lo previsto en los literales f) y l) del artículo
31 de la Ley 99 de 1993, la CARDER no está obligada a desarrollar obras de
mitigación o infraestructura, competencia que recae en los municipios según lo
dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley 1523 de 2012.

38. Afirmó que esta Sección en su jurisprudencia ha precisado que las
Corporaciones Autónomas Regionales no son sujetos obligados a ejecutar obras
materiales o asumir compromisos presupuestales ajenos a su función ambiental,
precisando que su competencia se restringe al acompañamiento y asistencia
técnica. Lo que fundamentó en la sentencia de 19 de abril de 2018 proferida en el
proceso identificado con número único de radicación 66001-23-33-000-2013-00290-
0220, en la que, según lo expresado por el apoderado de la CARDER, esta Sección
consideró que “[…] el ejercicio de las funciones ambientales no comprende la
realización de obras civiles de infraestructura, por ser competencia propia de los
entes territoriales […]”.

39. Señaló que la ambigüedad de la sentencia apelada genera el riesgo de que
se exija a la CARDER la ejecución de actuaciones respecto de las cuales no tiene
competencia legal ni asignación presupuestal. Por lo que adujo que la expresión
“[…] materializar las recomendaciones técnicas […]”, contenida en el ordinal quinto
de la parte resolutiva de la sentencia debe entenderse de manera diferenciada, esto
es que para las entidades territoriales implica la ejecución de obras y medidas
correctivas y para la CARDER, significa el cumplimiento de funciones de apoyo
técnico, emisión de conceptos ambientales y seguimiento a las intervenciones.
Adujo que una interpretación diferente vulnera el principio de legalidad
administrativa previsto en el artículo 121 de la Constitución Política.

40. Por otro lado, respecto a la condena en costas por concepto de agencias en
derecho, señaló que carece de fundamento jurídico frente a la entidad, pues el

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de
2018, CP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 66001-23-33-000-2013-00290-02.

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Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01

Tribunal no identificó un vencimiento procesal, ni una conducta omisiva o de
resistencia frente a la protección del derecho colectivo amparado y, por el contrario,
la entidad tuvo una participación activa, técnica y colaborativa dentro del proceso,
que se demuestra con los informes, conceptos y escritos allegados al expediente.
Por lo que aseguró que la condena económica resulta desproporcionada y contraria
a la finalidad de las acciones populares, orientadas a restablecer el derecho
colectivo y no a sancionar.

41. Adujo que uno de los magistrados del Tribunal presentó salvamento parcial
de voto respecto de la tasación de costas y agencias en derecho, en el que se
cuestionó la aplicación del Acuerdo PSAA16-10554 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura, al considerar que el parámetro establecido en el referido
Acuerdo no es adecuado para este tipo de acciones. Señaló que esta disidencia
refuerza la improcedencia de imponer condena a la CARDER frente al pago de
agencias en derecho, por no haber sido vencida en juicio ni haber actuado en forma
temeraria o negligente.

42. Argumentó que la jurisprudencia del Consejo de Estado21, al aplicar el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998, ha indicado que la condena en costas por
concepto de agencias en derecho en acciones populares solo procede cuando se
verifica una conducta procesal contraria a la buena fe o una evidente negligencia de
la entidad demandada, circunstancias que no se configuran en este caso.

43. Finalmente, solicitó revocar parcialmente la sentencia apelada,
concretamente, en cuanto a las órdenes y condenas impartidas a la CARDER.

Recurso de apelación adhesiva presentado por los coadyuvantes

44. Los señores Cotty Morales Caamaño y Julio César Durán Morales22
presentaron, de manera conjunta y mediante apoderado judicial, escrito de 5 de
noviembre de 2025, a través del cual interpusieron recurso de reposición y en
subsidio recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia,
que fundamentaron en los siguientes argumentos23:

45. Afirmaron que la sentencia incurre en una omisión sustancial al no reconocer
la participación de los coadyuvantes, pese a que la Ley 472 de 1998 les otorga la
misma posición procesal del actor popular. Esta omisión vulnera el debido proceso,

21 La CARDER citó el número único de radicación: 25000-23-24-000-2005-00428-01, sentencia de 10 de mayo

de 2012, Sección Tercera.
22 Mediante apoderado judicial.
23 Cfr. índice 70 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 079ApelacCoadyuv(.pdf) NroActua 70 […]”.

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Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01

el derecho de acceso a la administración de justicia y el principio de participación
ciudadana, además de desconocer el modelo constitucional de democracia
participativa. Advirtieron que no se trata de un defecto meramente formal, sino de
una falla con efectos materiales, pues invisibiliza actuaciones relevantes dentro del
proceso y desincentiva la intervención ciudadana en la defensa de derechos
colectivos.

46. Cuestionaron la tasación de las agencias en derecho, al considerar irrisorio
fijarlas en un salario mínimo, haciendo que esta práctica desconozca la complejidad
técnica del litigio, el tiempo invertido, la calidad de la gestión jurídica y el impacto
social de la decisión, reduciendo injustificadamente el valor del trabajo profesional.
Adicionalmente, adujeron que la tasación referida a salarios mínimos debía
entenderse como una base para la condena por agencias en derecho y no como un
tope. En consecuencia, propusieron el reconocimiento proporcional, razonable y
sostenible de costas procesales por concepto de agencias en derecho, que
fortalezca la capacidad de participar efectivamente en la defensa de lo público.

47. Señalaron que el salvamento parcial de voto de la sentencia proferida en
primera instancia demostraba “la idealización del altruismo gratuito como único
motor legítimo de la defensa del interés colectivo”. A su vez, plantearon un análisis
crítico del salvamento de voto que, a juicio del apoderado de los coadyuvantes,
legitima la decisión mayoritaria del Tribunal respecto a la subtasación de la condena
por agencias en derecho.

48. Adujeron que la aplicación del Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior
de la Judicatura resulta inadecuada en acciones populares, y que la tasación debe
atender criterios objetivos como la naturaleza del proceso, su duración y la
intensidad de la actividad desplegada. Recalcaron que esta subvaloración genera
incentivos perversos pues desestimula el ejercicio de acciones populares,
desincentiva la participación de abogados y ciudadanos, y hace económicamente
más conveniente para el Estado incumplir sus obligaciones.

49. Solicitaron subsidiariamente que se haga un control de constitucionalidad y
de convencionalidad. Para desarrollar este argumento contenido en el recurso de
apelación, se refirieron a la “arquitectura constitucional de la participación
democrática”, a la “coadyuvancia como materialización del proyecto constitucional”,
a los “estándares interamericanos sobre participación en asuntos ambientales” y a
la “aplicación del control de convencionalidad”.

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Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01

50. En este punto afirmaron que la práctica de no reconocer adecuadamente a
los coadyuvantes en la sentencia ni tasar correctamente las agencias en derecho
vulnera derechos fundamentales como la igualdad, el debido proceso y el acceso
efectivo a la justicia e indicaron que esta situación es contraria a los estándares
interamericanos al crear barreras económicas que limitan la participación ciudadana
en la protección de derechos colectivos.

51. Asimismo, resaltaron la necesidad de que se planteara la existencia de un
problema estructural de constitucionalidad por la forma como la jurisdicción de lo
contencioso administrativo ha venido tramitando las coadyuvancias en las acciones
populares. Lo que fundamentaron en la invisibilización de los coadyuvantes, el no
reconocimiento de costas procesales, la ausencia de motivación para negar el
reconocimiento de costas a favor de los coadyuvantes y la inconsistencia con lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 472 de 1998, que faculta a los coadyuvantes
para asumir la posición procesal del demandante.

52. Señalaron que los anteriores defectos vulneran el debido proceso, la
participación democrática, la igualdad procesal, generan una incompatibilidad con
el modelo constitucional de democracia participativa y entran en tensión con los
compromisos internacionales asumidos por el Estado colombiano en materia de
acceso a la justicia, para lo cual citaron los casos conocidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos denominados Claude Reyes vs. Chile (2006)
y Acevedo Buendía vs. Perú (2009).

53. Alegaron el desconocimiento de los artículos 4.5 y 8 del Acuerdo de Escazú,
por lo que a juicio del apoderado de los coadyuvantes, es procedente el control de
convencionalidad acudiendo al caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006), razón por
la cual solicitaron verificar la compatibilidad de la sentencia apelada con los artículos
8, 23, 25 y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por considerar
que la supuesta invisibilización de los coadyuvantes en la sentencia proferida en
primera instancia constituye una barrera indebida al ejercicio efectivo de los
derechos fundamentales, colectivos y a los compromisos internacionales de
Colombia.

54. En síntesis, solicitaron una reformulación de la jurisprudencia, por lo que
advirtieron la necesidad de hacer una evolución jurisprudencial y propusieron una
“jurisprudencia prospectiva”, que abarcara los siguientes aspectos: i) el
reconocimiento expreso de los coadyuvantes en la parte motiva de la sentencia, ii)
la inclusión de estos como beneficiarios de agencias en derecho, iii) la adopción de

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criterios objetivos de tasación que tomen el salario mínimo como base y no como
límite, y iv) la valoración de la complejidad técnica y el impacto del caso.

55. Incluyeron un acápite en el escrito del recurso de apelación que titularon
“Diálogo con la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019”, en el que
presentaron observaciones respecto a la forma en que el Tribunal interpretó las
reglas de unificación. Concretamente, reiteraron su inconformidad respecto de la
subtasación de las agencias en derecho, la necesidad de reconocer valor a la labor
intelectual de defender el interés público, la inexistencia de tarifas específicas
adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura para tasar las agencias en
derecho en las acciones populares, por lo que concluyeron que la propuesta para
modificar la jurisprudencia en materia de condena por agencias en derecho no
contradice la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado en el año
2019 y, por el contrario, se ajusta a la política pública de fortalecimiento de la justicia
colectiva.

56. Propusieron un análisis prospectivo y sistémico en el sentido de que
mantener la práctica actual conducirá a una reducción en la presentación de
acciones populares, una menor calidad en la defensa de los derechos colectivos y
un aumento de los daños evitables, mientras que una adecuada tasación de
agencias fortalecería el control ciudadano, incentivaría el cumplimiento estatal y
mejoraría la eficacia del sistema de protección de derechos colectivos.

57. Por lo anterior, solicitaron modificar la sentencia y la fijación de un nuevo
precedente jurisprudencial que corrija esta práctica. En concreto, solicitaron fijar las
agencias en derecho en 3 SMLMV para el actor popular y 1 SMLMV para cada
coadyuvante, en atención a la duración del proceso, la calidad de la gestión y la
relevancia del asunto.

58. Señalaron que la forma en que se viene realizando la condena por concepto
de agencias en derecho es necesario analizarla desde razonamientos económicos.
Concretamente, acudieron a la relación costo – beneficio, a la comparación con la
tasación que respecto de las agencias en derecho se hacen en otros medios de
control, al costo real del supuesto “ahorro” en costas procesales y al problema de la
tragedia de los comunes en materia judicial.

59. Finalmente, plantearon dos escenarios futuros con el fin de sustentar la
necesidad del cambio jurisprudencial. El primero, en el que se mantuviera el statu
quo, que traería como consecuencia mayores costos ante crisis evitables, familias

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afectadas y deterioro en la confianza hacía las instituciones. Y el segundo, en el que
se adoptara un reconocimiento robusto de costas procesales, el cual traería como
consecuencia la inversión incremental en el pago de costas compensado por el
ahorro de recursos económicos por las crisis prevenidas.

Concesión de los recursos de apelación

60. La sentencia proferida en primera instancia fue notificada el día 27 de octubre
de 202524, por lo que el término para interponer el recurso de apelación finalizó el
día 4 de noviembre de la misma anualidad.

61. La CARDER interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por
el Tribunal el día 30 de octubre de 202525, esto es, dentro de la oportunidad procesal
para su presentación.

62. El apoderado judicial de los coadyuvantes26 allegó escrito de 5 de
noviembre de 2025, por fuera de la oportunidad procesal para interponer el recurso
de apelación y vencido el término de ejecutoria, sin embargo, el escrito fue
presentado dentro del término legal para adherirse al recurso de apelación
interpuesto por la CARDER.

63. En el escrito allegado por el apoderado de los coadyuvantes se solicitó
reponer la sentencia de 23 de octubre de 2025, como argumento del recurso se
solicitó adicionar la parte motiva de la sentencia en el sentido de reconocer
expresamente la participación de los coadyuvantes y, subsidiariamente, conceder
el recurso de apelación.

64. El magistrado sustanciador del Tribunal profirió auto de 16 de diciembre de
202527, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado
oportunamente por la CARDER y el recurso de apelación adhesiva allegado por
el apoderado judicial de los coadyuvantes contra la sentencia proferida en
primera instancia.

24 Cfr. Índice 68 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
076SoporteNotificaciónSentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 68 […]”.
25 Cfr. Índice 69 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

078ApelaciCARDER(.pdf) NroActua 69 […]”.
26 La sentencia proferida por el Tribunal fue notificada el día 27 de octubre de 2025, de acuerdo con la anotación

contenida en el índice 68 de SAMAI, por lo que el término para interponer el recurso de apelación finalizó el día
4 de noviembre de 2025 y
27 Cfr. índice 72 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:

“[…] 081AutoConcedeApelación(.pdf) NroActua 72 […]”.

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Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01

65. El precitado auto fue notificado por estado y mediante envío de comunicación
a los correos electrónicos registrados en el expediente el día 19 de diciembre de
2025, sin que contra esa providencia se interpusieran recursos.

Actuaciones en segunda instancia

66. El Despacho sustanciador profirió auto del 6 de marzo de 2026 28, notificado
el 11 de marzo de la misma anualidad, mediante el cual se admitió el recurso de
apelación presentado por la CARDER y el recurso de apelación adhesiva
presentado por los coadyuvantes. Asimismo, ordenó notificar a las partes e
intervinientes y al Procurador Delegado en lo Contencioso Administrativo ante el
Consejo de Estado. Adicionalmente, advirtió a las partes que, de no solicitar la
práctica de pruebas durante el término de ejecutoria de la precitada providencia, se
prescindiría del traslado para alegar de conclusión y entraría el proceso al despacho
para fallo, sin que contra esa providencia se interpusieran recursos29.

67. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

68. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

69. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201930, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el artículo 15031 de la Ley
1437 de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, se
precisa que esta Sección es competente para conocer en dicha instancia de los
recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

28 Cfr. Índice 5 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
10Autoqueadmite_AP20240026201Avelino(.pdf) NroActua 5 […]”.
29 Cfr. Índice 9 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] Soporte comunicación POR

ESTADO de fecha (.pdf) NroActua 9 […]”.
30
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1 del
Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
31 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.

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Asimismo, de conformidad con los artículos 32032 y 32833 de la Ley 1564 de 12 de
julio de 201234, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae el recurso de apelación interpuesto por la
CARDER y el recurso de apelación adhesiva presentado por los señores Julio César
Durán Morales y Cotty Morales Caamaño.

70. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

71. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:

71.1. Si la CARDER es responsable de la vulneración del derecho colectivo
amparado en la sentencia apelada.

71.2. Si las órdenes impartidas por el Tribunal a la CARDER se ajustan al marco
competencial de la entidad.

71.3. Si la condena en costas procesales por concepto de agencias en derecho
realizada en la sentencia apelada cumple la normativa legal y las reglas
jurisprudenciales sobre la materia.

71.4. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 23 de octubre de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Risaralda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

72. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad

32 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
33 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
34 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

73. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “[…]
los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

74. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.

75. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses colectivos.

76. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”35.

77. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472
de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa y por lo tanto puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes y en consecuencia
cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés
colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador,
habrá de acudirse a las acciones pertinentes.

78. La parte actora señaló en la demanda como vulnerado el derecho colectivo
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente cuyo contenido
y alcance se sintetizan a continuación de manera general:

Derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente

79. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente está enlistado en el literal l del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

80. Para precisar el contenido de este derecho es pertinente hacer referencia al
artículo 1 de la Ley 1523 de 24 de abril de 201236, el cual dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 1. De la Gestión del Riesgo de Desastres. La gestión del riesgo de
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.

Parágrafo 1. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades
en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población.

Parágrafo 2. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que
hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y
recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos […]”.

81. De la norma transcrita se destaca que la gestión del riesgo es un proceso
social ejercido a través de instrumentos de política pública que busca el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito

36
“[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.

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explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, se resalta que la gestión del riesgo se
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros,
los derechos e intereses colectivos.

82. La Ley 1523 de 2012 definió en el artículo 5 el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres como el “[…] conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias,
instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se
aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país […]”.

83. Asimismo, la precitada ley dispuso que integran el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras, las entidades públicas que tengan
dentro de su misión y responsabilidad la gestión del desarrollo social, económico y
ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y
proyectos de inversión y en el marco de los principios desarrollados en el artículo 3
de la precitada ley, en especial, los de igualdad, protección, solidaridad social,
autoconservación, participación, diversidad cultural, interés público o social,
precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, entre otros.

Análisis del caso concreto

84. La Sala, de una parte, estudiará la competencia de la CARDER como
autoridad ambiental respecto de la protección del derecho colectivo a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente; y, de la otra, determinará si la
CARDER está facultada o no para cumplir las órdenes que le fueron impartidas en
la sentencia de primera instancia.

85. Asimismo, la Sala analizará los argumentos expuestos por la CARDER y por
los coadyuvantes de la parte actora referidos a la condena en costas procesales por
concepto de agencias en derecho.

86. La Sala precisa que ni en el recurso de apelación interpuesto por la CARDER
ni en el recurso de apelación adhesiva presentado por los coadyuvantes de la parte
actora se cuestionó la amenaza y vulneración del derecho colectivo a la seguridad
y prevención de desastres previsibles técnicamente, razón por la cual, la Sala se
abstendrá de hacer el recuento probatorio de los medios de prueba que fueron
allegados al expediente y solo se hará referencia a aquellas pruebas necesarias
para resolver los argumentos de los recursos de apelación.

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Sobre la responsabilidad de la CARDER en la vulneración del derecho
colectivo amparado y el cumplimiento de las órdenes impartidas a esa entidad
en la sentencia de primera instancia

87. La Sala destaca la normativa que regula las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales contenidas en el artículo 31 de la Ley 99 de
199337, en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales
ejercerán las siguientes funciones:
[…]
2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su
jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los
criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
[…]
4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su
jurisdicción y en especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental
y en sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente
y los recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades
territoriales;

[…]

8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de
educación ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no
formal, conforme a las directrices de la política nacional;

[…]

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los
suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables
o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;

[…]

17. Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas
por la ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en
la ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo
de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados;

37 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión

y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”

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[…]

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa contra las
inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y de recuperación de
tierras que sean necesarias para la defensa, protección y adecuado manejo de
las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en coordinación con
los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones técnicas
correspondientes […];

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables;

[…]

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de
emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo,
tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación;

[…]

PARÁGRAFO 4. Las Corporaciones Autónomas Regionales realizarán sus
tareas en estrecha coordinación con las entidades territoriales y con los
organismos a las que éstas hayan asignado responsabilidades de su competencia
[…]”. (Destacado fuera de texto).

88. Asimismo, las Corporaciones Autónomas Regionales en materia de gestión
del riesgo de desastres tienen específicas funciones, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, en el que se dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el Sistema
Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, que
para efecto de la presente ley se denominarán las corporaciones autónomas
regionales, como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además
de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes
que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción
del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo.

Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y gobernaciones,
y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio y, por tanto, no eximen
a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad primaria en la
implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres.

Parágrafo 2. Las corporaciones autónomas regionales deberán propender por
la articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión
del riesgo de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial sostenible.

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Parágrafo 3°. Las corporaciones autónomas regionales como integrantes de los
consejos territoriales de gestión del riesgo, en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, deben
apoyar a las entidades territoriales que existan en sus respectivas
jurisdicciones en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de
acuerdo con el ámbito de su competencia y serán corresponsables en la
implementación.

Parágrafo 4°. Cuando se trate de Grandes Centros Urbanos al tenor de lo establecido
en la Ley 99 de 1993, en lo relativo a los comités territoriales, harán parte de estos
las autoridades ambientales locales […]”. (Destacado fuera de texto).

89. Esta Sección en sentencia de 2 de octubre de 2025 consideró lo siguiente38:

“[…] Para la Sala resulta claro que la obligación de ejecutar las obras que, desde
el punto de vista técnico resulten necesarias para mitigar el riesgo de erosión
advertido en el talud aledaño a la quebrada en inmediaciones los barrios
Independencia, Libertadores y Divino Niño, en el que según lo acreditado en el
proceso tienen injerencia la deforestación del área de reserva protectora adyacente
a la fuente hídrica, la construcción de viviendas en ese espacio físico de protección y
el manejo inadecuado de aguas lluvias, recae principalmente en el MUNICIPIO,
en consideración a la forma en que está estructurado el Sistema de Gestión y
Prevención del Riesgo.

En efecto, en el ámbito territorial, la Ley ídem otorgó funciones específicas en materia
de gestión del riesgo a los alcaldes en los siguientes términos:

“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el
distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo
y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción […]”.

“[…] 2.- Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,
especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública [...]”.

De igual manera, las funciones encomendadas a cada uno de los integrantes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están regidas por los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, definidos por la misma Ley
1523, reconocidos en el artículo 288 de la Constitución Política como rectores en el
ejercicio de las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y
desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 1994.

Asimismo, cabe destacar que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica al alcalde, en su
calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable directo de la
implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio,
incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el
área de su jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los artículos 311 de la
Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994, que definen al municipio
como la entidad territorial fundamental en la división político administrativa del Estado,
cuya finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover
la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes,
buscar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de
su territorio.

38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de

2025, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 660012333000202100152-01.

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Por consiguiente, en lo atinente a la política de gestión y prevención del riesgo, es al
MUNICIPIO en cabeza de su alcalde, a quien corresponde de manera principal
implementar, ejecutar, desarrollar, entre otras, las políticas, actividades y gestiones
tendientes a dicho fin.

No obstante, lo anterior no implica que deba dejarse de lado que la misma Ley
1523 y el Decreto 4147 de 2011 establecieron un trabajo coordinado y armónico
con las demás entidades, en torno al desarrollo de dicha política, esquema
dentro del cual a la CARDER también le asisten competencias.

En consecuencia, dado que el proceso erosivo inicia en el cauce de la quebrada
Manizales y se acentúa a lo largo de la pendiente del talud adyacente con
ocasión de actividades antrópicas, la ejecución de las intervenciones de orden
técnico que demanda la problemática expuesta no solo competen al MUNICIPIO,
sino a la CARDER en virtud de la consecuente afectación del cuerpo hídrico y
los recursos naturales asociados a esta, y acorde con las funciones legales que
atañen a la autoridad ambiental, concretamente las previstas en el artículo 31,
numerales 19, 20 y 23 de la Ley 99 de 1993.

En tal sentido, contrario a lo expuesto por la CARDER en la alzada, la solución
efectiva e integral para superar las múltiples causas de la afectación acreditada
durante el trámite de este proceso hacen imperiosa la concurrencia de ambas
entidades en el ámbito funcional que a cada una de estas compete […]”.
(Destacado fuera de texto).

90. La Sala destaca que esta Sección39 ha determinado que en materia de
gestión del riesgo a quien le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, entre
otras, las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente
al municipio en cabeza de su alcalde. No obstante, ello no significa que se deba
dejar de lado que la misma Ley 1523 de 2012 estableció un trabajo coordinado y
armónico con las demás entidades, dentro de las que se encuentran las
Corporaciones Autónomas Regionales, a las que se les asigna especiales funciones
de asesoría, orientación y apoyo a las entidades territoriales de distinto orden en
materia de gestión del riesgo.

91. De la misma manera, respecto de las Corporaciones Autónomas Regionales,
el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, estableció su competencia en materia de
gestión del riesgo. Concretamente, la precitada norma establece que las
Corporaciones Autónomas Regionales “[…] [a]poyarán a las entidades territoriales
de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de
desarrollo […]”. (Destacado fuera de texto).

39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 29 de julio de 2021,
CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 81001-23-39-000-2018-00043-01; sentencia de
28 de noviembre de 2019, número único de radicación: 13001-23-33-000-2015-00052-02 y sentencia de 5 de
octubre de 2023, número único de radicación: 17001233300020170052401.

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92. Ahora bien, luego de analizar la normativa y la jurisprudencia referidas a las
funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales en materia de gestión del
riesgo, la Sala estudiará cada uno de los argumentos expuestos por la CARDER en
el recurso de apelación.

Sobre la congruencia de la sentencia frente a las órdenes impartidas a la CARDER

93. La CARDER señaló que el fallo reconoce que no existe un vínculo causal ni
responsabilidad atribuible a la entidad frente a la situación de riesgo, sin embargo,
en la parte resolutiva imparte órdenes a la entidad, por lo que, a su juicio, resulta
incongruente la sentencia apelada.

94. Para resolver este argumento, la Sala destaca las consideraciones realizadas
por el Tribunal frente a la responsabilidad de la CARDER y el fundamento de las
órdenes que le fueron impartidas:

“[…] las Corporaciones Autónomas Regionales también hacen parte de este
sistema, y en su competencia se encuentra el brindar apoyo a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios
para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y
de desarrollo, su papel es complementario y subsidiario respecto a la labor de
alcaldías y gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de
gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio
y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su responsabilidad
primaria en la implementación de los procesos de gestión del riesgo de
desastres.

Luego entonces, si bien es cierto, las autoridades accionadas, no conocían
previamente de la situación de amenaza; no es menos cierto, que la misma se viene
presentando progresivamente desde años atrás sin que se adelante por parte de las
entidades territoriales las obras pertinentes para su mitigación, pues si bien se ha
evidenciado que existió en algún momento intervención en la zona, la misma
en la actualidad resulta insuficiente, de ahí que se imponga emitir órdenes
para garantizar el derecho a la seguridad y la prevención de desastres
previsibles técnicamente.

[…]

En conclusión, se AMPARARÁ el derecho colectivo a la seguridad y a la
prevención de desastres previsibles técnicamente determinando como
legitimados por activa tanto el Municipio de Santuario, al Departamento de
Risaralda y a la CARDER para que actuando cada una dentro de sus facultades
desarrollen actividades que propendan por mitigar los riesgos evidenciados
[…]”.

95. La Sala evidencia que el Tribunal en la sentencia apelada consideró que la
CARDER estaba legitimada por activa para cumplir las órdenes que le fueron
impartidas en razón a que tiene la competencia para apoyar al municipio en los
estudios necesarios para conocer y reducir el riesgo. De la misma manera, el

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Tribunal precisó que la labor de la autoridad ambiental era complementaria y
subsidiaria de la obligación que recae en la entidad territorial.

96. Así las cosas, la Sala no observa que exista la incongruencia alegada por el
apoderado judicial de la CARDER y, por el contrario, se destaca que el Tribunal
expuso en la parte considerativa de la decisión apelada las razones para impartir
las órdenes a cargo de la autoridad ambiental.

97. La Sala resalta que en reiterada jurisprudencia de esta Sección40, se ha
considerado que el juez popular puede impartir órdenes a las autoridades que,
dentro de su órbita funcional, estén llamadas a garantizar la protección del derecho
colectivo, independientemente de su participación en la generación del daño, ya que
las órdenes deben recaer sobre las entidades con el deber jurídico de intervención,
aunque no sean las causantes directas de la vulneración. La intervención de la
CARDER como administradora del medio ambiente en la jurisdicción en la que se
presenta la amenaza de deslizamiento faculta a la Corporación Autónoma Regional
para realizar las acciones necesarias para conocer y mitigar el riesgo de desastres.

98. Así las cosas, el primer argumento analizado en este acápite no tiene
vocación de prosperidad, en razón a que el Tribunal expuso las consideraciones
pertinentes y suficientes en la parte motiva de la sentencia apelada para impartir las
órdenes a cargo de la CARDER.

Sobre la distinción entre “estudios técnicos” y “conceptos técnicos”

99. La CARDER en el recurso de apelación señaló que la sentencia presenta
una imprecisión sustantiva al equiparar las expresiones “estudios técnicos” y
“recomendaciones técnicas”, lo que genera la apariencia de una obligación
homogénea entre las entidades demandadas. Explicó que mientras el “estudio
técnico” es un instrumento de planeación y diagnóstico de carácter operativo,
orientado a la determinación de causas, diseño y ejecución de obras o medidas
correctivas de ingeniería, cuya elaboración y financiación está a cargo de las
entidades territoriales, el “concepto técnico” es un pronunciamiento especializado
de carácter orientador, emitido por la autoridad ambiental competente, mediante el
cual se valoran hechos concretos y se formulan recomendaciones sustentadas en
criterios científicos y normativos, sin generar obligaciones de ejecución material,
relacionadas con la ejecución de obras y la elaboración de estudios de ingeniería,
lo que compete exclusivamente a las entidades territoriales.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 2 de octubre de

2025, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 66001-23-33-000-2021-00152-01.

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100. La Sala considera que respecto de este argumento la entidad no expuso las
razones normativas que fundamentan la diferencia entre los estudios y conceptos
técnicos, ni sustentó la afirmación según la cual solo corresponde a la autoridad
ambiental emitir estos últimos, siendo una carga de la entidad apelante fundamentar
las razones de sus argumentos.

101. Por el contrario, la Sala destaca que el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012
establece que las Corporaciones Autónomas Regionales “[…] [a]poyarán a las
entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento
territorial y de desarrollo […]”, sin que la norma contenga la distinción que plantea
la CARDER.

102. Por lo anterior, la Sala no evidencia que la normativa que regula la gestión
del riesgo de desastres y, concretamente, las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales en esta materia, establezca una distinción entre conceptos
e informes técnicos, en los términos expuestos en el recurso de apelación
presentado por la CARDER, por lo que el argumento estudiado en este acápite no
prospera.

Sobre los supuestos yerros de interpretación contenidos en las órdenes respecto al
alcance de las competencias de la entidad como autoridad ambiental.

103. La CARDER sostuvo que no tiene la función de realizar estudios técnicos de
ingeniería ni obras de mitigación, lo cual, a juicio de la entidad, corresponde a los
municipios y departamentos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1523 de
2012.

104. La Sala destaca que el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, al cual ya se hizo
referencia en esta providencia, establece las funciones de las Corporaciones
Autónomas Regionales, de las cuales se destacan, entre otras cosas: “[…] ejercer
la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción […]”; “[…]
asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión territorial
en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus programas y
proyectos en materia de protección del medio ambiente y los recursos naturales
renovables […]”; “[…] promover y realizar conjuntamente con los organismos
nacionales adscritos y vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las
entidades de apoyo técnico y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA),

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estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos naturales
renovables […]”; “[…] Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento,
defensa contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y
de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa, protección y
adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del territorio de su jurisdicción, en
coordinación con los organismos directores y ejecutores del Sistema Nacional de
Adecuación de Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes […]”; y “[…] Realizar actividades de análisis,
seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás
autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas
urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces
y reforestación […]”. (Destacado fuera de texto).

105. El artículo 65 de la Ley 99 de 1993 establece las funciones especiales de los
municipios en materia ambiental, sin que de su contenido se advierta que la
obligación para realizar estudios técnicos de ingeniería y obras de mitigación
recaiga de manera exclusiva en la entidad territorial, como se señaló en el recurso
de apelación. Adicionalmente, aunque en el recurso de apelación se aludió a los
literales f) y l) del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, la Sala no evidencia que la
precitada disposición contenga literales.

106. Asimismo, el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012 establece las funciones de
las Corporaciones Autónomas Regionales como integrantes del sistema nacional
de gestión del riesgo, destacando que “[…] Apoyarán a las entidades territoriales
de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de
ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de
desarrollo […]”.

107. En este punto, la Sala destaca que las órdenes impartidas a la CARDER en
la sentencia apelada están contenidas en los ordinales cuarto y quinto de la parte
resolutiva de esa providencia, los cuales disponen lo siguiente:

“[…] CUARTO: ORDENAR al Municipio de Santuario, al Departamento de Risaralda
y a la CARDER que, en los dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
realicen los estudios técnicos tendientes a establecer qué obras son necesarias
para el manejo adecuado de aguas de escorrentía y residuales en la zona, que
permitan mitigar el riesgo evaluado.

Si los conceptos técnicos, reafirman que la situación de riesgo que plantea el
accionante, tiene igualmente un componente que se deriva de las actividades

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económicas que realiza en su predio, en pendientes del 70% o más; también quedará
vinculado por las recomendaciones técnicas que se le realicen […]”.

“[…] QUINTO: ORDENAR al Municipio de Santuario, al Departamento de Risaralda y
a la CARDER que en los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia,
materialicen las recomendaciones técnicas brindadas en concepto proferido
por la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo, actuando cada
entidad en lo referente a sus competencias.

Si los conceptos técnicos, reafirman que la situación de riesgo que plantea el
accionante, tiene igualmente un componente que se deriva de las actividades
económicas que realiza en su predio, en pendientes del 70% o más; también quedará
vinculado por las recomendaciones técnicas que se le realicen; en dicho escenario,
el plazo de 12 meses para la materialización, se contabilizará desde la
notificación/comunicación de las conclusiones de los reseñados informes.

Así mismo, las autoridades deberán realizar una campaña de sensibilización y
manejo de residuos y basura dirigida a los a habitantes del sector vereda La
Linda con el fin de visibilizar y proteger la zona afectada […]”. (Destacado fuera
de texto).

108. La Sala destaca que la orden impartida en el ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada se acompasa con las funciones de la CARDER
a las que ya se hizo referencia en esta providencia, toda vez que la orden fue
impartida a la autoridad ambiental, al municipio y al departamento para que en el
plazo de 2 meses, contados desde la ejecutoria de la sentencia, realicen los
estudios técnicos tendientes a establecer qué obras son necesarias para el
manejo adecuado de aguas de escorrentía y residuales en la zona, que
permitan mitigar el riesgo evaluado, lo que está fundamentado en el artículo 31
de la Ley 1523 de 2012 que prevé que las Corporaciones Autónomas Regionales
deben apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los
estudios para el conocimiento y reducción del riesgo, sin que con la orden impartida
se vulnere la distribución de competencias a nivel territorial, ni los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad, tal como lo señaló la entidad apelante.

109. Respecto a la orden impartida en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida en primera instancia, la Sala destaca que en la parte motiva de
la precitada providencia se aludió al concepto emitido por la Coordinación
Departamental de Gestión del Riesgo, que tuvo como fundamento la visita técnica
realizada el día 20 de junio de 2025 al predio denominado La Isla de la vereda La
Linda del Municipio de Santuario, en la que se identificó un proceso de inestabilidad
de laderas, inducido por socavación fluvial y erosión hídrica progresiva respecto de
la base del talud, ocasionando debilidad en el soporte natural del terreno, concepto
en el que se formularon las siguientes recomendaciones técnicas41:

41Cfr. Índice 52 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
062InformDptoRisaralda(.pdf) NroActua 52 […]”.

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“[…] 1. Se sugiere evitar cualquier manejo de suelo de tipo productivo en el
sector que presenta la afectación dado que la inestabilidad de las laderas se
agravará en temporadas de lluvias, es importante generar una migración
paulatina de usos productivos a manejo forestal, dado que las laderas afectadas
por los eventos de inestabilidad limitan un cauce de escorrentía perenne y es
necesario garantizar la franja de protección forestal en el mismo. Se debe
gestionar con la autoridad ambiental CARDER el acompañamiento técnico para
el diseño e implementación de medidas de recuperación ecológica del terreno.

2. Se recomienda realizar una limpieza inmediata de la maleza acumulada de la
obra trasversal para garantizar el libre flujo del agua y prevenir posibles
taponamientos en época de lluvias.

3. Debido a la magnitud del proceso de socavación en la parte baja de la ladera, se
recomienda implementar soluciones de bioingeniería en la zona, que ayuden a
estabilizar el suelo y controlar la erosión progresiva, realizando la instalación
de barreras vivas como especies nativas de la zona, siembra de especies
herbáceas con coberturas rastreras como vetiver.

4. Se recomienda realizar un monitoreo de la escorrentía proveniente de la vía
Cod. 562: Aunque no se considera actualmente un contribuyente significativo a
la inestabilidad, es importante realizar un seguimiento para determinar su
influencia real en épocas de lluvias intensas.

5. Aunque no hay afectación directa a la vivienda del señor Arredondo, se recomienda
mantener vigilancia preventiva del avance del proceso y registrar cualquier
cambio significativo que pueda representar un riesgo futuro […]”. (Destacado
fuera de texto).

110. La Sala considera que la orden impartida en el ordinal quinto de la sentencia
apelada tendiente a que el Municipio de Santuario, el Departamento de Risaralda y
la CARDER, en el término de los doce (12) meses siguientes a la ejecutoria de la
sentencia, materialicen las recomendaciones técnicas brindadas en el
concepto emitido por la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo,
actuando cada entidad en lo referente a sus competencias, está acorde con las
funciones que deben cumplir las Corporaciones Autónomas Regionales, según la
normativa citada en esta providencia, máxime cuando las recomendaciones
contenidas en el concepto de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo
aluden a aspectos de contenido ambiental y de gestión del riesgo en la zona de la
vereda La Linda del Municipio de Santuario que presenta inestabilidad y amenaza
de remoción en masa.

111. Así las cosas, la Sala considera que las órdenes impartidas por el Tribunal
a la CARDER en la sentencia apelada se acompasan con sus funciones, y de
ninguna manera pueden entenderse como ambiguas o confusas respecto de las
funciones a cargo de la entidad, de tal manera que en la CARDER está radicada de
forma explícita la competencia de asesorar a las entidades territoriales en la
estructuración de los proyectos, sin que sus deberes legales se agoten allí, pues,
además, debe promover y ejecutar las obras y proyectos que, desde el punto de

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vista técnico le corresponden en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias.

112. De otra parte, el apoderado judicial de la CARDER señaló que la Sección
Primera del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2025,
dentro del expediente identificado con número único de radicación 66001-23-33-
000-2023-00026-02 “[…] destacó que la autoridad ambiental se opone a
pretensiones que le exijan ejecutar obras civiles o de infraestructura, por carecer de
esa competencia legal; su intervención se circunscribe a la emisión de conceptos
técnicos, el acompañamiento y el ejercicio de control y vigilancia ambiental […] En
ese mismo proceso, ordenaron al municipio realizar el estudio geotécnico y a la
CARDER ejercer control, vigilancia y asesoría, reflejando la distribución funcional
entre el ente territorial (obras/estudios) y la autoridad ambiental
(concepto/acompañamiento/seguimiento) […]”.

113. La Sala destaca que la sentencia a la que alude la CARDER se profirió en
el trámite de una acción popular promovida por la Central Mayorista de Alimentos -
MERCASA P.H. contra la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER
y el Municipio de Pereira, en la que se resolvió la apelación interpuesta por el
Municipio de Pereira, y se consideró que el Municipio si era competente para cumplir
las órdenes que le fueron impartidas en la sentencia de primera instancia, y sólo se
modificó la sentencia de primera instancia en el sentido de precisar que el
magistrado sustanciador del TRIBUNAL presidiría el comité de verificación.

114. Como se observa, lo ventilado en aquel proceso no tuvo relación con alguna
orden impartida a la autoridad ambiental para ejecutar obras civiles o de
infraestructura o que su intervención se circunscribiera a la emisión de conceptos
técnicos, acompañamiento y ejercicio de control y vigilancia ambiental.

115. En este punto, la Sala hace un firme llamado al apoderado judicial de la
CARDER, en el sentido de advertirle sobre el uso responsable de las
referencias jurisprudenciales, toda vez que en la sentencia invocada la Sección
no estudió la competencia de la CARDER ni se afirmó que sus funciones se limitaran
a la emisión de conceptos técnicos, acompañamiento y ejercicio de control y
vigilancia ambiental.

116. Por otro lado, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento sobre la
sentencia de 19 de abril de 2018 proferida en la acción popular identificada con
número único de radicación 66001-23-33-000-2013-00290-02, toda vez que, como
se precisó líneas arriba la orden impartida por el Tribunal en la sentencia apelada

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Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01

no se refiere a la ejecución de obras civiles por parte de la CARDER sino a la
elaboración de un estudio técnico y a la materialización de las recomendaciones
técnicas brindadas en el concepto emitido por la Coordinación Departamental de
Gestión del Riesgo, las cuales, se reitera, se acompasan con las funciones de la
autoridad ambiental.

117. En consecuencia, el argumento relacionado con la falta de competencia de
la CARDER para cumplir las órdenes que le fueron impartidas en la sentencia
proferida en primera instancia no está llamado a prosperar, pues la providencia
apelada no desconoce las competencias asignadas por el ordenamiento jurídico a
la CARDER ni el principio de legalidad; por el contrario, reconoce que, en su
condición de máxima autoridad ambiental en su jurisdicción, le corresponde realizar
actuaciones acordes con lo ordenado en dicha decisión por lo que las órdenes
impartidas son proporcionales, adecuadas y pertinentes.

Sobre la condena en costas procesales por concepto de agencias en derecho
en primera instancia

118. La CARDER y el apoderado de los coadyuvantes de la parte actora
presentaron argumentos contra la condena impuesta en la sentencia apelada en
costas procesales por concepto de agencias en derecho.

119. La Sala destaca que el artículo 365 del CGP, aplicable por remisión del
artículo 38 de la Ley 472 de 1998, establece que la condena en costas debe
imponerse siempre y cuando se encuentre acreditada su causación:

“[…] ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a
las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos
en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un
incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo
de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

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5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los
fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez
los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de
ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado
las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron
y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de
desistimiento o transacción […] (Destacado fuera del texto).

120. De acuerdo con lo anterior, la parte vencida deberá sufragar las costas de la
parte contraria, siempre y cuando en el expediente aparezca que se causaron y en
la medida de su comprobación. Al respecto, esta Corporación profirió sentencia de
unificación del 6 de agosto de 201942, en la que se establecieron las siguientes
reglas en materia de condena en costas procesales en acciones populares:

“[…] 2.1 El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el reconocimiento de las
costas procesales a favor del actor popular y a cargo de la parte demandada,
siempre que la sentencia le resulte favorable a las pretensiones protectorias de
los derechos colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del
Código General del proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos
procesales como el de las agencias en derecho.

2.2 También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en los
componentes de expensas y gastos procesales y de agencias en derecho, cuando
haya obrado con temeridad o mala fe. En este último evento, también habrá lugar a
condenarlo al pago de la multa prevista en la disposición 38 ibidem.

2.3 Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo del actor
popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe, caso en el cual
también habrá lugar a imponer la multa prevista en el artículo 38 de la Ley 472 de
1998. No hay lugar a condenarlo cuando la demanda le sea decidida en contra. En
este evento la condena en costas sólo admite el reconocimiento de los honorarios y
de las expensas, pues al tenor del artículo 364 del Código general del Proceso, es
claro que las agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se
refiere la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

2.4 Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado con el
artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones populares la
condena en costas a favor del actor popular incluye las expensas, gastos y
agencias en derecho con independencia de que la parte actora haya promovido
y/o concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho
directamente.

42
Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2019. Consejera Ponente Rocío
Araujo Oñate, radicación 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU.

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2.5 En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento de las costas
procesales, bien sea en cuanto a las expensas y gastos procesales o a las agencias
en derecho, bien sea a favor del actor popular o de la parte demandada, la
condena se hará atendiendo las reglas previstas en el artículo 365 del Código
General del Proceso, de forma que sólo se condenará al pago de aquellas que
se encuentren causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación,
conforme con lo previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso.

2.6 Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la
naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el actor popular, con
independencia de si actuó directamente o mediante apoderado, u otras circunstancias
especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas […]”. (Destacado fuera
de texto).

121. De manera que para la condena en costas procesales en las acciones
populares se aplican armónicamente los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y las
disposiciones del CGP que regulan el reconocimiento, la condena y la liquidación
de las costas procesales, incluidas las agencias en derecho.

122. La Sala considera que el argumento expuesto por la CARDER según el cual
la condena en costas procesales por concepto de agencias en derecho carece de
fundamento procesal y material frente a la entidad, toda vez que no es responsable
de la vulneración del derecho colectivo amparado, no tiene vocación de prosperidad,
dado que tal como lo concluyó el Tribunal, la CARDER tiene competencias
concretas en materia de gestión del riesgo y su concurrencia al cumplimiento de las
órdenes judiciales es necesaria con el objeto de proteger el derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

123. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la sentencia proferida en
primera instancia fue favorable a las pretensiones de la demanda, que la CARDER
es una de las entidades demandadas y que, de acuerdo con sus funciones
constitucionales, legales y reglamentarias, dicha entidad es responsable de la
protección del mencionado derecho colectivo en el caso concreto, la Sala considera
que la condena por concepto de agencias en derecho impartida en la sentencia
apelada está justificada en la normativa y en la jurisprudencia que regulan y orientan
la materia.

124. En igual sentido, la Sala desestimará el argumento de la CARDER
relacionado con la necesidad de valorar el salvamento parcial de voto de la
sentencia recurrida relativo a la tasación de las costas y agencias en derecho en el
que se “cuestionó la aplicación del Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo Superior
de la Judicatura para determinar los honorarios, por considerar que dicho parámetro
no resulta procedente en materia de acciones populares”.

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125. Al respecto, esta Corporación ha reiterado que las aclaraciones y
salvamentos de voto carecen de valor vinculante43 y que, el hecho de que uno o
varios magistrados puedan discrepar razonablemente de la decisión adoptada
mayoritariamente por la Sala o Corporación judicial a la cual pertenecen, no es
razón suficiente para afirmar que aquélla es contraria a derecho, pues tal
entendimiento sería incompatible con el principio de autonomía judicial y
desconocería el sentido que tiene la expresión de opiniones disidentes en el
ejercicio de la magistratura, que no consiste en deslegitimar o descalificar la
decisión adoptada por la mayoría, sino en formular una crítica útil a la sentencia o
expresar un punto de vista jurídico distinto. En una decisión colegiada cada
integrante tiene la potestad de adoptar un criterio diferente o una opinión disidente
frente a la tesis mayoritaria, lo cual no deslegitima la decisión mayoritaria.

126. Para la Sala, de acuerdo con las reglas establecidas en la normativa y en la
jurisprudencia referida, el Tribunal acertó al aplicar el artículo 38 de la Ley 472 de
1998, que permite el reconocimiento de costas procesales a favor del actor popular
y a cargo de la parte demandada cuando la sentencia resulta favorable a las
pretensiones de protección de derechos colectivos, sin que para su reconocimiento
se exija como lo adujo la CARDER en el recurso de apelación, la existencia de una
conducta procesal contraria a la buena fe o una evidente negligencia de la entidad.

127. Asimismo, de conformidad con el artículo 361 del Código General del
Proceso, la condena en costas comprende las expensas, los gastos procesales y
las agencias en derecho, con independencia de que la parte actora haya
promovido y/o concurrido al proceso mediante apoderado judicial o lo haya hecho
directamente.

128. Por otro lado, la CARDER solicitó la disminución de las costas procesales por
concepto de agencias en derecho, para lo cual se apoyó, entre otras cosas, en la
sentencia de 10 de mayo de 2012 proferida por la Sección Tercera en el expediente
número AP-25000-23-24-000-2005-00428-01.

129. Para resolver este argumento, la Sala precisa que, al revisar la jurisprudencia
mencionada en el sistema de consulta jurisprudencial del Consejo de Estado, por
un aparte, el número de radicación AP-25000-23-24-000-2005-00428-01 no
corresponde a una acción popular sino a una acción de cumplimiento y, por otra
parte, en la fecha referida (10 de mayo de 2012) únicamente se registra una
sentencia proferida por la Sección Tercera, relativa a un proceso de controversias

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto de 28 de octubre de 2022, CP. Hernando

Sánchez Sánchez, número único de radicación: 050013331001201000407-01.

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Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01

contractuales. En ese orden, la Sala advierte que la entidad apelante no cumplió
con la carga argumentativa exigida en este punto, razón por la cual no es posible
efectuar un pronunciamiento de fondo al respecto.

130. Ahora bien, respecto de los argumentos esgrimidos por el apoderado judicial
de los coadyuvantes de la parte actora, la Sala considera que se dirigen a cuestionar
el criterio adoptado por el Tribunal para la liquidación de la condena por concepto
de agencias en derecho, con miras a obtener una modificación de las reglas
vigentes y de la línea jurisprudencial consolidada de la Corporación, lo que a todas
luces desborda el objeto del recurso de apelación, máxime cuando la parte actora
no apeló la sentencia proferida en primera instancia y, precisamente, la institución
procesal de la coadyuvancia regulada en el artículo 71 del CGP faculta a los
coadyuvantes a efectuar “[…] los actos procesales permitidos a la parte que ayudan,
en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del
derecho en litigio […]”.

131. Para efectos metodológicos, la Sala dividirá los argumentos expuestos por
los coadyuvantes de la parte actora en tres ejes temáticos, relativos a los aspectos
procesales, económicos y constitucionales.

132. Los argumentos dirigidos a destacar aspectos procesales se centran en la
presunta invisibilización de los coadyuvantes en la sentencia, lo que, a juicio del
apoderado judicial, vulnera el debido proceso, el acceso a la administración de
justicia y el principio de participación ciudadana.

133. La Sala considera que el Tribunal destacó en la parte motiva de la sentencia
apelada la intervención de los coadyuvantes de la parte actora, tal como se observa
en los folios 2 y 3 de la providencia, cuyo propósito fue coadyuvar el medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos de la referencia, por lo que no
es cierto que hayan sido invisibilizados. Adicionalmente, la Sala no evidencia que la
sentencia haya vulnerado los derechos al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y participación ciudadana de los coadyuvantes.

134. Los argumentos relacionados con aspectos económicos cuestionan la
tasación de las agencias en derecho, al considerar irrisorio fijarlas en un salario
mínimo, por lo que el apoderado judicial de los coadyuvantes afirmó que debía
hacerse una lectura crítica del salvamento parcial de voto de la sentencia apelada
y, además, que no era procedente aplicar el Acuerdo PSAA16-10554 del Consejo
Superior de la Judicatura porque no regulaba la liquidación de agencias en derecho
en acciones populares.

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Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01

135. La Sala considera que el argumento expuesto por los coadyuvantes en el que
cuestionan la cuantía de las costas por concepto de agencias en derecho que se
tuvo en cuenta en la sentencia, no tiene vocación de prosperidad, pues el Tribunal
aplicó de forma acertada las reglas del reconocimiento de agencias en derecho
establecidas en la Sentencia de Unificación de esta Corporación del 6 de agosto de
2019, en la medida que la sentencia accedió a las pretensiones de la demanda; en
atención a la naturaleza del asunto; la tipología del derecho colectivo amparado
contenido en el literal l ) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998; la proporción de la
vulneración producto de la falta de protección de la zona denominada Finca la Isla,
vereda La Linda y la calidad de la gestión por su duración y participación del actor
popular, lo que permite concluir que se fijaron en forma razonada como agencias en
derecho en favor del accionante a cargo del Municipio de Santuario, el
Departamento de Risaralda y la CARDER, en partes iguales, la suma total
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

136. La Sala destaca que el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016
expedido por el Consejo Superior de la Judicatura “[…] Por el cual se establecen las
tarifas de agencias en derecho […]”, tiene por objeto regular “[…] las tarifas para
efectos de la fijación de agencias en derecho y se aplica a los procesos que se
tramiten en las especialidades civil, familia, laboral y penal de la jurisdicción
ordinaria y a los de la jurisdicción de lo contencioso administrativo […]”.

137. Asimismo, la Sala resalta que la aplicación del mencionado Acuerdo en
procesos de acciones populares se sustenta en el artículo 44 de la Ley 472 de 1998,
en el artículo 366 del CGP, en la sentencia de unificación de 6 de agosto de 2019 y
en la jurisprudencia de esta Sección44, por lo que el argumento expuesto por los
coadyuvantes no prospera.

138. Ahora bien, la Sala considera que lo pretendido por los coadyuvantes además
de un cambio jurisprudencial, es una modificación en el sistema normativo que
regula la condena en costas procesales por concepto de agencias en derecho, por
lo que los argumentos tendientes a que se haga un análisis de la relación costo-
beneficio, la comparación en la tasación de agencias en derecho en otros medios
de control, el supuesto “ahorro” en costas procesales y sobre el problema de la
“tragedia de los comunes” en la liquidación de agencias en derecho en acciones
populares, desbordan el objeto de la apelación que se resuelve en esta providencia,
toda vez que son argumentos dirigidos a cuestionar la normativa que regula la

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de marzo de

2026, CP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación: 68001-23-33-000-2019-00738-01.

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Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2024-00262-01

materia y el actual sistema sobre el reconocimiento de costas procesales por
concepto de agencias en derecho.

139. Por otro lado, los argumentos referidos al análisis de aspectos
constitucionales se fundamentan en que, de manera subsidiaria, el apoderado de
los coadyuvantes solicitó que se realice un control de constitucionalidad y
convencionalidad, en razón a que la práctica de desconocer a los coadyuvantes en
las acciones populares vulnera derechos fundamentales como la igualdad, el debido
proceso y el acceso efectivo a la justicia, lo que, a su juicio, contraría los estándares
interamericanos de protección de derechos al crear barreras económicas que limitan
la participación ciudadana en la garantía de los derechos colectivos.

140. Al respecto, la Sala considera que la acción popular no es el medio de control
para realizar el control de constitucionalidad y de convencionalidad de las normas
que regulan la condena de costas procesales por concepto de agencias en derecho.
De la misma manera, la acción popular está prevista para la garantía y protección
de derechos colectivos y no para el amparo de derechos fundamentales.

141. La Sala destaca que si bien en el recurso de apelación adhesiva presentada
por los coadyuvantes se mencionó el supuesto desconocimiento de los casos
resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las controversias
Claude Reyes vs. Chile (2006), Acevedo Buendía Vs. Perú (2009), así como la
vulneración de los artículos 4.5 y 8 del Acuerdo de Escazú y los artículos 8, 23, 25
y 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cierto es que el
apoderado de los coadyuvantes no indicó, en el caso concreto, las razones por las
cuales la sentencia apelada desconoció la jurisprudencia y la normativa
interamericana, por lo que la Sala no entrará a realizar consideraciones sobre estos
puntos que lo que buscan cuestionar es el actual modelo normativo aplicable a la
condena en costas procesales por concepto de agencias en derecho y no la
existencia de un reparo concreto sobre la sentencia apelada que se desprenda del
caso de la referencia.

142. En este contexto, la Sala considera que los argumentos expuestos por la
CARDER y los coadyuvantes de la parte actora no evidencian que el Tribunal se
haya apartado de las normas que regulan la materia ni de la jurisprudencia de
unificación aplicable a la condena en agencias en derecho, por lo que los
argumentos estudiados en este acápite no prosperan.

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Sobre la integración del comité de verificación

143. La Sala observa que en la conformación del comité para la verificación del
cumplimiento de la Sentencia de 23 de octubre de 2025 proferida por la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda faltó incluir al actor popular,
razón por la cual se modificará en este sentido, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

Conclusiones

144. La Sala confirmará el amparo del derecho colectivo invocado y modificará la
conformación del comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia de 23
de octubre de 2025, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda para incluir al actor popular.

145. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y los numerales 1 y
8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal sexto de la sentencia de 23 de octubre de 2025,
proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
el cual quedará de la siguiente manera:

“[…] SEXTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, el cual estará integrado por el Magistrado Ponente de la Sala de Decisión
N° 3 del Tribunal Administrativo de Risaralda, quien lo presidirá, por el Municipio de
Santuario, el Departamento de Risaralda, la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda-CARDER, por el agente del Ministerio Público y por el actor popular,
quienes harán seguimiento a lo ordenado en la presente decisión […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 23 de octubre de 2025,
proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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