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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2023-00026-02

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2023-00026-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el ordinal séptimo de la sentencia proferida el 9 de mayo de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] 7. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la presente providencia se nombrará un comité de verificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, integrado por el magistrado sustanciador del Tribunal, quien lo presidirá; por la entidad actora popular; el alcalde del municipio de Pereira; el director de la CARDER o la persona que sea designada por dicho funcionario para tal fin. El Comité de Verificación deberá rendir a esta Corporación informes periódicos acerca del cumplimiento de esta decisión. En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el TRIBUNAL, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las ordenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 9 de mayo de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 33 Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2023-00026-02

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2023-00026-02

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2023-00026-02
Actora: Central Mayorista de Alimentos - MERCASA P.H.
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER y
Municipio de Pereira
Coadyuvante: Cotty Morales Caamaño1

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el MUNICIPIO DE
PEREIRA2 contra la sentencia proferida el 9 de mayo de 2025 por la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda3.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Central Mayorista de Alimentos – MERCASA PH4 presentó demanda,
en ejercicio del respectivo medio de control, contra el MUNICIPIO y la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER5, con el
objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos relacionados con el
goce del ambiente sano, la moralidad administrativa, el acceso a una infraestructura
de servicios que garantice la salubridad pública y el derecho a la seguridad y

1 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 2ED_Sentencia(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”.
2 En adelante el MUNICIPIO.
3 En adelante el TRIBUNAL.
4 En adelante MERCASA.
5 En adelante la CARDER.

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prevención de desastres previsibles técnicamente, previstos en los literales a, b, h
y l del artículo 4.º de la Ley 472 de 5 de agosto de 19986.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones7:

“[…] PRIMERA: Que se declare que el Municipio de Pereira, la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda y la Empresa Aguas y Aguas de Pereira 8 han
vulnerado los derechos e intereses colectivos descritos en los hechos de la demanda,
toda vez que son las entidades llamadas no solo a responder por el riesgo y la
amenaza descrita en el acápite de los hechos de la presente acción, sino también
atender de manera inmediata y urgente con acciones y obras, el requerimiento
efectuado por la Central Mayorista de Alimentos Mercasa.

SEGUNDA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, se ordene al
Municipio de Pereira, a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y a la
Empresa Aguas y Aguas de Pereira, cada una dentro del ámbito de sus
competencias, la protección inmediata de los derechos e intereses colectivos
vulnerados.

TERCERA: Que se ordene a quien corresponda, lo siguiente: elaboración de
estudios geotécnicos con diseño, planteamiento, desarrollo y ejecución de obra civil
para que se mitigue la acción de socavación del rio Consotá, se activen los comités
de Gestión del Riesgo a fin de prevenir un desastre con pérdida de vidas y bienes
por deslizamiento y pérdida total de la vía […].

Presupuestos fácticos

3. La parte actora manifestó que los derechos e intereses colectivos indicados
supra fueron vulnerados, en síntesis, por la socavación de la ladera del margen
derecho del río Consotá, lo que afecta una de las vías internas de la Central
Mayorista de Alimentos MERCASA PH, situación que supone un inminente peligro
de ocurrencia de deslizamiento, principalmente en épocas de invierno y con ocasión
de los fuertes cambios climáticos.

6 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
7 Cfr. Índice 1 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

2_002DEMANDA(.pdf) NroActua 1 […]”.
8
El TRIBUNAL profirió auto de 1.º de junio de 2023 mediante el cual, entre otras cosas, rechazó la demanda
frente a la empresa de Aguas y Aguas de Pereira y admitió la demanda respecto del MUNICIPIO y la CARDER.
Cfr. índice 12 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
14_014AUTOADMITEDEMANDAYRECHAZAFRENTEAAGUASYAGUASDEPEREIRA(.pdf) NroActua 12(.pdf)
NroActua 12 […]”.

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Contestaciones de la demanda

3. El MUNICIPIO9 contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. Señaló que no ha amenazado ni vulnerado ninguno de los derechos
e intereses colectivos invocados en la demanda. Adicionalmente, afirmó que la parte
actora no cumplió con la carga de la prueba que le correspondía.

4. La CARDER10 allegó escrito en el que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda con fundamento en que no es la entidad competente
para realizar obras civiles o de infraestructura cuando se trata de riesgos de
desastres naturales. Asimismo, destacó que el riesgo advertido en la demanda no
es consecuencia de alguna actuación de la CARDER, sino que es causado por la
dinámica natural del afluente y, en todo caso, destacó que siempre ha actuado
dentro de sus competencias, de manera diligente y ha emitido conceptos técnicos
en el área objeto de protección constitucional.

5. La señora COTTY MORALES CAMAÑO presentó escrito en el que coadyuvó
las pretensiones de la demanda.

Otras actuaciones

6. El TRIBUNAL profirió auto de 26 de julio de 202311 mediante el cual decretó
medida cautelar consistente en ordenar al MUNICIPIO adelantar un estudio
geotécnico con diseño y planteamiento de obra civil para mitigar la socavación frente
al galpón “P” a la altura de la Zona Forestal Protectora del río Consotá en la Central
Mayorista de Alimentos MERCASA P.H. Asimismo ordenó a la CARDER ejercer su
función de control, vigilancia y de asesoría como autoridad ambiental en la Zona
Forestal Protectora y a MERCASA, se le impartió la orden, entre otras, de retirar el
material vegetal que se encontraba colapsado en la base del talud.

7. El MUNICIPIO interpuso recurso de apelación contra el auto de 26 de julio de
2023, el cual fue resuelto mediante providencia de 13 de diciembre de 202312
proferida por esta Sección, en el sentido de confirmar la medida cautelar decretada.

9 Cfr. índice 26 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
18_018CONTESTACIONMPIOPEREIRA(.pdf) NroActua 26(.pdf) NroActua 26 […]”.
10 Cfr. índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

19_019CONTESTACIONCARDER(.pdf) NroActua 27(.pdf) NroActua 27 […]”.
11 Cfr. índice 29 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

9_009AUTODECRETAMEDIDASCAUTELARES(.pdf) NroActua 29(.pdf) NroActua 29(.pdf) NroActua 29(.pdf)
NroActua 29 […]”.
12
Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
AUTOQUERESUELVEAPELACIONDEAUTO(.pdf) NroActua 4 […]”, número único de radicación: 66001-23-33-
000-2023-00026-01.

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8. El TRIBUNAL celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día
25 de junio de 202413, la cual se declaró fallida porque las partes no llegaron a
ninguna fórmula de acuerdo.

9. El TRIBUNAL profirió auto de 3 de diciembre de 202414 mediante el cual
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

10. La CARDER15 y el MUNICIPIO16 presentaron escritos en los que reiteraron
los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

11. El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en esta etapa procesal.

Sentencia de primera instancia

12. El TRIBUNAL profirió sentencia el día 9 de mayo de 2025, en la que resolvió
lo siguiente17:

“[…] 1. Declarar no probada la excepción propuesta por la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda – Carder, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2. Amparar los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y al derecho
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Como
consecuencia de lo anterior, se disponen las órdenes concretas en los siguientes
numerales:

3. Ordenar al municipio de Pereira, lo siguiente:

3.1. Adelantar el estudio geotécnico con diseño y planteamiento de obra civil que
mitigue la acción de socavación frente al Galpón P a la altura de la Zona forestal
protectora del río Consotá en la Central Mayorista de Alimentos MERCASA P.H., para
lo cual contará con el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria
de esta sentencia, en el cual se incluye el proceso de contratación que para tal efecto
deba llevar a cabo.

3.2. Una vez realizado el estudio mencionado anteriormente, presentar el estudio
geotécnico y planteamiento de obra civil ante la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda – Carder dentro de los quince (15) días siguientes contados a partir de la
realización del estudio mencionado, con el fin de obtener los correspondientes
permisos de ocupación de cauce, de ser del caso, y en consecuencia realizar las
obras civiles recomendadas en el estudio geotécnico dentro de los seis (6) meses
siguientes a la obtención de los permisos ambientales.

3.3. Realizar, en conjunto con la Central Mayorista de Alimentos – MERCASA
P.H., las obras definitivas para mitigar el riesgo y proteger el talud afectado, las cuales

13 Cfr. índice 72 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
35_035ActaAudienciaPactoDeCumplimiento(.pdf) NroActua 72(.pdf) NroActua 72 […]”.
14 Cfr. índice 86 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

44_044AutoOrdenaTrasladoParaAlegarRechazaSolicitudes(.pdf) NroActua 86(.pdf) NroActua 86 […]”.
15 Cfr. índice 91 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

46_046AlegatosCarderpdf(.pdf) NroActua 91 […]”.
16 Cfr. índice 92 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

47_047AlegatosdeConclusionMunicipioPereira(.pdf) NroActua 92 […]”.
17 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: 8ED_SentenciaPrimeraInst(.pdf)

NroActua 2(.pdf) NroActua 2.

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se traducen en el retiro del material vegetal que se encuentra colapsado en la base
del talud, que amenaza represamiento y formación de palizadas aguas abajo, donde
el cauce sufre de estrangulamiento o es más angosto, para lo cual se concede el
término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia.

4. Ordenar a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder, lo
siguiente:

4.1. Suministrar el material vegetal (maní forrajero o vetiver) una vez Mercasa PH
tenga el terreno listo para el establecimiento del mismo, lo cual implica el retiro de los
postes del cerramiento contiguo, para lo cual se le concede un término de quince (15)
días calendario, contados a partir del recibo de la comunicación por parte de
Mercasa PH, donde informe la viabilidad del terreno para el cubrimiento vegetal.

5. Ordenar a la Central Mayorista de Alimentos Mercasa P.H., lo siguiente:

5.1. Retirar los postes de cerramiento y de conducción de energía que estén en riesgo
de colapso o no estén funcionando, para lo cual se le concederá un término de quince
(15) días calendario, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia.

6. Se recuerda que las decisiones que se adoptan en el presente asunto, no obstan
para que las entidades demandadas continúen llevando a cabo una adecuada
vigilancia y control de la zona afectada.

7. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la presente providencia
se nombrará un comité de verificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley 472 de 1998, integrado por este Tribunal, por la entidad actora popular,
el alcalde del municipio de Pereira, el director de la CARDER o la persona que sea
designada por dicho funcionario para tal fin. El Comité de Verificación deberá rendir
a esta Corporación informes periódicos acerca del cumplimiento de esta decisión.

8. Se NIEGAN las demás súplicas de la demanda, por lo considerado en la parte
motiva de este proveído.

9. El incumplimiento de lo ordenado en el presente fallo será sancionado como
desacato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998.

10. Condenar en costas de primera instancia a favor de la parte demandante y a cargo
de las entidades demandadas, únicamente en cuanto a agencias en derecho, las
cuales se fijan en 1 salario mínimo mensual legal vigente.

11. En firme esta decisión, archívese el expediente […]”.

13. El TRIBUNAL consideró que de conformidad con las pruebas allegadas al
proceso era posible concluir que en la zona objeto de protección se han presentado
deslizamientos que han puesto en riesgo a las personas que circulan por la Central
Mayorista de Alimentos MERCASA y por las zonas aledañas, por la existencia de
grietas en el suelo.

14. Asimismo, puso de presente que las pruebas demostraban el riesgo de
movimientos en masa por la inestabilidad del terreno, lo cual se agrava por las
precipitaciones, la pendiente del terreno y la poca vegetación existente. En
consecuencia, consideró que existe una amenaza geotécnica en la zona del talud
ubicado en MERCASA, toda vez que la estructura comprometida genera

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inestabilidad del terreno y la vegetación de la Zona Forestal Protectora del río
Consotá produce cambio de dinámica, morfología y dirección del cauce, así como
socavación lateral y profunda en la base de la ladera, y pérdida de suelo.

15. Determinó que atendiendo a los conceptos técnicos realizados por la
CARDER era necesario adelantar un estudio geotécnico con diseño y
planteamiento de obra civil que mitigue la acción de socavación.

Recurso de apelación

16. El MUNICIPIO presentó escrito de 14 de mayo de 202518 por medio del cual
interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia
con fundamento en los siguientes argumentos:

Falta de competencia del MUNICIPIO para ejecutar obras en un predio privado

16.1. Afirmó que el MUNICIPIO no era competente para ejecutar obras en un
predio privado. Sostuvo que no existe en el ordenamiento jurídico una norma que
habilite a una entidad territorial a disponer de recursos públicos para realizar obras
de mitigación del riesgo en un predio de propiedad privada, salvo en casos
excepcionales, como en la declaratoria de calamidad pública.

16.2. Señaló que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado los
riesgos que no trascienden a la comunidad en general no son objeto de la acción
popular.

16.3. Adujo que la eventual ejecución de obras físicas en un terreno privado por
parte de la autoridad municipal podría implicar la afectación del derecho de
propiedad y de autonomía del titular del predio.

16.4. Indicó que la orden impartida al MUNICIPIO para realizar obras en un predio
privado vulnera el principio de legalidad de la función pública y podría comprometer
la responsabilidad de los funcionarios por extralimitación de funciones.

18 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 3ED_Impugnacion(.pdf)

NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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La gestión del riesgo es una responsabilidad compartida con el propietario

16.5. Sostuvo que la sentencia pasó por alto que de acuerdo con la Ley 1523 de
2012 la gestión del riesgo es un deber compartido entre las autoridades públicas y
los particulares.

16.6. Destacó que tratándose de riesgos que recaen sobre una propiedad privada,
el deber principal de intervención recae en el propietario o en quienes detentan
derechos sobre el bien, quienes son los primeros llamados a tomar medidas de
autoprotección y mitigación. En consecuencia, sostuvo que en el caso concreto
correspondía a MERCASA la realización de las obras de mitigación en cumplimiento
del principio de autoconservación sin que pudiera trasladarse esa obligación al
MUNICIPIO.

La inexistencia de omisión o incumplimiento de un deber legal por parte del
MUNICIPIO

16.7. Afirmó que el MUNICIPIO no ha incurrido en una omisión ilegítima en relación
con el predio de propiedad de MERCASA. Por el contrario, señaló que el
MUNICIPIO realizó evaluaciones de rigor, se incluyó la zona en los instrumentos de
planificación territorial con la respectiva clasificación de amenaza y se activaron los
mecanismos de coordinación con las instancias del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo.

16.8. Asimismo, adujo que no se identificó ningún mandato legal que ordenara al
MUNICIPIO ejecutar directamente obras de mitigación en el inmueble de
MERCASA.

Ilegalidad de las órdenes impartidas al MUNICIPIO – violación del principio de
legalidad y del adecuado uso de recursos públicos

16.9. Afirmó que la orden impartida al MUNICIPIO para realizar estudios técnicos
y ejecutar obras de mitigación del riesgo en un predio particular, resulta contraria al
principio de legalidad y a las normas que rigen la administración de los recursos
públicos.

16.10. Alegó que destinar dineros públicos a obras en predios privados podría
implicar un desvío de recursos y una infracción al régimen fiscal, a menos que tales
obras estén justificadas por un interés público predominante y se efectúen bajo

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figuras jurídicas que permitan dicha inversión, lo que a juicio de la entidad, no ocurre
en el caso concreto.

16.11. Sostuvo que las órdenes impartidas al MUNICIPIO desconocen los principios
de autonomía y descentralización territorial, toda vez que corresponde a las
entidades territoriales definir sus prioridades de gasto dentro del marco legal y los
planes de desarrollo, sin que pueda imponérsele al MUNICIPIO una carga financiera
no prevista. En este punto, señaló que se vulneró el artículo 345 de la Constitución
que prohíbe efectuar gastos públicos sin apropiación presupuestal previa.

16.12. Adujo que el TRIBUNAL debió resolver el caso concreto en el sentido en que
lo hizo el Consejo de Estado en el predio La Granada en Manizales, en donde se
negaron las pretensiones de la demanda frente a la administración y únicamente se
exhortó a la entidad territorial y a la autoridad ambiental a brindar apoyo técnico,
pero no se ordenó al municipio ejecutar obras en terrenos privados. No obstante lo
anterior, en el recurso de apelación no se identificó la providencia a la que hizo
referencia.

16.13. En conclusión, afirmó que lo procedente era requerir a MERCASA como
propietaria del bien para que adopte las medidas necesarias y al MUNICIPIO para
que actúe en su rol de asesoramiento técnico y de autoridad policiva para hacer
cumplir dichas obligaciones.

16.14. Finalmente, realizó las siguientes peticiones:

“[…] Por las anteriores razones, el Municipio de Pereira solicita respetuosamente al
Honorable Consejo de Estado que:

Primero: Revoque parcialmente la sentencia del 9 de mayo de 2025 en lo referente
a la declaratoria de responsabilidad y órdenes impartidas al Municipio. En su lugar,
se pide disponer que no hay mérito para declarar la responsabilidad del Municipio de
Pereira en los hechos materia de la acción popular, ni para exigirle la realización de
estudios u obras sobre el predio de MERCASA P.H., dada la ausencia de omisión
alguna imputable y la falta de competencia legal para ejecutar directamente las
medidas pretendidas.

Segundo: Que, de encontrarse probada la existencia de la amenaza al derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres, se ruega al fallador de segunda
instancia que oriente la protección de dicho derecho en concordancia con el principio
de coordinación y concurrencia de la gestión del riesgo: esto es, con exhortación al
propietario privado para que ejecute las acciones de mitigación correspondientes.

Tercero: Exonerar al Municipio de Pereira de órdenes que no le competen,
garantizando a la vez la protección efectiva de los derechos e intereses colectivos de
conformidad con la ley y la jurisprudencia aplicable […]”.

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Concesión del recurso de apelación

17. El magistrado sustanciador del TRIBUNAL profirió auto de 29 de mayo de
202519, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por el
MUNICIPIO contra la sentencia proferida, en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

18. El Despacho sustanciador profirió auto de 9 de junio de 202520 mediante el
cual admitió el recurso de apelación interpuesto por el MUNICIPIO contra la
sentencia proferida en primera instancia. Asimismo, se advirtió al procurador
delegado en lo Contencioso Administrativo ante el Consejo de Estado que podía
emitir concepto y a las partes procesales que podían solicitar el decreto de pruebas
y pronunciarse en relación con el recurso de apelación interpuesto hasta la
ejecutoria del auto admisorio.

19. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

20. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
e interés colectivo al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido
en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; v) el marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente; y vi) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

21. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia
para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201921, sobre la distribución de asuntos entre

19 Cfr. índice 103 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 55_055AutoConcedeApelacionSentencia(.pdf) NroActua 103(.pdf) NroActua 103 […]”.
20
Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
9Autoqueadmite_APa20232602CentralMa(.pdf) NroActua 4 […]”.
21
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del
Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.

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las secciones del Consejo de Estado; y en el 15022 de la Ley 1437, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, se precisa que esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

22. Asimismo, de conformidad con los artículos 32023 y 32824 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201225, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones
a los cuales se contrae el recurso interpuesto por el MUNICIPIO.

23. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

24. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

24.1. Si el MUNICIPIO es competente para cumplir las órdenes que le fueron
impartidas en la sentencia de primera instancia.

24.2. Si las órdenes impartidas al MUNICIPIO en la sentencia de primera instancia
son proporcionales y se ajustan al ordenamiento jurídico.

25. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 9 de mayo de 2025 proferida por el TRIBUNAL.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

26. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone
que las acciones populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos

22 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.

23 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
24
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
25 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

27. El artículo 2.° de la Ley 472 define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

28. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

29. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

30. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ” 26.

31. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la
ley y las disposiciones reglamentarias

32. La Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera
que más de 30 disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre las
cuales se destacan los artículos 8.°, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del
Estado y de las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la
función ecológica de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el
deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando
las áreas de especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro
de estos fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

33. El medio ambiente es entendido como un bien jurídico superior que se analiza
desde tres perspectivas: i) como un derecho de las personas; ii) un servicio público;
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades, así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

34. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en la
Ley 23 de 19 de diciembre de 197327 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre de

27 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.

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197428, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio
ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional
de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando los efectos nocivos
de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás recursos
y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o colectiva así como la
actividad de la administración en lo que se refiere a las relaciones que emanan del
aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

35. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo sostenible
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la biodiversidad en
Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad, el derecho de los
seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza,
resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en cuenta el
resultado del proceso de investigación científica.

36. Acerca del medio ambiente sano como derecho colectivo, la Corte
Constitucional29 ha resaltado su importancia "[…] ya que los derechos colectivos y
del ambiente no sólo se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos
por el interés universal, y por ello están encuadrados dentro de los llamados
derechos humanos de 'tercera generación', sino que se le deben incluso a las
generaciones que están por nacer, toda vez que la humanidad del futuro tiene
derecho a que se le conserve, el planeta desde hoy, en un ambiente adecuado a la
dignidad del hombre como sujeto universal del derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente

37. De conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2, 5, 8, 9, 12, 13, 14 y 18
de la Ley 1523 de 24 de abril de 201230, sobre la definición de gestión del riesgo de

28 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
29 H. Corte Constitucional, Sentencia C-699/15. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. Magistrada Ponente: Diana Fajardo Rivera, 18
de octubre de 2017.
30
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.

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desastres, la responsabilidad, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, integrantes del Sistema Nacional, instancias de dirección, gobernadores
y alcaldes, gobernadores en el Sistema Nacional, alcaldes en el Sistema Nacional,
y las funciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

38. La Gestión del Riesgo de Desastres está definida en el artículo 1.º de la Ley
1523 en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1.º De la Gestión del Riesgo de Desastres. La gestión del riesgo de
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.
Parágrafo 1.º La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades
en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población.
PARÁGRAFO 2o. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo
que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y
recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos […]”.

39. De la norma transcrita se destaca que la gestión del riesgo es un proceso
social ejercido a través de instrumentos de política pública que busca el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, se resalta que la gestión del riesgo se
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros,
los derechos e intereses colectivos.

40. La Ley 1523 definió en el artículo 5 el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres como el “[…] conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias,
de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de
manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país […]”.

41. Asimismo, la precitada ley dispuso que integran el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras, las entidades públicas que tengan
dentro de su misión y responsabilidad, la gestión del desarrollo social, económico y
ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y

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proyectos de inversión y en el marco de los principios desarrollados en el artículo 3
de la precitada ley, en especial, los de igualdad, protección, solidaridad social,
autoconservación, participación, diversidad cultural, interés público o social,
precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, entre otros.

Competencia de los municipios y departamentos en materia de gestión de
riesgo

42. Según lo previsto en la Ley 1523 de 2012, en especial, los artículos 2, 9 y 12,
sobre responsabilidad, instancias de dirección del sistema nacional de gestión del
riesgo y los gobernadores y alcaldes, son instancias de dirección del sistema
nacional, entre otros, el gobernador y el alcalde distrital o municipal, en su respectiva
jurisdicción. Asimismo, los gobernadores y alcaldes son conductores del sistema
nacional en su nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias
para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su
jurisdicción.

43. Los artículos 13 y 14 de la Ley 1523, sobre gobernadores y alcaldes en el
sistema nacional, establecen:

44. Por un lado, que los gobernadores: i) “[…] son agentes del Presidente de la
República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del
riesgo de desastres. En consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del
Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los procesos de
conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su
competencia territorial […]”; ii) como jefes de la administración seccional respectiva,
tienen el deber de poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de
gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la planificación
del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo departamental y
demás instrumentos de planificación bajo su responsabilidad; y iii) están a cargo de
las competencias de coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva respecto
de los municipios que integran su departamento.

45. Y, por el otro, que los alcaldes: i) como jefes de la administración local,
representan al Sistema Nacional en el respectivo distrito y el municipio; y ii) como
conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los
procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento

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y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Los
alcaldes y, en general, la administración municipal, deben integrar en la planificación
del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión
pública.

46. En relación con lo anterior, se debe recordar que, de conformidad con los
artículos 8, 9, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Ley 388, sobre acción urbanística, planes de
ordenamiento territorial, contenido del componente general de los planes de
ordenamiento, componentes urbano y rural del plan de ordenamiento, normas
urbanísticas y planes básicos de ordenamiento, estos planes deben contener, en
materia de gestión del riesgo: i) la clasificación del territorio en suelo urbano, rural y
de expansión urbana y dentro de ellas los suelos de protección, en especial, por
riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos; ii) el inventario
de las zonas que presenten alto riesgo para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales o por condiciones de insalubridad; iii) la
localización de “[…] las áreas críticas de recuperación y control para la prevención
de desastres, así como las áreas con fines de conservación y recuperación
paisajística […]”.

47. Ahora bien, en relación con los entes territoriales y en los términos de los
artículos 39 y 40 de la Ley 1523 y del numeral 1.° del artículo 10 de la Ley 388 de
18 de julio de 199731, por un lado, en la elaboración de los planes de ordenamiento
territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta los determinantes, que
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia,
entre ellos, las relacionadas con la prevención de amenazas y riesgos naturales y,
en especial, “[…] [l]as políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de
amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo
para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas
expuestas a amenazas y riesgos naturales […]”.

48. Por el otro, los planes de ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y
de planificación del desarrollo deben “[…] integrar el análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo de
desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo

31
“Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.

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Núm. único de radicación: 66001-23-33-000-2023-00026-02

[…]”. Asimismo, deberán: i) incorporar “[…] en sus respectivos planes de desarrollo
y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y
sostenible derivadas de la gestión del riesgo, […]” así como los programas y
proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la Ley
1523; y ii) “[…] el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación
y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales,
socio naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas
para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas de tierras
para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos
jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para
reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”. Se trata de medidas que
deben orientarse no solo a mitigar y controlar los riesgos existentes, sino también
prevenir nuevos riesgos relevantes, en el marco de la gestión del riesgo de
desastres.

49. Ahora bien, en los términos del artículo 37 de la Ley 1523, sobre planes
departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de
respuesta, estas autoridades formularán y concertarán con sus respectivos
consejos de gestión un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para
la respuesta a emergencias en su respectiva jurisdicción, el cual deberá estar
armonizado con el plan y estrategia nacional y deberán incorporar la gestión del
riesgo tanto en la inversión pública, en la planificación del desarrollo y en el
ordenamiento territorial, en los términos de los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley
1523.

50. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200132 y de la Resolución
448 de 17 de julio de 201433, la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa contra las
inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”; ii) realizar y reportar
ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de asentamientos
localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos que se hallen
en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar que las áreas

32 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
33
Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para
que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.

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catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a través
de planes o proyectos de reubicación de asentamientos urbanos no se vuelvan a
ocupar con viviendas, entre otras.

51. Ahora bien, en materia de financiación de la gestión del riesgo, los artículos
47 y 54 de la Ley 1523 establecen, por un lado, la creación del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres “[…] como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística […]”, cuyos
objetivos generales, de interés público, son “[…] la negociación, obtención, recaudo,
administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y
distribución de los recursos financieros necesarios para la implementación y
continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya los
procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de
desastre […]”. Asimismo, en los términos del parágrafo 2 del artículo 47, el precitado
Fondo Nacional “[…] desarrollará sus funciones y operaciones de manera directa
subsidiaria o complementaria, bajo esquemas interinstitucionales de cofinanciación,
concurrencia y subsidiariedad […]”.

52. Por el otro, “[…] [l]as administraciones departamentales, distritales y
municipales […] constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el
esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y
financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la
adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre,
preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción […]”.

53. En relación con las apropiaciones presupuestales, el artículo 53 de la Ley
1523 establece que “[…] [l]as entidades del orden nacional, regional, departamental,
distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán […] las partidas
presupuestales que sean necesarias para la realización de las tareas que le
competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de
desastres […]”.

54. De esta manera, se resalta que, si bien, el principal responsable de la gestión
del riesgo de desastres en el respectivo territorio es el ente municipal, en cabeza
del alcalde y en el marco de sus funciones policivas, en los términos de la normativa
anteriormente indicada y adicionalmente de las leyes 388, 810 y 1801 de 29 de julio
de 201634, en los eventos en que el municipio no esté en capacidad de asumir la
respectiva competencia, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y

34 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

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subsidiariedad, podrá solicitar la concurrencia del departamento y de la Nación, con
el objeto de garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastres; lo anterior sin
perjuicio de las responsabilidades atribuibles a las personas privadas, en los
términos de la ley.

55. Se debe resaltar que la normativa, en especial, los artículos 73, 74 y 76 de la
Ley 715, en los que se desarrolla la “Participación de Propósito General” y, en
especial, las competencias de la Nación, departamentos y municipios en otros
sectores, se establece, entre sus responsabilidades, los deberes de apoyo
financiero, técnico y administrativo, desde un eje de planificación multisectorial que
permita la materialización del principio de coordinación.

Análisis del caso concreto

56. El TRIBUNAL profirió sentencia de 9 de mayo de 2025 en la que resolvió
amparar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente. Asimismo, impartió órdenes a
las entidades accionadas y a la parte actora con el objeto de garantizar los derechos
colectivos vulnerados.

57. El MUNICIPIO interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida,
en primera instancia, en el que expuso los siguientes argumentos:

57.1. Afirmó que carecía de competencia para cumplir las órdenes que le fueron
impartidas en la sentencia, toda vez que no puede ejecutar obras en un predio
privado, lo que a juicio del MUNICIPIO, vulneraría el principio de legalidad, el
derecho de propiedad y podría comprometer la responsabilidad de los funcionarios
municipales por extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

57.2. Señaló que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida con el
propietario del predio privado, por lo que la principal obligada a adoptar las medidas
de autoprotección para mitigar el riesgo de desastre es MERCASA.

57.3. Manifestó que el MUNICIPIO no ha incurrido en omisiones ni ha incumplido
algún deber legal que le imponga la obligación de realizar obras de mitigación en el
predio de propiedad de MERCASA.

57.4. Adujo que las órdenes que le fueron impartidas en la sentencia de primera
instancia violan los principios de legalidad, autonomía y descentralización territorial.

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Asimismo, sostuvo que las órdenes impartidas contrarían las normas que rigen la
administración de los recursos públicos.

58. La Sala precisa que en el recurso de apelación no se cuestiona la vulneración
de los derechos e intereses colectivos amparados, toda vez que los argumentos
expuestos por el MUNICIPIO giran en torno a la imposibilidad de cumplir las órdenes
judiciales que le fueron impartidas por el TRIBUNAL, sin que en el recurso de
apelación se indique que no existe vulneración de derechos colectivos.

59. La Sala procederá a resolver los problemas jurídicos formulados supra,
teniendo en cuenta los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 anteriormente indicados
y los límites de los recursos de apelación.

Solución a los problemas jurídicos

Sobre la falta de competencia del MUNICIPIO para ejecutar obras en un predio
privado

60. El MUNICIPIO sostiene que no es competente para cumplir la orden que le
fue impartida, toda vez que se le está imponiendo ejecutar obras en un predio
privado, sin que exista en el ordenamiento jurídico una norma que habilite a una
entidad territorial a disponer de recursos públicos para realizar obras de mitigación
del riesgo en un predio de propiedad privada, salvo en casos excepcionales, como
en la declaratoria de calamidad pública, lo cual no sucede en el caso concreto.

61. Por lo anterior, advirtió que la eventual ejecución de obras físicas en un
terreno privado por parte de la autoridad municipal podría implicar el
desconocimiento del derecho de propiedad, del principio de legalidad de la función
pública, de las normas que rigen la administración de los recursos públicos y
comprometería la responsabilidad de los funcionarios por extralimitación de
funciones.

62. Asimismo, señaló que los riesgos que no trascienden a la comunidad en
general no pueden ser objeto de protección mediante la acción popular.

63. Por su parte, el TRIBUNAL consideró lo siguiente:

“[…] los alcaldes: i) como jefes de la administración local, representan al Sistema
Nacional en el respectivo distrito y el municipio; y ii) como conductor del desarrollo
local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de
gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la

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reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción. Los
alcaldes y, en general, la Administración Municipal, deben integrar en la planificación
del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del
riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial,
de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.
Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos 121 de
la Ley 388 de 18 de julio de 199735, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200136
y de la Resolución 448 de 17 de julio de 201437, la obligación de: i) “…promover,
cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas,
comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación
de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes
de agua…”; ii) realizar y reportar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el
inventario de asentamientos localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y
deslizamientos que se hallen en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión
urbana; y iii) evitar que las áreas catalogadas como de riesgo no recuperable que
hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos de reubicación de
asentamientos urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas, entre otras.
[…]

De acuerdo con el acápite anterior, las autoridades administrativas no pueden
eximirse de su deber de adoptar todas las medidas necesarias para la reducción
del riesgo en materia ambiental, bajo el pretexto de una problemática al interior
de un predio particular, ya que es evidente que en muchísimos casos pese a
tratarse de afectaciones a bienes inmuebles de personas privadas esa
circunstancia no le resta per se su impacto en el medio ambiente como derecho
colectivo. Se resalta que, de acuerdo con el derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, el Estado en cabeza de
todas las autoridades en todos los niveles que cumplan una función pública, y
que tengan relación con el siniestro, deben proteger a las personas de los
desastres que sean técnicamente previsibles, siendo el municipio la entidad
principal con el deber de protección de acuerdo con sus competencias
generales y específicas.

[…]

Por lo tanto, la Administración está llamada a la aplicación del criterio de anticipación,
a través de herramientas técnicas para el conocimiento, manejo y control del riesgo o
amenaza, pues el alcance del derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente está orientado a la reacción de manera previa y
efectiva a la protección de los derechos constitucionales.
Adicionalmente se recuerda que el deber del municipio no se agota con reglamentar,
controlar y vigilar el uso del suelo, sino que también tiene un deber general de
protección a la población en el artículo 2 de la Constitución Política, con competencias
desarrolladas en la Ley 715 de 2001, Decreto 919 de 1989 y la Ley 388 de 1997, por
lo que existiendo un riesgo para la comunidad es un deber inevitable prevenir la
ocurrencia del riesgo.

35 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
36 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
37
Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para
que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.

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Así entonces, la normatividad y la jurisprudencia traída a colación son claras en
determinar que al municipio le asiste el deber de dirigir sus acciones en el
sentido de evitar o minimizar los daños ambientales, a la luz del principio de
prevención, según el cual, ante la posible producción de daños o de la
constatación de la existencia de riesgos frente al medio ambiente, debe adoptar
decisiones con antelación a la concreción del riesgo o a la causación del daño.
En el presente caso, pese a las múltiples peticiones por parte de la
administradora de MERCASA PH hacia diferentes autoridades, en las cuales
informa la socavación y deslizamientos en la ladera del río Consotá, no se han
tomado las medidas pertinentes y eficaces para lograr mitigar el riesgo,
escudándose el municipio de Pereira en que el predio es privado y que
corresponde al particular efectuar los estudios y las obras correspondientes.
Sin embargo, existen responsabilidades de las autoridades ambientales y
municipales que no pueden soslayarse con tal pretexto, pues están llamadas a
la aplicación del criterio de anticipación en un asunto en el que está demostrada
la afectación, que ha persistido en el tiempo, y que no se limita a intereses
particulares, toda vez que las medidas para contrarrestarlas redundan en la
seguridad de las personas que transitan por el lugar y la afectación del río
Consotá, concretamente en la formación de palizadas aguas abajo, donde el
cauce sufre de estrangulamiento o es más angosto.
En consecuencia, la Sala considera que de acuerdo con el marco normativo referido
supra corresponde a los alcaldes en materia de gestión del riesgo, como jefes
de la Administración Local, responder directamente en la implementación de
los procesos de gestión del riesgo en el municipio, incluyendo el conocimiento
y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción.
En igual sentido, de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, que fueron referidos supra, es posible que el municipio pueda acudir
a otros niveles de la Administración Pública para realizar, en colaboración con otras
autoridades, las acciones tendientes a la gestión del riesgo de desastres en su
territorio, cuando la entidad territorial requiera de esa concurrencia […]”. (Destacado
fuera de texto).

64. Tal como se desprende de la anterior transcripción, el TRIBUNAL expuso
con claridad las razones por las cuales el MUNICIPIO estaba obligado a responder
frente a la vulneración de los derechos colectivos con ocasión del riesgo de
desastres que se presenta en el talud que se ubica en la margen derecha del río
Consotá, en la zona de forestal protectora, a la altura de MERCASA, situación que
no solo pone en riesgo a los trabajadores de la central de alimentos sino a las
personas que concurren a ese lugar y, adicionalmente, tiene efectos en la dinámica
hidrológica del río, lo que pone en riesgo a la población aguas abajo del área objeto
de amparo constitucional.

65. Esta Corporación precisó la diferencia entre los derechos e intereses
colectivos y subjetivos en materia de gestión del riesgo, de la siguiente manera38:

38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de mayo de
2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01. Ver
también: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de
octubre de 2024, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 17001-23-33-000-2022-00102-
01.

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“[…] la Ley 472 catalogó la seguridad y la prevención de desastres como un derecho
de carácter colectivo, es decir, como aquel que se proyecta de manera unitaria sobre
toda una comunidad. Esta indivisibilidad o colectivización del derecho (y de las
obligaciones correlativas) se presenta justamente en la medida en que la
manifestación de uno o más eventos amenazantes tienen la potencialidad de afectar
diversos bienes o intereses amparados por el ordenamiento.

44. Sin embargo, la Ley 1523 de 2012 también aclaró que el derecho a la seguridad
y la prevención de desastres puede tener una connotación personal y subjetiva
cuando el evento peligroso no cuenta con la virtualidad de afectar a la comunidad de
forma física, económica, social, ambiental o institucional. En tal escenario, prima el
principio de autoconservación, en virtud del cual los ciudadanos deben adoptar las
medidas necesarias para salvaguardar su ámbito personal.

45. Ahora bien, en la práctica, los efectos de una amenaza de origen personal
pueden tornarse en colectivos cuando el riesgo deja de afectar a quien lo
generó o a quien sufre individualmente, y se traslada -por diversos factores- a
la comunidad en general.

46. Por esta razón, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de
9 de marzo de 202339, explicó que el juez popular debe evaluar en cada caso el
material probatorio a efectos de determinar si la acción riesgosa de origen
particular está o no incrementando el nivel de vulnerabilidad de la población
[…]”.

66. Asimismo, tal como lo destacó el TRIBUNAL, esta Sección profirió sentencia
de 12 de diciembre de 2019, en la que se consideró lo siguiente40:

“[…] Es por esta razón que la Sala estima que no se trata exclusivamente de una
problemática al interior de un predio particular, como lo concluyó el a quo, sino
que en realidad existen unas responsabilidades de las autoridades ambientales
y municipales que no pueden soslayarse con el pretexto de que se estarían
amparando por vía de la acción popular unos “intereses particulares”.

Debe tenerse en cuenta que el derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente se rige por el principio de prevención, en virtud del
cual si el riesgo puede ser conocido anticipadamente es imperativo que se
adopten medidas para mitigarlo.

Al respecto, esta Corporación ha sostenido:

«[…] El principio de prevención es el que debe aplicarse tratándose de la posible
producción de daños o de la constatación de la existencia de riesgos
respecto de los cuales resulta posible conocer las consecuencias que
podría tener sobre el ambiente el desarrollo de determinado proyecto, obra o
actividad, de manera que la autoridad competente cuenta con la posibilidad
fáctica real de adoptar decisiones con antelación a la concreción del riesgo
o a la causación del daño, con el fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas;
para ello, según se indicó, el principio de prevención subyace a institutos
jurídicos como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de
autorizaciones previas, instrumentos cuya operatividad precisa de la posibilidad

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de marzo de

2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 17001-23-33-000-2017-00321-01.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de diciembre

de 2019, CP. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 17001-23-33-000-2014-00071-02.

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de conocer los hechos y reaccionar frente a ellos con antelación al daño
ambiental […]»41

Bajo la égida de este principio, las autoridades ambientales están llamadas a la
aplicación del criterio de anticipación, a través de herramientas técnicas para el
conocimiento, manejo y control del riesgo o amenaza, en los términos de la Ley
1523, de manera tal que la certeza respecto de los riesgos o de su probabilidad
de ocurrencia activan una cadena de causalidad que debe ser interrumpida en
su curso causal, con miras a prevenir la consumación del daño.

En este orden de ideas, la Sala estima que en el caso sub lite sí se encuentra
acreditada la vulneración del derecho a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, no solo por la categorización de la zona objeto de
controversia, sino por las afectaciones a los inmuebles que allí se ubican, la cual está
ampliamente demostrada.

Ahora bien, en el caso concreto merecen destacarse dos asuntos relevantes para la
decisión que la Sala adoptará. El primero es que está demostrado que la afectación
de la zona, si bien es de origen geológico, no exime a las autoridades de su deber de
adoptar todas las medidas necesarias para conocer, reducir y manejar su impacto. Y
el segundo es que debe hacerse claridad en que las afectaciones no se limitan a
intereses particulares, pues si bien la más importante la recibe el inmueble
conocido como La Bendecida, lo cierto es que las medidas para mitigar el riesgo
redundan en la seguridad de otras viviendas y pobladores del sector, máxime
si se tiene en cuenta que las obras de estabilización que en el pasado se
efectuaron necesitan ser actualizadas, debido a la persistencia de la socavación
lateral […]”. (Destacado fuera de texto).

67. Teniendo en consideración las anteriores referencias jurisprudenciales, la
Sala destaca que el TRIBUNAL al momento de impartir la orden al MUNICIPIO
consideró lo siguiente:

“[…] Teniendo en cuenta que una parte de la margen derecha del río Consotá
constituye espacio público de la ciudad de Pereira, según la Ley 9 de 1989 arts.
5 y 56, y Acuerdo 028 de 2011 de la Carder arts. 3 y 5, se ordenará que el ente
territorial en lo de su competencia, realice, dentro del término de 1 mes, contado
a partir de la ejecutoria de la sentencia, las obras definitivas para mitigar el
riesgo y proteger el talud afectado, las cuales se traducen en el retiro del
material vegetal que se encuentra colapsado en la base del talud, que amenaza
represamiento y formación de palizadas aguas abajo, donde el cauce sufre de
estrangulamiento o es más angosto […]”. (Destacado fuera de texto).

68. Adicionalmente, la Sala resalta que las pruebas allegadas al proceso
permiten concluir que el riego de desastre se expande a la comunidad y no solo se
refiere a un predio privado. Así, se destaca el concepto técnico 1502 del 1.º de junio
de 2022 realizado por la CARDER, en el que se concluyó que “[…] se requiere de
la tala de la vegetación que se encuentra afectada por socavación frente al Galpón
P-Servientrega a la altura de la Zona Forestal Protectora del río Consotá en la
Central Mayorista de Alimentos – MERCASA P.H, como es la guaduilla junto a los

41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, providencia de
4 de noviembre de 2015, número único de radicación 76001 23 31 000 2005 04271 01 (37603), CP: Hernán
Andrade Rincón (E).

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árboles y postes del cerramiento que se localizan en la corona del deslizamiento
[…]”, por lo que el área de riesgo que fue objeto de amparo en la sentencia de
primera instancia recae sobre la zona forestal protectora del río Consotá a la altura
de MERCASA, en consecuencia, como lo destacó el TRIBUNAL, el asunto no se
limita a la protección de intereses particulares de un predio privado, sino que el
amparo constitucional es necesario para proteger la situación de riesgo en la
seguridad de las personas que transitan por el lugar y la afectación del río Consotá,
concretamente en la formación de palizadas aguas abajo, donde el cauce sufre el
estrangulamiento o es más angosto.

69. Asimismo, la Sala destaca que el TRIBUNAL precisó en la sentencia de
primera instancia que la protección de los derechos colectivos tiene por objeto una
zona que compromete derechos de la comunidad y no simplemente derechos
particulares del propietario del predio privado. Al respecto, el TRIBUNAL consideró
lo siguiente:

“[…] de las pruebas documentales aportadas al proceso se logra extraer que existe
una amenaza geotécnica en la zona del talud ubicado en la Central Mayorista
MERCASA P.H., toda vez que la estructura comprometida genera inestabilidad
del terreno y la vegetación de la zona forestal protectora del río Consotá
produce cambio de dinámica, morfología y dirección del cauce, socavación
lateral y profunda en la base de la ladera, así como pérdida del suelo.
En igual sentido, se puede determinar que los problemas erosivos como la
socavación lateral de la base del talud a partir del río Consotá, presentan
características retrogresivas, y en varias ocasiones se han presentado
deslizamientos que han sido informados a las autoridades.
Por todo lo anterior, se puede asegurar que existe amenaza de deslizamiento en
la zona, que hace necesaria la intervención de este juez constitucional, en
procura de proteger el derecho colectivo al goce de un ambiente sano y a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.
(Destacado fuera de texto).

70. Con fundamento en lo anterior, es claro para la Sala que la vulneración a los
derechos colectivos al goce del ambiente sano y a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente en el caso concreto, compromete los intereses
de la comunidad y no exclusivamente de los particulares.

71. Ahora bien, la Sala reitera que los alcaldes: i) como jefes de la administración
local, representan al Sistema Nacional en el respectivo distrito y el municipio; y ii)
como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación
de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su

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jurisdicción. Los alcaldes y, en general, la administración municipal, deben integrar
en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia
de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de
ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública.

72. Adicional a lo anterior, los alcaldes tienen, en los términos de los artículos
121 de la Ley 388, 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200142 y de la Resolución
448 de 17 de julio de 201443, la obligación de: i) “[…] [p]romover, cofinanciar o
ejecutar, en coordinación con otras entidades públicas, comunitarias o privadas,
obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, defensa
contra las inundaciones y regulación de cauces o corrientes de agua […]”; ii)
realizar y reportar ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el inventario de
asentamientos localizados en zona de alto riesgo por inundaciones y deslizamientos
que se hallen en suelo urbano, suelo rural y suelo de expansión urbana; y iii) evitar
que las áreas catalogadas como de riesgo no recuperable que hayan sido
desalojadas a través de planes o proyectos de reubicación de asentamientos
urbanos no se vuelvan a ocupar con viviendas, entre otras.

73. Así las cosas, no es de recibo el argumento expuesto por el MUNICIPIO en
el recurso de apelación relacionado con su falta de competencia para cumplir con
lo ordenado por el TRIBUNAL, que no es nada diferente a cumplir la normativa en
materia de gestión del riesgo, por lo que no es cierto que con la orden judicial se
desconozcan los principios de legalidad, autonomía y descentralización territorial,
como tampoco es de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad de
cumplir la orden judicial por vulnerar las normas que regulan la administración de
recursos públicos.

Sobre la responsabilidad compartida con el propietario del predio privado en
materia de gestión del riesgo

74. El MUNICIPIO afirmó que la sentencia proferida en primera instancia pasó
por alto que de acuerdo con la Ley 1523 de 2012 la gestión del riesgo es un deber
compartido entre autoridades públicas y particulares, por lo que destacó que

42 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
43
Expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se establecen los lineamientos para
que los municipios y distritos recojan y suministren la información para conformar el inventario nacional de
asentamientos en alto riesgo de desastres”.

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tratándose de riesgos que recaen sobre una propiedad privada, el deber principal
de intervención recae en el propietario o en quienes detentan derechos sobre el
bien, quienes son los primeros llamados a adoptar medidas de autoprotección y
mitigación. En consecuencia, sostuvo que en el caso concreto correspondía a
MERCASA la realización de las obras de mitigación en cumplimiento del principio
de autoconservación sin que pudiera trasladarse esa obligación al MUNICIPIO.

75. En este punto, el TRIBUNAL consideró lo siguiente:

“[…] en lo que tiene que ver con la Central Mayorista de Alimentos – MERCASA P.H.,
debe tenerse en cuenta que la Ley 1523 de 2012 en su artículo 2° establece la
responsabilidad de los privados en la gestión del riesgo, así:
“De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas
y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del
riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y
manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de
actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la
gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección,
tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por
las autoridades”.
Así mismo, como principios generales la misma Ley en su artículo 3°, dispone, entre
otros, los siguientes:

“[…] 4. Principio de autoconservación:
Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene
el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del
riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que
es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social.
[…]
7. Principio del interés público o social:
En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social
prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales,
sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los
derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las
entidades territoriales.
8. Principio de precaución:
Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los
bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como
resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los
particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de
certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a
prevenir, mitigar la situación de riesgo.
[…]
11. Principio sistémico:

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La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un sistema
administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El
sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la
continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades
mediante bases de acción comunes y coordinación de competencias. Como
sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de
interconexión, diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración.
[…]
16. Mitigación del riesgo:
Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir
los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de
seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir
las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente.”

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los análisis específicos de riesgo y
planes de contingencia, la mencionada Ley ha dispuesto en su artículo 42, la
ejecución de obras tanto a cargo de las entidades públicas como privadas
encargadas de la prestación de servicios públicos en los siguientes términos:
“Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia. Todas las entidades
públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que
ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de
otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como
las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que
considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura
expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de
influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este
análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes
de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento”.

En igual sentido, el parágrafo del artículo 44, dispone:

“Todas las entidades públicas, privadas o comunitarias velarán por la
correcta implementación de la gestión del riesgo de desastres en el ámbito
de sus competencias sectoriales y territoriales en cumplimiento de sus
propios mandatos y normas que los rigen”.

De acuerdo a lo expuesto, es posible advertir que tanto las entidades públicas
como privadas serán responsables de implementar medidas de reducción del
riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio
cumplimiento, siendo coherentes con los principios de precaución, solidaridad,
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo
dispuesto por las autoridades.
En razón a lo aquí expuesto y ante las facultades y obligaciones de las entidades
privadas frente a la reducción del riesgo, será del caso ordenar que la Central
Mayorista de Alimentos – MERCASA P.H. en conjunto con el municipio de
Pereira, realice, dentro del término de 1 mes, contado a partir de la ejecutoria
de la sentencia, las obras definitivas para mitigar el riesgo y proteger el talud
afectado, las cuales se traducen en el retiro del material vegetal que se
encuentra colapsado en la base del talud, que amenaza represamiento y
formación de palizadas aguas abajo, donde el cauce sufre de estrangulamiento
o es más angosto […]”. (Destacado fuera de texto).

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76. La Sala considera que el TRIBUNAL no pasó por alto la responsabilidad en
materia de gestión del riesgo que tienen los particulares y, en el caso concreto
MERCASA, tanto así que se le impartió la siguiente orden en conjunto con el
MUNICIPIO:

“[…] 3.3. Realizar, en conjunto con la Central Mayorista de Alimentos –
MERCASA P.H., las obras definitivas para mitigar el riesgo y proteger el talud
afectado, las cuales se traducen en el retiro del material vegetal que se encuentra
colapsado en la base del talud, que amenaza represamiento y formación de palizadas
aguas abajo, donde el cauce sufre de estrangulamiento o es más angosto, para lo
cual se concede el término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de la
sentencia […]”.

77. La Sala considera que no le asiste razón al MUNICIPIO en este punto, toda
vez que el TRIBUNAL si analizó la responsabilidad de los particulares en materia
de gestión del riesgo e impartió las órdenes necesarias para proteger los derechos
colectivos vulnerados, por lo que el argumento relacionado con la necesidad de
exhortar al propietario del predio carece de fundamento, cuando en la sentencia se
le impartieron órdenes judiciales concretas.

Sobre la inexistencia de omisión o incumplimiento de un deber legal por parte
del MUNICIPIO

78. El MUNICIPIO afirmó que la parte actora no demostró la existencia de una
omisión ilegítima del ente territorial en relación con el predio de propiedad de
MERCASA. Por el contrario, precisó que el MUNICIPIO realizó evaluaciones de
rigor, incluyó la zona en los instrumentos de planificación territorial con la respectiva
clasificación de amenaza y activó los mecanismos de coordinación con las
instancias del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

79. Asimismo, adujo que no se identificó ningún mandato legal que ordenara al
MUNICIPIO ejecutar directamente obras de mitigación en el inmueble de
MERCASA.

80. La Sala considera que el MUNICIPIO tiene obligaciones contenidas en el
marco normativo desarrollado en esta providencia en materia de gestión del riesgo,
que permiten afirmar que la orden impartida por el TRIBUNAL es proporcional por
las siguientes razones: i) se fundamenta en el marco del Sistema de Gestión del
Riesgo, en el que el municipio tiene competencia directa y principal; ii) el estudio se
ordenó sobre la “[…] zona forestal protectora del Rio Consotá [,] [a la altura de] […]
la Central Mayorista de Alimentos MERCASA P.H. […]”; iii) las obras definitivas que

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debe ejecutar, de acuerdo con los resultados del estudio y previo el trámite de los
permisos ambientales, las debe hacer en conjunto con MERCASA y la orden se
fundamenta en la protección de los derechos e intereses colectivos amparados y
en la normativa que regula la gestión del riesgo y la responsabilidad de los
municipios en esa materia, razones suficientes para desvirtuar el argumento
expuesto por el apoderado del municipio sobre la imposibilidad de cumplir la orden
judicial.

81. Por otro lado, respecto del argumento relacionado con que el TRIBUNAL
debió resolverse el caso concreto en el sentido en que lo hizo el Consejo de Estado
en el predio La Granada en Manizales, en donde se negaron las pretensiones de la
demanda frente a la administración y únicamente se exhortó al MUNICIPIO y a la
autoridad ambiental a brindar apoyo técnico, pero no se ordenó a la entidad
territorial ejecutar obras en terrenos privados, la Sala pone de presente que el
apoderado del MUNICIPIO omitió identificar la providencia de esta Corporación a la
que hizo referencia en el escrito de apelación, lo que hace imposible que se analice
el argumento, toda vez que la carga argumentativa está en cabeza de la entidad
apelante, deber que no cumplió en este punto en particular, por lo que el argumento
de la apelación no prospera.

Sobre la supuesta ilegalidad de las órdenes impartidas

82. La Sala precisa que tampoco le asiste razón al apoderado del MUNICIPIO al
afirmar que las órdenes impartidas por el TRIBUNAL son ilegales y que violan el
principio de legalidad por el inadecuado uso de recursos públicos.

83. Al respecto, se reitera que el MUNICIPIO tiene específicas funciones en
materia de gestión del riesgo en su jurisdicción, tal como se prevé en el numeral
76.9 del artículo 76 de la Ley 715 de 2001, en el que se dispuso que corresponde a
los municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer sus competencias en materia de prevención
y atención de desastres.

84. Asimismo, la Ley 1523 de 2012, dispuso que los alcaldes, como jefes de la
administración local, representan el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y son los responsables directos de la implementación de los procesos de

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gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento y reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción.

85. Lo anterior permite concluir a la Sala que las órdenes impartidas al
MUNICIPIO por parte del TRIBUNAL tienen por objeto amparar, entre otros, el
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, con ocasión de la situación de riesgo por deslizamiento del talud en
la zona forestal protectora a la altura de MERCASA, situación que fue probada en
el proceso y cuya existencia no fue cuestionada por el MUNICIPIO en el recurso de
apelación, por lo que las órdenes resultan proporcionales y se ajustan a las
competencias de la entidad territorial. Así las cosas, el argumento analizado en este
acápite no tiene vocación de prosperidad.

Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia

86. Atendido a que el TRIBUNAL, en la sentencia apelada, omitió precisar que
el magistrado sustanciador preside el comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia, la Sala modificará el ordinal séptimo de la parte resolutiva, en el sentido
de precisar que el magistrado sustanciador presidirá el comité.

87. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el TRIBUNAL, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las
decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que
incluye todas las ordenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia

Conclusiones

88. La Sala considera que el MUNICIPIO es competente para cumplir las
órdenes que le fueron impartidas en la sentencia de primera instancia, las cuales
son proporcionales y se ajustan al ordenamiento jurídico.

89. La Sala modificará el ordinal séptimo de la sentencia proferida, en primera
instancia, en el sentido de precisar que el magistrado sustanciador del TRIBUNAL
preside el comité de verificación de cumplimiento de la sentencia. En lo demás, la
Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia.

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90. Finalmente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal séptimo de la sentencia proferida el 9 de mayo
de 2025 por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará
así:

“[…] 7. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo ordenado en la presente
providencia se nombrará un comité de verificación de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, integrado por el magistrado sustanciador
del Tribunal, quien lo presidirá; por la entidad actora popular; el alcalde del municipio
de Pereira; el director de la CARDER o la persona que sea designada por dicho
funcionario para tal fin. El Comité de Verificación deberá rendir a esta Corporación
informes periódicos acerca del cumplimiento de esta decisión.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el TRIBUNAL, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones
que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las
ordenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 9 de mayo de 2025
por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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