RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2023 › Radicado 17001-23-33-000-2021-00195-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2021-00195-01

Fecha
26 de mayo de 2023
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
13 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2021-00195-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el ordinal primero de la sentencia proferida el 23 de junio de 2022 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas. SEGUNDO: EXHORTAR al municipio de Manizales y a la Corporación Autónoma Regional de Caldas para que, en el marco de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias, continúen con el respectivo acompañamiento técnico, con miras a controlar que ese riesgo personal no incremente el nivel de vulnerabilidad de la comunidad. TERCERO: EXHORTAR a los demandantes para que acaten las recomendaciones impartidas por la autoridad municipal y por Corpocaldas en materia de autoconservación. CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia. QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. 52 “Artículo 38.- Costas. 53 Código General del Proceso: “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe. […]. 3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. […]”. 27 Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01 Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros Demandados: Municipio de Manizales y otros SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este proveído.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2021-00195-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

26 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño, Jhon Efraín Cardona Peláez, Diego
Armando Cardona Peláez y Margarita Peláez Marín
Demandados: Municipio de Manizales y Corporación Autónoma Regional de Caldas
Vinculados: Gobernación Departamental de Caldas
Tema: Diferencias entre derechos colectivos y subjetivos en materia de
gestión de riesgos de desastre. En el sector del litigio se presenta una
amenaza que aún no cuenta con la virtualidad de afectar el interés
público y que debe ser prevenida por los respectivos propietarios.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
Efraín Cardona Castaño en contra de la sentencia de 23 de junio de 2022,
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. Los ciudadanos Efraín Cardona Castaño, Jhon Efraín Cardona Peláez, Diego
Armando Cardona Peláez y Margarita Peláez Marín, en ejercicio de la acción
popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por
las leyes 472 de 19981 y 1437 de 20112, demandaron a la Corporación Autónoma
Regional de Caldas (Corpocaldas) y al municipio de Manizales, con miras a obtener
la protección del derecho colectivo previsto en el literal l) del artículo 4° de la Ley
472 , presuntamente vulnerado por el fenómeno de inestabilidad que se presenta
en el talud de tierra superior a la vivienda situada en la carrera 13 # 4-19 del barrio
Topacio del municipio de Manizales3.

2. Los hechos que fundamentaron la demanda de la acción popular, en síntesis,
fueron los siguientes:

1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
3 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 17001-23-33-000-2021-00195-

01 Efraín Cardona y otros contra el municipio de Manizales y otros. Registro N.° 2: “Actuación: EXPEDINTE
DIGITAL”

2

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

2.1. Los demandantes informaron que habitan en la vivienda situada en la carrera
13 # 4-19 del barrio el Topacio de la ciudad de Manizales.

2.2. Mencionaron que, desde hace 5 años, la Unidad de Gestión del Riesgo de la
alcaldía de Manizales, detectó que: «el terreno se encuentra socavado, y
erosionado en su base, con material suelto y morfología irregular. Hacia la parte
superior se observa cubierto por abundante vegetación y parcialmente cubierto con
plásticos».

2.3. En virtud de tal situación, precisaron que el 16 de enero de 2017 la Secretaría
de Obras Públicas de la Alcaldía de Manizales estimó necesario construir una
pantalla anclada para darle estabilidad al sitio; la cual sería incluida en el inventario
de obras públicas del ente territorial.

2.4. Indicaronque en múltiples ocasiones han solicitado a la administración la
construcción de la pantalla mencionada; sin embargo, hasta el momento no han
obtenido una respuesta satisfactoria.

2.5. Explicaron que el fenómeno de inestabilidad que afecta su vivienda continúa
activo, lo cual representa un riesgo para la integridad del inmueble y de sus
habitantes, pues es posible que se presenten nuevos desprendimientos de capa
vegetal y tierra.

2.6. Afirmaron que el 28 de junio de 2021, la Unidad de Gestión del Riesgo emitió
recomendaciones para el tratamiento del talud, descartando la construcción de
obras, pues el sitio de la problemática es de propiedad privada. Añadieron que el 29
de julio del mismo año la Secretaría de Obras Públicas manifestó adherir a lo
recomendado por la Unidad de Gestión del Riesgo.

2.7. Finalizaron arguyendo que la problemática de inestabilidad del talud continua
hasta el momento, agravándose con las lluvias recurrentes en la ciudad de
Manizales; con lo cual se vulneran los derechos colectivos y la seguridad de la
vivienda en cuestión.

3. Las siguientes fueron las pretensiones de la demanda:

«PRIMERO: Acceder a la protección de los derechos e intereses colectivos que
están siendo vulnerado por la omisión de las entidades accionadas.

SEGUNDO: Adoptar todas las medidas administrativas, técnicas y presupuestales
necesarias para resolver la problemática.

TERCERO: Construir la pantalla anclada de 5 x 4 m en la parte posterior de mi
vivienda; así como cualquier obra que se encuentre necesaria (posterior a nuevos
estudios) para mitigar el riesgo del talud mencionado en los hechos».

3

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

I.2. Actuación procesal en primera instancia

4. El magistrado sustanciador del proceso del Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante auto de 19 de octubre de 20214, admitió la demanda y ordenó la
notificación y el traslado correspondiente a las autoridades accionadas para que
contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o solicitaran la práctica de las
pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público, al Defensor del
Pueblo y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, dispuso
comunicar el proceso a los miembros de la comunidad.

5. Posteriormente, mediante auto de 13 de diciembre de 20215, el magistrado
sustanciador vinculó al Departamento de Caldas al considerar que dicho ente
territorial podría tener interés directo en el proceso de la referencia.

I.3. Contestaciones de la demanda e intervenciones

I.3.1. El apoderado judicial del municipio de Manizales, mediante escrito de 4 de
noviembre de 20216, se opuso a las pretensiones, al asegurar que la entidad
territorial que representa no ha vulnerado ni puesto en peligro por acción u omisión
los derechos colectivos invocados por la parte demandante.

6. Indicó que, mediante informe técnico de 26 de octubre de 2021, la Unidad de
Gestión del Riesgo visitó el predio ubicado en la carrera 13 No. 4-19 y la ladera
colindante, observando desprendimiento de suelo y material vegetal
correspondiente a guaduilla, dejando el talud con pendiente vertical;
adicionalmente, en la corona de la ladera se observó cobertura irregular con
plásticos.

7. Añadió que, por Oficio de 28 de junio de 2021, la Unidad de Gestión del Riesgo
recomendó al propietario del inmueble «(…) realizar de manera periódica las
actividades de mantenimiento del talud relacionadas a limpieza y rocería, además
del retiro de material suelto, a fin de garantizar la estabilidad natural del suelo y así
evitar inclinación de la vegetación y consiguientes desprendimientos de la misma».
De tal modo, sostuvo que en la zona baja de la ladera se evidencia la existencia de
raíces, y que no presenta procesos erosivos activos.

8. En relación con las obras de mitigación, adujo que el predio es de carácter
privado, por lo tanto, es responsabilidad del propietario realizar las actividades que
garanticen la tenencia del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2° del
artículo 77 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esto es,

4 Ibid., documento denominado “ED_14ADMITEDEMANDA3FLP(.pdf) N roActua 2”. Providencia suscrita por el

Magistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes.
5 Ibid., documento denominado “ED_26ORDENAVINCULACION3(.pdf) NroActua 2”. Providencia suscrita por el

Magistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes.
6 Ibid., documento denominado “ED_19CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2”. Documento suscrito por

el abogado Jorge A. Tamayo Arias.

4

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

evitando daños o averías que molesten, perjudiquen o pongan en peligro a los
vecinos.

9. También refirió que la Unidad de Gestión del Riesgo, mediante oficio de 14 de
febrero de 2017, constató la existencia de un riesgo asociado al uso y ocupación de
la parte posterior de la vivienda del señor Cardona, por lo que se le recomendó que
protegiera el talud con plásticos en la corona, retirara el material suelto y realizara
rocería y descope de la vegetación a fin de retirarle carga al talud.

10. Seguidamente, el abogado planteó las siguientes 4 excepciones:

i) «Improcedencia de la acción», pues estimó que en ningún momento se da la
vulneración de los derechos invocados por la parte accionante, en consecuencia
«no estamos frente a una auténtica acción popular […], por ser un predio particular».
Agregó que el Municipio de Manizales ha dado cumplimiento a las funciones
administrativas, aun en los casos de fuerza mayor o de épocas invernales, en los
que ha protegido a la comunidad, y cumplido los fines estatales.

ii) «Inexistencia de los presupuestos legales para incoar la acción», ya que «nos
corresponde analizar si […] lo que se busca es la protección de un interés de
carácter particular […]».

iii) «Carencia de prueba que constituya presunta vulneración de los derechos» dado
que «no basta con indicar que determinados hechos, acciones u omisiones violan
los derechos e intereses colectivos para que se tenga por cierta su afectación o
vulneración», y

iv) «Excepción genérica».

I.3.2. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de Caldas,
mediante escrito de 4 de noviembre de 20217, solicitó absolver de todo cargo a la
autoridad ambiental que representa, con fundamento en las siguientes 4
excepciones:

i) «Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales y constitucionales».
El abogado señaló que dicha autoridad ambiental, en el marco de su función de
asesoría, ha asistido al sector objeto de demanda, proporcionando el criterio técnico
necesario y remitiéndolo a los actores populares y al Municipio de Manizales.
Muestra de ello, es el informe técnico que se suscribió el 30 de julio de 2021.

ii) «La competencia para la atención y prevención de desastres se encuentra en
cabeza de los municipios y de los departamentos», conforme a la Constitución, las
leyes 715 de 2001 y 1523 de 2012, y la jurisprudencia de la Sección Primera del
Consejo de Estado. El apoderado acotó que, aunque conforme a la Ley 1523 a

7 Ibid., documento denominado “ED_18CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2”. Documento suscrito por

el abogado Martin Alonso Bedoya Patiño.

5

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

Corpocaldas le asisten funciones en materia de gestión del riesgo de desastres, eso
no la hace responsable de las obras, pues su papel es subsidiario o
complementario.

iii) «Las corporaciones autónomas regionales son subsidiarias en materia de gestión
del riesgo, los municipios y los departamentos tienen la responsabilidad primaria».,

iv) «Responsabilidad de los particulares en la gestión del riesgo».

I.3.3. La apoderada judicial del Departamento de Caldas, mediante escrito de 18
de enero de 20228, solicitó la exoneración de la entidad territorial que representa,
porque en ningún momento ha vulnerado los derechos colectivos cuya protección
se reclama.

11. Indico que, conforme a la Constitución y a la Ley 1523 de 2012, los municipios
son los responsables directos de implementar los procesos de gestión del riesgo de
desastres, y solo cuando el evento o fenómeno natural supere la capacidad de
respuesta del municipio, el departamento apoyara la resolución de la problemática,
dentro de sus funciones de complementariedad y subsidiariedad.

12. Adicionalmente,
advirtió que, según la Ley 99 de 1993, las corporaciones
autónomas regionales deben realizar actividades de análisis, seguimiento,
prevención y control de desastres, asistir en aspectos medioambientales a las
autoridades competentes, y adelantar junto con los municipios programas de
adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo.

13. En consecuencia, advirtió que, el Departamento de Caldas no tiene competencia
directa para evaluar ni dar solución definitiva al problema del litigio, ya que esto
corresponde directamente al propietario del predio o a la administración municipal.

14. En esa medida, la apoderada planteó las excepciones de: (i) «falta de
legitimación en la causa por pasiva», e (ii) «inexistente vulneración de derechos
colectivos por parte del Departamento de Caldas».

I.3.4. El Procurador 28 Judicial II para asuntos Administrativos de Manizales,
mediante escrito de 24 de mayo de 20229, solicitó al Tribunal de primera instancia
que accediera parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de
conceder la protección del derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y, en consecuencia, «se dicten las órdenes
necesarias con los plazos prudenciales para hacer cesar la vulneración y asegurar
la efectividad de esa garantía constitucional».

8 Ibid., documento denominado “ED_28CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2”. Documento suscrito por

la abogada Beatriz Elena Henao Giraldo.
9 Ibid., documento denominado “ED_50CONCEPTOMINISTERIO(.pdf) NroActua 2”. Documento suscrito por el

procurador Alejandro Restrepo Carvajal.

6

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

15. El agente del Ministerio Público planteó dicha petición luego de concluir que en
el proceso se había acreditado la vulneración del derecho colectivo invocado, en
atención a que las condiciones en que se encuentra el talud ubicado en el predio
privado del barrio Topacio de Manizales, son causadas por las acciones y omisiones
en que han incurrido el ente territorial accionado y los propietarios del inmueble.

I.4. Audiencia de pacto de cumplimiento

16. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 14 de
marzo de 202210, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de
la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, «ante la falta de ánimo conciliatorio por parte de
las entidades accionadas, quienes son enfáticas en señalar que al tratarse de un
predio privado las obras de estabilidad que solicita deben ser realizadas por el
propietario del bien inmueble».

II. LA SENTENCIA APELADA

17.La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante sentencia de 23 de junio de 202211, negó las pretensiones de la demanda.

18. Para arribar a esa determinación, el Tribunal aclaró que el talud objeto de la
presente controversia se encuentra ubicado entre 2 inmuebles. El primero es donde
reside el demandante, señor Cardona Castaño, situado en la Carrera 13 # 4-19
(parte baja del talud), y el segundo es el ubicado en la Carrera 13 # 4-75, propiedad
de la señora María Falconery Gil Uribe (parte alta del talud).

19. Sin embargo, el Tribunal acotó que, conforme a las pruebas, solo el predio que
habita el señor Cardona Castaño es el que presenta desprendimiento de la
vegetación, sin que el predio de la señora Gil Uribe, que se ubica en la cima del
talud, presente algún problema por deslizamiento de tierra o de vegetación.

20.El Tribunal precisó que en el predio de la carrera 13 No. 4-19 de Manizales se
encuentra un talud con vegetación densa, respecto del cual se han evidenciado
desprendimientos de suelo de menor tamaño e inclinación en la vegetación. Indicó
que, conforme a las visitas técnicas, las autoridades han observado la falta de

10 Ibid., documento denominado “ED_39AUDIENCIAPACTO1FL(.pdf) N roActua 2”. Según el acta de la
diligencia, en esta participaron: Carlos Manuel Zapata Jaimes (magistrado sustanciador), Efraín Cardona
Castaño (demandante), Martín Alonso Bedoya Patiño (apoderado de Corpocaldas), Jhon Jairo Chisco
Leguizamón (ingeniero y representante legal de Corpocaldas), Jorge Alirio Tamayo Arias (apoderado del
Municipio de Manizales), Alexa Yadira Morales Correa (Directora Técnica de la Unidad de Riesgo del municipio
de Manizales), Beatriz Elena Henao Giraldo (apoderada del departamento de Caldas), Paola Andrea Loaiza
Cruz (Secretaria del Medio Ambiente del departamento de Caldas) y Alejandro Restrepo Carvajal (Procurador
28 Judicial II Administrativo de Manizales).
11 Ibid., documento denominado “ED_53SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2”. Sala de Decisión integrada

por los magistrados: Carlos Manuel Zapata Jaimes –ponente de la sentencia-, Patricia Varela Cifuentes y Dohor
Edwin Varón Vivas.

7

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

mantenimiento del talud (rocería y limpieza), lo que ha favorecido el crecimiento
descontrolado y la caída de la vegetación por su propio peso.

21. En consecuencia, acotó que el problema de deslizamiento de la ladera posterior
al predio del actor encierra una problemática de derechos patrimoniales subjetivos,
más no colectivos. Señaló que el daño se presenta únicamente en un predio
privado, esto es en la casa de habitación del señor Cardona Castaño ubicado en la
carrera 13 # 4-19. De tal modo sostuvo que los derechos que se busca proteger son
particulares.

22. Por tales razones, concluyó que en el asunto bajo estudio no fueron aportados
elementos probatorios que permitieran evidenciar la existencia de una situación de
riesgo que amenace derechos colectivos, por ende, las obras de mantenimiento del
talud corresponden a los propietarios.

III. Fundamentos del recurso de apelación

23. El demandante, señor Efraín Cardona Castaño, mediante escrito de 29 de
junio de 202212, solicitó la revocatoria del fallo de primera instancia para que, en su
lugar, el juez popular ampare los derechos colectivos invocados.

24. Con tal propósito, el apelante recordó que la Secretaría de Obras Públicas de
la Alcaldía municipal de Manizales, en el oficio de 16 de enero de 2017, manifestó
que incluiría las obras de estabilidad de litigio en el inventario de obras públicas.

25. Explicó que, conforme a las pruebas allegadas al acervo, «efectivamente existe
un fenómeno de estabilidad en la parte trasera de mi vivienda, los cuales requieren
de obras de mitigación del riesgo específicas tales como las manifestadas por
CORPOCALDAS». Así pues, en su criterio, no existe duda sobre la vulneración de
los derechos colectivos por el actual riesgo ni respecto por la falta de obras de
mitigación.

26. Aclaró que, si bien el talud afecta su residencia debido a que se ubica en la
parte posterior de la misma; no es menos cierto que ese fenómeno de inestabilidad
podría afectar la integridad de las viviendas aledañas y superiores que colindan con
el área objeto de litigio, así como la vida de los habitantes vecinos.

27. Aseguró que el Tribunal no tuvo en cuenta que las autoridades municipales son
responsables de gestionar los riesgos de desastre. Además, el fallo no consideró
que existe un riesgo latente por la falta de obras de estabilización del talud.

28. Insistió en que las entidades accionadas manifestaron que el talud, por sus
características, requiere de obras de intervención para evitar fenómenos de
inestabilidad. Por ende, la autoridad municipal transgrede el derecho a la prevención

12Ibid., documento denominado “ED_56RECURSOAPELACIONDE(.pdf) NroActua 2”, suscrito por Efraín
Cardona Castaño.

8

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

de desastres previsibles técnicamente al conocer de la necesidad de estas obras y
no ejecutar las mismas.

29. Explicó que resulta injustificado negar el amparo de los derechos colectivos y
eximir a las autoridades de cumplir con sus deberes legales, cuando el mismo
municipio señaló en el Oficio de 16 de enero de 2017 que las obras de estabilidad
del talud se incluirían en el inventario de contratación pública.

IV. Trámite en segunda instancia

30. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda instancia,
mediante auto de 16 de agosto de 202213 y conforme al artículo 322 del CGP,
admitió el recurso de apelación presentado contra la sentencia de 23 de junio de
2022. De otro lado, al tenor del artículo 247 del CPACA, advirtió a los sujetos
procesales que no había lugar a dar traslado para alegar de conclusión, e informó al
Ministerio Público que se encontraba habilitado para emitir concepto en la presente
causa hasta antes de que el proceso ingresara al despacho para emitir sentencia.

31. Una vez cobró ejecutoria la referida providencia, las partes se abstuvieron de
emitir algún pronunciamiento. Igualmente, a la fecha de ingreso del proceso al
despacho14, el agente del Ministerio Público guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

32. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 199815, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del CPACA16 y con el artículo
13 del Acuerdo N.° 080 de 201917, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

33.Los ciudadanos Efraín Cardona Castaño, Jhon Efraín Cardona Peláez, Diego
Armando Cardona Peláez y Margarita Peláez Marín atribuyeron a Corpocaldas y al

13 Ibid., documento denominado: “AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACIO N(.pdf) NroActua 4”.
Providencia suscrita por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés.
14 Ibid., documento de ingreso al despacho denominado: “ALDESPACHO_2PASOADESPACHOD(.do c)

NroActua 11”.
15 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. Disposición referente a la procedencia de
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas primera instancia en acciones populares.
16 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Disposición relativa a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.
17 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado.

9

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

municipio de Manizales, la afectación del derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, debido al fenómeno de
inestabilidad que se presenta en el talud de tierra superior de la vivienda situada en
la carrera 13 # 4-19 del barrio Topacio del municipio de Manizales.

34. El Tribunal Administrativo de Caldas negó las pretensiones de la demanda, al
asegurar que esa situación de riesgo no amenazó derechos colectivos sino
derechos patrimoniales de carácter subjetivo o particular. En consecuencia, sostuvo
que las actividades de mantenimiento del talud corresponden a los propietarios de
los predios.

35. Inconforme con la determinación de primera instancia, el demandante interpuso
recurso de apelación argumentando fundamentalmente que: (i) en el proceso se
demostró la existencia de un fenómeno de inestabilidad del talud que atenta contra
los derechos de la colectividad; (ii) las autoridades advirtieron la necesidad de
desarrollar obras de mitigación del riesgo; y (iii) el Tribunal no tuvo en cuenta los
deberes del municipio en materia de gestión integral de riesgos de desastres.

36. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si: ¿se encuentra demostrado
que en el talud de tierra superior a la vivienda situada en la carrera 13 # 4-19 del
barrio Topacio del municipio de Manizales se presenta un fenómeno de inestabilidad
que atenta contra los derechos de la colectividad?

37. A fin de resolver este interrogante, la Sala estudiará: (i) la procedencia del medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos en el caso concreto,
y (ii) la situación de riesgo de desastre acreditada en el plenario.

V.2.1. De la diferencia entre los derechos e intereses colectivos y subjetivos
en materia de gestión de riesgos

38. Elprimer argumento del demandante alude a que la situación de riesgo
denunciada cuenta con una connotación colectiva dado que el fenómeno de
inestabilidad del litigio no solo afecta su predio, sino que podría afectar la integridad
de las viviendas aledañas y superiores que colindan con esa área, así como la vida
de los habitantes del sector.

39. Pues bien, para efectos de clarificar este punto, es necesario recordar que,
según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el uso
y goce de los derechos colectivos se encuentra a disposición de cualquier persona,
sin obedecer, en principio, a algún tipo de condición. Así, por oposición al derecho
subjetivo, no es posible que el disfrute y, por consiguiente, la titularidad del derecho
colectivo, recaiga exclusivamente sobre el patrimonio de una sola persona o de un

10

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

grupo específico de personas, pues tal derecho se proyecta de manera unitaria
sobre toda una colectividad18.

40. En ese sentido, la Ley 472 de 1998 estableció que «son derechos e intereses
colectivos, entre otros, los relacionados con: […] la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente […]». (Negrilla fuera del texto).

41. En línea con lo anterior, la Ley 1523 de 24 de abril de 201219 definió el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así:

«[…] Artículo 1°. (…) La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión
del riesgo, proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.

[…]. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la
población. […]»20. (Negrilla fuera del texto).

42. La misma Ley estableció como principios generales que orientan la gestión del
riesgo, entre otros, los siguientes:

«[…]. 2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser
protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus
bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles
desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los
valores enunciados.

4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de
derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias
para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con
miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la
solidaridad social.

26. Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad de
las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las
comunidades en un territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de
seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional, seguridad
económica, seguridad ecológica y seguridad social.

18 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 (M. P: Rodrigo Escobar Gil). Cfr. Consejo

de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005. C.P: María Elena Giraldo Gómez. Rad. Núm:
25000-23-25-000-2003-00254-01(AP):
19 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
20 Artículo 1.

11

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social,
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir
efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente.
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos
y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos.
[…]»21. (Negrilla fuera del texto).

43. Como puede observarse, la Ley 472 catalogó la seguridad y la prevención de
desastres como un derecho de carácter colectivo, es decir, como aquel que se
proyecta de manera unitaria sobre toda una comunidad. Esta indivisibilidad o
colectivización del derecho (y de las obligaciones correlativas) se presenta
justamente en la medida en que la manifestación de uno o más eventos
amenazantes tienen la potencialidad de afectar diversos bienes o intereses
amparados por el ordenamiento22.

44. Sin embargo, la Ley 1523 de 2012 también aclaró que el derecho a la seguridad
y la prevención de desastres puede tener una connotación personal y subjetiva
cuando el evento peligroso no cuenta con la virtualidad de afectar a la comunidad
de forma física, económica, social, ambiental o institucional. En tal escenario, prima
el principio de autoconservación, en virtud del cual los ciudadanos deben adoptar
las medidas necesarias para salvaguardar su ámbito personal.

45. Ahora bien, en la práctica, los efectos de una amenaza de origen personal
pueden tornarse en colectivos cuando el riesgo deja de afectar a quien lo generó o
a quien sufre individualmente, y se traslada -por diversos factores- a la comunidad en
general.

46. Por esta razón, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 9
de marzo de 202323, explicó que el juez popular debe evaluar en cada caso el
material probatorio a efectos de determinar si la acción riesgosa de origen particular
está o no incrementando el nivel de vulnerabilidad de la población.

47. Concretamente, la Sala fundamentó esa tesis en las siguientes razones:

[…] la Sala pone de presente que «los residentes en Colombia deben ser
protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus
bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres
o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores

21 Artículo 3.
22 Ibid., “Artículo 4°. 8. Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de
servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o
ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de
funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta
a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. […]..
23 Radicación:17001-23-33-000-2017-00321-01, demandantes:Aurelio Restrepo Velásquez y Julián Restrepo

Velásquez, demandados:Municipio de Manizales – Caldas, Departamento de Caldas y Corporación Autónoma
Regional de Caldas.

12

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

enunciados»24. Sin embargo, para que la acción popular resulte procedente es
necesario que el demandante demuestre en el transcurso del debate judicial
que la amenaza invocada cuenta con una connotación colectiva, pues de lo
contrario deberá ejercer los mecanismos judiciales y administrativos que prevé
nuestra legislación para ventilar los perjuicios ocasionados a sus derechos
subjetivos.

Por ello, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
pacíficamente ha circunscrito este derecho a los factores de riesgo y a las
calamidades que «aquejan a la comunidad», tal y como puede observarse:

[…]. [E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural o
humano, busca garantizar por vía de la reacción ex ante de las autoridades la
efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución a
las comunidades y a las personas y la conservación de las condiciones normales
de vida en un territorio. Por esto demanda de los entes públicos competentes la
adopción de las medidas, programas y proyectos que resulten necesarios y adecuados
para solucionar de manera efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción
posterior a los desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa)
los problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar,
integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la
simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas
técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. […].

Con fundamento en lo anterior, la Sala reconoce que los fenómenos naturales
y antrópicos -técnicamente previsibles y controlables- que amenazan el
bienestar, integridad o tranquilidad de la comunidad, son plausible de
conocimiento en el marco de las acciones populares25. Sin embargo, los riesgos
propios de un predio, cuyos efectos colaterales aún no se extienden a la
ciudadanía en general no deben ser ventilados por este medio judicial
preferente, pues ello excedería la finalidad constitucional de esta acción
pública.

Nótese que, según lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 3° de la Ley 1523
de 2012, «toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o
privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una
adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras
a salvaguardarse». Adicionalmente, la Ley 1523 define la vulnerabilidad como
una condición propia de «una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos
adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente». Por ello,
el juez popular en cada caso debe evaluar el material probatorio a efectos
de identificar cuando una situación de riesgo individual incide en el
incremento de la vulnerabilidad de determinada comunidad. […]

48. Todo esto significa que los riesgos personales per se no cuentan con una
naturaleza colectiva. Por el contrario, solo los riesgos individuales que inciden en el
incremento del nivel de vulnerabilidad de la comunidad (bien sean de origen
antrópico o natural) acarrean el funcionamiento del sistema legal instituido para su
prevención y corrección, tal y como lo reconoció la Sección Primera del Consejo de
Estado, en la sentencia de 26 de marzo de 201526.

24 Ley 1523 de 2012, articulo 3, numeral 2.
25 “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de

2013, Rad. No. 15001 23 31 000 2010 01166 01. C.P.: Guillermo Vargas Ayala”.
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de marzo de

2015. Rad. Núm.: 15001-23-31-000-2011-00031-01(AP). C.P: Guillermo Vargas Ayala.

13

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

49. En este orden de ideas, luego de clarificar la naturaleza y el alcance de las
situaciones relevantes para este sistema, la Sala procederá a examinar si se
demostró en el caso concreto la naturaleza colectiva de la problemática.

V.2.2. Del riesgo acreditado en el plenario

50. Para precisar la naturaleza y el alcance de la situación denunciada por los
demandantes, la Sala destaca que el 21 de noviembre de 201627, la dependencia
de «Estabilidad de Taludes» de la Secretaría de Obras Públicas de la alcaldía
municipal de Manizales, por conducto del profesional universitario Hernán Pareja
Pareja, levantó «Acta para visitas de inspección, observación o recolección de
información».

51. Este documento informa que la Secretaría de Obras Públicas de Manizales
realizó visita en la «calle 13 No. 04-19» del barrio Topacio con motivo de la «solicitud
PQR 42625-16 sugerida por la Sección de Vías Urbanas de la Secretaría de Obras
Públicas del municipio para observar posible problema de estabilidad de taludes».
En desarrollo de la misma, la Secretaría registró que: «Se hace la visita y se
observa un desprendimiento menor (capa vegetal). El usuario solicita el retiro
del material». Seguidamente, la administración dejó constancia de las siguientes
conclusiones y recomendaciones:

«El usuario solicita el retiro del material, pero por encontrarse en un predio privado
esta Secretaría NO puede hacer este tipo de actividad. Con respecto al
desprendimiento se sugiere al usuario mantener la observación del sitio y en
caso de presentarse algún incidente avisar a la UGR de Manizales. La obra
sugerida para este sitio es una pantalla anclada de 5 por 4 m. La cual será
presupuestada e incorporada en el inventario de obras por ejecutar del
municipio de Manizales»28. (Negrilla fuera del texto).

52. Posteriormente, el secretario de despacho, César Alberto Gutiérrez García, y el
profesional universitario, Hernán Pareja Pareja, de la Secretaría de Obras Públicas
de la alcaldía municipal de Manizales, mediante Oficio N.° SOPM-129-GOE-17 de
201729, le informaron al señor Efraín Cardona Castaño que:

«[…]. En atención al oficio SOPM-3090-GVU-16, en el cual nos remiten su
inquietud con respecto al desprendimiento de tierra en el patio de su
propiedad, se observa efectivamente que la capa vegetal cae al patio y el
señor CARDONA solicita que esta entidad retire dicho material, a lo cual se le
explica y se reitera en el presente oficio que esta dependencia NO puede retirar
materiales de un bien privado.

27 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 17001-23-33-000-2021-

00195-01 Efraín Cardona y otros contra el municipio de Manizales y otros. Registro N.° 2: “Actuación:
EXPEDINTE DIGITAL”, “Anotación/detalle: 1 CUADERNO DIGITAL AVB”. Folios 20 y 21 del documento
denominado: “ED_ 02 DEMANDAYANEXOS21F(.pdf) Nro Actua2”. Documento suscrito por el profesional
universitario Hernán Pareja Pareja.
28 Ibid.
29 Ibid., folio 19 del documento denominado: “ED_ 02 DEMANDAYANEXOS21F(.pdf) Nro Actua2”. Documento

suscrito por el secretario de despacho César Alberto Gutiérrez García, y el profesional universitario Hernán
Pareja Pareja, de la Secretaría de Obras Públicas de la alcaldía municipal de Manizales.

14

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

Con respecto a la obra de estabilidad a realizar en el sitio, que sería una
pantalla anclada, la incluiremos en el inventario de obras por ejecutar y se le
avisará el momento de su ejecución. […]»30. (Negrilla fuera del texto).

53. En el acervo igualmente se acreditó que el director técnico, Jairo Alfredo López
Baena, y la profesional universitaria, Daniela Robledo Posada, de la Unidad de
Gestión del Riesgo de la alcaldía municipal de Manizales, mediante Oficio N.° UGR
236 GED 2504-17 de 14 de febrero de 201731, informaron a Efraín Cardona
Castaño los hallazgos obtenidos respecto de la visita técnica realizada en la
vivienda localizada en la carrera 13 N.° 4-19:

«[…] En atención a la inspección realizada, se encontró que días pasados se
presentó un desprendimiento de tierra y capa vegetal sobre la vivienda del
señor EFRAÍN CARDONA, localizado en la parte posterior de su vivienda.

El terreno se encuentra socavado y erosionado en su base, con material
suelto y morfología irregular. Hacia la parte superior se observa cubierto por
abundante vegetación y parcialmente cubierto con plásticos. […]»32. (Negrilla fuera
del texto).

54. En tal virtud, la UGR propuso al demandante las siguientes recomendaciones y
conclusiones:

«[…] Existe un riesgo asociado al uso y ocupación de la parte posterior de la
vivienda del señor CARDONA, por lo que se recomienda tomar las medidas
por parte del propietario de la vivienda localizada en la parte alta protegiendo
el talud con plásticos en la corona y realizando el retiro de material suelto.

Ya que se trata de un talud localizado en predios privados, según lo mencionado
en el Artículo 2°. De la responsabilidad. “La gestión del riesgo es responsabilidad
de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En
cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y
comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo,
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de
desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su
jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional,
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución,
solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes,
y acatarán lo dispuesto por las autoridades”.

> Por último según lo establecido en la ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la
política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, el
principio de autoconservación: “toda persona natural, bien sea de derecho público
o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada
gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse.
[…]»33. (Negrilla fuera del texto).

30 Ibid.
31 Ibid., folios 17 y 18 del documento denominado: “ED_ 02 DEMANDAYANEXOS21F(.pdf) Nro Actua2”.
Documento suscrito por el director técnico Jairo Alfredo López Baena, y la profesional universitaria Daniela
Robledo Posada, de la UGR de la alcaldía municipal de Manizales.
32 Ibid.
33 Ibid.

15

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

55. Además, la directora técnica, Alexa Yadira Morales Correa, y la profesional
universitaria, Camila López Vásquez, de la UGR de la alcaldía municipal de
Manizales, mediante Oficio N.° UGR 1715-2021 GED 28769-2021 de 28 de junio de
202134, respondieron petición a Efraín Cardona Castaño en los siguientes términos:

«[…]. Hacia la parte posterior del predio previamente identificado, donde reside el
Sr. Efraín Cardona, se observa un talud con vegetación densa de porte medio
a alto. Según consulta realizada en el sistema de información geográfica de la
Alcaldía de Manizales, dicho talud hace parte del predio ubicado en la Carrera 13
# 4-75.

Desde la vivienda donde reside el Sr. Cardona se observan desprendimientos
de suelo de menor tamaño e inclinación en la vegetación la cual se presume
corresponde a guaduilla. De acuerdo a lo observado, la zona verde posterior a
la vivienda, carece de mantenimiento (rocería y limpieza), favorecimiento su
crecimiento descontrolado y caída de vegetación por su propio peso.

En virtud de lo observado, se recomienda a quien corresponda (propietario (a)
del predio ubicado en la Carrera 13 # 4-75 y/o Sr. Cardona), realizar de manera
periódica las actividades de mantenimiento del talud relacionadas a limpieza
y rocería, además del retiro de material suelto, a fin de garantizar la
estabilidad natural del suelo y así evitar inclinación de la vegetación y
consiguientes desprendimientos de la misma, que conlleva a
desprendimiento el terreno el suelo. Así mismo, de manera respetuosa, se
manifiesta que las obras para la mitigación del riesgo que se requiera realizar
en los predios privados, son responsabilidad exclusiva de los propietarios
por lo tanto deben ser ellos quien las ejecuten.

Finalmente, se reitera la responsabilidad de propietario en relación con las
actividades a realizar en el predio teniendo en cuenta que es de carácter privado,
tal como se menciona en el oficio UGR 236 GED 2504-17 [de 14 de febrero de
2017] de la Unidad de Gestión del Riesgo- UGR.

[…]»35. (Negrilla fuera del texto).

34 Ibid., folios 4 y ss. del documento denominado: “ED_ 02 DEMANDAYANEXOS21F(.pdf) Nro Actua2”.
Documento suscrito por la directora técnica Alexa Yadira Morales Correa, y la profesional universitaria Camila
López Vásquez, de la UGR de la alcaldía municipal de Manizales.
35 Ibid.

16

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

56. Posteriormente, el secretario de despacho, Rubén Darío López Gómez, y la
profesional universitaria, Betty Johana Torres Pavas, de la Secretaría de Obras
Públicas de la alcaldía municipal de Manizales, mediante Oficio N.° SOPM-1577-
UGO-OE 2021 de 29 de julio de 202136, pusieron en conocimiento del señor Efraín
Cardona Castaño que:

«[…]. Atendiendo la solicitud del asunto, se verificó a través del Sistema de
Información Geográfica (Fuente: IGAC), que la vivienda ubicada en la dirección
Carrera 13 # 4 – 19, barrio topacio, se identifica con ficha catastral No.
104000001650004000000000, siendo esta de carácter privado. […].

Acorde a las observaciones emitidas por la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR)
a través del oficio UGR 1715-2021 del 28 de junio de 2021 […] [n]os permitimos
informarle que desde la Secretaría de Obras Públicas, nos adherimos a las
recomendaciones emitidas por la Unidad de Gestión del Riesgo y se reitera
la necesidad del debido mantenimiento y rocería del talud.

Adicional a lo anterior, es importante indicar que todos somos responsables de
implementar procesos de gestión del riesgo, tal y como lo establece el
artículo 2 de la ley 1523 de 2012 […]. Complementariamente, y en aplicación del
principio de autoconservación, lo invitamos a adoptar desde su ámbito
personal, las medidas que corresponda para autoprotegerse frente a la
situación denunciada, tal y como se establece en el artículo 3 de la citada ley
[…]»37. (Negrilla fuera del texto).

57. El subdirector de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, John Jairo Chisco
Leguizamón, mediante Oficio N.° IE-19099 de 30 de julio de 202138, estudió la
denuncia relativa a la situación que se presenta en la carrera 13 N.º 4-19 del barrio
Topacio de la ciudad de Manizales. Luego de haber realizado visita al sector por
medio del técnico operativo Heinz Hernández de la misma Subdirección, propuso
las siguientes anotaciones:

«[…]. En la parte posterior de la vivienda, se observó un talud cuasi vertical, de
aproximadamente 4 m de alto por 15 m de longitud, no se observan
afloramientos de agua en el cuerpo del talud, en la parte superior hay gran
cantidad de vegetación y una vivienda. Al lado izquierdo, visto de frente, se
observa un desprendimiento antiguo, de aproximadamente 4 x 4 m de
espesor no definido por la antigüedad del desprendimiento, que según
información del solicitante, se visitó y evaluó en el año 2017, y en su momento se
determinó que comprometió suelos residuales y capa vegetal, quedando un
depósito en el solar de la vivienda del solicitante, el cual ha retirado de forma
paulatina de acuerdo con su capacidad de trabajo y dinero disponible. Aún se
aprecia una masa colgada de tierra y vegetación.

El sitio fue visitado y valorado en su momento por la Unidad de Gestión del Riesgo
según radicado, UGR-GED 2504-17 del 14 de Febrero 2017 y según oficio SOPM-
129 GEO 17 del 16 de Enero de 2017 donde informan incluirlo en el inventario de

36 Ibid., folios 9 y 10 del documento denominado: “ED_ 02 DEMANDAYANEXOS21F(.pdf) Nro Actua2”.
Documento suscrito por el secretario de despacho Rubén Darío López Gómez, y la profesional universitaria
Betty Johana Torres Pavas, de la Secretaría de Obras Públicas de la alcaldía municipal de Manizales.
37 Ibid.
38 Ibid., folios 31 y 32 del documento denominado: “ED_18CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2”.

Documento suscrito por el subdirector de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, John Jairo Chisco
Leguizamón.

17

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

obras por ejecutar, información suministrada por el solicitante en el documento
anexo de solicitud actual.

RECOMENDACIONES

• A corto plazo, se recomienda la conformación del talud para reducir un poco
su pendiente y la posterior construcción de una pantalla con anclajes
pasivos de 5,6 metros de profundidad, a fin de mejorar la estabilidad y
recuperación del talud para que, a futuro, no se presente o incremente la
problemática.

• Instalar drenes subhorizontales a 15 m de profundidad para mejorar el
drenaje de la ladera.

• En la base de la pantalla, construir zanja colectora o canal con entrega a
red de alcantarillado de la vivienda.

Se enviará copia de este oficio a la Secretaria de Obras Públicas del
Municipio para que incluya este sitio en listado de sitios críticos. […]»39.
(Negrilla fuera del texto).

58. Elsecretario de despacho, Rubén Darío López Gómez y el profesional
universitario Jhon Misael Torres Ramírez de la Secretaría de Obras Públicas, en
compañía de la directora técnica, Alexa Yadira Morales Correa y la profesional
universitaria Camila López Vásquez de la UGR de la alcaldía municipal de
Manizales, suscribieron el Concepto Técnico de 26 de octubre de 202140. Del
documento se destacan los siguientes aspectos:

«[…]. El día 26 de octubre de 2021, se realizó visita de inspección visual por parte
de funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo al predio ubicado en la Carrera
13 No. 4-19 barrio Topacio, donde se logra evidenciar que, hacia la parte
posterior, el inmueble colinda con zona verde de pendiente fuerte, el cual
cuenta con vegetación de porte bajo y medio.

En la zona de la ladera colindante al lavadero del inmueble donde reside el Sr.
Cardona, se observa desprendimiento de suelo y material vegetal
correspondiente a guaduilla, dejando el talud con pendiente vertical;
adicionalmente, en la corona de la ladera se observa cobertura irregular con
plásticos.

39 Ibid.
40Ibid., folios 25 y ss. del documento denominado: “ED_19CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2”.
Documento suscrito por el secretario de despacho, Rubén Darío López Gómez y el profesional universitario
Jhon Misael Torres Ramírez de la Secretaría de Obras Públicas, y por la directora técnica, Alexa Yadira Morales
Correa y la profesional universitaria Camila López Vásquez de la UGR de la alcaldía municipal de Manizales.

18

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

De acuerdo al oficio UGR 1715-2021, donde se recomienda al propietario del
inmueble (…) “realizar de manera periódica las actividades de mantenimiento
del talud relacionadas a limpieza y rocería, además del retiro de material
suelto […]”, se evidencia que dicha actividad se efectuó en la zona baja de la
ladera, donde se logra evidenciar la existencia de raíces, además que esta
zona del talud no presenta procesos erosivos activos.

En relación a las obras de mitigación que se requiera realizar en el predio, se
reitera que el predio es de carácter privado, así como los predios
colindantes, por lo tanto es responsabilidad de el o los propietarios de los
predios colindantes realizar las actividades pertinentes que garanticen la
mera tenencia del predio, de acuerdo al numeral 2 Artículo 77 del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Además se considera de importancia reiterar lo mencionado en el oficio UGR 236
GED 2504-17 [de 14 de febrero de 2017] […].

Finalmente, se recomienda a quien corresponda como propietario del predio,
realizar la rocería y descope de la vegetación ubicada en la corona de la
ladera, a fin de reducir la carga al cuerpo del talud. […]»41. (Negrilla fuera del
texto).

59. La directora técnica, Alexa Yadira Morales Correa, y la profesional universitaria,
Camila López Vásquez, de la UGR de la alcaldía municipal de Manizales,
suscribieron el Concepto Técnico N.º UGR 0472 de 3 de marzo de 202242, mediante
el cual analizaron la situación del predio en cuestión, en los siguientes términos:

«[…]. El día jueves 03 de marzo de 2022, se realizó visita de inspección visual por
parte de funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo – UGR al predio ubicado
en la carrera 13 No. 4-19 barrio Topacio, con el fin de determinar las condiciones
actuales del sitio.

El sitio objeto de la visita se ubica hacia la parte posterior del inmueble […], el cual
corresponde talud de pendiente fuerte, el cual cuenta con vegetación de
porte bajo y medio.

Realizando comparación de las fotografías tomadas en la visita del 26 de octubre
de 2021 y fotografías tomadas el 03 de marzo de 2022, se logra apreciar que el
terreno no ha tenido variaciones significativas, teniendo que actualmente
presenta los mismos depósitos de suelo orgánico y vegetación en zona de
la ladera colindante al lavadero.

En la visita del 03 de marzo de 2022, se observa la misma cobertura irregular
con plásticos, y corona del talud a suelo expuesto observada en octubre de
2021. En relación a cambios sobre el terreno se observa crecimiento de
vegetación, sobre la masa depositada, signos de regeneración natural por lo
que se presume que el talud no presenta procesos erosivos activos. […].

41 Ibid., folios 29 y ss. del documento denominado: “ED_19CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2”. Se

aclara que el contenido del documento coincide con el Oficio UGR 2696-2021 de la misma fecha, sin embargo
este fue suscrito únicamente por la directora técnica de la UGR de la alcaldía municipal de Manizales, Alexa
Yadira Morales Correa.
42 Ibid., folios 3 y ss. del documento denominado: “ED_36DOCUMENTOSALCALDIA(.pdf) NroActua 2”.

Documento suscrito por la directora técnica, Alexa Yadira Morales Correa, y la profesional universitaria, Camila
López Vásquez, de la UGR de la alcaldía municipal de Manizales.

19

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

Es importante manifestar que, de acuerdo a lo observado el 03 de marzo de 2022,
la recomendación de mantenimiento periódico no se ha ejecutado
debidamente. Teniendo que el material depositado se encuentra en el mismo sitio
y con crecimiento de rastrojo. […].

Además se considera de importancia reiterar lo mencionado en el oficio UGR 236
GED 2504 [de 14 de febrero de 2017] […]. Lo anterior teniendo en cuenta que los
plásticos ubicados sobre la zona del talud, están colocados de manera
irregular, de tal manera que no permite cumplir su función de protección
frente a las aguas lluvias. Además, no se realizó rocería ni descope de la
vegetación ubicada en la corona del talud, a fin de disminuir el peso del
talud. […].

[…] en relación con la estabilidad del terreno, se encuentra en las mismas
condiciones, desprendimiento de material que queda suspendido sobre la
zona de patio, sin ningún tipo de intervención por parte de propietarios de
los predios. […]»43. (Negrilla fuera del texto).

60. En el marco de la audiencia de pruebas celebrada el 9 de mayo de 202244, el
Tribunal recibió el testimonio del ingeniero de Corpocaldas Jhon Jairo Chisco
Leguizamón. De su dicho se destaca los siguiente:

«[…] la Corporación conoce de la situación y ha expedido conceptos técnicos para
mitigar la problemática que se presenta en el barrio el topacio, en particular ha
generado informes desde el 2017 – 2018, cuando la problemática fue puesta en
conocimiento por parte de la personera municipal de ese entonces y por
bomberos. Y más recientemente el año pasado se dio respuesta a un
requerimiento o solicitud de información del señor Efraín Cardona.

Digamos que nosotros en cada uno de los casos aplicamos un protocolo que se
tiene para atender los casos, el cual es asignar al técnico para que realice la visita
y realice un informe el cual se envía al solicitante y a la entidad pública encargada
de realizar las obras que se requieran. […].

Los desprendimientos se han presentado en el talud posterior de la casa
ubicada en la carrera 13 4-19, pero me quedo cortico, porque no se si el talud
hace parte del predio del actor o de la vivienda ubicada en la parte superior
del mismo. Las recomendaciones técnicas se han enviado tanto al actor
como al municipio para que estudien la viabilidad de realizar las obras para
la mitigación del riesgo.

[…] las obras básicamente recomendadas van encaminadas a reestablecer
el equilibrio que se ha venido perdiendo en la estabilidad del talud, es decir
a minimizar el potencial desprendimiento de material del talud, en ese
entonces se está recomendando la construcción de pantalla pasiva, obras
de manejo de aguas lluvias o zanja colectora, drenes horizontales,
básicamente con este tipo de obras de acuerdo a la magnitud de la
problemática que se presenta son los más adecuados para el manejo del
riesgo que se presenta en el sitio.

[…] por la altura del sitio de donde se desprende yo diría que es riesgo medio
por deslizamiento, como dije no es un riesgo inminente que ponga en peligro

43 Ibid.
44Ibid., folios 3 y ss. del documento denominado: “ED_36DOCUMENTOSALCALDIA(.pdf) NroActua 2”.
Documento suscrito por la directora técnica, Alexa Yadira Morales Correa, y la profesional universitaria, Camila
López Vásquez, de la UGR de la alcaldía municipal de Manizales.

20

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

la vivienda del demandante, pero si es un riesgo que debe ser mitigado para
evitar una afectación mayor del talud […]»45. (Negrilla fuera del texto).

61. En consideración al acervo probatorio, la Sala concluye que el sector del debate
judicial cuenta con un talud de tierra que presenta inclinación de la vegetación,
así como desprendimientos menores de tierra, suelo y capa vegetal de
aproximadamente 4 x 4 m de espesor, que caen y se acumulan en la parte trasera
de casa que habitan los demandantes.

62. También se demostró que los demandantes han hecho caso omiso a las
recomendaciones impartidas para garantizar el mantenimiento del talud, y que la
falta de rocería y limpieza favorece el crecimiento descontrolado de la vegetación y
su posterior caída por su propio peso e inclinación. A esto, cabe agregar que la
corona de la ladera carece de una cobertura adecuada de plásticos, lo cual deja el
suelo expuesto a la infiltración y saturación por las aguas lluvias.

63. En atención a las referidas características y la connotación del talud de tierra,
las autoridades han determinado que el sector está afectado por una situación de
riesgo medio personal por deslizamiento asociado al uso y ocupación del
terreno.

64. Valga destacar que dicho fenómeno todavía no afecta la infraestructura pública,
los bienes del espacio público o algún sector de interés colectivo, tal y como se
puede apreciar en fotografía satelital del sitio objeto de la controversia que aportó el
apoderado judicial de la alcaldía municipal de Manizales, en la contestación de la
demanda, a saber:

[…]46

45 Ibid., folios 29 y ss. del documento denominado: “ED_19CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2”. Se

aclara que el contenido del documento coincide con el Oficio UGR 2696-2021 de la misma fecha, sin embargo
este fue suscrito únicamente por la directora técnica de la UGR de la alcaldía municipal de Manizales, Alexa
Yadira Morales Correa.
46 Ibid., documento denominado “ED_19CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2”. Documento suscrito por

el abogado Jorge A. Tamayo Arias.

21

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

65. De igual forma, se encontró demostrado que el área en cuestión presenta un
riesgo «medio» o «moderado» por deslizamiento, esto es un equivalente a entre un
33 y 66% de probabilidad de ocurrencia de un suceso dañoso. Es decir que la
herramienta de ordenamiento territorial vigente no cataloga la zona como de riesgo
medio-alto, alto mitigable o alto no mitigable.

66. Ahora bien, la Sala no desconoce que la administración en los oficios de 21 de
noviembre de 2016 y 16 de enero de 2017 sugirió la construcción de «una pantalla
anclada de 5 por 4 m», la cual incluiría en el inventario de obras públicas. Aun así,
también se observa que la misma autoridad, en los oficios de 14 de febrero de 2017,
28 de junio de 2021 y 26 de octubre de 2021, mencionó que tales obras debían ser
ejecutadas por el propietario debido a que el riesgo era de connotación individual.

67. Es más, la UGR explicó al señor cardona en los oficios de 21 de noviembre de
2016, de 16 de enero de 2017, de 14 de febrero de 2017, de 28 de junio de 2021,
de 29 de julio de 2021 y de 26 de octubre de 2021, de forma reiterada, que las
medidas de remoción de material boscoso estaban a su cargo por tratarse de un
predio privado.

68. En ese orden, no es cierto que la administración reconociera pacíficamente la
connotación colectiva de la problemática del sub examine. Por el contrario, en el
año 2017, el ente territorial indicó que adoptaría medidas de mitigación tras un
evento de remoción en masa que podía afectar el derecho a la vida de los
demandantes. Sin embargo, con el paso del tiempo el nivel de riesgo disminuyó, a
tal punto que a 2022 los fenómenos erosivos están inactivos y el riesgo tampoco se
categoriza como inminente.

69. Bajo esta lógica, el recurrente debe tener en cuenta que el ente territorial, en
virtud de los principios de protección, autoconservación, seguridad territorial y
vulnerabilidad, debe priorizar las obras necesarias para mitigar los riesgos a su
cargo dependiendo del nivel de amenaza y del nivel de vulnerabilidad comunitaria,
correspondiéndole a los particulares ejecutar las medidas que garanticen su
seguridad personal.

70. Así pues, en el marco de las acciones populares, el juez solo puede amparar el
derecho colectivo previsto en el literal l) del artículo 4° de la Ley 472, cuando el
problema del debate judicial excede el ámbito de los derechos subjetivos del
demandante, bien sea porque: (i) están en riesgos bienes destinados al goce y uso
público, (ii) existe un riesgo inminente a la vida de la comunidad; (ii) el sector del
debate judicial fue catalogado como riesgo alto o algo no mitigable y, sin embargo,
el ente territorial no ha emprendido acciones de reubicación de la población civil; (iii)
los factores de riesgo o las consecuencias del mismo se extienden a varios predios;
o (iv) el comportamiento de la administración ha sido omisivo en el componente de
asesoría y evaluación de los niveles de riesgo.

22

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

71. Aun así, esta autoridad judicial observa que los aludidos escenarios no se
acompasan con la realidad acreditada en el acervo probatorio, pues las autoridades
accionadas han exhortado a los propietarios de ese terreno privado para que
cumplan, de un lado, con su deber genérico de realizar las acciones mínimas de
control y gestión de riesgos. Y, del otro, las características de la problemática aun
no cuentan con la virtualidad de afectar el interés general.

72. Así, en el oficio de 14 de febrero de 2017, la Unidad de Gestión del Riesgo,
justamente, en el marco del SNGRD y de los principios de responsabilidad47,
solidaridad, autoconservación y concurrencia48, explicó lo siguiente:

«[…]. Existe un riesgo asociado al uso y ocupación de la parte posterior de la
vivienda del señor CARDONA, por lo que se recomienda tomar las medidas
por parte del propietario de la vivienda localizada en la parte alta protegiendo
el talud con plásticos en la corona y realizando el retiro de material suelto.
[…]». (Negrilla fuera del texto).

73.La misma UGR, mediante oficio de 28 de junio de 2021, insistió en la necesidad
de complementar las obras de intervención estructural con actividades de
mantenimiento del talud por cuenta de los habitantes del sector:

«[…] se recomienda a quien corresponda (propietario (a) del predio ubicado
en la Carrera 13 # 4-75 y/o Sr. Cardona), realizar de manera periódica las
actividades de mantenimiento del talud relacionadas a limpieza y rocería,
además del retiro de material suelto, a fin de garantizar la estabilidad natural
del suelo y así evitar inclinación de la vegetación y consiguientes
desprendimientos de la misma, que conlleva a desprendimiento el terreno el
suelo. Así mismo, de manera respetuosa, se manifiesta que las obras para la
mitigación del riesgo que se requiera realizar en los predios privados, son
responsabilidad exclusiva de los propietarios por lo tanto deben ser ellos
quien las ejecuten. […]». (Negrilla fuera del texto).

47 Ley 1523 de 2012. “Artículo 2°. De la responsabilidad. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las

autoridades y de los habitantes del territorio colombiano.
En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y
ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y
manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como
componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con
precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto
por las autoridades”.
48 Ibid., “Artículo 3°. Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión del riesgo son: […].

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho
público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la
salud de las personas.
4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene
el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y
funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad social. […].
13. Principio de concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de
los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el sistema nacional de gestión del riesgo de
desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de
esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción concurrente
puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias
exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas
comunes y sobre los procesos y procedimientos para alcanzarlas. […]”.

23

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

74. Adicionalmente, la Secretaría de Obras Públicas, por Oficio de 29 de julio de
2021, reiteró «la necesidad del debido mantenimiento y rocería del talud». Además,
conforme a los principios de responsabilidad y autoconservación del SNGRD, le
recomendó al demandante lo que sigue:

«[…] es importante indicar que todos somos responsables de implementar
procesos de gestión del riesgo, tal y como lo establece el artículo 2 de la ley
1523 de 2012 […]. Complementariamente, y en aplicación del principio de
autoconservación, lo invitamos a adoptar desde su ámbito personal, las
medidas que corresponda para autoprotegerse frente a la situación
denunciada, tal y como se establece en el artículo 3 de la citada ley […]». (Negrilla
fuera del texto).

75. También, en concepto conjunto de 26 de octubre de 2021, la Secretaría de
Obras Públicas y la UGR de la alcaldía de Manizales reiteraron que el demandante
debe «realizar de manera periódica las actividades de mantenimiento del talud
relacionadas a limpieza y rocería, además de retiro de material suelto». Igualmente
recabaron en que:

«[…]. En relación a las obras de mitigación que se requiera realizar en el predio,
se reitera que el predio es de carácter privado, así como los predios
colindantes, por lo tanto es responsabilidad de el o los propietarios de los
predios colindantes realizar las actividades pertinentes que garanticen la
mera tenencia del predio, de acuerdo al numeral 2 Artículo 77 del Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. […].

Finalmente, se recomienda a quien corresponda como propietario del predio,
realizar la rocería y descope de la vegetación ubicada en la corona de la
ladera, a fin de reducir la carga al cuerpo del talud. […]». (Negrilla fuera del texto).

76. Mas recientemente, la UGR, en el oficio de 3 de marzo de 2022, advirtió que «la
recomendación de mantenimiento periódico no se ha ejecutado debidamente».

77. Y el subdirector de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, en testimonio de
9 de mayo de 2022, precisó que las obras de mitigación del riesgo que fueron
recomendadas, sin ser urgentes, apuntan a reestablecer el equilibrio y la estabilidad
del talud, minimizar el potencial de desprendimiento de material y prevenir el
incremento de la magnitud de la problemática:

«[…]. Los desprendimientos se han presentado en el talud posterior de la
casa ubicada en la carrera 13 4-19, pero me quedo cortico, porque no se si el
talud hace parte del predio del actor o de la vivienda ubicada en la parte
superior del mismo. Las recomendaciones técnicas se han enviado tanto al
actor como al municipio para que estudien la viabilidad de realizar las obras
para la mitigación del riesgo.

[…] las obras básicamente recomendadas van encaminadas a reestablecer el
equilibrio que se ha venido perdiendo en la estabilidad del talud, es decir a
minimizar el potencial desprendimiento de material del talud, en ese entonces se
está recomendando la construcción de pantalla pasiva, obras de manejo de aguas
lluvias o zanja colectora, drenes horizontales, básicamente con este tipo de obras

24

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

de acuerdo a la magnitud de la problemática que se presenta son los más
adecuados para el manejo del riesgo que se presenta en el sitio.

[…] por la altura del sitio de donde se desprende yo diría que es riesgo medio
por deslizamiento, como dije no es un riesgo inminente que ponga en peligro
la vivienda del demandante, pero si es un riesgo que debe ser mitigado para
evitar una afectación mayor del talud […]»49.. […]». (Negrilla fuera del texto).

78. Nótese cómo, desde el oficio de 14 de febrero de 2017, reiterado en los oficios
de 28 de junio, 29 de julio y 26 de octubre de 2021, al igual que en el concepto de
3 de marzo de 2022, la administración municipal de Manizales destacó que las
intervenciones del sector deben responder a los principios de responsabilidad y
autoprotección, por las siguientes razones:

«[…]. La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los
habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las
entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los
procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del
riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de
actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres. Por su parte, los habitantes del territorio nacional,
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución,
solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes,
y acatarán lo dispuesto por las autoridades. […]». (Negrilla fuera del texto).

79. En ese sentido, la alcaldía de Manizales ha persistido en que:

«[…] todos somos responsables de implementar procesos de gestión del
riesgo, tal y como lo establece el artículo 2 de la ley 1523 de 2012 […].
Complementariamente, y en aplicación del principio de autoconservación, lo
invitamos a adoptar desde su ámbito personal, las medidas que corresponda
para autoprotegerse frente a la situación denunciada, tal y como se establece
en el artículo 3 de la citada ley […]». (Negrilla fuera del texto).

80. Pues bien, como puede observarse, las autoridades han hecho seguimiento al
sector afectado sin desconocer la existencia de una situación de riesgo de
deslizamiento. Sin embargo, el material probatorio recaudado en el transcurso de la
primera instancia demuestra que la controversia no va más allá de la esfera de los
derechos subjetivos de los ciudadanos Efraín Cardona Castaño, Jhon Efraín
Cardona Peláez, Diego Armando Cardona Peláez y Margarita Peláez Marín.

81. En el contexto de lo anterior, la Sala pone de presente que el mecanismo judicial
idóneo para ventilar la transgresión de los derechos fundamentales o la reparación
de un daño antijurídico producto de la acción u omisión de los agentes del Estado,
no es la acción popular, pues para tal efecto, el constituyente y el legislador
instituyeron unos instrumentos especiales en el artículo 86 de la Constitución
Política y en el artículo 140 del CPACA.

49 Ibid., folios 29 y ss. del documento denominado: “ED_19CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 2”. Se

aclara que el contenido del documento coincide con el Oficio UGR 2696-2021 de la misma fecha, sin embargo
este fue suscrito únicamente por la directora técnica de la UGR de la alcaldía municipal de Manizales, Alexa
Yadira Morales Correa.

25

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

82. En ese orden, como los demandantes solicitaron que se condene al ente
territorial para que construya una «pantalla anclada de 5 x 4 m en la parte posterior
de mi vivienda; así como cualquier obra que se encuentre necesaria (posterior a
nuevos estudios) para mitigar el riesgo del talud mencionado en los hechos», deben
acudir a los medios judiciales previstos para solventar las controversias
relacionadas con sus derechos subjetivos; escenario en el que la autoridad judicial
competente determinara si se cumplen o no los elementos para conceder el amparo
respectivo, teniendo en cuenta que la problemática se relaciona principalmente con
un deber ciudadano.

190. Contrario sensu, en el escenario judicial de las acciones populares se debaten
problemas sociales que afectan a todos los habitantes del territorio nacional y, por
eso, en el evento de emitir una sentencia condenatoria, las medidas de amparo
están llamadas a beneficiar a la comunidad en general y no solo a un particular.

191. Este mecanismo judicial fue concebido para precaver la lesión de bienes y
derechos que comprenden intereses superiores de carácter público, entendiendo
que: «Los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen
comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va más
allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos previamente
definidos por la ley»50. De ahí que el uso, goce y titularidad de esas prerrogativas
no recaiga en el patrimonio de un individuo, de una entidad o de un grupo específico
de personas.

83. En tal sentido, esta Corporación en su jurisprudencia ha explicado que el juez de
la acción popular no puede adoptar medidas indemnizatorias de orden subjetivo.
Por ende, como la parte actora no acreditó que las obras objeto del proceso sean
de carácter o interés público, ni que los vecinos del sector se encuentren en riesgo,
o que la amenaza pueda llegar a afectar a la comunidad en sus bienes, patrimonio
inmaterial, medios de subsistencia, infraestructuras, recursos naturales u otros
bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento; tampoco le asiste la razón al
apelante sobre la procedencia del amparo51.

84. En ese orden, la Sala comparte la tesis del Tribunal de primera instancia y, en
consecuencia, confirmará la sentencia de 23 de junio de 2022, en tanto negó las
pretensiones del presente medio de control.

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María

Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010). Radicación número: 44001-
23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González. Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
51 Por lo tanto, aun cuando la Sala pone de presente que existe un riesgo personal que requiere de

intervenciones de carácter estructural y no estructural, lo cierto es que: (i) no están en riesgos bienes destinados
al goce y uso público; (ii) no está acreditado un riesgo inminente a la vida de esa comunidad; (iii) el sector del
debate judicial no fue catalogado como riesgo algo no mitigable que amerite acciones de reubicación de la
población civil; (iv) no se demostró que los factores de riesgo o las consecuencias del mismo se extiendan a
varios predios; y (v) el comportamiento de la administración no ha sido omisivo porque ha asesorado a los
particulares respecto de las medidas que permitirán contener ese riesgo, sin que este acreditada la
vulnerabilidad de la comunidad en general con ocasión del mismo.

26

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

85. Lo anterior no obsta para que, tal y como lo ha manifestado esta Sección en
pronunciamientos anteriores, se exhorte al Municipio de Manizales y a Corpocaldas
con miras a que, en el marco de sus funciones constitucionales, legales y
reglamentarias, continúen ejerciendo el respectivo acompañamiento técnico,
tendiente a controlar ese riesgo personal. De igual forma, la Sala exhortará a los
demandantes para que acaten las recomendaciones impartidas por la autoridad
ambiental con el mismo propósito.

86. Finalmente, según lo previsto en los artículos 3852 de la Ley 472 de 1998 y
36553del Código General del Proceso y atendiendo el criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión No. 27 en providencia del 6 de agosto de 2019, a través del
cual se unificó la jurisprudencia de la Corporación respecto de la condena en costas
procesales en acciones populares, no se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, el ordinal primero de la sentencia proferida el 23 de junio de 2022
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

SEGUNDO: EXHORTAR al municipio de Manizales y a la Corporación Autónoma
Regional de Caldas para que, en el marco de sus funciones constitucionales, legales
y reglamentarias, continúen con el respectivo acompañamiento técnico, con miras
a controlar que ese riesgo personal no incremente el nivel de vulnerabilidad de la
comunidad.

TERCERO: EXHORTAR a los demandantes para que acaten las recomendaciones
impartidas por la autoridad municipal y por Corpocaldas en materia de
autoconservación.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

52 “Artículo 38.- Costas.
53 Código General del Proceso: “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos
especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación
con la temeridad o mala fe. […].
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda. […]”.

27

Radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01
Demandantes: Efraín Cardona Castaño y otros
Demandados: Municipio de Manizales y otros

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este
proveído.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P:(11 y 22)

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.