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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2018-00618-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2018-00618-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 25 de marzo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual quedará así: “[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto a los derechos colectivos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 25 de marzo de 2025. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. 74 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”. 75 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019. Radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate. 27 Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01 Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2018-00618-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: GERMÁN HUMBERTO GALLEGO GIRALDO
Demandados: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CALDAS Y OTROS
Vinculados: ALEIDA ROSA GONZÁLEZ CASTRILLÓN Y OTRO
Coadyuvantes: JORGE EDUARDO HERNÁNDEZ Y OTROS

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por el accionante contra la
sentencia de 25 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. El señor Germán Humberto Gallego Giraldo, en ejercicio del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, el municipio de Manizales y la
Curaduría Urbana núm. 2 de Manizales, con el propósito de obtener la salvaguarda
de los derechos colectivos establecidos en los literales c), d) y j) del artículo 4°1 de
la Ley 472 de 5 de agosto de 19982.

2. El demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] en forma respetuosa se solicita adoptar las medidas administrativas, jurídicas,
técnicas, financieras y presupuestales necesarias, a fin que:

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la
protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna […]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

1. Sea restablecido de manera permanente la movilidad del camino que comunica a
las veredas Alto Tablazo, Guacas y Bajo Tablazo.

2. Sean adelantadas las gestiones necesarias por parte de la CORPORACIÓN
AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS - CORPOCALDAS, con el objeto de conservar
las especies naturales que se desarrollan en el lugar.

3. Sea restablecido el camino que comunica a las veredas Alto Tablazo, Guacas y
Bajo Tablazo por tratarse de un bien público de uso público; realengo equivalente a
vía pública, como bien de la unión, al servicio de la comunidad y por lo tanto
recuperable con el proceso policivo de restitución de espacio público […]”3.

3. Refirió que las veredas Alto Tablazo, Guacas y Bajo Tablazo, ubicadas en el
municipio de Manizales, tenían un paso peatonal conocido como “camino ancestral”
que se usa hace más de un siglo para recorridos importantes como llegar al puesto
de salud, a la estación de policía o cuando los estudiantes de Alto Tablazo
culminaban su ciclo escolar de básica primaria.

4. Señaló que en abril de 2018 el señor Jhon Fredy Castro adquirió un predio que
se encuentra en el camino ancestral. En dicho terreno taló árboles que obstruyeron
el paso, introdujo un perro de raza peligrosa que ha atacado a los transeúntes y
amenazó a la comunidad advirtiendo que el paso por ese lugar está prohibido.

5. Adujo que, en esa misma fecha, presentó una querella ante la policía, la cual fue
enviada al corregimiento agroturístico El Tablazo. Sin embargo, no se realizó
ninguna gestión adicional, salvo la convocatoria a una reunión para el 19 de junio
de 2018, que finalmente no se celebró debido a la ausencia de las partes
involucradas.

6.Manifestó que el cierre del camino ancestral impide el libre tránsito de los
miembros de la comunidad y afecta los derechos colectivos invocados, porque el
paso está bloqueado por personas que no son propietarias legítimas del camino.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

7. El magistrado sustanciador de primera instancia, mediante auto de 13 de mayo
de 2019, admitió la demanda, vinculó al señor John Fredy Castro González y ordenó
la notificación a las partes, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público 4.
Además, ordenó que se informara a los miembros de la comunidad.

8. Mediante auto de 31 de julio de 20195 se tuvo como coadyuvantes de la parte
actora a los señores Jorge Eduardo Hernández, Luz Miriam Fernández N., Ana
Milena Fernández N., Mónica Yaneth Fernández, Ruby Alba Correa, Alfonso Castro,
Julio César Ríos, Juan Carlos Gómez, Jaime Alonso, Johanna C., Juan Pablo S.,

3
Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “3_ED_03ACTAACCIONESPOPULA(.pdf)
NroActua 53”.
4
Ibidem, “20_ED_20AUTOADMITEACCIONP(.pdf) NroActua 53”.
5
Ibidem, “34_ED_34AUTORESUELVECOADYU(.pdf) NroActua 53”.

3

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

Eduardo A., Gloria Inés, Jennifer Tatiana Martínez, Luis Artemo Botero, Gilberto
Gonzalo, Luz Stella López, Carlos Uriel Naranjo, Herman Botero, Dora Inés Arias,
Fernando Antonio Naranjo, María Zuluaga, Brayan Felipe, Ernesto Suárez, M.
Lucena Sánchez, Yeimy Johana Restrepo, María Elena G., Angélica Flores,
Manuela Vargas, Orfi Villa, Yaneht Valencia, Luisa Vargas, Johan Martínez, Juliana
Martínez, Fabiola Duque, Luz Viviana Vargas, Luz Marina V., Armando Mejía, Mary
Luz V., Fernando Naranjo, Gloria Beatriz N., Zulma N. y Luis Evelio R.

9. El 11 de diciembre de 20196 se llevó a cabo la audiencia especial de pacto de
cumplimiento dispuesta en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, la cual se declaró
fallida. En la misma audiencia se decretaron las pruebas del proceso.

10. Mediante auto de 1.° de diciembre de 20227 se vinculó al proceso a la señora
Aleida Rosa González Castrillón.

11. En auto de 24 de mayo de 20238 se decretó la práctica de las pruebas solicitadas
por la señora Aleida Rosa González Castrillón.

12. Los días 22 de junio9 y 22 de agosto de 202310 el a quo celebró la audiencia de
pruebas. El 6 de febrero de 202411 se realizó una inspección judicial en el predio
objeto de análisis.

13. Por auto de 25 de abrilde 202412, se negaron unas solicitudes de nulidad
procesal, de vinculación y de pruebas. Además, se declaró cerrada la etapa
probatoria y se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus
alegatos de conclusión.

14. Mediante providencia de 11 de septiembre de 202413 se resolvió el recurso de
reposición presentado, en el sentido de no reponer la decisión y aclarar que la
Resolución núm. 055 de 8 de mayo de 2023 hace parte del material probatorio
aportado al proceso.

I.3. Contestación de la demanda

I.3.1. Aleida Rosa González Castrillón14

15. La ciudadana se opuso a la prosperidad de la demanda con fundamento en las
excepciones de: i) “[…] TEMERIDAD DEL ACCIONANTE AL BUSCAR EL MISMO
OBJETIVO CON DIFERENTES INSTRUMENTOS JURIDICOS AL MISMO TIEMPO

6
Ibidem, “44_ED_44ACTAAUDIENCIAPACTO(.pdf) NroActua 53”.
7
Ibidem, “52_ED_52AUTOORDENAVINCULAR(.pdf) NroActua 53”.
8
Ibidem, “62_ED_62AUTODECRETARPRUEBA(.pdf) NroActua 53”.
9
Ibidem, “70_ED_70ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf) NroActua 53”.
10
Ibidem, “77_ED_77ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf) NroActua 53”.
11
Cfr. Índice 54 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 55 del expediente digital de primera instancia.
13
Cfr. Índice 64 del expediente digital de primera instancia.
14
Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia, documento denominado
“60_ED_60CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 53”.

4

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

[…]”; ii) “[…] INEXISTENCIA DEL CAMINO VEREDAL ANSESTRAL POR DAÑO A
CAUSA DE MÚLTIPLES ERROCIONES ACAECIDAS CON EL PASO DE LOS
AÑOS […]”; iii) “[…] EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO JUDICIAL,
SUBSIDIARIO A LA ACCIÓN POPULAR […]”; iv) “[…] LA PROTECCIÓN DE LA
INTEGRIDAD FISICA Y LA VIDA DE LAS PERSONAS, ESTA POR ENCIMA DEL
INTERÉS GENERAL […]”; v) “[…] EL ACCIONANTE NO PROBO EL DAÑO REAL
A LOS DERECHOS COLECTIVOS QUE PROFESA […]”; y vi) “[…] ES DEBER DE
LAS ENTIDADES DEL ESTADO, DARLE APLICACIÓN A LO CONTEMPLADO EN
EL LITERAL L) DEL ARTICULO 4° DE LA LEY 472 DE 1998 “DERECHO A LA
SEGURIDAD Y PREVENCION DE DESASTRES PREVISIBLES TECNICAMENTE
[…]” .

16. Explicó que no vulneró los derechos colectivos invocados porque el camino más
seguro que comunica la vereda Alto Tablazo con el Bajo Tablazo, por
recomendación de las autoridades municipales, es la antigua carretera a Chinchiná,
que conduce a la vereda Guacas.

17. Refirió que el camino que menciona el demandante presenta una falla geológica
denominada “Romeral”. Esa falla generó una cárcava a partir de los procesos de
erosión de los terrenos de la parte alta de la vereda El Tablazo y, por ese riesgo
natural, se desalojaron las viviendas y estructuras ubicadas alrededor del
mencionado cráter.

18. Precisó que el desastre ocurrido que llevó al fallecimiento de un geólogo que se
encontraba en la zona demuestra el alto riesgo de desprendimiento de tierra en la
mencionada cárcava, colindante con el camino objeto de estudio. Por ese hecho se
cerró el paso por el camino “[…] precisamente, el Profesor se ubicó por la parte alta
de la finca -que pertenece a la vereda alto tablazo- entre el camino ancestral y la
antigua cancha de futbol, con miras a lograr un mejor ángulo de la falla y de la
cárcava y realizar un estudio fotográfico y en dicha zona, fue que se presentó el
desprendimiento de capa vegetal, arrastrando al vacío al profesor […]”.

19. Indicóque el accionante ha incurrido en temeridad por perseguir el mismo
objetivo en ejercicio de dos denuncias policivas y de esta acción popular. Además,
adujo que las pretensiones debían perseguirse a través de un proceso de
servidumbre en la jurisdicción ordinaria.

20. Aclaró que el accionante no aportó prueba que demostrara la vulneración a los
derechos e intereses colectivos, además, el equilibrio ecológico se ha preservado
porque las acciones del predio son realizadas en obediencia a los permisos y el
acompañamiento de las entidades públicas competentes.

21. En cuanto alderecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente señaló que el municipio de Manizales, la Corporación Autónoma
Regional de Caldas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UGRD) han instalado letreros que advierten el peligro de la zona y han realizado

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Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

planes de evacuación de las construcciones cercanas con el fin de evitar alguna
afectación a la integridad de las personas.

I.3.2. Municipio de Manizales15

22. El municipio se opuso a lo argumentado por la parte accionante con fundamento
en las excepciones de “[…] IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN […]”, “[…]
INEXISTENCIA DE LOS PRESUPUESTOS LEGALES PARA INCOAR LA ACCIÓN
[…]” y “[…] CARENCIA DE PRUEBA QUE CONSTITUYA PRESUNTA
VULNERACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS […]”.

23. Explicó que, de conformidad con el oficio CET 135-2019 de 17 de mayo de 2019
expedido por el corregimiento agroturístico El Tablazo, no es posible ordenar la
apertura del camino que comunica las veredas Alto Tablazo y Bajo Tablazo debido
a que la señora Adelaida Rosa González, propietaria del terreno en cuestión, cerró
el paso al considerar que no existe ninguna autorización que permita el tránsito de
otras personas por su propiedad.

24. Precisó que los documentos presentados no prueban que exista una conexión
directa entre la posible afectación de los derechos colectivos y alguna acción
realizada por el municipio. El objeto de la presente demanda excede las funciones
del municipio, al centrarse la controversia en un predio privado. Además, el
demandante pretende la protección de un derecho e interés particular.

I.3.3. Corporación Autónoma Regional de Caldas16

25. La corporación se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en
las excepciones denominadas: i) “[…] COMPETENCIA DE LA ALCALDÍA
MUNICIPAL POR MEDIO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIAS LOS
PROBLEMAS ENTRE VECINOS QUE AFECTA LA CONVIVENCIA CIUDADANA
[…]”; ii) “[…] COMPETENCIA DEL MUNICIPIO EN MATERIA DEL CUMPLIMIENTO
DE NORMAS AMBIENTALES […]”; iii) “[…] COMPETENCIA DEL MUNICIPIO EN
EL CUIDADO E INTEGRIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO […]”; y iv) “[…]
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS POR LEY A LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS […]”.

26. Adujo que las pretensiones de la demanda están relacionadas con el ejercicio de
las funciones de la administración municipal y no se demostró que exista un daño
ambiental en la zona. Por ello, no se justifica la intervención de esa autoridad
ambiental.

27. Precisó que no existe ningún registro de actividades que hayan puesto en peligro
la biodiversidad del área. Por el contrario, el oficio núm. 2018-IE-000264 confirma

15
Ibidem, “31_ED_31ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”.
16
Ibidem, “33_ED_33ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”.

6

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
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que no se realizó ningún aprovechamiento de especies nativas en la zona. Además,
señala que “[…] Con la intervención realizada de los árboles de eucalipto, no se
afectó el bosque natural, no se generó un impacto negativo sobre fuentes hídricas,
ni se puso en riesgo la conservación de los recursos naturales […]”.

28. Refirióque, de acuerdo con la Ley 1801 de 29 de julio de 2016 17, las
problemáticas relacionadas con el tránsito peatonal, el orden público y la
convivencia ciudadana son competencia de los alcaldes y los inspectores de policía.
Igual ocurre con la conservación del espacio público que es responsabilidad de las
entidades territoriales.

29. Aclaró que las denuncias presentadas por el presunto aprovechamiento indebido
de especies arbóreas en la zona fueron atendidas de manera adecuada y, al no
evidenciarse ninguna afectación ambiental, no se inició un proceso sancionatorio.
De esta manera, se siguió el protocolo de alertas ambientales tras las denuncias de
la comunidad, se realizó visita al sector y se mantuvo vigilancia sobre las especies
de fauna y flora presentes.

I.3.4. Curaduría Urbana núm. 2 de Manizales18

30. La curaduría se opuso a las declaraciones de la parte accionante con fundamento
en las excepciones de “[…] CARENCIA DE LA PRUEBA CON VALOR JURÍDICO
QUE DEMUESTRE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
CONSTITUCIONALES Y COLECTIVOS […]” y “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN
LA CAUSA POR PASIVA […]”.

31. Explicó que ninguna prueba demuestra lo afirmado por el accionante, quien
únicamente expuso hechos sin aportar evidencia y tampoco solicitó pruebas para
sustentar sus argumentos. De acuerdo con los artículos 2.2.6.1.1.1. y 2.2.6.6.1.1.
del Decreto 1077 de 26 de mayo de 201519, a la curaduría le corresponde resolver
las solicitudes relacionadas con el otorgamiento de licencias urbanísticas. Sin
embargo, el predio con folio de matrícula inmobiliaria núm. 100-31312 no cuenta
con ninguna solicitud de licencia.

32. Recordó que el artículo 2.2.6.1.2.3.3. ibidem prohíbe a los curadores urbanos que
se pronuncien sobre la titularidad de los derechos reales o de posesión cuando se
presentan diferencias entre la propiedad de dos predios o con una servidumbre,
como es el caso objeto de esta acción popular.

17
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana […]”.
18
Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia, documento denominado
“25_ED_25ESCRITOCONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”.
19
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.

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Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
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II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

33. El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 25 de marzo de
202520, declaró improcedente la acción popular frente a las pretensiones de la
demanda relacionadas con la protección de la servidumbre de tránsito y negó el
amparo del derecho colectivo establecido en el literal c) del artículo 4° de la Ley 472.

34. El tribunal declaró que la acción popular ejercida era improcedente parcialmente
al considerar que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, este no es el
medio de control previsto por el legislador para resolver disputas sobre derechos
reales, relacionadas con las servidumbres que corresponden a caminos o pasos
peatonales usados por la comunidad.

35. Explicó que, en la inspección judicial, se verificó que ese camino no es la única
ruta que permite a la comunidad acceder a la iglesia y al colegio del municipio, pues
es posible utilizar la vía pública que comunica esas veredas para el mismo
propósito. Adicionalmente, en el predio cuestionado no se evidenció ningún impacto
ambiental, ya que, según los informes de Corpocaldas, las actividades que se
desarrollan en el lugar cumplen con el uso del suelo autorizado por el municipio.

36. Manifestó que la propietaria del predio por donde pasa el camino únicamente
incumplió la orden relacionada con la disposición adecuada de los residuos, ya que
estos fueron depositados en una escombrera. Sin embargo, este hecho no ha
causado un impacto ambiental significativo, tampoco constituye una afectación
ecológica, ni un uso irracional de los recursos naturales.

37. Concluyó que, según el concepto técnico de la autoridad ambiental, el camino
ancestral se encuentra en una zona de alta inestabilidad geológica y de alta
sensibilidad ambiental, por lo que no se recomienda su rehabilitación o reapertura.

38. Con fundamento en lo anterior, el tribunal resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLÁRESE improcedente la acción popular respecto a la
protección de una servidumbre de tránsito de que trata la demanda.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto a los derechos
colectivos de la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible; la
conservación de las especies animales y vegetales; y la protección de áreas de
impacto ecológico y ecosistemas.

TERCERO: Sin costas.

CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITASE copia auténtica de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y al Ministerio Público.

20
Cfr. Índice 70 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

SEXTO: Una vez ejecutoriada esta sentencia, archívese, previas las anotaciones
pertinentes en el programa informático “Samai” […]”. (Negrilla del texto).

III. RECURSO DE APELACIÓN

39. El demandante en el escrito de 2 de abril de 202521 solicitó la revocatoria de la
sentencia de 25 de marzo de 2025 para que, en su lugar, se concedan las
pretensiones de la demanda.

40. Afirmó que la solicitud de nulidad que presentó en primera instancia por la falta
de integración del litisconsorcio necesario por pasiva aún persiste. Además,
contrario a lo afirmado por el a quo, presentó escrito de alegatos de conclusión de
primera instancia.

41. Solicitó la revocatoria del ordinal primero de la parte resolutiva de la referida
providencia, al considerar que sus pretensiones se interpretaron incorrectamente y
la acción popular resulta procedente. En la demanda no solicitó una servidumbre de
tránsito sino el restablecimiento de la movilidad por el camino que conecta las
veredas.

42. Señaló que el tribunal planteó el problema jurídico de forma incorrecta ya que en
el proceso se demostró que la vía existe desde hace más de 50 años y,
recientemente, los particulares demandados efectuaron bloqueos y colocaron
puertas. Por lo tanto, no se demostró que el camino pertenezca a un terreno privado.

43. Refirió que la sentencia resulta contradictoria porque, aunque se basa en un
informe que advierte sobre el estado peligroso del camino, no se ordenaron medidas
de protección. Además, puso de presente que no se valoraron algunas pruebas
debidamente aportadas, especialmente las fotografías de la demanda.

44. Explicó que el juez cuenta con la facultad de decretar pruebas de oficio teniendo
en cuenta que era necesario demostrar el bloqueo del camino veredal y, a pesar de
ello no ejerció sus facultades probatorias. El a quo en la inspección judicial citó a
los señores Carlos Uriel Naranjo Vélez, Campo Elías Giraldo, Robert Albeiro
Rodríguez Rojas y Robert Albeiro Rodríguez Rojas para que rindieran sus
testimonios, pero la diligencia no se realizó por falta de un espacio adecuado y
posteriormente el juez negó la práctica de esos testimonios.

45. Solicitó que se practicaran dichas pruebas, junto con un informe del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi sobre la extensión del camino, al resultar necesarias
para resolver el caso.

21
Cfr. Índice 74 del expediente digital de primera instancia.

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Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

46. Mediante auto de 21 de abril de 202522, el Tribunal Administrativo de Caldas
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación presentado por la parte
accionante y rechazó el recurso de apelación del señor Fernando Naranjo Vélez por
haberlo presentado de forma extemporánea.

47. A través de auto de 15 de octubre de 202523, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el accionante, se negó el decreto de pruebas solicitadas en el
mencionado recurso, se prescindió del traslado para alegar de conclusión, y se
informó al Ministerio Público que se encontraba habilitado para emitir concepto en
la presente causa.

48. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

49. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201124 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201925, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

50. El señor Germán Humberto Gallego Giraldo atribuyó a la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, al municipio de Manizales y a la Curaduría Urbana núm. 2 de
Manizales, la vulneración de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio
ecológico, al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de
uso público, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, debido al cierre de un camino peatonal que comunica la vereda Alto
Tablazo con el Bajo Tablazo.

51. El Tribunal Administrativo de Caldas vinculó a los señores Aleida Rosa González
Castrillón y John Fredy Castro González, como propietaria y residente del predio
donde pasa el camino, y en la sentencia de 25 de marzo de 2025, declaró
improcedente la acción popular interpuesta para proteger la servidumbre de tránsito,
y negó el amparo respecto de la transgresión del derecho colectivo al equilibrio
ecológico.

22
Cfr. Índice 77 del expediente digital de primera instancia.
23
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
24
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
25
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

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Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

52. Explicó que existen rutas alternativas para acceder a los puntos de interés de la
comunidad. Además, las actividades desarrolladas en el predio cuestionado
cumplen con las normas municipales en materia de uso del suelo; y no es pertinente
la rehabilitación del camino ancestral porque está situado en una zona de alta
inestabilidad geológica y sensibilidad ambiental.

53. El demandante en el recurso de apelación insistió en la configuración de una
causal de nulidad y una irregularidad procesal. Alegó que la acción popular era
procedente, y que el tribunal no valoró las pruebas que demostraban la transgresión
de los derechos establecidos en los literales d) y j) del artículo 4° de la Ley 472. El
objeto de la demanda no consistía en establecer una servidumbre de tránsito, sino
en restaurar la movilidad por el camino que conecta las veredas Alto y Bajo Tablazo,
ya que ese sendero peatonal existe desde hace más de cincuenta años y
recientemente fue bloqueada por particulares.

54. Criticó que la sentencia se basara en un informe técnico sobre la peligrosidad del
camino sin ordenar medidas de protección, y que no se hubiesen valorado
adecuadamente los testimonios ni practicado otras pruebas solicitadas para
demostrar el bloqueo del camino veredal.

55. Finalmente, el recurrente expuso que el juez de primera instancia no ejerció su
facultad para decretar pruebas de oficio, a pesar de que era necesario establecer la
situación del camino y la existencia de bloqueos.

V.3. Análisis del caso concreto

56. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) la nulidad y la
irregularidad procesal propuesta en el recurso de apelación; ii) la procedencia de la
acción popular respecto de la presunta transgresión de los derechos colectivos
previstos en los literales d) y j) del artículo 4° de la Ley 472; iii) el riesgo existente
en el sector del litigio; y iv) las cargas probatorias en el caso concreto.

V.3.1. La nulidad y la irregularidad procesal propuesta en el recurso de
apelación

57. El actor popular, en su recurso de apelación, afirmó que el proceso continúa
incurso en la causal de nulidad26 denegada en primera instancia a través del auto
de 25 de abril de 2024. Además, aclaró que, a diferencia de lo indicado en la
sentencia inicial, presentó escrito de alegatos de conclusión.

26
Esa providencia explica que el demandante: “[…] (i) Consideró que se debe vincular a los señores María Ofelia Chica
Galeano y al señor Gilberto Riano González en calidad de propietarios de los predios ubicados en la vereda Bajo Tablazo; en
el lote 6 y 36 parte inferior de la imagen aportada en el escrito de solicitud de nulidad1 , por la presunta vulneración de los
derechos colectivos al considerar que impiden el paso por el camino que comunica a las veredas Alto Tablazo, Guacas y Bajo
Tablazo, mencionado en la demanda objeto de la presente acción. (ii) Estimó como causal de nulidad la prevista en el artículo
133 del CGP, por remisión expresa del artículo 61 del CGP y 44 de la Ley 472 de 1998, al no haberse notificado del auto
admisorio a las personas determinadas o indeterminadas que deban ser citadas a las partes. […]”.

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Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

58. Frente al primer planteamiento, la Sala advierte que el auto de 25 de abril de
2024 cobró ejecutoria y adquirió fuerza jurídica vinculante para las partes sobre el
asunto allí resuelto.

59. Adicionalmente, se pone de presente que, de conformidad con los artículos 320
y 322 (numeral 3) de la Ley 1564 de 12 de julio de 201227, aplicables por remisión
del artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el recurso de apelación tiene como objetivo
controvertir uno o varios de los fundamentos de la decisión adoptada por el a quo.

60. Esto significa que el escrito de apelación del recurrente debe exponer las razones
de hecho y de derecho que controvierten los fundamentos de la sentencia de
primera instancia para que esta sea revocada o modificada.

61. En este contexto, la jurisprudencia de esta Corporación de manera uniforme ha
señalado que el recurso de apelación no es el mecanismo para alegar presuntas
nulidades o irregularidades procesales que ocurrieron durante el trámite del medio
de control de defensa de los derechos e intereses colectivos28.

62. Por lo tanto, como los argumentos relacionados con la configuración de una
causal de nulidad no cuestionan el sentido de la decisión adoptada por el tribunal
sino el trámite surtido, la Sala no hará ningún pronunciamiento al respecto.

63. Igual acontece frente al reparo relacionado con la presentación del escrito de
alegatos de conclusión. El hecho consistente en que el tribunal omitiera incluir dicho
alegato en el acápite de antecedentes de la sentencia de primera instancia
constituye un error formal que no desvirtúa los motivos que sirvieron para denegar
el amparo.

V.3.2. La procedencia de la acción popular respecto de la presunta
transgresión de los derechos colectivos previstos en los literales d) y j) del
artículo 4° de la Ley 472

64. El apelante afirmó que la acción popular ejercida era procedente porque en sus
pretensiones no solicitó el otorgamiento de una servidumbre de tránsito a su favor,
sino el restablecimiento de la movilidad por un camino veredal que conecta a las
comunidades rurales del Alto Tablazo, Guacas y Bajo Tablazo.

65. Resaltó que ninguna prueba acredita que este camino pertenezca a un predio
privado. Por el contrario, esa ruta ha sido utilizada por los habitantes de la zona
durante más de cincuenta años para acceder a la iglesia, el puesto de salud y la

27
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
28
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicación núm.: 17001-23-31-000-2012-
00320- 02(AP). C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de diciembre de
2019, radicación núm.: 05001-23-33-000-2016-02245-01(AP). C. P. Oswaldo Giraldo López.

12

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

estación de policía, como lo demuestran las pruebas obrantes en el plenario que no
valoró el a quo.

66. Señaló que el planteamiento del problema jurídico de la primera instancia es
incorrecto29, porque parte del supuesto consistente en que el camino es propiedad
privada y que el conflicto se relaciona con su cierre por parte de los propietarios.

67. Para resolver el recurso de apelación en lo relacionado con la procedencia de la
acción popular por la presunta transgresión de los derechos colectivos al goce del
espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, y al acceso
a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, resulta
oportuno recordar que el artículo 3° de la Ley 105 de 30 de diciembre de 199330
determinó que aquel servicio está bajo la regulación del Estado, y se orienta a
garantizar la movilización de personas o cosas por medio de vehículos apropiados
a cada una de las infraestructuras del sector, en condiciones de libertad de acceso,
calidad y seguridad de los usuarios.

68. El artículo 2.° de la Ley 1682 de 201331 agregó que “[…] la infraestructura del
transporte es un sistema de movilidad integrado por un conjunto de bienes
tangibles, intangibles y aquellos que se encuentren relacionados con este, el cual
está bajo la vigilancia y control del Estado, y se organiza de manera estable para
permitir el traslado de las personas, los bienes y los servicios, el acceso y la
integración de las diferentes zonas del país y que propende por el crecimiento,
competitividad y mejora de la calidad de la vida de los ciudadanos […]”.

69. La infraestructura vial, conforme a la Constitución y a las leyes 105 de 1993 y
769 de 200232, además de hacer parte del Sistema Nacional de Transporte,
justamente está diseñada y regulada con el propósito de garantizar la
materialización de los intereses de la colectividad33 relacionados con la libre
circulación por el territorio nacional, el acceso a los bienes afectados para el uso y
goce público, el acceso y expansión del comercio, el desarrollo social y económico,
y la prosperidad general, entre otras garantías difusas o supraindividuales.

70. La citada infraestructura es un bien de uso público destinado a la utilización y
disfrute colectivo, conforme a los artículos 63 y 82 de la Constitución Política, 674

29
En la sentencia de 25 de marzo de 2025 se planteó el problema jurídico así: “[…] ¿Se presentan las vulneraciones de los
derechos colectivos de los habitantes de las veredas Alto Tablazo, Guacas y Bajo Tablazo en el municipio de Manizales, por
el supuesto cierre de un camino en propiedad privada, que conecta las veredas? […]”.
30
“[…] Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la
Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones”.
31
“[…] Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias […]”.
32
“[…] Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones […]”.
33
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 21 de septiembre de 2006. Radicación núm.:25000-23-26-000-
2004-01092-01(AP). C.P: Martha Sofia Sanz Tobón. Derecho colectivo “[…] es todo aquel que se halla en cabeza de un grupo
social, que es de muchos, pero de nadie en particular, expuesto al agravio o vulnerado por la acción u omisión de la autoridad,
o de los particulares en casos excepcionales, el grupo o cualquiera de sus miembros en representación legal de todos, está
legitimado para reclamar ante el juez administrativo la protección de los derechos afectados, sin perjuicio de que exista o se
acuda a otro medio de defensa judicial […]”.

13

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

del Código Civil34, 5° de la Ley 9ª de 11 de enero de 198935 y 5° del Decreto 1504
de 4 de agosto de 199836, compilado en el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de
201537.

71. El artículo 5 de la Ley 9ª definió el espacio público como el “[…] conjunto de […]
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los
habitantes […]”. E incluyó en ese concepto “[…] las áreas requeridas para la
circulación, tanto peatonal como vehicular […]”.

72. El Decreto 1504 reiteró esa definición en su artículo 2º, y en el artículo 3º precisó
que pertenecen al espacio público “[…] Los bienes de uso público […]” y “[…] los
elementos […] espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que
por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público […]”.

73. Frente a los elementos constitutivos del espacio público se precisó que:

“[…] Artículo 5º.- El espacio público está conformado por el conjunto de los
siguientes elementos constitutivos y complementarios:
I. Elementos constitutivos
[…] 2. Elementos constitutivos artificiales o construidos:
a. Áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular, constituidas por:
Los componentes de los perfiles viales tales como: áreas de control ambiental,
zonas de mobiliario urbano y señalización, cárcamos y ductos, túneles peatonales,
puentes peatonales, escalinatas, bulevares, alamedas38, rampas para
discapacitados, andenes, malecones, paseos marítimos, camellones[39],
sardinales[40], cunetas[41], ciclopistas, ciclovías, estacionamiento para bicicletas,
estacionamiento para motocicletas, estacionamientos bajo espacio público, zonas
azules[42], bahías de estacionamiento, bermas, separadores, reductores de velocidad,
calzadas[43], carriles;

[…] d. Son también elementos constitutivos del espacio público las áreas y elementos
arquitectónicos espaciales y naturales de propiedad privada que por su localización y
condiciones ambientales y paisajísticas, sean incorporadas como tales en los planes
de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen, tales como cubiertas,
fachadas, paramentos, pórticos, antejardines, cerramientos; […]” (negrilla fuera del
texto).

34
“[…] ARTÍCULO 674. <BIENES PUBLICOS Y DE USO PUBLICO>. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio
pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas,
puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio […]”.
35
“[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan
otras disposiciones […]”.
36
“[…] Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial […]”
37
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio […]”.
38
Según la Real Academia Española (RAE) es un “[…] Paseo con árboles de cualquier clase. […]”.
39
Según la RAE es un “[…]trozo, a veces ajardinado, que divide las dos calzadas de una avenida. […]”.
40
Según la RAE el sardinel es el “[…] Escalón que forma el borde exterior de la acera. […]”.
41
Según la RAE una cuneta es una zanja en cada uno de los lados de un camino o carretera para recoger las aguas pluviales.
42
Según la RAE el sardinel es “[…] Parte de un casco urbano en la que está permitido el aparcamiento, mediante pago,
durante un tiempo limitado. […]”.
43
Según la RAE el sardinel es el “[…] Camino pavimentado que unía poblaciones. […]”.

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Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

74. El Decreto 1538 de 17 de mayo de 200544, compilado en el Decreto 1077, en su
artículo 2.2.3.4.1.145 estableció la forma en que se garantizaría la accesibilidad en
las vías de circulación peatonal, definidas en su artículo 2.2.1.1. así:

“[…] ARTÍCULO 2.2.1.1. Definiciones. Para efecto de lo dispuesto en el presente
Decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

Vía de Circulación Peatonal. Zona destinada a la circulación peatonal, conformada
por las franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales como andenes,
senderos y alamedas. […]” (negrilla fuera del texto).

75. Como puede apreciarse, las vías de circulación peatonal de propiedad pública
constituyen elementos fundamentales del espacio público, pues garantizan la
movilidad segura y accesible de las personas, contribuyen a la integración urbana
y responden a necesidades colectivas que trascienden el interés individual.

76. Cabe agregar que excepcionalmente la propiedad privada, por motivos de
interés general, puede tener una afectación al dominio público. En estos casos, el
dueño del bien no puede impedir su uso a otras personas. Eso significa que existen
unos bienes privados que están destinados a la satisfacción de necesidades
colectivas, bien sea por su naturaleza o uso46.

77. Respecto de la forma de acreditar la destinación al uso público, la Sala de
Consulta y Servicio Civil en el concepto de 18 de junio de 201447 indicó que dicha
prueba puede provenir de: i) disposición legal; ii) instrumentos de planeación como
el POT; iii) acto administrativo de afectación del bien inmueble; iv) inscripción en el
folio de matrícula inmobiliaria correspondiente de la afectación y su vigencia,
cuando haya lugar a ello; v) certificación debidamente motivada expedida por la
entidad en la que conste el uso específico que se le da al bien; o de vi) otros
documentos o medios probatorios idóneos en los que se evidencie el uso público o
la destinación del bien a un uso o un servicio público.

44
“[…] Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997 […]”.
45
“[…] ARTÍCULO 2.2.3.4.1.1 Accesibilidad al espacio público. Los elementos del espacio público deberán ser diseñados
y construidos dando cumplimiento a los siguientes parámetros:
1. Vías de circulación peatonal
1.1 Los andenes deben ser continuos y a nivel, sin generar obstáculos con los predios colindantes y deben ser tratados con
materiales duros y antideslizantes en seco y en mojado.
1.2 Para permitir la continuidad entre los andenes y/o senderos peatonales se dispondrán los elementos necesarios que
superen los cambios de nivel en los cruces de calzadas, ciclorrutas y otros. En estos casos se utilizarán vados, rampas,
senderos escalonados, puentes y túneles.
1.3 En los cruces peatonales los vados deben conectar directamente con la cebra o zona demarcada para el tránsito de
peatones.
1.4 Sobre la superficie correspondiente a la franja de circulación peatonal se debe diseñar y construir una guía de diferente
textura al material de la superficie de la vía de circulación peatonal que oriente el desplazamiento de las personas invidentes
o de baja visión.
1.5 Para garantizar la continuidad de la circulación peatonal sobre la cebra, en los separadores viales se salvarán los
desniveles existentes con vados o nivelando el separador con la calzada.
1.6 Cuando se integre el andén con la calzada, se debe prever el diseño y la construcción de una franja de textura diferente
y la instalación de elementos de protección para los peatones, para delimitar la circulación peatonal de la vehicular.
1.7 Las rampas de acceso a los sótanos de las edificaciones deberán iniciarse a partir del paramento de construcción y en
ningún caso sobre la franja de circulación peatonal del andén.
1.8 Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que obstaculicen la continuidad de la franja de circulación peatonal.
1.9 Los espacios públicos peatonales no se podrán cerrar ni obstaculizar con ningún tipo de elemento que impida el libre
tránsito peatonal. […]”.
46
Corte Constitucional sentencia T-566 de 1992.
47
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 18 de junio de 2014. Radicación núm. 11001-03-06-000-2013-00364-
00(2154). M.P. Álvaro Namén Vargas.

15

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

78. En esa línea, la Sección Primera del Consejo de Estado en su jurisprudencia ha
sostenido que la destinación al uso público de un bien no solo es susceptible de
probarse mediante el Plan de Ordenamiento Territorial, porque el demandante
puede acreditar ese uso o destinación, a través de otros medios probatorios
idóneos.

79. La Sección también aclaró que, para que un camino rural sea considerado de
uso público y se protejan los derechos colectivos al goce del espacio público y al
acceso al servicio público de transporte, es indispensable acreditar su utilización
constante por la comunidad y su reconocimiento oficial a través de documentos y
pruebas pertinentes. En los casos en que no se demuestra que el sendero es una
vía pública, las problemáticas sobre las servidumbres de tránsito no son pasibles
de protección a través de este medio de control.

80. La Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia de 16 de octubre de
200748 determinó que la acción popular no es el mecanismo adecuado para resolver
controversias relacionadas con derechos reales por servidumbres sobre caminos o
pasos peatonales usados por la comunidad. En ese precedente se explicó que la
servidumbre constituye una carga sobre un predio en beneficio de otro, y que su
naturaleza es de derecho real y subjetivo, sin importar cuántas personas estén
involucradas o resulten beneficiadas.

81. Más adelante, en la sentencia de 10 de noviembre de 201649, esta autoridad
judicial amparó el derecho colectivo al goce del espacio público en un caso en el
que se acreditó plenamente, a través de las matrículas inmobiliarias de los predios
en los que transcurría la ruta, del peritaje realizado, de los testimonios recaudados
y del Plan de Ordenamiento Territorial respectivo, que el camino rural era de uso
público.

82. En dicha providencia la Sección Primera explicó que “[…] el denominado camino
La Bélgica es un bien de uso público, en la medida que se demostró en este proceso
que es una vía peatonal y vehicular y de uso permanente por la comunidad.
Además, no se acreditó que perteneciera a ningún particular o que fuera bien
anexo a algún predio privado, ni tampoco se acreditó que respecto del camino
existiera una servidumbre de paso […]” (negrilla fuera de texto).

83. Más adelante, en la sentencia de 31 de enero de 201950, la Sección Primera
denegó el amparo en un caso en el que advirtió “[…] que, tal y como lo encontró el
a quo, el demandante no cumplió con la carga de demostrar los hechos, en la
medida en que no existe prueba alguna, siquiera sumaria, de que el camino anterior

48
Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Ruth Stella Correa Palacio, Radicación núm. 41001-23-31-000-2004-00351-02
(AP).
49
Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación núm. 17001-23-31-000-2014-
00193-01(AP).
50
Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Oswaldo Giraldo López. Radicación núm. 05001-23-33-000-2016-01855-
01(AP).

16

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

tuviera la connotación bien de uso público. Por el contrario, de conformidad con las
pruebas testimoniales practicadas, se pudo evidenciar que ese sendero se
encontraba abandonado y que se extendía por predios privados, sin que la parte
actora allegara ni solicitara […] algún documento oficial que permitiera vislumbrar
el uso público que ahora aduce vulnerado […]”.

84. Igual aconteció en la sentencia de 13 de diciembre de 2023 51. En ese precedente,
tras analizar los testimonios y las pruebas presentadas, se verificó que el sendero
utilizado por varios residentes del sector no tenía un uso público. Tampoco se
acreditó el reconocimiento como vía pública mediante documentos históricos o
instrumentos de planeación.

85. De lo anterior se desprende que el demandante contaba con la carga procesal
de acreditar la destinación al uso público del sendero que atraviesa el predio de la
señora Aleida Rosa González Castrillón.

86. De acuerdo con el oficio CET 135-2019 de 17 de mayo de 201952 y el expediente
policivo con radicación núm. 2018-636953, en el plenario se demostró que el señor
Germán Humberto Gallego Giraldo inició un proceso policivo el 4 de mayo de 2018
por un conflicto vecinal en la vereda Alto Tablazo, relacionado con el cierre de un
camino que conectaba la vereda Bajo Tablazo con Alto Tablazo.

87. En el procedimiento se determinó que la señora Aleida Rosa González Castrillón
era la propietaria de los terrenos donde ocurrió el cierre del camino. El 6 de
diciembre de 2018 se celebró una diligencia a la que acudieron el señor Germán
Humberto Gallego Giraldo, como quejoso, y el hijo de la propietaria John Fredy
Castro González, como presunto infractor.

88. En la audiencia el señor Germán Humberto Gallego Giraldo indicó que el camino
cerrado era usado hace más de 60 años. Por su parte, el señor John Fredy Castro
González explicó que la propiedad donde se cerró el camino es un solo terreno y
que permitir el tránsito había sido una costumbre tolerada por el antiguo dueño, pero
que no existía autorización legal para ello. Sostuvo que el cierre del camino no ha
impedido el destino final de quienes lo usaban por cuanto existe una ruta alterna, y
que solo un juez puede ordenar su reapertura.

89. Se demostró que el 6 de diciembre de 2018 el señor German Humberto Gallego
Giraldo rindió la siguiente declaración:

“[…] PREGUNTADO: ¿Cuál es el origen del conflicto? CONTESTADO: Es un camino
de herradura que se ha utilizado hace más de 60 años, que comunica dos sectores
importantes del corregimiento; comunica al Bajo Tablazo con el Alto Tablazo y

51
Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm. 17001-23-33-000-2022-
00255-01,
52
Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “31_ED_31ESCRITO
CONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”, folio 11.
53
Ibidem, folio 15 y siguientes.

17

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

también con la vereda Guacas. Esa vía es muy importante porque el Bajo Tablazo es
el sitio donde se prestan los servicios del corregimiento: primero el de educación,
deportivo, servicios de salud, servicio policivo. Entonces, el camino es de mucha
trascendencia para las comunidades.

PREGUNTADO: ¿Alguna vez ese camino fue constituido como servidumbre?
RESPONDIDO por el apoderado: Ese camino ha sido una servidumbre voluntaria,
toda vez que en ese sector quedaba un colegio y ese camino era de comunicación
interveredal y de llegada al colegio.

PREGUNTADO: ¿Cuántos años concretamente se ha utilizado el camino donde se
presenta el conflicto? RESPONDIDO: Más de 60 años.
PREGUNTADO: ¿Cuánto tiempo lleva cerrado el camino? RESPONDIDO: Desde
que el citado adquirió la propiedad, es decir, desde marzo de este año. Lo cerró con
tala de árboles, impidiendo el paso; en la parte superior del camino colocó unos
cercos, delimitando el camino sin razón alguna.

PREGUNTADO: ¿Qué tipo de tránsito representaba este camino para la comunidad?
RESPONDIDO: Para el desplazamiento interveredal de la comunidad, para
actividades deportivas, el tránsito de semovientes y, en general, de las personas que
laboran en el Alto Tablazo y viven en el Bajo Tablazo. La comunidad dice que era
mucho porque, según ellos, están transitando con sus caballos por la vía nacional y,
de acuerdo a lo deportivo, existen videos en YouTube donde se ve que hay ciclistas
que utilizan el camino para practicar su deporte.

PREGUNTADO: ¿Algo más que desee manifestar al respecto? RESPONDIDO: En la
comunidad existen muchas personas de la tercera edad que pueden dar fe del tiempo
que el camino ha prestado su uso. […]”.

90. El presunto infractor adujo lo siguiente:

“[…] La propiedad está constituida como un todo, el tema del tránsito por la propiedad
es una mala costumbre permitida en su momento por los antiguos dueños;
jurídicamente no existe ninguna autorización para el tránsito por mencionada
propiedad, partiendo que existe una vía principal pavimentada, delimitada e iluminada
que comunica las veredas Bajo Tablazo, Alto Tablazo y Guacas. Se cuenta con
transporte público y se ha verificado en el IGAC la no existencia de ninguna vía que
parta la propiedad en dos.

Durante el transcurso del presente año 2018 he ubicado letreros informativos,
delimitación a la propiedad para que esta mala costumbre de las personas no siga
ocurriendo, partiendo de allí que la gente transita por la vía principal, que es la
carretera que comunica el Alto Tablazo con el Bajo. […]”.

91. Se demostró que el 31 de enero de 201954 se recibieron los testimonios de 5
habitantes de las veredas Alto Tablazo y Bajo Tablazo, quienes relataron su
experiencia respecto al camino que conecta ambas zonas.

92. La señora Fabiola Pérez de Gallo aseguró haber vivido 85 años en Alto Tablazo
y que, durante toda su vida, el camino siempre ha existido y ha sido utilizado por la
comunidad, incluyendo sus propios hijos y habitantes de Guacas. Indicó que dicho
sendero nunca fue modificado.

54
Ibidem, folio 101 y siguientes.

18

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

93. El señor Humberto Gallego Gallego, padre del quejoso, afirmó residir en el sector
desde hace 68 años. Señaló que el camino ha estado allí desde que llegó y que era
transitado principalmente por estudiantes y personas enfermas que iban al hospital.
Aunque ya no lo utiliza, ha escuchado quejas de vecinos sobre los perjuicios
causados por el cierre, especialmente en temas de salud y acceso a la iglesia.

94. En su declaración, mencionó que existe otra vía de acceso por la Uribe, pero
reconoció que el cierre ha afectado a quienes no pueden utilizar otros medios o
rutas, obligando a algunos a caminar por zonas más complicadas.

95. El tercer testigo Mario Galarza, relató que ha vivido 35 años en el sector y que
solía usar el camino para ahorrar tiempo. Explicó que antes el sendero estaba
ubicado más abajo y que, con el tiempo y las fallas del volcán, fue desplazado, pero
siempre con permiso de los anteriores dueños.

96. Mario Castañeda Muñoz, testigo de John Freddy Castro, confirmó que realizó
trabajos de cercado en el lugar, pero que el predio ya estaba cercado antes de sus
labores. Además, indicó que fue remunerado por su trabajo y que no realizó obras
que afectaran el camino.

97. NéstorOcampo Rojas sostuvo que el cierre reciente del camino ha sido
especialmente perjudicial para las personas de edad avanzada, pues era la ruta
más directa hacia el centro de salud. Expresó que la nueva vía alternativa es
demasiado lejana y costosa.

98. El 8 de mayo de 2019 se llevó a cabo una nueva audiencia con la presencia de
ambas partes. Se consideró necesario hacer una nueva inspección para verificar la
validez de lo actuado y definir la mejor prueba para resolver el conflicto sobre el
tránsito por los predios.

99. Igualmente se acreditó, a través del oficio CET 52-2019 de 13 de febrero de 2019,
que el 31 de enero de 201955, el Corregidor del Corredor Agroturístico el Tablazo y
el “[…] Personero Delegado CEMAI […]” recorrieron “[…] la propiedad del señor
JHON FREDY CASTRO GONZALEZ en compañía del señor GERMAN
HUMBERTO GALLEGO GIRALDO para verificar el camino que hasta la fecha se
encuentra cerrado […]”.

100. En el expediente policivo, se demostró que el 8 de mayo de 2019 se decretó
“[…] la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso de queja
radicado con el número 2018-6369 de los señores German Humberto
Galleqo Giraldo y John Freddy Castro González parte quejosa y solicitados
respectivamente […]”, por cuanto ese procedimiento se adelantó sin la vinculación
de la propietaria del predio Aleida Rosa González Castrillón.

55
Ibidem, folio 110 y siguientes.

19

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

101. Cabe agregar que el a quo realizó una inspección judicial al lugar de los hechos
el 6 de febrero de 2024 con la presencia del demandante, su apoderado, los
representantes de Corpocaldas, la Alcaldía de Manizales, la Curaduría Segunda
Urbana, la apoderada de la parte vinculada y el Ministerio Público.

102. El recorrido inició desde el restaurante Los Arrieros hacia la puerta que, según
el demandante, obstruye el antiguo camino real que históricamente comunicaba las
veredas Alto Tablazo y Bajo Tablazo. Allí se verificó que el cierre se encuentra muy
cerca de una cárcava profunda, lo que evidencia riesgos geológicos que impedirían
cualquier tránsito seguro en la zona.

103. Durante el recorrido, también se utilizó Google Maps para visualizar la ubicación
del colegio y la iglesia, con el fin de contextualizar la importancia del camino
ancestral para la comunidad. Se observó que el camino ancestral se encuentra
completamente deteriorado, con zonas delimitadas con cinta amarilla, tramos
colapsados y un barranco de más de 20 metros que impide seguir el trayecto de
manera segura.

104. En la inspección se dio lectura de la Resolución 095 de 2023, expedida dentro
de un proceso policivo. Ese acto explica que Corpocaldas y la Unidad de Gestión
del Riesgo concluyeron que el sendero existió, pero que la cárcava ha generado
inestabilidad del terreno durante años, afectando la infraestructura circundante.
Debido a ello, se consideró no recomendable habilitar el paso por motivos de
seguridad.

105. En la misma diligencia el delegado de Corpocaldas precisó que, en un informe
ambiental del año 2021, la entidad había determinado que el camino ancestral se
ubica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), clasificadas como
distrito de conservación de suelos. Estas condiciones ambientales y geológicas
generaban restricciones de uso y respaldaban la recomendación de no permitir
nuevamente el paso por la zona. Del acta se destacan los siguientes registros
fotográficos:

Restaurante los arrieros Camino peatonal
(punto azul en las fotos) objeto de análisis
hasta el cierre del camino

20

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

106. Se debe subrayar además que el Certificado de Tradición y Libertad de 21 de
mayo de 2018 del predio con Matrícula Inmobiliaria 100-31312 y código catastral
17000100020401204000, expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Manizales56, no incluye ningún registro o anotación relacionado con la
presencia de un camino de propiedad pública al interior del predio. Allí se precisa
que el predio linda con la "[…] PROPIEDAD QUE ERA DE AUGUSTIN ALZATE HASTA
SALIR AL CAMINO QUE CONDUCE A LA VEREDA DE LAS GUACAS CAMINO ABAJO
HASTA LINDAR CON PROPIEDAD DE ALONSO USMA […]". Sin embargo, esa
descripción refiere a la servidumbre de paso que se conectaba con la vía vehicular que
conduce al sector de las Guacas, y que fue incluso objeto de movimiento por la ampliación
de la cárcava.

107. Tampoco se acreditó que el plan de ordenamiento territorial incorpore esa ruta
como una infraestructura vial del municipio, conforme al “[…] concepto de uso de
suelo para establecimientos abiertos al público […]”, con radicación núm. CAE
2018:1897 de 27 de agosto de 201857, expedido por la Alcaldía de Manizales.
Incluso el oficio SGM / VC 0593-18 de16 de julio de 201858 señala lo siguiente:

“[…] De conformidad al Consulta Cartográfica Temática POT Rural 2017-2031,
consultado en el Sistema de Información Geográfica – SIG (sig.manizales.gov.co),
adoptado bajo acuerdo municipal No. 0958 de 2017, según respectiva localización del
predio en cuestión, Vereda Alto Tablazo, Corregimiento Agro-turístico El Tablazo, se
evidencia presentar restricciones para desarrollos urbanísticos por estar catalogado
como Estructura Ecológica Principal – Área protegida – Distrito de conservación
de suelos guacas – El Rosario. […]” (negrilla fuera del texto).

108. Como puede apreciarse el demandante no demostró la afectación de los
derechos colectivos previstos en los literales d) y j) del artículo 4° de la Ley 472. Del
análisis integral de los elementos probatorios, no se acreditó que el camino objeto
de litigio constituya una vía de circulación peatonal de propiedad municipal ni que
sea un elemento espacial de propiedad privada incorporado oficialmente al espacio
público.

109. Las declaraciones de los habitantes del sector Alto Tablazo y Bajo Tablazo
confirmaron el uso comunitario del sendero. No obstante, dichos testimonios
también evidenciaron que el tránsito por el camino se realizó siempre con el
consentimiento de los propietarios anteriores, sin que existiera un reconocimiento
oficial como vía pública, sino como una servidumbre de hecho entre vecinos.

110. La inspección judicial efectuada corroboró el deterioro físico del sendero, la
presencia de tramos colapsados y la existencia de una cárcava profunda que
representa un riesgo geológico para la comunidad. Por lo tanto, se recomendó no
habilitar nuevamente el paso por razones de seguridad colectiva.

56
Ibidem, folio 49 y siguientes.
57
Ibidem, folio 66.
58
Ibidem, folio 56 y siguientes.

21

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

111. Esto significa que las pruebas allegadas al proceso, incluyendo las fotografías
aportadas con la demanda, únicamente demostraron la existencia de una
servidumbre de tránsito de facto, sin que se acreditara el uso público constante ni
el reconocimiento oficial del sendero como vía peatonal municipal o elemento
espacial de propiedad privada incorporado al espacio público.

112. En esta tipología de debates colectivos al juez popular le corresponde
determinar cuál es la naturaleza del sendero que es objeto de controversia a efectos
de conceder o denegar las pretensiones de la demanda. Por lo tanto, la Sala
modificará el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de 25 de marzo
de 2025, pues considera que el tribunal de primera instancia debió negar el amparo
de los derechos colectivos previstos en los literales d) y j) del artículo 4 de la Ley
472, en lugar de declarar improcedente la presente acción popular.

V.3.3. El riesgo existente en el sector del litigio

113. El tercer eje temático de la apelación alude a que el tribunal de primera instancia
verificó la existencia de un riesgo en el camino objeto del debate judicial y, a pesar
de ello no adoptó ninguna orden de amparo.

114.Para resolver este planteamiento, es pertinente mencionar que el juez, en las
acciones populares, puede proferir fallos ultra y extra petita, sin desconocer el
principio de congruencia, previo cumplimiento de las reglas jurisprudenciales
previstas para tal efecto.

115. En la sentencia de unificación de 5 de junio de 201859, la Sala Plena del Consejo
de Estado explicó que:

“[…] jurisprudencialmente se ha aceptado la posibilidad de que el juez popular
profiera fallos ultra y extra petita en el sentido de amparar derechos colectivos
diferentes a los invocados por el actor popular en la demanda; estudiar hechos
adicionales a los planteados inicialmente, proferir órdenes diferentes a las
pedidas por los actores en las pretensiones, e incluso apartarse de los términos
de la impugnación en fallos de segunda instancia, todo lo anterior, siempre que se
guarde relación con el hecho generador del daño planteado en la demanda y
en términos generales con la causa petendi.

Sin embargo, la Sala considera que esta es la oportunidad pertinente para precisar
dicha postura en el sentido de establecer que el juez de la acción popular puede
pronunciarse sobre derechos colectivos que no han sido invocados en la demanda
como vulnerados o amenazados, siempre y cuando tengan una estrecha relación
con los derechos respecto de los cuales sí haya existido una solicitud expresa
de protección y cuando la parte demandada se haya pronunciado sobre ellos a
lo largo del proceso, es decir, que haya podido ejercer su derecho de defensa.
Entonces, pese a que como se mencionó el juez puede amparar derechos e
intereses colectivos diferentes a los indicados por el actor en el trámite de
agotamiento del requisito de procedibilidad y en la demanda, siempre y cuando
los mismos se relacionen con la causa petendi, para proceder en tal forma
además se requiere que se haya garantizado el debido proceso del o los

59
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación núm. 15001-33-31-001-
2004-01647-01.

22

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

demandados en el sentido de que se les haya permitido pronunciarse sobre el mismo
en alguna de las oportunidades procesales. […]” (negrilla fuera del texto).

116. La Sala Plena reiteró, en sentencia de unificación de 26 de enero de 202160,
que “[…] si el planteamiento fáctico que hace el actor popular y que es conocido por
la entidad accionada resulta demostrado en el curso del proceso, el juez de la acción
popular puede aprobar un pacto de cumplimiento, o proferir una sentencia que tenga
como base la vulneración de derechos colectivos distintos de los invocados en la
demanda y donde se adopten medidas diferentes de las impetradas. […]”.

117. Nótese entonces que las facultades ultra y extra petita del juez popular deben
respetar el debido proceso de las partes en conflicto. Por lo tanto, solo es posible
examinar nuevos hechos relacionados con la causa petendi que se demuestren
durante el proceso61.

118. Aunado a ello, el juez debe verificar si el derecho en debate es indivisible o
transindividual, a efectos de determinar cuándo es procedente el medio de control
ejercido62. En las sentencias de 26 de mayo de 202363, de 26 de mayo de 202364 y
de 23 de mayo de 202465, se explicó que el derecho a la seguridad y la prevención
de desastres puede tener una connotación personal y subjetiva cuando el evento
peligroso no cuenta con la virtualidad de afectar a la comunidad de forma física,
económica, social, ambiental o institucional. En tal escenario, conforme a la Ley
1523 de 2012, prima el principio de autoconservación, en virtud del cual los
ciudadanos deben adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su ámbito
personal.

119. En el presente caso se acreditó que en el predio de la señora Aleida Rosa
González Castrillón se presenta un fenómeno de remoción en masa que es objeto
de algunas acciones de mitigación.

120. La Dirección Técnica de la Unidad de Gestión de Riesgo del municipio en el
oficio UGR 855 – 18 de 2 de abril de 201866 explicó lo siguiente:

“[…] Una vez conocida la solicitud de visita técnica, y por solicitud de un anónimo, se
destinó personal de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, para realizar una
inspección visual al predio rural de dirección SEMINARIO y que se ubica en la vereda
Alto Tablazo de esta ciudad, dando como resultado las siguientes observaciones:

60
Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, C. P. Martín Bermúdez
Muñoz, radicación número: 54518-33-31-001-2007-00013-01(AP)REV.
61
Consejo de Estado, sentencias de 16 de mayo de 2007 (exp. 2005-10005) y 16 de octubre de 2007 (exp. 2002-27149, y 29
de abril de 2015 (exp. 2010-00217-01 AP), entre otras.
62
Sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 de Corte Constitucional (M. P: Rodrigo Escobar Gil) y sentencia de 10 de febrero
de 2005 del Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P: María Elena Giraldo Gómez. Radicación núm. 25000-2325-000-2003-
00254-01(AP).
63
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm.:17001-23-33-000-2021-00195-01. C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
64
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm: 17001-23-33-000-2021-00195-01. C.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés.
65
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm: 17001-23-33-000-2022-00033-01. C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
66
Cfr. Índice 53 del expediente digital de primera instancia, documento denominado “31_ED_31ESCRITO
CONTESTACIO(.pdf) NroActua 53”, folios 34 y siguientes.

23

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

1.Se procedió a realizar la visita al sitio en mención, donde se ubica el predio privado
de ficha catastral 200000013070000000000, ubicado en la Vereda Alto Tablazo y que
según registro IGAC figura a nombre de la señora ALEIDA ROSA GONZÁLEZ
CASTRILLÓN.
2.En el inmueble en mención se vienen adelantando obras de manejo de estabilidad
de taludes, las cuales están encaminadas en rehabilitar el paso de una vía interna del
predio que se encontraba obstruida por antiguo deslizamiento que se había
presentado en la zona.
3.En la inspección técnica de campo, se logró observar que en el lugar donde se están
realizando las intervenciones sobre la ladera, se vienen implementando cortes
agresivos en la pata de la misma con el fin de implementar un muro de contención en
gaviones, también es importante mencionar que no se apreciaron obras encaminadas
al manejo de los niveles freáticos y de escorrentía superficial del área referente a la
obra de estabilidad.
4.Según lo indagado en la visita, en un sector del predio en cuestión se va a implantar
un proyecto de carácter ecológico afín con el uso del suelo de dicha zona.

Conclusiones y recomendaciones:
1.El sitio donde se vienen desarrollando las obras de estabilidad está conformado por
un material que se cree está compuesto en su mayoría de depósitos piroclásticos de
consolidación media, donde se evidencian cicatrices de procesos de inestabilidad
antiguos, masas de suelo colgadas y zonas de recarga importantes que no tienen un
adecuado manejo tanto de las aguas de escorrentía como las de tránsito
subsuperficial, lo que hace que esta zona pueda presentar inestabilidades futuras si
no se hace un estudio geotécnico apropiado para la obra de estabilidad que requiere
el sitio. Adicionalmente es importante mencionar que el predio visitado colinda con el
proceso geológico de carácter complejo denominado “Cárcava del Tablazo”.
2.En consecuencia con la intervención que se viene realizando en una de las laderas
del predio privado, la Unidad de Gestión del Riesgo considera prudente que el
propietario del inmueble contrate un profesional competente en el área de la
geotecnia, esto con el fin de que se verifique si los métodos constructivos son
adecuados para la posterior construcción de las obras de mitigación de dicho sitio.
3.Entendiéndose que la estabilidad de la zona es limitada, tiene como fin rehabilitar
el paso de la vía que seguramente servirá de acceso al proyecto de carácter ecológico
que se pretende realizar, por lo que es conveniente que la Secretaría de Planeación
Municipal verifique las licencias y los lineamientos urbanísticos de dicha estabilidad,
para evitar la configuración de futuros escenarios de riesgo. […]” (negrilla del texto).

121. A su vez, Corpocaldas en el oficio 2018-IE-00023518 de 3 de octubre de 201867
indicó que esa entidad celebró el contrató 070-2018 con la firma AQUATERRA S.A.
para desarrollar los estudios y diseños de las obras de estabilidad para mitigación
de riesgos en el sector de la Cárcava del Tablazo en la ciudad de Manizales,
problema que viene afectando la zona desde hace varias décadas, y que presenta
fenómenos de reactivación en las épocas de lluvias.

122. Sin embargo, como la causa petendi propuesta en la demanda presentada por
el señor Germán Humberto Gallego Giraldo no se relaciona con dicho fenómeno

67
Ibidem, folio 58 y siguientes.

24

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

riesgoso68, sino con la naturaleza del camino peatonal que conduce el Alto Tablazo
al Bajo Tablazo, cualquier pronunciamiento sobre el particular excedería el objeto
del presente litigio.

123. En todo caso se pone de presente que, en la sentencia de 17 de julio de 202569,
esta Sección analizó la problemática geológica y de erosión que afecta a las veredas
Alto Tablazo, Guacas y sectores aledaños en Manizales, donde la cárcava existente
representa un riesgo permanente para la vida, la integridad y las viviendas de la
comunidad. El objeto de dicho precedente, a diferencia de este caso, versó sobre la
problemática de riesgo de desastre que menciona el apelante.

V.3.4. Las cargas probatorias en el caso concreto

124. La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo de Caldas debió ejercer sus
facultades probatorias de oficio, en vez de negar el amparo de los derechos
colectivos por falta de pruebas.

125. A efectos de resolver el reparo, se debe mencionar que, según lo dispuesto en
el artículo 30 de la Ley 472, el demandante en las acciones populares tiene el deber
de aportar las pruebas que demuestren la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos invocados en el libelo petitorio. Sin embargo, la misma norma reconoció
que “[…] si por razones de orden económico o técnico, dicha carga no pudiere ser
cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener

68
Los hechos planteados en la demanda son del siguiente tenor: “[…] 1. En la vereda Alto Tablazo de Manizales, se encuentra
un lote de terreno rural identificado con el número de matrícula 100-31312, código catastral 17001000200140124000, código
catastral anterior 00-2-014-124.
2. Según el certificado de tradición con fecha del 21 de mayo de 2018, este predio alindera hacia la izquierda con
"PROPIEDAD QUE ERA DE AUGUSTIN ALZATE HASTA SALIR AL CAMINO QUE CONDUCE A LA VEREDA DE LAS
GUACAS CAMINO ABAJO HASTA LINDAR CON PROPIEDAD DE ALONSO USMA";
3. El camino mencionado facilita la movilidad peatonal de las veredas Alto Tablazo y la Vereda Guacas con el bajo Tablazo;
normalmente es usado por la comunidad para ir al puesto de salud ubicado en el bajo tablazo, a la estación de Policía y los
estudiantes del alto tablazo cuando culminan con su ciclo escolar de básica primaria se deben desplazar por el camino hasta
la vereda bajo Tablazo.
4. A pesar que desde la vereda alto Tablazo al bajo Tablazo se conducen los estudiantes a través del transporte escolar de
la Alcaldía, regularmente este servicio inicia un mes después del inicio del calendario escolar, lo que obliga a los estudiantes
hacer uso del mencionado camino.
5. Este camino ha sido usado por la comunidad por más de un siglo de manera ininterrumpida, este camino de herradura ha
sido costumbre de movilidad para el desarrollo económico y social que identifica las dos veredas relacionadas.
6. Desde el mes de abril de 2018, al parecer fue vendido el dominio de la propiedad a los señores Jhon Fredy Castro y Felipe
(se desconocen los apellidos) y estos talaron arboles al lado del camino obstruyendo por completo la movilidad, constituyeron
perro de raza peligrosa que han atacado a transeúntes de conformidad con el informe del Instituto de Medicina Legal y han
amenazado a la comunidad indicando que está prohibido transitar por el lugar, que de lo contrario se acogieran a las
consecuencias.
7. Desde abril de 2018 se interpuso la querella de policía ante la Secretaría de Gobierno y ésta dependencia la remitió a la
Corregiduría Agroturística el Tablazo para que iniciara el procedimiento policivo.
8. El Corregidor de Policía inicio el procedimiento de policía, se llevó a cabo el martes 19 de junio de 2018, no asistieron las
partes querelladas pero después de esta fecha no se ha adelantado ninguna gestión adicional; no obstante el cerramiento del
camino continua.
9. Por lo anteriormente expuesto considero se están vulnerando derechos constitucionales colectivos y las autoridades
competentes no han adelantado de forma eficiente las actuaciones para evitar la vulneración de estos derechos.
10. Los dueños del predio que colinda con el camino indican que existe un camino alterno que comunica a las dos veredas,
pero las personas tienen que ir hasta el sector conocido como la Estación Uribe y tomar el transporte público hasta la vereda
bajo Tablazo, lo que constituye una situación inviable e irracional.
11. Considero que la acción popular es el mecanismo judicial para que se ordene el restablecimiento permanente e irrestrictiv o
del camino que conduce a las veredas Alto Tablazo, vereda Guacas y bajo Tablazo teniendo en cuenta que el proceso
declarativo de servidumbre es improcedente en el entendido que no se pretende el acceso a predio particulares si no a el uso
de personas indeterminadas pertenecientes a la comunidad, adicionalmente porque al parecer el camino no pertenece a las
personas que lo están obstruyendo. […]”.
69
Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm: 17001233300020170058001. C.P. Oswaldo Giraldo López.

25

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella […]” 70.

126. Del anterior precepto se desprende que el juez popular, por iniciativa propia y
sin que lo soliciten las partes, puede decretar pruebas de oficio y/o modificar la carga
de la prueba, siempre y cuando se acrediten dos circunstancias. La primera es que
exista una duda probatoria que impida adoptar una decisión de fondo. La segunda
es que el demandante no haya aportado la prueba pertinente por razones
económicas o técnicas.

127. Esta facultad se soporta en el principio de la verdad material, conforme al cual
la autoridad judicial busca la realidad fáctica, más allá de lo que aleguen las partes.
Sin embargo, esa intervención probatoria judicial debe considerar la naturaleza del
derecho colectivo, la posición de las partes, la disponibilidad de la prueba y el interés
general, con miras a garantizar un ejercicio imparcial de la administración de
justicia71. Por ello, la jurisprudencia de la Corporación72 ha sostenido que el juez
establece en cada caso cuál de las partes está en mejores condiciones de probar
los hechos alegados73.

128. Precisamente, este segundo escenario se materializó en el caso concreto. El
Tribunal Administrativo de Caldas objetivamente identificó que la Corporación
Autónoma Regional de Caldas y el municipio de Manizales se encontraban en mejor
posición para demostrar la veracidad técnica de los hechos alegados por el
demandante.

129. La inspección judicial realizada, junto con las pruebas recaudadas en el
expediente policivo y los conceptos técnicos aportados por Corpocaldas y la Unidad
de Gestión del Riesgo del municipio, permitieron establecer de manera suficiente
que el paso peatonal objeto del litigio no había sido reconocido oficialmente como
vía pública dentro del modelo de ordenamiento territorial municipal.

130. Las declaraciones de los residentes y los documentos revisados evidenciaron
que el sendero funcionó en su momento como una servidumbre de hecho entre

70
La Corte Constitucional en la sentencia C-215 de 1999 puntualizó que “[…] resulta admisible, lógico y necesario que la
demostración de los perjuicios sufridos por una persona en uno de sus derechos e intereses colectivos, le corresponda al
afectado […]”. Pero agregó que ello no inhibe al juez del deber de emplear su facultad probatoria de oficio cuando, por razones
económicas o técnicas, el demandante no pueda aportar ciertas pruebas que resultan indispensables para adoptar un fallo
de mérito.
71
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto de 2006, radicación núm. 68001-23-31-000-2000-09610-
01(15772).
72
Sentencia de 28 de julio de 2005. Radicación núm.: 68001-23-15-000-1996-01898-01. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
73
“[…] Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar
las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a
la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares […]”.
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto de 2006, número
único de radicación 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

26

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

propietarios y vecinos, pero sin que existiera un acto administrativo, registro oficial
o incorporación en los instrumentos de planeación urbana que lo catalogara como
bien de uso público.

131. Adicionalmente, los informes técnicos y la inspección judicial corroboraron que
el sendero privado estaba expuesto a un riesgo alto de remoción en masa, debido
a la presencia de una cárcava profunda. Así, la evidencia recaudada fue suficiente
para advertir que, aunque el sendero tenía un uso comunitario histórico, su
naturaleza jurídica era la de una servidumbre de tránsito y no la de una vía pública,
y que el riesgo geológico prevalecía sobre cualquier solicitud de reapertura.

132. Por ello, no es cierto que el tribunal de primera instancia debía ejercer facultades
probatorias adicionales a efectos de verificar la presunta transgresión o amenaza
de los derechos colectivos previstos en los literales c), d) y j) del artículo 4° de la
Ley 472.

133. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201274 y atendiendo el criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201975, no se
condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 25 de marzo
de 2025 por el Tribunal Administrativo de Caldas, el cual quedará así:

“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto a los derechos
colectivos al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso
público, y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna. […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 25 de marzo de 2025.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

74
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
75
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019. Radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.

27

Radicación núm. 17001-23-33-000-2018-00618-01
Demandante: Germán Humberto Gallego Giraldo

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
Salva voto

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posteri or
consulta, de conformidad con la ley.

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