RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 17001-23-33-000-2017-00580-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2017-00580-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2017-00580-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR los numerales PRIMERO, TERCERO Y CUATRO Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia www.consejodeestado.gov.co 44 Radicación núm.: 17001233300020170058001 Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, el cual quedará así: “PRIMERO. – DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y no probadas las excepciones propuestas por el Municipio de Manizales, el Departamento de Caldas, la Corporación Autónoma Regional de Caldas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. TERCERO: ORDÉNASE al Municipio de Manizales que a partir de la siguiente vigencia fiscal (2026) y más tardar en la del 2030, en el marco de sus competencias constitucionales y legales en materia de planeación y presupuesto, realice las acciones administrativas y presupuestales necesarias, ante las autoridades territoriales y nacionales que correspondan, para que se obtengan los recursos necesarios para ejecutar las obras requeridas con el fin de solucionar el riesgo de manera técnica al que se ven expuestas las comunidades de la Vereda Tablazo, Guacas y aledañas ocasionadas por el deslizamiento y demás consecuencias del resultado del proceso erosivo- Cárcava vereda Alto Tablazo, que puede producir el derrumbamiento de una ladera, la cual pone en peligro y amenaza las comunidades asentadas en el lugar. Para el cumplimiento de esta orden deberá tenerse en cuenta no de manera exclusiva el estudio elaborado por la empresa Aquaterra S.A. El Municipio de Manizales deberá, por medio del instrumento de planificación Marco Fiscal de Mediano Plazo–MFMP, planear financieramente y como política Pública cómo desarrollará de manera técnica las obras requeridas para la protección de los derechos de las comunidades de la Vereda Tablazo, Guacas y aledañas ocasionadas por el deslizamiento y demás consecuencias del resultado del proceso erosivo- Cárcava vereda Alto Tablazo, que produce el derrumbamiento de una ladera, la cual pone en peligro y amenaza las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2017-00580-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López

17 de julio de 2025

1

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá DC., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Medio de control de protección de derechos
e intereses colectivos
Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: ANGELA JULIETH MENDOZA Y OTRO
Demandados: MUNICIPIO DE MANIZALES -CORPORACION
AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS Y OTROS

ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la
Corporación Autónoma Regional de Caldas, el municipio de Manizales, el
Departamento de Caldas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, contra la sentencia
del 7 de febrero de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por
la cual se accedió a las pretensiones de la demanda y se dieron unas órdenes
específicas a cada entidad, previo recuento de los siguientes antecedentes.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En las veredas del Alto Tablazo, Guacas y sectores aledaños del municipio de
Manizales, como resultado de un proceso erosivo, se puede producir el
derrumbamiento de una ladera, lo cual pone en peligro y amenaza las
comunidades asentadas en el lugar. Señala el actor que, a pesar de las
constantes solicitudes de intervención a las autoridades locales, solo se han
hecho intervenciones parciales y no ha existido una solución definitiva a la
situación descrita.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Primero: Proveer decisión de fondo en la que se declare que se encuentran
vulnerados y amenazados, los derechos colectivos y del medio ambiente de la
comunidad habitante del barrio Alto Tablazo y del sector de la vía carreteable de
Manizales.

Segundo: En orden a dicha decisión, se ordene a los aquí accionados:

Adoptar medidas administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y
presupuestales necesarias, a fin de que:

Se realice el censo y valoración del riesgo (amenaza y vulnerabilidad) de cada
una de las viviendas en el Alto Tablazo y del sector vía carreteable. Señalando
en forma concreta por cada una de ellas, cual es la intervención que debe
realizarse para mitigar el riesgo al cual está expuesta, o si definitivamente no
puede ser habitada.

En caso de no poder habitarse de forma segura, se brinda a las familias la
cobertura y el subsidio de arrendamiento hasta que se supere el problema de
inseguridad por riesgo de desastre.

Se realice el estudio de microzonificación del barrio a fin de que se identifique el
tipo de amenaza y cuál es la vulnerabilidad que recae sobre el barrio, valorando
el nivel de riesgo al que estamos expuestos, indicando si el mismo es mitigable
o no mitigable describiendo lo siguiente:

a. Si no es mitigable, señalar las alternativas de reubicación o el reasentamiento
de barrio, informando sobre las posibles opciones, en qué condiciones se
realizará y cómo se hará el cierre financiero.
b. Si es mitigable, cuáles son las labores y obras de mitigación requeridas, tanto
de tipo estructural como no estructural, de manera que se logre controlar
efectivamente el avance de la cárcava hacia el centro del poblado hacia la vía
Guacas y hacia la vía Chinchiná.
c. Siendo mitigable señalar el plazo o cronograma dentro del cual se ejecutarán
dichas obras.
d. Se reconozcan los derechos civiles y políticos de nuestra comunidad,
permitiéndonos participar en los espacios donde tomen decisiones que nos
afecte.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

Tercero: En orden a que se cumplan los tratados internacionales en materia de
saneamiento y el respeto a la dignidad humana, el despacho judicial teniendo
en cuenta que el derrumbe provocó colapsó de una red de alcantarillado, y no
obstante la petición del requisito de procedibilidad, a la fecha el problema no se
ha atendido, se ordene en el fallo que se realice una revisión técnica del estado
de toda la red de alcantarillados, de los sumideros y rejillas, y la suficiencia de
la red actual así como la capacidad de drenaje de dicha tubería de alcantarillado
del barrio Alto Tablazo y del sector vía carreteable de Manizales, donde se
avaluará.

Si la misma es insuficiente, se adopte un plan de reposición y ampliación de
dicha red de alcantarillado, incluyendo sumideros para la captación de las aguas
lluvias de manera que garantice un adecuado manejo de estas.

Cuarto: Como existe en los barrios otras obras de estabilidad que fueron
ejecutadas en años anteriores, el despacho se sirva ordenar a los accionados,
realizar una revisión técnica al estado actual de las obras de estabilidad,
recuperación de la ladera, muros de contención o pantallas ancladas a las laderas
donde se encuentren los inmuebles.

Quinto: Como garantía que nuestros derechos se protejan conforme a los
dictados de la sentencia que profiera la honorable corporación, solicitamos
finalmente que en la decisión se ordene:

• La conformación de una junta o comité de verificación del cumplimiento de la
sentencia.
• Una vez se terminen las intervenciones, se repare la malla vial afectada con esta
emergencia, y después que ella se atienda.”1

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

II.1. Mediante auto del 17 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo de
Caldas admitió la demanda, ordenó notificar al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, Municipio de Manizales, Departamento
de Caldas, Aguas de Manizales S.A. E.S.P, Corporación Autónoma Regional de
Caldas-Corpocaldas, a la Procuraduría Judicial Administrativa y a la Agencia

1 Fl. 3 C. Principal. 3_ED_17001233300020170058.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

Nacional de Defensa Jurídica del Estado.2

II.2. El Departamento de Caldas contestó la demanda. Señaló que la
Vereda “Alto Tablazo” está dentro de la jurisdicción del municipio de Manizales
y la competencia para la atención y prevención de desastres le corresponde a
éste. Manifestó que la competencia departamental en materia de atención y
prevención de desastres se rige por los principios de coordinación y
concurrencia y su competencia es subsidiaria frente a las obligaciones del
municipio. En esa vía, formuló como formas de defensa la inexistencia de la
obligación a su cargo, falta de legitimación en la causa por pasiva y la
inexistencia de vulneración de los derechos colectivos reclamados por parte
del departamento de Caldas.3

II.3. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
contestó la demanda y señaló que la entidad otorgó el apoyo subsidiario y
complementario al municipio de Manizales para atender la emergencia del 18
de abril de 2017, donde se presentaron lluvias intensas que se extendieron
hasta la mañana del 19 del mismo mes y año. Manifestó que el apoyo consistió
en 800 apoyos alimentarios, 750 apoyos de cocina, 750 apoyos de aseo, 2250
sobrecamas, 2250 colchonetas, cien millones de pesos por transferencia
económica para apoyo logístico y operativo, novecientos ochenta y cuatro
millones diez mil novecientos ochenta y un pesos en suministro de horas de
máquina y mil quinientos ocho millones doscientos cincuenta mil pesos en
subsidios de arriendo.

Señaló que ha actuado conforme lo establece la ley 1523 de 2012 y se opuso
a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que no tenía legitimación en la
causa por pasiva en los términos del decreto ley 4147 de 2011. Argumentó
que la responsabilidad en el caso concreto recaía en los municipios y
departamentos conforme a los Decretos 1222 de 1986 y 1333 de 1986, la ley
1523 de 2012

II.4. El Municipio de Manizales, en su contestación a la demanda, se
opuso a todas las pretensiones y señaló que no ha vulnerado por acción o por
omisión los derechos colectivos invocados por los demandantes. Argumentó

2 Fl. 40 y 41 del C. Principal. 3_ED_17001233300020170058.
3 Fls. 67 a 70 del C. Principal. 3_ED_17001233300020170058.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

que el proceso geológico que se presenta en la “Vereda Alto Tablazo” y
“Guacas” es originado por procesos tectónicos y erosivos –escarpes
compuestos– que ha sido monitoreado por el Municipio de Manizales,
concretamente de la cárcava generada por el proceso erosivo.

Formuló, como medio de defensa, la improcedencia de la acción, en atención
a que el municipio ha realizado acciones en el sector, a través de sus
Secretarías de Obras Públicas, Planeación y Unidad de Gestión del Riesgo.
Argumentó que hay una falta de prueba constitutiva de la vulneración de
derechos colectivos por parte del municipio, porque la demanda solo se ocupó
de enunciar los derechos colectivos reclamados sin allegar los medios
probatorios que comprobaran los hechos.4

II.5. La Corporación Autónoma Regional de Caldas contestó la demanda.
Indicó que las obligaciones reclamadas para su cumplimiento son del resorte
funcional del municipio, puesto que, es deber del ente territorial censar y
valorar el riesgo de cada una de las viviendas en el “Alto Tablazo”, brindar a
las familias un subsidio de arrendamiento o, en su defecto, reubicarlas;
realizar el estudio de microzonificación del barrio, encontrar alternativas de
reubicación o reasentamiento del barrio, realizar una revisión técnica del
estado de toda la red de alcantarillado –la cual está a cargo de Aguas de
Manizales-, y la reparación de la malla vial afectada.

Afirmó que, en el marco de sus competencias, la Corporación ha acompañado
a los entes territoriales en cuanto a la gestión integral del riesgo con el criterio
técnico requerido y ha realizado, a través del Plan de Acción Institucional para
la protección, recuperación y restauración de áreas degradadas relacionadas
en la acción popular, las acciones para el conocimiento del riesgo, como la
identificación y valoración de amenazas naturales y el estudio y análisis de
factores detonantes, la zonificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo y la
valoración de escenarios de riesgos.

Así mismo, enumeró la realización del convenio suscrito con la Universidad
Nacional de Colombia-Sede Manizales, como insumo técnico para el Municipio
de Manizales; las acciones de monitoreo ambiental con el Programa

4 Fls. 76 a 80 del C.1. 3_ED_17001233300020170058

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

“Guardianes de la Ladera”, con la inclusión de algunas actividades específicas
en el sector de la Vereda “Alto Tablazo” y “Guacas” que incluyen el
mantenimiento preventivo y la limpieza de algunas estructuras para el manejo
de las aguas, instalación de plásticos en áreas de afectación por
deslizamientos; el monitoreo ambiental aéreo con dron para verificar el sector
identificado como la cárcava del “Alto Tablazo” y el funcionamiento del estado
de las estructuras o diques construidos para la mitigación del riesgo dentro de
la cárcava y su funcionalidad; monitoreo ambiental de campo mediante
recorridos por emergencia invernal; monitoreos mediante visitas técnicas;
acciones estructurales –obras- para la reducción del riesgo, tales como
intervención en la zona central de la cárcava; construcción de nuevos diques
en concreto ciclópeo en otros sectores de la cárcava; el contrato de obra No
099 de 2011, para la construcción de obras de estabilidad de taludes, manejo
de aguas lluvias y control torrencial en la vereda Alto Tablazo- Cárcava-
Municipio de Manizales; construcción de cunetas vehiculares, para el manejo
de aguas provenientes de la vía ubicada en la zona superior; construcción del
filtro en piedra en la zona de ladera opuesta de la cárcava, para el control de
aguas superficiales; la construcción del enrocado sobre el drenaje de la ladera
para sufragar el empozamiento permanente de agua para drenar.

Narró la realización de acciones estructurales por medio de los contratos de
obra Nos 200-2015, 258- 2016 de obras de estabilidad, manejo de taludes,
manejo de aguas y corrección de cauces en la comuna en el área rural del
Municipio de Manizales, puntos intervenidos talud superior de la vía Vereda
Guacas.

Discriminó las acciones para la incorporación del riesgo en la planificación
territorial, entre ellas, el POMCA Rio Chinchiná con la propuesta de delimitación
de áreas protegidas, sobre las cuales deberá implementarse la figura de
conservación, entre ellas, el Distrito de Conservación de Suelos Guacas-
Rosario; la declaratoria de área protegida por medio del Acuerdo de Consejo
Directivo No 11 –que delimitó el área localizada en las Veredas Alto Tablazo,
Guacas entre otras–; participación en la construcción de determinantes
ambientales para la planificación ambiental con el objeto que sean
incorporadas en el POT municipal, por ejemplo, el DCS GUACAS ROSARIO y
las Resoluciones 077 de 2011 y 561 de 2012, para fijar los lineamientos de
demarcación de protección de cuerpos de agua.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

En atención a las actividades descritas por la entidad, la Corporación
Autónoma Regional de Caldas formuló la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva; señaló que las competencias para la atención de desastres
le corresponden a la autoridad municipal y en relación con la prestación del
servicio público de alcantarillado le atribuyó funcionalmente las
responsabilidades a la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P.5

II.6. La Sociedad Aguas de Manizales S.A ESP, en la contestación de la
demanda, se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como medios
exceptivos la falta de legitimación en la causa por pasiva, en atención a que
dentro de su objeto social no está el manejo de las laderas para la prevención
y atención de emergencias y desastres. Atribuyó la competencia a las
entidades ambientales y afirmó que Aguas de Manizales S.A ESP no es la
entidad competente para el manejo de aguas lluvias, subterráneas y
superficiales ni la construcción de sumideros.

De otra parte, señaló que las redes locales de acueducto y alcantarillado se
encontraban en buen estado de funcionamiento y no son la causa de la cárcava
presentada en la vereda Alto Tablazo. Manifestó que tampoco le compete la
reparación de la malla vial afectada. Concluyó que no había derechos
colectivos vulnerados por parte de Aguas de Manizales S.A ESP y que no había
nexo causal entre los hechos originarios de la vulneración reclamada y la
actividad de la empresa.6

II.7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la contestación
manifestó que no se le podía atribuir responsabilidad porque las funciones
institucionales han sido cumplidas en el marco de lo previsto por el Decreto
3570 de 2012. Señaló que era responsabilidad de las Corporaciones
Autónomas Regionales la ejecución de las políticas formuladas por el
Ministerio, así como, defender los recursos en su respectiva jurisdicción en los
términos de los artículos 30 y 31 de la ley 99 de 1993. Argumentó que no tenía
responsabilidad porque no había actuado u omitido alguna de sus funciones.
Adujo que no había nexo de causalidad entre el hecho dañoso y la actividad
de la entidad y que no estaba legitimado en la causa por pasiva, para ser

5 Fls 94 a 107 del C.1. 3_ED_17001233300020170058
6 Fls. 121 a 128 del C.1. 3_ED_17001233300020170058

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

responsabilizado de los hechos descritos y relacionados con la vulneración del
derecho colectivo solicitado en amparo.7

II.8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contestó la demanda y
propuso como medio exceptivo la falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque en los términos del Decreto 3571 de 2011 y las funciones del Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio le corresponde al municipio de Manizales
solucionar la problemática narrada y solicitada en amparo en la acción popular.
Concluyó que no existen medios de prueba para poderle atribuir
responsabilidad al Ministerio.8

II.IX. Mediante auto del 13 de septiembre de 2017 se fijó fecha para celebrar
la audiencia de pacto de cumplimiento.9

II.X. El 17 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo de Caldas inició la
audiencia de pacto de cumplimiento10, la cual fue suspendida y supeditada a
un estudio técnico que dimensionaría la problemática, la posible vinculación
de otras entidades. El Tribunal Administrativo de Caldas anunció el decreto de
unas medidas provisionales que adoptaría el despacho.

En esa vía, por auto del 24 de enero de 2018, el Tribunal ordenó a Aguas de
Manizales S.A ESP, al Municipio de Manizales OMPAD, a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres y a Corpocaldas, en forma coordinada,
practicar unos monitoreos permanentes para que, conforme a sus
responsabilidades, tomarán medidas urgentes paliativas, mientras se
realizaba un estudio geotécnico que indicara las obras a realizar en forma
definitiva.11

El 20 de agosto de 2019, la audiencia de pacto de cumplimiento se reanudó
para verificar el estudio geotécnico realizado por la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, el cual fue socializado el 2 de septiembre de 2019, con
una explicación del fenómeno erosivo, una explicación de las posibles
soluciones y la exposición de los costos que representaría solucionar la

7 Fls. 150 a 167 del C.1 _ED_17001233300020170058
8 Fls. 173 a 179 del C.1. _ED_17001233300020170058
9 Fl. 155 del C.1. 3_ED_17001233300020170058.
10 Fls. 186 a 188 del C.1
11 – Fls- 213 y 214. C. Principal. – 3_ED_17001233300020170058.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

problemática de fondo. Se manifestó la imposibilidad de realizar el pacto por
la falta de algunas de las entidades.12

II.XI. El 4 de octubre de 2019, el proceso abrió la etapa probatoria y decretó
como pruebas, de acuerdo con el valor que la ley les otorgaba, los documentos
aportados por la parte demandante, las señoras Stefanya Puerto Rojas y
Laurent Cuervo Escobar, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres, el Departamento de Caldas, el Municipio de Manizales
y la Corporación Autónoma Regional de Caldas. Así mismo, decretó las pruebas
testimoniales solicitadas por la parte demandante. Tuvo como prueba pericial
la rendida por Aquaterra contratada por la Corporación Autónoma Regional de
Caldas- CORPOCALDAS.13

II.XII. El 18 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Caldas dio
traslado a las partes para presentar sus alegatos finales.14

II.XIII. Mediante auto del 7 de septiembre de 2020 se concedió el recurso de
apelación propuesto por Corpocaldas, el Municipio de Manizales, el
Departamento de Caldas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres y la Nación- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.15

II. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Caldas declaró probada la vulneración del
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente. A continuación, se transcribe la parte resolutiva:

“PRIMERO. – DECLARAR No probadas las excepciones propuestas por el
Municipio de Manizales, el Departamento de Caldas, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo, la Corporación Autónoma Regional de Caldas y la Unidad Nacional de
Prevención del Riesgo (sic).

12 Fls. 446 y 447 del C.1. – 4_ED_17001233300020170058 Cd.Fl.443.
13 Fls. 473 y 474 del C.1. – 4_ED_17001233300020170058 Cd.Fl.443.
14 Fl. 575 del C.1.
15 Fls. 752 y 753 del C.1 – 6_ED_17001233300020170058.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

SEGUNDO. - DECLARAR Vulnerado el derecho colectivo a la prevención de
desastres previsibles técnicamente, de la comunidad que reside en la zona de
influencia del fenómeno conocido como la Cárcava de Alto Tablazo.

TERCERO. - ORDENAR A LAS SIGUIENTES ENTIDADES: Al Municipio de
Manizales, el Departamento de Caldas, la Corporación Autónoma Regional de
Caldas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Unidad Nacional
de Gestión de Riesgo (sic), para que de manera conjunta financien, planeen,
contraten y ejecuten a través de la figura que consideren más apropiada las
obras recomendadas en el estudio geotécnico detalladamente señalado en la
parte motiva de esta providencia, presentado por Aquaterra S.A.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad Nacional de Gestión
de Riesgo (sic), se comprometerán a presentar ante el Ministerio de Hacienda
Pública conforme con la ley orgánica del presupuesto el plan que sea necesario
a efectos de comprometer los recursos que deberá aportar la Nación.

Teniendo en cuenta la envergadura no solo de obras requeridas, sino del
músculo financiero que se debe destinar, las acciones conjuntas deberán
ejecutarlas en un plazo no mayor a cinco (5) años contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, siguiendo las siguientes pautas:

El primer año, para que se hagan todas y cada una de las gestiones
administrativas y presupuestales necesarias a fin de contar con recursos del
orden nacional, departamental y municipal suficientes para iniciar mediante un
convenio u otra modalidad en el que participen estas entidades, ya sea
directamente o a través de institutos descentralizados, para planear, realizar
estudios adicionales, y/o ejecutar las obras que se sugieren en el estudio técnico.

A partir del segundo año: se deberá proceder a realizar las gestiones
contractuales necesarias para la ejecución de las mismas, por el sistema que
consideren más apropiado.

Y del tercer año al quinto año, para que se hagan las obras recomendadas en el
estudio, comenzando como lo sugiere el estudio por las zonas de más alto riesgo,
luego de mediano y por último las de menor riesgo.

Adicionalmente y dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia, el
Municipio de Manizales a través de la oficina de prevención del riesgo, deberá
levantar un censo poblacional, para conocer el número y ubicación de

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

habitantes, dentro de cada uno de los grupos sectorizados de mayor, medio y
menor riesgo.

Las anteriores etapas no son de carácter inflexible, pero se deben tomar como
tiempos máximos para cumplir las órdenes.

Se deberán dentro del primer año, iniciar las obras de bioingeniería recomendadas
en el estudio, también priorizadas conforme a las zonas y gravedad del riesgo
señalado en el estudio.

Por último, se deberá mantener las medidas de monitoreo permanente en la zona,
a efectos de que se puedan detectar alarmas tempranas, para si es del caso
necesario se reubiquen los habitantes que sean o detecten afectados por el
presente fenómeno y realizar campañas de socialización a los residentes de la
zona, a efectos de que tomen conciencia sobre la necesidad de que inicien las
obras tendientes a mejorar la forma de recolección de aguas lluvias en sus
viviendas y de aguas residuales.

CUARTO: INTEGRAR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN de que trata el inicio final
del artículo 27 y 34 de la ley 472 de 1998 de la siguiente manera: Personero del
Municipio de Manizales que lo presidirá, el Jefe de la Oficina de Prevención de
Desastres de Manizales, un delegado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
(sic); Un Delegado del Gobernador de Caldas y un representante de la parte
actora, Ángela Yulieth Mendoza, los cuales se deberán reunir cada tres meses y
entregar al Despacho del ponente, un informe del avance sobre órdenes las
órdenes dadas, todo lo anterior sin perjuicio de los monitoreos permanentes en la
zona por parte de la Unidad de Prevención del Riesgo de Manizales, para el
anterior informe previamente las entidades que no forman parte del comité, a su
vez enviarán al Personero del Municipio de Manizales, las gestiones que con
respecto a esta popular han adelantado en el trimestre, las cuales serán
consolidadas por el comité de verificación.

QUINTO: NO INICIAR POR AHORA el incidente de desacato, y ENTENDER con
las anteriores órdenes decidida en forma definitiva, el incidente de desacato
presentado frente a las medidas provisionales decretadas en este proceso.

SEXTO: DESVINCULAR de la presente a la empresa Aguas de Manizales S.A y
al Ministerio de Vivienda y Territorio.

SÉPTIMO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

OCTAVO: DISPONER QUE SE PUBLIQUE la parte resolutiva de la presente
sentencia en un diario de amplia circulación nacional, a costa de la parte
interesada.

NOVENO: Para los efectos del artículo 80 de la ley 472 de 1998, por la Secretaría
del Tribunal, se enviará copia de la demanda, del auto admisorio y del presente
fallo a la Defensoría del Pueblo con destino al Registro Público de Acciones
Populares y de Grupo

DÉCIMO Para que se entere de las órdenes dadas en esta sentencia, notifíquese
de la misma a la Personería de Manizales.

UNDÉCIMO: CONDÉNESE en costas al Municipio de Manizales, el Departamento
de Caldas, Corporación Autónoma Regional de Caldas, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (sic), quienes
deberán concurrir al pago en forma proporcional y a favor de los actores, los
cuales se liquidarán conforme al artículo 365 y 366 del C.G del P. Se reconocen
como agencias en derecho la suma de $500.000.

DUODÉCIMO: EJECUTORIADA esta providencia ARCHÍVESE las diligencias
previas las anotaciones respectivas en el sistema SIGLO XXI (…)”

Para el amparo de los derechos solicitados, el Tribunal consideró que,
recaudadas las pruebas se evidenció que en el sector del Alto Tablazo y sitios
aledaños se ha presentado el fenómeno llamado “Cárcava-zanja o barranco”,
formado por la erosión del agua de lluvia -especialmente en terrenos con poca
cobertura vegetal-, como resultado de varias causas, entre estas, la conocida
como la “Falla Romeral”- importante estructura geológica que se extiende a lo
largo de la vertiente occidental de la Cordillera Central de Colombia, desde
Ecuador hasta la región del Caribe- sumado en menor medida a una causa de
mala canalización de las aguas lluvias de las viviendas del sector.

Determinó, con base en el dictamen pericial, las pruebas testimoniales y los
demás medios probatorios, que el fenómeno de la Cárcava del “Alto Tablazo”
requiere para su atención de la participación y coordinación de diferentes
entidades bajo los principios de subsidiariedad y concurrencia. Señaló que, a
pesar de las actividades realizadas por las entidades demandadas para
prevenir los efectos del fenómeno de la Cárcava, se mantiene la situación de

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

riesgo.

III. RECURSOS DE APELACIÓN

III.I La Corporación Autónoma Regional de Caldas apeló el fallo de
primera instancia y como razones del recurso señaló que, de acuerdo con los
medios probatorios, estaba demostrada la diligencia de la Corporación. Señaló
que Corpocaldas hizo una inversión presupuestal, financiera y técnica para
realizar el estudio técnico que ordenó el Tribunal Administrativo de Caldas en
el decreto de medidas provisionales. Indicó que el responsable de las obras
que arrojaron los estudios es el municipio. Insistió en la falta de legitimación
en la causa por pasiva. Cuestionó el tiempo establecido para el cumplimiento
de las obligaciones al considerarlo limitado. Finalmente, manifestó que las
entidades no cuentan con la disponibilidad de recursos económicos para llevar
a cabo las acciones encomendadas judicialmente.16

III.II El Municipio de Manizales interpuso recurso de apelación y manifestó
su inconformidad con el fallo de primera instancia. Adujo que no cuenta con
los recursos financieros para sufragar unas obras que ascienden a
$271.079.170.666 millones de pesos. Manifestó que debería poderse cumplir
las obligaciones de manera alternativa como la reubicación de las viviendas.
Así mismo, señaló que el subsidio de vivienda le correspondía al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.

Señaló que no se le podía imponer una obligación diferente a la de censar las
familias damnificadas. Solicitó modificar el numeral tercero del fallo de primera
instancia para que se ordenara a las entidades accionadas la reubicación de
los habitantes.17

III.IV El Departamento de Caldas interpuso recurso de apelación. Sustentó
su inconformidad y señaló que las obligaciones legales impuestas en el fallo
son atribuibles al municipio. Manifestó que dentro de su actividad siempre
había apoyado el municipio en desarrollo de los principios de coordinación,
subsidiariedad y concurrencia, pero su competencia es subsidiaria,
complementaria, previas las solicitudes de intervención que haga el municipio.

16 Fls. 669 a 671 del C. Principal. 6_ED_17001233300020170058.
17 Fls.672 a 675 del C. Principal. 6_ED_17001233300020170058.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

Señaló que los habitantes son corresponsables en la gestión del riesgo, de
acuerdo con el principio de auto conservación y que los moradores del sector
realizaron construcciones y ubicaron sitios de trabajo donde no correspondía.

Alegó la configuración de caso fortuito o fuerza mayor, porque la Cárcava está
catalogada como un hecho de la naturaleza y por razones invernales se
intensificó el fenómeno natural.

Finalmente, señaló que no estaba demostrada la acción u omisión del
Departamento según la cual habían vulnerado los derechos colectivos
amparados.18

III.V La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
manifestó estar en desacuerdo con el fallo de primera instancia y pidió revocar
la sentencia, la que consideró errada por desconocimiento del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Competencias de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), la competencia de los entes
territoriales en gestión de riesgos, los consejos territoriales de gestión de
riesgo de desastres , desconocimiento de los mecanismos de financiación en
materia de gestión de riesgos de desastres- las cuales relacionó en el recurso.

Indicó que para imputar la responsabilidad del daño debía acudirse a las reglas
de la ley 388 de 1997, que establecen la responsabilidad en cabeza de los
municipios como entes territoriales para ejercer el control y hacer cumplir la
prohibición de asentamientos en zonas catalogadas como de riesgo.

Manifestó que las obligaciones de reasentamiento están en cabeza del
municipio, así como la existencia de un fondo territorial para la gestión de
riesgo de desastres municipal.19

III.VI El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el recurso de
apelación señaló que el fallo de primera instancia hizo una indebida aplicación
de los principios de coordinación, subsidiariedad y concurrencia. Manifestó que
existió una falta de motivación para atribuirle responsabilidad. Argumentó que

18 Fls. 676 a 686 del C. Principal. 6_ED_17001233300020170058.
19 Fls. 688 a 697 del C. Principal. 6_ED_17001233300020170058.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

las órdenes dadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no
guardan relación jurídica con las funciones que debe cumplir la entidad.
Finalmente sostuvo que no les correspondía financiar, planear, contratar o
ejecutar obras.20

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el
artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019,
proferido por el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para
conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en contra de las
sentencias emitidas por los Tribunales Administrativos en los medios de control
de defensa de intereses y derechos colectivos.

IV.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia.

Según lo dispuesto en los recursos de apelación, la Sala observa que ninguno
desconoce la existencia de los hechos constitutivos de la vulneración del
derecho colectivo amparado, sino que buscan exculparse de su responsabilidad
individual frente a dicha vulneración o rebatir las obligaciones impuestas en el
fallo de primera instancia a cada una de las entidades, razón por la cual,
delimitará su análisis a los reparos de responsabilidad de cada uno de los
recurrentes y a analizar si, conforme a las competencias específicas, se les
podía impartir órdenes como las que les fueron impuestas en la primera
instancia.

En el caso de las apelaciones de la Corporación Autónoma Regional de Caldas
-CORPOCALDAS- y el Municipio de Manizales, ambos argumentaron la falta de
presupuesto para materializar las órdenes contempladas en el fallo de primera
instancia, por lo tanto, la Sala se referirá inicialmente a este aspecto.

IV.3 Consideraciones previas sobre la planeación y el presupuesto de
las entidades territoriales.

20
Fls. 699 a 701 del C. Principal 6_ED_17001233300020170058.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

El Plan de Desarrollo Territorial es el documento de planificación de las
administraciones departamentales, distritales o municipales durante su
periodo de gobierno. En los términos del artículo 339 de la Constitución Política
se establece que las entidades territoriales deben elaborar y adoptar de
manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, los planes de desarrollo,
con la finalidad de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño
adecuado de las funciones que les hayan asignado la Constitución y la ley.

A su vez, en el inciso final del citado artículo 339, se identifican dos
componentes, uno estratégico, que consiste en la identificación y formulación
de objetivos, programas, metas e indicadores que la administración pretende
lograr durante del periodo de gobierno; y un plan de inversiones que
constituye la asignación de recursos financieros disponibles para el
cumplimiento de los programas y proyectos definidos en la parte general del
plan.

En desarrollo del artículo 339 constitucional, la ley 152 de 1994, por la cual se
establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo establece los mecanismos
para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control
de los planes de desarrollo territorial. Concretamente, el artículo 39 de la ley
152 de 1994 dispone que el gobernador o alcalde elegido es la autoridad
responsable de impartir las orientaciones en la elaboración del Plan de
Desarrollo Territorial, función que está a cargo de la Secretaría, Departamento
Administrativo u Oficina de Planeación. Una vez elaborado el plan, se presenta
ante el Consejo de Gobierno o el cuerpo que haga sus veces, quien tiene la
función de consolidarlo.

Seguido, dentro de los cuatro (4) meses del periodo de gobierno, el proyecto
de plan de desarrollo territorial se debe someter a consideración del Concejo
Municipal o Asamblea Departamental para su aprobación.

En cuanto al presupuesto, una vez aprobado el Plan de Desarrollo Territorial,
para cumplir los planes y programas, las entidades territoriales cuentan con el
presupuesto anual de ingresos y gastos, que consiste en una estimación
anticipada de los ingresos y la autorización máxima de gastos públicos que se
efectuarán dentro del periodo fiscal respectivo.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

En este punto, se debe precisar que el sistema presupuestal se rige, entre
otros principios, por el de anualidad, el cual establece que el año fiscal
empieza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, por lo que
las asambleas departamentales y los concejos municipales solo pueden
aprobar el presupuesto para esa vigencia; así mismo, el principio de
universalidad -artículo 15 del Estatuto Orgánico del Presupuesto-, según el
cual, la administración debe hacer una programación presupuestal, que es
susceptible de ser modificada pero no de manera desordenada producto de la
falta de planeación sino por otras razones, y finalmente, el principio de
especialización que corresponde a las autorizaciones máximas de gasto y
delimitan éste según su finalidad; quiere decir que, solo se ejecutan conforme
al fin para el cual fueron programadas, para evitar que los recursos se destinen
para financiar un gasto diferente al cual fue autorizado por el presupuesto.

En cuanto a la elaboración y aprobación del presupuesto anual de las
entidades territoriales se requiere coherencia entre los sistemas de planeación
y presupuestal, ya que del presupuestal depende la realización del plan de
desarrollo territorial, en esa medida, las entidades territoriales deben adecuar
el presupuesto que está en ejecución y la programación presupuestal anual
con el nuevo plan de desarrollo territorial durante todo el periodo de gobierno.

En la formulación del presupuesto general de las entidades territoriales,
conforme los artículos 5 y 8 de la ley 819 de 2003, la administración debe
elaborar el Marco Fiscal de Mediano Plazo – MFMP, que corresponde a un
instrumento de planeación financiera y gestión pública de diez años (10 años),
que se construye a partir del conocimiento detallado de la situación financiera
e institucionalidad de la entidad territorial, con el objeto de ser referencia para
la toma de decisiones fiscales en la elaboración de los presupuestos anuales21.
Los alcaldes y gobernadores deben presentar este documento a título
informativo a la respectiva asamblea o concejo, en el mismo periodo en el cual
se deba presentar el proyecto de presupuesto, y debe incluir el plan
financiero22, documento que determina objetivos, estrategias y metas de
ingresos y gastos, para sanear las finanzas territoriales y lograr la financiación

21 Documento elaborado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de

Planeación denominado “El Marco Fiscal de Mediano Plazo. Herramienta Estratégica de Planeación
Financiera en Entidades Territoriales”
22 Documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación denominado “Bases para la

Gestión del Sistema Presupuestal Territorial 2017”, p. 40.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

de los programas y proyectos del plan de desarrollo territorial.

A partir de las metas financieras establecidas en el Marco Fiscal de Mediano
Plazo y en el Plan Financiero, se debe elaborar el Plan Operativo Anual
de Inversiones- POAI, elemento que integra el sistema presupuestal, que
incluye y compara los programas, subprogramas y proyectos de inversión
debidamente inscritos y evaluados en el Banco de Proyectos de Inversión23,
con los recursos financieros disponibles, para identificar en cada vigencia fiscal
la posibilidad de llevar a cabo los programas que se diseñaron en la parte
estratégica del plan de desarrollo territorial24, así como priorizar la inversión
pública25. El POAI debe guardar correspondencia con el Plan de Inversiones,
así como, con la parte estratégica del plan de desarrollo territorial, puesto que
es el principal vínculo entre éste y el sistema presupuestal y debe ser aprobado
anualmente por el Consejo Municipal o Departamental de Política Económica y
Social, previo a la presentación del proyecto de presupuesto a la Asamblea
Departamental o al Concejo Municipal26.

Una vez aprobado el POAI, la dependencia de Hacienda lo incluirá en los gastos
de inversión del proyecto del presupuesto anual de la entidad territorial, en
coordinación con la oficina de planeación que estará encargada de elaborar un
Plan de Acción en orientación de los procesos, instrumentos y recursos
disponibles (humanos, financieros, físicos, tecnológicos e institucionales) para
el cumplimiento de las metas, proyectos y actividades en el plan de desarrollo
territorial durante la vigencia fiscal.27

23 Banco de Programas y Proyectos de Inversión: es una herramienta de planeaciónón que rregistra,
sistematiza y actualiza el conjunto de iniciativas de inversión que van a ser financiadas con recursos
públicos. La viabilidad de estas iniciativas se establece desde el punto de vista social, económico y
técnico. Además, consolida la información relacionada con la formulación y la viabilidad de los proyectos
de inversión durante todas sus etapas. Ver https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero, documento
elaborado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
denominado “Protocolo”.
24 Constitución Política. Artículo 68. “No se podrá ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte

del Presupuesto General de la Nación hasta tanto se encuentren evaluados por el órgano competente y
registrados en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. […]”
25 https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero, documento elaborado por el Departamento

Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público denominado “Protocolo”.

26 Documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación denominado “Bases para la

Gestión del Sistema Presupuestal Territorial 2017”, p. 78.
27
https://portalterritorial.dnp.gov.co/kit-financiero, documento elaborado por el
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

Respecto de la ejecución del presupuesto, es preciso señalar que la misma se
concreta cuando la entidad territorial asume compromisos con cargo a las
apropiaciones contenidas en su presupuesto de gastos. En términos del
Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto- contiene diferentes
disposiciones que condicionan de manera expresa la ejecución del
presupuesto, entre estas, el certificado de disponibilidad y registro
presupuestal; el primero consiste en la certificación que expide el funcionario
encargado de administrar los recursos de la entidad, donde hace constar que
en el presupuesto existe dinero disponible, libre de afectación y suficiente para
asumir los compromisos nuevos que permitan respaldar el acto administrativo
o contrato que la entidad tiene interés en expedir o celebrar. Y el segundo, es
la operación mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación
presupuestal, con precisión del valor y el plazo de las prestaciones a las que
haya lugar, para garantizar que los recursos no serán orientados a un fin
diferente.28

Finalmente, existe el Plan Anual Mensualizado de Caja- PAC, por el cual, la
entidad territorial establece el monto máximo mensual de fondos disponibles
para alcanzar las metas del presupuesto anual y regular los pagos mensuales,
para el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción que
realiza cada dependencia.29

Ahora, si bien en principio el presupuesto es el resultado de un ejercicio de
planificación y programación que se ha efectuado de manera cuidadosa por
parte de la entidad territorial y, por tanto, un instrumento poco flexible, en
ocasiones se presentan situaciones que obligan a realizar modificaciones para
solventar situaciones de carácter urgente o prioritario sobre aquello que se
presupuestó.

Así, las modificaciones surgen de la necesidad de realizar ajustes con relación
a la programación o estimación inicial, en atención a diferentes factores, por
ejemplo, el cambio del comportamiento de la economía, situaciones
coyunturales, fortuitas o imprevistas de inaplazable atención, aplazamiento de

denominado “Plan de Acción”.
28
Decreto 111 de 1996, artículo 71 y Decreto 568 de 1996, artículos 19 y 20.
29
Ibídem, artículo 73.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

programas y proyectos, entre otros.

En ese sentido, existen diferentes tipos de modificaciones presupuestales, a
saber. i) las adiciones: procedimiento que se adelanta para incorporar
conceptos de gastos no contemplados en el presupuesto inicial, el cual requiere
contar con el recurso que lo va a financiar y que se apruebe por medio de
ordenanza o acuerdo para tales efectos; ii) reducciones y aplazamientos:
Eventos en que la entidad territorial o alguna de sus entidades necesita reducir
o posponer la apropiación de un gasto, cuando los ingresos resultan ser
menores a los previstos y, por tanto, se requiere mantener el equilibrio
presupuestal y iii) traslados (créditos y concréditos) : consiste en
proporcionar a una apropiación insuficiente o agotada recursos sobrantes, en
la que, dependiendo de las partidas que se afecten, requerirá autorización por
la autoridad o dependencia correspondiente.30

En suma, como el municipio y la Corporación Autónoma Regional de Caldas
adujeron la falta de recursos como argumentos de la apelación, la Sala
modificará la decisión en el sentido de ajustar la planeación y desarrollo de su
cumplimiento a las normas y metodologías descritas con antelación, para que
se pueda superar la problemática que compromete el derecho colectivo a la
prevención de desastres previsibles técnicamente.

IV.4. Corporación Autónoma Regional de Caldas

Las Corporaciones Autónomas Regionales, en virtud de la ley 99 de 1993, son
entes corporativos especiales del orden nacional, con autonomía
administrativa, presupuestal y financiera, dotadas de personería jurídica. Estas
entidades estatales están sujetas a un régimen especial (art. 40 Ley 489 de
1998, en consonancia con los arts. 113 inciso 2° y 150.7 y 371 CN). Las CAR
son entes de carácter público integrados por las entidades territoriales que por
sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o
conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Las CAR
están encargadas por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción,
el medio ambiente y los recursos naturales y propender el desarrollo sostenible
(art. 23 Ley 99 de 1993).

30
Guía de Presupuesto Público Territorial, Auditoria General de la República, 2012.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

Conforme el numeral 20 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, Las Corporaciones
Autónomas Regionales están facultadas, entre otras para ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya
realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables.

Así mismo, en términos de los artículos 4, 5, 12 y 16 y 18 las Corporaciones
Autónomas Regionales deben coordinar el proceso de preparación de los
planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que
deban formular los diferentes organismos y entidades integrantes del
Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su
comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo
ambiental y en sus programas y proyectos en materia de protección
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las
distintas entidades territoriales.

Igualmente, deben participar con los demás organismos y entes competentes
en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de planificación y
ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en
cuenta en las decisiones que se adopten; y también debe ejercer las funciones
de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo,
el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprende las aguas
a cualquiera de sus formas y los suelos y reservar, alinderar, administrar
o sustraer en los términos y condiciones que fijen la ley y los
reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de suelos, las reservas forestales y parque naturales de
carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento, así como,
administrar las Reservas Forestales Nacionales en el área de su
jurisdicción. Así como, ordenar y establecer las normas y directrices
para el manejo de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área
de su jurisdicción, conforme a las disposiciones superiores y a las
políticas nacionales.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

De acuerdo con el recurso de apelación de la Corporación Autónoma Regional
de Caldas –CORPOCALDAS-, la entidad demostró la diligencia con una
inversión presupuestal, financiera y técnica para la realización del estudio
técnico que ordenó el Tribunal Administrativo de Caldas dentro de las medidas
provisionales decretadas y le corresponde, al Municipio de Manizales, realizar
las obras que arrojó el estudio contratado por la entidad para determinar las
inversiones que debían realizarse, con el fin de solucionar la problemática de
erosión presentada, materia del derecho solicitado en el amparo.

Ahora, los documentos aportados por la Corporación Autónoma Regional de
Caldas dan cuenta que en ejercicio de sus funciones se produjo la expedición
del Acuerdo de Consejo Directivo número 11 del 7 de mayo de 2009, por el
cual se delimitó y declaró el “Distrito de Conservación de Suelos Guacas
Rosario”, el cual se caracterizó técnica, social, económica y ambientalmente
entre las cuales está descrita, mencionada y caracterizada la cárcava del Alto
Tablazo. Así mismo, el documento da cuenta que se acordó que con el “Distrito
de Conservación de Suelos Guacas Rosario” se intervendría en el uso del suelo
en los sectores degradados por manejo inadecuado o por otras causas y se
adoptarían las medidas de corrección, recuperación o conservación; en ese
sentido, se condicionarían las actividades económicas que atentan contra la
integridad física y capacidad productora de los suelos. Igualmente, se señaló,
como propósito, el de preservar y recuperar las áreas forestales protectoras
de los cuerpos de agua y de pendientes; controlar los procesos erosivos y
disminuir la producción y transporte de sedimentos; promover prácticas de
conservación y manejo de los suelos adecuadas a las características de la zona
y desarrollar mecanismos de participación ciudadana en programas dirigidos
al manejo adecuado de los recursos naturales renovables.

En esa vía, el Acuerdo estableció como Plan de Rehabilitación y Manejo, que
dentro del año siguiente, es decir, para el 2010, se adoptaría el “Plan de
Rehabilitación y Manejo del Distrito de Conservación de Suelos Guacas
Rosario” con la zonificación ambiental, estimando, la zonificación ambiental,
la cual, comprendería las áreas en las que se ha deteriorado la estructura
ecológica como consecuencia de graves procesos erosivos, compactación de
suelos, incremento en el aporte de sedimentos, socavación de cauces y
alteración de la capacidad de regulación hídrica y de la calidad del agua; y la

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

zona de conservación que corresponde a terrenos con coberturas boscosas y
cafetales de sombrío.31

Igualmente, la Resolución No 411 del 3 de octubre de 2016, da cuenta que se
adoptó el “Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río
Chinchiná”, se constituyó en la reglamentación ambiental para la elaboración
y adopción de los planes de ordenamiento territorial, con relación a la
zonificación ambiental, el componente programático y el componente de
gestión del riesgo, en los términos del artículo 10 de la ley 388 de 1997. La
mencionada Resolución No 411 dispuso que el “Plan de Ordenación y Manejo
de la cuenca hidrográfica del Río Chinchiná” implicaría la realización de un
análisis del componente de zonificación ambiental, específicamente en los
lineamientos para el cumplimiento de la función amortiguadora de las
superficies del territorio circunvecinas y colindantes a las áreas protegidas,
entre estas, se encuentra el Distrito de Conservación de Suelos Guacas-
Rosario, el cual comprende la vereda Alto Tablazo. 32

Está demostrado, mediante los documentos denominados “Informe de
Monitoreo realizado por Corpocaldas- Mes de abril de 2018” , “ Seguimiento
Acción Popular Vereda Alto Tablazo”, “Informe consolidado de los meses de
junio a agosto de 2018” que, ante las órdenes impartidas por el Tribunal
Administrativo de Caldas, como medidas previas, la Corporación Autónoma
Regional de Caldas realizó visitas adelantadas por profesionales de la
Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas el sector la Cárcava
Alto Tablazo, con el fin de efectuar los monitoreos ordenados.33

Está demostrado, mediante el documento denominado “Contrato 070-2018 de
consultoría” celebrado con Aquaterra Ingenieros Consultores S.A “para el
estudio geológico, geotécnico, hidráulico, forestal y de microzonificación del
riesgo de deslizamiento y diseño de las obras de estabilidad de taludes para la
reducción del riesgo en la Cárcava del Alto Tablazo, Municipio de Manizales”
que la Corporación Autónoma Regional de Caldas dio cumplimiento a lo
ordenado por el Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de establecer la
solución técnica al problema que origina la solicitud de amparo de los derechos

31
Fls. 112 a 116 del Principal. 3_ED_17001233300020170058.
32
Fls. 117 a 119 del C. Principal. 3_ED_17001233300020170058.
33
Fls. 266 a 268 y 284 y 285, 299 y 300 del C. Principal. 3_ED_17001233300020170058.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

colectivos, dentro de la presente acción.34

Pues bien, de la lectura de las pruebas documentales y del estudio realizado
mediante el mencionado Contrato de Consultoría 070-2018 obrantes en el
proceso, se tiene que antes y durante el transcurso de la presente acción, la
Corporación Autónoma Regional de Caldas ha ejercido dentro del marco
normativo y funcional que le corresponde las diferentes actividades que han
sido descritas con antelación, en cumplimiento de las obligaciones contenidas
en los numerales 4, 5, 12 y 16 y 18 de la ley 99 de 1993.

Se observa, pues, que en el año 2009 delimitó y declaró el “Distrito de
Conservación de Suelos Guacas Rosario”; estableció el “Plan de Rehabilitación
y Manejo” para adoptar el Plan de Rehabilitación y Manejo del Distrito de
Conservación de Suelos Guacas Rosario; adoptó el Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chinchiná como herramienta para la
elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, con relación
a la zonificación ambiental, el componente programático y el componente de
gestión del riesgo, en los términos del artículo 10 de la ley 388 de 1997. Del
mismo modo efectuó el monitoreo ordenado por el Tribunal y contrató la
consultoría para establecer técnicamente cómo se podía superar la
problemática de la Cárcava del Alto Tablazo, y en ese sentido, no puede
desconocerse el desarrollo de su función.

No obstante, se hace necesario, que después de la expedición de los
instrumentos Acuerdo de Consejo Directivo número 11 del 7 de mayo de 2009,
el Plan de rehabilitación y manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Chinchiná,
de los monitoreos realizados y del contrato de consultoría celebrado con
Aquaterra Ingenieros Consultores S.A, que la función pública continué
realizándose, sobre todo en lo referente al artículo 31 de la ley 99 de 1993,
que les conmina a las Corporaciones Autónomas Regionales a ejecutar,
administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura
cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables. En ese sentido, la Sala confirmará la decisión de primera instancia,

34
Fls. 339 a 342 del C. Principal. 3_ED_17001233300020170058.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

al no encontrarla contradictoria con las funciones y finalidades de las
Corporaciones Autónomas Regionales.

IV.5. El Municipio de Manizales.

La ley 388 de 1997 establece para los municipios -dentro de los límites de su
competencia fijados por la Constitución y las leyes- el deber de promover el
ordenamiento de su territorio mediante el conjunto de acciones político
administrativas y de planificación física concertadas, en orden a disponer de
instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de
acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el
medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales.

Por su parte, el artículo 14 de la ley 1801 de 2016, en ejercicio del poder
extraordinario para la prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia,
seguridad y calamidad, obliga a los municipios a adoptar medidas necesarias
ante la materialización de un evento de riesgo o de una situación que afecte
el medio ambiente. Y el artículo 40 de la ley 1523 de 2012 establece la
obligación para los municipios de identificar los asentamientos en
riesgo y definir los mecanismos de reubicación de éstos, así como
ofrecer soluciones de vivienda, a partir de actuaciones urbanas
integrales que impliquen la colaboración efectiva y armónica entre las
entidades del sector, como lo es el Ministerio de Vivienda y
Fonvivienda.

En el recurso, además de aducir la falta de recursos financieros para realizar
las órdenes del fallo de primera instancia –supeditadas a las soluciones
técnicas del dictamen pericial que adelantó la firma Aquaterra Ingenieros
Consultores S.A-, se señaló como causales de reparo a la decisión de
primera instancia: (i) que debía poderse realizar las obras con unas fórmulas
alternativas y que se debería poder realizar la reubicación de las viviendas en
riesgo; (ii) además, que los subsidios de vivienda son propios de la función
departamental y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
y Fonvivienda, quienes son los competentes para otorgar subsidios familiares
de vivienda y; (iii) Finalmente, se pidió que se modificara el numeral tercero
del fallo, en el sentido de ordenar a las entidades accionadas la reubicación de

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

los habitantes.

De la lectura de la orden dada por el fallo de primera instancia, se tiene que
incluyó lo siguiente: (i) Se deberán dentro del primer año, iniciar las obras de
bioingeniería recomendadas en el estudio, también priorizadas conforme a las zonas y
gravedad del riesgo señalado en el estudio. Y además, Por último, se deberá mantener
las medidas de monitoreo permanente en la zona, a efectos de que se puedan detectar
alarmas tempranas, para si es del caso necesario se reubiquen los habitantes que sean
o detecten afectados por el presente fenómeno y realizar campañas de socialización a
los residentes de la zona, a efectos de que tomen conciencia sobre la necesidad de que
inicien las obras tendientes a mejorar la forma de recolección de aguas lluvias en sus
viviendas y de aguas residuales.”

De la lectura de las órdenes dadas en la primera instancia, relativas al
municipio de Manizales, la Sala observa que los reparos del recurso de
apelación del municipio no son contrarios a lo decidido en la primera instancia.
Para la Sala, es adecuado y razonable haber incluido tanto las soluciones de
bioingeniería y la posibilidad de reubicación, en caso de ser necesario, como
también son adecuadas las órdenes que se refieren a obras de ingeniería dura,
no solo porque en el marco del proceso fue acreditada su necesidad y
demostrada la técnica utilizada –por medio del estudio aportado por la
Corporación Autónoma Regional de Caldas-, sino porque el fallo ordena realizar
unas y otras, dependiendo del nivel de riesgo, de las condiciones específicas
de los asentamientos, de las ubicaciones, de las condiciones del suelo, entre
otras. En ese sentido, la orden del Tribunal Administrativo de Caldas no fue
genérica, sino que corresponde a los obligados en el fallo determinar las
condiciones particulares, a través de medidas como el censo, la división del
territorio de acuerdo con las condiciones del suelo y el riesgo y las demás
descritas en el estudio, para establecer las soluciones más adecuadas a cada
caso concreto.

Ahora, en cuanto al argumento según el cual los subsidios de vivienda son
propios de la función del Departamento de Caldas y de entidades como el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el municipio debe
ajustar su función a lo previsto en el artículo 40 de la ley 1523 de 2012, esto
es, que 1 año posterior a la fecha en que se sancionó la ley, debió incluir en
su plan de desarrollo y de ordenamiento territorial las condiciones sobre
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

consiguiente, los programas y proyectos prioritarios para estos fines. La ley
ordenó incluir mecanismos tales como el inventario de asentamientos en
riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a
amenaza derivadas de fenómenos naturales, socio naturales o antropogénicas
no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de
asentamientos; la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar
reasentamientos en alto riesgo; la construcción de reservas para hacer
posibles tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos de
adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación
para poblaciones de alto riesgo, entre otros.

Por las razones expuestas, la Sala encuentra ajustadas las órdenes del Tribunal
Administrativo de Caldas, puesto que, no son más que la materialización de la
citada normativa y en ese sentido será confirmada la decisión de primera
instancia. Sin embargo, se ajustará la orden definitiva para hacerla más
armónica con el compendio de normas que regulan el sistema de atención y
prevención de desastres.

IV.6. Sobre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Según el recurso de apelación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres no debe asumir la responsabilidad, puesto que no se le puede
imputar ningún incumplimiento en las funciones de acuerdo con el Decreto Ley
4147 de 2011, sino que le corresponde asumir las responsabilidades dentro
del Sistema Nacional de Gestión de Desastres a las entidades territoriales, en
este caso al Municipio de Manizales; igualmente, le corresponden las
obligaciones de reasentamiento humano situado en zonas de riesgo no
mitigable. Finalmente, en la apelación se argumentó que los recursos debían
provenir del Fondo Territorial para la Gestión de Riesgos de Desastres del
municipio.

De acuerdo con la teleología descrita por el gobierno nacional para la
expedición de la ley 1523 de 201235, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
de Desastres y los Mecanismos de Financiación se construyó como una

35 Extraído de la cartilla del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo del Ministerio del Interior. Primera

Edición abril de 2012. Presidente Juan Manuel Santos Calderón Presidente y Germán Vargas Lleras-
Ministro del Interior. Imprenta Nacional de Colombia. Ley_1523_2012.pdf

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

herramienta para superar las debilidades del Sistema Nacional para la Atención
de Desastres que se evidenciaron en la ola invernal del año 2010 -Declaratoria
de emergencia económica, social y ecológica por la calamidad pública del
impacto del fenómeno de la Niña-.

Entre sus finalidades e innovaciones buscó fortalecer los instrumentos de
coordinación con los entes territoriales para que fueran la primera línea de
gestión y reacción de riesgo de desastre; y también, planteó un cambio de
paradigma en el nuevo SNPAD (Sistema Nacional para la Atención y
Prevención de Desastres), que ya no fuera la respuesta a las calamidades
ocurridas como resultado de la desatención sino que fuera el resultado del
fortalecimiento de la reducción del riesgo (prevención y mitigación),
aseguramiento y protección financiera.

En cuanto a la estructura, dijo el gobierno nacional de la época, que concebía
la ley con énfasis en los entes territoriales, para que los municipios y
departamentos tuvieran la capacidad de invertir autónomamente en materia
de calamidad pública y si fuera del caso declararla, a diferencia de la norma
anterior, el Decreto Ley 919 de 1989.

Dijo igualmente, que creaba el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo como
un sistema abierto, público, privado y comunitario; dirigido por el Presidente
de la República y en las entidades territoriales por los respectivos
gobernadores y alcaldes y para garantizar la ejecución de tres procesos
esenciales para el país: el proceso de conocimiento del riesgo, el proceso de
reducción del riesgo, y el proceso de manejo de desastres.

En esa vía, se crearon las instancias de Dirección y Coordinación del Sistema
Nacional, definidas respectivamente por el Presidente de la República, el
Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el
Gobernador y el alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción, y
por el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el Comité Nacional para el Conocimiento del
Riesgo, Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, Comité Nacional para
el Manejo de Desastres, los Consejos departamentales, distritales y
municipales para la gestión del riesgo. Se creó el Consejo Nacional para la
Gestión del Riesgo, como la instancia superior encargada de orientar, dirigir y

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

planificar el Sistema Nacional, bajo la dirección del Presidente de la República
y se dispuso que las Corporaciones Autónomas Regionales, hacían parte, en
materia de gestión del riesgo y su apoyo en la planificación territorial.

Para financiar la gestión del riesgo se dispuso como mecanismos que
el anterior Fondo Nacional de Calamidades se convirtiera en Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo con subcuentas específicas para
conocimiento y reducción del riesgo, manejo de desastres,
recuperación, y protección financiera. Se dispuso que la
administración del fondo continuaría en cabeza de la Fiduciaria La
Previsora S. A. y que las administraciones departamentales, distritales
y municipales pudieran constituir sus propios fondos para apoyar el
financiamiento de la gestión del riesgo en su territorio.

Se propuso que el funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo
tuviera un nuevo enfoque metodológico que permitiera implementar la gestión
en un sentido transversal, e incluyera competencias y actividades que estaban
separadas y enclaustradas en cada entidad que empezara por el conocimiento
del riesgo, continuara como reducción del riesgo y eventualmente se
concretara en el manejo del desastre.

Se concibió el Sistema Nacional Para la Atención de Desastres como una
organización abierta, que dependía más de la coordinación que de la jerarquía
y que se fuera más bien de una estructura administrativa descentralizada, pero
con un elemento nacional fuerte a cargo de la dirección general y de la
articulación del Sistema Nacional con la administración pública que funge como
el entorno inmediato del mismo.

Se mantuvo una red de instancias colectivas de coordinación a nivel nacional,
departamental, distrital y municipal (Consejos) pero, a diferencia del SNPAD,
hizo énfasis en señalar a las respectivas autoridades políticas (Presidente,
ministros, directores de departamentos administrativos, gobernadores,
alcaldes) como los responsables de las decisiones en el Sistema Nacional.

Se consolidó la función de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, en el sentido de entregarle como misión, servir de núcleo
articulador al segmento nacional del Sistema con las entidades territoriales

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

que hacen parte de él y, además, de garantizar la comunicación del conjunto
con otros sistemas y autoridades externos a la organización.

Y se dispuso que el esquema financiero del Sistema Nacional de Gestión fuera
coherente con su estructura para un manejo eficiente y flexible de las fuentes
y usos de los recursos por parte de los agentes y entidades que la
conformarían, con el fin de cumplir con los objetivos de la gestión del riesgo,
en una estructura de financiamiento respetuosa de las restricciones legales e
institucionales que tuviera en consideración el conjunto de reglas y normas
fiscales que regulan la acción de los municipios y departamentos, tales como
la Ley 358 de 1997, por medio de la cual el gobierno nacional estableció el
sistema de semáforos, consistente en medidas cuantitativas que restringen el
endeudamiento de la entidad territorial a su capacidad de pago.

Con todo esto, para el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en los numerales
3, 10, 11, 12 y 13 del artículo 3º de la ley 1523 de 2012 consagró los principios
de solidaridad social, gradualidad, sistemicidad, de coordinación y de
concurrencia.

Bajo la dirección de esos principios, la gestión del riesgo está a cargo de
personas naturales y jurídicas de derecho público y privado que despliegan,
de manera continua, procesos secuenciales de la gestión y prevención de
riesgos en tiempos y alcances que se renuevan permanentemente.

Se trata, pues, de un sistema de gestión de riesgo -estatal y particular- en
una suerte de integración sectorial- con acciones comunes y de coordinación
de competencias, en donde la concurrencia de competencias entre entidades
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario
constituyen el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, cuya
acción puede darse en beneficio de todas o alguna de las entidades, sin
perjuicio de las atribuciones propias de las autoridades involucradas.

Dentro de las autoridades que forman el sistema, conforme los artículos 18 y
19 de la ley 1523 de 2012, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres se le dispuso que debía articular los niveles nacional y territorial del
sistema nacional, los intervinientes privados, las organizaciones sociales y las
organizaciones no gubernamentales en el sistema nacional y elaborar y hacer

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

cumplir la normatividad interna del sistema nacional, entiéndase: Decretos,
Resoluciones, Circulares, Conceptos y otras normas, así como dirigir los
Comités Nacionales para la gestión de riesgos.

En armonía con la ley 1523 de 2012, el Decreto ley 4147 de 2011, a su vez,
le otorgó funciones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, la cual dirige y coordina el Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres, coordina e impulsa el conocimiento y manejo del riesgo
y de los desastres y sirve de engranaje con los procesos de desarrollo en los
ámbitos nacional y territorial. A su vez, debe promover la articulación con otros
sistemas administrativos, tales como el Sistema Nacional de Planeación, el
Sistema Nacional Ambiental, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
innovación y el Sistema Nacional de Bomberos y otros, de acuerdo a su
competencia; también debe prestar el apoyo técnico, informativo y educativo
que requieran los miembros del Sistema Nacional para la Prevención y
Atención de Desastres y gestionar con la Unidad Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, la consecución de recursos para fortalecer la
implementación de las políticas de gestión de riesgo de desastres en Colombia.

De la lectura de las normas, la Sala observa que el Sistema Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres no está instituido para que la responsabilidad
recaiga en los municipios o en los departamentos única y exclusivamente,
porque, justamente, al consultar las finalidades y la filosofía bajo la cual se
construyó la normativa, se encuentra que si bien se le atribuyó una mayor
capacidad al territorio como finalidad y filosofía de la ley, también se creó –a
la Unidad- para que fuera transversal, concurrente y colaborativa, de allí que
se hubiera concretado un propósito y objetivo concreto a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ahora, los documentos obrantes en el expediente, concretamente los
denominados “Comunicación designación de seguimiento a la Transferencia
Económica Directa de Recursos”, “CDP No 170375 del FNGRD”, el “Formato de
Solicitud de Expedición o Modificación de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal- Transferencia”, la Plantilla para Transferencia Económica Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo”, “Oficio SMD- RO-1240- 2017 del 5 de mayo
de 2017”, “ Autorización de desembolso para el pago No 23398 FNGRD por
valor de $375.000.000”, “ Plantilla para Transferencia Económica Fondo

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

Nacional de Gestión de Riesgo”, “ Registro del CDP con RC No 9580”, “
Certificado de Disponibilidad Presupuestal del FNGRD No 170356” y Resolución
No 445 de 201736 dan cuenta que la Unidad transfirió de manera directa al
municipio de Manizales la suma de $1.133.250.000 mil ciento treinta y tres
millones doscientos cincuenta mil pesos y trecientos setenta y cinco millones
de pesos (m/cte), para sufragar las consecuencias de la afectación del
deslizamiento presentado el día 19 de abril de 2017, de acuerdo a la calamidad
pública No 0291 del 19 de abril de 2017.

Conforme a lo anterior, se observa que la UNGRD, en ejercicio de sus funciones
realizó una medida transitoria en el marco de atención a la calamidad pública
con afectación de los recursos del FNGRD, sin embargo, como la problemática
que compromete el derecho colectivo a la previsión de desastres previsibles
técnicamente requiere un trabajo articulado, también se requiere la presencia
y participación de la UNGRD para solucionar definitivamente. En esa vía, las
órdenes dadas en el fallo de primera instancia serán confirmadas por la Sala,
en el sentido que la orden dada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres como ente articulador al segmento nacional del Sistema con las
entidades territoriales, no riñe con el ordenamiento jurídico y en especial con
el catálogo de competencias otorgadas a la UNGRD, sin embargo, se ajustará
la orden definitiva, para hacerla más armónica con el compendio de normas
que regulan el sistema de atención y prevención de desastres.

IV.7. Departamento de Caldas

Según el recurso de apelación, las acciones departamentales frente a la
problemática solo pueden ser producto del principio de subsidiariedad, previas
las solicitudes de intervención por parte del municipio, en consecuencia, solo
deben imponérsele las obligaciones al municipio y a los moradores, como
corresponsables por el principio de auto conservación, por haberse asentado y
el manejo inadecuado de los recursos.

Así mismo, el recurso señala la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor
como causal exonerativa de responsabilidad, porque lo que ocurrió –
refiriéndose a las lluvias torrenciales afectación del deslizamiento presentado

36
C. Principal. 7_ED_ANEXO20170058000CDF0.PDF

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

el día 19 de abril de 2017, y la declaratoria de la calamidad pública No 0291
del 19 de abril de 2017- es un hecho de la naturaleza que incrementó y
profundizó la problemática a causa del invierno. Insiste que no se demostró el
acto omisivo por su parte, como para atribuirle la vulneración.

Sobre la posibilidad de atribuirle obligaciones al Departamento de Caldas en
relación con la actividad del Departamento y la teleología de la ley 1523 de
2012, lo dispuesto concretamente por los artículos 12 y 13 de la ley, según la
cual:

Artículo 12.
Los Gobernadores y Alcaldes. Son conductores del sistema nacional
en su nivel territorial y están investidos con las competencias
necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad en el ámbito de su jurisdicción.

Artículo 13.
Los Gobernadores en el Sistema Nacional. Los gobernadores son
agentes del Presidente de la República en materia de orden público
y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno
Nacional y deben responder por la implementación de los procesos
de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en
el ámbito de su competencia territorial.

Parágrafo 1°.
Los Gobernadores como jefes de la administración seccional
respectiva tienen el deber de poner en marcha y mantener la
continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su
territorio, así como integrar en la planificación del desarrollo
departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de
gestión del riesgo, especialmente a través del plan de desarrollo
departamental y demás instrumentos de planificación bajo su
responsabilidad.

Parágrafo 2°.
Los gobernadores y la administración departamental son la instancia

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

de coordinación de los municipios que existen en su territorio. En
consecuencia, están a cargo de las competencias de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad positiva respecto de los
municipios de su departamento.

Para la Sala, el parágrafo 2º de la precitada norma, es claro en determinar el
principio de subsidiariedad positiva37 y establecer que las administraciones
departamentales, contrario a lo argumentado, son la instancia de coordinación
de los municipios existentes en su territorio. Así, de la lectura de la norma, la
Sala encuentra que al Departamento si le asiste la obligación de coordinar junto
con el municipio la solución a la problemática de la cárcava de la Vereda del”
Alto Tablazo”, por estar dentro de los municipios de su jurisdicción y dentro de
sus deberes poner en marcha y mantener la continuidad de los procesos de
gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como, efectuar las acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión de riesgo.

En cuanto a los documentos aportados, los mismos dan cuenta que en el mes
de mayo de 2017 la comunidad de la vereda del Alto Tablazo formularon un
derecho de petición ante la Gobernación en donde ponían en conocimiento la
problemática descrita38 y en junio de 2017, la Secretaría de Vivienda del
Departamento de Caldas respondió que “ en el momento en que debido al tipo
de evento o fenómeno natural sea superada su capacidad de respuesta, el ente
Departamental dentro de sus funciones de complementariedad y
subsidiariedad, y previa la solicitud formal del ente municipal, anotando la que
la solicitud debe ser específica, entrará a acompañarlo en la solución específica
(…)39. De tal suerte, que la situación de riesgo era de conocimiento del gobierno
departamental y le imponía tomar medidas, en el marco de sus funciones,
como ente coordinador, se reitera, de los municipios de su jurisdicción, por la
razón que, la respuesta al derecho de petición implica, se reitera, un
conocimiento de la situación lo que imponía al Departamento activarse frente

37
Ley 1523 de 2012. Art. 1 numeral 14. Subsidiariedad positiva. impone a las autoridades de rango
superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no
tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un
valor, un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda
de la entidad afectada.
38
Fl. 21 del C. Principal. 3_ED_ANEXO20170058000CDF0.PDF.
39
Fl. 27 del C. Principal. 3_ED_ANEXO20170058000CDF0.PDF.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

al caso concreto indistintamente que la petición que provenga de la comunidad,
de fondo se está poniendo una alerta que activa la función pública del
Departamento, el cual debe superar cualquier exigencia formal, como la falta
de competencia ante la cual se radique, debe por supuesto ocuparse de
resolver la situación de fondo.

Ahora, en relación con la fuerza mayor -como evento externo de la naturaleza-
alegada por el Departamento de Caldas-, y la corresponsabilidad de los
moradores, la Sala observa que en la contestación de la demanda solo se
formularon como medios exceptivos la falta de legitimación en la causa
por pasiva, de la cual insistió en su recurso de apelación, y la inexistencia
de vulneración de los derechos colectivos por parte del departamento,
aduciendo la responsabilidad exclusiva del municipio.

En cuanto a los nuevos argumentos incorporados en el recurso de apelación,
al respecto, vale la pena recordar que el artículo 281 del CGP dispone que “(…)
La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren
sido alegadas si así lo exige la ley. (…). Por tanto, el recurso de apelación
no es una nueva oportunidad para formular excepciones nuevas, más cuando
el departamento no se ocupó probatoriamente de acreditar lo que ahora
propone en el recurso de apelación.

Ahora, sobre la falta de legitimación en la causa por pasiva, la Sección Primera
del Consejo de Estado ha dicho que “(…) la legitimación en la causa por pasiva es
entendida como la calidad que tiene una persona para formular o contradecir las
pretensiones de la demanda, por cuanto es sujeto de la relación jurídica sustancial,
por lo que para poder predicar esta calidad es necesario probar la existencia de dicha
relación (…)40 . En este caso, la relación jurídico sustancial se concreta en las
obligaciones oponibles al Departamento de Caldas, en virtud de las funciones
otorgadas por la ley 1523 de 2012.

En todo caso, sobre la fuerza mayor, también vale la pena recordar que dicho

40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 9 de
agosto de 2012, Radicado 730001-23-21-000.2010-00472- 01 (AP). C.P Marco Antonio Velilla Moreno
(E).

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

instituto como causal exonerativa de responsabilidad requiere del
cumplimiento del requisito de imprevisibilidad y si bien es cierto podría
confundirse la ocurrencia de lluvias torrenciales que pudieron incidir, entre
otras causas, en el comportamiento de la cárcava, este fenómeno no es
imprevisible en sí mismo, pues como se dijo obedece a la Falla Romeral -
importante estructura geológica que se extiende a lo largo de la vertiente
occidental de la Cordillera Central de Colombia, desde Ecuador hasta la región
del Caribe y como fenómeno identificado era previsible que, ante la ocurrencia
de las lluvias, pudiera incrementar el riesgo para las comunidades ubicadas en
el sector y aledaños.

Recordemos que, para que una situación sea imprevisible, la circunstancia
debe cumplir con condiciones de exterioridad e irresistibilidad. Sobre la
exterioridad obedece a que el evento que se alega como causa extraña debe
ser ajeno física y jurídicamente al demandado, esto es, que además de ser
ajeno al demandado, sea exterior o extraño a los deberes y obligaciones
jurídicas de la Administración y, además, que no esté bajo su guarda o
custodia; y sobre la irresistibilidad, se trata de la imposibilidad de cumplir la
obligación o de evitar el daño. En ese sentido, para el Departamento de Caldas,
de quien se entiende no es obligado principal sino subsidiario positivamente,
no bastaba con afirmar -en los alegatos de conclusión y en el recurso de
apelación- la configuración de la causal exonerativa de responsabilidad sino
formularlo en la oportunidad legal para hacerlo y demostrar sus elementos y
configuración, más cuando, a su cargo está el de responder por la
implementación de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de
manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial, lo cual, le
imponía hacer un ejercicio probatorio que llevara a determinar, que a pesar
que había implementado políticas de conocimiento y reducción del riesgo, le
fue irresistible el daño, circunstancia que no ocurrió en el proceso.

Aunado a lo anterior, vale la pena traer un dato técnico señalado en el estudio
geo- técnicos contratado por la Corporación Autónoma Regional de Caldas,
socializados en el marco de la audiencia del pacto de cumplimiento del 2 de
septiembre de 2019, según los cuales se dijo:

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

“.. Que el fenómeno de la cárcava se había iniciado alrededor de 65 a 75 años atrás”41

En cuanto a la corresponsabilidad de los moradores, se trata como ya se dijo,
sobre un nuevo argumento traído inoportunamente en el recurso de apelación,
que a juicio de la Sala el tiempo mismo de la formación y evolución de la
Cárcava- como fenómeno natural- no se le puede atribuir a los moradores ni
en su formación y en su consolidación o evolución porque así no se demostró
por ningún medio de prueba. Suficiente para confirmar la sentencia en este
punto, sin embargo, se ajustará la orden definitiva, para hacerla más armónica
con el compendio de normas que regulan el sistema de atención y prevención
de desastres.

IV.8. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

En el recurso manifestó que se hizo una indebida aplicación de los principios
de coordinación, subsidiariedad y concurrencia; que existió una falta de
motivación para atribuirle responsabilidad. Argumentó que las órdenes dadas
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no guardan relación jurídica
con las funciones que debe cumplir la entidad. Finalmente sostuvo que no les
correspondía financiar, planear, contratar o ejecutar obras.

El artículo 209 establece que el Estado ejerce función administrativa al servicio
de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración
de funciones.

A su vez el artículo 208 de la Constitución Política de Colombia prevé que los
ministerios, en cabeza de los ministros, son a quienes les corresponde formular
las políticas relativas a su Despacho.

Por su parte, los artículos 58 y 59 de la ley 489 de 1998 disponen que los
ministerios tienen, cómo objetivos primordiales, la formulación y adopción de
las políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo
que dirigen; deben preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo;

41
Fls. 446 y 447 del C.1. – 4_ED_17001233300020170058 Cd.Fl.443.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que deban
dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al Presidente de la
República cómo suprema autoridad administrativa y dar desarrollo a sus
órdenes que se relacionen con tales atribuciones.

Igualmente, les corresponde cumplir con las funciones y atender los servicios
que les están asignados y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos
respectivos, las normas necesarias para tal efecto; preparar los anteproyectos
de planes o programas de inversiones y otros desembolsos públicos
correspondientes a su sector y los planes de desarrollo administrativo del
mismo; coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades
territoriales y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica;

Dentro de sus funciones también están las de participar en la formulación de
la política del Gobierno en los temas que les correspondan y adelantar su
ejecución; orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las
respectivas leyes y estructuras orgánicas, las superintendencias, las entidades
descentralizadas y las sociedades de economía mixta que a cada uno de ellos
estén adscritas o vinculadas; impulsar y poner en ejecución planes de
desconcentración y delegación de las actividades y funciones en el respectivo
sector; promover, de conformidad con los principios constitucionales, la
participación de entidades y personas privadas en la prestación de servicios y
actividades relacionados con su ámbito de competencia; organizar y coordinar
el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo correspondiente y velar por la
conformación del Sistema Sectorial de Información respectivo y hacer su
supervisión y seguimiento.

Por su parte, el artículo 288 de la Constitución Política de Colombia establece
que las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán
ejecutadas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad en los términos que establece la ley.

Ahora bien, el artículo 4 de la ley 1551 del 6 de julio de 2012, en punto de los
principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y complementariedad
en la relación nacional-local, señala que los municipios ejercen las
competencias que les atribuyen la Constitución y la ley, conforme a los
principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y la ley de

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de la
Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben
ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas. Las
competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes, sino que coexisten y son dependientes
entre sí para alcanzar el fin estatal. Las entidades competentes para el
cumplimiento de la función o la prestación del servicio deberán realizar
convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley
orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más
eficiente y económica la actividad administrativa. Los municipios de categoría
especial y primera podrán asumir la competencia si demuestran la capacidad
institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las entidades
nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de inspección y
vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades
de menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias
cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;

En esa vía, los numerales 10, 13 y 14 del artículo 1 de la ley 99 de 1993
establecen para nuestro sistema jurídico ambiental una simbiosis, y disponen
pues, que la acción para la protección y recuperación ambiental del país es una
tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado y que el Estado apoyará e incentivará
la conformación de organismos no gubernamentales para la protección

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones; razón por la cual,
para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional
Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los
mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil y las instituciones
ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de
planificación económica, social y física.

De tal suerte, que, si bien están trazados los límites de la función
administrativa y nuestra Constitución adopta un criterio funcional, las
finalidades del Estado son el servicio a la comunidad y la garantía de los
derechos de los asociados y resulta entonces existe un ejercicio limitado por
las funciones, pero coordinado de acuerdo con las atribuciones conferidas a las
entidades.

En ese sentido, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le
fueron asignadas unas funciones en virtud del artículo 2 del Decreto 3570 de
2011, para que: formule la política nacional en relación con el medio ambiente
y los recursos naturales renovables, establezca las reglas y criterios de
ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para
asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables
y del medio ambiente; diseñe y regule las políticas públicas y las condiciones
generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo,
aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos
naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de
actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del
patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos; oriente,
en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres, las acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico.

También le corresponde regular las condiciones generales para el saneamiento
del medio ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación,
restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir,
reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes,
deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural y hacerle
evaluación, seguimiento y control de los factores de riesgo ecológico y de los
que puedan incidir en la ocurrencia de desastres naturales y coordinar con las

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

demás autoridades las acciones tendientes a prevenir la emergencia o a
impedir la extensión de sus efectos.

Igualmente, le corresponde dirigir el SINA –Sistema Nacional Ambiental– que,
conforme al numeral 11 del artículo 7 del Decreto 3570 de 2011, desde la
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del
Sistema Nacional Ambiental, por lo que le es dado emitir conceptos técnicos,
en el ámbito de su competencia, sobre los planes de ordenamiento territorial
de los municipios y distritos, de conformidad con el artículo 1 de la ley 507 de
1999.

Por su parte, el parágrafo 4 del artículo 1 de la ley 507 de 1999 estableció que
el Gobierno Nacional debería implementar un plan de asistencia técnica a
través de la coordinación interinstitucional de los respectivos ministerios y
entidades gubernamentales, las oficinas de planeación de los respectivos
departamentos y las Corporaciones Autónomas Regionales, para capacitar,
prestar asistencia técnica en los procesos de formulación y articulación de los
planes de desarrollo territorial y en especial para los municipios que
presentaran mayores dificultades en el proceso y dispuso que las entidades
gubernamentales involucradas en el proceso pondrían a disposición de los
municipios y distritos los recursos de información y asistencia técnica
necesarios para el éxito de los Planes de Ordenamiento Territorial.

De la lectura de las órdenes impartidas en la primera instancia, se tiene que al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le correspondió:

TERCERO. - ORDENAR A LAS SIGUIENTES ENTIDADES: Al Municipio de
Manizales, el Departamento de Caldas, la Corporación Autónoma Regional
de Caldas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (sic), para que de manera conjunta
financien, planeen, contraten y ejecuten a través de la figura que
consideren más apropiada las obras recomendadas en el estudio
geotécnico detalladamente señalado en la parte motiva de esta
providencia, presentado por Aquaterra S.A.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Nacional
de Gestión de Riesgo (sic), se comprometerán a presentar ante el
Ministerio de Hacienda Pública conforme con la ley orgánica del

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

presupuesto el plan que sea necesario a efectos de comprometer los
recursos que deberá aportar la Nación.

De cara a la orden dada, se encuentra que aun cuando el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de
los recursos renovables, se encarga de orientar y regular el ordenamiento
ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones a las que se
sujetaran la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo,
uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, a fin
de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a
otros sectores. Lo cierto es que no hay una conexión con las facultades
específicas que lo comprometan con la situación fáctica y jurídica discutida en
la presente acción.

Ahora, aunque de la lectura del artículo 5 de la ley 99 de 1993 y el artículo 2
del Decreto 3570 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
tiene la responsabilidad de formular políticas nacionales relacionadas con el
medio ambiente y los recursos renovables, regular las condiciones generales
para el saneamiento ambiental y coordinar la gestión ambiental; en el caso
concreto, la Sala encuentra que en el caso de la Cárcava de la Vereda del “Alto
Tablazo” se deben emprender una serie de acciones técnicas de las cuales ya
dieron cuenta los estudios elaborados en el marco de la presente acción. De
tal suerte, que las acciones objetivas que se deben llevar a cabo no son del
resorte funcional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sino de las
entidades señaladas y por las razones desarrolladas en cada uno de los apartes
de la presente providencia que se encargó de su estudio, de acuerdo con las
normas destinadas al cumplimiento de las funciones, para enervar las causas
del riesgo ambiental y por tanto de la vulneración al derecho colectivo a la
prevención de desastres previsibles técnicamente.

Finalmente, en cuanto a la función prevista en el numeral 16 del artículo 5 de
la Ley 99 de 1993 en armonía con el numeral 10 del artículo 2 del Decreto
3750 de 2011, según la cual, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
tiene la facultad de intervenir en casos en donde se identifiquen riesgos
significativos para el medio ambiente o la salud pública, de realizar la
evaluación y el control preventivo, actual o posterior, de los efectos del
deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

proyectos de desarrollo, y de ordenar la suspensión de trabajos o actividades
cuando sea necesario, sin embargo, las órdenes dadas en la primera instancia
no se relacionan con las competencias de la mencionada cartera ministerial,
por lo tanto, la Sala revocará la decisión de primera instancia y en su lugar
declarará la falta de legitimación en la causa del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Por último, la Sala advierte que, de conformidad con el artículo 34 de la Ley
472, el comité de verificación de la sentencia también debe estar conformado
por el Juez. En consecuencia, debido a que el Tribunal no está incluido en el
comité de verificación ordenado en la sentencia apelada, se modificará la parte
resolutiva de la misma, en el sentido de ordenar su inclusión para efecto de
que lo presida.

IV.9. De la condena en costas.

Según lo previsto en la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2019 1, en
donde se estableció que “[…] En cualquiera de los eventos en que cabe el
reconocimiento de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y
gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del actor
popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las
reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de
forma que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación, conforme
con lo previsto en el artículo 366 del Código general del Proceso […]”.

No obstante, en el caso concreto no están probados los gastos del proceso ni
agencias en derecho que hubiere incurrido la parte accionante en esta
instancia, por lo tanto, no habrá lugar a su reconocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR los numerales PRIMERO, TERCERO Y CUATRO

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, el cual quedará así:

“PRIMERO. – DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y no
probadas las excepciones propuestas por el Municipio de Manizales, el
Departamento de Caldas, la Corporación Autónoma Regional de Caldas y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

TERCERO: ORDÉNASE al Municipio de Manizales que a partir de la siguiente
vigencia fiscal (2026) y más tardar en la del 2030, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales en materia de planeación y presupuesto,
realice las acciones administrativas y presupuestales necesarias, ante las
autoridades territoriales y nacionales que correspondan, para que se obtengan
los recursos necesarios para ejecutar las obras requeridas con el fin de
solucionar el riesgo de manera técnica al que se ven expuestas las comunidades
de la Vereda Tablazo, Guacas y aledañas ocasionadas por el deslizamiento y
demás consecuencias del resultado del proceso erosivo- Cárcava vereda Alto
Tablazo, que puede producir el derrumbamiento de una ladera, la cual pone en
peligro y amenaza las comunidades asentadas en el lugar.

Para el cumplimiento de esta orden deberá tenerse en cuenta no de manera
exclusiva el estudio elaborado por la empresa Aquaterra S.A.

El Municipio de Manizales deberá, por medio del instrumento de planificación
Marco Fiscal de Mediano Plazo–MFMP, planear financieramente y como política
Pública cómo desarrollará de manera técnica las obras requeridas para la
protección de los derechos de las comunidades de la Vereda Tablazo, Guacas y
aledañas ocasionadas por el deslizamiento y demás consecuencias del resultado
del proceso erosivo- Cárcava vereda Alto Tablazo, que produce el
derrumbamiento de una ladera, la cual pone en peligro y amenaza las
comunidades asentadas en el lugar, así mismo, cumplirá con todas las etapas y
herramientas de planeación fiscal descritas en la parte considerativa de este fallo
en el numeral V.3 denominado “Consideraciones previas sobre la planeación y
el presupuesto de las entidades territoriales”, incorporando específicamente
tanto en el plan de desarrollo como a nivel presupuestal el cumplimiento de las
obligaciones ordenadas en este fallo, de lo cual dará cuenta al Comité de
Verificación que se conformará para el cumplimiento de las órdenes aquí
contenidas.

ORDENAR A LAS ENTIDADES LAS SIGUIENTES ACCIONES ESPECÍFICAS:

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

1.1 Al Municipio de Manizales, el Departamento de Caldas, la Corporación
Autónoma Regional de Caldas y la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, para que, de manera conjunta, en el marco de sus
competencias, financien, planeen, contraten y ejecuten las obras
requeridas para desarrollar de manera técnica las obras requeridas para
la protección de los derechos de las comunidades de la Vereda Tablazo,
Guacas y aledañas ocasionadas por el deslizamiento y demás
consecuencias del resultado del proceso erosivo- Cárcava vereda Alto
Tablazo, que puede producir el derrumbamiento de una ladera, la cual
pone en peligro y amenaza las comunidades asentadas en el lugar.

1.2 La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en lo
de su competencia prestará asistencia, asesoría y apoyo en la gestión del
Municipio de Manizales, para que tramite, de requerirlo, ante el Fondo
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres las solicitudes que
correspondan con el fin de obtener los recursos para solucionar la
problemática y en caso de ser necesario tramitará en otros escenarios
para la consecución de recursos con miras a enervar las causales de riesgo
descritas.

1.3 El Departamento de Caldas, en virtud del principio de Subsidiariedad
Positiva, implementará, en el sector de la Cárcava sus protocolos o
políticas en los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de
manejo de desastres.

El Municipio de Manizales, la Corporación Autónoma Regional de Caldas, el
Departamento de Caldas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, en lo de su competencia, deberán mantener las medidas de monitoreo
permanente en la zona, a efectos de que se puedan detectar alarmas tempranas,
para sí es del caso necesario se reubiquen los habitantes que sean o detecten
afectados por el presente fenómeno y realizar campañas de socialización a los
residentes de la zona, a efectos de que tomen conciencia sobre la necesidad de
que inicien las obras tendientes a mejorar la forma de recolección de aguas lluvias
en sus viviendas y de aguas residuales.

Para el cumplimiento de las órdenes dadas en el presente fallo, las entidades
cuentan con 5 años a partir de la ejecutoria de esta decisión.

En los casos en que el estudio determine que la opción viable es la reubicación de

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

las viviendas, el municipio en colaboración con el departamento de Caldas y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberá adelantar las
medidas administrativas y presupuestales necesarias para que en la siguiente
vigencia fiscal a la notificación de esta decisión se apropien los recursos
necesarios.

CUARTO: INTEGRAR EL COMITÉ DE VERIFICACIÓN de que trata el inciso
final del artículo 27 y 34 de la ley 472 de 1998 de la siguiente manera: El
magistrado ponente, que lo presidirá, el Personero del Municipio de Manizales, el
Jefe de la Oficina de Prevención de Desastres de Manizales, un delegado de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; Un Delegado del
Gobernador de Caldas y un representante de la parte actora, Ángela Yulieth
Mendoza, los cuales se deberán reunir cada tres meses y entregar al Despacho
del ponente, un informe del avance sobre órdenes las órdenes dadas, todo lo
anterior sin perjuicio de los monitoreos permanentes en la zona por parte de la
Unidad de Prevención del Riesgo de Manizales, para el anterior informe
previamente las entidades que no forman parte del comité, a su vez enviarán al
Personero del Municipio de Manizales, las gestiones que con respecto a esta
popular han adelantado en el trimestre, las cuales serán consolidadas por el
comité de verificación.”

SEGUNDO: En los demás confirmar la decisión de primera instancia.

TERCERO: Sin condena en costas de esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia de la providencia a la Defensoría del Pueblo,
conforme lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 472.

Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZON
Consejera de Estado
Presidenta
Aclara voto

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Radicación núm.: 17001233300020170058001
Demandante: Ángela Julieth Mendoza y Otro

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogotá D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.