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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00120-02

Fecha
4 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2022-00120-02

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación invocado en la acción popular instaurada por la señora Beatriz Pacheco Arévalo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de La Playa de Belén y a Parques Nacionales Naturales de Colombia que, de manera armónica y coordinada, y dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia realicen todas las gestiones presupuestales, administrativas y contractuales de acuerdo a la normativa que rige la materia, para que se inicie la ejecución de las obras necesarias para la restauración, conservación y preservación del inmueble denominado “Casa de Cate”. Asimismo, ORDENAR al Municipio de La Playa de Belén y a Parques Nacionales Naturales de Colombia que, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realicen de manera inmediata las acciones necesarias para detener el colapso del bien denominado “La Casa de Cate”, mientras se ejecutan las obras definitivas referidas en el párrafo anterior […]”. TERCERO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 37 Núm. único de radicación: 54001-23-33-000-2022-00120-02 CUARTO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2022-00120-02

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

4 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 54001-23-33-000-2022-00120-02
Actora: Beatriz Eugenia Pacheco Arévalo
Demandados: Nación – Ministerio de Cultura1 y Unidad Administrativa Especial de
Parques Nacionales Naturales
Vinculados: Departamento de Norte de Santander, Municipio de La Playa de Belén,
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo de Norte de Santander y Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo de la Playa de Belén

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de
La Playa de Belén contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La señora Beatriz Eugenia Pacheco Arévalo presentó demanda2, en
ejercicio del respectivo medio de control, contra la Nación – Ministerio de Cultura
(hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes3) y la Unidad Administrativa
Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia4, con el objeto de que

1 La Ley 2319 de 29 de agosto de 2023, “Por medio de la cual se reforma la Ley 397 de 1997, se cambia la

denominación del Ministerio de Cultura, se modifica el término de economía naranja y se dictan otras
disposiciones […]”, dispuso en el artículo 1 el cambio de denominación de Ministerio de Cultura al Ministerio de
las Culturas, las Artes y los Saberes.
2 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 6ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”.
3 En adelante Ministerio de Cultura.
4 En adelante Parques Nacionales Naturales o PNN.

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se protejan los derechos e intereses colectivos previstos en los literales b y f5 del
artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19986.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones7:

“[…] “[…] 1. Se declaren vulnerados los derechos constitucionales colectivos a la
defensa del patrimonio cultural y a la moralidad administrativa con las omisiones en
sus funciones por parte del Ministerio de Cultura Nacional (sic) y Parques Nacionales
Naturales de Colombia.
2. Se ordene al Ministerio de Cultura Nacional (sic) y Parques Nacionales Naturales
de Colombia o a quien corresponda, dentro del nivel de sus competencias y de forma
articulada, ejecutar todas las gestiones, técnicas, administrativas, presupuestales y
financieras, que permitan la restauración inmediata de la casa ubicada en Los
Estoraques por constituir Patrimonio Cultural del municipio.
3. Se ordene al Ministerio de Cultura Nacional y Parques Nacionales Naturales de
Colombia o a quien corresponda, dentro del nivel de sus competencias y de forma
articulada las acciones urgentes inmediatas que impidan que la casa se desplome en
(sic) totalidad […]”.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora manifestó que en el Municipio de La Playa de Belén se
encuentra el Área Natural Única de Los Estoraques, en cuyo interior se erige una
casa de propiedad de Parques Nacionales Naturales conocida como “La Casa de
Cate”, que es emblemática del paisaje de ese territorio, aparece en las postales del
Municipio y es reconocida por su arquitectura colonial, al tratarse de una casa
construida en bareque y con techo de paja, por lo que, a juicio de la parte actora
cumple con las condiciones de bien de interés cultural de la Nación, teniendo en
consideración que mediante la Resolución 928 de 25 de julio de 2005 8, expedida
por el Ministerio de Cultura, se declaró el centro histórico del referido municipio
como bien de interés cultural de carácter nacional.

5 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre

otros, los relacionados con:
[…]
b) La moralidad administrativa
[...]
f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación […]”.
6 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
7 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 7ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”.
8 “Por la cual se declara el Centro Histórico del Municipio de La Playa de Belén, localizado en el Departamento

de Norte de Santander, como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y se delimita su área de influencia”.

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4. Afirmó que “La Casa de Cate” se encuentra en estado de abandono y en
riesgo de derrumbarse a causa de la ola invernal de los años 2021 y 2022, sin que
las entidades demandadas hayan realizado acciones para prevenir su destrucción.

5. Adujo que la comunidad del Municipio convocó a un cabildo abierto el día 2
de junio de 2022, en el que participaron diferentes entidades del orden nacional,
departamental y local, sin que las entidades accionadas propusieran alguna
alternativa para la recuperación y conservación del precitado inmueble.

Contestaciones de la demanda

7. El Municipio de La Playa de Belén presentó escrito de 6 de julio de 20229,
en el que se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó su desvinculación
del proceso. Señaló que el inmueble denominado “La Casa de Cate” no es de
propiedad del municipio y tampoco tiene responsabilidades frente al plan de acción
adoptado para impedir el riesgo de colapso de ese inmueble.

8. La Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de
Colombia presentó escrito de 14 de julio de 202210, en el que se opuso a las
pretensiones de la demanda y solicitó la desvinculación de la entidad del proceso
de la referencia, en razón a que no es competencia de Parques Nacionales
Naturales la restauración del patrimonio cultural en el territorio nacional.

9. Señaló que la entidad adquirió el terreno conocido como “Quebrada La Vaca”
en el año 1997. Asimismo, que mediante el concepto técnico 20224500000056
elaborado por el Grupo de Infraestructura de la entidad se concluyó que la casa no
cumple los estándares de sismorresistencia contenidos en la norma colombiana
NSR-10 y que presenta daños que hacen inviable cualquier intervención estructural,
por lo que recomendó su demolición.

10. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD
presentó escrito de 15 de julio de 202211, en el que señaló que no ha vulnerado
ningún derecho colectivo y que carece de legitimación en la causa por pasiva para
atender las pretensiones de la demanda. Destacó que en materia de gestión del
riesgo corresponde a las entidades territoriales realizar las acciones
correspondientes en su jurisdicción territorial. En consecuencia, formuló las

9 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
10_ED_009CONTESTACIONMPIOL(.pdf) NroActua 27 […]”.
10 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

13_ED_012CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 27 […]”.
11 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

14_ED_013CONTESTACIONDEMAN(.pdf) NroActua 27 […]”.

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excepciones de indebida integración de litisconsorcio necesario y falta de
legitimación en la causa por pasiva.

Actuaciones en primera instancia

11. El Tribunal mediante auto de 23 de junio de 2022 admitió la demanda12;
vinculó al Departamento de Norte de Santander, al Municipio de La Playa de Belén,
a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, al Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo y al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo;
ordenó notificar a la parte demandada, informar a la comunidad sobre la existencia
del proceso y decretó una medida cautelar de urgencia, consistente en ordenar a
las entidades demandadas realizar las actuaciones necesarias para prevenir el
riesgo de colapso del bien inmueble.

12. El Tribunal celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día 29
de noviembre de 202213, la cual se declaró fallida porque las partes no llegaron a
ninguna fórmula de acuerdo.

13. El Tribunal profirió auto de 17 de septiembre de 202414, mediante el cual
corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

14. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes15; Parques Nacionales
Naturales de Colombia16; y la UNGRD17 presentaron escritos en los que reiteraron
los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

15. Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público se abstuvieron de
intervenir en esta etapa procesal.

Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia el día 7
de noviembre de 202418 en la que resolvió lo siguiente:

12 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
7_ED_006AUTOADMISORIOMEDI(.pdf) NroActua 27 […]”.
13 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

23_ED_22ACTAAUDIENCIAPACTO(.pdf) NroActua 27 […]”.
14 Cfr. Índice 117 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

169LinkAudiencia_TRIBUNALADMINISTRATI(.pdf) NroActua 117 […]”.
15 Cfr. Índice 118 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

Memorial__166Alegatos(.pdf) NroActua 118 […]”.
16 Cfr. Índice 119 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

167Recepcionmemor_MEMORIALALEGATOSDECO(.pdf) NroActua 119 […]”.
17 Cfr. Índice 120 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

168Recepcionmemor_MEMORIALALEGATOSCONC(.pdf) NroActua 120 […]”.
18 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:”[…]
1ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos a la defensa del patrimonio
cultural y a la moralidad administrativa invocados en la acción popular instaurada por
la señora Beatriz Pacheco Arévalo, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ORDENAR a la alcaldía municipal de La Playa de Belén y a Parques
Nacionales Naturales de Colombia para que de manera armónica y coordinada, y
dentro del término de seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente
sentencia realicen todas las gestiones presupuestales, administrativas y
contractuales de acuerdo a la normativa que rige la materia, para que se inicie la
ejecución de las obras necesarias para la restauración, conservación y preservación
del inmueble denominado “Casa de Cate”.

TERCERO: MODIFICAR, la medida cautelar decretada mediante auto de fecha 23
de junio de 2022 en su ordinal octavo, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia, la cual, quedará así:

“[…] OCTAVO: ACCEDER al decreto de la medida cautelar solicitada por la
parte demandante y, en consecuencia, ORDENAR al Alcalde del Municipio de
La Playa de Belén para que de manera inmediata lleve a cabo las acciones
mínimas que detengan el colapso del bien inmueble denominado “casa de cate”
ubicado en el Municipio de La Playa de Belén – Departamento Norte de
Santander, el cual según la demandante, hace parte de los bienes de interés
cultural de la Nación, y/o la agravación de las afectaciones ya causadas.

En cumplimiento de lo ordenado, dentro del término improrrogable de diez (10)
días, el mencionado ente territorial deberá rendir informe detallado con destino
al presente proceso, a través del cual informen sobre el plan de acción
adoptado.”

CUARTO: CONFORMAR un Comité de verificación del cumplimiento de la sentencia
integrado por las Partes, la Personería del Municipio de la Playa de Belén, la
Defensoría del Pueblo y el Presidente del Concejo Municipal.

QUINTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes y al señor agente del Ministerio
Público en los términos de la Ley 472 de 1998 y la Ley 1437 de 2011.

SEXTO: Conforme el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, ENVIAR a la Defensoría del
Pueblo copia del presente fallo. Una vez en firme la presente providencia, ARCHIVAR
el expediente, previas las anotaciones secretariales de rigor […]”.

17. El Tribunal consideró que era procedente acceder a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, ordenar a PNN y al Municipio, de manera conjunta,
que adelanten las actuaciones necesarias para el mantenimiento, restauración y
preservación del bien denominado “La Casa de Cate”, edificación que tiene un valor
cultural para los habitantes del Municipio de La Playa de Belén. Lo anterior, teniendo
en cuenta, de una parte, que PNN es la propietaria del inmueble y, de otra parte,
que el Municipio declaró, mediante el Decreto 11 de 2023, el inmueble como Bien
de Interés Cultural - BIC del ámbito municipal.

18. El Tribunal consideró que de acuerdo con las conclusiones del dictamen
pericial, el inmueble denominado la “Casa de Cate” ha sufrido notablemente un
deterioro en su estructura, lo que hace necesario una intervención por parte de las
entidades llamadas a salvaguardar el bien con el objeto de preservarlo.

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Recurso de apelación

19. El Municipio de La Playa de Belén presentó escrito de 22 de noviembre de
202419 por medio del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida en primera instancia con fundamento en los siguientes argumentos:

El predio en el que se ubica la “Casa de Cate” es de propiedad de PNN

19.1. Señaló que el predio identificado con matrícula inmobiliaria 270-15344
pertenece a Parques Nacionales Naturales, entidad que ejerce su administración,
uso y disposición.

19.2. Sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2350 del Código
Civil es obligación del propietario velar por el mantenimiento y conservación del bien
para prevenir daños o riesgos.

19.3. Adujo que de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 2.3.1.1. del
Decreto 2358 de 26 de diciembre de 201920, corresponde al propietario del bien de
interés cultural realizar el mantenimiento adecuado con el fin de asegurar su
conservación.

19.4. Expuso que, aunque el bien fue declarado Bien de Interés Cultural del ámbito
municipal, mediante el Decreto 011 de 2023, esa condición no traslada
automáticamente la responsabilidad de su mantenimiento al Municipio.

Afectación del paisaje y riesgo de integridad cultural

19.5. Afirmó que en la sentencia apelada no se analizó de manera suficiente la
conducta de Parques Nacionales Naturales que, de acuerdo con lo probado en el
proceso, incumplió su deber de proteger el bien de valor cultural y patrimonial, al
construir edificaciones modernas adyacentes al inmueble que afectan el paisaje y
ponen en riesgo la integridad cultural del área.

19.6. Manifestó que las nuevas construcciones realizadas por Parques Nacionales
Naturales contravienen lo previsto en la Ley 397 de 1997, la Ley 1185 de 2008 y el
Decreto 2358 de 2019, que imponen a los propietarios de bienes de interés cultural
la obligación de adoptar medidas de mantenimiento, conservación y restauración.

19 Cfr. índice 129 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
176_MemorialWeb_Recurso-6RECURSODEAPELACI(.pdf) NroActua 129 […]”.
20 “[…] Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial […]”.

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Desproporción de la medida cautelar

19.7. Sostuvo que el Tribunal modificó de manera desproporcionada la medida
cautelar, toda vez que impuso la obligación de realizar acciones inmediatas con el
objeto de detener el colapso del inmueble únicamente al Municipio, cuando el
propietario del inmueble es Parques Nacionales Naturales, autoridad que debe
asumir la carga de las intervenciones necesarias.

Concesión del recurso de apelación

20. La magistrada sustanciadora del Tribunal profirió auto de 10 de febrero de
202521, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por el
Municipio de La Playa de Belén contra la sentencia proferida en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

21. El despacho sustanciador profirió auto de 31 de marzo de 202522 mediante
el cual admitió el recurso de apelación referido y ordenó notificar a las partes e
intervinientes.

22. Mediante auto de 5 de agosto de 202523, el despacho sustanciador decretó
la solicitud probatoria presentada por el Municipio de La Playa de Belén en el
recurso de apelación.

23. El despacho sustanciador profirió auto de 15 de septiembre de 202524,
mediante el cual corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

24. La UNGRD25; el Municipio de La Playa de Belén26; el Departamento de Norte
de Santander27, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales
Naturales28 y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes29, en síntesis,

21 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
“[…] 3ED_AutoConcede(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
22 Cfr. índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
14Autoqueadmite_APa202212002BeatrizE(.pdf) NroActua 10 […]”.
23 Cfr. Índice 20 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
21Autoquedecret_APa202212002BeatrizE(.pdf) NroActua 20 […]”.
24 Índice 32 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
32Autoquecorre_APa202212002BeatrizE(.pdf) NroActua 32 […]”.
25 Cfr. Índice 40 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 44_MemorialWeb_Alegatos-

2025EE17015Alegato(.pdf) NroActua 40 […]”.
26 Índice 41 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 46_MemorialWeb_Alegatos-

20ALEGATOSDECONCL(.pdf) NroActua 41 […]”.
27 Cfr. Índice 43 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 49_MemorialWeb_Alegatos-

ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 43 […]”.
28 Cfr. Índice 44 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 50_MemorialWeb_Alegatos-

ALEGATOS202200120(.pdf) NroActua 44 […]”.
29 Cfr. Índice 45 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 51_MemorialWeb_Alegatos-

Alegatosdeconclusi(.pdf) NroActua 45 […]”.

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reiteraron los argumentos de defensa expuestos en las respectivas contestaciones
de la demanda.

25. El Ministerio Público y los demás sujetos procesales guardaron silencio en
esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

26. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de
la Nación; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia
para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201930, sobre la distribución de asuntos entre las
secciones del Consejo de Estado; y en el artículo 15031 de la Ley 1437, sobre
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, se precisa que esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

28. Asimismo, de conformidad con los artículos 32032 y 32833 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201234, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones
a los cuales se contrae el recurso interpuesto por el Municipio de La Playa de Belén.

30 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del

Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
31 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.

32 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
33 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
34 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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29. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

30. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

30.1. Si el hecho de que un bien inmueble, que fue declarado de interés cultural
del ámbito municipal, se encuentre en un predio de propiedad de una entidad
pública del orden nacional impide al Municipio realizar obras de restauración,
conservación o preservación sobre el inmueble.

30.2. Si es cierto que existe afectación paisajística y riesgo de integridad cultural
por el hecho de que Parques Nacionales Naturales realizó una construcción
adyacente al inmueble declarado de interés cultural, si la nueva construcción se
aparta del diseño arquitectónico que caracteriza a la primera.

30.3. Si la orden impartida en el auto que decreta una medida cautelar en un
proceso de acción popular puede modificarse y mantenerse en la sentencia que
pone fin al proceso.

30.4. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 7 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Norte de Santander.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

31. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

32. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “[…]
los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

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33. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.

34. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

35. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”35.

36. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472
de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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El derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación

37. Con el propósito de defender el patrimonio cultural, la Constitución Política
dedica un amplio espacio a la protección de la cultura como pilar fundamental del
Estado, que requiere especial protección, fomento y divulgación por parte de las
autoridades públicas e incluso por los particulares.

38. Así, la cultura está amparada por lo que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional36 ha denominado la “Constitución Cultural”; esto es, el conjunto de
disposiciones contenidas en la Carta Política que protegen la cultura, su diversidad
y el patrimonio cultural como valores esenciales de la Nación.

39. El fundamento constitucional relacionado con la cultura se evidencia en: i) el
artículo 2, que señala como fin esencial del Estado facilitar la participación de todos
en la vida cultural de la Nación; ii) los artículos 7 y 8, que le imponen al Estado el
deber de proteger la diversidad y las riquezas culturales de la Nación; iii) el artículo
44, que define la cultura como un derecho fundamental de los niños; iv) el artículo
67, que reconoce la educación como un derecho que busca afianzar los valores
culturales de la Nación; v) el artículo 70, que obliga al Estado a promover y fomentar
el acceso a la cultura de los colombianos, y que reconoce la cultura en sus diversas
manifestaciones como fundamento de la nacionalidad; vi) el artículo 71 que también
le impone al Estado la obligación de crear incentivos para fomentar las
manifestaciones culturales; vii) el numeral 8 del artículo 95 que señala como uno de
los deberes de la persona y el ciudadano la protección de los recursos culturales y
naturales; y viii) los artículos 311 y 313, numeral 9, que encomiendan de manera
especial a los municipios, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

40. Ahora bien, en lo que tiene que ver específicamente con la defensa del
patrimonio cultural, el artículo 72 ibidem prevé que el Estado debe protegerlo y
resalta que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la
identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.

41. En desarrollo de los mandatos constitucionales referidos, el legislador expidió
la Ley 397 de 7 de agosto de 199737, disposición que con las modificaciones

36 Corte Constitucional, sentencia C-082 de 12 de febrero de 2014, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
37 “[…] Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución

Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de
la Cultura y se trasladan algunas dependencias […]”.

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introducidas por la Ley 1185 de 12 de marzo de 200838, definió los objetivos de la
política estatal en materia de protección al patrimonio cultural y arqueológico de la
Nación.

42. En el artículo 1 de la Ley 397 de 1997 se definió la cultura como “[…] el
conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales
que caracterizan a los grupos humanos y comprende, más allá de las artes y las
letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y
creencias […]”.

43. En concordancia, el artículo 4 ejusdem estableció la forma como se integra
el patrimonio cultural de la Nación, definiendo que se encuentra constituido por “[…]
todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana,
tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades
indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje
cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de
naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial
interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el
plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical,
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o
antropológico […]”. (Destacado fuera de texto).

44. Asimismo, la disposición en cita precisó los objetivos principales de la política
estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación, indicando que éstos se
concentran en la salvaguardia, protección, recuperación, conservación,
sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio
de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

45. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, el artículo 4 ejusdem dispuso que
se aplica a los bienes del patrimonio cultural de la Nación que sean declarados como
bienes de interés cultural, en el caso de bienes materiales, y para las
manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural
Inmaterial, conforme a los criterios de valoración y los requisitos que reglamente
para todo el territorio nacional el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

46. Corolario de lo anterior, la preceptiva señaló que se consideran como bienes
de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, o de

38 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras
disposiciones”.

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los territorios indígenas o de las comunidades negras y, en consecuencia, quedan
sujetos al respectivo régimen de tales, los bienes materiales declarados como
monumentos, las áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica,
conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con anterioridad a la
promulgación de la ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por las autoridades
competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento territorial.
Asimismo, consideró como bienes de interés cultural del ámbito nacional los bienes
del patrimonio arqueológico.

47. En relación con la propiedad del patrimonio cultural de la Nación, señaló el
mismo artículo 4 que los bienes que lo conforman y los bienes de interés cultural,
pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades públicas de cualquier
orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado, haciendo la salvedad
que los bienes que conforman el patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y
se rigen por las normas especiales sobre la materia.

48. En referencia a la declaratoria de bienes de interés cultural, el artículo 8 de
la Ley 397 de 1997, dispuso que a las entidades territoriales, con base en los
principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la
declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito
departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las
comunidades negras, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades
respectivas, previo concepto favorable del correspondiente Consejo
Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio
Cultural en el caso de los distritos. Ello, sin perjuicio de que los bienes antes
mencionados puedan ser declarados bienes de interés cultural del ámbito Nacional
por el Ministerio, en coordinación con el respectivo Consejo Departamental o
Distrital de Patrimonio Cultural, sobre los valores del bien de que se trate.

49. El artículo 8 de la Ley 397 de 1997 también dispuso que son bienes de
interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial los
declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales,
municipales, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras, en el
ámbito de sus competencias, en atención al interés especial que el bien
revista para la comunidad en una división territorial determinada.

50. En concordancia, el artículo 8 de la Ley 397 de 1997 dispuso que para la
declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de
coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal y de

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los territorios indígenas, previendo a su vez que los planes de desarrollo de las
entidades territoriales deben tener en cuenta los recursos para la conservación y la
recuperación del patrimonio cultural.

51. Finalmente, el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 fijó el Régimen Especial de
Protección al que están sometidos los bienes de interés cultural.

Análisis del caso concreto

52. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander mediante sentencia de 7 de
noviembre de 2024 accedió a las súplicas de la demanda, amparó los derechos
colectivos a la defensa del patrimonio cultural de la Nación y a la moralidad
administrativa, sin embargo, respecto de este último derecho colectivo el Tribunal
en la parte considerativa de la providencia apelada indicó que no se acreditó su
vulneración.

53. El Tribunal ordenó al Municipio de La Playa de Belén y a Parques Nacionales
Naturales realizar las gestiones presupuestales, administrativas y contractuales
tendientes a la ejecución de las obras necesarias para la restauración, conservación
y preservación del inmueble conocido como “La Casa de Cate”. Asimismo, modificó
la medida cautelar decretada en el trámite del proceso y ordenó al Municipio, de
manera inmediata, llevar a cabo las acciones mínimas que detengan el colapso del
bien de interés cultural.

54. Contra la sentencia proferida por el Tribunal, el Municipio de La Playa de
Belén presentó recurso de apelación que fundamentó, en síntesis, en tres
argumentos: i) el predio en el que se ubica el bien de interés cultural del ámbito
municipal es de propiedad de Parques Nacionales Naturales, por lo que, a juicio del
Municipio la responsabilidad del mantenimiento y conservación del inmueble recae
en esa entidad; ii) Parques Nacionales Naturales afectó el paisaje y generó un
riesgo sobre la integridad cultural al construir nuevas edificaciones adyacentes al
bien de interés cultural del ámbito municipal; y iii) la modificación de la medida
cautelar decretada en primera instancia fue desproporcionada, al impartir la orden
solamente al Municipio.

55. La Sala estudiará los argumentos expuestos en el recurso de apelación
interpuesto por el Municipio de La Playa de Belén en el siguiente orden: i) Lo
probado en el proceso; ii) la responsabilidad del Municipio en la vulneración del
derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación; iii) la presunta
afectación al paisaje y a la integridad cultural; y iv) la proporcionalidad de la medida

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cautelar. Asimismo, la Sala, de oficio, estudiará v) la conformación del Comité de
Verificación de cumplimiento de la sentencia.

Lo probado en el caso concreto

56. Con el objeto de determinar en el caso concreto si está demostrada la
amenaza o vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de
la Nación, es necesario analizar el material probatorio allegado al expediente, del
cual la Sala destaca las siguientes pruebas:

57. Copia del acta de reunión del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural
del día 1 de diciembre de 2022 en la que se indicó lo siguiente39:

“[…] 5. Propuesta declaratoria de la "Casa del antiguo predio Quebrada La Vaca"
del área Natural de los Estoraques: "Estudiar solicitud como ciudadanos de La
Playa de Belén, en cuanto a la emisión de concepto favorable a la propuesta de
declaratoria..." Tratado el tema en cuestión con la información aportada, los
miembros del Consejo en Pleno dan concepto Favorable toda vez que trasciende
el valor patrimonial histórico por el año de construcción, materiales en que fue
construida y porque forma parte de la memoria colectiva del Municipio y del
Departamento. Además, invita al Municipio de La Playa a conservar la casa como
Bien de Interés Cultural para evitar acciones en detrimento de la Casa y su entorno
[…]”. (Destacado fuera de texto).

58. Copia del escrito de 5 de diciembre de 202240 suscrito por el alcalde municipal
de La Playa de Belén en el que informa el número de matrícula del predio.

59. Copia del escrito de 6 de febrero de 202341 emitido por la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos mediante el cual remite el certificado de tradición y libertad
del predio identificado con matrícula inmobiliaria 270-15344, en el que se observa
en la anotación 9, de 6 de junio de 2013, el registro de la transferencia de dominio
de bienes fiscales a favor de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

60. Copia del Decreto 011 de 21 de febrero de 2023 expedido por la alcaldía del
municipio de La Playa de Belén “[…] Por el cual se declara un inmueble como bien
de interés cultural del ámbito municipal y se establecen parámetros de protección
[…]”, en el que se dispuso lo siguiente42:

39 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
63_ED_62CONTESTACIONDEPART(.pdf) NroActua 27 […]”.
40 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

27_ED_26RESPUESTAALCALDIAL(.pdf) NroActua 27 […]”.
41 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

32_ED_31RESPUESTAORIPOCANA(.pdf) NroActua 27 […]”.
42 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

63_ED_62CONTESTACIONDEPART(.pdf) NroActua 27 […]”.

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“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la casa icónica de los Estoraques o Casa
del predio Quebrada la Vaca del Área Natural Única los Estoraques, como Bien
de Interés Cultural BIC del ámbito municipal.

ARTÍCULO SEGUNDO: El área afectada del Bien, es la correspondiente al área
total del inmueble conformada por las antiguas zonas sociales y privadas,
constituidas por corredor, sala, cocina y aposentos.

ARTÍCULO TERCERO: EI área de influencia del inmueble corresponde al área
total del predio Quebrada la Vaca, del Área Natural Única los Estoraques.

ARTÍCULO CUARTO: Toda intervención tipo mantenimiento, adecuación,
restauración y remodelación, deberá contar con el concepto favorable de la
Dirección Municipal de Cultura, o Secretaría Municipal de Cultura; a través de un
profesional de esta dependencia, que tenga título profesional en restauración o
conservación del patrimonio cultural inmueble; o por un profesional que con igual
formación específica, sea asignado para el caso de manera temporal, por la
dependencia, para la revisión y/o aprobación del proyecto.

Parágrafo 1: Quien adelante obras de demolición o intervención sin el previo
concepto de la Dirección o Secretaría Municipal de Cultura, será sujeto de las
sanciones de que trata el Artículo 10 de la Ley 1185 de 2008 que modifica el artículo15
de la ley 397 de 1997 y el Artículo 18 del Decreto 2358 de 2019.

Parágrafo 2: Las obras de mantenimiento que requiere el inmueble, corresponde a
oficios que fueron practicados por la comunidad hasta el siglo XX y que siguen en el
conocimiento de las generaciones mayores. Por tanto, las actividades de
reforzamiento de muros mediante maneras estructurales y reemplazo de encañado,
barro, sobre barro, pañetes de mezcla real, reparaciones de maderas de estructura
de cubierta y empajes son de fácil realización; que podría ser practicado por estas
personas con la orientación previa del procedimiento a ejecutar, por parte del
profesional en Patrimonio Cultural inmueble.

Parágrafo 3: Ante el estado del inmueble, la Unidad Administrativa Especial
Parques Nacionales de Colombia, deberá en la brevedad del tiempo gestionar
acciones de mantenimiento y restauración del inmueble, para evitar la pérdida de
este patrimonio cultural del municipio y la Nación. La Dirección Municipal de Cultura
estará atenta a ofrecer sus orientaciones y atender las respectivas solicitudes de
apoyo.

ARTÍCULO QUINTO: Informar y solicitar a la Oficina de Registro de Instrumentos
públicos competente; la inscripción del bien inmueble casa del antiguo predio
Quebrada la Vaca, identificado con el número predial 00 01 002 0007 000 y matricula
inmobiliaria 270-15344; parte actual integral del Área natural única los Estoraques;
como Bien de Interés Cultural BIC del ámbito municipal, dentro de sus respectivos
Folios de Matrícula Inmobiliaria.

ARTÍCULO SEXTO: Comunicar de la declaratoria del bien inmueble, como Bien de
Interés Cultural BIC, al Consejo Departamental de Patrimonio, a la Dirección de
Patrimonio del Ministerio de Cultura y al respectivo propietario Parques Nacionales
Naturales de Colombia.

Parágrafo 1: Hace parte integral de este Decreto, el respectivo documento técnico
de postulación en 3 folios y el respectivo concepto favorable del Consejo
Departamental de Patrimonio, en un folio.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Vigencia: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las normativas que se lean contrarias […]”.

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61. Copia del escrito de 31 de marzo de 202343 suscrito por la coordinadora del
Grupo de Investigación y Documentación de la Dirección de Patrimonio y Memoria
del Ministerio de Cultura en el que indica que “[…] revisado el listado de consulta de
bienes de interés cultural del ámbito nacional, BICN, competencia del Ministerio de
Cultura, se evidencia que el predio denominado Casa de Cate ubicado en el Área
Natural los Estoraques en el municipio de playa de Belén – Norte de Santander, no
cuenta con dicha declaratoria, no es colindante, ni se encuentra en zona de
influencia de algún BICN […]”.

62. Dictamen pericial rendido por la arquitecta Jenny Vargas Sánchez, en el cual
se valoró el estado de la vivienda y a su vez se recomendó que tipo de
intervenciones debían realizarse para su conservación, del cual se destacan los
siguientes apartes44:

Respecto de las acciones para conservar el inmueble

“[…] • “Mantenimiento de cubierta. Se requiere el reemplazo total de la paja por
una nueva, de acuerdo con el conocimiento local de las personas que realizan esta
actividad, tanto para el corte del material como para su instalación. La estructura de
madera se debe revisar y hacer el reemplazo de los elementos que presenten
alto deterioro, como la viga del corredor. Las cañas que soportan las tejas de barro
se observan en buen estado, sin embargo, en caso de requerirse se deben
reemplazar por el mismo material.

• Restitución de muros. En el espacio de la esquina sur occidental, se requiere el
desmonte de los elementos parcialmente colapsados y realizar la
reconstrucción de estos elementos en el mismo sistema, es decir en bahareque.
Para esto, se recomienda utilizar maderas, cañas y tierra de la misma calidad, la cual
corresponde a los materiales que se encuentran en la zona.

• Adecuación de las instalaciones eléctricas. Revisar las conexiones y el
cableado existente, así como los puntos de conexión que se requieran para poner
en servicio el inmueble, de manera que se realice una nueva instalación o adecuación
de la existente, buscando mejorar las condiciones de protección y calidad de las
conexiones.

• Mantenimiento de áreas exteriores. Es necesario realizar el retiro de las tejas
que están acumuladas en la zona posterior […], porque se convierten en una
condición propicia para acumulación de humedad en la base de los muros, lo
que puede conducir a una falla grave del bahareque por pérdida de material y
pudrición de la madera. Teniendo en cuenta que no hay un andén perimetral, es
importante que el contorno de la casa se mantenga limpio, despejado y en lo posible
con una zanja que ayude a evacuar el agua lluvia hacia el frente, que es la zona más
baja del terreno.

• Poda de árboles. Es importante realizar una poda regular de los árboles que se
encuentran alrededor y procurar además hacer un mantenimiento constante de la

43 Cfr. Índice 27 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
39_ED_38RESPUESTAMINISTERI(.pdf) NroActua 27 […]”.
44 Cfr. Índice 94 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…] Memorial-

Respuesta requerimiento - Universidad Nacional- Peritaje (.pdf) NroActua 94 […]”.

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cubierta, con el fin de que no se genere acumulación de hojas y ramas, dado
que eso contribuye a la pudrición de la paja.”

Frente a la valoración del inmueble:

“[…] En mi concepto, es una singular característica en relación con la
arquitectura de la vivienda rural del país, donde se pueden encontrar viviendas
con teja de barro o con paja, pero no ésta particular combinación. En posterior
visita al Museo de la Ciudad de Ocaña “Antón García de Bonilla”, encontré dos
ilustraciones de Eusebio Posada Rincón, que muestran claramente esta condición
que representa para mí un mestizaje de la arquitectura indígena con la española.

[…] Representatividad local del inmueble. Son pocas las artesanías a la venta en
el pueblo, por lo cual llama la atención que además de elementos que aluden a la
arquitectura y a los estoraques, se encuentran elementos como los que se presentan
en las siguientes imágenes, que reflejan el reconocimiento y valor que tiene la
Casa de Cate en la memoria de los habitantes del municipio.

Imagen 12. Óleo pequeño formato, pintado y enmarcado. Elaborado por artista local, Pérez.
Foto: J. Vargas, 11/06/24

Imagen 13. Artesanía de cerámica que muestra la casa de Cate y los estoraques. Colección
de objetos Hotel Posada Marmacrisli. Foto_ J. Vargas, 11/06/24 […]”.

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El dictamen concluye:

“[…] El inmueble conocido como Casa de Cate es de valor cultural y patrimonial
para el municipio de La Playa de Belén y el Área Natural Única de Los
Estoraques, en tanto constituye un referente de la arquitectura tradicional de
esta región. Se encuentra en regular estado, por lo cual se requieren acciones
prioritarias para su conservación, entre las cuales se destacan el
mantenimiento de la cubierta y la reconstrucción de los muros que han
colapsado parcialmente sirva tanto para la formación de otros trabajadores locales
y personal de mantenimiento, como para realizar procesos de divulgación con la
comunidad, en aras de la apropiación cultural del inmueble […]”.

63. En la audiencia de contradicción del dictamen pericial que se celebró el día
17 de septiembre de 2024 la auxiliar de la justicia sostuvo lo siguiente45:

“[…] sí hay un estado del inmueble, un estado de conservación que es regular,
que es deficiente en la medida que parte no la totalidad, pero parte de la paja que
cubre el techo del área principal del inmueble está construido con paja como material
local que de hecho, me llamó mucho la atención porque es un material que utilizan
tradicionalmente me lo explicaban para cubrir los cultivos de cebolla y que son, pues
como las partes también de la tradición del patrimonio de la región, con las cebollas
ocañeras […] Entonces, hay puntos en que es normal que se produzca ese
deterioro […] hay partes de ese techo donde ya la paja no está y está
permitiendo el ingreso de agua directo y de humedad y eso pues termina
derivando en mayor deterioro de la estructura de madera que soporta la
cubierta.

También hay otro punto de daño importante, que es hacia la zona posterior del
inmueble donde hay un colapso parcial de una parte de los muros de 2 muros
que cierran un área que yo presumo que podría haber sido la cocina durante el
tiempo de uso del inmueble, que son 2 muros en bareque, el bareque es una
construcción sencilla y tradicional, con postes de madera, varas de caña y un relleno
embutido de tierra. […] Entonces hay un riesgo allí, porque no hay en este
momento elemento de soporte de esa parte del techo, pero pues realmente, el
resto de la casa está en una relativa buena condición, hay daños puntuales en
algunos elementos, en algunas piezas de madera en algunos elementos que han
fallado por deterioro natural también de los materiales. Y otro punto […] lo que tiene
que ver con las instalaciones eléctricas, que sí representan un riesgo importante
porque hay pues básicamente, conexiones hechas de manera improvisada,
precaria y pues en un inmueble con techo de paja el riesgo de corto, una chispa
en cables que no estén bien canalizados pues realmente es un riesgo alto. Y las
instalaciones sanitarias que pues hay unas baterías de baño al interior, que
prácticamente están ocupando buena parte del área de la construcción que me
comentaban, se adaptó cuando era la construcción, pues que había prácticamente
para el servicio del parque, pero que hoy no están siendo funcionales porque ya el
parque tiene unas áreas nuevas de soporte y realmente estas baterías de baño que
están al interior del inmueble podrían retirarse y recuperar un poco el uso del
inmueble, que también, pues me parece que es el punto importante aquí, y es que los
inmuebles tienen un deterioro más acelerado.

[…]

Entonces, en términos del estudio de vulnerabilidad sísmica, yo no puedo emitir
concepto específicamente en ese sentido, digamos que técnicamente,
profesionalmente no puedo hacerlo porque es un campo específico de las estructuras,
yo lo evalúo desde el conocimiento de la técnica y de la configuración constructiva

45Cfr. Índice 117 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
165LinkAudiencia_LinkAudTaNspdf(.pdf) NroActua 117 […]”.

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que tiene el inmueble, pero no podría tener esa responsabilidad especificada del
concepto en materia de estabilidad. Sí, los arquitectos evaluamos también la
patología del inmueble, la patología constructiva del inmueble y por ello, en mi
concepto el inmueble no está presentando un riesgo estructural en este
momento.

Riesgo, por supuesto, el área de los muros que no están, pues que ya
colapsaron cierto, o sea, en esa área hay una zona de riesgo específica, porque
básicamente si no hay soporte, el techo no tiene en que apoyarse, si no hay
muros, el techo no tiene soporte, entonces, por supuesto que allí hay un riesgo
estructural, hay un riesgo de colapso.

Una parte del inmueble y lo demás, está asociado a las maderas que presentan fallas
y al riesgo que se va a seguir generando. Y si no se controla la entrada de agua,
pues el riesgo va a seguir.

[…]

Sí, la intervención del inmueble es urgente, especialmente porque estamos en un
tiempo seco, de escasas lluvias, pero en el momento en que regrese la condición de
esta zona relativamente seca, pero el riesgo está en periodo de lluvias, un periodo
ante lluvias si la cubierta no está en buen estado y los muros, que es necesario
reconstruir, no se han levantado, va a permitir mayor entrada de agua, yo llamaba la
atención sobre un depósito de tejas que está en la parte posterior del muro, si eso no
se quita, como que todos los factores, los agravantes que tienen este momento,
el estado de conservación del inmueble están asociados fundamentalmente a
la humedad.

Entonces, si no hay una corrección previa, una temporada de lluvias,
seguramente el estado de la edificación va a empeorar y de todas maneras,
progresivamente se acelera […] su daño, es por el punto más crítico de la
construcción con tierra, que es el techo y la base, son los puntos críticos […]”.
(Destacado fuera de texto).

64. Copia del escrito de 8 de octubre de 2024 suscrito por la directora de
Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y
dirigido a PNN, que tiene por asunto “[…] Solicitud de información – Inmueble
localizado en el “Área Natural Única Los Estoraques” ubicado en el municipio de La
Playa de Belén […]”, en el que se indicó lo siguiente:

“[…] La Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura le informa
que, el día 30 de agosto de 2024 en la jornada de la mañana se realizó una visita
técnica al Área Natural Única los Estoraques, con el objetivo de verificar el
estado de conservación del inmueble reconocido como ¨Casa icónica de los
estoraques o Casa predio Quebrada la Vaca¨. La visita en mención fue adelantada
por las profesionales: Angela Cely y Juliana Dávila.

Al respecto, esta Dirección atentamente le presenta las siguientes consideraciones:

1. Mediante la Resolución No. 928 del 25 de julio de 2005 el Centro Histórico
del Municipio de La Playa de Belén fue declarado Bien de Interés Cultural del
Ámbito Nacional.

2. Mediante la Resolución No. 1815 de junio de 2015 se aprueba el Plan
Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de La Playa de Belén
(Norte de Santander), declarado bien de interés cultural del ámbito nacional.

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3. El inmueble referido en el asunto, no se encuentra ubicado dentro del
área afectada o la zona de influencia delimitada por el Plan Especial de
Manejo y Protección -PEMP- del Centro Histórico del Municipio, ni cuenta
con declaratoria individual como Bien de Interés Cultural del ámbito
Nacional.

Si bien, el inmueble no cuenta con declaratoria individual como Bien de Interés
Cultural del ámbito Nacional, ni se encuentra ubicado en el área afectada o zona de
Influencia del Centro Histórico del municipio de La Playa de Belén, durante la visita
realizada al centro histórico, la secretaría de planeación informó a las
profesionales, que el inmueble del asunto fue declarado Bien de Interés Cultural
del ámbito municipal mediante Decreto Municipal No. 011 del 21 de febrero del
202346.

De acuerdo con lo anterior y según lo previsto en el Artículo 4°. Integración del
patrimonio cultural de la Nación de la Ley 1185 de 200847, el inmueble en
mención se encuentra cobijado por el régimen especial de salvaguardia,
protección, sostenibilidad, divulgación y estímulo para los bienes del
patrimonio cultural.

En tal sentido, a continuación, se presentan algunas consideraciones y el informe
técnico de la visita, así:

▪ Se evidencia que el inmueble del asunto se encuentra en regular estado
de conservación por falta de mantenimiento y falta de uso, presentando
algunos desplomes parciales de la estructura muraria en bahareque,
específicamente del espacio sobre la fachada lateral del costado sur.

Ilustración 1: Registro fotográfico del Estado de conservación del inmueble denominado
¨Casa icónica de los estoraques o Casa predio Quebrada la Vaca¨ Fecha: 30-8-2024.

▪ El inmueble presenta regular estado de la conservación de la paja que
conforma la cubierta y regular estado de conservación de elementos
puntuales de madera en los cuales se evidencian afectaciones visibles
como pudrición o desarrollo de hongos xilófagos por el ingreso de aguas
lluvias.

46 “Por el cual se declara un inmueble como Bien de Interés Cultural del ámbito municipal y se establecen

parámetros de protección”.
47 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura – y se dictan otras

disposiciones”.

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Adicionalmente, durante la visita de inspección ocular se identificó la
construcción de dos (2) edificaciones ubicadas a los costados norte y sur del
inmueble, que según lo informado por el personal que atendió la visita, son de
construcción reciente. Estas edificaciones alteran las condiciones paisajísticas
del inmueble al encontrarse muy próximas al inmueble del asunto.

Ilustración 2: Registro fotográfico del entorno del inmueble denominado ¨Casa icónica de
los estoraques o Casa predio Quebrada la Vaca¨ Fecha: 30-8-2024.

Según lo definido en el Documento técnico de Soporte, documento que hace
parte integral de la resolución que aprueba el Plan Especial de Manejo y
Protección del Centro Histórico del Municipio de La Playa de Belén, para el
tratamiento ambiental del Parque los Estoraques se establecen criterios de
manejo paisajístico los cuales se precisan y desarrollan a partir de los
proyectos propuestos como los que se señala a continuación:

1. Crear una portada en el acceso principal al parque Los Estoraques, que
indique la llegada a este importante espacio natural. Se puede lograr con el
manejo de cambio de pisos en la vía, con marcación en los costados de la
misma, con vegetación y formar una estructura de acceso con árboles
estructurantes.

2. Restauración de Caminos, senderos y miradores.

3. Recuperar y manejar el espacio hidráulico de la quebrada La Vaca, en el
acceso al Parque de Los Estoraques.

4. Restauración de espacios abiertos en el parque en la zona de centro de
información y capacitación.

5. Implementar zonas ajardinadas y espacios de descanso intermedios en los
recorridos.

6. Los planes de restauración y manejo del parque deben enfocarse hacia una
integración paisajística, la cual hace relación a la armonía que debe guardar la
actividad turística con su entorno natural, brindando accesibilidad, confort al
usuario. Lo natural no debe ser sinónimo de agreste e impenetrable, cuando se
busca que el sitio sea recorrido y conocido por la población visitante.

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7. Recuperación morfológica de los suelos de borde de la zona del cementerio.
Trabajar en el socavamiento que sufre el camino a este. Controlar la erosión y
pérdida de suelos del borde.

8. Mejoramiento e incremento de la vegetación propicia para establecimiento de
corredores biológicos de avifauna.

[…]

Una vez presentadas las anteriores consideraciones, se destaca que es
responsabilidad de los poseedores, tenedores o propietarios mantener los
inmuebles de su propiedad en buen estado de conservación. Asimismo, se
precisa que las entidades territoriales en lo de su competencia, están investidas
de funciones policivas para la imposición y ejecución de medidas, multas,
decomisos definitivos y demás sanciones establecidas en la ley, que sean
aplicables según el caso […]”. (Destacado fuera de texto).

65. La Sala destaca que de acuerdo con el material probatorio allegado al
expediente se encuentra acreditado con el concepto favorable emitido por el
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Norte de Santander que el
inmueble conocido como “La Casa de Cate” o “Casa predio Quebrada La Vaca”,
ubicado en el Área Natural Única Los Estoraques en el Municipio de La Playa de
Belén, “[…] trasciende el valor patrimonial histórico por el año de construcción,
materiales en que fue construida y porque forma parte de la memoria colectiva
del Municipio y del Departamento […]”.

66. El anterior concepto fue determinante para que el Municipio de La Playa de
Belén, mediante el Decreto 011 de 21 de febrero de 2023, declarara la construcción
como bien de interés cultural del ámbito municipal.

67. Asimismo, se demostró que el predio en el que se ubica el bien de interés
cultural del ámbito municipal pertenece a Parques Nacionales Naturales, sin que el
precitado bien haya sido declarado BIC de la Nación o se encuentre en la zona de
influencia del Centro Histórico de La Playa de Belén que si tiene una declaratoria de
protección del orden nacional.

68. Adicionalmente, con el dictamen pericial practicado en el trámite de la primera
instancia, se demostró que el bien de interés cultural del ámbito municipal
denominado “La Casa de Cate” tiene importancia arquitectónica, toda vez que “es
un mestizaje de arquitectura indígena con la española”, además de tener
representatividad local, por lo que el dictamen concluyó que “[…] [E]l inmueble
conocido como Casa de Cate es de valor cultural y patrimonial para el municipio
de La Playa de Belén y el Área Natural Única de Los Estoraques, en tanto
constituye un referente de la arquitectura tradicional de esta región. Se encuentra

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en regular estado, por lo cual se requieren acciones prioritarias para su
conservación, entre las cuales se destacan el mantenimiento de la cubierta y la
reconstrucción de los muros que han colapsado parcialmente sirva tanto para
la formación de otros trabajadores locales y personal de mantenimiento, como para
realizar procesos de divulgación con la comunidad, en aras de la apropiación
cultural del inmueble […]”.

69. La Sala considera que se encuentra demostrada la vulneración del derecho
colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, con ocasión del estado
de deterioro y riesgo de colapso en que se encuentra el bien de interés cultural del
ámbito municipal denominado “La Casa de Cate”, siendo necesario confirmar el
amparo constitucional con el objeto de lograr la conservación y preservación del
bien, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Sobre la responsabilidad del propietario del predio

70. El apoderado judicial del Municipio de La Playa de Belén señaló que de
acuerdo con lo previsto en el artículo 2350 del Código Civil es responsabilidad del
dueño del predio velar por el mantenimiento y conservación del bien. Asimismo, que
según lo previsto en el parágrafo del artículo 2.3.1.1. del Decreto 2358 de 26 de
diciembre de 201948, corresponde al propietario del bien de interés cultural realizar
el mantenimiento adecuado con el fin de asegurar su conservación, sin que esa
responsabilidad se traslade automáticamente al Municipio por el hecho de la
declaratoria de bien de interés cultural del ámbito municipal efectuada mediante el
Decreto municipal 011 de 2023.

71. Frente a la responsabilidad de las entidades accionadas el Tribunal consideró
lo siguiente:

“[…] Así las cosas, teniendo en cuenta las normas citadas y analizado el Decreto 011
del 21 de febrero de 2023 advierte la Sala que la alcaldía municipal de la Playa de
Belén es la entidad sobre quien principalmente recae la responsabilidad de
adoptar medidas pertinentes para la recuperación y conservación del inmueble
denominado “Casa de Cate”, máxime cuando se evidencia que el municipio lo
declaró como un Bien de Interés Cultural del ámbito municipal.

No obstante, se observa que Parques Nacionales Naturales de Colombia se
encuentra en la obligación de coadyuvar con las acciones que se requieran para
garantizar la preservación de la edificación, teniendo en cuenta que son los
propietarios del predio como consta en el certificado de libertad y tradición
allegado a este plenario, adicionalmente reposa un documento emitido por la

48 “[…] Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial […]”.

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mencionada autoridad donde certifica que el predio con número de matrícula N° 270-
15344 (Casa de Cate) se encuentra bajo su cuidado, tenencia, uso y administración.

Conforme a lo expuesto a lo largo de este proveído, entiende el Despacho que en
perspectiva lógica y jurídica se debe acceder a las súplicas de la demanda y
ordenar a la alcaldía municipal de La Playa de Belén y a Parques Nacionales
Naturales de Colombia poner fin a la problemática planteada que vulnera el
derecho al interés colectivo de defensa del patrimonio cultural. Y en
consecuencia deberán realizar todas las gestiones presupuestales,
administrativas y contractuales de acuerdo a la normativa que rige la materia,
para que se inicie la ejecución de las obras necesarias para la restauración,
conservación y preservación del inmueble denominado “Casa de Cate” […]”.
(Destacado fuera de texto).

72. La Sala destaca que el artículo 2350 del Código Civil dispone lo siguiente:

“[…] Art. 2350. El dueño de un edificio es responsable de los daños que ocasione su
ruina, acaecida por haber omitido las reparaciones necesarias, o por haber faltado de
otra manera al cuidado de un buen padre de familia.

No habrá responsabilidad si la ruina acaeciere por caso fortuito, como avenida, rayo
o terremoto.

Si el edificio perteneciere a dos o más personas pro indiviso, se dividirá entre ellas la
indemnización, a prorrata de sus cuotas de dominio […]”.

73. La norma transcrita se encuentra ubicada en el Título XXXIV del Libro Cuarto
del Código Civil, que regula la responsabilidad común por los delitos y las culpas,
esta norma se refiere concretamente a la responsabilidad civil del propietario del
edificio que amenace ruina, por haber omitido las reparaciones necesarias o por
haber faltado al cuidado que se exige a un buen padre de familia.

74. La Sala considera que, si bien la norma transcrita es aplicable en materia de
responsabilidad civil, ese no es el objeto de la acción popular que se analiza en el
caso sub examine, el cual gira en torno a la protección y defensa del patrimonio
cultural de la Nación con ocasión del estado de deterioro y riesgo de colapso en que
se encuentra el bien de interés cultural del ámbito municipal denominado “La Casa
de Cate”.

75. Por su parte, el artículo 1 del Decreto 2358 de 26 de diciembre de 201949,
que modificó el artículo 2.3.1.1. del Título 1 de la parte 3 del Libro 2 del Decreto
1080 de 2015, único Reglamentario del Sector Cultura, dispone lo siguiente:

“[…] ARTICULO 2.3.1.1. Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación.
El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, cuya sigla es SNPCN, está
constituido por el conjunto de instancias públicas de los niveles nacional y territorial
que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los

49 “[…] Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector

Cultura, en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial […]”.

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propietarios, usufructuarios y tenedores; de los bienes del patrimonio cultural de la
Nación y los que ejerzan mismos derechos sobre los bienes de interés cultural,
portadores de las manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, y de las
manifestaciones incorporadas a la lista representativa de patrimonio cultural
inmaterial, así como otras prácticas de patrimonio cultural inmaterial reconocidas en
instrumentos de identificación y sistemas de registro en los distintos ámbitos
territoriales que el Ministerio de Cultura reglamente y sus portadores, por el conjunto
de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación, e Información, y por
las competencias y obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí,
que posibilitan la protección, la salvaguardia, la recuperación, la conservación, la
sostenibilidad y la divulgación del patrimonio cultural de la Nación.

El SNPCN tiene por objeto contribuir a la valoración, la preservación, la
salvaguardia, la protección, la recuperación, la conservación, la sostenibilidad,
la divulgación y la apropiación social del patrimonio cultural de acuerdo con lo
establecido en la Constitución Política y en la legislación en particular, en la Ley
397 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008, y bajo los
principios de descentralización, diversidad, participación, coordinación y
autonomía.

De conformidad con el artículo 5º. de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo
2º de la Ley 1185 de 2008, el SNPCN está bajo la coordinación general del Ministerio
de Cultura, el cual tiene la facultad de fijar normas técnicas y administrativas, a que
deberán sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema, en
consonancia con la ley y con las previsiones del presente decreto.

Para promover la apropiación social del patrimonio cultural, el SNPCN propugnará
implementación de programas y proyectos formativos y de procesos de información
a escala nacional y regional, que incentiven la participación activa de las
comunidades, las instituciones, los entes territoriales, las colectividades y los agentes
culturales en los procesos de valoración y reflexión sobre el patrimonio cultural.

Son sujetos del Sistema Nacional de patrimonio cultural de la Nación: los propietarios,
usufructuarios y tenedores de bienes de interés cultural y las comunidades o
colectividades de las manifestaciones incorporadas a la lista representativa de
patrimonio cultural inmaterial.

Aunque no forman parte del Sistema Nacional de patrimonio cultural de la Nación, los
propietarios de inmuebles colindantes y los que conforman las zonas de influencia de
los bienes de interés cultural deberán cumplir con lo establecido en la normatividad
vigente.

PARÁGRAFO. Respecto a los bienes de interés cultural de naturaleza inmueble
y mueble los propietarios, poseedores, usufructuarios, tenedores y custodios, las
personas naturales o jurídicas que posean bienes de interés cultural o ejerzan su
tenencia, además de las disposiciones generales referentes al patrimonio
cultural deberán cumplir las siguientes obligaciones:

1. Realizar el mantenimiento adecuado y periódico del bien con el fin de
asegurar su conservación.

2. Asegurar que el bien cuente con un uso que no represente riesgo o limitación
para su conservación ni vaya en detrimento de sus valores.

3. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y la
sostenibilidad de los bienes.

4. Solicitar la autorización de intervención ante la autoridad competente que haya
efectuado la declaratoria […]”. (Destacado fuera de texto).

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76. La Sala considera que de acuerdo con lo resuelto por el Tribunal en la
sentencia objeto del presente recurso de apelación, se tuvo en cuenta que el
propietario del inmueble denominado “La Casa de Cate” es Parques Nacionales
Naturales, razón por la cual se declaró a esa entidad responsable de la vulneración
del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

77. Ahora bien, el hecho de que el bien de interés cultural del ámbito municipal
se encuentre en un predio de propiedad de Parques Nacionales Naturales no impide
que se puedan impartir órdenes al Municipio de La Playa de Belén con el objeto de
que, de manera armónica y coordinada, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, realice las acciones necesarias para la
conservación del bien de interés cultural, cuya declaratoria hizo la propia entidad
territorial en el año 2023.

78. Al respecto, esta Sección ha sostenido frente a la responsabilidad de los
municipios en la protección de los bienes de interés cultural del ámbito municipal lo
siguiente50:

“[…] Respecto de los municipios de Acevedo y Suaza, se pone de presente que,
según el artículo 311 superior, ambas entidades territoriales tienen la obligación de
promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.

201. De conformidad con el artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el
artículo 5° de la Ley 1185 de 2008, esos municipios ejercen las funciones de
autoridad cultural respecto de los BIC del ámbito local. Aunado a ello, hacen
parte del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación como tenedores
de los bienes estudiados en este proceso, en los términos del artículo 2.3.1.3. del
Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 2358 de 26 de diciembre de 2019.

202. En consecuencia, son responsables de: (i) realizar el mantenimiento
adecuado y periódico del bien con el fin de asegurar su conservación; (ii)
asegurar que el bien cuente con un uso que no represente riesgo o limitación
para su conservación ni vaya en detrimento de sus valores; y (iii) establecer
mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y la sostenibilidad
de los bienes.

[…]

204. En el componente de cultura, la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 explicó que
los municipios son los encargados de: (i) “[…] fomentar el acceso, la innovación,
la creación y la producción artística y cultural en el municipio […]”; (ii) “[…] apoyar y
fortalecer los procesos de información, investigación, comunicación y formación y las
expresiones multiculturales del municipio […]”; (iii) “[…] apoyar la construcción,
dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural del
municipio y su apropiación creativa por parte de las comunidades […]”; y (iv)
“[…] proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y su adecuada
incorporación al crecimiento económico y a los procesos de construcción
ciudadana […]”. (Destacado fuera de texto).

50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de octubre de

2024, CP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación: 410012333000202000775-01.

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79. De conformidad con lo previsto en el numeral 76.8.3 del artículo 76 de la Ley
715 de 2001, corresponde al Municipio en materia de cultura, entre otras cosas, “[…]
[A]poyar la construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la
infraestructura cultural del municipio y su apropiación creativa por parte de las
comunidades; y proteger el patrimonio cultural en sus distintas expresiones y
su adecuada incorporación al crecimiento económico y a los procesos de
construcción ciudadana […]”.

80. Por otro lado, la Sala considera pertinente precisar que de conformidad con
lo establecido en el artículo 8 de la Ley 397 de 1997, que regula el procedimiento
para la declaratoria de bienes de interés cultural, corresponde a la autoridad
competente, en el caso concreto al Municipio de La Playa de Belén, lo siguiente:

80.1. Incluir el bien en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés
Cultural.

80.2. Definir si el bien requiere o no la adopción de un Plan Especial de Manejo y
Protección – PEMP.

80.3. Someter a consideración del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural
de Norte de Santander el estudio del bien y, a su turno, corresponde al respectivo
Consejo de Patrimonio Cultural emitir el concepto sobre la declaratoria del BIC y
sobre el PEMP, en caso de que este último documento se hubiere presentado para
su estudio.

80.4. Finalmente, con el concepto favorable emitido por el Consejo Departamental
de Patrimonio Cultural, el Municipio debe efectuar la declaratoria de BIC y, en el
mismo acto, debe aprobar el PEMP, solo en caso de que este se requiriera.

81. La Sala destaca que mediante el Decreto 011 de 21 de febrero de 2023, el
Municipio de la Playa de Belén, declaró “[…] la casa icónica de los Estoraques o
Casa del predio Quebrada la Vaca del Área Natural Única los Estoraques, como
Bien de Interés Cultural BIC del ámbito municipal […]”.

82. Asimismo, la Sala resalta que el Municipio, en el marco de sus competencias,
decidió no presentar el PEMP de la “Casa de Cate” para el estudio por parte del
Consejo Departamental de Patrimonio Cultural de Norte de Santander, lo cual se
acredita con el acta de 1 de diciembre de 2022 emitida por el precitado Consejo, en
la que únicamente se dio concepto favorable para la declaratoria del bien de interés
cultural del ámbito municipal, esto es, sin referencia al PEMP.

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83. De la misma manera, el Municipio en el acto de declaratoria tampoco aprobó
un PEMP para el BIC del ámbito municipal de nominado “La Casa de Cate”.

84. No obstante lo anterior, en el artículo cuarto del Decreto 011 de 2023, el
Municipio precisó lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO CUARTO: Toda intervención tipo mantenimiento, adecuación,
restauración y remodelación, deberá contar con el concepto favorable de la
Dirección Municipal de Cultura, o Secretaría Municipal de Cultura; a través de un
profesional de esta dependencia, que tenga título profesional en restauración o
conservación del patrimonio cultural inmueble; o por un profesional que con
igual formación específica, sea asignado para el caso de manera temporal, por
la dependencia, para la revisión y/o aprobación del proyecto.

Parágrafo 1: Quien adelante obras de demolición o intervención sin el previo
concepto de la Dirección o Secretaría Municipal de Cultura, será sujeto de las
sanciones de que trata el Artículo 10 de la Ley 1185 de 2008 que modifica el artículo15
de la ley 397 de 1997 y el Artículo 18 del Decreto 2358 de 2019.

Parágrafo 2: Las obras de mantenimiento que requiere el inmueble, corresponde a
oficios que fueron practicados por la comunidad hasta el siglo XX y que siguen en el
conocimiento de las generaciones mayores. Por tanto, las actividades de
reforzamiento de muros mediante maneras estructurales y reemplazo de
encañado, barro, sobre barro, pañetes de mezcla real, reparaciones de maderas
de estructura de cubierta y empajes son de fácil realización; que podría ser
practicado por estas personas con la orientación previa del procedimiento a
ejecutar, por parte del profesional en Patrimonio Cultural inmueble.

Parágrafo 3: Ante el estado del inmueble, la Unidad Administrativa Especial
Parques Nacionales de Colombia, deberá en la brevedad del tiempo gestionar
acciones de mantenimiento y restauración del inmueble, para evitar la pérdida
de este patrimonio cultural del municipio y la Nación. La Dirección Municipal de
Cultura estará atenta a ofrecer sus orientaciones y atender las respectivas
solicitudes de apoyo […]”. (Destacado fuera de texto).

85. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que si bien el Municipio
de La Playa de Belén, como autoridad competente para la declaratoria del BIC del
ámbito municipal, optó por no presentar ni aprobar un PEMP para “La Casa de
Cate”, sí precisó en el artículo cuarto la forma en que se deben hacer las
intervenciones de mantenimiento, adecuación, restauración y remodelación del
precitado bien. De tal manera que en el caso bajo estudio la forma en que debe
protegerse del BIC se expuso en el acto de declaratoria.

86. No obstante lo anterior, la Sala destaca que, en caso de que al momento
del cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia sea necesario
la adopción de un PEMP, corresponderá a Parques Nacionales Naturales en
calidad de propietario del BIC denominado “La Casa de Cate”, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 2.4.1.1.2, sobre las competencias para la formulación de los
PEMP, formular este instrumento de gestión para garantizar la protección,

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conservación y sostenibilidad del BIC, así como adelantar el procedimiento para su
aprobación, con el acompañamiento del Municipio.

87. En consecuencia, la Sala considera que la orden impartida en la sentencia
proferida en primera instancia al Municipio de La Playa de Belén y a Parques
Nacionales Naturales para que, de manera armónica y coordinada, y en el marco
de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias realicen las
acciones necesarias para que se ejecuten las obras de restauración, conservación
y preservación del bien de interés cultural del ámbito municipal denominado “La
Casa de Cate”, resulta acorde con las funciones del Municipio y las
responsabilidades de Parques Nacionales Naturales en calidad de propietario del
bien inmueble.

88. Por lo anterior, el argumento analizado en este acápite no tiene vocación de
prosperidad y, por el contrario, la Sala confirmará el amparo constitucional y las
órdenes impartidas a ambas entidades, tal como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.

Sobre la afectación al paisaje y el riesgo de integridad cultural

89. El apoderado judicial del Municipio de La Playa de Belén, en el recurso de
apelación, afirmó que el Tribunal no analizó de manera suficiente la conducta de
Parques Nacionales Naturales que, según lo probado en el proceso, incumplió su
deber de proteger el bien de valor cultural y patrimonial, construyendo edificaciones
modernas adyacentes al inmueble que afectan el paisaje y ponen en riesgo la
integridad cultural del área, lo que a su juicio, contraviene lo previsto en la Ley 397
de 1997, en la Ley 1185 de 2008 y en el Decreto 2358 de 2019, que imponen a los
propietarios de bienes de interés cultural la obligación de adoptar medidas de
mantenimiento, conservación y restauración.

90. La Sala precisa que la acción popular no es el medio de control para analizar
la conducta ni declarar la responsabilidad de Parques Nacionales Naturales como
consecuencia de la presunta construcción de nuevas edificaciones, por cuanto el
objeto de la acción popular no es otro que evitar el daño contingente, hacer cesar el
peligro, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir
las cosas a su estado anterior cuando fuere posible, por lo que escapa al objeto de
esta acción la declaratoria de responsabilidad con fines de reparación e
indemnización.

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91. Asimismo, la Sala considera que lo afirmado por el Municipio se trata de un
nuevo argumento expuesto en el recurso de apelación y que, por lo tanto, no fue
objeto de análisis en el trámite de la primera instancia.

92. Al respecto, se evidencia que el objeto del proceso de la referencia se
circunscribe a la protección, recuperación y conservación del bien de interés cultural
del ámbito municipal denominado “La Casa de Cate”, a causa de la temporada
invernal de los años 2021 y 2022, por lo que las pretensiones de la demanda se
orientaron a que las entidades demandadas, por una parte, impidieran que el bien
colapsara y, por otra parte, que se ordenara su restauración.

93. Adicionalmente, la Sala no observa que en la contestación de la demanda el
Municipio haya manifestado el argumento relacionado con la presunta afectación
del paisaje y el riesgo a la integridad cultural como consecuencia de la nueva
construcción realizada en inmediaciones de “La Casa de Cate”.

94. De igual manera, el problema jurídico formulado por el Tribunal consistió en
determinar si “[…] se debe acceder a las pretensiones de la demanda respecto a
ordenar la ejecución de las acciones correspondientes al mantenimiento,
restauración y preservación del inmueble denominado “Casa de Cate”, y a su vez
determinar cuál es la entidad o entidades responsables de llevar a cabo tal ejecución
[…]”.

95. Asimismo, la Sala destaca que el Municipio de La Playa de Belén no intervino
en la etapa de alegatos de conclusión durante la primera instancia. Por lo que, la
Sala no evidencia que el Municipio haya propuesto en primera instancia el
argumento que ahora propone en el trámite de la apelación, relacionado con la
afectación al paisaje y el riesgo de integridad cultural como consecuencia de las
nuevas construcciones realizada, presuntamente, por Parques Nacionales
Naturales en un lugar adyacente a “La Casa de Cate”.

96. Para la Sala resulta improcedente estudiar este nuevo argumento que
escapa al objeto del litigio, toda vez que, se reitera, en el trámite de la primera
instancia no se debatió la presunta responsabilidad de Parques Nacionales
Naturales como consecuencia de la construcción de edificaciones modernas
adyacentes al inmueble denominado “La Casa de Cate” y, tampoco, la presunta
transgresión de lo previsto en la Ley 397 de 1997, en la Ley 1185 de 2008 y en el
Decreto 2358 de 2019, por parte de Parques Nacionales Naturales, fue un punto de
derecho discutido o que se haya tenido en cuenta en el trámite de la primera
instancia.

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97. Al respecto, esta Sección ha considerado lo siguiente51:

“[…] En cuanto a los nuevos argumentos incorporados en el recurso de apelación, al
respecto, vale la pena recordar que el artículo 281 del CGP dispone que “[…] La
sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones
aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código
contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley. […]. Por tanto, el recurso de apelación no es una
nueva oportunidad para formular excepciones nuevas, más cuando el
departamento no se ocupó probatoriamente de acreditar lo que ahora propone en el
recurso de apelación […]”. (Destacado fuera de texto).

98. Adicionalmente, la Sala destaca que es competencia del Municipio de la
Playa de Belén proteger el patrimonio cultural en su jurisdicción y, comoquiera que
la “La Casa de Cate” fue declarado por el propio Municipio como bien de interés
cultural del ámbito municipal, corresponde a la entidad territorial disponer de las
acciones necesarias para su protección.

99. Así las cosas, la Sala considera que el argumento estudiado en este acápite
no está llamado a prosperar.

Sobre la desproporcionalidad de la medida cautelar

100. El Municipio de La Playa de Belén señaló que fue desproporcionada la
modificación que hizo el Tribunal en la sentencia proferida en primera instancia, en
el sentido de que determinó que lo ordenado en la providencia que decretó la
medida cautelar de urgencia debía cumplirlo exclusivamente la entidad territorial,
esto es, sin la intervención de Parques Nacionales Naturales, en calidad de
propietario del bien inmueble de interés cultural.

101. Al respecto, la Sala destaca que el Tribunal mediante auto proferido el 23 de
junio de 2022 decretó la siguiente medida cautelar:

“[…] ACCEDER al decreto de la medida cautelar solicitada por la parte demandante
y en consecuencia, ORDENAR al señor Ministro de Cultura, al Presidente de la
Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, al
Gobernador del Departamento Norte de Santander, al Alcalde del Municipio de La
Paya de Belén, al Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, así como a los Consejos Departamental y Municipal de Gestión del
Riesgo, que de manera inmediata conjunta y coordinada adelanten todas las
actuaciones administrativas y técnicas que resulten necesarias en aras de prevenir el
riesgo de colapso del bien inmueble denominado “casa de cate” ubicado en el

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de julio de 2025.

CP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 170012333000201700580-01.

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Municipio de La Playa de Belén – Departamento Norte de Santander, el cual según
la demandante, hace parte de los bienes de interés cultural de la Nación, y/o la
agravación de las afectaciones ya causadas. Lo anterior, por tratarse de entidades
que en ejercicio de sus funciones y competencias hacen parte del Sistema Nacional
de Patrimonio Cultural de la Nación y Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres […]”.

102. Mediante auto de 31 de marzo de 2023, esta Sección modificó la medida
cautelar decretada en el sentido de excluir a la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres – UNGRD de la orden impartida en la providencia que decretó
la medida cautelar.

103. Ahora bien, en la sentencia apelada el Tribunal modificó la medida cautelar
decretada con fundamento en las siguientes consideraciones:

“[…] En virtud de lo anterior, y evidenciada la urgencia con la cual deben ser
ejecutadas las obras mínimas que detengan el colapso de la casa, observándose
con las pruebas obrantes en el plenario cuales son las entidades sobre quienes recae
la responsabilidad de ejecutar las obras de restauración, conservación y preservación
del inmueble, considera el Despacho que la medida cautelar decretada mediante
auto del 23 de junio de 2022, debe ser modificada respecto de las entidades a
las cuales se les ordenó ejecutar las acciones que resultarán necesarias en aras
de prevenir el riesgo de colapso del bien inmueble denominado “casa de cate”.
Y, en consecuencia, ordenar al municipio de La Playa de Belén para que de
manera inmediata lleve a cabo acciones mínimas que detengan el colapso de la
casa. Lo anterior teniendo en cuenta las recomendaciones dadas por la arquitecta
Jenny Vargas Sánchez en el dictamen pericial […]”. (Destacado fuera de texto).

104. En este punto, la Sala considera necesario precisar que de conformidad con
la jurisprudencia de esta Sección, en la sentencia deben impartirse medidas
definitivas y no previas para evitar el perjuicio derivado a la amenaza o vulneración
del derecho colectivo deprecado.

105. Al respecto, esta Sección ha sostenido los siguiente52:

“[…] Sobre el particular, es necesario poner de presente que de conformidad con el
artículo 25 de la Ley 472 de 1998, el juez constitucional se encuentra facultado, para
que, de oficio o a petición de parte, adopte las medidas previas que estime pertinentes
para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que hubiere causado.

En consonancia con ello, el artículo 229 del CPACA, indicó que las medidas
cautelares contenidas en dicho estatuto serían aplicables a los procesos que tengan
como fin la protección de derechos e intereses colectivos.

Así pues, de acuerdo con lo expuesto, es procedente afirmar que dada la
naturaleza preventiva de las medidas cautelares y por ende, transitoria, no
pueden ser adoptadas en el fallo de primera instancia, dado que las ordenes allí
previstas están orientadas a definir la litis.

52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de noviembre

de 2023, CP. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 130012333000201701057-01.

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En otras palabras, el carácter accesorio que para el proceso judicial tiene la
medida cautelar, dado que se profiere dentro de su trámite, impone al juez la
determinación de la necesaria relación entre la pretensión procesal formulada
en el proceso y la medida cautelar solicitada.

Aunado lo anterior, es menester indicar que permitir que confluyan en una misma
decisión el trámite cautelar y el de la sentencia implica desconocer el derecho de
doble instancia que es propio de las primeras decisiones. Al respecto, esta Sección
en providencia del 22 de febrero de 2018, sostuvo:

“La Sala considera que la situación planteada reviste de suma importancia,
pues, se reitera, que en la sentencia proferida al interior de una acción
popular, el Juez debe resolver la controversia y adoptar medidas
definitivas que, en caso de ser apeladas, deben ser revisadas por el
superior jerárquico, en aras de garantizar el derecho a la doble instancia,
razón por la que carece de toda técnica jurídica la emisión de medidas
cautelares en la misma, pues estas son de carácter provisional o
transitorio.

A juicio de la Sala, el hecho de dictar medidas cautelares al interior de una
sentencia, vulnera el derecho al debido proceso y a la doble instancia de
la autoridad obligada, pues el trámite de apelación del auto que decreta una
medida cautelar difiere del previsto para la apelación de sentencia, en tanto que
en el primer evento la alzada se resuelve de plano y en el segundo se debe
admitir el recurso y correr traslado del mismo a las partes y al Ministerio Público,
lo cual resulta aún más dispendioso. Lo anterior, aunado al hecho de que hace
ilusorio un pronunciamiento en segunda instancia, tal como ocurrió en el
presente caso.

La Sala destaca que, si bien, el objeto de la acción popular es el amparo de los
derechos colectivos, en cuyo trámite se debe observar la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal, el Juez también está obligado a velar por
el respeto del debido proceso, garantías procesales y el equilibrio entre las
partes, lo cual no se advirtió en el trámite de la presente acción popular”53.

Finalmente, dado que, la medida cautelar ordenada en el ordinal 5º de la parte
resolutiva es necesaria para garantizar la seguridad de los transeúntes se ordenará
tenerla como definitiva […]. (Destacado fuera de texto).

106. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará el ordinal tercero de la
sentencia proferida en primera instancia, tal como se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.

107. Sin embargo, la Sala considera que, de una parte, con lo probado en el
proceso el bien de interés cultural del ámbito municipal presenta riesgo de colapso
y, de otra parte, de conformidad con las competencias y obligaciones del Municipio
y de Parques Nacionales Naturales, este último, en calidad de propietario del bien
inmueble de interés cultural, se hace necesaria la adopción de medidas inmediatas
para prevenir el colapso de la estructura y proteger el bien de interés cultural.

53 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 22 de febrero de

2018, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación: 850012333000201400129-03.

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108. En consecuencia, la Sala modificará el ordinal segundo de la sentencia
apelada en el sentido de ordenar al Municipio de La Playa de Belén y a Parques
Nacionales Naturales de Colombia que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, realicen de manera inmediata las
acciones necesarias para detener el colapso del bien, mientras se ejecutan las
obras definitivas, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Sobre el comité de verificación

109. La Sala considera que es necesario modificar el ordinal cuarto de la sentencia
proferida en primera instancia, en el sentido de precisar que corresponde a la
magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo de Norte de Santander
presidir el Comité de Verificación.

110. Asimismo, se precisará que en el evento que durante la ejecución de la
sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional
a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en el
marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la
sentencia.

111. Finalmente, la Sala considera que en el presente caso no se probó la
vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, tal como lo destacó
el Tribunal en la parte considerativa de la sentencia apelada. En este sentido, no se
acreditaron los elementos objetivo y subjetivo relacionados con el incumplimiento
de los principios que rigen la actuación administrativa, ni se demostró la existencia
de alguna conducta que haya tenido como propósito favorecer intereses
particulares, ajenos al interés y bienestar general que deben regir los actos de la
administración, por lo que únicamente se amparará el derecho colectivo a la defensa
del patrimonio cultural de la Nación, de conformidad con las consideraciones
expuestas en esta providencia.

Conclusiones

112. La Sala revocará el ordinal tercero de la sentencia proferida en primera
instancia, en razón a que no es procedente decretar ni modificar medidas cautelares
en la sentencia.

113. Por otro lado, modificará el ordinal primero para precisar que únicamente se
ampara el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

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También modificará los ordinales segundo y cuarto de la sentencia apelada, en el
sentido de impartir órdenes inmediatas a las entidades obligadas y ajustar la
conformación del Comité de Verificación de cumplimiento de la sentencia.

114. En lo demás se confirmará la sentencia apelada.

115. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1 y 8 del
artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia, en atención a que no está probada su causación

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el 7 de
noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural
de la Nación invocado en la acción popular instaurada por la señora Beatriz Pacheco
Arévalo, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia […]”.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el 7 de
noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de La Playa de Belén y a Parques
Nacionales Naturales de Colombia que, de manera armónica y coordinada, y dentro
del término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente
sentencia realicen todas las gestiones presupuestales, administrativas y
contractuales de acuerdo a la normativa que rige la materia, para que se inicie la
ejecución de las obras necesarias para la restauración, conservación y preservación
del inmueble denominado “Casa de Cate”.

Asimismo, ORDENAR al Municipio de La Playa de Belén y a Parques Nacionales
Naturales de Colombia que, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, realicen de manera inmediata las acciones necesarias para
detener el colapso del bien denominado “La Casa de Cate”, mientras se ejecutan las
obras definitivas referidas en el párrafo anterior […]”.

TERCERO: REVOCAR el ordinal tercero de la sentencia proferida el 7 de
noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

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CUARTO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 7 de noviembre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] CUARTO: CONFORMAR un Comité de Verificación de Cumplimiento de la
sentencia integrado por la magistrada sustanciadora del Tribunal, quien lo presidirá,
la parte actora, el Municipio de La Playa de Belén, la Unidad Administrativa Especial
de Parques Nacionales Naturales, la Personería del Municipio de La Playa de Belén,
la Defensoría del Pueblo y el Concejo Municipal.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente
es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo
que incluye todas las órdenes de la sentencia […]”.

QUINTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia proferida el 7 de noviembre de
2024 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

OCTAVO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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