Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2017-01057-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2017-01057-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2017-01057-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
10 de noviembre de 2023
Radicado: 13001233300020170105701
Demandante: Oscar Eduardo Borja Santofimio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Medio de Control de Protección de Derechos e Intereses
Colectivos.
Radicación: 13001-23-33-000-2017-01057-01 (AP)
Demandante: Oscar Eduardo Borja Santofimio
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y el Distrito de
Cartagena.
Vinculados: Copropietarios del Inmueble denominado “EDIFICIO EL
CLARIN”
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del
Ministerio del Trabajo, en contra de la sentencia del 10 de julio de 2019,
proferida por la Sala de Decisión nro. 001 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, por medio de la cual se ampararon los derechos colectivos
invocados en la acción popular, instaurada por el señor Oscar Eduardo
Borja Santofimio.
I. ANTECEDENTES
I.1 La demanda
Los hechos que fundamentaron la demanda de la acción popular, en
síntesis, fueron los siguientes:
El 19 de diciembre de 2017, el ciudadano Oscar Eduardo Borja Santofimio,
promovió demanda en contra de la Nación - Ministerio de Trabajo y el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, solicitando la
protección de los derechos colectivos a la defensa del patrimonio público,
a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, a la
realización de construcciones y edificaciones de desarrollo urbano
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes1.
Lo anterior, en razón a que, en el centro histórico de Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, se ubica el Edificio denominado “El
Clarín”, específicamente, en el sector la Matuna sobre la avenida
Venezuela, en un concurrido sector de la ciudad donde circulan centenares
de personas a diario.
1
Índice 26 Samai Expediente Digital.
Radicado: 13001233300020170105701
Demandante: Oscar Eduardo Borja Santofimio
Agregó que el Ministerio de Trabajo es propietario de varias oficinas
ubicadas en la parte superior del mencionado edificio, cuyas fachadas se
encuentran en mal estado, presentando desprendimientos de objetos que
caen a la vía pública lo que puede ocasionar un accidente por un objeto
contundente que se desprenda de la fachada y resulte afectado un peatón
o vendedor ambulante que se encuentre en la zona.
Mencionó que el deterioro de la fachada genera una amenaza y pone en
peligro la vida e integridad de los ciudadanos que transitan por el sector,
por lo que se hace necesario la intervención del Ministerio de Trabajo, con
el fin de que estos realicen de manera inmediata las obras necesarias para
poner fin al peligro que genera el mal estado de la fachada.
Adicionalmente, consideró que, el estado ruinoso y la presentación
deteriorada de la fachada del mencionado edificio, empobrecen el paisaje
del Centro Histórico de la ciudad del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias.
Como consecuencia de lo anterior, la parte actora formuló las siguientes
pretensiones:
[…]PRIMERO: Declarar que los entes accionados y/o
vinculados, vulneran o amenazan los derechos colectivos
invocados y/o los que el Despacho considere y/o los que
resulten probados dentro del trámite de la presente acción
constitucional.
SEGUNDO: Que se protejan de manera inmediata los
derechos colectivos enunciados por encontrarse
amenazados, conculcados y para prevenir el daño eventual
y/o daño futuro, a la defensa del patrimonio público; el
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; la realización de construcciones y
edificaciones de desarrollo urbano respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.
TERCERO: Que se ordene al competente realizar las
acciones inmediatas para prevenir el peligro que genera el
desprendimiento de partes de la fachada, del edificio “El
CLARÍN” ubicado en la Ciudad de Cartagena, en el Centro
Histórico avenida Venezuela.
CUARTO: Que se ordene al competente que se realicen si se
considera necesario, los trabajos u obras para adecuar y
reparar la fachada del edificio que se encuentra deteriorada
y genera peligro para los ciudadanos que transitan por la vía
pública como consecuencia del deterioro y del mal estado de
la fachada y de los desprendimientos de material que caen
al piso desde una altura considerada.
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QUINTO: Que se ordene a quien corresponda, se realicen de
manera inmediata las acciones para prevenir daños a la
salud y a la vida de los ciudadanos que transitan por la vía
pública alrededor del edificio “EL CLARIN”, mientras se
realizan las reparaciones, adecuaciones a la fachada que
pongan fin al peligro, que se generan por su deterioro.
SEXTO: Que se ordene al MINISTERIO DE TRABAJO DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA, que de manera inmediata asuma
la responsabilidad de las oficinas de su propiedad, que se
encuentran en estado de abandono en el edificio EL CLARIN
y como consecuencia, generan detrimento patrimonial al
estado Colombiano.
SEPTIMO: Que se condene en costas a los accionados y a
los vinculados a cancelar a favor de los accionantes, los
gastos que ocasionó promover la presente acción
constitucional.”2
I.2. Trámite procesal y contestaciones
En auto proferido el 1 de febrero de 20183, el Tribunal Administrativo de
Bolívar, admitió el medio de control y ordenó notificar entre otros, a la
Nación -Ministerio del Trabajo, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias y a los vinculados (propietarios del bien inmueble). Así mismo,
ordenó al actor popular individualizar a las personas que pudieran
reputarse propietarias, poseedoras o con algún derecho vinculado a la
unidad inmobiliaria.
Mediante auto del 02 de octubre de 2018, se dejó constancia que, con
auto del 03 de julio de 2018, de conformidad con los artículos 108 y 293
del CGP, se ordenó emplazar para notificar personalmente a los señores
Enrique Fernando Lagos, Gabriel Guillermo Fernández Lagos, y Carmen
Lagos de Fernández, quienes figuran como propietarios, no obstante, las
personas no comparecieron al proceso por lo que fue necesario designar
curador ad-litem4
1.2.1. El Ministerio del Trabajo5
Por intermedio de apoderado judicial, contestó la demanda, oponiéndose
a las pretensiones y condenas solicitadas, por cuanto carecen de
fundamento constitucional y legal de acuerdo con las razones de hecho y
derecho, que se resumen en los siguientes términos:
Adujo que, el edificio El Clarín es una copropiedad, en la que el Ministerio
de Trabajo, es propietario de algunas oficinas y no de la totalidad de la
edificación, y que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley
2 Folios 1 a 17 Cuaderno nro. 1 / Índice 26 de SAMAI
3 Folio 31 Cuaderno nro. 1 / Índice 26 de SAMAI
4 Folio 133 a 134 Cuaderno nro. 1 /Índice 26 Samai.
5 Folios 81 a 92 Cuaderno nro. 1 / Índice 26 Samai Expediente Digital
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675 de 2001, un edificio o conjunto se somete al régimen de propiedad
horizontal, mediante escritura pública registrada en la oficina de registro
de instrumentos públicos, dando origen a la personería jurídica a que se
refiere la mencionada Ley.
Expuso que, en relación con la fachada de la edificación, se considera bien
común, por ser este punto el objeto de debate planteado por el actor, por
lo que se concluye que su representado no es el responsable de esa
fachada, sino la persona jurídica constitutiva de la copropiedad del edificio
El Clarín.
Arguyo que, en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal,
confluyen dos tipos de bienes, por una parte los bienes privados o de
dominio particular, consistentes en los inmuebles debidamente
delimitados funcionalmente independientes de su propiedad, y
aprovechamiento exclusivo, y por otra, los bienes comunes, considerados
como partes del edificio o conjunto sometidos al régimen de propiedad
horizontal pertenecientes en pro indiviso a todos los propietarios de los
bienes privados, que por su naturaleza o destinación permiten o facilitan
la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservación, seguridad, uso,
goce o explotación de los bienes del dominio particular.
Preciso que, la fachada del edificio El Clarín, es un bien común cuyo
mantenimiento y conservación corresponde a la persona jurídica
constitutiva de la copropiedad o compuesta por todos los propietarios de
los bienes privados.
Sostuvo que, en ese sentido frente a un supuesto deterioro de la fachada
y de llegarse a concluir que ello puede estar generando una violación de
alguno de los derechos consignados en los literales e, l, y m del artículo
4 de la Ley 472 de 1998, es claro, que la entidad que representa, no es
responsable sino la persona jurídica constitutiva del régimen de propiedad
horizontal, que está compuesta por todos los propietarios de los bienes
privados quienes responden del mantenimiento de los bienes comunes a
prorrata del coeficiente de propiedad de la edificación, que se encuentra
consignado en el reglamento de propiedad horizontal.
Finalmente mencionó que, considerando cada uno de los derechos
colectivos acusados, y consignados en los literales e, l, y m del artículo 4
de la Ley 472 de 1998, el Ministerio de Trabajo no violó ninguno de ellos
por cuanto el edificio El Clarín no es de su propiedad y por lo tanto no
puede ser considerado un patrimonio público, como tampoco viola el
derecho a la seguridad, pues como se precisó en párrafos anteriores el
mantenimiento de la fachada de esa edificación de acuerdo con la ley le
corresponde a la persona jurídica compuesta por la copropiedad, y
finalmente no se viola literal m, en tanto que el derecho que allí se
consagra está referido a la construcción de edificaciones respetando las
normas jurídicas que regulan esa actividad, entonces no guarda relación
con el tema objeto de debate que es la supuesta falta de mantenimiento
de la fachada del citado edificio.
Por último, formuló las siguientes excepciones:
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• Inexistencia de omisión o hecho causal imputable.
Argumentó que la que la fachada del edificio El Clarín, es un bien común
cuyo mantenimiento y conservación corresponde a la persona jurídica
constitutiva de la propiedad horizontal compuesta por los copropietarios,
de lo que se deduce que frente a la supuesta omisión de mantenimiento
de la fachada y de generar alguna violación del derecho, no es el
responsable el Ministerio de Trabajo sino la persona jurídica constitutiva
del régimen de propiedad horizontal.
• Falta de vocación jurídica para violar los derechos colectivos.
Mencionó que el Ministerio de Trabajo no ha vulnerado los supuestos
derechos colectivos conculcados por cuanto el edificio El Clarín no es de
su propiedad, por lo que no puede ser considerado un patrimonio público.
1.2.2. Los vinculados:
Amelia Cristina del Castillo Restrepo:6
Manifestó ser la propietaria de los locales 3 y 4 de la copropiedad
denominada edificio El Clarín, y encontrarse de acuerdo con los hechos
planteados en la demanda, por lo que propuso una remodelación que
debería ser asumida por todos los propietarios a prorrata de su
coeficiente; en especial los pisos superiores por ser los más deteriorados.
Horacio Candelario del Castillo Restrepo.7
Afirmó ser el propietaria de los locales 1 y 2 de la copropiedad
denominada edificio El Clarín, y encontrarse de acuerdo con los hechos
planteados en la demanda, por lo que propuso una remodelación que
debería ser asumida por todos los propietarios a prorrata de su
coeficiente; en especial los pisos superiores por ser los más deteriorados.
Carmen Cecilia Lago de Fernández 8
Por intermedio de apoderado judicial, solicitó negar las pretensiones de la
misma, puesto que la administración del patrimonio público no se
encuentra bajo su custodia y considera completamente infundada la
acusación de la violación al derecho a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente.
Sostuvo que, el material fotográfico allegado corresponde únicamente a
áreas comunes del edificio El Clarín, las cuales se encuentran a cargo de
la copropiedad de dicho inmueble y constituye una persona jurídica
diferente a los copropietarios. En consecuencia alega falta de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto es la persona jurídica el verdadero
sujeto de la relación jurídica sustancial.
6 Apoderado Enrique Fernández Lago / Folio 79 Cuaderno nro. 1 / Indice Samai 26.
7 Folio 80 Cuaderno nro. 1/ Indice Samai 26.
8
Folio 159 a 180 Cuaderno nro. 1 / Indice Samai 26.
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2.2.1. El 28 de marzo de 2019, se declara fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento, se verifica la solicitud de pruebas solicitadas por las partes
atendiendo lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 472 de 19989.
2.2.2 El 5 de abril de 2019, se lleva a cabo audiencia de pruebas, en la
cual el despacho sustanciador, dispuso10:
«PRIMERO: Decreta medida cautelar. Colocar una pantalla
de protección al edificio El Clarín. SEGUNDO: Declárese
cerrado el debate probatorio. TERCERO: De conformidad con
lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 de la Ley 472 de
1998.CÓRRASE traslado a las partes por el término de cinco
(5) días para que aleguen de conclusión. »11
2.2.2.1. Alegatos de Conclusión
2.2.2.1.1 La parte actora12, actuando en nombre propio, solicito que se
profiera sentencia ordenando la protección de los derechos colectivos,
obligando a todos los copropietarios del edificio El Clarín, a realizar las
adecuaciones necesarias para poner fin al riesgo que se genera por el
estado actual de la fachada.
2.2.2.1.2 El Vinculado - Copropietario - Horacio Candelario del
Castillo Restrepo13, por intermedio de apoderado judicial, reiteró los
argumentos expuestos en la propuesta de pacto de cumplimiento 14, y
adujo que su mandante se allana a las pretensiones del actor popular,
dejando en claro que siempre ha existido de su parte y de su hermana la
señor Amelia del Castillo Restrepo, la intención de intervenir la fachada
del edificio El Clarín, para evitar que ocurra una tragedia que pueda
afectarlos en calidad de copropietarios, como a terceros.
Precisa que, examinando el expediente obran registros fotográficos y las
declaraciones rendidas en el trámite de la etapa probatoria que dan
cuenta de la flagrante vulneración y amenaza de los derechos colectivos.
Finalmente reiteró que, se mantiene en la propuesta aportada en la
audiencia de pacto de cumplimiento.
2.2.2.1.3 Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 15, a
través de apoderado señaló que, las pretensiones no están llamadas a
prosperar en relación con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, toda vez que las mismas no le son imputables a la entidad que
representa.
Afirmo que, se encuentra demostrado dentro del expediente que el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, no ha amenazado o
9
Folio 208 a 209 Cuaderno nro. 2. / Índice Samai 26.
10
Folios 215 a 216 Cuaderno nro. 2 /Índice Samai 26.
11 Folio 215 del Cuaderno nro. 2 / Índice Samai 26.
12 Folios 217 y 218 del Cuaderno nro. 2 /índice Samai 26.
13 Folios 221 a 225 del Cuaderno nro. 2 / Índice Samai 26.
14 Folio 207 del cuaderno No. 2
15 Folios 225 a 228 del Cuaderno nro. 2 / Indice Samai 26.
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vulnerado los derechos colectivos invocados por el accionante, contrario
a lo afirmado por éste, la presente administración viene trabajando en
forma oportuna e idónea a partir del marco de las competencias legales
en el seguimiento y control del desarrollo urbanístico de la ciudad y la
aplicación de normas contenidas en el POT.
II. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia nro. 08/2019,
del 10 de julio de 2019, resolvió acceder parcialmente a las pretensiones
de la acción popular, así:
“[...] PRIMERO: Declarar ex officio la falta de legitimación en
la causa por pasiva, del Distrito de Cartagena y en consecuencia,
niéguense las pretensiones de la demanda respecto de ellos,
conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos colectivos a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, a la realización
de las construcciones edificaciones y desarrollos urbanísticos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando
prevalencia a la calidad de vida a los habitantes invocados por el
actor popular.
TERCERO: ORDENAR a todos los propietarios y copropietarios del
edificio “EL CLARÍN” con folio de matrícula nro. 060-0018168,
ubicado en el Barrio Centro Av. Venezuela, de la ciudad de
Cartagena, que en el término de seis (6) meses elaboren y ejecuten
las obras correspondientes a la restauración, reparación y
adecuación de la fachada del edificio en mención.
CUARTO: CONFORMAR el Comité de Cumplimiento de la
Sentencia, el cual estará integrado por el Juez, los actores y el
Ministerio Público, esto conformidad con lo dispuesto en el artículo
34 de la Ley 472 de 1998; y a su vez DESIGNAR a la Procuraduría
Regional de Bolívar para que vele por el estricto cumplimiento de
esta providencia de conformidad con lo establecido en el artículo
277 numeral 4° de la Constitución Política.
QUINTO: Mantener la medida cautelar decretada en audiencia de
pruebas, ordenando que por Secretaría se requiere a los
propietarios del Edificio “ EL Clarín” a fin de que rindan informe no
en términos no superior a cinco (5) días hábiles con respecto al
cumplimiento de la medida.
SEXTO: Sin condena en costas.
SEPTIMO: Notifíquese esta sentencia en los términos del artículo
203 de la ley 1437 de 2011 y una vez ejecutoriada la presente
providencia archívese el proceso. “[...] “
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Demandante: Oscar Eduardo Borja Santofimio
Luego de valorar los medios probatorios, como la inspección judicial
llevada a cabo en el edificio El Clarín, que obra a folio 364, en la que pudo
constatar que consta de cuatro plantas, el primero conformado por locales
comerciales, dos pisos donde funcionan oficinas, por el lado que colinda
con la avenida Venezuela se encuentra funcionando una droguería “La
Economía”, un local donde funciona la Notaría Séptima del Circuito de
Cartagena, la cual por el servicio prestado genera un flujo constante de
personas que se exponen a la afectación de los derechos si llegase a caer
o desprenderse parte de la estructura.
Agregó que en el exterior del cuarto piso se advierte una exposición de
acero estructural dado que han existido desprendimientos de concreto,
gran parte de la fachada se encuentra afectada, próxima a desprenderse
por la apertura de grietas; el estado de deterioro se soporta
adicionalmente con los soportes fotográficos realizados en la mencionada
inspección.
De igual manera estableció que el edificio se encuentra ubicado en una
zona de constante tránsito de personas, inclusive debajo del inmueble se
ubican vendedores ambulantes y ante una posible separación de partes
de la fachada se ocasionarían daños a la salud de los transeúntes.
En razón de lo anterior, constató que efectivamente existía una amenaza
a los derechos colectivos invocados por el actor popular, por lo que
amparo, ordenando a los copropietarios del edificio El Clarín, de acuerdo
al coeficiente de copropiedad a ejecutar las labores pertinentes dirigidas
a la reparación o arreglo de la fachada.
Por otro lado, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, al resultar claro que
la obligación de reparación de las fachadas corresponde a los propietarios
del edificio acorde con lo señalado en la Ley 675 de 2001.
III. RECURSO DE APELACIÓN
El Ministerio de Trabajo como apelante único, interpuso recurso de
apelación, solicitando se reforme la sentencia de primera instancia en dos
puntos.
El primero, estima el apoderado judicial del Ministerio de Trabajo que
estuvo bien amparar el derecho colectivo a la seguridad, pero no así a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas que también fue protegido, pues en
la actualidad no se está realizando ningún tipo de obra que es el supuesto
fáctico para estudiar la amenaza o vulneración de este derecho.
El segundo tiene relación con el término otorgado por el Tribunal para
desarrollar las obras de adecuación, que solicita sea ampliado a doce (12)
meses. Para ello aduce que los procedimientos para la apropiación de
recursos de las entidades públicas son anuales y que para el 2019 no
existe ningún rubro que pueda ser destinado a cumplir la orden.
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VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del 16 octubre de 2019, el Despacho admitió el recurso de
apelación interpuestos por el Ministerio del Trabajo a través de apoderado
judicial, en contra de la sentencia proferida el 10 de julio de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Bolívar16.
El 09 de noviembre de 2020, el Despacho corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto17.
Alegatos de conclusión.
El apoderado del Ministerio del Trabajo reiteró los argumentos expuestos
en el recurso de apelación, con ocasión de los cuales solicitó la
modificación de la decisión de primera instancia.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1 Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de
agosto de 1998, el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA),
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado, esta
Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los
recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los
Tribunales Administrativos en las acciones populares.
V.2. Análisis de la Sala.
Al revisar el escrito contentivo del recurso de apelación, advierte la Sala
que el Ministerio del Trabajo se limitó a plantear dos argumentos; el
primero consiste en que se reforme la decisión y se declare que no
procedía declarar la vulneración al derecho colectivo a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
El segundo, se amplie el plazo para cumplir con la orden dispuesta en el
numeral tercero de la sentencia de primera instancia, a saber, que en el
término de seis (6) meses elaboren y ejecuten las obras correspondientes
a la restauración, reparación y adecuación de la fachada del edificio en
mención.
Así las cosas, le corresponde a la Sala, determinar: i). Si hay lugar a
confirmar la decisión de primera instancia en cuanto a la vulneración de
los derechos colectivos al derecho a la seguridad y prevención de
desastres técnicamente previsibles; y realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas,
16
Folio 287 a 288 Cuaderno nro. 3 / Índice Samai 26.
17
Folio 298 Cuaderno nro. 3 / Índice Samai 26..
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de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes y ii). Si procede ampliar el plazo para cumplir la
orden impuesta, en atención a los trámites que debe realizar un Ministerio
para incorporar dentro del presupuesto partidas que puedan ser
destinadas a la reparación de una edificación donde funcionan sus
oficinas.
Del derecho colectivo a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos.
En relación con este derecho colectivo dispuesto en el literal m) del
artículo 4° de la ley 472 de 1998, la jurisprudencia del Consejo de Estado
lo ha entendido como “la necesidad de proteger la adecuada utilización,
transformación y ocupación del suelo, de manera que las autoridades
competentes no actúen en forma arbitraria en contravención del
respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que haga sus
veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo18.
En este mismo sentido esta Sección mediante sentencia del 7 de abril de
201119 determinó que el núcleo esencial de este derecho colectivo
comprendía los siguientes aspectos: i) Respeto y acatamiento del
principio de función social y ecológica de la propiedad20; ii) Protección del
espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o
edificación con respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la
calidad de vida de los demás habitantes; iii) Respetar los derechos ajenos
y no abusar del derecho propio21; y iv) Atender los procesos de cambio
en el uso del suelo, en aras del interés común, procurando su utilización
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es
inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible22.
Finalmente desde otra perspectiva esta Corporación lo ha entendido
como:23
“[…]Así mismo, esta Corporación ha establecido que comprende
el acatamiento a los planes de ordenamiento territorial que
sirven de guía y mapa para que el desarrollo urbano se haga de
manera ordenada, coherente, de tal manera que prevalezca el
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de
2008, Rad. No. AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Actor Fundación. Parque 80. Demandado:
Alcaldía Local de Chapinero y Otros.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril
de dos mil once (2011), Consejero ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número: 63001-23-31-
000-2004-00688-01(AP)
20
Inciso segundo artículo 58 C.P. “La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le
es inherente una función ecológica.(…)”
21
Art. 95 numeral 1 C.P. “(…)1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; (…)”
22
Art. 3º ley 388 de 1997. Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio constituye en su
conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines: 1. Posibilitar a los habitantes el
acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y demás espacios públicos, y su destinación al uso
común, y hacer efectivos los derechos constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios. 2.
Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su
utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función
ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del
patrimonio cultural y natural. 4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP. Hernando Sánchez Sánchez,
Bogotá D.C diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). Radicación: 170012331000201100424-03,
Actor: Personería Municipal de Manizales. Demandado: Nación – Ministerio de Transporte y Otros.
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interés general sobre el particular, y se garantice la aplicación
de las disposiciones político - administrativas - de organización
física- contenidas en los mismos108. Así, como el cumplimiento
de los preceptos normativos sobre usos del suelo; alturas
máximas de construcción; cupos mínimos de parqueo;
especificaciones técnicas y de seguridad; cesiones obligatorias
al distrito; necesidad de obtener licencias de urbanismo y
construcción; existencia de conexiones para los servicios
públicos domiciliarios, entre otros10924 .
Así las cosas, para la Sala es claro que el derecho señalado en
el literal m) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, corresponde
a la obligación que le impone el legislador a las autoridades
públicas y particulares, en general, de acatar plenamente los
preceptos jurídicos que rigen la materia urbanística es decir la
forma como progresa y se desarrolla una determinada
población, en términos de progreso físico y material, asentada
en una determinada entidad territorial -bien sea en sus zonas
urbanas o rurales- con miras a satisfacer plenamente las
necesidades de la población. […]
Conforme los hechos probados en el proceso, que no son discutidos por
las partes, esto es, que la fachada del edificio el Clarín registra un
deterioro importante que incluye desprendimientos de partes de concreto,
exposición de acero estructural, carencia de partes de concreto; a los
propietarios les corresponde solicitar una licencia de construcción en su
modalidad de reconstrucción, por lo que deberán cumplir las normas
urbanísticas que la reglamentan.
Adicionalmente, por la ubicación física del inmueble, a saber, Avenida
Venezuela que hace parte del Centro Histórico del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, declarado como monumento nacional
mediante la ley 163 de 195925 cualquier obra que se vaya a desarrollar
debe atender a las normas urbanísticas locales y nacionales, en especial
a lo dispuesto en el decreto 1080 de 2015 y el 2358 de diciembre de
2019, mediante el cual se expidió el decreto único reglamentario del
sector cultura, en lo relacionado con el patrimonio cultural material e
inmaterial.
En consecuencia, como resulta necesario realizar unas obras de
reconstrucción o reparación del edificio el Clarín, se necesitará de la
respectiva licencia de construcción lo que implica cumplir con las normas
urbanísticas locales y nacionales, máxime si se trata de un inmueble
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(109) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de veintiuno
(21) de febrero de dos mil siete (2007), Consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. número:
63001-23-31-000-2004-00243-01(AP)
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ARTÍCULO 4º.- Decláranse como monumentos nacionales los sectores antiguos de las ciudades de Tunja,
Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto y Santa Marta (especialmente la Quinta de San Pedro
Alejandrino, y las residencias de reconocida tradición histórica).
PARÁGRAFO.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos los de las ciudades de
Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago,
Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles, plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y
construcciones históricas, en los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en el perímetro que tenían estas poblaciones
durante los siglos XVI, XVII y XVIII.
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ubicado en el centro histórico del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, por lo que no está llamado a prosperar este argumento del
apelante y se confirmará la amenaza al derecho colectivo a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanísticos respetando
las disposiciones jurídicas.
Del plazo para cumplir la orden.
Solicita el impugnante, que se modifique el fallo en cuanto al tiempo en
que debe cumplirse la orden, teniendo en cuenta que para el
cumplimiento de las obras ordenadas, se requiere de un proceso de
contratación pública, pero previamente debe incluirse en el presupuesto
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del año 2022 las
apropiaciones necesarias para tal fin, lo que sólo puede hacerse en la en
el mes de noviembre, pues es cuando debe ser discutido en el Congreso,
posteriormente vendrán todos los trámites requeridos en la etapa
precontractual, celebración del contrato y la ejecución del mismo, todo
este proceso supera los seis (6) meses concedidos en la sentencia
impugnada.
Para estudiar la pretensión del recurrente, estima la Sala necesario
referirse al marco normativo y procedimiento de aprobación del
presupuesto general de la nación, el cual incluye entre otros ítems los
presupuestos particulares de cada una de las entidades que componen el
Estado Colombiano.
El presupuesto ha sido entendido como las previsiones anuales de
ingresos y gastos de una organización; en cuanto a los presupuestos
públicos, es la herramienta que le permite al sector público cumplir con
la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las
necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al Estado
en la economía y sociedad del país26. Así mismo, es una de las
herramientas fundamentales para la ejecución de la política económica
por parte del Estado27.
En el artículo 151 de la Constitución Política se establece que será
competencia del Congreso expedir la ley orgánica que regulará la
preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas. El artículo
200, numeral 4° ibídem dispone que le corresponde al Gobierno enviar a
la Cámara de Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y
gastos. El capítulo 3 de la Constitución establece el marco general que
debe cumplirse en materia de presupuesto. Así vemos como en el artículo
345 se establece que no se podrá percibir contribución o impuesto que no
26
Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 41. Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución
de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda,
y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados
tanto en funcionamiento como en inversión.
El presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del año anterior
respecto con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones.
La ley de apropiaciones identificará en un anexo las partidas destinadas al gasto público social incluidas en el
presupuesto de la Nación.
PARÁGRAFO El gasto público social de las entidades territoriales no se podrá disminuir con respecto al año
anterior y podrá estar financiado con rentas propias de la respectiva entidad territorial, estos gastos no se
contabilizan con la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación (L. 179/94, art. 17).
27
Cfr. Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación o gasto con cargo
al tesoro que no se halle incluido en el de gastos.
Ahora bien, en cuanto al procedimiento, dispone el artículo 346, que le
corresponde al Gobierno formular anualmente el presupuesto de rentas y
ley de apropiaciones que será presentado al Congreso dentro de los
primeros diez días de cada legislatura. Este mismo artículo reconoce que
el presupuesto deberá elaborarse y aprobarse dentro de un marco de
sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. En la
ley de apropiaciones es donde el Gobierno establece los gastos en que
incurrirá para el siguiente año fiscal.
En el título II del decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del presupuesto
general de la Nación se establecen los principios del sistema presupuestal,
entre ellos se destaca a los de planificación28, anualidad29, coherencia
macroeconómica30.
Ahora bien, en el artículo 19 del decreto 111 de 1996, se reconoce que
aun cuando las rentas incorporadas en el presupuesto general de la
Nación son inembargables, los funcionarios competentes deberán adoptar
las medidas conducentes al pago de las sentencias en contra de los
órganos respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello y
respetarán en su integridad los derechos reconocidos a terceros en las
sentencias.
Este breve recuento normativo permite entender la importancia que tiene
la ponderación que debe tener el juez que ordena a las autoridades
públicas hacer obras o cualquier actividad que implique afectar los
presupuestos en el marco de las acciones populares, dado que como se
advierte es un proceso que se realiza de manera anual, donde intervienen
dos ramas del poder público, quienes deben distribuir de la manera más
eficiente los recursos, que en la mayoría de los casos son escasos para
satisfacer las necesidades de la sociedad.
En consecuencia, un plazo mínimo de 12 meses resulta adecuado para
que la autoridad que ha sido condenada a una obligación de hacer, cuente
con el tiempo suficiente para incorporar una partida especial para
garantizar su cumplimiento. Ahora bien, lo anterior no es óbice para que
las entidades omitan su obligación de incluir dentro del presupuesto de
cada entidad las reservas dispuestas para el pago de eventuales condenas
en los procesos judiciales en los cuales sean partes31 y tampoco para que
28
Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 13. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional de inversiones, del plan
financiero y del plan operativo anual de inversiones (L. 38/89, art. 9; L. 179/94, art. 5).
29
Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por
compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10).
30
Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 20. Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con
las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la
República (L. 179/94, art. 7).
31
Cfr. Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 38. En el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones
que correspondan:
a) A créditos judicialmente reconocidos;
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en aquellos casos por razones de urgencia manifiesta y con el fin prevenir
la vulneración de un derecho colectivo o su amenaza, pueda definirse un
plazo menor. Así mismo, cuando la magnitud de la obra o acciones que
deba acometer la entidad no impliquen una modificación a su presupuesto
para el año fiscal que está ejecutando al momento de cumplir la orden
judicial.
Conforme lo anterior, la Sala accederá a la solicitud del Ministerio del
Trabajo y en consecuencia se modificará la decisión en lo relacionado con
el plazo para cumplir la orden.
De las medidas cautelares adoptadas en el fallo del 17 de
noviembre de 2017
Por otro lado, observa la Sala que en el numeral 5º de la parte resolutiva
del fallo de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó
mantener la medida cautelar decretada en audiencia.
Sobre el particular, es necesario poner de presente que de conformidad
con el artículo 25 de la Ley 472 de 199832, el juez constitucional se
encuentra facultado, para que, de oficio o a petición de parte, adopte las
medidas previas que estime pertinentes para para prevenir un daño
inminente o para hacer cesar el que hubiere causado
En consonancia con ello, el artículo 229 del CPACA 33, indicó que las
medidas cautelares contenidas en dicho estatuto serían aplicables a los
procesos que tengan como fin la protección de derechos e intereses
colectivos.
Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 45. Los créditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrales, y las
conciliaciones se presupuestarán en cada sección presupuestal a la que corresponda el negocio respectivo y
con cargo a sus apropiaciones se pagarán las obligaciones que se deriven de éstos.
Será responsabilidad de cada órgano defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones
necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe de cada órgano tomará las
medidas conducentes.
En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa de estos intereses y en el cumplimiento de
estas actuaciones, el juez que le correspondió fallar el proceso contra el Estado, de oficio, o cualquier
ciudadano, deberá hacerlo conocer del órgano respectivo para que se inicien las investigaciones
administrativas, fiscales y/o penales del caso.
Además, los servidores públicos responderán patrimonialmente por los intereses y demás perjuicios que se
causen para el tesoro público como consecuencia del incumplimiento, imputables a ellos, en el pago de estas
obligaciones.
Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de que trata este artículo y
encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o apoderado, según el caso, no se causarán intereses.
Si transcurridos 20 días el interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta
depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o el tribunal y a favor de él o los beneficiarios (L. 179/94,
art. 65).
32
“Artículo 25. Medidas cautelares. Antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso podrá
el juez, de oficio o a petición de parte, decretar, debidamente motivadas, las medidas previas que estime
pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar el que se hubiere causado. (…)”
33
Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante
esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso,
a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia
motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el
objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los
derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán
por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.” (Subrayas de la Sala).
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Así pues, de acuerdo con lo expuesto, es procedente afirmar que dada la
naturaleza preventiva de las medidas cautelares y por ende, transitoria,
no pueden ser adoptadas en el fallo de primera instancia, dado que las
ordenes allí previstas están orientadas a definir la litis.
En otras palabras, el carácter accesorio que para el proceso judicial tiene
la medida cautelar, dado que se profiere dentro de su trámite, impone al
juez la determinación de la necesaria relación entre la pretensión procesal
formulada en el proceso y la medida cautelar solicitada .
Aunado lo anterior, es menester indicar que permitir que confluyan en
una misma decisión el trámite cautelar y el de la sentencia implica
desconocer el derecho de doble instancia que es propio de las primeras
decisiones. Al respecto, esta Sección en providencia del 22 de febrero de
2018, sostuvo:
“La Sala considera que la situación planteada reviste de suma
importancia, pues, se reitera, que en la sentencia proferida al
interior de una acción popular, el Juez debe resolver la
controversia y adoptar medidas definitivas que, en caso de ser
apeladas, deben ser revisadas por el superior jerárquico, en aras
de garantizar el derecho a la doble instancia, razón por la que
carece de toda técnica jurídica la emisión de medidas cautelares
en la misma, pues estas son de carácter provisional o transitorio.
A juicio de la Sala, el hecho de dictar medidas cautelares al
interior de una sentencia, vulnera el derecho al debido proceso
y a la doble instancia de la autoridad obligada, pues el trámite
de apelación del auto que decreta una medida cautelar difiere
del previsto para la apelación de sentencia, en tanto que en el
primer evento la alzada se resuelve de plano y en el segundo se
debe admitir el recurso y correr traslado del mismo a las partes
y al Ministerio Público, lo cual resulta aún más dispendioso. Lo
anterior, aunado al hecho de que hace ilusorio un
pronunciamiento en segunda instancia, tal como ocurrió en el
presente caso.
La Sala destaca que, si bien, el objeto de la acción popular es el
amparo de los derechos colectivos, en cuyo trámite se debe
observar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal,
el Juez también está obligado a velar por el respeto del debido
proceso, garantías procesales y el equilibrio entre las partes, lo
cual no se advirtió en el trámite de la presente acción popular.”34
Finalmente, dado que, la medida cautelar ordenada en el ordinal 5º de la
parte resolutiva es necesaria para garantizar la seguridad de los
transeúntes se ordenará tenerla como definitiva.
Cuestiones finales.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 22 de febrero de
2018, proceso radicado número: 85001 23 33 000 2014 00129 03. Consejera Ponente: María Elizabeth García
González
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Finalmente, el 25 de enero de 2022, vía correo electrónico, y en
documento que se anexa al expediente35 el Oscar David Uriza Pérez, en
calidad de Director General del Instituto de Patrimonio y Cultura de
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias IPCC; confirió poder
especial a la abogada Luz Ángela Turizo Pereira como abogada principal,
identificada con cedula de ciudadanía nro. 1.047.495.441 y TP, 341.620
y al abogado Milton José Pereira Blanco como abogado suplente,
identificada con cedula de ciudadanía nro. 1.128.057.977 y TP, 179.691
para que representen a la entidad dentro del proceso de la referencia.
Como quiera que el poder cumple con los requisitos previstos en el
artículo 75 del Código General del Proceso, el Despacho le reconocerá
personería a los mencionados profesionales del derecho en los términos
del poder que le ha sido conferido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR el numeral segundo de la sentencia proferida
el 10 de julio de 2019, por la Sala de Decisión nro. 001 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo expresado en la parte
motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral tercero del fallo impugnado y en
consecuencia, se fija un término de doce (12) meses para el cumplimiento
del mismo, contados a partir de la ejecutoria de este proveído.
TERCERO: ORDENAR que mientras se surte el proceso contractual para
la adecuación de la fachada del edificio, se dispongan los medios
necesarios de seguridad en el edificio.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
QUINTO: REMITIR copia de la presente providencia a la Defensoría del
Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472
de 1998.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriado este proveído.
NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
35
Índice 57 Samai.
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La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su
sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO
Consejero de Estado CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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