Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2016-01047-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2016-01047-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2016-01047-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
18 de abril de 2024
1
Radicado: 08001 23 33 000 2016 01047 01
Demandante: Defensoría del Pueblo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá DC. dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación núm.: 08001 23 33 000 2016 01047 01
Actor: Defensoría del Pueblo
Demandados: Municipio de Malambo, Corporación Autónoma
Regional del Atlántico, Departamento de
Atlántico, Empresa de Aguas de Malambo y otros
ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir los recursos de apelación interpuestos por la
Defensoría del Pueblo, el Municipio de Malambo – Atlántico y la
Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de Barranquilla en contra
de la sentencia del 7 de junio de 2019, emitida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por la cual se ampararon los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, al espacio público, de acceso a
la infraestructura que garantice la seguridad y salubridad públicas y
defensa del patrimonio público.
I. SÍNTESIS DEL CASO
I.1. La Defensoría del Pueblo presentó la demanda de la referencia en
contra del Municipio de Malambo – Atlántico, la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico (en adelante CRA), el Departamento del Atlántico
y la Empresa de Aguas de Malambo S.A. E.S.P., al considerarlas
responsable de la vulneración de los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, el acceso a una infraestructura de servicios que
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garantice la salubridad pública y el acceso a los servicios públicos y a
que su prestación sea eficiente y oportuna.
I.2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRETENSIONES
Solicito, señor Juez en atención que con fundamento en los
hechos que entro a narrar a continuación, efectuar los
siguientes pronunciamientos:
1.- Ordenar a los accionados, que gestionen, construyan y
viabilicen la adecuación de la vía de acceso al barrio o sector
conocido como Ciudadela Caribe Real, dispongan el manejo
control y disposición de basuras y residuos sólidos, dispongan
el encerramiento de los lotes aledaños al conjunto habitacional
Ciudadela Caribe Real y tomen medidas para el adecuado y
oportuno servicio de acuerdo a los estándares de calidad que
exigen los organismos internacionales, para la comunidad de
este sector.
2.- Ordenar a estos mismos servidores que representan a cada
una de las entidades accionadas que adelanten programa de
desmonte, limpieza y disposición de basuras, que hagan un
cerramiento y control que evite la proliferación de basuras a
cielo abierto; se haga una adecuación de la vía, estas medidas
deberán adoptarse en un plazo razonable teniendo en cuenta
que se está vulnerando el derecho colectivo al medio ambiente
y a la salubridad pública.
3.- Que el señor Alcalde Municipal conjuntamente con la
Gobernación del Atlántico gestionen y dispongan la extensión
de rutas de transporte de servicio público para las familias que
residen en la Ciudadela Caribe Real.”1
1 Visible a folio 1 del Cuaderno del Tribunal.
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1.3. Como sustento de las pretensiones adujo que:
Mencionó que realizó una visita al sector denominado Ciudadela Caribe
Real – Malambo, en el que residen setecientas veinte (720) familias que
resultaron beneficiarias del programa de viviendas gratuitas del
Gobierno Nacional. Expresó que dicho sector se encuentra alejado del
casco urbano del Municipio y cuenta con una entrada de dos (2)
kilómetros sin cerramiento y sin pavimentar.
Anotó que, a lado y lado de esa vía, existen basuras y la presencia de
tramos enmontados que constituyen un peligro para las personas que
transitan en ese lugar.
Destacó que los habitantes de ese sector no tienen acceso a la
prestación del servicio de transporte público urbano, lo que constituye
un riesgo a su integridad física y vida.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La acción fue presentada el 30 de marzo de 2016. Correspondió al
Juez Primero Administrativo del Circuito de Barranquilla, quien mediante
proveído del 13 de abril de 2016, la admitió. Particularmente, ordenó
notificar al Municipio de Malambo, a la Corporación Autónoma Regional
del Atlántico (en adelante CRA), a la Gobernación del Atlántico y a la
Empresas de Aguas de Malambo S.A. E.S.P2.
2.2. Las accionadas contestaron la demanda, esgrimiendo los
siguientes argumentos:
2.2.1.La CRA señaló que con sus actuaciones ha dado cumplimiento a
sus obligaciones constitucionales y legales, por lo que las imputaciones
de la demanda en contra de esa entidad carecían de fundamento.
2 Visible a folios 104 a 105 del Cuaderno del Tribunal.
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Además, reprochó que la parte actora no es una autoridad ambiental de
modo que no puede afirmar que la situación descrita en la demanda
comporta una afectación ambiental.
Concluyó señalando que esa entidad no ejecuta obras ni presta servicios
públicos por lo que solicitó su desvinculación del presente asunto 3.
2.2.2.El Municipio de Malambo – Atlántico manifestó que los predios
de acceso al Conjunto Ciudadela Real Caribe pertenecen a la sociedad
denominada Inverfaro LTDA, por lo que a ella le corresponde la limpieza
y cerramiento de dichos lotes.
Expresó que la recolección de basuras en la zona es responsabilidad de
la Empresa Aseo Una A.S.A. E.S.P., quien efectúa ese servicio en una
frecuencia diaria de lunes a sábado. Anotó que los residuos sólidos que
allí son extraídos son llevados al relleno sanitario Parque Ambiental “Los
Pocitos” ubicado en el Municipio de Tubará. Agregó que ha realizado
capacitaciones a la comunidad sobre el manejo adecuado de los
residuos.
Señaló que desde el 11 de abril de 2016 se operan dos (2) rutas de
transporte público en los barrios Ciudadela Real del Caribe y sus
alrededores, lo que ha beneficiado a setecientas veinte (720) familias 4.
2.2.3.El Departamento del Atlántico propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva. Al respecto aseguró que los
Departamentos frente a los Municipios, únicamente ejercen funciones
administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción
municipal, de intermediación entre la Nación y estos y de prestación del
servicio que determina la Constitución y la Ley.
3 Visible a folios 117 a 128 del Cuaderno del Tribunal.
4 Visible a folios 468 a 471 del Cuaderno del Tribunal.
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Precisó que la CRA es la entidad encargada de conservar, recuperar y
proteger los recursos naturales mediante la ejecución de políticas,
estrategias y acciones de desarrollo sostenible que impidan su
deterioro5.
2.2.4.La Empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P., se opuso a las
pretensiones señalando que la sociedad encargada de prestar el servicio
de aseo en ese sector era la Sociedad Aseo Una A. S.A. E.S.P6.
2.3. En auto del 17 de agosto de 2016, el Juzgado Primero
Administrativo de Barranquilla ordenó la vinculación de la Constructora
ECO S.A., el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el
Departamento de la Prosperidad Social. Además, declaró su falta de
competencia para el conocimiento de la demanda de la referencia y
ordenó su remisión al Tribunal Administrativo del Atlántico7.
2.4. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
anotó que carecía de legitimidad en la causa por pasiva para intervenir
en ese asunto, como quiera únicamente desarrolló el estudio técnico
para la identificación y selección de potenciales beneficiarios definitivos
del programa llamado “100 mil viviendas gratis”.
Resaltó que el Municipio de Malambo era quien tenía la obligación legal
de construir vías de acceso, disponer del manejo y control de residuos,
el encerramiento de lotes y la adecuación del servicio público de
transporte en ese sector8.
2.5. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio alegó que
carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la
prestación de los servicios de aseo y transporte se encuentran en
cabeza del Municipio de Malambo, de modo que era éste quien debía
5 Visible a folios 522 a 533 del Cuaderno del Tribunal.
6 Visible a folios 712 a723 del Cuaderno del Tribunal.
7 Visible a folios 541 a 543 del Cuaderno del Tribunal.
8 Visible a folios 595 a 604 del Cuaderno del Tribunal.
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adoptar las medidas necesarias para cesar la vulneración de los
derechos colectivos invocados en la demanda.
Destacó que en el presente asunto no se probó la vulneración de los
derechos colectivos, como quiera que el accionante se limita a señalar
un sin número de irregularidades de forma abstracta, sin probar las
supuestas omisiones en que habrían incurrido las autoridades
demandadas.
2.6. Las sociedades Construcciones y Explanaciones ECO S.A.S
manifestaron que únicamente fueron contratadas para la construcción
de la Urbanización Ciudadela Real Caribe. Reprocharon que la realización
de vías de acceso y la concesión del servicio público de transporte eran
del resorte del Municipio y del Departamento9.
2.7. En auto del 25 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo del
Atlántico vinculó a la empresa Aseo Una A. S.A. E.S.P.10
2.8. El 11 de octubre de 2018, el Tribunal declaró fallida la audiencia
de pacto de cumplimiento11.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico dictó sentencia el 7 de
junio de 2019, en el sentido de amparar los derechos colectivos de la
comunidad afectada. A continuación, se transcribe la parte resolutiva:
“1. DECLARASE probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, propuesta por la Nación - Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, la Empresa Aguas de Malambo
S.A. E.S.P., el Departamento del Atlántico y el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.
9 Visible a folios 627 a 628 del Cuaderno del Tribunal.
10 Visible a folios 757 a 758 del Cuaderno del Tribunal.
11 Visible a folios 774 a 778 del Cuaderno del Tribunal.
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2. DECLARANSE no probadas las excepciones de ausencia de
responsabilidad propuesta por Construcciones y Explanaciones
ECO S.A. y legalidad de la actuación administrativa e
inexistencia de la obligación formulada por la Corporación
Autónoma Regional del Atlántico.
3. DECLARASE que el Municipio de Malambo, Atlántico, vulneró
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, espacio
público, acceso a la infraestructura que garantice la seguridad
y salubridad públicas y defensa del patrimonio público,
conforme a las consideraciones expuestas precedentemente.
4. ORDENASE al señor Alcalde del Municipio de Malambo,
Atlántico, la ejecución de la pavimentación con las debidas
especificaciones técnicas y de espacio público, de la vía de
acceso a la Ciudadela Real del Caribe, en el Municipio de
Malambo, ubicada en la Calle 26A No.17-24 y Calle 26A No.17-
26, que ofrezca amparo definitivo a los derechos colectivos
anteriormente relacionados, de los habitantes del sector
referido.
Se concede el término de treinta (30) días, contados a partir
de la notificación de la ejecutoria del presente fallo, para que
inicie los trámites administrativos y presupuestales necesarios
para las obras de pavimentación a que se ha hecho mención.
En todo caso, las obras civiles de pavimentación se
comenzarán a ejecutar en la vigencia fiscal del presente año
2019, y culminarán a más tardar en un plazo de dieciocho (18)
meses siguientes a la firmeza de esta decisión. 5. ORDENASE
al Municipio de Malambo, Atlántico, para que en el término de
quince (15) días, haga uso de los mecanismos y
procedimientos legales con que cuenta para ordenar el
cerramiento de los lotes que se encuentran a los lados de la
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vía de acceso a la Ciudadela Real del Caribe, en el Municipio de
Malambo, ubicada en la Calle 26A No.17 -24 y Calle 26 A
No.17 -26. También deberá disponer en ese mismo término, lo
necesario para la limpieza de estos y las zonas circundantes,
que extinga el riesgo ambiental que generan estos para las
personas que transitan por el sector.
6. DESIGNASE a la Procuraduría General de la Nación -
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Defensoría
del Pueblo - Delegada para los derechos Colectivos y del
Ambiente, para que de conformidad con lo establecido en los
artículos 277 numeral 40 y 282 de la Constitución Política,
velen por el estricto cumplimiento de esta providencia.”
3.2. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuestas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
la Empresa Aguas de Malambo S.A. E.S.P., el Departamento del
Atlántico y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,
indicó que en el presente asunto se discutía la prestación del servicio de
aseo, así como la construcción de las obras necesarias para la libre
circulación de los ciudadanos.
Así, indicó que era el Municipio de Malambo el competente para ejecutar
dichas obras, necesarias para el progreso local, con apoyo financiero,
técnico y administrativo de la autoridad Departamental y de la Nación,
por lo que declaró probadas las excepciones de falta de legitimación
planteadas por las entidades antes citadas.
3.3. Luego de aludir al alcance de los derechos colectivos a la
seguridad y salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y que
su prestación sea oportuna y al espacio público indicó que la vía de
acceso a la Ciudadela Real del Caribe está en un estado de deterioro,
inestabilidad y hundimiento del terreno. Asimismo, adujo que el
desatamiento de la vía provoca el estancamiento de aguas lluvias, focos
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de contaminación y enfermedades para habitantes, transeúntes y
especialmente para la población infantil.
Anotó que el ente demandado no probó que haya gestionado estudios
sobre la necesidad de las obras, que haya efectuado alguna asignación
presupuestal, hubiera dado apertura a alguna licitación pública para la
contratación y ejecución de las obras de pavimentación de manera
ordenada.
En cuanto a la limpieza y encerramiento de los predios aledaños en los
que se está arrojando basura, expuso que esa circunstancia contribuye
a la proliferación de enfermedades. Anotó que, en el sector no se
demostró que la Empresa de Servicio de Aseo Una A. S.A. preste el
servicio de aseo. Expresó que, pese a que dichos inmuebles son de
propiedad de la sociedad Inverfaro LTDA. y que el Municipio la ha
requerido para que proceda a la limpieza y cerramiento de ese lote, ello
no liberaba de responsabilidad al ente territorial, pues desde el año
2016 este tenía conocimiento de esa problemática sin que haya
adoptado ninguna medida para solventar la misma.
Finalmente, despachó las pretensiones relacionadas con la prestación
del servicio público de transporte, como quiera que ya existían dos (2)
rutas afiliadas a la Empresa Cootrasol que presta el servicio en la vía de
acceso al Conjunto Habitacional Ciudadela Real Caribe.
IV. RECURSOS DE APELACIÓN
4.1 El Municipio de Malambo - Atlántico manifestó que el proyecto
habitacional Ciudadela Real del Caribe, fue una obra adelantada única y
exclusivamente por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
contratada por licitación pública con la empresa Construcciones y
Explanaciones ECO S.A.S., por lo que la participación de ese ente
territorial, se limitó a la emisión de las correspondientes licencias de
urbanismo.
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Manifestó que mediante Acuerdo 029 del 2018, fue aprobado y
adoptado el presupuesto general de ingresos y gastos para la vigencia
de 2019, el cual se encuentra ejecutado en un ochenta por ciento (80
%). Anotó que el Juez no puede ordenar la ejecución de obras que no
estén previstas en el presupuesto municipal pues se convertiría en una
especie de coadministrador, invadiendo las competencias de los entes
territoriales.
Concluyó que ya había entrado a regir la ley de garantías, circunstancia
que le impide realizar algún tipo de contratación, lo que le imposibilita
realizar las obras civiles de pavimentación desde el año 2019,
circunstancia que le fue ordenada en el fallo de primera instancia.
4.2. La Procuraduría General de la Nación presentó recurso de
apelación en calidad de Ministerio Público con base en los argumentos
que se exponen enseguida:
Indicó que el Conpes 3874 de 2016 establece que la gestión de los
residuos sólidos debe hacerse desde un enfoque integral entre lo
ambiental y los aspectos relacionados con el servicio de aseo. Manifestó
que para esos efectos el Estado cuenta con los siguientes instrumentos:
(i) el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS y ii) el Manejo
de Residuos de Construcción y Demolición – RCD. A su vez, tras citar la
Ley 1333 de 2009, señaló que los procedimientos sancionatorios
ambientales, buscan castigar las infracciones en ese material y que la
entidad competente para llevar a cabo éstos, son las Corporaciones
Autónomas Regionales.
En ese orden, anotó que en la decisión de primera instancia, se debió
ordenar al Municipio de Malambo y a la Corporación Autónoma Regional
del Atlántico la imposición de medidas correctivas en materia policivas y
ambientales por la inadecuada disposición de residuos sólidos en los
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lotes y zonas aledas en las vías de acceso a la Ciudadela Real del
Caribe, en el Municipio de Malambo.
4.3. La Defensoría del Pueblo mencionó que el numeral sexto de la
parte resolutiva de la sentencia del Tribunal, no tuvo desarrollo en la
parte motiva y reprochó que, para la verificación del cumplimiento de la
sentencia no se integrara el respectivo Comité por el Juez de
conocimiento, las partes, la entidad pública encargada de velar por el
derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades relacionadas con el objeto del fallo.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Mediante autos del 16 de octubre de 2020 y del 8 de marzo de
2021, el Despacho sustanciador admitió la demanda y corrió traslado
para alegar de conclusión.
5.2. En memorial del 15 de marzo de 2021, la sociedad
Construcciones y Explanaciones ECO S.A. indicó que no es
responsable de las vías de acceso o las rutas de transporte público hacía
la urbanización Ciudadela Real del Caribe pues ello era responsabilidad
del Municipio o del Departamento12.
5.3. En escrito del 17 de marzo de ese año, la Defensoría del
Pueblo reiteró lo expuesto en el recurso de alzada13.
5.4. A su vez, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda.
5.5. El Departamento del Atlántico pidió confirmar la decisión de
primera instancia, como quiera que los Municipios son quienes ostentan
12 Visible en el índice 21 del Sistema de Gestión SAMAI.
13 Visible en el índice 23 del Sistema de Gestión SAMAI.
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las competencias para atender la prestación oportuna y eficiente del
servicio de aseo, así como la construcción de obras que demande el
progreso local de Malambo14.
5.6. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio pidió mantener
la decisión de primera instancia, que encontró que esa entidad no tenía
legitimación en la causa por pasiva para intervenir en este asunto15.
5.7. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico – CRA
expuso que esa entidad no tenía responsabilidad en la vulneración de los
derechos colectivos toda vez que no ha actuado de manera negligente ni
ha incumplido ninguno de sus deberes legales.
5.8. Aguas de Malambo S.A. E.S.P. manifestó que no era el
operador contratado para prestar el servicio de recolección y disposición
de residuos sólidos, ni tiene facultades para ejecución de obras en vías
públicas y la extensión de rutas de transporte de servicio público16.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público emitió concepto en esta instancia del proceso de
la referencia, señalando lo que se sintetiza a continuación:
6.1. Indicó que estaba probada la presencia de basuras en ambos lados
de la vía que conduce al Conjunto Residencial Ciudadela Real del Caribe,
lo que contribuye a la proliferación de enfermedades en los habitantes
de esa zona. Asimismo, que en dicho sector no se presta el servicio
público de transporte urbano, lo que constituye un riesgo para la
integridad física de la vida y las personas que transitan por allí.
En consecuencia, expuso que se había acreditado la vulneración de los
derechos colectivos invocados en la demanda por la falta de pavimento
14 Visible en el índice 27 del Sistema de Gestión SAMAI.
15 Visible en el índice 28 del Sistema de Gestión SAMAI.
16 Visible en el índice 31 del Sistema de Gestión SAMAI.
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y andenes en una de las vías de acceso a la Ciudadela Real del Caribe,
la inestabilidad y el hundimiento de terreno, polución y estancamiento
de aguas en época de lluvias que posibilitan los criaderos de zancudos,
causantes de enfermedades, siendo la población más vulnerable los
niños, niñas y la ancianidad.
Anotó que el Municipio de Malambo – Atlántico no probó que se hayan
gestionado estudios sobre la necesidad de las obras, asignación
presupuestal, la apertura de alguna licitación pública para la
contratación y ejecución de las obras de pavimentación de manera
ordenada, ni demostró que la construcción de la vía no es de la esfera
local, sino que se mantuvo ajeno a la discusión de dicho aspecto.
Anotó que carece de soporte legal el argumento del Municipio de
Malambo, según el cual, como el proyecto de vivienda gratuita fue
desarrollado por el Ministerio de Vivienda, no está obligado a la
construcción o pavimentación de las anotadas vías de acceso, toda vez
que ello era potestad de los entes territoriales. Agregó que también
asiste al mencionado municipio la prestación eficiente de los servicios
públicos, ordenando el cerramiento de los lotes en los que se disponen
residuos irregularmente.
Manifestó que el anotado Municipio no puede excusarse con la falta de
recursos públicos para no realizar las órdenes que le fueron
encomendadas por el a quo y por ende, debe realizar las gestiones
administrativas necesarias para la inclusión de dichos dineros en su
presupuesto durante la siguiente vigencia fiscal.
6.2. De otro lado, pidió que se acceda a la solicitud de la Procuraduría
14 Judicial y Agraria de Barranquilla y se ordene al municipio
demandado y a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la
imposición de las medidas correctivas pertinentes en materia policiva y
ambiental sancionatorio por el depósito de medidas en los lotes y zonas
aledañas a las vías de acceso a la Ciudadela Real del Caribe.
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6.3. Además, solicitó que se acceda a la petición de la Defensoría del
Pueblo y se conforme un Comité para la verificación del cumplimiento de
la sentencia, en la que además del Agente del Ministerio Público, la
integren una entidad pública encargada de velar por el derecho o interés
colectivo y una organización no gubernamental con actividades
relacionadas con el objeto del fallo.
VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de
1998, el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del
Acuerdo 080 de 2019, proferido por el Consejo de Estado, esta
Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los
recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de
intereses y derechos colectivos.
7.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia.
El Tribunal amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano17, espacio público18, acceso a la infraestructura que garantice la
seguridad y salubridad pública19 y defensa del patrimonio público20.
Ahora bien, al revisar los recursos de apelación, el municipio no
cuestiona la vulneración a los derechos colectivos declarados por el
Tribunal, lo que aduce es que el proyecto de viviendas Ciudadela Caribe
Real – Malambo fue construido por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo
17 Literal a del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
18 Literal d del articulo 4 de la Ley 472 de 1998.
19 Literal h del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
20 Literal e del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.
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Territorial y la empresa Construcciones y Explanaciones ECO S.A.S., por
lo que es la entidad llamada a responder y no el municipio.
Adicionalmente, señala que el presupuesto para el año 2019 ya estaba
ejecutado en un 80% para la fecha de la sentencia, por lo que en el
tiempo que dispuso el Tribunal para cumplir la orden, le era imposible y
que el juez popular no puede ordenar la ejecución de obras que no
estén previstas en el presupuesto municipal, pues se convierte en un
coadministrador.
Por su parte la Procuraduría solicitó que se adicione el fallo en el sentido
de ordenar el inicio de actuaciones administrativas sancionatorias por
incumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
y el Manejo de Residuos de Construcción y Demolición, en el marco de
lo dispuesto en la ley 1333 de 2009.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo solicita que se integre el Comité de
verificación de cumplimiento.
Conforme a lo anterior, le corresponde a la Sala establecer i). ¿Cuál es
la entidad responsable por la vulneración a los derechos colectivos, con
ocasión del mal estado de una vía de acceso a una urbanización ubicada
en el casco urbano del Municipio de Malambo?; ii). ¿Es viable un plazo
de 30 días para que una entidad territorial inicie los trámites
administrativos y presupuestales necesarios para planificar, desarrollar y
ejecutar una obra de pavimentación de una vía municipal, así como
apropiar e incorporar a un presupuesto en ejecución los recursos
necesarios?; iii). ¿Procede ordenar a las autoridades ambientales y
policivas adelantar procesos sancionatorios, con ocasión de los hechos
encontrados probados en el trámite de una acción popular? Y iv).
Procede ordenar la conformación del comité de verificación.
7.2.1. De la entidad responsable por la vulneración a los
derechos colectivos.
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El Tribunal declaró la falta de legitimación por pasiva del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, comoquiera que determinó que la
obligación de prestar el servicio de aseo y la construcción de la vía de
acceso al complejo de viviendas le compete a la entidad territorial.
Por su parte, la entidad territorial de manera muy sucinta considera que
como el Ministerio por intermedio del contratista Construcciones y
Explanaciones ECO S.A., desarrolló el proyecto, es la llamada a
responder y en ese sentido cumplir la orden correspondiente a la
pavimentación de la vía de acceso.
Obra en el expediente certificación expedida por el municipio en la que
se señala que los predios donde se desarrolló el proyecto están
clasificados como zona residencial densidad media21.
Así mismo, obra copia de la Resolución nro. 60 de 2002 mediante la cual
se modifica y prorroga la licencia de urbanismo y construcción para el
proyecto Ciudadela Caribe, expedida por el municipio en la que se
advierte que el proyecto consta de 1652 viviendas a desarrollarse en
seis etapas22.
Conforme a lo anterior, advierte la Sala que el proyecto se construyó en
la zona urbana del municipio de Malambo, por lo tanto, y así como lo
estableció el Tribunal, le corresponde a esta entidad territorial el
cumplimiento de la orden impuesta como se pasa a explicar.
Establece el artículo 311 de la Constitución Política que le corresponde al
municipio prestar los servicios públicos y construir las obras que
demande el progreso local y ordenar el desarrollo de su territorio. El
artículo 315 dispone que, entre las atribuciones del alcalde, está la de
presentar al Concejo los proyectos de acuerdos sobre planes y
21 Fl. 38 cuaderno nro 03.
22 Fl. 58 cuaderno nro. 03.
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programas de desarrollo económico y social, obras públicas y
presupuesto anual de rentas y gastos.
Adicionalmente, en el artículo 254 del Decreto Ley 1333 de 1986 se
autoriza a los municipios para que celebren los contratos o convenios
para la realización de las obras públicas o la prestación de servicios
públicos en su jurisdicción.
Según lo dispuesto en la ley 388 de 1997 los municipios son los
encargados de disponer de los instrumentos necesarios para orientar el
desarrollo del territorio bajo su jurisdicción y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio público, que implica la
planificación, desarrollo y ejecución de las actuaciones urbanas
integrales que afectan la estructura del territorio municipal. Ahora entre
las acciones urbanísticas que le compete a cada entidad territorial,
específicamente se establece que deben dirigir y realizar la ejecución de
obras de infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos públicos. Todas estas acciones deben
estar contenidas y autorizadas en los Planes de Ordenamiento Territorial
o en los instrumentos que los desarrollen o complementen.
En esta misma ley se define el suelo urbano como las “áreas del
territorio distrital o municipal destinadas a usos urbanos por el plan de
ordenamiento, que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de
energía, acueducto y alcantarillado, posibilitándose su urbanización y
edificación, según sea el caso”.
Conforme a lo anterior, no existe duda que en el caso concreto el
municipio de Malambo es la entidad responsable por la vulneración a los
derechos colectivos invocados en la demanda, y amparados por el
Tribunal, comoquiera que el lugar donde se planificó, desarrolló y
ejecutó el proyecto urbanístico Ciudadela Real está ubicado en el casco
urbano y es a esta entidad territorial según las normas constitucionales
y legales a quien le corresponde garantizar el adecuado desarrollo
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urbanístico, específicamente lo que tiene que ver con el estado del
espacio público municipal, por lo que se confirmará la decisión de
primera instancia en este punto.
7.2.2. De la orden decretada por el Tribunal correspondiente
a la pavimentación de una vía municipal y el plazo para
su cumplimiento.
Según lo disponen los artículos 339 y siguientes de la Constitución
Política, a nivel nacional existe un Plan Nacional de Desarrollo que
consta de una parte general y un plan de inversiones de las entidades
públicas. Así mismo, establece que las entidades territoriales elaborarán
y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional
planes de desarrollo; lo anterior, con un objetivo único y transversal
“asegurar el uso eficiente de los recursos”.
Dentro de este contexto, las órdenes que disponen el desarrollo de un
proyecto de infraestructura vial, sea nacional, terciaria o veredal, y bajo
cualquier modalidad contractual, esto es, APP, concesión o licitación
pública, debe estar precedida de una etapa de planeación en donde se
priorizan los proyectos y programas que va a desarrollar la entidad. Ello
por cuanto, con órdenes de esta naturaleza, los escasos recursos que
existen para el desarrollo de la infraestructura vial se destinan de una
manera ineficiente, pues desconocen la prioridad que surge de estudios
detallados elaborados por las autoridades competentes, y obligan a
destinar el presupuesto de manera desorganizada a la atención de
necesidades que, si bien pueden favorecer a un grupo de personas,
necesariamente implican desconocer el desarrollo en su conjunto de la
infraestructura, como elemento básico para la comunidad en general.
Ahora bien, en el caso concreto el Tribunal dispuso adoptar todas las
medidas necesarias para la pavimentación de una vía de acceso a la
ciudadela Caribe Real, para lo cual dispuso un plazo de 30 días para la
planificación y de 18 meses para la ejecución del proyecto.
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Sobre el particular, establecer plazos de este tipo sin que se cuente en
el expediente con los elementos probatorios suficientes y necesarios que
permitan llegar a la conclusión inequívoca que se está haciendo un uso
eficiente de los recursos no resulta procedente, por lo que procede
modificarla, por las razones que se pasan a explicar.
En un pronunciamiento reciente de esta misma Sección en cuanto a los
plazos de cumplimiento de las órdenes que implican el desarrollo de
obras públicas se dispuso lo siguiente:
“El presupuesto ha sido entendido como las previsiones
anuales de ingresos y gastos de una organización; en cuanto a
los presupuestos públicos, es la herramienta que le permite al
sector público cumplir con la producción de bienes y servicios
públicos para la satisfacción de las necesidades de la población
de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía y
sociedad del país23. Así mismo, es una de las herramientas
fundamentales para la ejecución de la política económica por
parte del Estado24.
En el artículo 151 de la Constitución Política se establece que
será competencia del Congreso expedir la ley orgánica que
regulará la preparación, aprobación y ejecución del
presupuesto de rentas. El artículo 200, numeral 4° ibídem
23 Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 41. Se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo
es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento
ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la
calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión.
El presupuesto de inversión social no se podrá disminuir porcentualmente en relación con el del
año anterior respecto con el gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones.
La ley de apropiaciones identificará en un anexo las partidas destinadas al gasto público social
incluidas en el presupuesto de la Nación.
PARÁGRAFO El gasto público social de las entidades territoriales no se podrá disminuir con
respecto al año anterior y podrá estar financiado con rentas propias de la respectiva entidad
territorial, estos gastos no se contabilizan con la participación municipal en los ingresos
corrientes de la Nación (L. 179/94, art. 17).
24 Cfr. Aspectos generales del proceso presupuestal colombiano. Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
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dispone que le corresponde al Gobierno enviar a la Cámara de
Representantes el proyecto de presupuesto de rentas y gastos.
El capítulo 3 de la Constitución establece el marco general que
debe cumplirse en materia de presupuesto. Así vemos como en
el artículo 345 se establece que no se podrá percibir
contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de
rentas, ni hacer erogación o gasto con cargo al tesoro que no
se halle incluido en el de gastos.
Ahora bien, en cuanto al procedimiento, dispone el artículo
346, que le corresponde al Gobierno formular anualmente el
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que será
presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de
cada legislatura. Este mismo artículo reconoce que el
presupuesto deberá elaborarse y aprobarse dentro de un
marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional
de Desarrollo. En la ley de apropiaciones es donde el Gobierno
establece los gastos en que incurrirá para el siguiente año
fiscal.
En el título II del decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico del
presupuesto general de la Nación se establecen los principios
del sistema presupuestal, entre ellos se destaca a los de
planificación25, anualidad26, coherencia macroeconómica27.
Ahora bien, en el artículo 19 del decreto 111 de 1996, se
reconoce que aun cuando las rentas incorporadas en el
25 Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 13. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá
guardar concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional de
inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones (L. 38/89, art. 9; L.
179/94, art. 5).
26 Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y termina
el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos
con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de
apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10).
27 Decreto 111 de 1996. ARTÍCULO 20. Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser
compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta
Directiva del Banco de la República (L. 179/94, art. 7).
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presupuesto general de la Nación son inembargables, los
funcionarios competentes deberán adoptar las medidas
conducentes al pago de las sentencias en contra de los órganos
respectivos, dentro de los plazos establecidos para ello y
respetarán en su integridad los derechos reconocidos a
terceros en las sentencias.
Este breve recuento normativo permite entender la
importancia que tiene la ponderación que debe tener el juez
que ordena a las autoridades públicas hacer obras o cualquier
actividad que implique afectar los presupuestos en el marco de
las acciones populares, dado que como se advierte es un
proceso que se realiza de manera anual, donde intervienen dos
ramas del poder público, quienes deben distribuir de la manera
más eficiente los recursos, que en la mayoría de los casos son
escasos para satisfacer las necesidades de la sociedad”28.
Siguiendo este derrotero, le asiste razón a la entidad territorial en
cuanto a que la orden dispuesta por el Tribunal resulta difícil de cumplir,
pues todo proyecto de obra pública, así sea la pavimentación de una vía
existente, como sucede en el caso concreto, debe estar precedido de un
proceso de planificación que permita incorporar la actividad en el
presupuesto anual de la entidad para la vigencia fiscal siguiente al año
en que se profiere la decisión, pues hacerlo en uno que está en
ejecución probablemente implique afectar obras que fueron priorizadas
en su momento, por lo tanto, se modificará la orden dispuesta en el
numeral cuarto, para recoger los parámetros aquí explicados, en caso
tal para la fecha de notificación de la presente sentencia no se haya
realizado ninguna actividad relacionada por parte del municipio.
7.2.3. De la solicitud para que se ordene iniciar una
actuación administrativa sancionatoria.
28 Radicado 13001-23-33-000-2017-01057-01 (AP); 10 de noviembre de 2023, CP Oswaldo
Giraldo López.
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En el recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la
Nación se solicita iniciar unas actuaciones administrativas sancionatorias
por incumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
PGIRS y el Manejo de Residuos de Construcción y Demolición.
En el caso concreto, se tuvo por probado que en la vía de acceso existe
un indebido manejo de residuos tanto de construcción como sólidos,
hecho que no es objeto de debate en el trámite del presente recurso de
apelación y partir del cual la Procuraduría solicita se ordene iniciar las
actuaciones administrativas sancionatorias correspondientes.
Según lo dispone la ley 99 de 1993, el Sistema Nacional Ambiental
(SINA) está conformado, entre otras autoridades por los distritos y los
municipios29 a quienes con el apoyo de la Policía Nacional y en
coordinación con las Corporaciones Autónomas les corresponde proteger
el derecho a un ambiente sano.
Dispone la Resolución 754 de 2014, que los municipios deben
implementar un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS -,
y según la Resolución 472 de 2017 los municipios deben seleccionar un
sitio para la disposición de los residuos de construcción.
Finalmente, según la ley 1801 existen comportamientos que afectan la
convivencia ciudadana, entre los cuales cuando se afecta la salud
pública, que tiene la connotación de ser un derecho esencial, individual,
colectivo y comunitario.
29 Artículo 65º.- Funciones de los Municipios, de los Distritos y delDistrito Capital de Santafé
de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen
constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las que se
le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por las
Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:
6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la Policía
Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con
sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de control y vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los
deberes del Estado y de los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho
constitucional a un ambiente sano.
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Teniendo en cuenta este marco normativo, la indebida disposición de
residuos sólidos, de construcción y en general la basura que se produce
en el normal trascurrir de una sociedad, es una actividad que tiene la
virtualidad de afectar la convivencia ciudadana y a su vez derechos
colectivos como los amparados en el caso concreto, en especial, al goce
de un ambiente sano y la salubridad pública, por lo que le corresponde
al municipio en coordinación con las corporaciones autónomas
implementar las medidas necesarias para garantizar su protección, entre
las cuales están las de iniciar actuaciones administrativas
sancionatorias, en el marco de lo dispuesto en la ley 1333 y sus normas
reglamentarias.
Por lo anterior, le asiste razón a la Procuraduría General de la Nación en
su solicitud, por lo que en la parte resolutiva se instará para que en el
marco de las competencias si persiste la problemática respecto del
manejo y disposición de los residuos sólidos y material de construcción
adelantar las indagaciones administrativas pertinentes, en caso tal a la
fecha de notificación de la presente decisión no se haya adoptado
alguna medida en este sentido.
7.2.4. De la integración del comité de verificación.
Establece el artículo 34 de la Ley 472 que en la sentencia se podrá
integrar un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia,
comoquiera que resulta necesario garantizar un mecanismo que le haga
seguimiento a las órdenes dispuestas en esta decisión, así se dispondrá
en la parte resolutiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
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FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto (4°) de la sentencia de
primera instancia y en su lugar se ordena:
“ORDENAR al municipio de Malambo adoptar las medidas
administrativas necesarias para que dentro de un plazo de seis
(6) meses, realicen los trámites que se requieran para
incorporar el proyecto de pavimentación de la vía objeto del
presente proceso en el plan de desarrollo correspondiente, si
éste no existe y en la vigencia fiscal del año siguiente, para lo
cual debe agotar el trámite para tal fin; o priorizar los
programas, proyectos u obras, si ya pueden ser ejecutadas con
el plan vigente, en caso tal no se haya adoptado alguna
medida en este sentido”.
SEGUNDO: CONFORMAR un Comité de Verificación, el cual estará
integrado por el Tribunal Administrativo de Atlántico a través de su
magistrado ponente, quien lo presidirá, por el Municipio de Malambo, la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, la Defensoría del Pueblo y
miembros de la comunidad, para que hagan seguimiento al
cumplimiento de esta decisión para materializar los derechos e intereses
colectivos amparados.
TERCERO: INSTAR a la Corporación Regional del Atlántico para que en
el marco de sus competencias Constitucionales y legales, si persiste la
problemática respecto del manejo y disposición de los residuos sólidos y
material de construcción adelantar las indagaciones administrativas
pertinentes.
CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la providencia de primera
instancia.
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QUINTO: REMITIR copia de la providencia a la Defensoría del Pueblo,
conforme lo dispuesto en el artículo 80 de la ley 472.
Cópiese, Notifíquese, Comuníquese y Cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZON Consejero de Estado
Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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