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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2014-00193-01

Fecha
10 de noviembre de 2016
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-31-000-2014-00193-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 27 de abril de 2015, los cuales quedarán así: “Tercero. Ordenar a la Gerente General de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S o quien haga sus veces y al Gestor Regional Antioquia y Eje Cafetero de dicha entidad, lo siguiente: Que retiren todos los obstáculos impuestos (cadenas, letreros y perros) que prohíban el libre tránsito de personas, animales o vehículos livianos por el “camino de La Bélgica” en el tramo que pasa por el inmueble La Cartuja. Permitir el tránsito peatonal y vehicular (liviano) de los habitantes del sector de San Peregrino y visitantes, por el “camino de La Bélgica" en el tramo que atraviesa por el inmueble La Cartuja. Abstenerse de prohibir nuevamente el tránsito peatonal y vehicular por el "camino de La Bélgica", o de instalar obstáculos o avisos que restrinjan o amenacen la circulación por dicho camino de uso público. La Sociedad de Activos Especiales vigilará para que las personas a quienes designe para la administración, habitación y uso del predio La Cartuja, mayordomos o similares, cumplan con las órdenes aquí reseñadas. Cuarto. Ordenar al Alcalde del Municipio de Manizales o su delegado realizar lo siguiente: Realizar todas las medidas administrativas, legales y judiciales necesarias para el mantenimiento, protección y vigilancia del “camino de La Bélgica" de la vereda San Peregrino. En ese orden de ideas, realizará todas las gestiones necesarias en las instancias administrativas municipales para que se identifique el “camino de La Bélgica" como una vía pública. En el mismo sentido, si fuere necesario, realizará las acciones judiciales correspondientes para que se despeje toda duda sobre la condición de vía pública del pluricitado camino, particularmente en el tramo que cruza el predio rural denominado "La Cartuja"”. SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia apelada en lo demás. TERCERO: Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-31-000-2014-00193-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

10 de noviembre de 2016

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS RELACIONADOS CON EL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO - Por parte de las personas a cargo del inmueble La Cartuja por haber prohibido a la comunidad de San Peregrino el tránsito por el camino La Bélgica / BIEN DE USO PÚBLICO - Lo constituye el camino La Bélgica, en la medida que se demostró que es una vía peatonal y vehicular y de uso permanente por la comunidad

¿El Camino La Bélgica ubicado en el sector de San Peregrino, zona rural de Manizales, es un bien de uso público?. En caso afirmativo ¿Se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público debido a las obstrucciones impuestas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., para el tránsito del Camino La Bélgica?.(…). [D]debe precisar la Sala que si aunque dan cuenta que el camino de La Bélgica no aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales y en el inventario como vía rural del municipio de Manizales, lo cierto es que paradójicamente, tanto en el POT como en el oficio se reconoce la existencia del camino La Bélgica. En efecto, en el artículo 34 del POT al describir la vía La China-Camino La Bélgica, se está haciendo referencia al mismo como un límite; y en el oficio se le reconoce como un ramal que sirve de comunicación de la finca El Paisaje con la vía Departamental Quiebra del Billar – San Peregrino. Como conclusión, se tiene que el denominado camino La Bélgica es un bien de uso público, en la medida que se demostró en este proceso que es una vía peatonal y vehicular y de uso permanente por la comunidad. Además no se acreditó que perteneciera a ningún particular o que fuera bien anexo a algún predio privado, ni tampoco se acreditó que respecto del camino existiera una servidumbre de paso. (…). Teniendo en cuenta que el recurso de apelación está enfocado a señalar que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S., no vulneró el derecho colectivo al goce del espacio público, en tanto que el camino de La Bélgica no es un bien público, considera la Sala en este punto tampoco le asiste razón a la parte impugnante, pues como ya se estableció el mismo sí es un bien de uso público. Adicionalmente, de las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el proceso, se observa que los administradores del predio denominado La Cartuja restringieron de manera directa el tránsito de peatonal y vehicular. En efecto, se constató la instalación de cadenas, estacones con electricidad, la presencia de perros y avisos prohibiendo el paso (…). En este sentido, y contrario a lo afirmando por el recurrente, la Sala encontró la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, por las acciones de la entidad demandada, a través de las personas a cargo del inmueble La Cartuja, quienes prohibieron a la comunidad de San Peregrino el tránsito por el camino La Bélgica.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 58 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 63 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 72 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 82 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 102 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 313 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 4 LITERAL D / LEY 793 DE 2002 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 27 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 37 / LEY 472 DE 1998 - ARTÍCULO 44 / LEY 785 DE 2002 / LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 5 / LEY 1579 DE 2012 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 674 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 676 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 879 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 882 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 887 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 897 / DECRETO 1461 DE 2000 / DECRETO 1504 DE 1998 - ARTÍCULO 2 / DECRETO 1504 DE 1998 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 148

NOTA DE RELATORÍA: Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de enero de 2003, exp. AP-527. Sobre las tres clases de propiedad: bienes de dominio privado, bienes del estado y bienes de dominio público, ver: Corte Constitucional, sentencia T-566 de 23 de octubre de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En Cuanto al bien de uso público, ver: Corte Constitucional, sentencia SU-360 de 19 de mayo de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Sobre los derechos de administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés general, Consultar: Consejo de Estado, sentencia de 19 de noviembre de 2009, exp. 2004–00955, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)

Radicación número: 17001-23-31-000-2014-00193-01(AP)

Actor: CARLOS EDUARDO GIRALDO BOTERO

Demandado: MUNICIPIO DE MANIZALES Y DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 27 de abril de 2015, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I - ANTECEDENTES

I.1. La demanda.

El señor CARLOS EDUARDO GIRALDO BOTERO, en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Carta Política, desarrollado por la Ley 472 de 1998, presentó demanda en contra del MUNICIPIO DE MANIZALES y la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN con miras a obtener la protección de los derechos colectivos relacionados con “la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”.
I.2. Pretensiones.

El demandante formula las siguientes:

“1. Se garantice a los habitantes de la vereda San Peregrino, el acceso y protección de los derechos e intereses colectivos, a fin de garantizar a los usuarios de la vía La Bélgica el acceso a la infraestructura vial.

2. Se ordene a la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, el levantamiento inmediato de la totalidad de los elementos que han sido instalados para bloquear el acceso a la vía, tome las medidas necesarias para evitar que los animales fieros de los que se sirve para la custodia del predio no impliquen un riesgo para la población y adopte las medidas jurídicas, técnicas y administrativas tendientes a impedir que sus dependientes o causahabientes continúen bloqueando de cualquier forma la movilidad y el uso libre de la vía denominada el Camino La Bélgica.

3. Se ordene a la Alcaldía de Manizales, que de acuerdo con sus correspondientes competencias y funciones, procedan a obtener la restitución del espacio público al que se refiere esta acción, desalojando los obstáculos que a la fecha existen en la vía y adoptando todas las medidas necesarias para que sea apto para el disfrute y tránsito de todas las personas, sin distingo alguno”.

I.3. Los hechos.

Los hechos en que se fundamenta la demanda son, en síntesis, los siguientes:

Manifestó que el camino La Bélgica, situado en el paraje denominado Guaimaral, que conduce a varios predios de la vereda San Peregrino, es un camino real de uso público tanto vehicular como peatonal, construido desde décadas atrás.

Adujo que dicho camino real atraviesa varios inmuebles, entre ellos el del demandante, finca El Paisaje, tal y como lo demuestra la escritura pública 2353 del 24 de junio de 2013.

Indicó que ese camino también es lindero del inmueble denominado La Cartuja, el cual se encuentra bajo la administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación.
Expuso que de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, el camino La Bélgica hace parte de la infraestructura vial a cargo del ente territorial tal y como se observa en folios 28 y 36 de los capítulos Memoria Justificativa y Rural – Localización y Dimensionamiento de la Infraestructura para Sistema Vial y de Transporte.

Afirmó que la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, a través del administrador delegado del inmueble La Cartuja, está amenazando el ejercicio de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, con ocasión del cierre del camino La Bélgica mediante la instalación de cadenas, estacones con electricidad y la “presencia de perros bravos, impidiendo el libre tránsito de las personas, vehículos, vecinos del lugar y ciudadanía en general, e impidiendo de esta forma tránsito alguno por dicho camino”.

Agregó que “el tránsito peatonal para la población infantil escolar, sus madres y campesinos de la zona en general, que tomaba aproximadamente 20 minutos desde la zona denominada El Algarrobo hasta San Peregrino y viceversa, ahora, a raíz del bloqueo vial (…) toma entre 40 y 45 minutos…”.

En lo atinente al tránsito vehicular, anotó que el mismo “se debe efectuar por la vía San Peregrino - El Algarrobo, vía que es mucho más extensa y presenta una grave falla estructural que no ha sido atendida por el Municipio de Manizales, y que implica su eventual cierre”.

Mencionó que, en su caso particular, “como propietario del inmueble El Paisaje, no tiene otro medio de acceso a su inmueble pues el único (…) es a través del Camino La Bélgica, razón por la cual se ve abocado a dejar su vehículo en predios vecinos y acceder a pie, exponiéndose él y su familia al grave riesgo de ser atacados por los perros de los que se vale la persona encargada de la custodia del predio para reforzar el bloqueo que ha impuesto”.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de auto calendado el 18 de junio de 2014, admitió la demanda interpuesta y ordenó darle el trámite de rigor.

Mediante providencias de 25 de julio y 27 de agosto de 2014, la mencionada Corporación Judicial negó la medida cautelar solicitada por la partea actora y aceptó la coadyuvancia presentada por los señores Carlos Arturo Herrera López, Mario León Castaño, Francisco Bolaños, Rosvel Peláez, Heriberto Peláez, Julián Darío Vásquez, Isabelino Valentín, Ferney Cárdenas Arias, Santiago Arias, Gustavo Cárdenas Arias, Gustavo García, Edelberto Arias Ocampo, Silvio Arias y Gonzalo Gómez Marín y las señoras Esther Peláez, Consuelo Castro, María Dioselin, Marleny Acosta Ramírez, Amparo Arias Ocampo, Lida Vivian Hernández Díaz, Claudia Patricia Henao, María Alicia Arias Ocampo, Gloria Patricia Herrera, Jorge Upegui y por la Personería de Manizales.

III. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

III.1. EL MUNICIPIO DE MANIZALES.

El apoderado judicial del ente territorial solicitó ser desvinculado del proceso de la referencia, por cuanto, en su entender, “nada tiene que ver con la demanda”; al respecto recordó que a la sociedad de Activos Especiales S.A.S, a través de su representante, se le hizo entrega del inmueble La Cartuja por la Inspección Segunda Urbana de Policía en diligencia llevada a cabo el 24 de abril de 2014.

Por lo anterior, señaló que el ente territorial no es quien perturba la movilidad ni es el responsable de la instalación de las cadenas, estacones con electricidad, ni mucho menos de la presencia de perros bravos, dado que ello está siendo generado por la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación.

Adujo que el camino La Bélgica no hace parte de la red vial municipal, por cuanto es un camino de herradura en predios particulares, por ello no es procedente realizar un proceso administrativo de restitución de bien de uso público.
III.2. LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN

Mediante escrito allegado al expediente, a través de apoderada judicial, la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación se opuso a las pretensiones de la demanda, luego de manifestar que siempre ha actuado dentro del marco legal y en estricto acatamiento de los lineamientos normativos que le fijan sus funciones.

Sostuvo que el inmueble denominado La Cartuja fue dejado a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación por encontrarse bajo el trámite de extinción de dominio, adelantado por la Fiscalía General de la Nación.

Indicó que, como bien lo han advertido las partes dentro del proceso, el inmueble colinda con el camino La Bélgica, sobre el cual presuntamente se está obstaculizando el tránsito.

Hizo algunas consideraciones sobre el concepto de los derechos colectivos que el accionante considera transgredidos, así como de las conductas que pueden generar tal vulneración, para precisar que en este caso, según constancia de las visitas efectuadas por la Inspección de Policía de Manizales al bien La Cartuja, no existe perturbación a la servidumbre de tránsito peatonal, lo que demuestra que no se configura respecto a la DNE el desconocimiento de los derechos colectivos invocados.

Aseveró que el accionante pretende la protección de derechos subjetivos, como lo es el de propiedad, a través de un mecanismo constitucional establecido para la protección de intereses superiores en razón a la prevalencia del interés general, haciendo ilegítima y errada la interposición de esta acción. Recordó que para hechos como los que acá se ponen de presente el ordenamiento jurídico prevé otros procedimientos, estando vedado para el juez, en el trámite de la acción popular, proteger derechos individuales.

Añadió que de existir una transgresión al derecho al goce del espacio público y utilización y defensa de los bienes de uso público, ésta no le es imputable ya que, como indicó, la servidumbre que alega el accionante es de carácter peatonal y, conforme a las acciones de la Alcaldía en asocio con la Personería y la Inspectora de Policía, no está siendo obstruida.

Se refirió a la naturaleza jurídica de la entidad y al marco normativo para la administración de los bienes dejados a disposición, concretamente a las Leyes 793 de 2002 y 785 de 2002, y al Decreto 1461 de 2000. Asimismo, se pronunció sobre el procedimiento llevado a cabo para la entrega en administración del predio La Cartuja, bajo la figura de depositario provisional, a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., la cual se realizó mediante la Resolución 1957 de 31 de diciembre de 2010.

También hizo alusión a que se evidenció, a partir del informe técnico USP-20132050753462 de fecha 16 de junio de 2013, que el inmueble La Cartuja se encontraba ocupado por personas que no poseían ningún título emanado de la DNE que autorizara su permanencia y la explotación del mismo. Por lo anterior, comentó que procedió a expedir la Resolución 0781 de fecha 25 de noviembre de 2013, en la que se dispuso ejercer las funciones de policía administrativa para hacer efectiva la entrega a favor de la Nación – Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado FRISCO – Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación, del bien inmueble denominado La Cartuja.

Advirtió que la Inspección Segunda Urbana de Policía de la ciudad de Manizales, los días 24 y 25 de abril de 2014, realizó la diligencia de entrega real y material del inmueble La Cartuja para dar cumplimiento a la Resolución 0781 de 2013, desalojando al señor Diego León Muñoz Cardona. El bien inmueble, señaló, fue recibido por parte de un funcionario de la DNE, quien inmediatamente procedió a entregarlo, en depósito provisional, al representante de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., señor Jorge Iván González Carrillo.

Finalmente, propuso como excepciones las que denominó “ausencia de acción u omisión imputable a la Dirección Nacional de Estupefacientes hoy en Liquidación”; “improcedencia de la acción por no tener como fundamento derechos colectivos”; y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
IV.- AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

El 9 de septiembre de 2014, tuvo lugar la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998. Allí el Tribunal decretó la medida cautelar solicitada por el accionante, ordenando el cese de cualquier perturbación y autorizando el paso peatonal de los habitantes y en vehículos livianos a una velocidad de 10 kilómetros por hora; y declaró fallida la audiencia por falta de ánimo conciliatorio (fls. 316 y 317).

V.- LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia de 27 de abril de 2015, declaró no probadas las excepciones propuestas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. y accedió parcialmente a las pretensiones del actor popular, al considerar que se vulneró el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de la vereda San Peregrino de Manizales. En virtud de lo anterior dispuso:

“Primero. Declarar no probadas las excepciones propuestas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.

Segundo. Amparar el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de la vereda San Peregrino de Manizales.

Tercero. Ordenar a la Gerente General de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S o quien haga sus veces y al Gestor Regional Antioquia y Eje Cafetero de dicha entidad, lo siguiente:

Que retiren todos los obstáculos impuestos (cadenas, letreros y perros) que prohíban el libre tránsito de personas, animales o vehículos livianos por el camino La Bélgica en el tramo que pasa por el inmueble La Cartuja.

Permitir el tránsito peatonal y vehicular (liviano) de los habitantes del sector de San Peregrino y visitantes, por el camino La Bélgica en el tramo que atraviesa por el inmueble La Cartuja.

Abstenerse de prohibir nuevamente el tránsito peatonal y vehicular por el camino La Bélgica, o de instalar obstáculos o avisos que restrinjan o amenacen la circulación por dicho camino de uso público.
La Sociedad de Activos Especiales vigilará para que las personas a quienes designe para la administración, habitación y uso del predio La Cartuja, mayordomos o similares, cumplan con las órdenes aquí reseñadas.

Colaborarán con el Municipio de Manizales, para efectos de legalizar o formalizar en las escrituras del predio rural La Cartuja, lo correspondiente a la calidad de vía pública del pluricitado camino.

Cuarto. Ordenar al Alcalde del Municipio de Manizales o su delegado realizar lo siguiente:

Realizar todas las medidas administrativas, legales y judiciales necesarias para el mantenimiento, protección y vigilancia del camino La Bélgica de la vereda San Peregrino.

En ese orden de ideas, realizará todas las gestiones necesarias en las instancias administrativas municipales para que se identifique el camino La Bélgica como una vía pública. En el mismo sentido, si fuere necesario, en coordinación con la SAE realizará las acciones judiciales o registro de escrituras correspondientes para que se despeje toda duda sobre el (sic) condición de vía pública del pluricitado camino, particularmente en el tramo que cruza el predio rural denominado La Cartuja.

Sexto. (sic) Conformar un Comité de Verificación el cual estará integrado por la Personera Delegada, la Dra. Tulia Elena Hernández Burnano o por quien haga sus veces, quien presidirá el referido comité, el Representante Legal del Municipio de Manizales, su delegado o quien haga sus veces, la Gerente General de la Sociedad de Activos Especiales o quien haga sus veces y el señor Carlos Eduardo Giraldo Botero en representación de la comunidad de la vereda San Peregrino.

Dicho Comité de Verificación presentará informes mensuales al Tribunal Administrativo de Caldas, en donde explicará en detalle, todas y cada una de las decisiones administrativas y actos de ejecución relacionados con las órdenes de la presente sentencia.

El Tribunal podrá convocar al Comité de Verificación, solicitar informes adicionales o intervenir en el momento que lo considere necesario, para efectos del cabal cumplimiento de la presente providencia.

Séptimo. Negar las demás pretensiones de la parte demandante.

Octavo. Sin costas en esta instancia según lo indicado en la parte motiva de la presente providencia.

Noveno. Ordenar a las entidades demandadas la publicación de la parte resolutiva del presente fallo, en un diario de amplia circulación nacional”.

En relación con las excepciones propuestas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., el a quo consideró que como ellas tienen relación directa con el fondo del asunto, las mismas se analizarían conjuntamente con este.

Luego planteó los dos problemas jurídicos a resolver, así:

¿El Camino La Bélgica ubicado en el sector de San Peregrino, zona rural de Manizales, es un bien de uso público?. En caso afirmativo ¿Se vulneraron los derechos colectivos al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público debido a las obstrucciones impuestas por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., para el tránsito del Camino La Bélgica?.

En lo atinente al primer problema jurídico, el Tribunal Administrativo de Caldas sostuvo que el camino La Bélgica es un bien de uso público, para llegar a dicha conclusión sostuvo lo siguiente:

Constató, con el dictamen aportado por el perito del Instituto Agustín Codazzi, que el mencionado camino se ubica a 1,6 kilómetros de la carretera interveredal que conduce de la Quiebra del Billar – San Peregrino – Malpaso. Así mismo, encontró probado que “el camino La Bélgica es un camino rural antiquísimo que linda con un número significativo de predios del sector”.

Para respaldar la antigüedad del mismo, el a quo hizo alusión a las siguientes pruebas:

Escrituras públicas aportadas de varios inmuebles, entre ellas, las del sector conocido como El Paisaje y La Cartuja, de las cuales se desprende que dichos inmuebles colindan con el camino La Bélgica.

Dictamen pericial y la explicación del mismo rendido por el perito del Instituto Agustín Codazzi en la audiencia de pruebas, así como en las fichas catastrales correspondientes a los veintiún predios que colindan con el camino La Bélgica, relacionadas en el dictamen.

Registros de la existencia del camino La Bélgica como lindero de varios inmuebles. Declaración del señor Pedro José Peláez López en la audiencia de pacto de cumplimiento, persona de la tercera edad, habitante del sector de San Peregrino; así como el perito del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en su dictamen.

Fotografía aérea del año 1989 perteneciente al archivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Del análisis de las pruebas antes referidas, el a quo concluyó la existencia del camino La Bélgica desde mucho antes que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. administrara el inmueble La Cartuja, por donde pasa una parte el camino citado.

Así mismo, estimó que se demostró que se trata de un camino rural de antaño utilizado para el tránsito de los habitantes y animales del sector, al igual que para la comunicación de las veredas; el cual se estableció como lindero en muchas de las escrituras públicas de los inmuebles del sector.

Sumado a lo anterior, expresó que no se probó que el tramo del camino La Bélgica que atraviesa el inmueble denominado La Cartuja, correspondiera a un sendero de propiedad privada.

Enfatizó en que no se requiere aportar título de domino para determinar que el camino La Bélgica es un bien de uso público, en atención a la definición de espacio público que la Ley 9 de 1989 contempla en su artículo 5. Señaló que lo anterior justifica que el municipio de Manizales no aportara un título de propiedad sobre el mismo con el fin de demostrar que es dueño de esa franja de terreno.

Resaltó que el camino La Bélgica se menciona dentro de la Red Vial Básica del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales, Acuerdo 663 de septiembre 13 de 2007; en los siguientes términos:

VÍA LONGITUD RESPONSABLE CATEGORÍA
La China – 1.00 MUNICIPIO 4
Camino de La Bélgica

Por lo anterior, afirmó que al integrar la red vial básica del municipio de Manizales el camino plurimencionado, se refuerza la naturaleza de bien de uso público.

Una vez analizada la naturaleza del camino La Bélgica, el juez de instancia se ocupó de dilucidar el segundo problema jurídico, determinando que se vulneró el derecho colectivo consagrado en el literal d) del numeral 4º de la Ley 472 de 1998, en virtud a que los administradores del inmueble La Cartuja, a cargo de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., han restringido de manera directa o indirecta el paso peatonal y en especial el vehicular, con lo cual han dificultado el tránsito de niños, adultos y personas de la tercera edad que con alguna frecuencia han utilizado el camino La Bélgica.

Sostuvo que al ser la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. la entidad encargada de la administración del predio La Cartuja, debió garantizar el uso común del camino en el tramo que pasa por dicho predio, porque el espacio público prima sobre el interés particular. Sin embargo, aseveró que permitió la restricción del tránsito del camino rural tanto con la instalación de la cadena, los avisos y la presencia de perros.

Expresó que se vulneró los derechos de los menores de edad que transitan por el sector para ir estudiar cuando no tienen transporte escolar, por la extensa distancia que les toca recorrer a pie por el cierre del camino de La Bélgica en el sector del predio La Cartuja. Así mismo, se puso en riesgo a los niños al tener que transitar por la vía departamental usada con frecuencia por los vehículos y camiones que circulan; y dada la presencia de los perros bravos en el predio La Cartuja, lo cual crea una grave situación de inseguridad que puede afectar su integridad física.

Bajos las anteriores premisas, el a quo encontró probada la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes del sector de San Peregrino por la restricción para transitar por el Camino de La Bélgica a la altura del predio La Cartuja, administrado por la SAE S.A.S.

VI.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión de primera instancia la parte accionada, Sociedad de Activos Especiales S.A.S., presentó recurso de apelación, manifestando que el Tribunal se equivoca al dar por sentado que el camino de La Bélgica es de uso público, pues, de un lado, el fallo del Consejo de Estado que cita en su sentencia no es similar al caso que se está tratando; y, de otra parte, el mismo municipio de Manizales en la contestación de la demanda y en los alegatos afirmó que el camino La Bélgica no hace parte del plan de ordenamiento territorial, por lo que no es lógico pensar que por el hecho de que la comunidad lo hubiese utilizado para acceder a sus domicilios, esto lo convierta en público.

Manifestó que el experticio efectuado por el Auxiliar de la Justicia fue apreciado por el Tribunal a pesar de la objeción por error grave presentada en oportunidad, y sin tener en cuenta que en el mismo el perito señala que en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Manizales “[…] se encuentra inventariada la Vía La China – Camino de La Bélgica, carretera municipal de un (1) kilometro y de categoría 4. El camino de La Bélgica como tal no se encuentra inventariado en la Red Vial Básica Rural”.

Por lo tanto, concluyó, que al no estar inventariado el camino La Bélgica en la red básica rural del municipio, no se puede determinar la naturaleza de uso público que le otorga el a quo y, por consiguiente, reitera, que el hecho de que la comunidad lo hubiese utilizado por varios años para acceder a sus viviendas, no le otorga la calidad de público.

Adujo que el ente competente para determinar si se le debe dar la connotación de uso público al camino La Bélgica es el Concejo Municipal del Municipio de Manizales, conforme a las atribuciones que le fueron otorgadas en el artículo 313 de la Constitución Nacional, que dispone “Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y la enajenación de inmuebles destinados a vivienda”.

Por lo anterior, precisó que es el Concejo Municipal, a través de la expedición del respectivo acuerdo municipal, el que debe otorgar al camino La Bélgica la categoría de uso público; por lo que el fallo impugnado debe ser revocado en razón a que no se encuentra dentro de las funciones constitucionales como tampoco en otra norma de inferior categoría, que los Jueces de la República declaren si un bien es de uso público o no.

Afirmó que en la medida en que el camino La Bélgica no ha sido reconocido como de uso público por el Concejo Municipal de Manizales, ente competente para ello, no se puede concluir que la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales S.A.S., hubiese vulnerado el derecho colectivo del goce del espacio público.

Además, reiteró, que se dio cabal cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de pacto de cumplimiento como fue retirar la cadena de protección, el aviso que prevenía sobre perros bravos y los animales se encuentra bajo custodia, existiendo libre tránsito de la comunidad.

Finalmente, solicitó que se revoque el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas el 27 de abril de 2015 y, en su lugar, se desestimen las pretensiones de la demanda con relación a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales S.A.S. Advirtió que en el evento en cual no se revoque la decisión de instancia, se aclare por cuánto tiempo se deben efectuar los informes mensuales del comité de verificación con destino al Tribunal Administrativo de Caldas; y se releve de la obligación de suscribir escrituras o trámites judiciales que determinen o aclaren la condición de uso público del camino La Bélgica, por cuanto que en la eventualidad de que se concluya que este camino tiene ese uso, es al municipio de Manizales a quien le compete efectuar los trámites legales respectivos.

VII.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto de fecha 23 de junio de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, se admitió el recurso de apelación y se ordenó notificar personalmente al Ministerio Público y por estado a las partes.

La notificación por estado se surtió el 30 de junio de 2015, según constancia obrante a folio 591 vuelto del cuaderno 2; y la notificación personal al Ministerio Público se llevó a cabo el 8 de julio de 2015 (fl. 592).

Con providencia de fecha 19 de noviembre de 2015, se dejó sin efectos parcialmente el auto de 23 de junio de 2015, en cuanto admitió erróneamente el recurso de apelación interpuesto por el señor Javier Elías Arias Idarraga y, en consecuencia, dispuso tener como único recurso de apelación admitido el interpuesto por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. Adicionalmente, se decidió prescindir de la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento prevista en el numeral 4º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- CPACA, y se corrió traslado a las partes y al Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, en armonía con el artículo 44 de la Ley 472 de 1998 (fls. 594 a 597). Tal providencia se notificó por estado el 27 de noviembre de 2015.

VIII.- ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

En esta etapa procesal solo concurrió la apoderada de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., reiterando las peticiones elevadas en el recurso de apelación, así como los argumentos y las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia.

IX.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SEGUNDA INSTANCIA

El Procurador Delegado que actuó como Agente del Ministerio Público en este proceso, solicitó a la Sala revocar la sentencia apelada y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, pero con la advertencia que en todo caso la entidad accionada no puede sustraerse de permitir el uso del camino La Bélgica que sirve de acceso a otros predios por virtud de la servidumbre que pueda configurarse, sentido en el cual se debe prevenir a las autoridades municipales.

Hizo alusión a los artículos 58 y 82 de la Constitución Política; 5 de la Ley 9 de 1989; y 674, 676, 879, 882, 887 y 897 del Código Civil, para inferir que el goce de la propiedad privada no es absoluto, en cuanto cumple una función social dependiendo de determinadas circunstancias, que la acción popular procede respecto de quienes amenacen o violen los derechos colectivos, y que la servidumbre es una institución regida por las normas del Código Civil que no tiene el carácter de un espacio público como el que se predica de los municipios para el disfrute de la comunidad en general.

Luego se refirió al caso concreto, señalando que la acción popular fue incoada porque el administrador de la finca La Cartuja por cuenta de la DNE, hoy Sociedad de Activos Especiales S.A.S., había obstruido el paso al predio del demandante denominado El Paisaje, en el acceso al camino de La Bélgica en la vereda San Peregrino (Manizales-Caldas) que considera servidumbre de tránsito.

Aseveró que mientras que para la entidad apelante ese camino no hace parte de la red vial, ni del POT, de acuerdo con el dictamen pericial rendido se constató que el camino de La Bélgica tenía un recorrido en parte dentro de la finca La Cartuja en 417 mts, y era usado para el tránsito de personas.

Hizo referencia a que el perito indicó que en el POT se encontraba inventariada la via La China - camino La Bélgica de un kilómetro de recorrido y categoría 4, pero que el camino La Bélgica como tal no se encontraba relacionado en la red vial básica rural del municipio.

Adujo que el Tribunal consideró que aun cuando no se encontraba clasificado como una vía, formaba parte de la vía La China - camino La Bélgica y que al integrar la red vial básica se reforzaba la naturaleza del bien de uso público del camino de La Bélgica.

Manifestó que el carácter público de una vía no se adquiere por el uso que de ella haga la comunidad para transitar, puesto que tal carácter, conforme a las normas mencionadas, es propio de los bienes de la Unión (territorio municipal) del que haga parte, pues ese mismo uso también es característico de una servidumbre que no tiene esa connotación pública.

Expresó que la diferencia radica en que con ocasión de una obstrucción respecto de una vía pública procede la acción popular en cuanto el derecho colectivo protegido es el goce al espacio público, mientras que en la servidumbre, conforme esta definida y regulada, no se configura un espacio público.

Señaló que el Tribunal no podía inferir que el camino por estar mencionado en el POT como parte de la via La China - camino de La Bélgica, correspondía a una vía pública, puesto que, de un lado, el perito precisó que no la encontró con tal carácter en el POT y, por otra parte, el demandante se refiere a ella como una servidumbre de tránsito.

En ese orden, concluyó, que la presente acción no procede en relación con el uso de la servidumbre que representa el camino La Bélgica, porque no se comprobó debidamente, para los fines de esta acción, que se tratara de una vía pública respecto de la cual se pueda predicar la violación al derecho colectivo relacionado con el goce del espacio publico amparado en el fallo.

Sin embargo, precisó que ello no significa que la demandada no resultara responsable de la obstrucción, la cual no desvirtuó y, por el contrario, admitió al manifestar expresamente que habia cumplido la orden de hacerla cesar, impartida en la audiencia de pacto de cumplimiento de la presente acción, quitando la cadena y desmontando los avisos sobre los perros bravos y amarrando éstos.

X.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

X.1. Las acciones populares - finalidad y procedencia.

Las acciones populares tienen como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro, agravio o daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas. Se caracterizan por poseer un carácter altruista pues mediante su ejercicio se busca que la comunidad afectada pueda disponer de un mecanismo jurídico para la rápida y sencilla protección de los referidos derechos, cuya amenaza o vulneración, así como la existencia del peligro, agravio o daño contingente, deben probarse necesariamente para la procedencia del amparo.

Se tienen, entonces, como supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares, los siguientes: a) Una acción u omisión de la parte demandada; b) Un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos; peligro o amenaza que no es en modo alguno la que proviene de todo riesgo normal de la actividad humana y; c) La relación de causalidad entre la acción, la omisión, y la señalada afectación de los referidos derechos e intereses.

X.2. Los derechos e intereses colectivos.

Como se anotó, las acciones populares protegen a la comunidad en sus derechos e intereses colectivos, por lo que, pueden ser promovidas por cualquier persona a nombre de la comunidad cuando ocurra una amenaza o daño a un derecho o interés común; además, por ser intereses que le pertenecen a todos y cada uno de los miembros de la colectividad, se concretan a través de su participación activa ente la administración de justicia.

Los intereses colectivos suponen la restitución de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado de personas, como lo señaló la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia AP- 527 del 22 de enero de 2003:

“Los colectivos son intereses de representación difusa, en la medida en que suponen la reivindicación de derechos cuyo titular es un grupo indeterminado o indeterminable de personas que, en potencia, pueden ser, incluso, todos los que integran una comunidad.

Por eso ha dicho la Corte Constitucional que, es imposible enmarcar el interés colectivo en un ámbito meramente subjetivo o particular, pero que cualquier persona perteneciente a un grupo o una comunidad pueden acudir ante los jueces para exigir la defensa de tal colectividad, con lo cual logra simultáneamente proteger su propio interés.

Por otra parte, si bien la Constitución, en el artículo 88, menciona algunos intereses colectivos, tal enumeración no es taxativa, pues, la ley o los tratados internacionales pueden calificar como tales otros intereses similares a los contenidos en el artículo 88 de la Carta.

Dicho planteamiento se tiene por fundamento lo dispuesto en inciso final del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, que prevé:

Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de derecho internacional celebrados por Colombia.”

Lo anterior supone, que si bien no se trata de una enumeración taxativa, sólo pueden considerarse como intereses o derechos colectivos aquellos reconocidos como tales por cualquiera de las normas aludidas y sólo a partir de su reconocimiento son susceptibles de protegerse por medio de la acción popular, de toda acción u omisión de las autoridades públicas y los particulares que, los amenace o vulnere. Es decir, que la calidad de derecho colectivo no la ostentan per se, no surge de su propia naturaleza, sino que es necesario que el ordenamiento jurídico los reconozca como tales.

De modo que, si bien la Sala ha reiterado ciertas características inherentes a los derechos e intereses colectivos, entre ellas, es menester mencionar el reconocimiento –como tales- hecho por la Constitución Política, la ley, o los tratados internacionales que hayan seguido los trámites de recepción por el ordenamiento interno colombiano.

Lo anterior es evidente y, lo ha puesto de presente la Sala, al establecer que si bien un derecho colectivo compromete el interés general, no todo lo que suponga este último configura por esa sola característica, un derecho colectivo, así mismo, el sólo hecho de que una determinada situación, afecte a un número plural de personas, no supone, necesariamente la violación de derechos o intereses colectivos.

Resulta así claro que mientras no se haya producido su reconocimiento legal, no se puede considerar que un interés determinado, así tenga carácter general, revista la naturaleza de colectivo; por consiguiente, sólo será derecho colectivo susceptible de ser amenazado o vulnerado por la acción u omisión de las autoridades públicas o los particulares, aquél que, reuniendo las características propias del interés colectivo, esté reconocido como tal por la ley, la constitución o los tratados internacionales.”.

X.3. Planteamiento del problema a resolver.

El señor Carlos Eduardo Giraldo presentó demanda encaminada a obtener la protección de los derechos colectivos relacionados con la “moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”; los cuales considera transgredidos por cuanto la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación - Sociedad de Activos Especiales S.A.S., amparada en la omisión del Municipio de Manizales, impide el tránsito vehicular y peatonal por el camino La Bélgica, situado en el paraje denominado Guaimaral, que conduce a varios predios de la vereda San Peregrino.

El a quo amparó los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de la vereda San Peregrino de Manizales y, en consecuencia, ordenó al Gerente General de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S y al Gestor Regional Antioquia y Eje Cafetero de dicha entidad: i) Retirar todos los obstáculos impuestos (cadenas, letreros y perros) que prohíban el libre tránsito de personas, animales o vehículos livianos por el camino La Bélgica en el tramo que pasa por el inmueble La Cartuja; ii) Permitir el tránsito peatonal y vehicular (liviano); iii) Abstenerse de prohibir nuevamente el tránsito peatonal y vehicular por el camino La Bélgica, o de instalar obstáculos o avisos que restrinjan o amenacen la circulación por dicho camino de uso público; iv) Vigilar para que las personas a quienes designe para la administración, habitación y uso del predio La Cartuja, mayordomos o similares, cumplan con lo anterior; y v) Colaborar con el Municipio de Manizales, para efectos de legalizar o formalizar en las escrituras del predio rural La Cartuja, lo correspondiente a la calidad de vía pública del pluricitado camino.

Y al municipio de Manizales le ordenó: i) Realizar todas las medidas administrativas, legales y judiciales necesarias para el mantenimiento, protección y vigilancia del camino La Bélgica de la vereda San Peregrino; y ii) Realizar todas las gestiones necesarias en las instancias administrativas municipales para que se identifique el camino de La Bélgica como una vía pública. En el mismo sentido, si fuere necesario, en coordinación con la SAE realizar las acciones judiciales o registro de escrituras correspondientes para que se despeje toda duda sobre la condición de vía pública del pluricitado camino, particularmente en el tramo que cruza el predio rural denominado La Cartuja.

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., interpuso recurso de apelación, manifestando que el camino La Bélgica no es de uso público, pues no hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales; además agregó que el solo uso o utilización por parte de la comunidad del camino La Bélgica para acceder a sus lugares de habitad, no lo convierte en público; y que el Concejo Municipal de Manizales, como ente competente, no le ha otorgado la categoría de uso público.

Por ello, afirma, no puede predicarse, como lo hizo el juez de primera instancia, que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S ha vulnerado el derecho colectivo del goce del espacio público a los accionantes. Asimismo señaló que en cumplimiento a lo ordenado en la audiencia de pacto de cumplimiento, se retiraron la cadena de protección y el aviso que prevenía sobre perros bravos; y los animales se encuentran bajo custodia, existiendo libre tránsito de la comunidad.

Finalmente, solicita que, en caso de no acceder al recurso revocando el fallo se aclare la decisión respecto al tiempo que se deben efectuar los informes mensuales al Tribunal Administrativo de Caldas; y se exonere de efectuar escrituras o trámites judiciales que determinen o aclaren la condición de uso público del camino La Bélgica.

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala establecer: (i) La naturaleza del denominado camino La Bélgica; (ii) Si la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. vulneró el derecho colectivo al goce del espacio público y en el caso de no prosperar el recurso de apelación, se deberá (iii) Aclarar por cuánto tiempo la Comisión de Verificación del fallo debe presentar los informes mensuales al Tribunal Administrativo de Caldas; y (iv) Si se debe exonerar a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. de suscribir las escrituras públicas respectivas o realizar los trámites judiciales que determinen o aclaren la condición de uso público del camino La Bélgica.

La naturaleza del denominado camino La Bélgica.

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S. en el recurso de apelación, afirmó que el camino La Bélgica no es de uso público en razón a que no hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales; además agregó que la sola utilización por la comunidad del citado camino para acceder a sus lugares de habitación, no lo convierte en público; y que el Concejo Municipal de Manizales, como ente competente, no le ha otorgado tal categoría.

En aras de resolver lo anterior, la Sala se ocupará, en primer lugar, de determinar qué son y cuáles son los bienes de dominio público y cómo se prueba la propiedad pública y, en segundo lugar, analizará el material probatorio obrante en el expediente en aras de establecer la naturaleza del camino La Bélgica.

Como primera medida, es de anotar que la Constitución Política, en su artículo 63, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. (Subrayado fuera de texto).

Por su parte, el artículo 82, ibídem, establece:

“ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 1504 de agosto 4 de 1998, “Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de ordenamiento territorial”, sobre el espacio público y su destinación señala en su artículo primero que “es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los demás usos del suelo”.

Sobre el particular la Corte Constitucional ha dicho lo siguiente:

“La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre las cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho. Es por ello que, de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, la integridad del espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos” .

Con respecto al concepto de espacio público el artículo 5 de la Ley 9ª de 1989, prevé:

“Artículo 5° Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.

“Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.” (Negrillas fuera del texto original).

El artículo 674 del Código Civil sobre los bienes públicos y de uso público, señala:

“ARTÍCULO 674. BIENES PUBLICOS Y DE USO PÚBLICO. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio.

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.”

Y el Decreto 1504 de 1998, en los artículos 2º y 3º con respecto al concepto de espacio público y lo que éste comprende, prevé:

“Artículo 2º.- El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.

Artículo 3º.- El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;

Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público;

Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos establecidos en este Decreto.”

La Sección Primea del Consejo de Estado ha puntualizado el concepto de bienes públicos así:

“De los artículos 63, 72, 82, 102 y 332 de la Constitución Política se deduce que se consideran bienes de dominio público los destinados al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas del Estado o los que están afectados al uso común. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 674 del Código Civil se llaman “Bienes de la Unión” aquellos cuyo dominio pertenece a la República y se clasifican en bienes patrimoniales o fiscales y en bienes de uso público. (…) Y los bienes de uso público universal, igualmente conocidos como bienes públicos del territorio, son aquellos cuyo dominio resulta también del Estado pero su uso pertenece a todos los habitantes del territorio y están a su servicio permanente. Como ejemplo de ello se relacionan las calles, plazas, parques, puentes, caminos, ejidos, etc. A partir de tales características se impone que ninguna entidad estatal tiene sobre ellos la titularidad de dominio equivalente a la de un particular, por estar destinados al servicio de todos los habitantes. Sobre ellos el Estado ejerce básicamente derechos de administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés general”. (Subrayado fuera de texto).

Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia T-566 de 1992 al referirse a las tres clases de propiedad, precisó sobre los bienes de dominio privado, los bienes del estado y los bienes de dominio público, lo siguiente:

“a. Bienes de dominio privado.

[…] Dentro del concepto de propiedad privada, se encuentra la propiedad individual (CP artículo 58), la colectiva o comunitaria (CP artículo 329, 58 inciso 3º, 55 y 64 transitorios). […]

b. Bienes del Estado.

Son del Estado el subsuelo y los recursos naturales no renovables de conformidad con el artículo 332 de la Constitución Política, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético (CP art. 102), así como los bienes que posee como propiedad privada, en iguales condiciones que los particulares (CP art. 58).
El artículo 102 de la Constitución al referirse al territorio y a "los bienes públicos que de él forman parte", para señalar que pertenecen a "la Nación", consagra el llamado dominio eminente: el Estado no es titular del territorio en el sentido de ser "dueño" de él, sino en el sentido de ejercer soberanía sobre él. […]

En el artículo 332 de la Constitución, se consagra la propiedad del Estado del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y de los demás muebles destinados a su transformación, sin perjuicio de los derechos adquiridos.

Ese nuevo texto adopta una norma general al referirse al subsuelo y a los recursos naturales no renovables, como pertenecientes no ya a la República sino al Estado.

c. Bienes de dominio público.

Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente estatal y excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por su afectación al dominio público, por motivos de interés general (CP art. 1º), relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público.

Los bienes que deben comprenderse en el dominio público se determinan no sólo por las leyes que califican una cosa o un bien como de dominio público; además es necesario que concurra el elemento del destino o de la afectación del bien a una finalidad pública; es decir, a un uso o a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional, variedades de la afectación que, a su vez, determinan la clasificación de los bienes de dominio público2.

La teoría de la afectación de los bienes de dominio público fue introducida por el legislador colombiano en el artículo 148 del Decreto 222 de 1983.

c.1. Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional.

Esta clase de bienes de dominio público está formada por los bienes que están afectos al fomento de la riqueza nacional. Por ejemplo: el patrimonio cultural, arqueológico e histórico.

En este grupo se ubican los bienes de dominio privado o estatal destinados al uso público, como el caso de las fachadas de los inmuebles que poseen un valor histórico o arquitectónico, en los que el dominio es exclusivo de una persona, pero no pueden ser alterados por el valor que representan para la sociedad (artículo 9º de la Ley 9a de 1989).
c.2. Bienes afectados al uso público.

Esta categoría la integran en primer lugar, los bienes de dominio público por naturaleza, definidos en la ley como aquellos que reúnen determinadas condiciones físicas, como los ríos, torrentes, playas marítimas y fluviales, radas, entre otros y también los que siendo obra del hombre, están afectados al uso público en forma directa como los caminos, canales, puertos, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y cuidado sean de competencia de las autoridades locales.

La enumeración que antecede no debe entenderse cerrada, sino ejemplificativa y abierta, dado que en la ley 9a de 1.984 y en el Código Civil se refieren a otros bienes análogos de aprovechamiento y utilización generales. […]

c.3. Bienes afectados al espacio público.

La definición de los bienes del Estado destinados al uso público se encuentra en el artículo 9º de la Ley 9a de 1.989 que determina que los bienes de uso público hacen parte del concepto general de espacio público. Pero este concepto no es exclusivo de estos bienes, sino que abarca además bienes particulares que por su naturaleza, su uso o afectación están destinados a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Luego el espacio público es el género y el uso público, la especie. Aquél concepto subsume a éste. […]”

Así, entonces, tenemos que dentro de los bienes de dominio público están los afectados al uso común, los cuales, constitucional y legalmente, tienen como elemento distintivo, su destinación colectiva, o lo que es igual, al uso por todos los miembros de la comunidad.

De igual manera, debe destacarse la obligación a cargo del Estado de proteger los bienes de dominio público y garantizar a todas las personas la utilización y disfrute de ellos, en prevalencia del interés general (Artículo 1º de la Constitución Política).
Ahora bien, con respecto a la prueba de la propiedad pública, la Sala acoge el Concepto emitido el 18 de junio de 2014 por la Sala de Consulta y Servicio Civil, en el que se indicó:

“[…] la propiedad de algunos de los bienes públicos en cabeza del Estado, en especial, de aquellos que están sometidos a un régimen similar al de los bienes pertenecientes a los particulares en tanto que se hallan en el comercio, se probará mediante el correspondiente título y el folio de matrícula inmobiliaria con la inscripción respectiva.

En relación con aquellos bienes públicos que están afectados al uso público, se ha indicado por parte de la doctrina, en un intento por conciliar la teoría del título y el modo con otras hipótesis respecto de las cuales no fue creada, que el título y el modo en relación con estos bienes se encuentran contenidos directamente en la Constitución y en la ley […]”

Y más adelante señala la Sala de Consulta y Servicio Civil que la prueba de la “destinación al uso público o a la prestación de un servicio público” del bien puede provenir de: (i) disposición legal; (ii) instrumentos de planeación, como el POT; (iii) acto administrativo de afectación del bien inmueble; (iv) inscripción en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente de la afectación y su vigencia, cuando haya lugar a ello; (v) certificación debidamente motivada expedida por la entidad en la que conste el uso específico que se le da al bien; o de (vi) otros documentos o medios probatorios idóneos en los que se evidencie el uso público o la destinación del bien a un uso o un servicio público.

En suma, la destinación al uso público de un bien no solamente es susceptible de probarse mediante el Plan de Ordenamiento Territorial, como erradamente lo afirma la parte demandada en su recurso de apelación; sino que ello puede darse por disposición legal o puede llegar a demostrarse con otros documentos o medios probatorios, cuando sea necesario.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala estima, conforme lo determinó el a quo, que el denominado camino La Bélgica es un bien de dominio y uso público, puesto que, de un lado, el artículo 674 del Código Civil establece que son bienes públicos y de uso público los caminos; y, de otra parte, porque el material probatorio que milita en el proceso dá cuenta del uso constante y prolongado dado por los habitantes de la vereda San Peregrino del citado camino.

Ello surge de las siguientes pruebas:

Informe del Perito Avaluador de la lista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, designado dentro del proceso. Las conclusiones, conforme al cuestionario formulado por el Tribunal Administrativo de Caldas, fueron las siguientes:

El camino a La Bélgica inicia a 1,6 kilómetros de la Carretera Interveredal que conduce de la Quiebra del Billar – San Peregrino – Malpaso, carretera a cargo del Departamento (Ordenanza 230/97 numeral 41), de categoría 3 con una distancia de 17.7 kilómetros. En este punto se encuentra la bifurcación que parte del camino La Bélgica hasta la vereda La China, carretera del orden municipal de categoría 4 de un (1) kilómetro de longitud.

Según información obtenida de personas conocedoras que viven desde hace más de 25 años como el señor Noé Valencia, el camino La Bélgica va hasta el predio El Rodeo que fue del señor Pedro Peláez hoy del señor Cesar Agudelo. En su recorrido partiendo de la carretera Quiebra del Billar – San Peregrino – Malpaso, hasta llegar al predio identificado con ficha catastral 00-02-0031-0118-000, pasa por los siguientes predios:

00-02-0031-0217-000 La Cartuja
00-02-0031-0143-000
00-02-0031-0271-000
00-02-0031-0272-000
00-02-0031-0290-000
00-02-0031-0252-000
00-02-0031-0291-000
00-02-0031-0289-000
00-02-0031-0381-000
00-02-0031-0324-000
00-02-0031-0292-000
00-02-0031-0129-000
00-02-0031-0323-000
00-02-0031-0128-000
00-02-0031-0243-000
00-02-0031-0124-000
00-02-0031-0121-000
00-02-0031-0119-000
00-02-0031-0120-000
00-02-0031-0121-000
00-02-0031-0118-000

El camino La Bélgica si pasa por el predio La Cartuja, inicia en el costado suroriental, a partir de la carretera Quiebra del Billar – San Peregrino – Malpaso, continúa por el sector oriental, hasta su lindero norte con el predio identificado con la ficha catastral 00-02-0031-00143-000, como vía vehicular destapada en buen estado de conservación.

Declaración del Ingeniero Agrónomo EMILIO ARIAS CALLEJAS, designado en este proceso como Perito de la lista del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en la que adujo:

“Minuto 5:55

[…] a 1.7 kilómetros nos encontramos con el predio denominado La Cartuja, al inicio de este predio existe una intersección de una vía municipal denominada la China- Camino de La Bélgica, en esta intersección con la carretera citada que conduce a Malpaso se encuentra el acceso al predio La Cartuja y allí inicia también el denominado camino de La Bélgica, este camino lo he identificado en la fotografía aérea respectiva y se encuentra delimitado con líneas punteadas, y señala los predios por los cuales atraviesa este camino y que sirve de colindante en fichas catastrales y escrituras de propiedad de los predios que acredita la propiedad de los predios por los que atraviesa […]

Minuto 11:20

El camino por su trazado y por sus características es de vieja data

[…]

Minuto 17:37

No me es posible en mi conocimiento determinar eso, no. pasa por La Cartuja pero que sea propiedad privada no tengo argumentos para expresarme si o no. […]

Minuto 17:56
En el inventario de vías municipales consultado en el Plan de Ordenamiento Territorial por ser un tipo de vía menor no está identificado o cuantificado en el inventario de vías del municipio […]

Minuto 19:19

El camino de La Bélgica es el camino característico que se encuentra delimitado en todos los mapas o fotografías aéreas como caminos de arriería o caminos peatonales históricos que eran los accesos antes de que se construyeran las vías vehiculares, por sus características o diseños de la vía pues son caminos que ya con el tiempo y la necesidad van adecuándose y van ampliándose o van teniendo intervención antrópica para hacerlo de uso vehicular. […]” (Destaca la Sala)

Escritura pública 2353 de 24 de junio de 2013, correspondiente al inmueble rural con matrícula inmobiliaria 100-19619, Código Catastral 0-02-0031-0143-000, denominado El Paisaje, ubicado en el municipio de Manizales y determinado por los siguientes linderos:

“[…] Del camino de La Bélgica lindado con Jesús Salazar, de para abajo a lindar con propiedad de Maximino Corrales; a la izquierda para abajo a caer a una cañada lindero con el mismo a la izquierda y de para arriba lindando con el mismo hasta encontrar el lindero con Ana Rosa Quintero, de travesía a la izquierda al camino de la Algarroba, camino abajo hasta la partida a la izquierda siguiendo el camino de La Bélgica punto de partida […]” (fl. 16 a 19) (Resalta la Sala)

Escritura pública 1853 de 27 de octubre de 2006, correspondiente al inmueble rural con matrícula inmobiliaria 100-72859, Código Catastral 0-02-0031-0217-000, denominado La Cartuja, ubicado en la vereda de La Cuchilla del Algarrobo municipio de Manizales, y determinado por los siguientes linderos:

“[…] de este punto se sigue carretera a la región de la China y en esa dirección hasta encontrar el lindero con propiedad rural del Dr. Hernando Villa Galvis, se sigue con el doctor Villegas Galvis, hasta encontrar el lindero con propiedad de Pedro Peláez y donde hay una mata de guadua, se sigue el lindero con Pedro Peláez, hasta encontrar el camino de La Bélgica, se sigue el camino en dirección oriente hasta encontrar otra propiedad del mismo Pedro Peláez, […] de este punto siguiendo el lindero hasta encontrar el camino de La Bélgica, hasta encontrar el camino del Algarrobo […]” (Folios 20 a 22) (Negrilla y subraya de la Sala)

Escritura pública 1601 de 19 de octubre de 2005 correspondiente al lote No 5, denominado Los Yarumos vereda San Peregrino municipio de Manizales, matrícula inmobiliaria 100-153068, ficha catastral 00-02-031-0292-000, determinado por los siguientes linderos:

“[…] mojón de concreto marcado m-15, sobre el antiguo camino a la Bélgica, punto lindero con el lote no 4 […] a la derecha carreteable arriba en una longitud aproximada de 57.30 metros, hasta encontrar la desviación del antiguo camino de La Bélgica, en el mojón de concreto m-31, punto común de lindero con predio no 10 de Pedro José Peláez y otros, y con el lote no 4 de Roosevelt Peláez, a la izquierda por el antiguo camino de La Bélgica abajo, […]” (fl. 366 a 368) (Las negrillas y subraya no son del texto).

Inspección Judicial llevada a cabo por el Tribunal Administrativo de Caldas el 3 de diciembre de 2014, en el Acta que obra a folios 476 a 477 se anotó lo siguiente:

“[…] se inició el recorrido con diferentes habitantes del sector desde el predio denominado La Cartuja, allí el Ingeniero de acuerdo a una fotografía aérea suministrada por el IGAC que data de 1989, realizó las siguientes ilustraciones con respecto al “Camino de La Bélgica”: En el Instituto no se reporta como camino a La Bélgica, en el POT tampoco se reporta como Camino a La Bélgica, la única referencia que se encontró es la carretera que va de la China que es una vereda que queda cerca a la Autopista del Café abajo del peaje de San Bernardo del Viento, es una carretera que viene desde la China hasta la intersección, que es la entrada de la finca La Cartuja, desde donde se comenzó el recorrido de la inspección, es decir hasta el Camino de La Bélgica, precisó que cuando se hizo esa carretera en ese tiempo la denominaron desde el sector de la China y viene hasta el Camino de La Bélgica, camino que está delimitado en la fotografía aérea desde esa data, además de las vías nacionales y departamentales.

El profesional designado señaló además que dichos caminos no se identifican ni contabilizan en el POT sino que son tradicionales, y el de La Bélgica atraviesa la finca La Cartuja en una distancia de 417 metros dentro de La Cartuja, continua y va hasta la finca identificada con el número 0118 propiedad denominada Primavera, en un recorrido total de 1966 metros.

Además el Ingeniero precisó que el Camino de La Bélgica se cita en varias escrituras como colindancia, que pasa por los 21 predios que se identificaron con fichas catastrales en el informe presentado.

Los primeros metros recorridos del denominado Camino de La Bélgica colindan a mano derecha e izquierda con los predios pertenecientes a La Cartuja, […]

Se continuó el recorrido caminando hasta un punto donde el Camino de La Bélgica linda a la derecha con La Cartuja y a la derecha con el predio propiedad del accionante, […]

Unos pasos más adelante se observó una intersección diferente a la atrás señalada, que desemboca igualmente en la vía departamental y que linda con la finca Pénjamo, la cual se encontró cerrada con unos estacones y alambre de púa y sembrada con café tecnificado de alta densidad, de acuerdo a lo expuesto por el Ingeniero, dicho ramal comunica al predio La Cartuja con la vía departamental y atraviesa los predios 053 – 108 – 109 y 110 de acuerdo a uno de los planos que llevó a la diligencia el ingeniero Arias Callejas.

Siguiendo el camino a pie, nos encontramos con la casa principal del predio denominado el Paisaje, hasta ese lugar llegan los adoquines en el camino.

Desde allí se pudo observar que el camino de La Bélgica continúa hacia el norte en unos 400 a 500 metros aproximadamente, hasta llegar a la intersección con la vía departamental, constatándose claramente que dicho tramo se puede recorrer sin ningún obstáculo por las personas, por vehículos y por animales de carga.

La vía departamental en la que desemboca el Camino de La Bélgica, va de la Quiebra del Billar hasta Malpaso en unos 17,5 kilómetros aproximadamente […]” (Destaca la Sala)

Declaraciones de las señoras CLAUDIA ALEJANDRA BECERRA HOYOS, Profesora de la Institución Educativa Rural San Peregrino, ESTHER JULIA PELÁZ LÓPEZ y CONSUELO CASTRO DE GIRALDO, y los señores JOSÉ EDGARDO CARDONA QUINTERO y ELIBERTO PELAEZ LÓPEZ habitantes de la zona, quienes dan cuanta de la existencia del camino de La Bélgica y el tránsito y uso del mismo por parte de la comunidad.

Disco compacto que contiene el Acuerdo 663 del 13 de septiembre de 007 “Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales”, que contempla en el artículo 34 lo siguiente:
“ARTÍCULO 34.-- MODIFÍCASE el artículo 45 del Acuerdo Municipal número 508 de 2001, el cual queda de la siguiente manera:

Localización de la infraestructura para el sistema vial y de transporte rural. En el siguiente cuadro se mencionan las distintas vías y la infraestructura que conforman la red vial rural del municipio de Manizales:

(…)

VIA
LONGITUD
RESPONSABLE
CATEGORÍA
La China-Camino de La Bélgica
1.00
MUNICIPIO
4

(…)

45.1 Detalle explicativo de las categorías

(…)

45.1.4 Categoría 4. Está conformada por ramales de penetración hasta veredas o caseríos específicos, de utilización indispensable para el retorno y también por aquellas vías que, a causa de sus condiciones topográficas de alta pendientes y banca estrecha, no pueden ser utilizadas por vehículos de mediano tamaño, para empalmar a vías de mayor importancia” (fl. 252).

Copia del oficio SPM 14-2378 de 10 de julio 2014, suscrito por el Secretario de Planeación de la Alcaldía de Manizales y dirigido a la Secretaría Jurídica , en el que con respecto al camino denominado camino La Bélgica, señaló:

“Una vez consultados los planos del Acuerdo 663 de 2007 Plano AR-62-1 Plano Red Vial Básica Rural (01) Plano Oficial POT, se encontró que la vía de acceso a la Finca El Paisaje, no está categorizada en el Inventario de las vías rurales del Municipio de Manizales.

Se anexa registro fotográfico donde se puede observar que la vía de acceso a la Finca El Paisaje, es un ramal que sirve de comunicación de la Finca El Paisaje con la vía Departamental Quiebra del Billar – San Peregrino – Malpaso; dicho ramal no corresponde a ninguna de las vías que están clasificadas en el POT vigente, Acuerdo 663 de 2007 como vías rurales del Municipio de Manizales.” (Folio 406)

De estas dos últimas pruebas debe precisar la Sala que si aunque dan cuenta que el camino de La Bélgica no aparece en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Manizales y en el inventario como “vía rural del municipio de Manizales”, lo cierto es que paradójicamente, tanto en el POT como en el oficio se reconoce la existencia del camino La Bélgica. En efecto, en el artículo 34 del POT al describir la vía “La China-Camino La Bélgica”, se está haciendo referencia al mismo como un límite; y en el oficio se le reconoce como “un ramal que sirve de comunicación de la finca El Paisaje con la vía Departamental Quiebra del Billar – San Peregrino”.

Como conclusión, se tiene que el denominado camino La Bélgica es un bien de uso público, en la medida que se demostró en este proceso que es una vía peatonal y vehicular y de uso permanente por la comunidad. Además no se acreditó que perteneciera a ningún particular o que fuera bien anexo a algún predio privado, ni tampoco se acreditó que respecto del camino existiera una servidumbre de paso.

De la vulneración del derecho colectivo al goce del espacio público.

Teniendo en cuenta que el recurso de apelación está enfocado a señalar que la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S., no vulneró el derecho colectivo al goce del espacio público, en tanto que el camino de La Bélgica no es un bien público, considera la Sala en este punto tampoco le asiste razón a la parte impugnante, pues como ya se estableció el mismo sí es un bien de uso público.

Adicionalmente, de las pruebas aportadas, decretadas y practicadas en el proceso, se observa que los administradores del predio denominado La Cartuja restringieron de manera directa el tránsito de peatonal y vehicular.

En efecto, se constató la instalación de cadenas, “estacones con electricidad”, la presencia de perros y avisos prohibiendo el paso (fls. 7, 9, 13, 496. Cdno. 1).

En este sentido, y contrario a lo afirmando por el recurrente, la Sala encontró la vulneración de los derechos colectivos relacionados con el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, por las acciones de la entidad demandada, a través de las personas a cargo del inmueble La Cartuja, quienes prohibieron a la comunidad de San Peregrino el tránsito por el camino La Bélgica.

De la presentación de informes mensuales al Tribunal Administrativo de Caldas.

Solicitó la apoderada de la sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S., modificar la sentencia de instancia en relación con la decisión referente al lapso por el cual el comité de verificación de la sentencia, debía presentar los informes mensuales al Tribunal Administrativo de Caldas, pues, aduce, se omitió delimitar este asunto.

Al respecto, la Sala observa que en el numeral sexto de la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas dispuso conformar un Comité de Verificación que presentará informes mensuales explicando “en detalle, todas y cada una de las decisiones administrativas y actos de ejecución relacionados con las órdenes de la presente sentencia”.

Asimismo, se advierte que en los numerales tercero y cuarto de la providencia impugnada, el Tribunal Administrativo de Caldas impartió, para garantizar la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público de los habitantes de la vereda San Peregrino de Manizales, varias órdenes tanto a la sociedad de Activos Especiales S.A.S., o quien haga sus veces; al Gestor Regional Antioquia y Eje Cafetero de dicha entidad; y al municipio de Manizales, relacionadas con el retiro de obstáculos, con la habilitación del tránsito peatonal y vehicular, con la realización de las medidas administrativas, legales y judiciales necesarias para el mantenimiento, protección y vigilancia del camino de La Bélgica de la vereda San Peregrino, y con la ejecución de todas las gestiones necesarias en las instancias administrativas municipales para que se identifique el mismo como una vía pública. En el mismo sentido y si fuere necesario, dispuso realizar las acciones judiciales o registro de escrituras correspondientes determinar plenamente la condición de vía pública del pluricitado camino, particularmente en el tramo que cruza el predio rural denominado La Cartuja.

En este contexto, para la Sala no resulta procedente, como lo solicita la parte demandada, establecer una fecha cierta para que el Comité de Verificación designado finalice con la presentación de los informes mensuales, ya que ello dependerá de la debida realización y ejecución de todas y cada una de las órdenes dadas por el Tribunal Administrativo de Caldas.

Sobre el particular, cabe resaltar que al juez de primera instancia le corresponde no sólo expedir el auto a través del cual ordena el obedecimiento y cumplimiento de la decisión del superior, sino que también tiene el poder de verificarlo y exigirlo directamente.

Aunque de forma ordinaria el interesado debe proveer lo necesario para la ejecución de la sentencia ante la naturaleza misma de los derechos colectivos cuya protección se ordena, el legislador quiso asegurar la ejecución efectiva y pronta de las órdenes y condenas y al efecto contempló la posibilidad de que el juez realice todas las actividades tendientes a tal fin.

Nótese que el juez constitucional de la acción popular no ejecuta la sentencia sino que la hace ejecutar, razón por la que debe requerir a los condenados responsables en procura del cumplimiento de la decisión.

Por ende, en firme la sentencia, la competencia del juez se remite a la ejecución de la misma, quedando de esta manera, investido de los poderes necesarios, correspondiendo a las demás autoridades proveer para la efectividad del derecho colectivo protegido mediante la ejecución de las órdenes impartidas

En estos términos no hay duda que la verificación del cumplimiento de la sentencia se realizará por el magistrado que conoció la primera instancia, a través de los informes que presente el comité de verificación integrado para el efecto; lo anterior hasta tanto se demuestre la efectiva cesación de la vulneración de los derechos colectivos protegidos por el juez constitucional.

De la exoneración a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. de suscribir las escrituras públicas respectivas o de realizar los trámites judiciales que determinen o aclaren la condición de uso público del camino La Bélgica.

Solicita la apoderada de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. que se le exonere de efectuar escrituras o trámites judiciales que determinen o aclaren la condición de uso público del camino La Bélgica.

Sobre el particular observa la Sala que el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó a la citada SAE S.A.S.:

“[…]
Colaborarán con el Municipio de Manizales, para efectos de legalizar o formalizar en las escrituras del predio rural La Cartuja, lo correspondiente a la calidad de vía pública del pluricitado camino.”

Y al municipio de Manizales le mandó a realizar:

[…] todas las gestiones necesarias en las instancias administrativas municipales para que se identifique el “camino de La Bélgica" como una vía pública. En el mismo sentido, si fuere necesario, en coordinación con la SAE realizará las acciones judiciales o registro de escrituras correspondientes para que se despeje toda duda sobre el (sic) condición de vía pública del pluricitado camino, particularmente en el tramo que cruza el predio rural denominado "La Cartuja".

Ante la situación planteada, debe reiterar la Sala lo expuesto en cuanto a la prueba de la destinación al uso público de un bien, así como el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil en cuanto señaló:

“En relación con aquellos bienes públicos que están afectados al uso público, se ha indicado por parte de la doctrina, en un intento por conciliar la teoría del título y el modo con otras hipótesis respecto de las cuales no fue creada, que el título y el modo en relación con estos bienes se encuentran contenidos directamente en la Constitución y en la ley.

[…]

Así, teniendo en consideración las singularidades históricas y la fundamentación jurídica expuesta, en cuanto hace referencia a la acreditación de la propiedad del Estado sobre los bienes públicos, no es posible exigir, en principio, como prueba un título distinto a la Constitución o la ley. Solamente en el caso de los bienes fiscales propiamente dichos, también llamados como bienes fiscales no adjudicables, de naturaleza inmueble, los cuales se hallan sujetos a un régimen similar a los de la propiedad privada, se debe considerar que el ordenamiento jurídico exige la prueba del título y modo y, por ende, de la inscripción de la propiedad en el folio de matrícula inmobiliaria de la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. En el caso de los bienes baldíos, el registro referido solo opera cuando la entidad respectiva, a través de acto administrativo, decide adjudicarlo. […]”

Hecha la observación anterior y revisadas las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Caldas, se tiene que en este punto le asiste razón a la apoderada de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. – SAE S.A.S., puesto que, de un lado, el Camino de La Bélgica es un bien de uso público, como ya se dijo, y de otro, no se acreditó en este proceso que tal bien fuera propiedad privada, luego no resulta acorde disponer la modificación de las escrituras del predio rural La Cartuja “a efectos de legalizar o formalizar […] lo correspondiente a la calidad de vía pública del pluricitado camino”. Así también lo encontró y precisó el a quo al afirmar, en la sentencia de primera instancia que: “Sumado a lo anterior, no se probó que el tramo del Camino de la Bélgica que atraviesa el inmueble denominado La Cartuja, correspondiera a una vía o un sendero de propiedad privada”.

Además, la responsabilidad sobre el camino, como bien público, recae en el municipio de Manizales, por tanto, se modificará en estos aspectos la sentencia de primera instancia, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de este proveído.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales cuarto y quinto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 27 de abril de 2015, los cuales quedarán así:

“Tercero. Ordenar a la Gerente General de la Sociedad de Activos Especiales S.A.S o quien haga sus veces y al Gestor Regional Antioquia y Eje Cafetero de dicha entidad, lo siguiente:

Que retiren todos los obstáculos impuestos (cadenas, letreros y perros) que prohíban el libre tránsito de personas, animales o vehículos livianos por el “camino de La Bélgica” en el tramo que pasa por el inmueble La Cartuja.

Permitir el tránsito peatonal y vehicular (liviano) de los habitantes del sector de San Peregrino y visitantes, por el “camino de La Bélgica" en el tramo que atraviesa por el inmueble La Cartuja.

Abstenerse de prohibir nuevamente el tránsito peatonal y vehicular por el "camino de La Bélgica", o de instalar obstáculos o avisos que restrinjan o amenacen la circulación por dicho camino de uso público.

La Sociedad de Activos Especiales vigilará para que las personas a quienes designe para la administración, habitación y uso del predio La Cartuja, mayordomos o similares, cumplan con las órdenes aquí reseñadas.

Cuarto. Ordenar al Alcalde del Municipio de Manizales o su delegado realizar lo siguiente:

Realizar todas las medidas administrativas, legales y judiciales necesarias para el mantenimiento, protección y vigilancia del “camino de La Bélgica" de la vereda San Peregrino.

En ese orden de ideas, realizará todas las gestiones necesarias en las instancias administrativas municipales para que se identifique el “camino de La Bélgica" como una vía pública. En el mismo sentido, si fuere necesario, realizará las acciones judiciales correspondientes para que se despeje toda duda sobre la condición de vía pública del pluricitado camino, particularmente en el tramo que cruza el predio rural denominado "La Cartuja"”.

SEGUNDO: CONFÍRMASE la sentencia apelada en lo demás.

TERCERO: Ejecutoriado este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

GUILLERMO VARGAS AYALA

Corte Constitucional. Sentencia SU-360 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero.
Sentencia de 19 de noviembre de 2009, Radicación 2004–00955, Consejero Ponente Marco Antonio Velilla Moreno.
2 Cfr, PARADA, Ramón. Derecho Administrativo, Tomo III, Bienes públicos, Derecho urbanístico. Editorial Marcial Pons, cuarta edición. Madrid. 1.991, pág. 43 y ss "El criterio de la afectación como definidor del dominio público. Bienes que comprende".
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 18 de junio de 2014, Radicación 11001-03-06-000-2013-00364-00(2154). Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Namén Vargas.
Folios 3 a 14 Cuaderno 2 “Pruebas de Oficio”
El cual estará integrado por la Personera Delegada, la Dra. Tulia Elena Hernández Burnano o por quien haga sus veces, quien presidirá el referido comité, el Representante Legal del Municipio de Manizales, su delegado o quien haga sus veces, la Gerente General de la Sociedad de Activos Especiales o quien haga sus veces y el señor Carlos Eduardo Giraldo Botero en representación de la comunidad de la vereda San Peregrino.
La Ley 1579 de 2012 “Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones”, “Artículo 2.- Objetivos. El registro de la propiedad inmueble tiene como objetos básicos los siguientes: a) Servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales constituidos en ellos de conformidad con el artículo 756 del Código Civil; b) Dar publicidad a los instrumentos públicos que trasladen, transmitan, muden, graven, limiten, declaren, afecten, modifiquen o extingan derecho reales sobre bienes raíces; c) Revestir de mérito probatorio a todos los instrumentos públicos sujetos a inscripción.”
Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 18 de junio de 2014, Radicación 11001-03-06-000-2013-00364-00(2154). Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Namén Vargas.

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