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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2024-00046-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00046-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00046-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO, apartados (i) y (ii); TERCERO y CUARTO de la sentencia de 24 de abril de 2025, los cuales quedarán así: «[...] SEGUNDO: DECLARAR LA AFECTACIÓN DEL DERECHO COLECTIVO al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, por parte del MUNICIPIO DE AGUACHICA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena al MUNICIPIO DE AGUACHICA: (i) Presentar un plan de acción contentivo de los trámites y actuaciones a ejecutar, junto con el respectivo cronograma, con el fin de remover de forma efectiva y definitiva, las obras y actividades que impiden el uso adecuado del espacio público objeto de la presente acción popular. Para tal efecto se otorga un término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia. (ii) Realizar todos los trámites y actuaciones necesarias para remover de forma definitiva las obras existentes en el área objeto de esta acción, correspondiente al predio de titularidad el ente territorial afectado al espacio público, dentro de los ocho (8) meses siguientes al vencimiento del anterior término. [...] CUARTO: Para la vigilancia y cumplimiento de las decisiones que en esta providencia se adoptan, conforme al artículo 34 de la ley 472 de 1998, se conformará el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, de la siguiente manera: (i) El actor popular, (ii) el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 56 Número único de radicación: 20001-23-33-000-2024-00046-01 Actor: FRAYD SEGURA ROMERO municipio de Aguachica – Secretaría de Planeación y Obras Públicas, (iii) el Procurador Judicial delegado para este proceso, (iv) El Personero Municipal de Aguachica y (v) El magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá [...]». SEGUNDO: COMPULSAR copia del presente proceso a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que en ejercicio de sus competencias inicie las actuaciones a que haya lugar con ocasión de los hechos relacionados con la gestión y administración del bien fiscal […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2024-00046-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2024-00046-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: FRAYD SEGURA ROMERO

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA APELADA EN RAZÓN A QUE LA
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS NO DERIVA DE LAS
LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN OTORGADAS.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO, AL GOCE DEL ESPACIO PÚBLICO, A LA SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE Y A LA
REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES RESPETANDO LAS
DISPOSICIONES JURÍDICAS.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el señor

JONNATTAN SÁNCHEZ y el MUNICIPIO DE AGUACHICA1 contra

la sentencia de 24 de abril de 2025, proferida por el Tribunal

Administrativo del Cesar2.

I.- ANTECEDENTES

1 En adelante el MUNICIPIO.
2 En adelante el TRIBUNAL.

2

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Actor: FRAYD SEGURA ROMERO

I.1- La demanda

El señor FRAYD SEGURA ROMERO, en ejercicio de la acción

popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19983, instauró

demanda contra el MUNICIPIO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA

REGIONAL DEL CESAR4 y el señor JONNATTAN SÁNCHEZ

tendiente a la protección de los derechos colectivos al goce de un

ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, al goce del

espacio público, a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente y a la realización de construcciones respetando las

disposiciones jurídicas.

I.2. Hechos

Indicó que en el barrio La Ceiba, del municipio de Aguachica, existe

una zona de espacio público de 175 metros cuadrados ubicado entre

la carrera 15 con calles 10 y 11 que ha sido destinado a la recreación,

a la práctica de deporte, al descanso y al hábitat de varias especies

3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones»
4 En adelante CORPOCESAR.

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Actor: FRAYD SEGURA ROMERO

de aves, cuyo cuidado y sostenimiento ha sido asumido por la

comunidad, ante la falta de inversión del ente territorial.

Expuso que esa dinámica se vio perturbada cuando el señor

Jonnattan Sánchez adquirió el predio ubicado en la carrera 14 # 10-

39, colindante con el espacio público en mención, en el que, a pesar

de tener una vía de ingreso por la carrera 14, construyó un acceso

por la zona de uso público, para lo cual taló 11 árboles y aprovechó

de forma exclusiva un área que hace más de 40 años ha venido

siendo usado por la comunidad.

Afirmó que el señor Sánchez está construyendo una bodega y

dispuso la entrada de los vehículos de carga pesada y la entrada de

materiales por la zona pública, argumentando la existencia de una

licencia urbanística que facultaba tal intervención, en menoscabo de

los derechos colectivos.

Adujo que la comunidad solicitó a CORPOCESAR garantizar la

protección del medio ambiente, la fauna y la flora afectadas por la

tala injustificada de los árboles y el aprovechamiento indebido del

espacio público; sin embargo, no hubo respuesta.

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Actor: FRAYD SEGURA ROMERO

Manifestó que ante el silencio de la autoridad ambiental, la

comunidad solicitó la intervención, en reiteradas oportunidades, de

la Secretaría de Planeación y Obras, que en Oficio de 9 de septiembre

de 2022, entre otros, informó que el área de terreno en comento

corresponde a espacio público municipal destinado para andén, zona

verde, de retiro y de acceso a los locales comerciales ubicados en el

predio respecto del cual se otorgó la licencia de construcción

contentiva en la Resolución 500 de 9 de noviembre de 2021.

Expuso que el 7 de septiembre de 2023 nuevamente en ejercicio del

derecho de petición solicitaron a la Secretaría de Planeación y Obras

Públicas información acerca de las licencias o permisos sobre el área

de terreno en cuestión, ante lo cual dicha dependencia advirtió que

no autoriza a la comunidad para la intervención de ese espacio

público, desconociendo con ello que ha sido esta quien ha estado

pendiente del mantenimiento de esa zona.

Indicó que ante la nueva administración municipal formularon

nuevas peticiones que fueron atendidas con respuestas imprecisas,

generales y sin especificar la estrategia para recuperar la zona

pública afectada.

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I.3. Pretensiones

La parte actora, además del amparo de los derechos colectivos

invocados, solicitó que:

«[…] 3.1: … Sírvase a proteger el medio ambiente, recuperación de
los árboles cortados, recuperación de espacio público de la
comunidad.

3.2: Ordenar a los accionados, la siembra nuevamente de los árboles.

3.3: Ordenar al municipio de Aguachica Cesar, la construcción de un
parque o zona recreativa de la comunidad, o declarar zona pública y
que quede debidamente marcada, sin entrada y salidas de camiones.

3.3 (sic): Ordenar a la CAR REGIONAL CESAR que adelante el proceso
sancionatorio en contra del señor JONATHAN SÁNCHEZ, por el crimen
de la tala de árboles.

3.4: Suspender provisionalmente la obra si esta aun continua, o todo
lo que tenga que ver por el espacio público de la comunidad, pero por
la parte del parque o la zona en controversia [...]».

I.4. Defensa

I.4.1. CORPOCESAR adujo que la vulneración que se le atribuye

es inexistente, porque el actor no especificó el derecho colectivo que

presuntamente transgrede, ni indicó cuál es la acción u omisión

causante de la afectación alegada, de suerte que la acción es

improcedente.

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Propuso como excepción la «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA

CAUSA POR PASIVA», en tanto que la situación fáctica expuesta

da cuenta de un conflicto por el uso del espacio público y el indebido

otorgamiento de licencias urbanísticas de construcción, cuyos

asuntos que no guardan relación con sus funciones.

I.4.2. El MUNICIPIO manifestó que la demanda carece de sustento

fáctico y jurídico, porque no existe vulneración de derechos

colectivos, en razón a que las licencias otorgadas permiten el acceso

temporal por la franja de terreno a que alude el actor popular,

durante el tiempo que tarde la construcción del proyecto urbanístico;

por tanto, no es necesario adelantar acciones tendientes a la

recuperación de ese espacio público, habida cuenta que la licencia

vence el 25 de septiembre de 2024.

Señaló que en el PBOT5 no quedó contemplada el área de espacio

público por la carrera 15 entre calles 10 y 11 como zona urbana

especial de recreación pública ZUE-RP, ni como zona urbana especial

urbana ZUE-VU, lo cual impide su intervención, de manera que,

conforme con la licencia, corresponde al propietario del predio

5 Adoptado mediante Acuerdo 025 del 28 de diciembre de 2002.

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construir allí las zonas de parqueo, andén peatonal, zonas verdes

para arborización, terrazas y zonas de acceso a la edificación.

Añadió que para el establecimiento de parques o zonas recreativas

se debe realizar un análisis de desarrollo urbano del sector y del

impacto económico y social del área a intervenir, por lo que en la

revisión ordinaria del POT se está considerando la posibilidad de

incorporar el predio en comento como zona de parque, de

conformidad con la Ley 388 de 1997, el Decreto 1232 de 2020 y las

determinantes ambientales decretadas por CORPOCESAR y demás

normas concordantes.

Argumentó que las suspensiones de las obras solo proceden cuando

se configura cualquiera de las causales estipuladas en el artículo 135

de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, lo que no ocurrió en este

caso, pues el uso del espacio público estaba autorizado por las

respectivas licencias de construcción, como, en efecto, lo ratificó el

Inspector de Policía en la Resolución núm. 111 de 29 de septiembre

de 2023 “por medio de la cual se ordena el cese de actos

perturbatorios sobre un bien inmueble”, en la que accedió a las

pretensiones de Jonnattan Sánchez contra quienes se oponían al uso

que estaba haciendo de ese espacio.

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Precisó que el área sub examine no es un bien baldío, pues el

derecho de dominio está a su nombre, conforme se advierte en el

certificado de libertad y tradición y en el diagnóstico del PBOT; no

obstante, en este último instrumento no fue catalogado como

parque, sin perjuicio que a futuro se haga, pues simplemente se

estableció como un área para desarrollar andén, zona verde,

antejardín, terrazas y accesos al predio.

Propuso la «EXCEPCIÓN GENÉRICA E INNOMINADA».

I.4.3. El señor JONNATTAN SÁNCHEZ sostuvo que la demanda

está basada en hechos calumniosos, temerarios y de mala fe, pues

no es cierto que el espacio público ubicado en la carrera 15 con calle

10 y 11 tenga la destinación que indica el actor popular, incluso las

pruebas aportadas por el MUNICIPIO no acreditan la existencia de

un parque, una zona de recreación ni un área boscosa que se

requiera proteger.

Adujo que las pequeñas plantas existentes en ese espacio fueron

sembradas después de haberse otorgado la licencia de construcción

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y un día antes de iniciar las obras, lo que desvirtúa la deforestación

que se alega en la demanda.

Afirmó que el uso que viene haciendo de esa franja de terreno fue

debidamente autorizado por la autoridad competente, quien le

permitió acceder a su predio por la carrera 15, sin embargo, ha sido

víctima del asedio por parte del señor José Natividad Ortiz y un grupo

de personas lideradas por él.

Añadió que la disputa no obedece a la lucha por la protección del

medio ambiente y el espacio público sino a intereses personales, tal

como se ventiló ante la Inspección de Policía.

Propuso las siguientes excepciones:

«INEXISTENCIA DE LA VULNERACIÓN DE UN DERECHO

COLECTIVO». Afirmó que el actor no probó la tala de árboles, así

como tampoco el permiso para fijar las llantas que fueron retiradas.

«ACTOS DE MALA FE Y TEMERIDAD DE LOS ACCIONANTES».

Aseguró que el actor falta a la verdad al manifestar que existió la

tala de 11 árboles, cuando lo cierto es que solo fueron retiradas unas

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llantas que fueron enterradas en la zona verde sin autorización de

las entidades competentes, y algunas “plantas diminutas” que

sembraron el día que inició la construcción.

«ACTOS DE BUENA FE». Indicó que ha actuado en cumplimiento

de las licencias de construcción y los permisos de cargue y descargue

de mercancías, además, el predio que menciona el actor no registra

matrícula inmobiliaria o código catastral asociado que acredite que

se trata de un terreno destinado a equipamiento público como

canchas deportivas, parques, destinación recreacional e

institucional; por el contrario, su destinación es espacio público para

andenes, zonas de retiro, zonas verdes y acceso a locales

comerciales.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 31 de julio

de 2024, declarándose fallida por la ausencia de fórmulas de acuerdo

entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

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El Tribunal, en sentencia de 24 de abril de 2025, accedió

parcialmente al amparo deprecado en lo atinente a la transgresión

del espacio público, para lo cual explicó que con la expedición de la

Ley 388 de 1997 los bienes baldíos urbanos se convirtieron en bienes

fiscales que solo pueden ser utilizados para fines relativos al plan de

ordenamiento territorial, de ahí que el predio en comento -en

principio- se considera un bien fiscal de propiedad del MUNICIPIO,

conforme lo advirtió de la contestación de la demanda de dicho ente6.

Precisó que aunque el MUNICIPIO ratificó ser titular del bien en

cuestión y, en consecuencia, su clasificación como bien fiscal, lo

cierto es que también reconoció que tal área ha sido destinada a

espacio público, al punto que al hacer la apertura del folio de

matrícula inmobiliaria lo denominó “Parque La Ceiba”, afianzando lo

dicho en la demanda acerca del uso histórico de ese espacio por

parte de la comunidad, hecho respaldado por los testimonios

6 Para el efecto destacó que el MUNICIPIO indicó que: “«[...] el área destinada a espacio

público no corresponde a un bien baldío, ya que, como se indicó anteriormente, tiene
titularidad del derecho de dominio en cabeza del Municipio de Aguachica, haciendo claridad
de conformidad al PBOT vigente, no está destinado a un parque, sin embargo este municipio
teniendo la obligación de regular el ordenamiento territorial y velar el derecho a la
recreación pública y zonas de esparcimiento que tiene nuestra querida comunidad, se puede
establecer que en los planos A-02 y A-03 que hacen parte integral de la modificación de la
licencia de construcción (Resolución N°700 de noviembre 16 de 2023) se establece el
acceso mencionado por el accionante de manera temporal y transitoria hasta que se dé la
ejecución de las obras; es de resaltar, que esta área de espacio públicos se dejó
simplemente como un área donde se podía desarrollar el andén, zona verde, antejardín,
terrazas y accesos al predio [...]».

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recaudados que dan cuenta de su uso por más de 40 años como

zona de recreación y cancha de fútbol.

Argumentó que aunque los bienes fiscales no están destinados al uso

público directo, sino a la gestión administrativa o la generación de

recursos estatales, no es posible ignorar el tratamiento que

históricamente le ha dado la comunidad y el mismo ente territorial

a ese predio como bien de uso público, incluso, mucho antes de

formalizarse la titularidad; es decir, que con la anuencia del

MUNICIPIO ha sido destinado a la satisfacción de necesidades

colectivas de recreación, circulación, zonas verdes, entre otros.

Estableció que para que un bien fiscal pase a formar parte del

espacio público requiere afectarse formalmente a ese uso mediante

acto administrativo; sin embargo, en el presente asunto, se advierte

una “afectación de facto”, en razón a que el uso efectivo por parte

del público evidenciado es un elemento relevante según el artículo

5º de la Ley 9ª de 1989, adicionado por el artículo 138 de la Ley 388

de 1997, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.5 del Decreto

1077 de 2015, que aborda el concepto de espacio público en el

marco del ordenamiento territorial y la planeación urbana.

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Destacó que bajo ese entendido, el bien en cuestión, por su uso

histórico comunitario como zona verde/recreo, constituye

materialmente espacio público y muy probablemente un bien de uso

público funcional, protegido constitucional y legalmente, por lo que

debe ser destinado al uso común.

Precisó que las licencias de construcción permiten puertas de acceso

vehicular y peatonal a través de la zona verde o área de recreo que

necesariamente implica una intervención física (posiblemente

pavimentación, eliminación de vegetación) y una alteración funcional

drástica que interrumpe y degrada el uso histórico y consolidado que

se ha venido dando a ese espacio, en beneficio exclusivo del

propietario del predio colindante y en contravía del interés general y

el uso común del espacio público.

Concluyó que las pruebas incorporadas al expediente demuestran la

afectación al goce del espacio público y la utilización y defensa de

los bienes de uso público, pero no así respecto de los demás

derechos invocados en la demanda relacionados con el medio

ambiente, la prevención de desastres y la realización de

construcciones respetando las disposiciones jurídicas.

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Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por

pasiva respecto de CORPOCESAR, comoquiera que la situación

fáctica expuesta en la demanda no guarda ninguna relación con sus

funciones, aunado a que no hay prueba de la vulneración ambiental

alegada.

En ese orden de ideas, dispuso como medidas de amparo las

siguientes:

«[...] SEGUNDO: DECLARAR LA AFECTACIÓN DEL DERECHO
COLECTIVO al goce del espacio público y la utilización y defensa de
los bienes de uso público, por parte del MUNICIPIO DE AGUACHICA,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena
al MUNICIPIO DE AGUACHICA:

(i) Adelantar y culminar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, todos los trámites administrativos
necesarios para formalizar la afectación del bien denominado Parque
la Ceiba de que trata esta acción popular, como bien de uso público.

(ii) Adelantar todas las gestiones administrativas y judiciales
necesarias y suficientes para adecuar la licencia de construcción
concedida al señor Jonathan Sánchez como propietario del inmueble
ubicado en la carrera 14 # 10 – 39 de Aguachica, individualizado con
la matrícula inmobiliaria No. 196-14119, a las normas urbanísticas
aplicables, teniendo en cuenta la connotación de bien de uso público
que se le ha dado en esta decisión al lote de propiedad del Municipio.

(iii) Mientras los trámites anteriores se realizan, y a fin de evitar la
continuidad en la afectación de los derechos colectivos protegidos en
esta acción popular, el municipio deberá adoptar las medidas
policivas necesarias para garantizar la utilización del espacio público
en favor de toda la comunidad-

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CUARTO: Para la vigilancia y cumplimiento de las decisiones que en
esta providencia se adoptan, conforme al artículo 34 de la ley 472 de
1998, se conformará el comité para la verificación del cumplimiento
de la sentencia, de la siguiente manera: (i) El actor popular, (ii) el
municipio de Aguachica – Secretaría de Planeación y Obras Públicas,
(iii) el Procurador Judicial delegado para este proceso, (iv) el señor
Jonathan Sánchez, y (v) El Personero Municipal de Aguachica.

QUINTO: CONDENAR EN COSTAS al MUNICIPIO DE AGUACHICA y a
favor del Actor Popular, las cuales se liquidarán por Secretaría de la
Corporación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia. Por agencias en derecho se fija el monto equivalente a
cuatro (4) SMLMV [...]».

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. El MUNICIPIO alegó que el predio alrededor del cual se ha

generado esta controversia es un bien fiscal, sin que al momento

exista una decisión del Concejo Municipal y, excepcionalmente, del

alcalde, que varíe su naturaleza.

Argumentó que el artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 lo

faculta para expedir licencia de ocupación transitoria del espacio

público, como ocurre en este caso, de manera que las licencias de

construcción otorgadas son válidas y su legalidad no ha sido

cuestionada.

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A su juicio, en la sentencia apelada se omitió el análisis sobre la

configuración de las situaciones excepcionales establecidas por la

jurisprudencia de esta Corporación para conocer de las acciones

populares frente a actos administrativos y ordenar medidas como su

interpretación condicionada y, pese a ello, se impartieron órdenes

que desconocen la legalidad de las licencias.

Afirmó que el Tribunal incurrió en una ambigüedad e imprecisión al

ordenar que se agote el trámite de afectación del predio en

referencia para el uso público; además, no hizo referencia a los

errores o trámites que se obviaron al expedir las licencias de

construcción y las obras adicionales para el acceso al predio por la

parte posterior, en una franja de menos de 8 metros, para el cargue

y descargue transitorio de material, no para bodega ni

almacenamiento permanente.

Destacó la falta de claridad en la orden consistente en la adecuación

de la licencia otorgada al señor Jonathan Sánchez, en tanto que,

respecto de este acto administrativo, el Tribunal no refirió ningún

vicio o ilegalidad, no ordenó su inaplicabilidad o la forma en que debe

ser interpretada y mucho menos dispuso la suspensión de sus

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efectos, de manera que es difícil entender su alcance de cara a

cumplirla.

III.2. El señor JONNATTAN SÁNCHEZ, a través de apoderado,

afirmó que el fallo incurrió en una calificación errónea de la

naturaleza del inmueble objeto de controversia, en tanto que en un

primer momento se consideró bien fiscal y luego como espacio

público por el uso y el tratamiento histórico que le ha dado la

comunidad, circunstancia que no puede cambiar su naturaleza sin

agotarse el debido trámite, porque ello implica desconocer la

propiedad del MUNICIPIO y la autonomía territorial.

Sostuvo que el Tribunal llevó a cabo una interpretación equivocada

de las licencias, pues aunque reconoció que no autorizan

explícitamente la intervención del espacio público, infirió que sí

facultaban el uso irrestricto del bien fiscal, cuando lo cierto es que

dichos actos ordenaron al constructor abstenerse de intervenir el

predio, es decir, solo fue permitido el acceso a su inmueble; sin

embargo, con fundamento en el uso comunitario y tratamiento de

espacio público de ese predio desconoció el derecho de propiedad y

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que las licencias no perjudican la utilización de ese bien fiscal por

parte de la comunidad.

Indicó que el fallo no debió otorgar al MUNICIPIO la potestad para

modificar una licencia acorde con la ley, pues pese a las posturas

opuestas de este, en la última explicación del asesor jurídico externo

de la administración municipal quedó claro que la licencia autoriza

tener una vía de acceso al predio sobre el bien colindante, pero en

el evento que este deba ser intervenido por el ente territorial, el

beneficiario de dicha licencia no puede interferir.

Refirió que no se realizó un análisis crítico de las pruebas y se le

otorgó credibilidad y un valor probatorio desproporcionado a

testimonios inconsistentes, contradictorios, parcializados e

imprecisos.

Aseguró que la orden atinente a la adecuación de la licencia de

construcción es vaga e indeterminada porque omite el tipo de

adecuación a realizar, generando así inseguridad jurídica por dejar

la decisión en manos del MUNICIPIO que, en su defensa, se ha

visto parcializado en favor de las pretensiones del actor popular.

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Actor: FRAYD SEGURA ROMERO

Adujo que la condena en costas impuesta al MUNICIPIO es

improcedente ante la inexistencia de vulneración o amenaza de los

derechos colectivos.

IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Y ALEGATOS DE

CONCLUSIÓN

El delegado del Ministerio Público ante esta Corporación, dentro de

la oportunidad procesal otorgada, no emitió concepto. Asimismo, las

partes guardaron silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

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Actor: FRAYD SEGURA ROMERO

para el amparo de derechos colectivos como los invocados en la

demanda, presuntamente transgredidos por la afectación de un área

destinada para el tránsito y la recreación de la comunidad que reside

en su entorno.

V.2.- Problemas jurídicos

En atención a los argumentos expuestos en los recursos de

apelación, a la Sala corresponde determinar lo siguiente:

i) ¿Se configura la vulneración del derecho colectivo al goce de un

espacio público?

ii) ¿Cuáles son las medidas idóneas para el amparo del derecho

colectivo?

iii) ¿Es procedente la condena en costas impuesta al MUNICIPIO?

V.2.1.- De la vulneración del derecho colectivo

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Con el fin de resolver los cargos de apelación que apuntan a

controvertir la vulneración de los derechos colectivos advertida por

el Tribunal, a continuación, se hará referencia a los hechos probados

a efectos de emitir el pronunciamiento que corresponde en esta

instancia.

Así, conforme con lo manifestado de forma expresa por el

MUNICIPIO al contestar la demanda, el predio alrededor del cual

se genera la controversia es de naturaleza fiscal, habida cuenta que

se trataba de un lote baldío cuya propiedad fue transferida por la

Nación al ente territorial en el año 2018, como se advierte de la

siguiente afirmación:

«[...] HECHO PRIMERO: El predio objeto de la presente acción
popular se encuentra identificado con cédula catastral
0101005200100001000 y matricula inmobiliaria 196-61832
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Aguachica, con un área de terreno 461,32 M2, declarado de
propiedad del municipio mediante Resolución 318 del 14 de
junio de 2018, y de conformidad al documento de diagnóstico del
municipio de Aguachica, denominado Dimensión Urbano Funcional;
realizado para la formulación del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial adoptado mediante el Acuerdo 025 de diciembre 28 de
2002; en el numeral 1.1 consolidación de la Cabecera Municipal
Actual, 1.1.1 Producción de la Trama Urbana, se muestra el
crecimiento urbano del municipio de Aguachica, desde el año 1953
hasta el año 2001 y como resultado de ese diagnóstico, se elaboró el
Plano PD4 “Usos Urbanos actuales de la Cabecera Municipal”, en el
cual quedaron contempladas todas las zonas o áreas que para el año
2001, eran utilizadas o se contemplaban como áreas de

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equipamientos de parques, recreación, relictos boscosos, entre otros
usos.

En este plano PD4 se puede observar, que en el área de espacio
público de la carrera 15 entre calles 10 y 11; no se encuentra
registrada la existencia de zonas dispuestas para parques, recreación
o relictos boscosos, que se debieran proteger; como si lo señala para
otras áreas [...]».

Tal información encuentra asimismo respaldo en la información

que reposa en el certificado de tradición y libertad del predio, así:

En línea con lo anterior la señora Zulema María Correa, quien rindió

testimonio en calidad de Gerente de Planeación y Obras Púbicas del

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MUNICIPIO, reiteró que la propiedad del lote de terreno está en

cabeza del ente territorial desde el año 2018, con ocasión de la

Resolución 318 de 2018, referida en el citado certificado de tradición.

Entonces, es un hecho probado que el bien respecto del cual se

otorgaron las licencias de construcción es de naturaleza fiscal,

categoría que reconoce a la entidad pública que detenta su derecho

real de dominio prerrogativas propias de los particulares frente a los

bienes de su propiedad y, en esa medida, está facultado para

destinarlos al cumplimiento de las funciones públicas o prestación de

los servicios que sean de su cargo.

En efecto, esta Sección ha precisado en cuanto a los bienes públicos

y sus categorías, lo siguiente:

«[...] Ahora bien, para efectos de determinar la naturaleza jurídica de
esos bienes es preciso referirse a lo establecido en el artículo 674 del
Código Civil sobre los bienes públicos, el cual dispone:

“ARTICULO 674. Bienes públicos y de uso público. Se llaman bienes
de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como
el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de
uso público o bienes públicos del territorio.

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los
habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales”.

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La norma ibidem clasifica los bienes públicos en bienes de uso
público y bienes fiscales. Sin embargo, esta Corporación ha
sostenido que dicha distinción, aunque vigente, en la actualidad es
insuficiente, dada la multiplicidad de bienes que, siendo de la Nación,
no se enmarcan en esa dualidad, por lo que es del caso dar paso a
una denominación única de bienes públicos, en la que el factor
diferenciador sea la posibilidad de disposición del Estado en
atención al grado de afectación al interés general37. Sobre el
particular, en sentencia de 19 de julio de 2018, se consideró que:

“[…] En el sistema jurídico colombiano los bienes públicos se han
clasificado tradicionalmente en bienes de uso público y en bienes
fiscales38; sin embargo, esta Corporación ha considerado que, a pesar de
que dicha clasificación continúa vigente, actualmente ella resulta
insuficiente, por lo que se debe dar paso a una denominación única de
bienes públicos, en “donde el factor de diferenciación entre ellos sea
la posibilidad de disposición del Estado, en atención al grado de
afectación al interés general”39, lo que determina el régimen jurídico
con miras a concluir si un bien específico está o no dentro del comercio y
las consecuencias respectivas.

En este orden de ideas, se ha señalado que los bienes de uso público son
aquellos cuya titularidad pertenece al Estado y se hallan destinados al
uso, goce y disfrute de todos los habitantes del territorio, están
sometidos al régimen de derecho público y sobre ellos el Estado
ejerce derechos de administración y de policía, con miras a
garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés
general40.

Los bienes fiscales son aquellos que pertenecen a una persona
jurídica de derecho público de cualquier naturaleza, que por regla
general están destinados a servir como instrumentos materiales
para el ejercicio de funciones públicas o para la prestación de
servicios a cargo de las entidades estatales, el Estado los posee y los
administra de conformidad con el régimen jurídico que prevea el derecho
común […]” (Resaltado de la Sala) [...]»7.

Entonces, a la luz de lo planteado por esta Corporación, en la

actualidad, la distinción clásica entre bienes de uso público y bienes

fiscales se queda corta para integrar allí otra serie de bienes de

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
magistrado ponente: Oswaldo Giraldo López, sentencia de 15 de marzo de 2018, Radicación
número: 05001-23-31-000-2006-03673-01.

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titularidad estatal que no responden a las características propias de

tales conceptos, de suerte que, conforme con la jurisprudencia en

cita, lo adecuado es referirse de forma general a bienes públicos y,

a partir de ello, diferenciarlos en función del mayor o menor nivel

de afectación al interés general que revisten, con el fin de establecer

el régimen jurídico aplicable y la capacidad de disposición del Estado

de tales bienes.

Lo anterior, encuentra asimismo pleno sustento en el

pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia T-625 de

29 de agosto de 20148, oportunidad en la que se estableció:

«[...] La Corte Constitucional [43], citando jurisprudencia emanada de
la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, ha adoptado la
siguiente caracterización acerca de los bienes de uso público y bienes
fiscales:

“Bienes de uso público y bienes fiscales conforman el dominio público del
Estado, como resulta de la declaración del artículo 674 del Código Civil.
La distinción entre “bienes fiscales” y “bienes de uso público”, ambos
pertenecientes al patrimonio del Estado, esto es, a la hacienda pública,
hecha por las leyes, no se funda pues en una distinta naturaleza sino en
cuanto a su destinación y régimen. Los segundos están al servicio de
los habitantes del país, de modo general, de acuerdo con la utilización que
corresponda a sus calidades, y los primeros constituyen los instrumentos
materiales para la operación de los servicios estatales o son reservas
patrimoniales aplicables en el futuro a los mismos fines o a la satisfacción
de otros intereses sociales. Es decir que, a la larga, unos y otros
bienes del Estado tienen objetivos idénticos, en función de
servicio público, concepto equivalente pero no igual al de “función

8Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión de Tutelas, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, expediente T-4.139959

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social”, que se refiere exclusivamente al dominio privado [...]»
(Resaltado de la Sala).

Asimismo, la doctrina9 en punto a los bienes públicos plantea que el

espacio público no alude a un tipo de bien en específico, sino a

una especie de carga que recae sobre los bienes, incluso de

titularidad privada, en razón de la intensidad o grado de vinculación

a la satisfacción de necesidades colectivas que, al ser una clara

manifestación de la prevalencia del interés general, compete

salvaguardar al Estado.

En coherencia con lo anterior, el artículo 2º del Decreto 1504 de 4

de agosto de 1998 define el espacio público como:

«[...] Artículo 2º.- El espacio público es el conjunto de
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y
naturales de los inmuebles privados destinados por
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses
individuales de los habitantes [...]» (Negrillas fuera del texto
original).

9 Cfr., PIMIENTO, Julián Andrés. Derecho Administrativo de Bienes. Los bienes públicos:
historia, clasificación y régimen jurídico, págs. 299 y ss. "La afectación al espacio público".

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En tal sentido, la Sala destaca que, en un asunto similar al sub

examine10, esta Sección amparó el derecho colectivo al goce del

espacio público con fundamento en los siguientes razonamientos:

«[...] Como primera medida, es de anotar que la Constitución Política,
en su artículo 63, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las
tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine
la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables”. (Subrayado
fuera de texto).

Por su parte, el artículo 82, ibidem, establece:

“ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano
en defensa del interés común”.

En concordancia con lo anterior, el Decreto 1504 de agosto 4 de 1998,
“Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de
ordenamiento territorial”, sobre el espacio público y su destinación señala
en su artículo primero que “es deber del Estado velar por la protección de
la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual
prevalece sobre el interés particular. En el cumplimiento de la función
pública del urbanismo, los municipios y distritos deberán dar prelación a
la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio
público sobre los demás usos del suelo”.

Sobre el particular la Corte Constitucional11 ha dicho lo siguiente:

“La búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la
protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los
fundamentos sobre las cuales se estructura el concepto de Estado Social
de Derecho. Es por ello que, de conformidad con el artículo 82 de la
Constitución Política, la integridad del espacio público y su destinación al

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

10 de noviembre de 2016, magistrado ponente Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado:
17001233100020140019301.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-360 de 1999, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

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uso común, son conceptos cuya protección se encuentran a cargo del
Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los
ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos”.

Con respecto al concepto de espacio público el artículo 5 de la Ley 9ª
de 1989, prevé:

“Artículo 5° Entiéndase por espacio público el conjunto de
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de
los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de
los habitantes.

“Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas
para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la
recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad
ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes
de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la
instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la
instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano
en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés
público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y
artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos
naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y
conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así
como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por
todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el
interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen,
por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.” (Negrillas
fuera del texto original).

El artículo 674 del Código Civil sobre los bienes públicos y de uso
público, señala:

“ARTÍCULO 674. BIENES PÚBLICOS Y DE USO PÚBLICO. Se llaman
bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio,
como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión
de uso público o bienes públicos del territorio.

Los bienes de la Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los
habitantes, se llaman bienes de la Unión o bienes fiscales.”

Y el Decreto 1504 de 1998, en los artículos 2º y 3º con respecto al
concepto de espacio público y lo que éste comprende, prevé:

“Artículo 2º.- El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados

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por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los
habitantes.

Artículo 3º.- El espacio público comprende, entre otros, los siguientes
aspectos:

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio
público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional,
destinados al uso o disfrute colectivo;

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los
inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación
satisfacen necesidades de uso público;

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio
público en los términos establecidos en este Decreto.”

La Sección Primea del Consejo de Estado ha puntualizado el concepto
de bienes públicos así:

“De los artículos 63, 72, 82, 102 y 332 de la Constitución Política se
deduce que se consideran bienes de dominio público los destinados al
desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas del Estado o los que
están afectados al uso común. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 674 del Código Civil se llaman “Bienes de la Unión” aquellos cuyo
dominio pertenece a la República y se clasifican en bienes patrimoniales
o fiscales y en bienes de uso público. (…) Y los bienes de uso público
universal, igualmente conocidos como bienes públicos del territorio, son
aquellos cuyo dominio resulta también del Estado pero su uso pertenece
a todos los habitantes del territorio y están a su servicio permanente.
Como ejemplo de ello se relacionan las calles, plazas, parques, puentes,
caminos, ejidos, etc. A partir de tales características se impone que
ninguna entidad estatal tiene sobre ellos la titularidad de dominio
equivalente a la de un particular, por estar destinados al servicio de todos
los habitantes. Sobre ellos el Estado ejerce básicamente derechos de
administración y de policía, con miras a garantizar y proteger su uso y
goce común, por motivos de interés general”. 12 (Subrayado fuera de
texto).

Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia T-566 de 1992 al
referirse a las tres clases de propiedad, precisó sobre los bienes de
dominio privado, los bienes del estado y los bienes de dominio
público, lo siguiente:

“a. Bienes de dominio privado.

12 Sentencia de 19 de noviembre de 2009, Radicación 2004–00955, magistrado ponente

Marco Antonio Velilla Moreno.

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[…] Dentro del concepto de propiedad privada, se encuentra la propiedad
individual (CP artículo 58), la colectiva o comunitaria (CP artículo 329, 58
inciso 3º, 55 y 64 transitorios). […]

b. Bienes del Estado.

Son del Estado el subsuelo y los recursos naturales no renovables de
conformidad con el artículo 332 de la Constitución Política, el mar
territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica
exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el
espectro electromagnético (CP art. 102), así como los bienes que posee
como propiedad privada, en iguales condiciones que los particulares (CP
art. 58).

El artículo 102 de la Constitución al referirse al territorio y a "los bienes
públicos que de él forman parte", para señalar que pertenecen a "la
Nación", consagra el llamado dominio eminente: el Estado no es titular
del territorio en el sentido de ser "dueño" de él, sino en el sentido de
ejercer soberanía sobre él. […]

En el artículo 332 de la Constitución, se consagra la propiedad del Estado
del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y de los demás
muebles destinados a su transformación, sin perjuicio de los derechos
adquiridos.

Ese nuevo texto adopta una norma general al referirse al subsuelo y a los
recursos naturales no renovables, como pertenecientes no ya a la
República sino al Estado.

c. Bienes de dominio público.

Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente estatal y
excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por
su afectación al dominio público, por motivos de interés general (CP art.
1º), relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el
espacio público.

Los bienes que deben comprenderse en el dominio público se determinan
no sólo por las leyes que califican una cosa o un bien como de dominio
público; además es necesario que concurra el elemento del destino o de
la afectación del bien a una finalidad pública; es decir, a un uso o a un
servicio público o al fomento de la riqueza nacional, variedades de la
afectación que, a su vez, determinan la clasificación de los bienes de
dominio público.

La teoría de la afectación de los bienes de dominio público fue introducida
por el legislador colombiano en el artículo 148 del Decreto 222 de 1983.

c.1. Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional.

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Esta clase de bienes de dominio público está formada por los bienes que
están afectos al fomento de la riqueza nacional. Por ejemplo: el
patrimonio cultural, arqueológico e histórico.

En este grupo se ubican los bienes de dominio privado o estatal destinados
al uso público, como el caso de las fachadas de los inmuebles que poseen
un valor histórico o arquitectónico, en los que el dominio es exclusivo de
una persona, pero no pueden ser alterados por el valor que representan
para la sociedad (artículo 9º de la Ley 9a de 1989).

c.2. Bienes afectados al uso público.

Esta categoría la integran en primer lugar, los bienes de dominio público
por naturaleza, definidos en la ley como aquellos que reúnen
determinadas condiciones físicas, como los ríos, torrentes, playas
marítimas y fluviales, radas, entre otros y también los que siendo obra
del hombre, están afectados al uso público en forma directa como los
caminos, canales, puertos, puentes y demás obras públicas de
aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y cuidado
sean de competencia de las autoridades locales.

La enumeración que antecede no debe entenderse cerrada, sino
ejemplificativa y abierta, dado que en la ley 9a de 1.984 y en el
Código Civil se refieren a otros bienes análogos de
aprovechamiento y utilización generales […]

c.3. Bienes afectados al espacio público.

La definición de los bienes del Estado destinados al uso público se
encuentra en el artículo 9º de la Ley 9a de 1.989 que determina que los
bienes de uso público hacen parte del concepto general de espacio
público. Pero este concepto no es exclusivo de estos bienes, sino que
abarca además bienes particulares que por su naturaleza, su uso o
afectación están destinados a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses
individuales de los habitantes. Luego el espacio público es el género y el
uso público, la especie. Aquél concepto subsume a éste […]”

Así, entonces, tenemos que dentro de los bienes de dominio público
están los afectados al uso común, los cuales, constitucional y
legalmente, tienen como elemento distintivo, su destinación
colectiva, o lo que es igual, al uso por todos los miembros de la
comunidad.

De igual manera, debe destacarse la obligación a cargo del Estado de
proteger los bienes de dominio público y garantizar a todas las
personas la utilización y disfrute de ellos, en prevalencia del interés
general (Artículo 1º de la Constitución Política).

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Ahora bien, con respecto a la prueba de la propiedad pública, la Sala
acoge el Concepto emitido el 18 de junio de 2014 por la Sala de
Consulta y Servicio Civil, en el que se indicó:

“[…] la propiedad de algunos de los bienes públicos en cabeza del Estado,
en especial, de aquellos que están sometidos a un régimen similar al de
los bienes pertenecientes a los particulares en tanto que se hallan en el
comercio, se probará mediante el correspondiente título y el folio de
matrícula inmobiliaria con la inscripción respectiva.

En relación con aquellos bienes públicos que están afectados al uso
público, se ha indicado por parte de la doctrina, en un intento por conciliar
la teoría del título y el modo con otras hipótesis respecto de las cuales no
fue creada, que el título y el modo en relación con estos bienes se
encuentran contenidos directamente en la Constitución y en la ley
[…]”13

Y más adelante señala la Sala de Consulta y Servicio Civil que la
prueba de la “destinación al uso público o a la prestación de un
servicio público” del bien puede provenir de: (i) disposición legal; (ii)
instrumentos de planeación, como el POT; (iii) acto administrativo de
afectación del bien inmueble; (iv) inscripción en el folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente de la afectación y su vigencia, cuando
haya lugar a ello; (v) certificación debidamente motivada expedida
por la entidad en la que conste el uso específico que se le da al bien;
o de (vi) otros documentos o medios probatorios idóneos en los
que se evidencie el uso público o la destinación del bien a un
uso o un servicio público.

En suma, la destinación al uso público de un bien no solamente
es susceptible de probarse mediante el Plan de Ordenamiento
Territorial, como erradamente lo afirma la parte demandada
en su recurso de apelación; sino que ello puede darse por
disposición legal o puede llegar a demostrarse con otros
documentos o medios probatorios, cuando sea necesario [...]»
(Resaltado de la Sala).

Bajo tales consideraciones, en lo atinente al uso que ha venido

haciendo la comunidad del barrio La Ceiba al espacio afectado, la

Sala destaca que, en Oficio 9 de septiembre de 2022, la Gerencia de

13 Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 18 de junio de 2014, Radicación 11001-

03-06-000-2013-00364-00(2154). magistrado ponente: Dr. Álvaro Namén Vargas.

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Planeación y Obras del MUNICIPIO atendió el derecho de petición

formulado por residentes del barrio La Ceiba en los siguientes

términos:

«[...]

[...]

[...]».

Luego, en Oficio de 5 de julio de 2023 dicha Gerencia, en respuesta

a nuevo derecho de petición formulado por el señor José Natividad

Ortíz Morantes, expuso:

«[...]

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Número único de radicación: 20001-23-33-000-2024-00046-01
Actor: FRAYD SEGURA ROMERO

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Actor: FRAYD SEGURA ROMERO

En el mismo sentido, en Oficio de 4 de octubre de 202314, la

dependencia en comento atendió un nuevo derecho de petición

allegado por el señor José Natividad Ortíz, radicado R-2023-004226

de 9 de septiembre de 2023, en los siguientes términos:

«[...]

[...]

14 «12. Respuesta derecha de petición de 04 de octubre del 2023, a la comunidad de fecha

07-09-2023.pdf».

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Actor: FRAYD SEGURA ROMERO

Ahora bien, los testimonios de Laady Karina Vásquez Campos, Diana

Sánchez Arciniegas, Luis Alberto Gaviria Correa y Hugo Dolores Mora

Méndez, dan cuenta que desde el año 2023 sobre el predio en

referencia, usado como espacio de recreación, parque y zona verde

desde hace más de treinta (30) años, se habilitó el acceso y salida

de vehículos pesados para el descargue de material y mercancía con

destino al establecimiento comercial del señor Jonnatan Sánchez,

mediante la construcción de dos puertas ubicadas en la cancha

sintética y la ferretería que funcionan en dicho predio.

Adicionalmente, el testigo Mora Méndez manifestó que el uso y

disfrute de esa zona verde se ha visto interrumpido por la

construcción que se viene realizando y por el estacionamiento de

vehículos pesados para su descargue.

Por su parte, la Gerente de Planeación y Obras Públicas del

MUNICIPIO afirmó que, aunque el predio es de propiedad del ente

territorial, mediante la licencia de construcción autorizó los accesos

parciales a la propiedad en construcción, garantizando de esa

manera el uso del bien público y, en todo caso, facultados legalmente

por el Decreto 1077.

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Sostuvo que en las licencias otorgadas se autorizó la intervención

del espacio público con la realización de obras consistentes en los

accesos ya referidos y el embellecimiento paisajístico de esa zona,

conforme con el diseño arquitectónico presentado por el solicitante

y aprobado por la Administración.

Al ser interrogada sobre los controles realizados a la construcción,

adujo que por parte de los inspectores se ha visitado la obra sin

advertir incumplimiento de las condiciones en que fue otorgada la

licencia con vigencia de dos (2) años, prorrogable por un (1) año

más.

Ante el cuestionamiento sobre el uso del suelo y la destinación de la

zona afectada, expuso «[...] es institucional, es para un parque

[...]», y acto seguido manifestó que hasta ese año fue notificada del

acto de formalización de esa área como parque, pero que la licencia

otorgada no desconocía la titularidad y destinación del predio del

MUNICIPIO.

En respuesta a la pregunta planteada por el actor popular acerca del

permiso para la fijación de portones y andenes sobre el predio de

uso público, afirmó que autorizaron accesos parciales a la

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construcción para ingresar y salir de la ferretería y la cancha

sintética, por el tiempo de vigencia de la licencia.

Ante esta última afirmación, el apoderado del señor Sánchez

preguntó en que parte de la licencia se indica que los accesos deben

retirarse, que son temporales, a lo cual la testigo responde que «[...]

en la licencia no se dice que deben ser retirados, así están

aprobadas, así se aprobó el diseño arquitectónico [...]».

En este punto de la audiencia, el magistrado requirió a la testigo

para que informara si una vez culminada la vigencia de la licencia,

el predio del señor Sánchez además de tener puertas de ingreso,

tendría acceso por el lote del MUNICIPIO, es decir, si el lote

municipal quedaría afectado como vía de ingreso al inmueble del

citado señor; ante este cuestionamiento la testigo responde que así

fue aprobado por la Administración porque el Decreto 1077 lo

permitía.

Posteriormente el testigo Rafael Ángel Ballestas García,

representante legal de la sociedad que presta asesoría jurídica al

MUNICIPIO, adujo que conforme con los planos que hacen parte

integral de la Resolución núm. 700 de 2023, los accesos sobre el

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predio de propiedad del ente territorial son utilizados para el ingreso

al inmueble de la carrera 15 en el que se adelanta la construcción;

al tiempo que destacó que en el citado acto administrativo quedó

consignado que no puede invadirse el espacio proyectado para uso

público.

Precisó que las intervenciones en esa zona están amparadas en el

artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto 1077 de 2015 y en actos

administrativos que se presumen legales, de los cuales hacen parte

los planos en los que se incluyeron los 2 accesos aprobados por la

Secretaría de Planeación en su momento, por lo que no es cierto que

el MUNICIPIO haya permitido la invasión del espacio público.

Al ser interrogado por el Despacho judicial acerca de la temporalidad

de la autorización para hacer uso del espacio público, expuso que el

permiso es definitivo, conforme con lo establecido en la licencia,

pero no debe ir en contravía o limitar el uso para el sano

esparcimiento y recreación de la comunidad de ese sector.

Destacó que, aunque los accesos son de carácter permanente, en

el evento que el MUNICIPIO requiera hacer adecuaciones a estos

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para el desarrollo de sus proyectos, el titular de la licencia no podrá

oponerse.

De igual forma, indicó que el predio del MUNICIPIO es un espacio

público que «[...] en el proceso y en su tradición viene con una

trazabilidad de uso o recreación públicos [...]», además, adujo

que el hecho de permitir la ocupación de ese espacio público, al

amparo de los Decretos 1077 y 1203, no excluye su connotación de

zona verde, que nunca ha sido establecido para andén.

Así las cosas, de las pruebas documentales reseñadas en

precedencia y del relato de los testigos resulta incuestionable que el

predio del MUNICIPIO involucrado en esta controversia ha estado

materialmente afectado al uso colectivo como zona verde y

espacio para el desarrollo de actividades de esparcimiento de

la comunidad del barrio La Ceiba desde hace más de treinta

(30) años con la aquiescencia del ente territorial, esto es, con

un amplio tiempo de antelación a su formalización como bien fiscal.

Adicionalmente, en las respuestas a los derechos de petición

formulados por la comunidad, la misma Administración reconoció

que «[...] esa área corresponde a espacio público municipal para

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andén, zona verde y retiro [...]», lo cual fue reiterado por la Gerente

de Obras Públicas al afirmar que el predio es del MUNICIPIO para

uso institucional de parque, y luego por el representante legal de la

sociedad asesora jurídica del ente territorial cuando manifestó que

si bien la licencia autorizó la intervención de ese espacio, ello no

puede limitar el sano esparcimiento y recreación de la

comunidad en tanto que su trazabilidad da cuenta de ese uso

público, circunstancia que evidencia el reconocimiento institucional

de dicha finalidad colectiva.

Lo anterior, resulta aún más relevante al considerar que dichos

testigos en sus declaraciones fueron enfáticos al exponer que el

predio constituye espacio público respecto del cual el MUNICIPIO,

en ejercicio de lo previsto en el artículo 2.2.6.1.1.12 del Decreto

1077 de 201515, autorizó una intervención que no tenía por único

objetivo autorizar el uso exclusivo de esa zona por parte del

propietario y/o poseedor del inmueble beneficiado con la licencia,

sino también el cumplimiento de finalidades encaminadas a la

15 «[...] ARTÍCULO 2.2.6.1.1.12 Licencia de intervención y ocupación del espacio
público. Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público
incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en
el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen
y demás normatividad vigente [...]».

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satisfacción del interés general de la comunidad residente en ese

sector.

En tal contexto, para la Sala es dable concluir que, en asuntos como

el sometido a consideración, el uso prolongado del lote de terreno

sin oposición alguna del ente territorial, debida y suficientemente

probado en el plenario, aunque no tiene la virtualidad de alterar la

naturaleza jurídica del inmueble como bien fiscal, sí impone al

MUNICIPIO el deber de garantizar y preservar la afectación al

interés general que él mismo ha consentido.

Siendo ello así, en el caso sub examine no existe duda que el bien

en comento se encuentra afecto materialmente al espacio público

dada la destinación ininterrumpida para suplir necesidades colectivas

de esparcimiento y recreación de la comunidad del barrio La Ceiba

por más de treinta (30) años; sin embargo, ese uso material

consolidado ha quedado en suspenso a raíz de la intervención de esa

área mediante el establecimiento de dos accesos vehiculares y

peatonales, cuyo hecho, contrario a lo manifestado por los

recurrentes, es suficiente para concluir el menoscabo del derecho

colectivo al goce del espacio público y a la defensa de los bienes de

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uso público, tal y como lo concluyó el Tribunal, pero bajo la línea

argumentativa desarrollada en esta decisión de segunda instancia.

Lo anterior, además, considerando que la realidad demostrada deja

sin sustento lo afirmado por el MUNICIPIO al contestar la demanda

en relación con el carácter transitorio de los accesos en mención,

habida cuenta que, del análisis integral y armónico del cúmulo de

pruebas reseñadas anteriormente, se advierte con suficiente nivel de

certeza que dicha intervención es de carácter permanente.

Ahora, en cuanto a la responsabilidad por la vulneración advertida,

el acervo probatorio da cuenta que la misma resulta atribuible al

MUNICIPIO porque, en desconocimiento de la afectación del

interés general del bien involucrado en esta controversia, destinados

a satisfacer necesidades colectivas de una comunidad, facultó a un

particular para realizar una intervención urbanística que, además de

comportar un beneficio exclusivo para aquel, desnaturaliza la función

que esa zona venía cumpliendo por más de tres (3) décadas.

Entonces, tales circunstancias derivan necesariamente en el

detrimento del uso y disfrute colectivo al que se encuentra afectado

ese lote de terreno y evidencia con suficiencia el actuar del

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MUNICIPIO al margen del mandato constitucional16 que le impone

garantizar la prevalencia del interés general y velar por la integridad

del espacio público, así como de las facultades que le han sido

reconocidas para la ordenación de su territorio y ejercer la función

pública de urbanismo de que trata la Ley 388 de 18 de julio de

199717, encaminada a materializar los cometidos previstos en el

artículo 3º18 de esta norma legal.

Ahora, en lo que respecta a los argumentos de apelación referentes

a la supuesta intervención del juez popular en la legalidad de la

licencia urbanística otorgada al particular, la Sala precisa que en los

eventos en que se advierte que la amenaza o vulneración derechos

colectivos deviene de actos administrativos, la Ley 1437 no faculta

al juez popular para adentrarse en el estudio de legalidad de estos;

no obstante, ello no impide que el operador judicial pueda adoptar

16 Conforme con lo previsto en el artículo 82 de la Constitución Política.
17 «Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras
disposiciones».
18 «[...] ARTÍCULO 3.- Función pública del urbanismo. El ordenamiento del territorio

constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de los siguientes fines:
1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte y
demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos
constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios.
2. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común,
procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual
le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible.
3. Propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del
patrimonio cultural y natural.
4. Mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los riesgos naturales [...]».

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las medidas y decisiones necesarias para conjurar los hechos

constitutivos de la afectación como, en efecto, lo ha precisado esta

Corporación en su jurisprudencia19, en la que se ha considerado que:

«[...] “[…] Tal consideración tiene sustento en lo dispuesto en el
artículo 144 del CPACA, cuando se refiere a la actividad de la entidad
pública que, cuando deriva de la ejecución de un acto - y no de su
expedición -, habilita a cualquier ciudadano para que exija la
protección del derecho colectivo amenazado o vulnerado.

Obsérvese que en este caso el acto administrativo pasa a un
segundo plano, pues el debate no girará en torno a establecer
su contenido y alcance, sino que girará en torno a los derechos
colectivos que pueden resultar amenazados o vulnerados, y
las órdenes que imparta el juez constitucional no versarán
sobre el acto, sino sobre medidas suficientes y adecuadas para
remediar la situación; precisamente por ello el citado artículo
144 del CPACA advierte que el juez no puede anular el acto o
contrato, pero sí puede “(…) adoptar las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos.”

Bajo los parámetros enunciados, en la acción popular no se espera
que el juez constitucional se pronuncie sobre el acto, pues ello
es función del juez de lo contencioso administrativo, sino que
se espera que se pronuncie sobre los derechos colectivos y la
manera adecuada y suficiente de aliviar la situación, cuando
ellos están siendo amenazados o vulnerados; y las órdenes que
imparta el juez se harán al margen del acto mismo, y deberán ser
cumplidas, aun cuando ello suponga desconocer el contenido y el
alcance del acto que amparaba la actividad de la administración.

Ahora, si el debate gira alrededor del acto, porque la expedición del
mismo genera potencialmente la vulneración de derechos colectivos,
los reparos habrán de canalizarse a través de la acción de nulidad, o
de nulidad y restablecimiento del derecho (…).

En ese entendimiento, lo que debe hacer el juez de la acción popular
es mirar la amenaza o vulneración que le genera la actividad de la

19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Oswaldo

Giraldo López. Auto del 29 de febrero de 2024. Expediente radicación 11001 03 24 000
2023 00222 00. Medio de control de nulidad.

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entidad pública, mientras que el juez de lo contencioso mira la validez
del acto colectivo[...]» (Resaltado de la Sala).

Con fundamento en ello, uno de los cargos de apelación plantea que

el Tribunal ordenó adecuar los actos administrativos mediante los

cuales se otorgaron las licencias de construcción; sin embargo, en

sus consideraciones obvió el desarrollo argumentativo acerca de las

razones por las que en el caso bajo estudio tal decisión resultaba

procedente y, concretamente, de los supuestos en que esta

Corporación ha admitido la adopción de medidas que no comporten

un juicio de legalidad.

En tal sentido, se destaca que el Tribunal no efectuó un juicio de

legalidad de la licencia otorgada al particular y su decisión no

comporta la declaratoria de nulidad de tales actos, asunto que le

está vedado al juez popular. Ahora, ello no indica que la Sala

considere otras medidas que resulten más acordes para la protección

del derecho colectivo vulnerado, como se verá en el acápite

siguiente.

Siendo ello así, a juicio de la Sala la orden de amparo cuestionada

debe modificarse para que resulte idónea de cara a la protección

efectiva de los derechos conculcados, lo cual es asimismo predicable

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de la orden consistente en adelantar los trámites administrativos

necesarios para formalizar la afectación del «bien denominado

Parque la Ceiba», como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta decisión.

V.2.2.- De las órdenes de amparo

En atención a los hechos probados y a la causa determinante de la

transgresión, la Sala considera que lo procedente en este asunto

como medida idónea para salvaguardar el derecho colectivo al goce

del espacio público consiste en ordenar al MUNICIPIO que ejecute

todos los trámites y actuaciones que a bien tenga en el marco de la

autonomía e independencia que por disposición constitucional le

asiste para la gestión de sus asuntos locales, para remover de

manera definitiva las obras que en la actualidad impiden el

adecuado uso del espacio público en el lote de terreno objeto de esta

acción.

Para tal efecto, de manera previa y dentro del mes siguiente a la

ejecutoria de esta providencia, deberá presentar ante el Comité de

Verificación un plan de acción contentivo de la estrategia y acciones

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a ejecutar para el cabal cumplimiento de lo ordenado anteriormente,

fijando para ello un cronograma cuyos plazos en su totalidad no

podrán exceder de ocho (8) meses, contados a partir del vencimiento

del término establecido para la presentación del citado plan, como

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

De igual manera, se modificará el numeral cuarto de la parte

resolutiva del fallo apelado en el sentido de establecer que el Comité

de Verificación estará conformado, además, por el magistrado

ponente de la decisión del Tribunal a quien corresponderá presidirlo,

y excluir de este al señor Jonnattan Sánchez, dado que la

responsabilidad por la vulneración recae en el MUNICIPIO, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión judicial.

Asimismo, en razón a que en el presente asunto se advierten hechos

indicativos de la gestión y administración de bienes de dominio

estatal, concretamente, de naturaleza fiscal, al margen de los fines

estatales y la prevalencia del interés general, la Sala considera

pertinente compulsar copias a los entes de control para las

actuaciones que consideren pertinentes, y así se dispondrá en el

acápite resolutivo de esta providencia.

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V.2.3.- De la procedencia de la condena en costas impuesta

al MUNICIPIO

Para resolver el último problema jurídico, es pertinente referirse a la

sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo de esta Corporación el 6 de agosto de 2019 20, en la

que se precisó el alcance del artículo 38 de la Ley 472, en los

siguientes términos:

“[…] 163. El artículo 38 de la Ley 472 de 1998 admite el
reconocimiento de las costas procesales a favor del actor popular
y a cargo de la parte demandada, siempre que la sentencia le
resulte favorable a las pretensiones protectoras de los derechos
colectivos, y la condena en costas, a la luz del artículo 361 del Código
General del proceso, incorpora tanto el concepto de expensas y gastos
procesales como el de las agencias en derecho.

164. También hay lugar a condenar en costas a la parte demandada, en
los componentes de expensas o gastos procesales y de agencias en
derecho, cuando haya actuado con temeridad o mala fe. En este último
evento, también habrá lugar a condenarlo al pago de la multa prevista en
la disposición 38 ibidem.

165. Sólo cabe reconocer costas a favor de la parte demandada y a cargo
del actor popular, cuando este último actuó temerariamente o de mala fe,
caso en el cual también habrá lugar a imponer la multa prevista en el
artículo 38 de la Ley 472 de 1998. No hay lugar a condenarlo cuando la
demanda le sea decidida en contra. En este evento la condena en costas
sólo admite el reconocimiento de los honorarios y de las expensas, pues al
tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, es claro que las
agencias en derecho no corresponden a los honorarios a los que se refiere
la norma, pues ellos se señalan en relación con los auxiliares de la justicia.

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío

Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.

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166. Conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, armonizado
con el artículo 361 del Código General del Proceso, en las acciones
populares la condena en costas a favor del actor popular incluye las
expensas, gastos y agencias en derecho con independencia de que la parte
actora haya promovido y/o concurrido al proceso mediante apoderado
judicial o lo haya hecho directamente.

167. En cualquiera de los eventos en que cabe el reconocimiento
de las costas procesales, bien sea en cuanto a las expensas y
gastos procesales o a las agencias en derecho, bien sea a favor del
actor popular o de la parte demandada, la condena se hará atendiendo las
reglas previstas en el artículo 365 del Código General del Proceso, de forma
que sólo se condenará al pago de aquellas que se encuentren
causadas y se liquidarán en la medida de su comprobación.

169. Para este efecto, se entenderá causada la agencia en derecho
siempre que el actor popular resulte vencedor en la pretensión
protectoria de los derechos colectivos y su acreditación
corresponderá a la valoración que efectúe el fallador en atención a
los criterios señalados en el numeral 4 del artículo 366 del Código
General del Proceso, es decir, en atención a la naturaleza, calidad
y duración del asunto, o a cualquier otra circunstancia especial que
resulte relevante para tal efecto.

170. Las agencias en derecho se fijarán por el juez aplicando las tarifas
establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada
por el actor popular, con independencia de si actuó directamente o
mediante apoderado, u otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas. […]” (Destacado de la Sala).

En ese orden, es del caso traer a colación los artículos 365 y 366 del

CGP que prevén el trámite de la condena y liquidación de las costas,

en los siguientes términos:

“[…] ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena
en costas se sujetará a las siguientes reglas:

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1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a
quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.

Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera
desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una
solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo
dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

[…]

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez
podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena
parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas,
el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada
se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales
entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas,
a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado
y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca
que se causaron y en la medida de su comprobación.

9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por
no escritas. Sin embargo, podrán renunciarse después de decretadas y
en los casos de desistimiento o transacción” (Resaltado de la Sala).

“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho
serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya
conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le
ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:

1. El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o
rehacerla.

4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas
que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas
establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá
en cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión

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realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la
cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda
exceder el máximo de dichas tarifas. […]” (Destacado de la sala).

Así las cosas, es claro que uno de los presupuestos de procedencia

de esta condena consiste en que las pretensiones de protección de

los derechos colectivos hayan sido estimadas y, en consecuencia, los

accionados fueren declarados responsables de la vulneración de

derechos advertida, como ocurre en el presente asunto; no obstante,

a la luz de la regla jurisprudencial fijada por esta Corporación y los

citados preceptos procesales, tal figura está supeditada, asimismo,

a que su causación se encuentre amparada probatoriamente dentro

del proceso.

Para la Sala esta última exigencia, concretamente las expensas,

carecen de sustento en el material probatorio incorporado al

expediente; sin embargo, en cuanto al rubro de agencias en derecho,

el plenario da cuenta que, junto con la demanda, el actor popular

allegó pruebas como registros fotográficos y fílmicos sobre la

situación que suscitó la acción popular, al tiempo que solicitó la

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práctica de testimonios y compareció a la audiencia de pacto de

cumplimiento celebrada el 31 de julio de 202421.

En consecuencia, lo argumentado por el recurrente acerca de la

improcedencia de tal condena no tiene asidero, en razón a que está

probada la responsabilidad del MUNICIPIO en la vulneración del

derecho colectivo, por tanto, dicha decisión será confirmada.

V.3.- De la procedencia de la condena en costas en segunda

instancia

En consideración a las reglas fijadas en la sentencia de unificación

proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación el 6 de agosto de 201922, en la que se precisó el alcance

del artículo 38 de la Ley 472, en el presente asunto no se condenará

en costas, pues aunado a que los recursos prosperaron de forma

parcial, en el plenario no obran pruebas de la causación de tal

concepto en el trámite de esta instancia.

21 Expediente digital descargado de SAMAI, archivo «078Acta
audiencia_20240004600Audiciencia.pdf»
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío

Araújo Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-
2017-00036-01(AP)REV-SU.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO, apartados (i)

y (ii); TERCERO y CUARTO de la sentencia de 24 de abril de 2025,

los cuales quedarán así:

«[...] SEGUNDO: DECLARAR LA AFECTACIÓN DEL DERECHO
COLECTIVO al goce del espacio público y la utilización y defensa de
los bienes de uso público, por parte del MUNICIPIO DE AGUACHICA,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordena
al MUNICIPIO DE AGUACHICA:

(i) Presentar un plan de acción contentivo de los trámites y
actuaciones a ejecutar, junto con el respectivo cronograma, con el fin
de remover de forma efectiva y definitiva, las obras y actividades que
impiden el uso adecuado del espacio público objeto de la presente
acción popular. Para tal efecto se otorga un término de un (1) mes
contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

(ii) Realizar todos los trámites y actuaciones necesarias para remover
de forma definitiva las obras existentes en el área objeto de esta
acción, correspondiente al predio de titularidad el ente territorial
afectado al espacio público, dentro de los ocho (8) meses siguientes
al vencimiento del anterior término.

[...]

CUARTO: Para la vigilancia y cumplimiento de las decisiones que en
esta providencia se adoptan, conforme al artículo 34 de la ley 472 de
1998, se conformará el comité para la verificación del cumplimiento
de la sentencia, de la siguiente manera: (i) El actor popular, (ii) el

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municipio de Aguachica – Secretaría de Planeación y Obras Públicas,
(iii) el Procurador Judicial delegado para este proceso, (iv) El
Personero Municipal de Aguachica y (v) El magistrado ponente del
Tribunal, quien lo presidirá [...]».

SEGUNDO: COMPULSAR copia del presente proceso a la

Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la

República para que en ejercicio de sus competencias inicie las

actuaciones a que haya lugar con ocasión de los hechos

relacionados con la gestión y administración del bien fiscal

afectado a espacio público objeto de esta controversia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 24 de abril

de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

CUARTO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en la parte

motiva.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 4 de junio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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