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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2022-00101-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 17001-23-33-000-2022-00101-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia del 11 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 17001-23-33-000-2022-00101-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 17001-23-33-000-2022-00101-01
Demandantes: Martha Beatriz López y otros1
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Caldas, departamento de
Caldas y municipio de Chinchiná
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Protección a los derechos colectivos al acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disponibilidades jurídicas, de manera
ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de
los habitantes.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por los demandantes Martha Beatriz
López, Luis Gonzaga Cardona, Rubén Dario Murillo G, Juan Carlos Castaño y Amelia
Castali Blandon en contra de la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Caldas, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 8 de abril de 2022, los señores Martha Beatriz López, Juan Carlos Castaño, Rubén
Dario Murillo, Adiela Castaño, José Alberto Castaño, Alba Marina Castaño, Luis
Gonzaga Cardona, Juan Fernando Gonzaga, Federman Trejos, Mauricio Giraldo y
Adriana Morales promovieron la acción popular de la referencia en contra de la
Corporación Autónoma Regional de Caldas (en adelante Corpocaldas), el departamento
de Caldas, el municipio de Chinchiná y el Comité de Cafeteros, en la que solicitaron la
protección de los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; a la seguridad y prevención de desastres

1 Juan Carlos Castaño, Ruben Dario Murillo, Adiela Castaño, José Alberto Castaño, Alba Marina Castaño,

Luis Ganzaga Cardona, Juan Fernando Ganzaga, Federman Trejos, Mauricio Giraldo y Adriana Morales.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 17001-23-33-000-2022-00101-01
Demandantes: Martha Beatriz López y otros
Demandados: Corpocaldas y otros

previsibles técnicamente y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes como
consecuencia del mal estado del camino que conecta la vereda Chuscal Medio con el
municipio de Chinchiná.

Específicamente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Solicitamos comedidamente, que previo trámite del proceso previsto para las acciones
constitucionales, el despacho profiera decisión en la que se protejan los derechos e
intereses colectivos, en especial los de tercera generación, en forma respetuosa
solicitamos:

Se adopten las medidas técnicas, administrativas, jurídicas, presupuestales, financieras
y demás medidas que sean necesarias, a fin (sic) que:

• Se realicen los estudios y diseños viales en el tramo comprendido entre la vía
principal y las diez viviendas situadas en el Chuscal Medio en aproximadamente tres
kilómetros.

• Una vez se cuente con tales estudios y diseños, se reserven los recursos, se
adelante la gestión predial y se continúe con la contratación de las obras que tengan
como propósito dotar a nuestra comunidad con el acceso a una infraestructura vial que
beneficie y le de prevalencia a nuestra calidad de vida, además de las obras de
mitigación del riesgo de desastre por deslizamiento en el tramo que parte desde las
huellas de la vía principal que llevan a las diez viviendas situadas en el Chuscal Medio.

• Las demás que correspondan con la protección de los derechos e intereses
colectivos de los habitantes de la vereda el Chuscal del municipio de Chinchiná.2

1.1. Como sustento de las anteriores pretensiones, la parte actora manifestó lo
siguiente, tanto en la demanda como en su escrito de corrección3:

Indicó que la vereda El Chuscal Medio del municipio de Chinchiná, en la cual residen,
tiene principalmente vocación cafetera y agrícola, razón por la cual sus habitantes
utilizan un camino que presenta procesos de erosiones para el transporte de sus
productos. No obstante, debido a su mal estado, no permite el tránsito de vehículos
pequeños.

Señaló que la comunidad requiere que la vía sea adecuada, pues su deterioro los
obliga a incurrir en altos costos para transportar o traer los materiales e insumos
necesarios para el procesamiento de los alimentos, así como para atender situaciones
de emergencia, como el traslado de personas enfermas.

Manifestó que la vereda es atravesada por dos infraestructuras que la sitúan en riesgo
de desastre: el poliducto que pasa por los patios de las viviendas y las torres de apoyo
de los cables de energía eléctrica, respecto de las cuales se requiere la existencia de
una vía de acceso.

Adujo que Corpocaldas debía velar por la protección del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, por lo que le correspondía desarrollar planes dirigidos a

2 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai en el folio 2 de la demanda.
3 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandantes: Martha Beatriz López y otros
Demandados: Corpocaldas y otros

mitigar el riesgo de desastres por deslizamientos de tierra en la vereda, teniendo en
cuenta que esta se encuentra en una ladera.

Respecto del Comité de Cafeteros, mencionó que tenía la obligación de apoyar a la
comunidad de El Chuscal, por hacer parte del gremio, razón por la cual consideraba
que merecían ser beneficiarios de ayudas como la construcción de escuelas, puestos
de salud y provisión de los servicios necesarios.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Por auto del 27 de abril de 20224, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Manizales declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al
Tribunal Administrativo de Caldas.

2.2. En proveído del 17 de junio de 20225, el Tribunal Administrativo de Caldas
rechazó la acción popular respecto del Comité de Cafeteros y admitió la demanda
presentada contra Corpocaldas, el departamento de Caldas y el municipio de Chinchiná
y ordenó la notificación personal de dichas entidades.

2.3. El municipio de Chinchiná, mediante escrito del 25 de julio de 20226 contestó la
demanda oponiéndose a las pretensiones, al señalar que la vía a la que hacían
referencia los demandantes era de carácter privado, que solo beneficiaba a 2 o 3
predios, por lo tanto, su cuidado y mantenimiento correspondía a sus propietarios.
Indicó que la única carretera que era responsabilidad de la autoridad territorial era la
que conducía desde Chinchiná hasta el alto de El Chuscal, la cual se encontraba en
adecuadas condiciones, toda vez que cuenta con placa huella.

Expuso que los actores buscaban la protección de un interés particular, pues el camino
que afirman que está afectado no favorece a toda la comunidad de El Chuscal, debido a
que no hace parte de las vías terciarias del municipio. Además, el daño fue generado
por una finca que no maneja adecuadamente los derrames de agua, tal como quedó
expuesto por Corpocaldas.

2.4. Corpocaldas, en memorial del 25 de julio de 20227 contestó el libelo
introductorio, indicando que los accionantes habían incurrido en un error, toda vez que
la vía principal de acceso a la vereda el Chuscal cuenta con un sistema de placa huella
y no presenta inconvenientes. Señaló que el camino al que hace alusión la demanda se
encuentra en medio de un predio privado y comunica aproximadamente a 10 viviendas
con la vía principal y tiene aproximadamente 1.5 metros de ancho.

Aseguró que cuando efectuaron una visita técnica en la zona presuntamente afectada,
evidenciaron que ni el poliducto ni la infraestructura de transmisión eléctrica estaban
generando algún tipo de riesgo para la comunidad.

Sostuvo que no ha incurrido en la vulneración de los derechos invocados, toda vez que
ha cumplido con los postulados y obligaciones legales que le corresponden, emitiendo
las recomendaciones técnicas pertinentes. Agregó que lo que pretenden los
demandantes es la ampliación de una vía que se ubica dentro de un predio privado, que

4 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
5 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
6 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
7 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Demandantes: Martha Beatriz López y otros
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comunica aproximadamente a 10 viviendas de la vereda El Chuscal, asunto que escapa
de su competencia, pues no es la entidad encargada del mantenimiento y conservación
de las carreteras.

Reiteró que el acceso a la vereda El Chuscal desde el municipio de Chinchiná se
realiza a través de una vía con placa huella que llega hasta la escuela. Sin embargo, el
tramo al que hace referencia el medio de control de la referencia corresponde a una
desviación de la vía principal de la vereda, la cual permite el ingreso a diferentes fincas
y se encuentra emplazado a media ladera, tal como lo advierte en el Oficio núm. OAPI
0297 de 2022, emitido por la Alcaldía de Chinchiná.

Informó que funcionarios de Corpocaldas evidenciaron que dicho camino presentaba un
proceso erosivo, ocasionado por descargas inadecuadas de una tubería de aguas
residuales sobre el talud, proveniente de la finca ubicada en la parte superior del
camino, de propiedad de la señora Ligia Tamayo. No obstante, durante la visita se
observó que el área afectada por el deslizamiento se encontraba revegetalizada de
forma natural, lo que permite el tránsito de peatones, motocicletas y semovientes. Así:

Respecto del poliducto y la infraestructura de energía eléctrica, afirmó que, para el
momento de la visita realizada el 15 de julio de 2022, no se evidenciaba ningún riesgo
para la comunidad, pues, si bien estas se encuentran en inmediación de las viviendas
de la vereda, lo cierto es que, para que se generen afectaciones se requiere la
ocurrencia de eventos naturales como sismos o deslizamientos o un manejo
inadecuado de dicha infraestructura.

2.5. El departamento de Caldas8, en escrito del 28 de julio de 2022, indicó que no
emitiría pronunciamiento sobre los hechos, por cuanto estos se configuraron en un
lugar respecto del cual no tiene competencia, toda vez que la vía se encuentra dentro
de la jurisdicción del municipio de Chinchiná.

Manifestó que el sector de El Chuscal no hacía parte de ninguna de las vías
establecidas en la Resolución núm. 5134 de 2016, “Por la cual expide la categorización
de las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional
correspondientes al Departamento de Caldas”, por lo que no le correspondía destinar
recursos y tampoco aunar esfuerzos para el mejoramiento de la vía en cuestión.

8 Ibidem.

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Demandantes: Martha Beatriz López y otros
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Adujo que, de acuerdo con la Ordenanza núm. 230 de 1993 y la Resolución núm. 5134
de 2016, el camino presuntamente afectado es de naturaleza privada y solo beneficia a
unos cuantos habitantes, por lo que es responsabilidad del propietario el mantenimiento
y adecuación.

Solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
era el municipio quien debía evitar la vulneración de los derechos colectivos en su
territorio.

2.6. Mediante auto de 31 de octubre de 20229, el Tribunal Administrativo de Caldas
vinculó en el presente trámite a la señora Ligia Tamayo, en calidad de propietaria del
inmueble en el que se encuentra la tubería que descarga aguas residuales y requirió a
Corpocaldas para que indicara el número de matrícula inmobiliaria del predio al que
hacía referencia en su contestación.

2.7. El 16 de noviembre de 202210, el a quo le ordenó a la autoridad ambiental que
allegara el certificado de libertad y tradición del inmueble identificado con número de
ficha catastral 000000010051000 y vinculó como coadyuvante a la señora Amelia
Castaño Blandón.

2.8. El 18 del mismo mes y año11, Corpocaldas dio cumplimiento a lo requerido por el
Tribunal.

2.9. En proveído del 7 de febrero de 2023, se vinculó al proceso a los señores
Margarita López Velásquez, Pedro López Gil, Jesús María López Gil, Erasmo Antonio
López Velásquez y Luz Marina López Velásquez, por ser los propietarios del predio
identificado con número de ficha catastral 000000010051000.

2.10. El 1 de agosto de 2023, se declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento.
Asimismo, se resolvió sobre el material probatorio aportado con la demanda y las
contestaciones y se decretó de oficio que el departamento de Caldas efectuara una
inspección en el camino al que hizo referencia el libelo introductorio12.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Caldas, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2023,
negó las pretensiones de la demanda. Específicamente, en su resuelve señaló13:

PRIMERO: Declarar probadas las excepciones de “inesistencia (sic) de la obligación por
parte del municipio de Chinchiná en realizar los estudios y adecuaciones al camino
privado que solicitan algunos habitantes del sector” e “inexistencia de vulneración de
derechos colectivos por parte del departamento de caldas” propuestas por el municipio
de Chinchiná y el departamento de Caldas.

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la parte demandante.

TERCERO: Sin condena en costas.

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.

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Demandantes: Martha Beatriz López y otros
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CUARTO: Para los efectos del artículo 80 de la ley 472 de 1998, por la Secretaría del
Tribunal, se enviará copia de la demanda, del auto admisorio y del presente fallo a la
Defensoría del Pueblo con destino al Registro Público de Acciones Populares y de
Grupo.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia archívense las diligencias previas las
anotaciones respectivas en el sistema justicia siglo XXI.

Como fundamento de la anterior decisión, procedió a realizar un análisis legal y
jurisprudencial de cada uno de los derechos colectivos invocados. Posteriormente,
enlistó las diferentes pruebas que fueron aportadas por las partes.

Advirtió que, con el medio de control de la referencia, lo que se pretendía era que se
ordenara la construcción o adecuación del camino que comunica a la vía principal de la
vereda El Chuscal, del municipio de Chinchiná, con las viviendas ubicadas en el sector
donde residen los demandantes, con el fin de garantizar el tránsito de vehículos
automotores, pues actualmente solo es posible la movilización de peatones, animales y
motocicletas.

Resaltó que la gestión de la infraestructura vial en la zona rural constituía una situación
compleja, pues no todas las vías desempeñaban un papel crucial para la comunidad;
por ello, la falta de intervención en carreteras secundarias o terciarias no equivale, por
sí misma, a una conducta negligente, omisiva o transgresora. Lo anterior, en la medida
en que, aunque dichas vías pueden ser importantes para la movilidad de la comunidad,
es posible que no requieran un mantenimiento inmediato, siempre y cuando el acceso y
transitar de los residentes no se vean completamente afectados.

Indicó que, en el caso en concreto, se logró acreditar que el municipio de Chinchiná
cuenta con una vía de acceso a la vereda El Chuscal, la cual presenta condiciones
adecuadas de transitabilidad, entre las que se destacan tramos con pavimentación total,
implementación de placa huella y un ancho que permite el tránsito vehicular en
condiciones apropiadas.

Respecto del tramo vial del que se desprende la vulneración de los derechos colectivos,
adujo que, de acuerdo con lo mencionado por la Secretaría de Infraestructura del
departamento de Caldas en el informe técnico solicitado, el acceso a las fincas de los
accionantes es a través de predios privados, lo cual impide que dicha área sea
intervenida con recursos del erario. Además, la acción popular fue diseñada para
proteger garantías de orden general, más no para cuidar los intereses particulares.

Adicionalmente, el Tribunal advirtió que, de las pruebas aportadas, no se evidenciaba la
existencia de un factor de riesgo para la seguridad de las personas en el mencionado
camino. Asimismo, observó que el proceso erosivo que se presentaba en el talud
estaba asociado con la descarga inadecuada de una tubería de aguas residuales
proveniente de una finca del sector, por lo que la labor de corrección del vertimiento
correspondía al propietario del inmueble.

Ahora bien, frente a la presencia del poliducto y la infraestructura de transmisión
eléctrica, expuso que no se lograron acreditar irregularidades o problemas relacionados
con su ubicación o funcionamiento.

Concluyó que no se demostró la existencia de la vulneración de los derechos e
intereses colectivos al goce del espacio público y a la seguridad y prevención de

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desastres previsibles técnicamente, máxime cuando se evidenció que la vía principal de
la vereda El Chuscal se encontraba en adecuadas condiciones de transitabilidad y
seguridad. Por último, resolvió no condenar en costas.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

El 14 de diciembre de 202314, los demandantes interpusieron recurso de apelación, en
el que manifestaron que no compartían la decisión adoptada por el Tribunal, pues en
ella se acogían únicamente las afirmaciones de las entidades acusadas en el sentido de
que la vía que comunica la vereda El Chuscal con el municipio de Chinchiná es de
carácter privado. A su juicio, tal conclusión resulta inadmisible, toda vez que les impone
la carga de probar que el camino es de uso público, pese a que la información
necesaria para acreditarlo se encontraba en poder de las demandadas.

Señalaron que, si el camino del que solicitan la adecuación fuese privado, estaríamos
ante una propiedad colectiva, lo cual no corresponde a la realidad, pues el tramo
afectado se cruza con dos infraestructuras que son la tubería de poliducto y la de
transmisión de energía eléctrica. Indicaron que esas circunstancias no pudieron
acreditarse en el proceso debido a que el a quo negó la práctica de la inspección
judicial solicitada en la zona, con la cual se habría podido demostrar que la comunidad
se encuentra en condiciones limitadas y en constante riesgo.

Afirmó que la falta de vía era la razón por la cual se debían proteger los derechos
invocados.

Adujo que al negarse las pretensiones se les estaba condenando al destierro, pues se
les negaba la posibilidad de contar con un acceso mínimo vehicular y se les dejaba
atrapados en caso de un suceso catastrófico.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

En proveído del 19 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación15 y se ordenó
prescindir del traslado para alegar de conclusión.

VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos
colectivos.

14 Ibidem.
15 Visible a índice 4 ibidem.

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7.2. Planteamiento

De acuerdo con lo expuesto en el recurso de apelación, la parte actora controvierte dos
puntos a saber:

El primero se refiere a la carga de la prueba, pues, a su juicio, correspondía a las
entidades acusadas allegar la documentación necesaria para acreditar si el camino
respecto del cual se alega la vulneración es de uso público, en la medida en que son
dichas entidades las que poseen la información correspondiente. Por su parte, el
Tribunal consideró que era obligación de los demandantes demostrar las situaciones de
riesgo que se estaban presentando en el camino que conduce a sus viviendas, así
como su naturaleza.

El segundo aspecto, hace referencia a que, para los recurrentes, el Tribunal debió
amparar los derechos colectivos invocados, debido a que era claro que se encontraba
en riesgo la comunidad de la vereda El Chuscal al no contar con una vía en la zona de
residencia de los actores y al no tener un acceso mínimo vehicular.

7.3. Análisis de la Sala

7.3.1. Sobre la naturaleza del camino ubicado en la vereda El Chuscal – Carga de
la prueba

7.3.1.1. Al respecto, la Sala tendrá que determinar si procede el amparo de los
derechos colectivos invocados, si el camino que conduce a las viviendas de los
demandantes es de uso público y dicha situación debía ser probada por las entidades
acusadas.

Con el fin de desatar la anterior controversia, es necesario trae a colación lo dispuesto
en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998; veamos:

Artículo 30- Carga de la Prueba. La carga de la prueba corresponderá al
demandante. Sin embargo, si por razones de orden económico o técnico, si dicha carga
no pudiere se cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la
deficiencia y obtener los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de
mérito, solicitando dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté
referido al tema materia de debate y con cargo a ella.

En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de lo
establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al Fondo
para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos [Negrillas fuera de texto].

De acuerdo con lo anterior, es claro que la carga de probar la configuración de la
vulneración de los derechos colectivos recae en la parte demandante. En
consecuencia, en el presente caso le correspondía a los accionantes acreditar que el
camino objeto de la presente acción era de uso público, más no a las entidades
acusadas como afirman los recurrentes.

7.3.1.2. Adicionalmente, cabe mencionar que el Decreto núm. 1504 de 1998,
compilado en el Decreto núm. 1077 de 2015, reiteró esa definición en sus artículos 2 y
3; veamos:

Artículo 2. El espacio público es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o
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afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los
límites de los intereses individuales de los habitantes.

Artículo 3. El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:

a. Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público
cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o
disfrute colectivo.

b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles
de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de
uso público.

c. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público
en los términos establecidos en este Decreto. [Subrayas de la Sala]

Como puede apreciarse, excepcionalmente la propiedad privada, por motivos de interés
general, puede tener una afectación al dominio público. En estos casos, el dueño del
bien no puede impedir su uso a otras personas. Eso significa que existen unos bienes
privados que están destinados a la satisfacción de necesidades colectivas, bien sea por
su naturaleza o uso16.

Respecto de la forma de acreditar la destinación al uso público, la Sala de Consulta y
Servicio Civil en el concepto de 18 de junio de 201417 indicó que dicha prueba puede
provenir de: (i) disposición legal; (ii) instrumentos de planeación como el POT; (iii) acto
administrativo de afectación del bien inmueble; (iv) inscripción en el folio de matrícula
inmobiliaria correspondiente de la afectación y su vigencia, cuando haya lugar a ello; (v)
certificación debidamente motivada expedida por la entidad en la que conste el uso
específico que se le da al bien; o de (vi) otros documentos o medios probatorios
idóneos en los que se evidencie el uso público o la destinación del bien a un uso o un
servicio público.

En esa línea, la Sección Primera del Consejo de Estado en su jurisprudencia ha
sostenido que la destinación al uso público de un bien no solo es susceptible de
probarse mediante el Plan de Ordenamiento Territorial, porque el demandante puede
acreditar ese uso o destinación, a través de otros medios probatorios idóneos.

Cabe mencionar que, en la sentencia de 10 de noviembre de 201618, esta autoridad
judicial amparó el derecho colectivo al goce del espacio público en un caso en el que se
demostró la utilización constante y prolongada de un camino rural por los habitantes de
la zona. Ese supuesto se acreditó plenamente a través de las matrículas inmobiliarias
de los predios en los que transcurría la ruta, del peritaje realizado, de los testimonios
recaudados y del Plan de Ordenamiento Territorial respectivo. En esa providencia se
explicó que «[…] el camino La Bélgica es un bien de uso público, en la medida que se
demostró en este proceso que es una vía peatonal y vehicular y de uso permanente por
la comunidad. Además, no se acreditó que perteneciera a ningún particular o que fuera
bien anexo a algún predio privado, ni tampoco se acreditó que respecto del camino
existiera una servidumbre de paso».

16 Corte Constitucional Sentencia T-566 de 1992.
17 Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 18 de junio de 2014, Radicación 11001-03-06-000-2013-

00364-00(2154). Magistrado Ponente: Álvaro Namén Vargas.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. C.P. Roberto Augusto

Serrato Valdés, Radicación número: 17001-23-31-000-2014-00193-01.

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Demandantes: Martha Beatriz López y otros
Demandados: Corpocaldas y otros

Mientras que, en la sentencia de 31 de enero de 201919, la Sección Primera denegó el
amparo porque advirtió «[…] que, tal y como lo encontró el a quo, el demandante no
cumplió con la carga de demostrar los hechos, en la medida en que no existe prueba
alguna, siquiera sumaria, de que el camino anterior tuviera la connotación bien de uso
público. Por el contrario, de conformidad con las pruebas testimoniales practicadas, se
pudo evidenciar que ese sendero se encontraba abandonado y que se extendía por
predios privados, sin que la parte actora allegara ni solicitara (…) algún documento
oficial que permitiera vislumbrar el uso público que ahora aduce vulnerado».

Igual aconteció en la sentencia de 13 de diciembre de 2023 20. En ese precedente, tras
analizar los testimonios y las pruebas presentadas, se verificó que el sendero utilizado
por varios residentes del sector no tenía un uso público. Tampoco se acreditó el
reconocimiento como vía pública mediante documentos históricos o instrumentos de
planeación.

Así las cosas, es claro que los demandantes contaban con la carga procesal de
acreditar si el camino peatonal que se ubica en la vereda El Chuscal del municipio de
Chinchiná está destinado para uso público.

Bajo ese sentido, con la respuesta núm. 022-IE-00005870 del 12 de marzo de 202221,
emitida por Corpocaldas, se evidenció que el sendero cuya adecuación se solicitan
tiene un ancho entre 1.0 y 1.5. metros, se encuentra en buen estado y beneficia
aproximadamente a 3 fincas; veamos:

ASUNTO: Respuesta a PQR No. 2022-EI-00002869. Vereda El Chuscal. Municipio
de Chinchiná

Por medio del presente oficio, se informa lo siguiente:

El día 3 de marzo en horas de la mañana, se realizó visita técnica en la vereda El
Chuscal del Municipio de Chinchiná, en la cual se observó un sendero peatonal a media
ladera en buenas condiciones con ancho variable entre 1.0 y 1.5 m, el cual beneficia a
unas tres fincas. Este camino es utilizado por varios propietarios de fincas cafeteras del
sector para sacar sus productos en motos o bestias hasta la vía principal localizada a
unos 100 de las coordenadas 4º58’5” N y 75º35’43” O.

En el recorrido, se observó un proceso erosivo sobre el talud inferior del camino,
asociado a la descarga inadecuada en tubería de 4” de aguas residuales provenientes
de una de las fincas del sector, localizada en la parte superior del camino. Este proceso
se ubica a una distancia de 10 m antes de un drenaje natural. De no tomarse acciones
respecto a este vertimiento, el proceso erosivo aumentaría, afectando la estabilidad del
sendero. (Ver siguiente foto)

19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero ponente
Oswaldo Giraldo López radicado: 05001-23-33-000-2016-01855-01.
20 Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm. 17001-

23-33-000-2022-00255-01.
21 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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10

Radicado: 17001-23-33-000-2022-00101-01
Demandantes: Martha Beatriz López y otros
Demandados: Corpocaldas y otros

(…)

RECOMENDACIONES

 Por parte de la propietaria del predio del cual se genera el vertimiento en el talud
inferior del camino, implementar el respectivo sistema de tratamiento de las aguas
residuales de su predio (tanque séptico, tanque anaeróbico y trampa de grasas). Se
recomienda a la administración municipal en compañía del Comité de Cafeteros, evaluar
la posibilidad de incluir a los propietarios de viviendas, en programas de saneamiento
básico que se implementen en la zona rural del municipio de Chinchiná.

 Si el usuario requiere efectuar vertimiento a suelo, en este caso, a una ladera de
fuerte pendiente, se requiere que implemente las obras de control de erosión que
prevengan la formación de procesos erosivos como el observado. Para el efecto, se
recomienda la construcción de trinchos en guadua escalonados con vertedero central,
reforzados con estacas vivas de especies vegetales de la zona.

 A los propietarios de fincas cafeteras del sector, realizar la instalación de canales y
bajantes en las cubiertas de las viviendas de tal forma que permitan recolectar y
conducir las aguas de forma controlada hasta el drenaje más cercano.

 En el caso de que la comunidad quiera realizar la ampliación de la vía para permitir el
ingreso de vehículos de mayor tamaño a los predios privados, se recomienda a la
comunidad contratar a profesionales idóneos que realicen los estudios de diseños
geométricos, movimientos de tierra y de estabilidad de taludes, para así desarrollar un
proyecto en mejores condiciones y con menores de riesgo (sic) de generar procesos de
inestabilidad que altos (sic) impactos ambientales. Para el efecto, deberá tramitar ante la
Administración, los permisos correspondientes a movimientos de tierra.

 En caso de requerirse el uso o aprovechamiento de los recursos naturales, con la
ampliación del camino, se deberán tramitar previamente los permisos ambientales
menores ante Corpocaldas. Se aclara que este tipo de proyectos no requiere del trámite
de licencia ambiental ante la Corporación.

Con la respuesta OAPL 0297 de 2022 del municipio de Chinchiná22, se observa que el
tramo objeto de la demanda es una desviación que permite el ingreso a diferentes
viviendas particulares y que son estas las que se deben encargar de la modificación o
arreglo del mismo. Al respecto, se destacan los siguientes apartes de dicho documento:

En atención al derecho de petición de la referencia, el cual se encuentra relacionado con "el
acceso a una infraestructura vial" de algunos habitantes de la vereda el Chuscal, esta
dependencia se permite indicar que, el jueves tres (3) de marzo se realizó visita de
inspección técnica al sitio en compañía de personal adscrito a la Corporación Autónoma
Regional de Caldas, y en dicha inspección se logró determinar lo siguiente:

• El tramo al que se hace alusión en la petición hace parte de una desviación que
permite el acceso de diferentes fincas de particulares, razón por la cual esos mismos
particulares se han encargado de su adecuación y mantenimiento.

• Dicho tramo se encuentra ubicado en medio de un predio particular adscrito a un
privado.

22 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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Radicado: 17001-23-33-000-2022-00101-01
Demandantes: Martha Beatriz López y otros
Demandados: Corpocaldas y otros

• La vía principal de la vereda el Chuscal ha sido pavimentada con el sistema de placa
huella recientemente y desde la administración municipal se ha realizado una
vigilancia constante de las condiciones en que se encuentra la ruta de la vía pública,
de manera que se garantice la libre circulación de los transeúntes del sector.

• Teniendo en cuenta que el canal de acceso al que hacen referencia los solicitantes
es propiedad de un particular y sólo es de beneficio de unos pocos, la administración
municipal/ oficina de planeación e infraestructura no se encuentra facultada para
realizar intervenciones de infraestructura vial.

Sobre el mismo punto, el departamento de Caldas, en cumplimiento de la prueba de
oficio decretada por el Tribunal Administrativo de Caldas, realizó un informe el 20 de
octubre de 2023 en el que puso de presente que el tramo motivo del proceso de la
referencia podía ser catalogado como un camino ancestral, que se encuentra
restringido por predios particulares que cuentan con cercas perimetrales y barreras
vivas. Sobre el particular, se señaló:

1. Indicación exacta del inicio y fin del camino: Las coordenadas de acuerdo al
sistema nacional CMT-12 fueron recolectadas en el levantamiento topográfico realizado
por el equipo técnico durante la inspección. Se determina como inicio el punto de
coordenadas 4712234,3161 Este; 2107692,8562 Norte y se localiza el punto final en las
coordenadas 4712584,2151 Este; 2107476,8042 Norte.

2. Ubicación del camino en predios de particulares: De acuerdo con el
levantamiento topográfico realizado por el equipo técnico durante la inspección, se
puede evidenciar que el tramo en relación se encuentra dentro de la zona rural del
municipio de Chinchiná y es considerado un camino ancestral, catalogándose también
como vía terciaria. En la sección inicial de este tramo se observan características de
restricción relacionadas con un predio particular donde se han establecido cercos
perimetrales y barreras vivas que presumiblemente sobrepasan el límite con la calzada
de uso público.

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Radicado: 17001-23-33-000-2022-00101-01
Demandantes: Martha Beatriz López y otros
Demandados: Corpocaldas y otros

3. Condiciones del camino y habilitación para el tránsito: El tramo inspeccionado
presenta condiciones de transitabilidad malas a intermedias a lo largo de su longitud,
con algunas secciones destapadas y otras intervenidas por la misma comunidad. El
ancho promedio del tramo es de aproximadamente 3 metros con una longitud total
aproximada de 485 metros. Las condiciones para el tránsito vehicular son difíciles con
restricciones para el paso de vehículos livianos, siendo un tramo prácticamente
habilitado solo para la circulación de motos y vehículos de tracción animal. Además, la
misma comunidad ha venido realizando obras de contención, recuperación de calzada,
manejo de aguas y labores de rocería y limpieza con sus propios recursos en los sitios
más críticos, según relatan los habitantes locales.

4. La existencia o no de algún tipo de riesgo: Dada la topografía accidentada del
terreno y la ubicación del tramo en zona de ladera con intervención de la comunidad, se
identifican potenciales factores de riesgo relacionados con deslizamientos, pérdida de
banca por sobrecarga, fenómenos de lluvias e inestabilidad en las obras de la
comunidad, las cuales exhiben visualmente un buen estado con un proceso constructivo
aceptable, pero se sugiere la realización de una inspección más detallada y estudios del
suelo de la zona para dar un parte definitivo con respecto a la garantía de su estabilidad.

Del material probatorio referido se desprende que el camino objeto del presente caso
corresponde a un sendero utilizado exclusivamente por los habitantes de las fincas
aledañas, las cuales, según los documentos allegados al proceso, son tres. Asimismo,
se emplea para la movilidad de productos agrícolas y cafeteros, y por él transitan
motocicletas y semovientes, dado que su ancho aproximadamente es de 3 metros. No
obstante, no se acreditaron los supuestos exigidos por la jurisprudencia para concluir
que se trata de una vía de circulación peatonal de propiedad del municipio de
Chinchiná, ni que corresponda a un elemento espacial de propiedad privada
incorporado oficialmente al espacio público. Lo anterior, por cuanto no obra en el
expediente documento alguno que permita inferir tal condición y que, en consecuencia,
obligue a las entidades competentes a intervenir el sector.

Bajo ese entendido, el primero de los argumentos del recurso no estaría llamado a
prosperar.

7.3.2. Sobre la vulneración de los derechos colectivos

Respecto del segundo cargo, la Sala tendrá que definir si se vulneraron los derechos
colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disponibilidades jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, si los recurrentes afirman que no cuentan con una vía
que permita el acceso mínimo vehicular.

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Radicado: 17001-23-33-000-2022-00101-01
Demandantes: Martha Beatriz López y otros
Demandados: Corpocaldas y otros

De conformidad con el material probatorio enunciado en párrafos anteriores, la Sala
destaca que en el proceso de la referencia se acreditó que en el sendero que motiva la
acción se presenta una erosión, la cual fue causada por un vertimiento de aguas
residuales que provienen de la finca que es de propiedad de los señores Margarita
López Velásquez, Pedro López Gil, Jesús María López Gil, Erasmo Antonio López
Velásquez y Luz Marina López Velásquez.

Asimismo, se evidenció que por allí transitan motocicletas y vehículos de tracción
animal y que aproximadamente dicho camino conecta de tres a diez viviendas con la
vía principal de la vereca El Chuscal.

Adicionalmente, se advierte que los demandantes no lograron demostrar que el sendero
fuese de uso público, pues, si bien el informe del departamento de Caldas menciona
que se trata de una vía terciaria, tanto el municipio de Chinchiná como Corpocaldas
afirman que este no hace parte de la infraestructura vial de dicho territorio.

De acuerdo con lo anterior, para la Sala es evidente que la parte demandante no
cumplió con su deber de demostrar cuál era el riesgo o afectación que estaba
padeciendo con la falta de ampliación del camino que se ubica en la vereda El Chuscal
y el cual conecta a los habitantes aledaños con la vía principal, pues, de acuerdo con
las pruebas que reposan en el plenario dicha zona permite movilizarse mediante
motocicleta, semovientes o vehículos de tracción animal.

Ahora, en lo que respecta a la erosión que presenta el sector, se pone de presente que
tal afectación está siendo causada por los vertimientos de aguas residuales que
provienen de una tubería que se ubica en la finca de propiedad de los señores
Margarita López Velásquez, Pedro López Gil, Jesús María López Gil, Erasmo Antonio
López Velásquez y Luz Marina López Velásquez, por lo que estos son los llamados a
solucionar la problemática que se presenta en su inmueble, tal como lo hizo saber
Corpocaldas a través de las recomendaciones que reposan en la respuesta del 12 de
marzo de 2022.

Bajo ese entendido, de acuerdo con el material probatorio aportado al plenario, la Sala
no advierte que se esté vulnerando o amenazando los derechos colectivos invocados
en la vereda El Chuscal, más cuando la vía principal que es la que conecta a dicho
sector con el municipio de Chinchiná, se encuentra en perfecto estado, tal como lo
afirmó la gobernación de Caldas en el informe del 4 de septiembre de 2023; veamos:

El viernes 1 de septiembre del presente año, se llevó a cabo una inspección técnica en
el camino que conecta la vereda El Chuscal con el municipio de Chinchiná. Esta visita
fue realizada por los profesionales de la Secretaría de Infraestructura, Andrés Osorio
Bermúdez y Mauricio Betancourt González.

Según el plano adjunto, fruto del levantamiento topográfico, el tramo inspeccionado
comienza en las coordenadas 4711707,1043 Este; 2108365,3929 Norte y finaliza en las
coordenadas 4712669,7346 Este; 2106849,7061 Norte. Este tramo abarca desde el final
de la carretera principal que conecta la vereda El Chuscal con el municipio de Chinchiná.
El terreno presenta pendientes moderadas a elevadas y se caracteriza por su topografía
mayormente escarpada y montañosa. En el año 2020, la Gobernación de Caldas instaló
una serie de placas huellas mediante un convenio, con el objetivo de asegurar
condiciones óptimas para el tránsito vehicular y la comunicación entre la vereda y la
cabecera municipal.

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Radicado: 17001-23-33-000-2022-00101-01
Demandantes: Martha Beatriz López y otros
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El estado del tramo inspeccionado es de intermedio a bueno, con unas secciones de la
placa huella en condiciones de servicio óptimas y otras que evidencian mayor deterioro
producto de la vida útil de la estructura. El tramo completo cuenta con un ancho
promedio de aproximadamente 4,5 m y se encuentra en condiciones aptas para el
tránsito de vehículos livianos, con obras de manejo de aguas funcionales y labores de
rocería y limpieza adecuadas. No se evidenciaron factores de riesgo que puedan
desencadenar deslizamientos en el futuro inmediato, sin embargo, se debe tener
presente que la topografía accidentada y las condiciones naturales del terreno hacen
que la probabilidad de ocurrencia de fenómenos de inestabilidad siempre exista, aunque
en una mínima proporción.

7.3.3. Finalmente, sobre lo relacionado con la falta de práctica de la inspección judicial
en el camino motivo de la acción, la Sala pone de presente que dicha solicitud
probatoria fue formulada en el escrito de la demanda y negada en la diligencia de pacto
de cumplimiento que se llevó a cabo el 1 de agosto de 2023, por el Tribunal 23. No
obstante, esa decisión quedó debidamente ejecutoriada, toda vez que el actor no
interpuso recurso alguno en su contra. En consecuencia, no resulta procedente
cuestionar dicho aspecto en esta etapa procesal.

Así las cosas, el cargo no está llamado a prosperar. Por ende, la Sala confirmará la
sentencia del 11 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Caldas, en tanto negó las pretensiones del presente medio de control.

7.4. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 2012 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de
Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201924, no se condenará en
costas en esta instancia porque, aunque el recurso de apelación fue resuelto
desfavorable, no se acreditó su causación a lo largo del trámite del proceso en segunda
instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia, la sentencia del 11 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Caldas.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

23 Ibidem.
24Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia

de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

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Radicado: 17001-23-33-000-2022-00101-01
Demandantes: Martha Beatriz López y otros
Demandados: Corpocaldas y otros

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 19
de marzo de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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