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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2017-00496-01

Fecha
11 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2017-00496-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas y en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de improcedencia de la acción popular para reclamar derechos de carácter particular y contenido subjetivo, formulada por el Fondo Adaptación. TERCERO: EXHORTAR al Fondo Adaptación para que en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, verifique la situación de las familias que fueron enlistadas en la sentencia de primera instancia y determine las acciones que debe realizar, si hay lugar a ello, para su atención de conformidad con los procedimientos propios de la entidad. CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación corregir el número único de radicación del proceso de la referencia en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Núm. único de radicación: 17001-23-31-000-2017-00496-01 SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2017-00496-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

11 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 17001-23-31-000-2017-00496-01
Actora: Ana Mery Patiño Gutiérrez
Demandados: Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; Nación –
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres – UNGRD; Fondo Adaptación y Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca – COMFAMILIAR ANDI

Asunto: Resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Fondo
Adaptación contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La señora Ana Mery Patiño Gutiérrez presentó demanda, en ejercicio de la
acción popular, contra la Nación – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; la
Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD; el Fondo Adaptación y la
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – COMFAMILIAR ANDI -

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COMFANDI1, con el objeto de que se protejan los derechos e intereses colectivos
previstos en los literales l y m2 del artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19983.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones4:

“[…] PRIMERO: Proveer decisión de fondo en la que se declare que se encuentran
vulnerados y en amenaza, los derechos colectivos y del medio ambiente de las
personas y familias víctimas de la emergencia invernal 2010-2011, postuladas como
elegibles por el Fondo Adaptación, para lo cual cada uno acreditó su condición de
damnificado conforme a los requerimientos que se realizaron por los accionados.

SEGUNDO: En orden a dicha decisión y con la finalidad que se cumpla con la
expectativa atender la mitigación de efectos de los desastres y superar el detrimento
ocasionado por la emergencia invernal se ordene a los aquí accionados:

Adoptar las medidas administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y presupuéstales
necesarias, a fin de que:

• Se prevengan las amenazas a que se encuentran expuestas nuestras vidas y los
derechos colectivos y del medio ambiente asociados con los desastres, mediante la
reubicación en la forma y términos como se estableció en el plan de elegibilidad
adelantado por el Fondo de Adaptación, para lo cual se acreditó la condición de
damnificado de cada uno de los hogares que suscribieron la petición.

• En función del derecho colectivo de la moralidad administrativa, si el Fondo de
Adaptación se sustrae de cumplir con el objetivo para el cual fue constituido, restituya
los fondos captados a favor de FONVIVIENDA del Ministerio de Vivienda para que
éste de cumplimiento a nuestra reubicación. Previo a ello, el Fondo de Adaptación
recibirá una comisión de beneficiarios que haremos una revisión de cuentas mediante
una Veeduría Ciudadana que procederemos a constituir en este lapso de tiempo.

• Si se incumpliera por parte de la administración pública nacional en su compromiso
de la recuperación del siniestro, por decisión que provea el Despacho, se ordene a
los accionados nos restituya el monto indexado de los gastos en que el Fondo
Adaptación nos hizo incurrir detrás de una expectativa, previa liquidación individual
que cada uno presente, para su reembolso en un plazo perecedero que señale el
despacho […]”.

Presupuestos fácticos

La parte actora manifestó como sustento de sus pretensiones lo siguiente:

3. Señaló que en el año 2012 el Fondo Adaptación clasificó como elegibles a la
comunidad, al haber sido damnificados de la ola invernal.

1 En adelante COMFANDI.

2 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre

otros, los relacionados con:
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes […]”.
3 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
4 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 7ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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4. Afirmó que COMFANDI acompañó a la comunidad para la búsqueda de
oferta de vivienda para su reubicación.

5. Indicó que el 26 de mayo de 2017 COMFANDI informó que no era posible
continuar con el proceso para la reubicación porque el Fondo Adaptación no cumplió
con la asignación de recursos de planes de intervención aprobados, ni con el
desembolso de recursos de los proyectos contratados, a lo que se sumó la negación
de recepcionar la postulación de nuevos proyectos para atender las negociaciones
con las cuales se proveerán las viviendas.

6. Manifestó que la comunidad continúa habitando en zonas con riesgo de
deslizamiento e inundaciones, en las que las autoridades de gestión del riesgo han
solicitado la evacuación.

Contestaciones de la demanda

7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó escrito de 9
de octubre de 20175 mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda y
formuló las excepciones de inepta demanda por ausencia de responsabilidad de la
entidad y falta de legitimación en la causa por pasiva.

8. El Fondo Adaptación mediante escrito de 19 de octubre de 20176, se opuso
a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de improcedencia de
la acción popular para reclamar derechos de carácter particular y de contenido
subjetivo; inexistencia de vulneración de los derechos colectivos alegados;
improcedencia de la acción popular para proteger derechos constitucionales
fundamentales individuales, y la excepción genérica.

9. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio presentó escrito de 24 de
octubre de 20177, en el que se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

5 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.
6 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.
7 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.

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10. La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR
ANDI – COMFANDI, mediante escrito de 1 de noviembre de 20178, se opuso a las
pretensiones de la demanda y formuló las excepciones denominadas “[…] no
entrega a los beneficiarios del plan de intervención llamado vivienda Villamaría
Torres de Altamira 002, por causas no imputables al operador zonal COMFANDI
[…]” y “[…] no vulnerar COMFANDI derechos colectivos discutidos o alegados por
la accionante derechos colectivos del medio ambiente […]”.

11. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD
contestó la demanda de manera extemporánea9.

Actuaciones en primera instancia

12. El Tribunal mediante auto de 22 de marzo de 2017 inadmitió la demanda y
concedió a la parte actora el término de 3 días para su corrección. Posteriormente,
mediante auto de 25 de septiembre de 201710 admitió la demanda y ordenó, entre
otras cosas, notificar a la parte demandada e informar a la comunidad sobre la
existencia del proceso.

13. Mediante auto de 14 de agosto de 201811 se admitió la coadyuvancia
presentada por el señor Javier Elias Arias Idárraga.

14. El tribunal celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día 19
de noviembre de 201812, la cual se declaró fallida porque las partes no llegaron a
ninguna fórmula de acuerdo.

15. El tribunal profirió auto de 14 de marzo de 201913, mediante el cual corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión.

16. COMFANDI; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Adaptación, presentaron escritos en los
que reiteraron los argumentos expuestos en las contestaciones de la demanda.

8 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.
9 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.
10 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.
11 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.
12 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.
13 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
1ED_170012333000201700496001(.PDF) NroActua 2 […]”.

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17. En esta etapa procesal intervino la Personería de Manizales, entidad que
solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda y precisó que los
accionantes son beneficiarios de una mitigación de riesgo en la modalidad de
reubicación que no se ha cumplido, por lo que hacen parte de 243 familias que en
el departamento de Caldas no han recibido solución de vivienda para su
reubicación.

18. El Ministerio Público presentó concepto en el que solicitó que se accediera a
las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, se ordenara al Fondo
Adaptación adelantar las actuaciones para culminar el proceso de reubicación de
las familias postuladas como elegibles con el fin de acceder a las soluciones de
vivienda.

Sentencia de primera instancia

19. La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas profirió
sentencia el día 15 de mayo de 202014 en la que resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. DECLARAR probadas las excepciones de "INEPTA DEMANDA POR
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE" y "FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
PASIVA", propuestas por la Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
"FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA" presentada por la Nación
• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y "(...) NO ENTREGA A LOS
BENEFICIARIOS DEL PLAN DE INTERVENCION LLAMADO VIVIENDA
VILLAMARIA TORRES DE ALTAMIRA 002, POR CAUSAS NO IMPUTABLES AL
OPERADOR ZONAL COMFANDI", "(...) NO VULNERAR COMFANDI DERECHOS
COLECTIVOS DISCUTIDOS O ALEGADOS POR LA ACCIONANTE DERECHOS
COLECTIVOS Y DEL MEDIO AMBIENTE" propuestos por la Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca Comfamiliar Andi.

Segundo. DECLARAR que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Nación - Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Caja de Compensación Familiar del Valle del
Cauca Comfamiliar Andi, no son responsables de la vulneración de los derechos
colectivos invocados en la demanda.

Tercero. DECLARAR no probadas las excepciones de "IMPROCEDENCIA DE LA
ACCION POPULAR PARA RECLAMAR DERECHOS DE CARÁCTER PARTICULAR
Y DE CONTENIDO SUBJETIVO", " (...) IMPROCEDENCIA DE VULNERACION DE
LOS DERECHOS COLECTIVOS ALEGADOS", "IMPROCEDENCIA DE LA ACCION
POPULAR PARA PROTEGER DERECHOS CONSTITUCIONALES
FUNDAMENTALES INDIVIDUALES " y "EXCEPCION GENÉRICA", propuestas por
el Fondo Adaptación.

Cuarto. DECLARAR que el Fondo Adaptación es responsable de la vulneración del
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

14 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:”[…]
1ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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Quinto. ORDENAR al Fondo Adaptación realizar, en el término de dieciocho (18)
meses contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, los proyectos o gestiones
necesarias para dar solución de vivienda a los ciudadanos enlistados como afectados
en la demanda y su corrección, teniendo en cuenta la forma y términos establecidos
en el plan de elegibilidad adelantado por el Fondo Adaptación.

Sexto. CONFORMAR un comité de verificación que estará integrado por el
Procurador 29 Judicial II para Asuntos Administrativos de Manizales o quien haga las
veces de Ministerio Público ante el Despacho del Magistrado Ponente, quien lo
presidirá, convocará e informará, las señora Ana Mery Patiño Gutiérrez, en calidad de
parte demandante , el señor Personero del Municipio de Manizales, un representante
del Ministerio de Vivienda, un representante del Fondo Adaptación y el Defensor del
Pueblo - Regional Caldas o su delegado. A dicho comité se le informará por el Fondo
Adaptación las actividades desarrolladas en cumplimiento de las órdenes dispuestas
por la Sala, a su vez, el presidente del comité deberá presentar los informes previstos
en esta providencia con destino a esta corporación judicial. El comité se reunirá
trimestralmente e informará al Tribunal Administrativo de Caldas con destino a este
expediente, conforme a lo dispuesto en esta providencia.

Séptimo. RECONOCER personería jurídica al señor Elkin Yesid Molina Orozco,
identificado con cédula de ciudadanía 1.053.821.495 y tarjeta profesional No. 277.966
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en nombre y representación de la
Personería Municipal de Manizales, en los términos y para los fines del poder
otorgado (fls. 482 al 486 d e l C.1A ).

Octavo. PUBLICAR la parte resolutiva de esta providencia en un diario de amplia
circulación nacional, a costa del Fondo Adaptación. Una vez realizada la publicación
mencionada, el Fondo mencionado deberá allegar constancia de su realización.

Noveno. EXPIDASE copia de este fallo con destino a la Defensoría del Pueblo para
los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

Décimo. Esta sentencia es susceptible del recurso de apelación, en los términos del
artículo 37 de la Ley 472 de 1998. Si n o es a pelada, archívense las presentes
diligencias, previas las anotaciones respectivas en el programa informático "Justicia
Siglo XXI […]”.

20. El Tribunal consideró que la acción popular de la referencia era procedente
bajo el entendido que la parte actora pretendía la construcción de viviendas de
interés prioritario para los damnificados de la ola invernal 2010- 2011, quienes
continúan habitando en zonas de riesgo e inundaciones no mitigables, lo que
eventualmente podría generar la vulneración o amenaza de los derechos colectivos
invocados en la demanda.

21. El Tribunal formuló el siguiente problema jurídico: “[…] determinar si se
presenta la vulneración o amenaza de los derechos colectivos de la parte actora por
parte del Fondo Adaptación, como resultado en la demora en la ejecución de
proyectos dentro del programa nacional de reubicación y reconstrucción de
viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable, afectada por los eventos derivados del fenómeno de la niña
2010 – 2011, a causa de la falta de desembolso de capital o de las gestiones
pertinentes para la realización de los mencionados proyectos […]”.

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22. El Tribunal consideró que se encontraba demostrada la vulneración del
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente por cuanto, las familias que suscribieron la petición que se adjuntó a
la demanda fueron incluidas en el Registro único de Damnificados – REUNIDOS y
seleccionadas en la lista de elegibles del programa de reubicación y reconstrucción
de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable afectadas por el fenómeno de la niña 2010 – 2011.

23. El Tribunal concluyó que el Fondo Adaptación incumplió los fines para los
cuales fue creado, como consecuencia de la falta de ejecución de proyectos a su
cargo, lo que ha impedido la atención de las familias enlistadas en el mencionado
programa de vivienda.

Recurso de apelación

24. El Fondo Adaptación presentó escrito de 14 de julio de 202015 por medio
del cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera
instancia con fundamento en los siguientes argumentos:

Debieron declararse probadas las excepciones formuladas por el Fondo Adaptación
en la contestación de la demanda

24.1. Solicitó la revocatoria de la sentencia proferida en primera instancia y, en
especial de los ordinales tercero, cuarto, quinto y octavo. Al respecto, señaló que
debieron declararse probadas las excepciones de “improcedencia de la acción
popular para reclamar derechos de carácter particular y contenido subjetivo”,
“inexistencia de vulneración de derechos colectivos” e “improcedencia de la acción
popular para proteger derechos constitucionales fundamentales individuales”.

24.2. Afirmó que la sentencia se contradice al señalar que el objeto de la acción
popular es la protección de los derechos colectivos y concluir que se vulneraron los
derechos de un grupo de personas, ordenando la entrega de viviendas a 36
damnificados, no siendo la vivienda digna un derecho pasible de protección por
medio de esta acción constitucional.

15Cfr. índice 108 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
136_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 108 […]”.

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24.3. Expuso que la acción popular resultaba improcedente en el caso concreto y
que la acción que procedía era la de tutela, al tratarse de derechos individuales de
carácter fundamental.

24.4. Adujo que de acuerdo con la sentencia de 30 de junio de 2011 proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado, el tribunal debió declarar probadas las
excepciones formuladas en la contestación de la demanda y de llegar a encontrar
algún tipo de conexidad con los derechos que declaró vulnerados ha debido
limitarse a realizar un exhorto a la entidad.

La parte actora no acreditó la representación de las personas damnificadas

24.5. Sostuvo que la parte actora no acreditó la representación de las personas
damnificadas que aseguró representar e insiste en que lo que se pretende con la
demanda es la satisfacción de un interés particular y no colectivo.

El Fondo Adaptación ha realizado acciones tendientes a otorgar soluciones a las
personas damnificadas enlistadas en la sentencia

24.6. Manifestó que aun cuando el Fondo Adaptación suscribió el contrato 088 de
2012 con CONFANDI para la entrega de soluciones de vivienda a las familias
damnificadas por la temporada invernal de los años 2010 y 2011, esta última entidad
no pudo hacer la entrega de las viviendas en el departamento de Caldas, en
consecuencia, los registros que no pudo atender el operador zonal deben ser
atendidos directamente por el Fondo Adaptación, entre los que se encuentran las
personas damnificadas a que se refiere la sentencia.

24.7. Precisó que de las 36 familias damnificadas enlistadas en la sentencia: i) 24
familias se encuentran incluidas para ser atendidas con el contrato 107 de 2020, el
cual tiene por objeto la "[…] Ejecución y Entrega de viviendas en el departamento
de Caldas […]", respecto de los cuales se prevé entrega de viviendas para el mes
de diciembre de 2021; ii) 2 familias son beneficiarías del municipio de Pensilvania,
frente a las cuales no existe aun un programa de solución de vivienda; iii) 8 familias
están incluidas en proyectos desfinanciados; y iv) 2 beneficiarios que hacen parte
de grupos familiares que ya fueron atendidos, así, el señor Germán de Jesús
Restrepo Zuluaga hace parte de otro grupo familiar al que se le entregó vivienda el
31 de agosto de 2018 en el departamento de Risaralda y la señora Angela María
Diaz, figura como compañera del señor Orlando Antonio Franco Salazar, núcleo
familiar que está incluido en lista para ser atendido en el municipio de Manizales.

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24.8. Señaló que si bien el Fondo Adaptación no ha podido atender a la totalidad
de las 36 personas a que se refiere la sentencia, tal situación no obedece a
negligencia o incuria de la entidad, sino a las dificultades propias de adelantar ese
tipo de proyectos en la zona.

24.9. Concluyó que la entrega de las soluciones de vivienda que se ordenó en la
sentencia apelada solo es posible y se surtirá a las 35 familias beneficiarias
conforme a los procedimientos establecidos para la tercera fase de atención a la
emergencia y en la Resolución 340 de 29 de abril de 2015.

Concesión del recurso de apelación

25. El magistrado sustanciador del tribunal profirió auto de 15 de septiembre de
202016, mediante el cual concedió el recurso de apelación presentado por el Fondo
Adaptación contra la sentencia proferida en primera instancia.

Actuaciones en segunda instancia

26. El despacho sustanciador profirió auto de 18 de mayo de 202317 mediante el
cual admitió el recurso de apelación referido y ordenó notificar a las partes e
intervinientes.

27. Mediante auto de 24 de febrero de 202518, el despacho sustanciador negó
la solicitud probatoria presentada por el Fondo Adaptación en el recurso de
apelación.

28. El despacho sustanciador profirió auto de 7 de mayo de 202519, mediante el
cual corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

29. COMFANDI20; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio21; el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible22, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo

16 Cfr. índice 111 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado:
“[…] 142Autoqueconced_CONCEDEAP_Autoconcedeapelacion(.pdf) NroActua 111 […]”.
17 Cfr. índice 20 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
27_AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 20 […]”.
18 Cfr. Índice 29 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
33Autoqueniega_APa201749601AnaMeryP(.pdf) NroActua 29 […]”.
19 Índice 36 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
38Autoquecorre_APa20170049601AnaMer(.pdf) NroActua 36 […]”.
20 Cfr. Índice 40 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
42RECIBEMEMORIAL_Memorial_MEMORIALPROCESOACCIO(.pdf) NroActua 40 […]”.
21 Índice 41 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 42_MemorialWeb_Alegatos-

MEMORIALDESCORRIEND(.pdf) NroActua 41 […]”.
22 Cfr. Índice 43 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 45_MemorialWeb_Alegatos-

Alegatossegundains(.pdf) NroActua 43 […]”.

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de Desastres – UNGRD23 solicitaron confirmar la sentencia proferida en primera
instancia.

30. El Fondo Adaptación24 solicitó revocar la sentencia apelada y reiteró los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.

31. El Ministerio Público y los demás sujetos procesales guardaron silencio en
esta etapa procesal.

32. A través de escrito de 23 de julio de 202525, el tribunal solicitó que se
corrigiera el número único de radicación del proceso con el objeto de que no se
creara un conflicto en SAMAI, toda vez que el número con el que aparece registrado
el proceso en el sistema es 17001-23-31-000-2017-00496-01, cuando el correcto
debe ser 17001-23-33-000-2017-00496-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

33. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) la improcedencia de la acción popular para la protección de
derechos subjetivos; y v) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

34. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201926, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el artículo 15027 de la Ley
1437 de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, se
precisa que esta Sección es competente para conocer de los recursos de apelación
que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia, por los
Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

23 Cfr. Índice 44 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 49_MemorialWeb_Alegatos-

ALEGATOSSEGUNDAINS(.pdf) NroActua 44 […]”.
24 Cfr. Índice 42 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
44_MemorialWeb_Respuesta-AlegatosdeConclusi(.pdf) NroActua 42 […]”.
25 Cfr. Índice 49 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
54RECIBEMEMORIAL_Correo_JeimyTatianaC(.pdf) NroActua 49 […]”.
26
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del
Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
27
Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.

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35. Asimismo, de conformidad con los artículos 32028 y 32829 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201230, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae el recurso interpuesto por el Fondo Adaptación.

36. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

37. La Sala deberá determinar, con fundamento en el recurso de apelación:

37.1. Si en el caso concreto se encuentra demostrada la amenaza o vulneración
del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente con ocasión de la demora en la entrega de las soluciones de vivienda
al grupo de 36 personas enlistadas en la petición que se adjuntó al escrito de
demanda y que se encuentran inscritas en el Registro Único de Damnificados -
REUNIDOS.

37.2. Si la acción popular es el medio de control procedente para proteger el
derecho e interés colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente de un grupo de familias que están inscritas en el Registro Único de
Damnificados – REUNIDOS, que fueron seleccionadas en la lista de elegibles para
ser reubicadas y beneficiarias de un programa de vivienda de interés prioritario y a
las cuales no se les ha hecho entrega de la solución de vivienda.

37.3. Si el Fondo Adaptación es la entidad responsable de proteger el derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente en el
caso concreto.

37.4. Si las órdenes impartidas al Fondo Adaptación en la sentencia proferida en
primera instancia resultan proporcionales y se ajustan a las funciones de la entidad.

28 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
29
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
30 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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Núm. único de radicación: 17001-23-31-000-2017-00496-01

37.5. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 15 de mayo de 2020 proferida por la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

38. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

39. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “[…]
los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

40. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.

41. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

42. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ” 31.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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43. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472
de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el procurador general de la nación, el defensor del pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

Improcedencia de la acción popular para la protección de derechos subjetivos

44. La acción popular tiene como fin la protección de los derechos e intereses
colectivos cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares, sin que los derechos colectivos sean
exclusivamente los listados en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, sino también
aquellos definidos en otras disposiciones, como la Constitución, las leyes ordinarias
y los tratados internacionales celebrados por Colombia.

45. De acuerdo con lo anterior, los derechos e intereses colectivos son aquellos
que no están radicados en cabeza de ningún particular, su titularidad no reside
en personas individualmente consideradas y, por ende, son intereses de
representación difusa como lo ha determinado esta Sección, en la medida que el
titular es el grupo o comunidad y el derecho es indivisible, sin perjuicio de que
sea una persona la que actúe en representación común32.

32 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de diciembre

de 2014, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 41001-23-33-000-2012-00051-01(AP),.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de junio de 2024,
CP. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 41001-23-31-000-2010-00733-01.

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46. En relación con la comunidad, aunque con este mecanismo de defensa
judicial se busque la protección de los derechos e intereses colectivos, ello no quiere
decir que se pueda ejercer para lograr la reparación, bien sea individual o plural,
porque, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998
relativa a la posibilidad de “[…] condenar al pago de perjuicios cuando se haya
causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no
culpable que los tenga a su cargo […]”, esa no es la finalidad de esta acción; en ese
caso, existen en el sistema jurídico otros medios como lo son las acciones de grupo
y el medio de control de reparación directa, entre otros.

47. Esta Sección ha considerado que: i) mediante la acción popular se protegen
derechos indivisibles que pertenecen a la comunidad y no derechos individuales y
divisibles que pertenecen a cada sujeto de derecho en particular. En ese orden, se
considera que la suma de derechos individuales no constituye derechos e intereses
colectivos porque ello implica divisibilidad. Al respecto, se reitera, un derecho e
interés colectivo es difuso, indivisible y su titularidad pertenece a una comunidad; ii)
los derechos colectivos excluyen motivaciones subjetivas o particulares en la
medida en que salvaguardan derechos de solidaridad que conciernen a todos los
individuos y no pueden existir sin la intervención de la comunidad y el Estado; y iii)
que el presupuesto para su procedencia se relaciona directamente con un interés
que excede de la esfera privada.

48. En ese orden de ideas, es claro que tanto la jurisprudencia como la doctrina,
sostienen que la naturaleza de la acción popular, es en esencia preventiva, de ahí
que el inciso 2 del artículo 88 de la Ley 472 de 1998 determine que éstas “[…] se
ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]” y desde tal concepción deben ser
analizados los requisitos que soportan su procedencia.

49. En efecto se tiene que los supuestos para que proceda la acción popular son
los siguientes: i) la existencia de una acción u omisión de la parte demandada; ii) la
presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio a los
derechos o intereses colectivos; es decir, de una situación que supera alcances
individuales y que se relaciona con afectaciones de orden plural y comunitario, pero
de carácter indivisible, lo que excluye -en principio- motivaciones meramente
subjetivas o particulares; y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y
la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben estar
probados en el proceso respectivo.

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50. La Corte Constitucional consideró, respecto de los derechos colectivos o
difusos:

“[…] Una de las implicaciones más complejas de las nuevas relaciones impuestas
por el Estado social de derecho, tiene que ver con el surgimiento de otro tipo de
derechos construidos bajo categorías diferentes a la de los derechos subjetivos. Estos
nuevos derechos son el resultado del surgimiento de nuevas condiciones sociales y
económicas que afectan gravemente la vida de los ciudadanos y el goce de sus
derechos y para las cuales los mecanismos jurídicos clásicos de protección de
derechos resultan insuficientes. Los últimos decenios han puesto en evidencia el
hecho de que los grandes riesgos que afectan a las comunidades -e incluso pueden
poner en peligro su supervivencia ya no se limitan a la confrontación bélica o a la
dominación tiránica por parte de los gobernantes. La dinámica misma del comercio,
de la industria y en general de la actividad económica capitalista, puede convertirse
en la causa de males tan graves o peores que los derivados de la violación de
derechos subjetivos. Es el caso de la protección del medio ambiente, del espacio
público, de los productos que reciben los consumidores, etc. Estos nuevos ámbitos
han generado intereses cuya protección resulta hoy indispensable. La doctrina ha
agrupado este tipo de intereses bajo el título de intereses colectivos o difusos.
Los principios y valores constitucionales y las características de los hechos adquieren
aquí una importancia excepcional. Mientras que en el caso de los derechos
fundamentales de aplicación inmediata se suelen mirar los hechos desde la
perspectiva de la norma, en el caso de los derechos difusos o colectivos, la norma
constitucional que los consagra y su coexistencia con el derecho fundamental para
desatar el mecanismo protector de la tutela, se descubre bajo la óptica de los valores,
de los principios y de las circunstancias del caso […]” 33.

51. En suma, se exige precisar en cada caso concreto si lo reclamado es
verdaderamente un derecho colectivo porque en caso contrario serían otras las
acciones o medios de control los procedentes. Al respecto, la Sala precisa que no
puede utilizarse este instrumento judicial para encubrir la exigibilidad de derechos
particulares, presentándolos como garantías colectivas, porque tal actuar modifica
la naturaleza jurídica de este instrumento.

52. La Sala considera adicionalmente que no cualquier situación tiene la
capacidad para afectar los derechos e intereses colectivos. En ese orden, deberá
probarse y analizarse en cada caso si los hechos invocados por el actor popular en
su demanda, a título de vulneración o amenaza, genera un impacto con el alcance
de amenazar o vulnerar los derechos susceptibles de protección mediante esta
acción constitucional, con la claridad adicional de que esta acción no se constituyó
como un mecanismo orientado a la protección de derechos subjetivos ni mucho
menos permite a los jueces sustituir las competencias de la administración pública.

33 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia T-67 del 24 de febrero de 1993. Magistrados Ponentes: Fabio

Morón Díaz y Ciro Angarita Barón).

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Núm. único de radicación: 17001-23-31-000-2017-00496-01

53. Ahora bien, resulta relevante traer a colación la jurisprudencia de esta
Sección en materia de diferencia entre derechos colectivos y subjetivos en
referencia a la gestión del riesgo de desastres. Con ese objeto se transcriben
algunos apartes de la sentencia de 26 de mayo de 202334:

“[…] según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, el
uso y goce de los derechos colectivos se encuentra a disposición de cualquier
persona, sin obedecer, en principio, a algún tipo de condición. Así, por oposición al
derecho subjetivo, no es posible que el disfrute y, por consiguiente, la
titularidad del derecho colectivo, recaiga exclusivamente sobre el patrimonio
de una sola persona o de un grupo específico de personas, pues tal derecho se
proyecta de manera unitaria sobre toda una colectividad35.
40. En ese sentido, la Ley 472 de 1998 estableció que «son derechos e intereses
colectivos, entre otros, los relacionados con: […] la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente […]».
41. En línea con lo anterior, la Ley 1523 de 24 de abril de 2012 36 definió el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así:
“[…] Artículo 1°. […] La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión
del riesgo, proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones,
instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la
reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito
de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.
[…]

La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo indispensable
para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las
comunidades en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la
planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial
sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva participación de la
población. […]”.

[…]

43. Como puede observarse, la Ley 472 catalogó la seguridad y la prevención de
desastres como un derecho de carácter colectivo, es decir, como aquel que se
proyecta de manera unitaria sobre toda una comunidad. Esta indivisibilidad o
colectivización del derecho (y de las obligaciones correlativas) se presenta
justamente en la medida en que la manifestación de uno o más eventos
amenazantes tienen la potencialidad de afectar diversos bienes o intereses
amparados por el ordenamiento.

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de mayo de

2023, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación: 17001-23-33-000-2021-00195-01.
35 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 (M. P: Rodrigo Escobar Gil). Cfr. Consejo

de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005. C.P: María Elena Giraldo Gómez. Rad. Núm:
25000-23-25-000-2003-00254-01(AP).
36 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

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44. Sin embargo, la Ley 1523 de 2012 también aclaró que el derecho a la seguridad
y la prevención de desastres puede tener una connotación personal y subjetiva
cuando el evento peligroso no cuenta con la virtualidad de afectar a la comunidad de
forma física, económica, social, ambiental o institucional. En tal escenario, prima el
principio de autoconservación, en virtud del cual los ciudadanos deben adoptar las
medidas necesarias para salvaguardar su ámbito personal.

45. Ahora bien, en la práctica, los efectos de una amenaza de origen personal pueden
tornarse en colectivos cuando el riesgo deja de afectar a quien lo generó o a quien
sufre individualmente, y se traslada -por diversos factores- a la comunidad en general.
46. Por esta razón, la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 9
de marzo de 202337, explicó que el juez popular debe evaluar en cada caso el
material probatorio a efectos de determinar si la acción riesgosa de origen
particular está o no incrementando el nivel de vulnerabilidad de la población.
47. Concretamente, la Sala fundamentó esa tesis en las siguientes razones:

“[…] la Sala pone de presente que «los residentes en Colombia deben ser
protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental, en sus
bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres
o fenómenos peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados
[…]. Sin embargo, para que la acción popular resulte procedente es
necesario que el demandante demuestre en el transcurso del debate
judicial que la amenaza invocada cuenta con una connotación colectiva,
pues de lo contrario deberá ejercer los mecanismos judiciales y
administrativos que prevé nuestra legislación para ventilar los perjuicios
ocasionados a sus derechos subjetivos.
Por ello, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
pacíficamente ha circunscrito este derecho a los factores de riesgo y a las
calamidades que «aquejan a la comunidad», tal y como puede observarse: […].
[E]ste derecho, orientado a precaver desastres y calamidades de origen natural
o humano, busca garantizar por vía de la reacción ex ante de las
autoridades la efectividad de los derechos y bienes jurídicos reconocidos
por la Constitución a las comunidades y a las personas y la conservación
de las condiciones normales de vida en un territorio. Por esto demanda de
los entes públicos competentes la adopción de las medidas, programas y
proyectos que resulten necesarios y adecuados para solucionar de manera
efectiva y con criterio de anticipación (y no solo de reacción posterior a los
desastres, como es habitual en las actuaciones de policía administrativa) los
problemas que aquejan a la comunidad y que amenazan su bienestar,
integridad o tranquilidad y que resultan previsibles y controlables bien por la
simple observación de la realidad, bien por medio de la utilización de las ayudas
técnicas de las que hoy dispone la Administración Pública. […].
Con fundamento en lo anterior, la Sala reconoce que los fenómenos naturales
y antrópicos -técnicamente previsibles y controlables- que amenazan el
bienestar, integridad o tranquilidad de la comunidad, son plausible de
conocimiento en el marco de las acciones populares38. Sin embargo, los riesgos
propios de un predio, cuyos efectos colaterales aún no se extienden a la
ciudadanía en general no deben ser ventilados por este medio judicial
preferente, pues ello excedería la finalidad constitucional de esta acción pública.

37
Radicación:17001-23-33-000-2017-00321-01, demandantes: Aurelio Restrepo Velásquez y Julián Restrepo
Velásquez, demandados: Municipio de Manizales – Caldas, Departamento de Caldas y Corporación Autónoma
Regional de Caldas
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de mayo de

2013, Rad. No. 15001 23 31 000 2010 01166 01. C.P.: Guillermo Vargas Ayala.

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Núm. único de radicación: 17001-23-31-000-2017-00496-01

Nótese que, según lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 3° de la Ley 1523
de 2012, «toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o
privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada
gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a
salvaguardarse». Adicionalmente, la Ley 1523 define la vulnerabilidad como
una condición propia de «una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos
adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente». Por ello,
el juez popular en cada caso debe evaluar el material probatorio a efectos
de identificar cuando una situación de riesgo individual incide en el
incremento de la vulnerabilidad de determinada comunidad. […]”.

48. Todo esto significa que los riesgos personales per se no cuentan con una
naturaleza colectiva. Por el contrario, solo los riesgos individuales que inciden en el
incremento del nivel de vulnerabilidad de la comunidad (bien sean de origen antrópico
o natural) acarrean el funcionamiento del sistema legal instituido para su prevención
y corrección, tal y como lo reconoció la Sección Primera del Consejo de Estado, en la
sentencia de 26 de marzo de 201539 […]”. (Destacado fuera de texto).

Análisis del caso concreto

54. El Tribunal Administrativo de Caldas amparó el derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, vulnerado, según el
citado tribunal, por el Fondo Adaptación, como consecuencia de la no entrega de
las soluciones de vivienda de interés prioritario a las 36 personas enlistadas en la
petición que se presentó como anexo de la demanda y que se encuentran inscritas
en el Registro Únicos de Damnificados – REUNIDOS.

55. El Fondo Adaptación interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

55.1. Señaló que el tribunal debió declarar probadas las excepciones de
“improcedencia de la acción popular para reclamar derechos de carácter particular
y contenido subjetivo”, “inexistencia de vulneración de derechos colectivos” e
“improcedencia de la acción popular para proteger derechos constitucionales
fundamentales individuales”.

55.2. Adujo que la actora no acreditó la representación de las personas
damnificadas.

55.3. Señaló que el Fondo Adaptación ha realizado acciones tendientes a entregar
soluciones de vivienda de interés prioritario a las personas damnificadas por la ola
invernal de 2010 – 2011 que fueron enlistadas en la sentencia.

39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 26 de marzo de

2015. Rad. Núm.: 15001-23-31-000-2011-00031-01(AP). C.P: Guillermo Vargas Ayala.

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Núm. único de radicación: 17001-23-31-000-2017-00496-01

56. La Sala estudiará los argumentos expuestos en el recurso de apelación por
parte de Fondo Adaptación en el siguiente orden: i) existencia de la amenaza o
vulneración del derecho colectivo amparado y, ii) procedencia de la acción popular
en el caso concreto. En caso de que la Sala encuentre que prosperan los anteriores
argumentos analizará lo concerniente a: iii) la representación de las personas
enlistadas como damnificadas en la sentencia y, iv) las acciones realizadas por el
Fondo Adaptación tendientes a la entrega de soluciones de vivienda de interés
prioritario a las personas damnificadas que fueron referidas en la sentencia.

Existencia de la amenaza o vulneración del derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente en el caso concreto

57. El derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente está enlistado en el literal l del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

58. Para precisar el contenido de este derecho es pertinente hacer referencia al
artículo 1 de la Ley 1523 de 24 de abril de 201240, el cual dispone lo siguiente:

“[…] Artículo 1.º De la Gestión del Riesgo de Desastres. La gestión del riesgo de
desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes,
programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el
conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y al desarrollo sostenible.

Parágrafo 1. La gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades
en riesgo y, por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la planificación del
desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los niveles
de gobierno y la efectiva participación de la población.

Parágrafo 2. Para todos los efectos legales, la gestión del riesgo incorpora lo que
hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y
recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos […]”.

59. De la norma transcrita se destaca que la gestión del riesgo es un proceso
social ejercido a través de instrumentos de política pública que busca el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas
y el desarrollo sostenible. Adicionalmente, se resalta que la gestión del riesgo se
constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar, entre otros,
los derechos e intereses colectivos.

40 “[…] Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones […]”.

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60. La Ley 1523 de 2012 definió en el artículo 5 el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres como el “[…] conjunto de entidades públicas, privadas y
comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias,
instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se
aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país […]”.

61. Asimismo, la precitada ley dispuso que integran el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras, las entidades públicas que tengan
dentro de su misión y responsabilidad, la gestión del desarrollo social, económico y
ambiental sostenible, en los ámbitos sectoriales, territoriales, institucionales y
proyectos de inversión y en el marco de los principios desarrollados en el artículo 3
de la precitada ley, en especial, los de igualdad, protección, solidaridad social,
autoconservación, participación, diversidad cultural, interés público o social,
precaución, sostenibilidad ambiental, gradualidad, coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, entre otros.

El Fondo Adaptación y el Registro Único de Damnificados - REUNIDOS

62. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 4819 de 29 de diciembre de 2010,
por medio del cual creó el Fondo Adaptación con el objeto de recuperar, construir y
reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, esta entidad cuenta
con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrito al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

63. En relación con el Fondo Adaptación esta Sección en sentencia proferida el
27 de marzo de 2025 consideró lo siguiente41:

“[…] la Sala concluye que el Decreto Ley 4819 de 2010 creó originalmente el Fondo
Adaptación, con el único propósito de atender la emergencia ocasionada por el
fenómeno de La Niña 2010- 2011. En esta etapa inicial se encargó exclusivamente
de la identificación, estructuración y gestión de proyectos, así como la ejecución de
procesos contractuales y la transferencia de recursos necesarios para mitigar los
efectos adversos de La Niña.

161. Sin embargo, el legislador amplió el objeto del fondo a través de las Leyes 1753
de 2015 y 1931 de 2018. La Ley 1753 lo incorporó al Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, permitiéndole estructurar y ejecutar proyectos integrales de
reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. Por su parte, la Ley 1931
añadió el fondo a la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC), un órgano
de coordinación y orientación de la implementación de la Política Nacional de Cambio
Climático y el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA).

41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de marzo de

2025, CP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación: 17001-23-33-000-2023-00112-01.

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162. Dicho objeto en todo caso, conforme al parágrafo 2.° del artículo 5 del Decreto
Ley 4819, al parágrafo del artículo 4.° de la Ley 1931, y al artículo 155 de la Ley 1753,
se materializa en “[…] coordinación con los respectivos sectores […]”, en el marco de:
(i) los proyectos incluidos en el Plan de Acción 42; y (ii) los proyectos estructurados
bajo los lineamientos de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático.

163. En este contexto normativo, esta Sección explicó en las sentencias de 28 de
noviembre de 201943, de 13 de febrero de 202544 y de 20 de febrero de 202545 que el
Fondo Adaptación, al formar parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, y ser miembro tanto de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático
(CICC) como del Comité de Gestión Financiera del SISCLIMA, cuenta con
legitimación formal en la causa por pasiva, en aquellos conflictos relacionados con
proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático.

164. Sin embargo, los citados precedentes reconocieron que en cada caso se debe
valorar si la problemática tiene una relación directa con el fenómeno de La Niña
2010-2011, a efectos de definir la participación del fondo en el restablecimiento
de los derechos colectivos objeto de análisis. De esas providencias la Sala
infiere dos reglas a efectos de aclarar cuáles son los eventos en los que el fondo
es corresponsable de la transgresión de los derechos colectivos.

165. En primer lugar, el fondo apoyará a las entidades demandadas en la
superación de la situación de amenaza y vulneración de los derechos e
intereses colectivos, cuando en el proceso se demuestra que: (i) el fenómeno
riesgoso objeto de análisis persiste al momento de la decisión judicial; (ii) la
problemática tuvo una relación directa con la ola invernal que atravesó el país
durante los años 2010 y 2011; y (iii) el fenómeno de la Niña (2010-2011) agravó
fuertemente la situación de riesgo objeto de análisis, de manera que el apoyo
se hará “[…] desde un eje de planificación multisectorial, que permita la
materialización del principio de coordinación […]”, y teniendo en cuenta las
instancias de articulación en las que participa esa entidad.

166. Igualmente se aclaró que el fondo no participará en el restablecimiento de
los derechos colectivos, aun si se demuestra un daño sufrido en la época
invernal 2010- 2011, si la parte demandante no acreditó una relación causal
directa con el fenómeno de la niña 2010 - 2011, y con las consecuencias
producidas por el episodio climático, porque el juez popular no puede “[…]
presumir […]” esa circunstancia de la naturaleza. En ese escenario, el fondo no
es responsable de “[…] la mitigación de la prolongación de sus efectos, comoquiera
que sus funciones y objetivos se limitan a la atención de las fases de la emergencia
relacionadas con la prevención y reconstrucción de sucesos originados en dicho
fenómeno, más no por las causas o las circunstancias que dieron lugar a la afectación
aquí ventilada […]”46.

64. Respecto al Registro Único de Damnificados - REUNIDOS, la Sala destaca
que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4702 de 21 de diciembre de 201047, el
cual en el artículo 5 modificó lo previsto en el artículo 57 del Decreto 919 de 1989,
sobre las funciones del Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres. En
el parágrafo 2 de esta disposición se precisó que “[…] para efectos de superar la

42 Los recursos están sujetos a un procedimiento de priorización establecido por el Consejo Directivo del Fondo.

Este procedimiento se diseñó para asegurar una gestión eficiente y coordinada en las fases de recuperación,
construcción y reconstrucción en un Plan de Acción aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de noviembre

de 2019. Proceso NUR 130012333000201500052-02. C.P. doctora Nubia Margoth Peña Garzón.
44 C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm.: 730012333000201400324-01.
45
C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación núm.: 54001-23-33-000-2016-01453-01.
46 Ibidem.
47 “[…] Por el cual modifica el Decreto-ley 919 de 1989 […]”.

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situación de desastre y emergencia económica, social y ecológica declarada
mediante el Decreto 4580 de 2010, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística DANE, en coordinación con las entidades y organismos que determine
el Gobierno Nacional, realizará un censo único de damnificados por el Fenómeno
de la niña 2010-2011, que se actualizará periódicamente a fin de precisar la
población que debe ser atendida […]”.

65. Por su parte, el artículo 3 del Decreto 4830 de 29 de diciembre de 2010,
dispuso que “[…] las referencias que hace el Decreto 4702 de 2010 a elaboración
de censo, deben entenderse referidas a: Registro único de Damnificados por
Emergencia Invernal […]”.

66. Mediante la Directiva Presidencial 10 de 2 de marzo de 2011 se precisó que
“[…] el alcance del Registro Único de Damnificados –REUNIDOS– es obtener
información básica sobre las personas naturales damnificadas y los bienes
inmuebles, agrícolas y pecuarios afectados por la emergencia invernal 2010-2011
generada por el Fenómeno de La Niña, a través de una operación estadística tipo
registro. […] El resultado final es la consolidación de una base de datos con los
registros de las personas damnificadas, conjuntamente con la relación de los
bienes afectados y de pérdidas agropecuarias, para contribuir así al
conocimiento del problema, con el fin de orientar las acciones y Programas
del Gobierno Nacional para dicha población durante las fases de
rehabilitación y de reconstrucción de las zonas afectadas […]”. (Destacado
fuera de texto).

67. La Corte Constitucional en la sentencia T-811 de 201348 realizó las siguientes
precisiones frente al Registro Único de Damnificados – REUNIDOS:

“[…] REUNIDOS, se estableció por el Gobierno Nacional dentro de las medidas
definidas para superar la situación de desastre y emergencia, social, económica y
ecológica, declarada mediante el Decreto 4580 de 2010 para afrontar el fenómeno
hidrometereológico de la Niña. Este sistema de información fue realizado
inicialmente por el DANE en coordinación con otras entidades y su
administración en virtud de la Directiva Presidencial Nro. 03 del 13 de enero de
2011, está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres.
En esta base de datos los Alcaldes iniciaron el proceso de recolección de la
información en febrero de 2011 y debía contener la información de los afectados
damnificadas y los bienes inmuebles, agrícolas y pecuarios afectados por la
emergencia invernal 2010-2011 generada por el Fenómeno de La Niña, a través de
una operación estadística tipo registro, como lo reseña la Circular Presidencial del 29
de junio de 2012.

48
Corte Constitucional, sentencia T-811 de 12 de noviembre de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Este Registro fue realizado para responder por la emergencia generada por la
temporada invernal 2010-2011 y comprende eventos como inundaciones,
deslizamientos, vendavales, avalanchas y tormentas eléctricas sucedidas a
partir del 6 de abril de 2010. Los responsables del suministro de la información a
Reunidos fueron las Alcaldías con el apoyo de personal contratado por parte de la
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional y/o
entidades sociales territoriales que sean capacitados por el DANE […]”. (Destacado
fuera de texto).

68. El Fondo Adaptación mediante la Resolución 340 de 29 de abril de 2015
estableció que para la ejecución del Programa Nacional de reubicación y
reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, afectadas por los eventos
derivados del fenómeno de “La Niña” 2010 – 2011, se adoptarán los lineamientos a
través de instructivos, los cuales harán las veces de “Manual Operativo de
Operadores Zonales de Vivienda”.

69. De acuerdo con lo expuesto, la Sala destaca que el Registro Único de
Damnificados – REUNIDOS es un sistema de información que, inicialmente fue
realizado por el DANE y, con posterioridad su administración pasó a la UNGRD, el
cual tiene por objeto consolidar una base de datos con los registros de las personas
damnificadas, conjuntamente con la relación de los bienes afectados y las pérdidas
agropecuarias, con el fin de contribuir al conocimiento del problema derivado de la
emergencia invernal de los años 2010 y 2011, y orientar las acciones y programas
del Gobierno Nacional para la población damnificada durante las fases de
rehabilitación y reconstrucción en las zonas afectadas.

70. Ahora bien, con el objeto de dar respuesta al primero de los problemas
jurídicos formulados, corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se
encuentra probada la amenaza o vulneración del derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente.

Lo probado en el proceso

71. Con el objeto de determinar en el caso concreto si está demostrada la
amenaza o vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, es necesario analizar el material probatorio
allegado al expediente, del cual la Sala destaca las siguientes pruebas:

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72. Copia del contrato de prestación de servicios 0088 de 24 de agosto de 201249
para la contratación del operador zonal del Programa Nacional de Reubicación y
Reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados
del fenómeno de la niña 2010-2011 en los departamentos de Caldas, Quindío,
Risaralda y Valle del Cauca, suscrito entre el Fondo Adaptación y la Caja de
Compensación Familiar del Valle del Cauca COMFAMILIAR ANDI – COMFANDI, el
cual tuvo por objeto realizar las funciones de operador zonal en los referidos
departamentos, en el que COMFANDI se obligó a desarrollar todas las actividades
necesarias para proveer soluciones de vivienda, teniendo en cuenta los resultados
de la verificación del Registro Único de Damnificados.

73. Copia del contrato de obra a todo costo sin ajuste con preinversión suscrito
el 12 de octubre de 2016 entre COMFANDI y el CONSORCIO CONVIVIENDA que
tuvo por objeto ejecutar la obra para la construcción de 8 unidades de interés
prioritario sobre cuatro predios ubicados en el barrio Buenavista del municipio de
Chinchiná.

74. Copia de los escritos de petición suscritos por 42 personas que se identifican
como damnificados por la ola invernal 2010 – 2011 y notificados como elegibles por
el Fondo Adaptación que fueron presentados entre el 5 y el 8 de junio de 2017 ante
COMFANDI; el Fondo Adaptación; el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las que
se solicitó lo siguiente:

“[…] De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y con el fin de dejar agotado el
requisito del artículo 144 del Código de Procedimiento Administrativo, en forma
respetuosa se solicita por parte de la comunidad afectada con la decisión de descartar
la postulación de elegibilidad a una solución de vivienda para la reubicación por riesgo
de desastres:

Adoptar las medidas administrativas, jurídicas, técnicas, financieras y presupuestales
necesarias, a fin de que:

Se prevengan las amenazas a que se encuentran expuestas nuestras vidas y los
derechos colectivos y del medio ambiente asociados con los desastres, mediante la
reubicación en la forma y términos como se estableció en el plan de elegibilidad
adelantado por el Fondo Adaptación, para lo cual se acreditó la condición de
damnificado de cada uno de los hogares que suscriben esta petición.

En función del derecho colectivo de la moralidad administrativa, si el Fondo
Adaptación se sustrae de cumplir con el objetivo para el cual fue constituido, restituya

49 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:”[…]
1ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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los fondos captados a favor de FONVIVIENDA del Ministerio de Vivienda para
que éste de cumplimiento a nuestra reubicación. Previo a ello, el Fondo
Adaptación recibirá una comisión de beneficiarios que haremos una revisión de
cuentas mediante una Veeduría Ciudadana que procederemos a constituir en este
lapso de tiempo […]”. (Destacado fuera de texto).

75. Copia del escrito de 19 de septiembre de 201750 suscrito por la directora del
Programa Fondo Adaptación – COMFANDI de esta última entidad y dirigida al
supervisor asesor III – sector vivienda del Fondo Adaptación, en el que se anuncia
la devolución de hogares de los municipios del departamento de Caldas como
consecuencia de ofertas caídas, con el objeto de que sean atendidos directamente
por el Fondo Adaptación. En el documento se expone la trazabilidad de la búsqueda
de la oferta y los problemas que se generaron para la generación del proyecto.
Asimismo, se anexa el retiro de la oferta del Proyecto Torres de Altamira presentado
por el Grupo Constructor Colombiano SAS.

76. Copia del otrosí 6 del 13 de febrero de 2018 al contrato 0088 de 201251 en el
que el Fondo Adaptación y COMFANDI acuerdan que “[…] de los 1721 registros
elegibles, se disminuyen 678 registros para un total de 1043 registros, de los cuales
COMFANDI en su calidad de OPERADOR ZONAL ha entregado 711, y se
compromete a proveer 332 viviendas […]”. Asimismo, pactaron prorrogar el término
de duración del contrato.

77. Copia del escrito de 8 de marzo de 2019 suscrito por la directora Programa
Fondo Adaptación – COMFANDI en el que remite al tribunal los siguientes listados:
i) listado de los 1721 hogares elegibles en el departamento de Caldas; ii) listado de
22 hogares pertenecientes al proyecto Torres de Altamira; iii) listado de los hogares
que firmaron la acción popular; y iv) listado de los hogares firmantes de la acción
popular y la relación a los planes que pertenecen. Asimismo, advirtió que los
hogares de los señores Gloria Inés Gutiérrez Puerta y Germán de Jesús Restrepo
Zuluaga, ya fueron atendidos en otros proyectos de vivienda.

78. De conformidad con las pruebas referidas, la Sala destaca que en el proceso
se probó que el Fondo Adaptación celebró el contrato 0088 de 2012 con
COMFANDI, entidad que asumió la operación zonal del Programa Nacional de
Reubicación y Reconstrucción de viviendas para la atención de hogares
damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los

50 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:”[…]
1ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
51 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:”[…]
1ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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eventos derivados del fenómeno de la niña 2010 – 2011 en el departamento de
Caldas.

79. Se demostró que COMFANDI realizó gestiones para la contratación del
constructor que se encargaría de ejecutar la construcción de las viviendas de interés
prioritario; sin embargo, por diferentes causas, no fue posible realizar la
construcción de las viviendas en el departamento de Caldas en algunos de los
proyectos en los que se encontraban inscritas las personas que suscribieron la
petición.

80. Igualmente, se encuentra acreditado que el grupo de 36 personas, que fueron
enlistadas en la sentencia de primera instancia, presentaron ante las entidades
accionadas sendas peticiones con el objeto de que se les entregara la respectiva
solución de vivienda con fundamento en que fueron incluidas en el Registro Único
de Damnificados – REUNIDOS y se encontraban clasificadas como elegibles.

81. Se encuentra probado que de las 36 personas mencionadas en la sentencia,
dos de ellas corresponden a familias que ya cuentan con solución de vivienda y las
restantes, están a la espera de que el Fondo Adaptación solucione la situación
presentada con los proyectos de vivienda a los que pertenecen quienes suscribieron
la petición y que no se han entregado en el departamento de Caldas.

82. Adicionalmente, la Sala destaca que el tribunal, antes de admitir la demanda,
profirió auto de 22 de marzo de 2017 en el que concedió a la parte actora el término
de tres días para corregir la demanda, en el sentido de “[…] precisar los hechos y
las pretensiones de la demanda, específicamente identificando a los presuntos
afectados por la vulneración de derechos colectivos, en qué sitios se da la
situación de supuesta vulneración y cuáles son las circunstancias concretas
de dicha problemática […] Además, se servirá aportar la documentación que se
encuentre en su poder y que dé cuenta de los lugares en los que se presenta
el problema planteado en el libelo introductorio […]”52. (Destacado fuera de
texto).

83. La parte actora allegó escrito de 25 de agosto de 2017 en el que se limitó a
transcribir un listado de 41 personas con el número del documento de identidad, la
dirección y teléfono. Adicionalmente, manifestó lo siguiente53:

52 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.
53 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI. Archivo denominado: “[…]
2ED_17001233300020170049600(.PDF) NroActua 2 […]”.

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“[…] Respecto a las circunstancias que dieron lugar a la problemática objeto de
la presente acción constitucional me permito manifestar que esta se dio a raíz
de la emergencia invernal propiciada por el Fenómeno de La Niña en el 2010-
2011. Con el ánimo de brindar atención a las personas afectadas, el Ministerio de
Hacienda constituyó un fondo que fue alimentado con recursos destinados a atender
la reconstrucción de las zonas afectadas con dicho evento climático.

Las personas involucradas en la presente acción popular, a pesar de pasar los
filtros que nos identifican como damnificados de la citada ola invernal, y de cumplir
con todos los requisitos exigidos por las entidades demandadas, no se nos han
hecho el pago de subsidios de vivienda ni se ha realizado la respectiva
reubicación puesto que las precitadas entidades argumentan la inexistencia de
recursos con que satisfacer nuestras necesidades de vivienda. A lo anterior, huelga
decir que, muchos tenemos órdenes de evacuación porque continuamos habitando
en zonas de riesgo de deslizamientos e inundaciones no mitigables.

Sobre el punto número dos en donde se nos solicita aportar la documentación que de
cuenta de los lugares en los que se presenta el problema, me permito solicitar se
oficie a la Personería de Manizales a efectos de que expidan de copias de una acción
popular de similares características que se adelantó, a costa de los interesados […]”.
(Destacado fuera de texto).

84. La Sala destaca que la parte actora durante el trámite del proceso no logró
demostrar los sitios en que se presenta la supuesta situación de amenaza ni el
riesgo de desastre al que está expuesta la comunidad de manera concreta. Como
se observa, en la corrección de la demanda, la parte actora señala que las
circunstancias que generan el riesgo son las propias de la emergencia invernal de
los años 2010 y 2011, sin que se especifique el lugar en el que específicamente
ocurrieron los hechos y la connotación colectiva del riesgo de desastres.

85. La Sala considera que con las pruebas allegadas al expediente no es posible
demostrar la amenaza o vulneración del derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente por cuanto de ellas no se
desprende que exista un riesgo de desastre concreto que amerite la protección por
parte del juez de la acción popular.

86. Asimismo, la Sala precisa que aunque en la demanda la parte actora señaló
que las personas que suscribieron la petición además de estar incluidas en el
Registro Único de Damnificados, también se encuentran en condición de
vulnerabilidad, lo cierto es que ni en la corrección de la demanda ni durante el
trámite del proceso se demostró con ningún medio probatorio la existencia de
alguna situación de riesgo concreta en que se encuentren los firmantes de la
referida petición, para que pueda concluirse que el riesgo tiene un efecto expansivo
a la comunidad.

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87. En este orden, la Sala destaca que con las pruebas referidas supra se
demuestra que las entidades accionadas han realizado gestiones para la
contratación, construcción y entrega de las soluciones de vivienda de interés
prioritario en el departamento de Caldas; sin embargo, los proyectos de vivienda en
los que se encuentran inscritas las familias referidas en la sentencia no han sido
entregados por diferentes causas, lo que ha traído como consecuencia que las
familias que están incluidas en el Registro Único de Damnificados – REUNIDOS,
clasificadas como elegibles y enlistadas en la sentencia de primera instancia, no
han podido acceder a la solución de vivienda.

88. Lo anterior llama la atención de la Sala, en cuanto a la demora por parte de
las entidades competentes en la entrega de soluciones de vivienda para las
personas damnificadas por la ola invernal de los años 2010 y 2011 que han
cumplido los requisitos para acceder a una solución de vivienda para su reubicación;
no obstante, la Sala considera que el hecho mismo de la demora en la entrega de
soluciones de vivienda al grupo de 36 personas que suscribieron la petición de
entrega de la vivienda de interés prioritario por encontrarse incluidos en el Registro
Único de Damnificados por la ola invernal 2010 – 2011 y clasificados como
elegibles, no supone la existencia de amenaza o vulneración del derecho colectivo
invocado, por las razones que se exponen a continuación:

89. El Registro Único de Damnificados - REUNIDOS tiene por objeto identificar y
caracterizar a la población damnificada por la emergencia invernal de los años 2010
y 2011, conocida como el fenómeno de “La Niña”, para orientar proyectos y
programas del Gobierno Nacional para la población damnificada, sin que por sí
mismo, el registro constituya prueba de la existencia de un desastre o emergencia
concreta y actual que imponga al juez de la acción popular intervenir en procura de
la protección del mencionado derecho colectivo.

90. En este punto la Sala destaca que ni en la demanda ni en su corrección se
expusieron con precisión los hechos que permitan al juez de la acción popular
observar la existencia de un daño contingente actual que imponga la necesidad de
adoptar medidas tendientes a hacer cesar el peligro, amenaza, vulneración o
agravio sobre el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente. Siendo lo anterior, un requisito de la demanda de acuerdo
con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998.

91. De esta manera, no se logró demostrar en el trámite del proceso cual era la
amenaza al derecho colectivo. En otras palabras, el Tribunal concluyó la existencia

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de la amenaza y vulneración del derecho colectivo amparado, únicamente por el
hecho de que las 36 personas que suscribieron la petición de entrega de vivienda
de interés prioritario se encontraban incluidas en el Registro Único de Damnificados
– REUNIDOS en categoría elegibles y porque algunas de las personas debían
evacuar sus viviendas, sin que esta última afirmación se haya demostrado y,
adicionalmente, la inclusión en el registro, se reitera, no constituye por sí sola una
prueba que permita concluir al juez que existe un riesgo actual que deba prevenirse
y ampararse a través de la acción popular.

92. Por el contrario, para la Sala es necesario que además del registro, que es
un instrumento importante para identificar y caracterizar a la población damnificada
por la emergencia invernal de los años 2010 y 2011, se acredite con otros medios
de prueba la existencia de un riesgo concreto y actual de desastre, que se pueda
individualizar y que tenga el efecto de extenderse a la comunidad, lo que no se logró
probar en el proceso de la referencia, en el que no se demostró la existencia de los
riesgos en que se encuentran las personas que suscribieron la petición de entrega
de soluciones de vivienda.

93. En otras palabras, si bien las personas que suscribieron la petición y que
fueron enlistadas en la sentencia de primera instancia, están incluidas en el Registro
Único de Damnificados – REUNIDOS por haber resultado damnificadas con ocasión
de la ola invernal en los años 2010 y 2011, no se demostró que en la actualidad
exista un riesgo de desastre concreto, en algún sitio específico, que imponga el
amparo constitucional por la amenaza o vulneración al derecho colectivo
deprecado.

94. En conclusión, la Sala no evidencia que con las pruebas allegadas al
expediente se encuentre demostrada la amenaza o vulneración del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

Procedencia de la acción popular en el caso concreto

95. El Fondo Adaptación solicitó la revocatoria de la sentencia proferida en
primera instancia y, en especial de los ordinales tercero, cuarto, quinto y octavo. Al
respecto, señaló que debieron declararse probadas las excepciones de
“improcedencia de la acción popular para reclamar derechos de carácter particular
y contenido subjetivo”, “inexistencia de vulneración de derechos colectivos” e
“improcedencia de la acción popular para proteger derechos constitucionales
fundamentales individuales”.

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96. Asimismo, afirmó que la sentencia se contradice al señalar que el objeto de
la acción popular es la protección de los derechos colectivos y al mismo tiempo,
concluir que se vulneraron los derechos de un grupo de personas, ordenando la
entrega de viviendas a 36 damnificados, no siendo la vivienda digna un derecho
pasible de protección por medio de esta acción constitucional.

97. Frente a la excepción de improcedencia de la acción popular para reclamar
derechos de carácter particular y contenido subjetivo, el tribunal consideró lo
siguiente:

“[…] considera la Sala que la acción no es procedente para la protección de la
propiedad privada pero sí para la protección de los derechos colectivos que
puede comportar la condición de propietario. Lo anterior considerando que si bien
las pretensiones de la parte actora buscan la construcción de viviendas para
atender su reubicación, lo que comporta derechos de carácter individual - lo
cual haría en principio improcedente la acción por perseguir la protección de
derechos subjetivos-, también se observa que en los hechos de la demanda y
las contestaciones de las accionadas se discute la posible afectación y amparo
de los derechos colectivos e intereses colectivos a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente.

En efecto, con los hechos y pretensiones planteados por la parte actora se busca la
construcción de viviendas de interés prioritario (VIP) para los damnificados
afectados por los eventos derivados del fenómeno de la niña 2010 - 2011, con
apoyo en que a la fecha de presentación de la demanda esta población seguía
habitando zonas de riesgo e inundaciones no mitigables, lo que eventualmente
podría generar la vulneración o amenaza de los derechos colectivos invocados
en la demanda. Como se observa, el planteamiento tiene la virtud de poner en
discusión en este caso derechos de naturaleza colectiva, cuya salvaguarda se
hace necesario dilucidar por parte de este juez colectivo y mediante el trámite
propio de una acción popular, al margen de la naturaleza de los instrumentos
materiales o jurídicos que sean eventualmente necesarios para prevenir tal violación
o hacerla cesar […]”. (Destacado fuera de texto).

98. Con fundamento en lo anterior, el tribunal resolvió impartir órdenes al Fondo
Adaptación en materia de reconstrucción, construcción o solución de viviendas de
interés prioritario (VIP) destinadas al colectivo de elegibles identificado en la
corección de la demanda, incluido en el Regístro Único de Damnificados, para lo
cual enlistó 34 personas con sus respectivas cédulas de ciudadanía y nombre del
proyecto de vivienda al que pertenecen. En el mismo sentido, precisó que dos
personas no están incluidas en el registro y otras dos si figuran en los listados de
beneficiarios a cargo del Fondo Adaptación, por lo que también respecto de ellas
procedía el amparo constitucional.

99. La Sala considera que la acción popular de la referencia es improcedente por
las siguientes razones:

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99.1. La Sala destaca que la parte actora pretende con la acción popular de la
referencia, entre otras cosas, que se protejan los derechos colectivos de “[…] las
personas y familias víctimas de la emergencia invernal 2010-2011, postuladas como
elegibles por el Fondo Adaptación, para lo cual cada uno acreditó su condición de
damnificado conforme con los requerimientos que se realizaron por los accionados
[…]”. Asimismo, se pretendió “[…] la reubicación en la forma y términos como se
estableció en el plan de elegibilidad adelantado por el Fondo Adaptación, para lo
cual se acreditó la condición de damnificado de cada uno de los hogares que
suscribieron la petición […]”. Adicionalmente, solicitó que de no cumplirse el
compromiso de reubicación por parte de las entidades accionadas se ordene que
“[…] restituya el monto indexado de los gastos en que el Fondo Adaptación nos hizo
incurrir detrás de una expectativa […]”.

99.2. De lo anterior, es posible advertir que la parte actora lo que pretende con la
acción de la referencia es que se ordene al Fondo Adaptación o al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio que procedan a realizar la reubicación de las 36
personas que firmaron la petición y que fueron declaradas elegibles por la primera
de las entidades mencionadas o, que en su defecto, se realice la restitución de los
gastos en que incurrieron por la expectativa de estar incluidos en el Registro Único
de Damnificados.

100. En este orden de ideas, la Sala evidencia que lo pretendido en la demanda
es la protección de derechos subjetivos de un grupo de personas que fueron
incluidas en el Registro Único de Damnificados y clasificadas en categoría de
elegibles por parte del Fondo Adaptación en el departamento de Caldas. Lo anterior,
se observa en el escrito de corrección de la demanda en el que la parte actora
presenta un listado de 41 personas con sus respectivos números de cédula de
ciudadanía, dirección y teléfono y, adicionalmente afirma lo siguiente:

“[…] Respecto a las circunstancias que dieron lugar a la problemática objeto de la
presente acción constitucional me permito manifestar que esta se dio a raíz de la
emergencia invernal propiciada por el Fenómeno de La Niña en el 2010 – 2011. Con
el ánimo de brindar atención a las personas afectadas, el Ministerio de Hacienda
constituyó un fondo que fue alimentado con recursos destinados a atender la
reconstrucción de las zonas afectadas con dicho evento climático.

Las personas involucradas en la presente acción popular, a pesar de pasar los
filtros que nos identifican como damnificados de la citada ola invernal, y de
cumplir con todos los requisitos exigidos por las entidades demandadas, no se
nos ha hecho el pago de subsidios de vivienda ni se ha realizado la respectiva
reubicación puesto que las precitadas entidades argumentan la inexistencia de
recursos con que satisfacer nuestras necesidades de vivienda. A lo anterior,
huelga decir que, muchos tenemos órdenes de evacuación porque continuamos
habitando en zonas de riesgo de deslizamientos e inundaciones no mitigables.

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Sobre el punto número dos en donde se nos solicita aportar la documentación que
de cuenta de los lugares en los que se presenta el problema, me permito
solicitar se oficie a la Personería de Manizales a efectos de que expidan copias
de una acción popular de similares características que se adelantó, a costa de
los interesados […]”. (Destacado fuera de texto).

101. Al respecto, la Sala resalta que, como se expuso en el apartado anterior, la
parte actora no demostró la existencia de la amenaza o vulneración del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, toda
vez que no precisó las circunstancias concretas que evidencien un riesgo de
desastre. Por el contrario, se destaca que lo pretendido se circunscribe a que las
entidades accionadas procedan a reubicar a las 36 personas y a sus familias,
relacionadas en la petición que allegaron con el escrito de corrección de la
demanda, por el hecho de estar incluidas en el Registro Único de Damnificados.

102. Así las cosas, la Sala considera que la acción popular de la referencia es
improcedente toda vez que, de una parte, está dirigida a que se protejan los
derechos subjetivos de un grupo de 36 personas y sus familias, quienes solicitan su
reubicación por el hecho de estar inscritas en el Registro Único de Damnificados y,
de otra parte, se pretende con la acción popular la restitución de las sumas de dinero
causadas por la expectativa de reubicación de las 36 personas enlistadas en la
petición a cargo del Fondo Adaptación o del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.

103. Para la Sala, las pretensiones de la demanda sobrepasan el objeto de la
acción popular, la cual está prevista como una acción de rango constitucional para
la protección de los derechos e intereses de la colectividad, por lo que con esta
acción no es posible que se amparen derechos individuales de un grupo de
personas, ni se puede utilizar como una acción para solicitar la restitución de sumas
de dinero, por cuanto su naturaleza no es indemnizatoria.

104. En el caso concreto la Sala evidencia que lo pretendido es el amparo de
derechos subjetivos de un grupo de 36 personas que se encuentran incluidas en el
Registro Único de Damnificados y que fueron enlistados en el escrito de corrección
de la demanda y en la sentencia apelada, por lo que el derecho amparado no es de
naturaleza colectiva. Esto es, el derecho invocado resulta divisible en las 36 familias
que firmaron la petición de entrega de las soluciones de vivienda de interés
prioritario, lo que es contrario al objeto de la acción popular, el cual no es otro que
proteger derechos de la comunidad, indivisibles y de carácter colectivo, condiciones
que no se acreditan en el presente caso.

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105. En este punto, la Sala reitera que no puede utilizarse este instrumento judicial
para encubrir la exigibilidad de derechos particulares, presentándolos como
garantías colectivas, porque tal actuar modifica la naturaleza jurídica de este
instrumento.

106. En conclusión, la Sala considera que le asiste razón al Fondo Adaptación al
señalar que en el caso concreto la acción popular es improcedente, por cuanto, no
se demostró la connotación colectiva del derecho invocado y tampoco se advierte
que se genere un impacto con alcance de amenazar o vulnerar otros derechos
colectivos que sean objeto de protección mediante la acción popular, razón por la
cual la Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar,
declarará probada la excepción de improcedencia de la acción popular para
reclamar derechos de carácter particular y contenido subjetivo y, en consecuencia,
declarará la improcedencia de la acción popular de la referencia.

107. Por otro lado, la Sala se abstendrá de analizar los demás argumentos
expuestos en el recurso de apelación, debido a que se revocará la sentencia
proferida en primera instancia, por lo que resulta inane abordar los demás
argumentos expuestos por el Fondo Adaptación.

108. Adicionalmente, de conformidad con lo manifestado por el Tribunal en el auto
de 23 de julio de 202554, la Sala ordenará a la Secretaría General del Consejo de
Estado corregir el número único de radicación del proceso de la referencia en el
Sistema de Gestión Judicial, SAMAI, precisando que el número correcto es 17001-
23-33-000-2017-00496-01.

109. Finalmente, la Sala considera necesario exhortar al Fondo Adaptación para
que en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
verifique la situación de las familias que fueron enlistadas en la sentencia que se
revoca en esta providencia y determine las acciones que debe realizar, si hay lugar
a ello, para su atención de conformidad con los procedimientos propios de la
entidad.

Conclusiones

110. La Sala revocará la sentencia proferida en primera instancia toda vez que, de
una parte, no se demostró la existencia de amenaza o vulneración del derecho

54 Cfr. Índice 49 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
54RECIBEMEMORIAL_Correo_JeimyTatianaC(.pdf) NroActua 49 […]”.

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colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y, de
otra parte, la acción popular es improcedente para proteger, en el caso concreto,
derechos subjetivos del grupo de 36 personas que suscribieron la petición que se
allegó al expediente con el escrito de corrección de la demanda.

111. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1 y 8 del
artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta
instancia, en atención a que no está probada su causación

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 15 de mayo de 2020 por la Sala
Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas y en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de improcedencia de la acción
popular para reclamar derechos de carácter particular y contenido subjetivo,
formulada por el Fondo Adaptación.

TERCERO: EXHORTAR al Fondo Adaptación para que en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, verifique la situación de
las familias que fueron enlistadas en la sentencia de primera instancia y determine
las acciones que debe realizar, si hay lugar a ello, para su atención de conformidad
con los procedimientos propios de la entidad.

CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación corregir el
número único de radicación del proceso de la referencia en el Sistema de Gestión
Judicial SAMAI, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

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SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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