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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 54001-23-33-000-2016-01453-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2016-01453-01

Fecha
20 de febrero de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 54001-23-33-000-2016-01453-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 1o. de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, los cuales quedarán así: “TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNESE al MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y a la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P., que en el marco de las competencias que constitucional, legal y contractualmente les han sido asignadas, realicen los estudios geotécnicos y de diseños necesarios, y con fundamento en ellos, adelanten la obra que permita dar continuidad y terminación al canal de aguas lluvias en el sector de la Manzana 31 Lotes No. 10 – No. A No. 10 B No. A del Barrio Palmeras, parte alta. ORDÉNESE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, en su calidad de autoridad ambiental y sancionatoria, que adelante las acciones necesarias que permitan dar total cumplimiento a la orden de dar continuidad al canal de aguas residuales y pluviales, así como la instalación del alcantarillado por residuos sanitarios. Para efectos de dar cumplimiento a lo anterior, se concede un término de un año (1) año contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. […] QUINTO: CONFORMAR el Comité para la vigencia del cumplimiento de la sentencia, acorde con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, en el cual participarán, además del Magistrado Ponente, quien lo presidirá, un representante de la Personería del Municipio de San José de Cúcuta y de la Defensoría del Pueblo – Seccional Norte de Santander, un representante del DEPARTAMENTO Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 68 Número único de radicación: 54001-23-33-000-2016-01453-01 Actor: Defensoría del Pueblo – Regional Norte de Santander NORTE DE SANTANDER, de CORPONOR, de la empresa AGUAS KPITAL S.S. E.S.P y el señor Procurador Judicial para Asuntos Administrativos Delegado ante el Tribunal […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 1o. de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 54001-23-33-000-2016-01453-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

20 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2016-01453-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actores: DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL NORTE DE
SANTANDER

TESIS: EL MUNICIPIO DEBE GARANTIZAR QUE LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO SE HAGA EN
ÓPTIMAS CONDICIONES. COMPETENCIAS DEL FONDO
ADAPTACIÓN. LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO ESTÁ EN EL DEBER DE ACUDIR A LAS
AUTORIDADES POLICIVAS PARA QUE ADELANTEN LAS ACCIONES
NECESARIAS QUE LE PERMITAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, AL
ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y AL ESPACIO PÚBLICO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA 1, el FONDO

ADAPTACIÓN2 y la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P., contra

la sentencia de 1o. de septiembre de 2022, proferida por el

Tribunal Administrativo de Norte de Santander3.

1 En adelante el municipio.
2 En adelante el Fondo.
3 En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2016-01453-01
Actor: Defensoría del Pueblo – Regional Norte de Santander

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

La DEFENSORÍA DEL PUEBLO – REGIONAL NORTE DE

SANTANDER, a través de apoderada, en ejercicio de la acción

popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19984, presentó

demanda contra el MUNICIPIO, la empresa AGUAS KPITAL S.A.

E.S.P., el FONDO y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR5, tendiente a

que se protegieran los derechos colectivos al goce de un ambiente

sano, a la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a

que su prestación sea eficiente y oportuna, al goce del espacio

público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público y al

acceso a la infraestructura de servicios.

I.2. Hechos

Indicó que los habitantes de la Manzana 31 “lotes No. 10-No. 10A

No. 10B No. 9A” del barrio Palmeras parte alta del MUNICIPIO,

4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5
Vinculados por medio de auto de 18 de agosto de 2016.

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informaron a la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. de la ruptura

de las tuberías de alcantarillado, lo cual ocasionaba olores fétidos

que contaminaban el medio ambiente y que ponían en riesgo la

salubridad de la comunidad, por lo que solicitaron la reparación del

tubo averiado, que se realizaran las obras que permitieran

estabilizar el terreno y que se continuara la construcción del canal

de aguas lluvias en la zona.

Aseguró que, debido a la problemática planteada, el terreno en el

sector estaba cediendo, lo que ocasionó la formación de un hueco

profundo.

Señaló que el canal de aguas lluvias que estaba construyéndose

desde el año 2010 no estaba terminado, por lo que la estructura

había empezado a dañarse y el terreno a erosionarse, por lo cual

solicitó al MUNICIPIO y a la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P.

que adoptaran las medidas para evitar el daño contingente que

amenazaba a los habitantes del sector y que se adelantaran las

obras necesarias para la estabilización del terreno, así como darle

continuidad al mencionado canal, pues, además, se estaba

presentando el levantamiento de las losas, caída de paredes y un

riesgo de colapso del tubo de aguas servidas.

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Aseguró que el MUNICIPIO guardó silencio a su requerimiento; y,

por su parte, la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. en

comunicación de 20 de abril de 2015, informó que la reparación del

tubo no podía ser realizada debido a que no existía una estructura

de estabilización del talud aledaño al paso de la tubería y que se

requería terminar el canal de aguas lluvias para que se protegiera

el conducto, el cual resultó dañado, precisamente, por la ausencia

del mismo.

I.3. Pretensiones

Solicitó lo siguiente:

“[…] Que declare a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE
CÚCUTA, y a la empresa AGUAS KPITAL CÚCUTA S.A. E.S.P.,
responsables de la vulneración de los derechos colectivos en los
términos consignados en los literales a), d), e), g), h), y l) del
artículo 4º de la Ley 472 de 1998, como consecuencia de lo anterior
se ordene:

1. A la empresa Aguas Kpital, contratar de manera inmediata los
estudios y la realización de las obras necesarias para la reparación y
reposición de las redes de alcantarillado que se encuentran
averiadas en la manzana 31 entre los lotes No. 10 No. 10A No. 10 B
No. 9A y en general toda la zona afectada en el Barrio Palmeras
Parte Alta que permitan un eficiente servicio y evite daños futuros
en la infraestructura de la zona y el deterioro del MEDIO AMBIENTE
de las viviendas aledañas y de la vía pública.

2. A la Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta, la realización de
toda la obra de infraestructura que se requiere para la construcción
de la continuidad del canal de aguas, pues la falta de este hace que

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las aguas negras se sigan vertiendo a cielo abierto, además debe
ejecutar las obras de infraestructura para la estabilidad del terreno,
y el arreglo de la vía que se encuentra en mal estado en la manzana
31 entre los lotes No. 10 No. 10A No. 10 B No. 9ª, y en general toda
la zona afectada en el Barrio Palmeras Parte Alta, y las demás obras
que se requiera para recuperación de la vía y permitir la movilidad
de peatones y vehículos de servicio público y privados.

3. Se ordene las demás obras que sean necesaria para el
mejoramiento y eficiente servicio que se requieran, por los daños
presentados […].”

I.4. Defensa

I.4.1. El MUNICIPIO arguyó que la empresa AGUAS KPITAL S.A.

E.S.P. es la encargada de resolver los asuntos relacionados con la

prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en su

territorio.

Expuso que prestaba los servicios públicos de acueducto y

alcantarillado a través de la empresa industrial y comercial del

Estado E.I.S. E.S.P., la cual fue intervenida por la Superintendencia

de Servicios Públicos Domiciliarios por problemas financieros en

1998; posteriormente, en el año 2006, el Gobierno Nacional y la

Superintendencia adoptaron decisiones para garantizar la

prestación del servicio, entre las que se encontraba contratar por

medio de la E.I.S. E.S.P. la operación, ampliación, rehabilitación,

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mantenimiento y gestión comercial de la infraestructura de

servicios públicos de acueducto y alcantarillado de la ciudad, cuya

contratación se hizo a través de un proceso de licitación pública con

la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. que dio como resultado la

firma del contrato núm. 030 de 2006, para la operación integral del

acueducto y alcantarillado.

Aseveró que las afirmaciones de la demandante no contaban con

soporte técnico, pues con la demanda no se anexó ningún

documento o estudio que señalara que lo solicitado resultaba

necesario; por el contrario, el Oficio de 18 de junio de 2015,

allegado con la demanda, da cuenta de que se estaban realizando

trabajos de reparación del colector de alcantarillado, lo cual incluía

la construcción de pozos de inspección que interconectaban los

tramos de tuberías instaladas, por lo que solicitó denegar las

pretensiones de la demanda.

Propuso como excepción la improcedencia de la acción, la cual

fundamentó en que no violó la normativa enunciada por la parte

actora.

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I.4.2. AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. indicó que suscribió un contrato

de operación con la E.I.S. CÚCUTA E.S.P. cuyo objeto era la

operación, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la

infraestructura y gestión comercial para la prestación de los

servicios públicos de acueducto y alcantarillado del MUNICIPIO y

no el tratamiento de las aguas residuales, el manejo de aguas

lluvias, la conservación de cuencas hidrográficas, la reconformación

de bordes o márgenes de cuerpos de agua, la intervención de

cauces naturales, así como tampoco estaba a su cargo el canal de

aguas lluvia existente en el barrio Palmeras, pues la E.I.S. CÚCUTA

era propietaria del colector en ladrillo Carora, el box culvert calle 4

Loma Bolívar, el colector Avenidas Libertadores con urbanización

Liberadores Royal y el colector Colsag.

Expuso que la zona, de acuerdo con el POT, estaba catalogada

como de alto riesgo debido a los derrumbes e inundaciones, la

desestabilización de taludes, el colapso del colector existente y la

inestabilidad de terrenos, todo lo cual no permite la construcción de

viviendas ni la disponibilidad para la prestación de servicios de

acueducto y alcantarillado, por lo que los habitantes han

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presentado diversas acciones constitucionales para la reposición y/o

construcción de redes.

Precisó que era deber de los habitantes del barrio Palmeras iniciar

los respectivos trámites para su legalización, para con ello dar lugar

a solucionar los vertimientos, lograr la reubicación de las viviendas

y del canal de aguas lluvia, todo lo cual es de competencia del ente

territorial.

Informó que luego de realizar una visita a la zona no observó que la

inestabilidad de los taludes se debiera a una acción u omisión de su

parte, pues la misma se presentó luego de la ola invernal de los

años 2010 y 2011, la cual también produjo el derrumbe del

colector, cuya atención le compete al MUNICIPIO, quien también

deberá encargarse de: i) recuperar las áreas de ronda de la cañada

y de cesión del receptor prevista en el POT, espacio público

invadido por las viviendas; y ii) la limpieza y canalización de la

cañada natural, pues la comunidad realizaba vertimientos directos

sin ser usuarios.

Aseguró que para conjurar el problema se debía reconformar la

margen derecha, tramo manzanas 33 y 34 del barrio Palmeras,

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reponer la tubería para alcanzar el restablecimiento de la prestación

del servicio afectado por la ola invernal 2010 – 2011, de tal manera

que se garantice la protección y la evacuación eficiente de las aguas

residuales.

Informó que, en aras de dar solución a la problemática y en

conjunto con el MUNICIPIO, presentó ante el FONDO el proyecto

“obras de protección del talud y reposición tubería de PVC 0 24”

alcantarillado de aguas residuales, colector quebrada la Cañada”,

por valor de $1.177.553.284, el cual fue aprobado el 2 de febrero

de 2012.

Propuso como excepción, la inexistencia de la obligación, la cual

fundamentó en que las pretensiones de la demanda no están dentro

de sus competencias, por lo que no tiene cómo darles

cumplimiento.

I.4.3. CORPONOR aseguró que el convenio interadministrativo

núm. 146 de 2013, suscrito con el FONDO, no reemplaza las

competencias y responsabilidades del MUNICIPIO y de la empresa

prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado en

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relación con el problema de vertimientos que dio origen a la

presente acción.

Indicó que en la cláusula primera del Convenio se acordó “[…] la

ejecución descentralizada del proyecto orientado a la ejecución de

obras para la rehabilitación, reconstrucción o construcción de la

infraestructura de agua potable y saneamiento básico así: 1. La

construcción del colector de aguas lluvias de la calle 2N, 2. La

rehabilitación del colector del margen derecho de la quebrada la

Cañada y 3. La construcción de las obras de estabilización de

taludes del sector “canoitas – la unión” línea de aducción,

desarenador, planta pórtico sistema pamplonita […]”.

Informó que en desarrollo del Convenio suscribió el contrato de

consultoría núm. 0328 de 2014 para la elaboración de los estudios

y diseños de las obras de rehabilitación del colector 24”, margen

derecha de la quebrada Cañada en el barrio Palmeras.

Aseguró que en lo que le respecta no se cumplió con el requisito de

procedibilidad previsto en el Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA; y que si

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bien, de acuerdo con la Ley 99 de 22 de diciembre de 19936, le

correspondía administrar el medio ambiente y los recursos

naturales renovables en el área de su jurisdicción, ello no

significaba que debía concurrir en cada acción popular en la que se

invocara el derecho al goce de un ambiente sano.

Manifestó que dentro de las funciones de las Corporaciones

Autónomas Regionales no se encontraba la realización de acciones

tendientes a la prestación del servicio público de alcantarillado, por

lo que cualquier decisión judicial en tal sentido desconocería el

artículo 121 de la Constitución Política, pues dicha competencia era

del MUNICIPIO, conforme con lo dispuesto en la Ley 142 de 11 de

julio de 19947.

I.4.4. El FONDO solicitó que se declarara la nulidad de todo lo

actuado desde su vinculación, en virtud de lo ordenado en el

numeral 16 del artículo 152 del CPACA, según el cual la

competencia para conocer en primera instancia las acciones

6 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras
disposiciones.
7 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras

disposiciones.

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populares contra entidades del orden nacional le correspondía a los

Tribunales Administrativos.

Propuso como excepción, además de la “genérica”, la falta de

legitimación en la causa por pasiva, para lo cual argumentó que no

le asiste responsabilidad frente a los hechos y omisiones expuestos

en la demanda, ni es competente para adelantar las acciones que

se reclaman, pues la problemática no se relaciona con las

afectaciones producto del fenómeno de la niña de los años 2010-

2011, ni con la atención de la fase tres de dicha emergencia, a la

cual se circunscribía su marco funcional, conforme a lo dispuesto en

el Decreto 4819 de 29 de diciembre de 20108. En consecuencia, se

refirió in extenso a su naturaleza y competencia funcional.

Adujo que para la procedencia de la acción era necesario que se

comprobara la relación de causalidad entre la vulneración o

amenaza y su actuar, lo cual no se cumplió en el presente asunto,

toda vez que los hechos no corresponden a sus acciones ni a sus

competencias.

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Por el cual se crea el Fondo Adaptación.

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Argumentó que su vinculación al proceso obedeció a la facultad

oficiosa que ostentaba el juez popular, mas no por la voluntad del

accionante.

Señaló que su Consejo Directivo, en el año 2013, aprobó la

descentralización para la ejecución de los proyectos a nivel de

diseño y obra, por lo que suscribió los siguientes convenios:

-. Convenio núm. 033 de 2013, suscrito con el MUNICIPIO, cuyo

objeto era la ejecución descentralizada de los proyectos orientados

a la construcción, reconstrucción y recuperación de la

infraestructura de los sectores de educación, acueducto y

alcantarillado en las zonas afectadas por el fenómeno de la niña

2010-2011.

-. Contrato de consultoría núm. 0593 de 10 de abril de 2014,

celebrado por el MUNICIPIO para realizar los diseños definitivos y

los estudios de amenaza y riesgos para cada uno de los tres

proyectos postulados y validados, uno de los que correspondía a los

estudios y diseños del proyecto “manzana 30”, que estaban

pendientes de terminación en el año 2015.

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-. Convenio núm. 146 suscrito con CORPONOR que comprendía los

siguientes proyectos: i) Construcción del colector de aguas lluvias

de la calle 2N; ii) Rehabilitación colector margen derecha de la

quebrada La Cañada; y iii) Obras de estabilización de taludes sector

Canoítas – La unión, línea de aducción, desarenador, planta el

pórtico y sistema pamplonita.

Precisó que de acuerdo con la información reportada por Conaltec,

interventor del diseño y de la obra de los proyectos

descentralizados, el proyecto de rehabilitación del colector de la

quebrada La Cañada, localizado en el barrio Palmeras parte alta, no

está relacionado con las afectaciones indicadas en la presente

acción.

Puso de presente que de los tres proyectos descentralizados con el

MUNICIPIO, dos estaban en fase de construcción, mientras que el

proyecto de la manzana 30 estaba en incumplimiento por parte del

ente territorial, por falta de diseños definitivos. Además, advirtió

que la construcción de la estructura disipadora en esa zona

correspondía a la solución de problemas de inestabilidad generados

por el colapso de la tubería de 24” de aguas residuales, lo cual

ocurrió por el fenómeno de la niña 2010 – 2011.

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Concluyó, con base en lo anterior, que las labores realizadas en torno a

los proyectos objeto de los convenios núm. 146 y 033 de 2013, no se

relacionaban con la presente acción popular, por lo que, a su juicio, su

falta de legitimación en la causa por pasiva era clara, pues el motivo de

su vinculación giró en torno a la suscripción de los referidos convenios, de

tal forma que, descartado que el sector de la manzana 31 del barrio

Palmeras estuviera dentro del objeto de los mismos, no estaba llamado a

responder en el presente caso.

Señaló que las entidades llamadas a atender las peticiones del actor eran

las entidades municipales, conforme con lo dispuesto en la Ley 142,

habida cuenta que el servicio público de alcantarillado estaba compuesto

por redes de conducción, colectores y el tratamiento de aguas residuales

domésticas e industriales, conforme lo reglado en el ordenamiento

jurídico.

I.5.- Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 23 de

septiembre de 2015, la cual se declaró fallida por no existir ánimo

conciliatorio de las partes9.

9 El Juzgado Segundo Administrativo de Cúcuta declaró, por medio de auto de 16 de
noviembre de 2016, la nulidad de lo actuado con posterioridad a la expedición del auto de

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 1o. de septiembre de 2022, declaró no

probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva

del FONDO y amparó los derechos colectivos al goce de un

ambiente sano, salubridad pública, acceso a los servicios públicos y

al espacio público y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

“[…] TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNESE al
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y al FONDO ADAPTACIÓN que
se sirvan disponer la realización de estudios geotécnicos y de
diseños, y con fundamento en ello, realizar labores de ejecución de
obra respecto a la continuidad y terminación del canal de aguas
lluvias en el sector de la Manzana 31 Lotes No. 10 – No. A No. 10 B
No. A del Barrio Palmeras, Parte alta, quienes afectados por la ola
invernal del fenómeno de la Niña presentan dificultades de
salubridad pública, espacio público y socavación de tierras y posible
derrumbe de viviendas, ORDÉNESE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR, en su
calidad de autoridad ambiental en Norte de Santander, que vigile y
adopte las medidas ambientales y sancionatorias necesarias
tendientes a lograr el total cumplimiento de la continuidad del canal
de aguas residuales y pluviales así como la instalación del
alcantarillado por residuos sanitarios. Para efectos de dar
cumplimiento a lo anterior, se concede un término de un año (1)
año contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

CUARTO: ORDÉNESE a la ENTIDAD AGUAS KPITAL S.A. E.S.P., que
una vez cumplido lo anterior, ejecute las obras de alcantarillado
necesarias con el fin de prestar de manera eficiente y en debida
forma el servicio público de alcantarillado a los habitantes de la
Manzana 31 Lotes No. 10 – No. A No. 10 B No. A del Barrio
Palmeras, Parte alta, garantizando el diseño, construcción y/o

18 de agosto del mismo año que decidió integrar el litisconsorcio necesario con entidades
del orden nacional, por lo cual el trámite de primera instancia debía adelantarse ante el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

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adecuación, y puesta en funcionamiento del alcantarillado de
residuos sanitarios en el sector, de conformidad con las obligaciones
contractuales establecidas en el Contrato No. 030 de 2006.

QUINTO: CONFORMAR el Comité para la vigencia del cumplimiento
de la sentencia, acorde con lo establecido en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998, en el cual participarán, además de las partes, un
representante de la Personería del Municipio de San José de Cúcuta
y de la Defensoría del Pueblo – Seccional Norte de Santander, un
representante del DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, de
CORPONOR, y el señor Procurador Judicial para Asuntos
Administrativos Delegado ante el Tribunal, quien lo presidirá […]”.

Para el efecto, consideró que el FONDO fue creado específicamente

para realizar labores de mitigación, prevención, recuperación,

construcción y reconstrucción de la infraestructura de los servicios

públicos, dentro de los que se encontraba el servicio de

alcantarillado, en los territorios afectados por el fenómeno de la

niña, a través de la gestión de proyectos y la ejecución de procesos

contractuales con las demás entidades públicas.

Señaló que, en el caso concreto, el FONDO suscribió dos convenios

interadministrativos en el año 2013, a saber: i) Convenio núm. 033

de 2013 que tenía por objeto la ejecución descentralizada de

proyectos orientados a la construcción, reconstrucción y

recuperación de los sectores de educación, acueducto y

alcantarillado en zonas afectadas por el fenómeno de la niña,

dentro de los que se encontraba la manzana 30 lote 4 del barrio

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Palmeras parte alta, en donde se previó la construcción de una

estructura disipadora y rehabilitación del colector; y ii) Convenio

núm. 146 de 2013, suscrito con CORPONOR, cuyo objeto es la

rehabilitación, reconstrucción o construcción de la infraestructura

de agua potable y saneamiento básico en diferentes sectores como

la quebrada La Cañada, en donde se realizaría la rehabilitación del

colector de la margen derecha de la fuente hídrica debido a la

inestabilidad ocasionada por el colapso de una tubería de 24” de

aguas residuales, como consecuencia del fenómeno de la niña

2010-2011.

Precisó que si bien las referidas obras no se realizarían en el lugar

objeto de la presente acción, las afectaciones de saneamiento,

salubridad pública y servicios públicos, expuestas por los habitantes

de la manzana 31 lotes No. 10 – No. A No. 10 B No. A, eran

producto de la ola invernal – fenómeno de la niña 2010 – 2011, por

lo que el FONDO estaba legitimado en la causa por pasiva, pues,

precisamente, sus funciones estaban relacionadas con la

reconstrucción de estructuras como sistemas de alcantarillado, y la

inversión de acciones de mejora y mitigación de las zonas y

municipios afectados por dicho fenómeno.

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Señaló que al MUNICIPIO le asistía “en mayor medida” la

responsabilidad de priorizar el gasto para prestar y garantizar el

servicio público de alcantarillado y saneamiento ambiental en su

jurisdicción, a través de actividades e inversiones necesarias para el

tratamiento de los residuos líquidos para evitar la contaminación

ambiental.

Advirtió que se acreditó que se requería la construcción y

fortalecimiento de taludes y losas del canal por encontrarse

deterioradas, lo cual permitía que las aguas residuales y pluviales

socavaran el terreno y provocara el riesgo de desprendimiento y de

colapso de las viviendas, por lo que era necesario la elaboración de

estudios geotécnicos y de diseño para establecer las acciones que

se requieran para garantizar el servicio de alcantarillado.

Consideró que tanto el MUNICIPIO como el FONDO tenían el

deber legal y constitucional de realizar acciones para la prevención,

mitigación y recuperación de la zona afectada, tales como la

continuación del canal de aguas lluvia, la construcción y

reconstrucción de los taludes y losas y la reposición de la tubería,

para garantizar la correcta desembocadura de las aguas sin afectar

las viviendas.

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Estimó que si bien la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. no tenía

competencia para el tratamiento de aguas pluviales y residuales, lo

cierto era que dentro de sus obligaciones contractuales está la

operación y mantenimiento de infraestructura de alcantarillado, lo

que incluía la construcción y diseño de las obras necesarias para la

rehabilitación y expansión del sistema de alcantarillado sanitario y,

en consecuencia, era la responsable de atender lo solicitado en la

primera pretensión consistente en la reparación y reposición de las

redes de alcantarillado sanitario.

Advirtió que de acuerdo con el informe técnico de 23 de febrero de

2021, expedido por la Secretaría Municipal de Gestión del Riesgo de

Desastres del MUNICIPIO, el ente territorial, el FONDO y la

empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. han adelantado acciones de

mitigación en la quebrada La Cañada, pero no en la zona objeto de

la presente acción, por lo que estaban vulnerando los derechos e

intereses colectivos de la comunidad.

Afirmó que el nexo de causalidad entre la vulneración de los

derechos y las accionadas, encontraba sustento en la Constitución

Política, el Decreto 4819 de 2010 y el contrato núm. 030 de 2006.

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Manifestó que a CORPONOR le competía promover, brindar,

coordinar, asesorar, acompañar y prestar apoyo financiero a la

entidad territorial en materia de protección, saneamiento,

conservación y restauración del medio ambiente, agua potable y

recursos naturales, por lo que debía vigilar y adoptar las medidas

ambientales y sancionatorias necesarias para lograr el total

cumplimiento de las acciones que permitieran dar continuidad al

canal de aguas residuales y pluviales, así como la instalación del

alcantarillado por residuos sanitarios en la manzana 31 entre los

lotes núms. 10 No. 10 A, No. 10 B, No. 10 A del barrio las Palmeras

parte alta.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. El MUNICIPIO solicitó ser excluido de las órdenes

impartidas por el Tribunal, pues la única responsable de las mismas

era la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P., de acuerdo con lo

estipulado en el contrato núm. 030 de 2006, según el cual le

corresponde la operación, ampliación, rehabilitación y

mantenimiento de la infraestructura y gestión comercial para la

prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de

la ciudad.

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Expuso las obligaciones de la empresa conforme con lo dispuesto

en la cláusula 13 del contrato y el anexo técnico del mismo, en el

que específicamente en el numeral III.7 se señala que debe realizar

el mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial, el cual

incluye aquellas “[…] obras nuevas que construya el operador del

servicio dentro de la ejecución del contrato de concesión, como el

deber que tiene de limpiar los canales abiertos por lo menos dos

veces al año […]”.

Explicó que, sumado a lo anterior, el Decreto 1077 de 26 de mayo

de 201510 en el artículo 2.3.1.1.1. estableció que el servicio público

domiciliario de alcantarillado “[…] es la recolección municipal de

residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por medio de

tuberías y conductos. Forman parte de este servicio las actividades

complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de

tales residuos […]”.

Estimó que, en consecuencia, el prestador del servicio es quien

debe asumir la gestión, inversión y operación del sistema de

alcantarillado pluvial, en atención a que las estructuras de

10 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad

y Territorio.

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canalización de las aguas lluvias hacen parte de la infraestructura

del servicio público domiciliario de alcantarillado; y porque es

evidente que el contrato núm. 030 de 2006 abarca tanto la

prestación del servicio de alcantarillado sanitario como pluvial.

Explicó que de acuerdo con lo señalado por la Comisión de

Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, el

prestador del servicio es quien debe arrogarse la responsabilidad de

gestión, inversión y operación del sistema de alcantarillado pluvial,

habida cuenta que las estructuras de canalización de las aguas

lluvia hacen parte de la infraestructura del servicio público

domiciliario de alcantarillado.

Señaló que de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 no presta

en forma directa el servicio público de alcantarillado, por cuanto se

celebró el contrato de concesión núm. 030 de 2006 con AGUAS

KPITAL S.A. E.S.P., quien asumió las respectivas obligaciones

legales y contractuales inherentes a la prestación de dicho servicio.

Finalmente, indicó que:

“[…] De conformidad con las definiciones antes transcritas y los
conceptos emitidos por las autoridades de regulación y control, se

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tiene que, dada la naturaleza del servicio público domiciliario de
alcantarillado, la recolección de aguas lluvias hace parte de este,
independientemente de que los sistemas de recolección de aguas
lluvias y residuales estén separados o combinados, incluyendo las
actividades complementarias de transporte, tratamiento y
disposición final de tales residuos, de esa manera, la responsabilidad
del manejo de las aguas de escorrentía (aguas lluvias) y la
recolección municipal de los residuos (vertidos) de los sistemas que
forman parte del servicio público de alcantarillado pluvial, RECAE EN
EL PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE
ALCANTARILLADO, esto es, del operador del servicio de la ciudad de
CÚCUTA que para el caso que nos ocupa es la empresa AGUAS
KPITAL S.A. ESP, operador que puede contemplar un componente
de operación dentro del cual podrá incluir las costos relacionados
con el mantenimiento y funcionamiento de estos sistemas y un
componente de inversión dentro del cual la empresa podrá incluir
las obras previstas y relacionadas con el manejo y conducción de las
aguas lluvias o escorrentía, y por ende, puede remunerarla en el
marco de la recuperación de sus costos medios operacionales y de
inversión, según lo establece la regulación, la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios aspectos no
valorados por el ad-quo en el fallo de primera instancia.

Conforme a lo expuesto, resulta evidente que el MUNICIPIO DE SAN
JOSE DE CÚCUTA no es el operador directo de la prestación del
servicio de acueducto y alcantarillado, servicio este último que
incluye la recolección de aguas lluvias y el manejo de las aguas de
escorrentía, así como del mantenimiento de la infraestructura
provista para ello, dentro de las cuales se incluyen a los sumideros,
las que son del resorte y responsabilidad del operador del servicio
que no es otro que la empresa de servicios públicos AGUAS KIPTAL
S.A. ESP conforme lo dispone la ley 142 de 1994 y lo establecen
tanto LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO COMO LA SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, por cuanto RESULTA CLARO
QUE LA RECOLECCION Y CANALIZACION DE AGUAS LLUVIAS
FORMA PARTE DEL SISTEMA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO Y QUE LA RESPONSABILIDAD DEL MANEJO DE
LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA, ASÍ COMO DEL MANTENIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA PROVISTA PARA ELLO, RECAE EN EL
PRESTADOR DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE
ALCANTARILLADO aspectos no tenidos en cuenta en el fallo de
primera instancia, por lo que le corresponde a este operador
conforme a las obligaciones establecidas en el contrato de concesión
030 de 2006 y la ley 142 de 1994, realizar los estudios, diseñar y

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ejecutar las obras necesarias de manejo y canalización de aguas
lluvias y residuales ordenadas por el despacho en el numeral 3 de su
parte resolutiva, así como la contratación y ejecución de las obras
de construcción del referido alcantarillado y de la instalación de sus
redes, canalización de aguas lluvias y de residuos sanitarios en el
sector de la manzana 31 del barrio palmeras parte alta […]”.

III.2. El FONDO argumentó que no le correspondía ni legal ni

contractualmente ninguna obligación relacionada con la ejecución

de una obra respecto de la continuidad y terminación del canal de

aguas lluvias en el sector de la manzana 31, lotes No. 10 – No. A

No. 10 B No. A del barrio Palmeras parte alta.

Afirmó que el fallo erró al imponerle una obligación a partir de una

concepción subjetiva, al considerar que era una entidad encargada

de la reconstrucción de estructuras, como las del sistema de

alcantarillado afectadas por la ola invernal de los años 2010-2011,

cuya posición, a su juicio, desconoció su competencia funcional

respecto del fenómeno de la niña 2010-2011, pues el hecho de que

su creación haya sido con el objeto de recuperar, construir y

reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno de la niña, no

implicaba que estaba en la obligación de atender todas y cada una

de las afectaciones ocasionadas por dicho fenómeno, pues para el

efecto fueron previstos unos procedimientos que no se cumplieron

en el presente caso.

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Explicó que aceptar una posición como la adoptada por el a quo,

implicaba desconocer las funciones que legalmente le han sido

asignadas, lo cual conllevaría una extralimitación en el ejercicio de

sus competencias y el desconocimiento del procedimiento dispuesto

para la adopción y ejecución de proyectos.

Aseguró que no se valoraron las pruebas que aportó, pues la única

que tuvo en cuenta el Tribunal para vincularla en el presente caso

fue un informe rendido por AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. en el que

se afirmó que lo ocurrido con el tubo colector obedeció al fenómeno

de la niña de los años 2010-2011, lo que lo hacía competente en el

presente caso, con lo que obvió los informes y aclaraciones

realizadas al mismo por parte del Departamento de Geotécnica y

Minería de la Secretaría Municipal de Gestión del Riesgo de

Desastres, en el que se advirtió que la problemática de la demanda

no la vinculaba.

Reiteró lo dicho en la contestación de la demanda y alegatos de

conclusión en relación con el Decreto 4580 de 7 de diciembre de

201011 y 4819 de 2010.

11 Por el cual se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica por razón

de grave calamidad pública.

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Advirtió que, para desarrollar su objeto, identificó y evaluó los

proyectos que le correspondían de acuerdo con el procedimiento

legalmente establecido, lo cual permitió identificar el nivel de

urgencia e impacto de cada uno de ellos, situación que no ocurrió

en el presente caso, por lo cual estaba en imposibilidad para

concurrir con el MUNICIPIO para realizar las obras “[…] respecto a

la continuidad y terminación del canal de aguas lluvias en el sector

de la Manzana 31, Lotes Mo. 10 – No. A No. 10 B No. A del Barrio

Palmeras, Parte alta […]”, pues era otro el proyecto que contaba

con recursos para su ejecución.

Puso de presente que debido a la cantidad de damnificados era

necesaria la priorización de los proyectos para lograr una

distribución justa de los recursos, en aras de obtener la mayor

cantidad de soluciones para un mayor número de municipios

afectados por la ola invernal 2010-2011.

Requirió que se tuvieran en cuenta los argumentos planteados en el

acápite denominado “competencia funcional e intervención del

Fondo Adaptación”, en los siguientes términos:

“[…] - Aunque se lograra establecer que la problemática planteada
con esta acción popular deviene del Fenómeno de la Niña 2010-

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2011, lo cierto es que no existió en el plenario prueba en contrario
que contradijera, siquiera en forma sumaria, que ante el Fondo
Adaptación se haya postulado, puesto en conocimiento o informado
la situación que aqueja a “la continuidad y terminación del canal de
aguas lluvias en el sector de la Manzana 31, Lotes Mo. 10 – No. A
No. 10 B No. A del Barrio Palmeras, Parte alta” y, por ende, nunca
se evaluó, e identificó como proyecto a ser priorizado.
• Entonces, dentro de la oportunidad establecida para ello, cuyo
plazo último venció el 03 de febrero de 2012, ninguna Entidad
interesada concurrió ante el Fondo y postuló y/o sometió a
consideración de su Consejo Directivo la necesidad que aquí se
amparó, amén que tampoco ello, imponía al Fondo la obligación de
acogerla, ni tampoco exoneraba a la respectiva entidad pública de
sus propias obligaciones y responsabilidades legales y
constitucionales al respecto.
• El Consejo Directivo del Fondo determinó cerrar la recepción de
postulaciones el tres (3) de febrero de 2012, dado que en esa fecha
las necesidades de recursos superaban en más de 3 veces los
recursos disponibles para el cumplimiento de la misión
encomendada.
• El interesado de postular, en el plazo dispuesto para ello,
proyectos para superar la problemática del asunto, y el responsable
y competente para atender las mismas, legal y constitucionalmente,
es el Municipio de San José de Cúcuta […]”.

Afirmó que el llamado a atender la problemática aquí planteada era

el MUNICIPIO, pues no solo omitió postular un proyecto que

permitiera superar la problemática de los demandantes o realizar

alguna gestión, sino que, además, obvio su obligación legal y

constitucional de hacerlo.

Adujo que estaba demostrada su falta de legitimación en la causa

por pasiva, comoquiera que las actuaciones o actividades

ordenadas en la sentencia no fueron priorizadas por su Consejo

Directivo dentro de los proyectos que se presentaron

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oportunamente por parte de las entidades que se postularon,

máxime si lo ordenado le corresponde al ente territorial.

Argumentó que la causa de la presunta vulneración a los derechos

colectivos no se relaciona con la tercera fase de atención de las

necesidades de la emergencia ocasionada por el fenómeno de la

niña 2010-2011, sino con actuaciones de riesgo independientes y

preexistentes al fenómeno climático, por lo que no debía adelantar

acciones al respecto.

Solicitó revocar las órdenes que le fueron impuestas, que se le

excluyera de cualquier responsabilidad y, en consecuencia, se

declarara la excepción de falta de legitimación en la causa por

pasiva.

III.3. La empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. solicitó que la

sentencia de primera instancia fuera adicionada, en el sentido de

ordenarle al FONDO y al MUNICIPIO que, además de la obra de

continuidad y terminación del canal de aguas lluvia en el sector de

la Manzana 31 Lotes No. 10 – No. A No. 10B No. A del Barrio

Palmeras parte alta, efectuaran la recuperación del espacio público

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que estaba invadido por viviendas construidas en el área de retiro

del canal, espacio que era necesario para adelantar la relocalización

del colector dañado.

Indicó que las mencionadas viviendas habían sido caracterizadas en

el informe técnico que se anexó al recurso y que era la encargada

de reconstruir y/o reparar los colectores de alcantarillados

averiados, pero no de la recuperación del espacio público ni de la

reubicación de viviendas que se construyeron ilegalmente.

Aseguró que tenía los diseños de la relocalización del colector pero

que se requería la recuperación del espacio público para adelantar

la obra.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. El MUNICIPIO reiteró lo dicho en el recurso de apelación, en

el sentido de argumentar que el responsable de atender las obras

es la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P., conforme lo estipulado en

el contrato de concesión núm. 030 de 2006, en el artículo

2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 2015 y en los conceptos emitidos

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por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y la

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento.

Insistió en que no presta de forma directa el servicio público de

alcantarillado, el cual incluía el manejo del sistema pluvial y la

recolección de aguas lluvia, pues celebró un contrato de concesión

con la mencionada empresa, que asumió las obligaciones legales y

contractuales inherentes a la prestación del servicio, conforme con

lo dispuesto en la Ley 472.

IV. 2. El FONDO reiteró los argumentos expuestos en el recurso de

apelación, en el sentido de que carece de competencia para atender

las acciones ordenadas por el Tribunal y que se encuentra

configurada la excepción de falta de legitimación en la causa por

pasiva.

IV.3. La empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. insistió en su

solicitud de adicionar la sentencia de primera instancia, en el

sentido de ordenarle a las demás entidades accionadas que

ejecuten las acciones necesarias para recuperar el espacio público

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invadido por las viviendas construidas en el área de retiro del canal

de aguas lluvia.

V.- CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público guardó silencio.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución

Política y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 199812,

tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses

colectivos cuando estos resulten amenazados o vulnerados, exista

peligro o agravio o un daño contingente por la acción o la omisión

de las autoridades públicas o de los particulares. El objetivo de

estas acciones es dotar a la comunidad afectada de un mecanismo

jurídico expedito y sencillo para la protección de sus derechos.

12 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones”

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Problemas jurídicos

De lo expuesto en precedencia, los problemas jurídicos a resolver

por la Sala son los siguientes:

1. ¿Debe excluirse al MUNICIPIO de las órdenes impartidas en la

sentencia de primera instancia, en atención a que la empresa

AGUAS KPITAL S.A. es la encargada de dar cumplimiento a las

mismas, con fundamento en las normas que rigen la materia y lo

estipulado en el contrato núm. 030 de 2006?

2. ¿Se encuentra configurada la excepción de falta de legitimación

en la causa por pasiva respecto del FONDO?

En caso de que la respuesta anterior sea negativa, ¿el FONDO debe

ser excluido de las órdenes que le fueron impartidas por el Tribunal,

por escapar de su órbita de competencia?

3. ¿Se debe ordenar al MUNICIPIO y al FONDO que adelanten las

acciones necesarias para la recuperación del espacio público

invadido por las viviendas localizadas en el área de retiro del canal,

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en la zona objeto de la acción, para posteriormente efectuar la

relocalización del colector averiado, como lo solicita AGUAS

KPITAL S.A. E.S.P.?

Caso concreto

Previo a resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala precisa

que no hará referencia a la vulneración de los derechos colectivos

declarados en la sentencia de primera instancia, habida cuenta que

esta no fue cuestionada en los recursos de apelación, por lo que se

prohijarán las conclusiones que al respecto efectuó el Tribunal, en

los siguientes términos:

“[…] se vulneran los derechos colectivos a la salubridad pública,
servicios públicos domiciliarios, pues del material probatorio
allegado y de las pruebas solicitadas se extrae que, los habitantes
de la Manzana 31 entre los lotes No. 10- No. 10A, No. 10B, No. 9A,
se encuentran en una situación de extremo peligro y amenaza ante
la falta de Alcantarillado y Construcción de continuidad del canal de
aguas, toda vez que, en la actualidad los mismos están expuestos a
posibles enfermedades ante la falta de tratamiento de las aguas
negras, y las afectaciones estructurales por las aguas lluvia, lo
anterior teniendo en cuenta, el incumplimiento por parte de las
autoridades competentes […] quienes han hecho caso omiso a las
solicitudes presentadas por los afectados y a la responsabilidad de
prestación de servicios públicos y saneamiento ambiental […]”.

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De la responsabilidad del MUNICIPIO

El MUNICIPIO arguyó en el recurso de apelación que no es el

llamado a acatar las órdenes que le fueron impartidas en la

sentencia de primera instancia, en atención a que la empresa

AGUAS KPITAL S.A. asumió la prestación del servicio de

acueducto y alcantarillado, en virtud del contrato núm. 030 de

2006.

Para establecer si el argumento del MUNICIPIO esta llamado a

prosperar, la Sala se referirá a las autoridades competentes en

materia de saneamiento ambiental y al contenido del contrato núm.

030 de 2006.

Al respecto, la Sala destaca que, de conformidad con los artículos

365 y 366 de la Constitución Política, los servicios públicos son

inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que se debe

asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio

nacional, están sometidos al régimen jurídico que fije la ley y deben

estar encaminados a procurar el bienestar general y el

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mejoramiento de la calidad de vida de la población. Para el efecto,

la normativa idem prevé:

“ARTÍCULO 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad
social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije
la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente,
por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el
Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos
servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado,
mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y
otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse
determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá
indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de
dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita”.

“ARTICULO 366. El bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado.
Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento
ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y
presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.

En desarrollo de los anteriores preceptos, el Congreso de la

República expidió la Ley 142, la cual se aplica a los servicios

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía

eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía [fija] pública

básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural, entre

otros.

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El artículo 15 de dicha normativa estableció que pueden prestar

servicios públicos: “1) Las empresas de servicios públicos; 2) Las

personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o

como consecuencia o complemento de su actividad principal, los

bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios

públicos; 3) Los municipios cuando asuman en forma directa, a

través de su administración central, la prestación de los servicios

públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley; 4) Las

organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar

servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en

áreas o zonas urbanas específicas; 5) Las entidades autorizadas

para prestar servicios públicos durante los períodos de transición

previstos en esta Ley; y 6) Las entidades descentralizadas de

cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse

esta Ley estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se

ajusten a lo establecido en el parágrafo del artículo”.

En un mismo sentido, el artículo 3° de la Ley 136 de 2 de junio de

199413 establece como funciones del municipio, entre otras, las

de 1) administrar los asuntos municipales y prestar los

13 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.

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servicios públicos que determine la Ley; y 2) solucionar las

necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento

ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios,

vivienda recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la

mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente

y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las

demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que

defina la Ley.

Por su parte, el artículo 8° de la Ley 388 de 18 de julio de 199714

determinó que la función pública del ordenamiento del territorio

municipal o distrital se ejerce mediante la acción urbanística de las

entidades distritales y municipales, referida a las decisiones

administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias,

relacionadas con el ordenamiento del territorio y la intervención en

los usos del suelo. Señala dicha normativa que son acciones

urbanísticas, entre otras las de: 1) localizar y señalar las

características de la infraestructura para el transporte, los

servicios públicos domiciliarios, la disposición y tratamiento de

los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos y los

14 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras
disposiciones”.

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equipamientos de servicios de interés público y social, tales como

centros docentes y hospitalarios, aeropuertos y lugares análogos; y

2) dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura

para el transporte, los servicios públicos domiciliarios y los

equipamientos públicos, directamente por la entidad pública o

por entidades mixtas o privadas, de conformidad con las leyes.

En concordancia con lo anterior, el artículo 1° del Decreto 302 de

200015 fija las normas que regulan las relaciones que se generan

entre la entidad prestadora de los servicios públicos de acueducto y

alcantarillado y los suscriptores y usuarios, actuales y potenciales,

del mismo.

De manera concreta, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de

diciembre de 200116 señala que corresponde a los municipios,

directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General

de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o

cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial realizar

directamente o a través de terceros en materia de servicios

15 “por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de los servicios

públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”.
16 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los
servicios de educación y salud, entre otros".

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públicos además de las competencias establecidas en otras normas

vigentes la construcción, ampliación, rehabilitación y

mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.

Por su parte, la Sección se ha pronunciado al respecto y en

providencia de 24 de febrero de 2010, señaló:

“De otra parte, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que
los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado,
quien los podrá prestar, con sujeción al régimen fijado por la ley,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por
particulares, pero en todo caso conservando su regulación, control y
vigilancia.

Ahora bien, el artículo 331 de la Carta Política, consagra que:

“Al municipio como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes”.17

En consecuencia, frente al reparo del MUNICIPIO, referente a que

la empresa prestadora del servicio público es la encargada de

asumir las acciones necesarias para afrontar la problemática aquí

debatida, se advierte que la Sección ya tuvo oportunidad de

17 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia

del 4 de febrero de 2010, Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
Radicación número: 76001233100020040021201(AP).

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pronunciarse en un asunto en el que el ente territorial planteó este

mismo argumento, respecto de lo cual se consideró lo siguiente:

“[…] los entes territoriales, aun cuando no asuman la prestación
directa del servicio de alcantarillado, mantienen dentro de sus
competencias la garantía de que tal actividad se efectuará de
manera eficiente; por lo que, pese a ser prestados de manera
indirecta a través de empresas de servicios públicos, ello no significa
que se desprendan de su deber constitucional y legal de verificar y
controlar su prestación, por tratarse de una actividad que le fue
expresamente confiada según las normas anteriormente citadas
[…]”18.

Lo anterior, implica que al ente territorial le corresponde efectuar

acciones tendientes a garantizar que la prestación de los servicios

se efectuara de manera eficiente, en el marco de sus competencias

constitucionales, legales y contractuales.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que en el

presente caso al MUNICIPIO le corresponde acatar las órdenes

que le fueron impartidas por el Tribunal, pues tiene expresas

atribuciones para asegurar a sus habitantes la prestación eficiente y

oportuna de los servicios públicos domiciliarios, de manera que está

obligado a adoptar medidas necesarias para garantizar el servicio

de alcantarillado en óptimas condiciones de funcionalidad, por lo

18Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia
de 28 de septiembre de 2023. M.P: Oswaldo Giraldo López. Radicación núm.: 15001 23 33
000 2017 00248 01.

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que la solicitud de ser excluido de lo ordenado en primera instancia,

no está llamado a prosperar.

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el argumento relacionado

con que la empresa AGUAS KPITAL S.A E.S.P. es la encargada de

adelantar las obras ordenadas al MUNICIPIO, conforme lo

dispuesto en el contrato núm. 030 de 2006, la Sala advierte que el

objeto del mencionado contrato es la operación, ampliación,

rehabilitación, mantenimiento y gestión comercial de la

infraestructura de los servicios públicos de acueducto y

alcantarillado de la ciudad de San José de Cúcuta, en el que sobre

el servicio de alcantarillado se pactó lo siguiente:

“[…] CAPITULO III
OBLIGACIONES DEL OPERADOR

CLAUSULA 13.- OBLIGACIONES DEL OPERADOR

El operador asumirá todas las obligaciones contempladas en el
Pliego de Condiciones de la Convocatoria y en el presente contrato y
sus anexos, así como las que surjan esencial y naturalmente para él
de este contrato al tenor de los artículos 1501 y 1603 del Código
Civil y 871 del Código de Comercio, a su propio riesgo y será
responsable frente a la E.I.S. de la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la
ciudad de San José de Cúcuta, todo de conformidad con los
cronogramas definidos en el mismo pliego y en este Contrato de
Operación.

El operador no es responsable del tratamiento de aguas residuales.

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La E.I.S. no será responsable frente a terceros por las obligaciones
que asuma o deba asumir el operador con ellos.

Constituyen obligaciones del Operador, entre otras:

[…] 13.7. Prestar los servicios de acueducto y alcantarillado en
la ciudad de San José de Cúcuta a partir del momento en que
reciba los activos o la infraestructura de los sistemas de
acueducto y alcantarillado existentes en la ciudad. El Operador
deberá mejorar la continuidad del servicio hasta que ésta sea de
veinticuatro (24) horas al día, los siete (7) días de la semana, en
toda la ciudad, cumpliendo las metas señaladas en el Anexo
Técnico. Así mismo deberá cumplir todos los demás estándares
establecidos en dicho anexo.
[…] 13.11. Atender la conexión de suscriptores al sistema de
acueducto y alcantarillado en los términos previstos en el Anexo
Técnico, así como actualizar y mantener el catastro de suscriptores.
[…] 13.14. Diseñar y ejecutar las obras e intervenciones
requeridas para cumplir con las metas de continuidad del
servicio, la ampliación de cobertura y demás estándares y
obligaciones establecidos en este contrato y en el Anexo Técnico.
[…] 13.20. Realizar la operación y mantenimiento de la
infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado de los
equipos del mismo sistema, de conformidad con el manual de
operación y mantenimiento que el operador deberá presentar para
aprobación de la E.I.S. a través de la interventoría. Estos manuales
deberán ser actualizados, por lo menos, una vez cada cinco (5)
años.

[…]

ANEXO TÉCNICO

III. OBLIGACIONES TÉCNICAS DEL OPERADOR

III. 1 Obligaciones del servicio

El operador deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

• La ejecución de las obras de expansión y rehabilitación del
sistema de acueducto y alcantarillado sanitario durante todos
los años de operación.
[…] – Hacer la operación y el mantenimiento del sistema de
acueducto y del alcantarillado sanitario de toda la ciudad y
del alcantarillado pluvial descrito en este anexo, de
propiedad de la EIS Cúcuta.

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[…] – El operador deberá atender a los urbanizadores públicos y
privados del perímetro urbano y deberá prestar servicio desde la red
maestra que exista. Los sistemas construidos por los referidos
urbanizadores deberán ser aprobados supervisados y
posteriormente recibir por el Operador para su operación y
mantenimiento. La propiedad de tales activos será de la E.I.S. […]
“(Destacado de la Sala).

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que la empresa

AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. deberá concurrir en el cumplimiento

de la orden contenida en el ordinal tercero de la sentencia del

Tribunal, habida cuenta que, conforme lo pactado en el contrato

núm. 030 de 2006, dentro de sus obligaciones se encuentra diseñar

y ejecutar las obras e intervenciones necesarias para dar

cumplimiento a las metas de continuidad del servicio de

alcantarillado, así como ejecutar obras de rehabilitación del sistema

de alcantarillado sanitario durante todos los años de operación.

Por lo tanto, se modificará el numeral tercero de la providencia

apelada, en el sentido de incluir a la empresa prestadora del

servicio de alcantarillado en la orden.

De las competencias del FONDO

El FONDO aseguró en el recurso de apelación que no le

correspondía la ejecución de la obra ordenada por el Tribunal,

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habida cuenta que el MUNICIPIO no presentó, en el plazo

establecido para el efecto, ningún proyecto para atender la

situación de emergencia ocurrida en el sector objeto de la acción; y

que el hecho de que hubiese sido creado para recuperar, construir y

reconstruir las zonas afectadas por el fenómeno de la niña 2010 -

2011, no implicaba que debía atender todas las afectaciones

ocasionadas por dicho fenómeno.

En consecuencia, afirmó que se configuraba la excepción de falta de

legitimación en la causa por pasiva, ya que la situación que causó la

afectación de los derechos colectivos no le fue puesta en

conocimiento y no se logró probar que lo ocurrido con el tubo

recolector obedeció al acaecimiento de dicho hecho.

Así las cosas, para resolver los problemas jurídicos planteados, la

Sala se referirá a las competencias del FONDO, de lo cual se

destaca que dicha entidad, en el marco de sus funciones

constitucionales y legales le asiste el deber de recuperar, construir

y reconstruir las zonas afectadas por el Fenómeno de la Niña.

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En efecto, el Decreto 4819 de 29 de diciembre de 201019, crea el

Fondo Adaptación con el objeto de “la recuperación,

construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el

fenómeno de "La Niña”.

En lo que se refiere a la finalidad de la entidad, el inciso segundo

del artículo 1° ibidem, prevé la “[…] identificación, estructuración y

gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales,

disposición y transferencia de recursos para la recuperación,

construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte,

de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios

públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y

alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas,

rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y

pecuarios afectados por la ola invernal y demás acciones que se

requieran con ocasión del fenómeno de "La Niña", así como

para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos,

tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección

en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas,

sociales y ambientales que están sucediendo […]”.

19
“Por el cual se crea el fondo Adaptación”.

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La dirección y la Administración del FONDO corresponde a un

Consejo Directivo que tiene a cargo las funciones establecidas en el

artículo 3 ibidem, que prevé:

“[…] Artículo 3°. Funciones del Consejo Directivo. Para el
cumplimiento de los objetivos del Fondo, el Consejo Directivo
ejercerá las siguientes funciones:

1. Adoptar los planes y proyectos que deban ejecutarse con
cargo a los recursos del Fondo.

2. Autorizar al Fondo para la contratación con personas públicas o
privadas para la realización o ejecución de estudios, diseños, obras y
en general, las demás actividades requeridas para el desarrollo de
los planes y proyectos.

3. Aprobar los negocios fiduciarios que se requieran para el manejo y
disposición de los recursos del Fondo.

4. Designar una firma de reconocido prestigio internacional para que
ejerza la auditoría sobre los actos y contratos que realice el Fondo.

5. Rendir al presidente de la República, informes mensuales de
gestión y resultados.

6. Estructurar, previa aprobación del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, mecanismos de financiación a través de los
cuales el Fondo logre obtener recursos para la recuperación,
construcción y reconstrucción por el fenómeno de "La Niña",
tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la
protección en lo sucesivo de la población de las amenazas
económicas, sociales y ambientales que están sucediendo.

7. Autorizar la participación del Fondo en Esquemas de
participación público-privada.

8. Identificar, estructurar y gestionar los proyectos, la
ejecución de procesos contractuales, definir los mecanismos
para la disposición y transferencia de recursos.

9. Adoptar el Plan de Acción preparado por los Comités a que
se refiere el parágrafo 2° del artículo 2° del presente decreto,
para la fase de recuperación, construcción y reconstrucción

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que se ejecutará para conjurar la crisis originada por el
fenómeno de La Niña e impedir la extensión de sus efectos, el
cual deberá integrarse con el Plan de Acción de las fases de
atención humanitaria y rehabilitación a que alude el artículo
2° del Decreto 4702 de 2010, a efecto de garantizar su
coordinación.

10. Darse su propio reglamento.

11. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los
objetivos del Fondo y que le sean asignadas por el Gobierno Nacional
[…]”. (Resaltado de la Sala).

Adicionalmente, el artículo 155 de la Ley 1753 de 9 de junio de

201520, previó que el FONDO hará parte del Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres en los términos de la Ley 1523. La

norma en cita dispone:

“[…] ARTÍCULO 155. Del Fondo Adaptación. El Fondo Adaptación,
creado mediante Decreto-ley 4819 de 2010, hará parte del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los
términos de la Ley 1523 de 2012.

Los contratos para la construcción y reconstrucción necesarios para
la superación de los efectos derivados de la ocurrencia de desastres
naturales a cargo del Fondo Adaptación, y en general todos aquellos
necesarios para la ejecución de estas actividades, se regirán por el
derecho privado. Lo anterior, con plena observancia de lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de la facultad
de incluir las cláusulas excepcionales a que se refieren los artículos
14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo dispuesto en el artículo
17 de la Ley 1150 de 2007. La excepción a la aplicación del Estatuto
General de Contratación Pública para los contratos a que se refiere el
presente inciso, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Fondo Adaptación podrá estructurar y ejecutar proyectos
integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio
climático, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del

20“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo
país”.

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Riesgo de Desastres y en coordinación con los respectivos
sectores, además de los que se deriven del fenómeno de la
Niña 2010-2011, con el propósito de fortalecer las
competencias del Sistema y contribuir a la reducción de la
vulnerabilidad fiscal del Estado.

PARÁGRAFO. Será responsabilidad de las entidades del orden
nacional y territorial beneficiarias de los proyectos a cargo del Fondo
Adaptación, garantizar su sostenibilidad y la puesta en marcha de los
mecanismos técnicos, financieros y operacionales necesarios para su
adecuada implementación” (Resaltado de la Sala).

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala considera que el FONDO sí

se encuentra legitimado en la causa por pasiva21 en el presente

caso, pues los hechos que aquí se ventilan, presuntamente,

guardan relación con afectaciones sufridas por la comunidad en el

marco de olas invernales, por lo que no cabe duda de la existencia

de fundamentos normativos, funcionales y fácticos que justifican la

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 18

de agosto de 2020. Núm. único de radicación: 25000-23-41-000-2014-00277-01 M.P.
Oswaldo Giraldo López. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva esta
Corporación ha sostenido que “[…] la legitimación en la causa es un elemento sustancial
relacionado con la calidad o el derecho que tiene una persona, como sujeto de la relación
jurídica sustancial, para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda; de
esta manera, la parte demandante tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en
la demanda -legitimación por activa- frente a quien fue demandado -legitimación por
pasiva-. En ese sentido, se entiende que la primera (la legitimación por activa) es la
identidad que tiene el demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo
mismo, posee la vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación
por pasiva), es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de
satisfacer el derecho reclamado.”
Así las cosas, la legitimación en la causa en el proceso contencioso hace referencia a la
posibilidad de formular o controvertir las pretensiones de la demanda por tratarse del
sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial debatida en el proceso.
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido a la existencia de dos
clases de legitimación para actuar en el proceso, a saber, la legitimación de hecho y la
legitimación material. Al respecto precisó:
«i) La de hecho que hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en
calidad de demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del
derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal y ii) la material
que da cuenta de la participación o relación que tienen las personas naturales o jurídicas -
sean o no partes del proceso-, con los hechos que originaron la demandada”.

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legitimación material de dicho órgano administrativo y, por tanto, la

Sala confirmará la decisión del a quo conforme a la cual consideró

que no estaba probada la excepción de falta de legitimación en la

causa por pasiva de dicha entidad.

Establecida la legitimación en la causa por pasiva del FONDO, la

Sala deberá determinar sí la entidad debe ser excluida de las

órdenes que fueron impartidas por el Tribunal por escapar de su

órbita de competencia o no.

Para lo anterior, la Sala precisará si la falta de alcantarillado y de

continuidad del canal de aguas lluvia en el sector de la manzana 31

entre los lotes No. 10- No. 10A, No. 10B, No. 9ª del barrio

Palmeras parte alta del MUNICIPIO, fue ocasionada por el

fenómeno de la niña.

Así las cosas, se hará referencia al material probatorio que resulta

relevante así:

-. Convenio interadministrativo núm. 033 de 26 de julio de 2013,

celebrado entre el FONDO y el MUNICIPIO para “[…] la ejecución

descentralizada de los proyectos orientados a la construcción,

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reconstrucción y recuperación de la infraestructura de los sectores

de educación y acueducto y alcantarillado en las zonas afectadas

por el fenómeno de la niña 2010-2011 […]”.

Los proyectos que se transfirieron al MUNICIPIO, conforme lo

establecido en la cláusula segunda del convenio, fueron los

siguientes:

-. Convenio núm. 146 de noviembre de 2013, suscrito entre el

FONDO y CORPONOR, con el objeto de la ejecución

descentralizada del proyecto “[…] orientado a la ejecución de obras

para la rehabilitación, reconstrucción o construcción de la

infraestructura de agua potable y saneamiento básico, así: 1. La

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construcción del colector de aguas lluvias de la calle 2N, 2. La

rehabilitación del colector del margen derecho de la Quebrada La

Cañada, y 3. La ejecución de las obras de estabilización de taludes

del sector “Canoitas – La Unión” línea de aducción, desarenador,

planta pórtico sistema Pamplonita […]”.

-. Oficio de 20 de abril de 2015, a través del cual AGUAS KPITAL

respondió una petición elevada por la señora Luz Elvira Olivares

Rivera, en los siguientes términos:

“[…] se realizó verificación de daño en colector de alcantarillado que
pasa por el sector conocido como La Cañada, entre los barrios
Palmeras y 7 de Agosto, paralelo al canal de aguas lluvias de
Palmeras.

Se sabe que el daño en este colector de alcantarillado no puede ser
reparado por cuanto no existe una estructura de estabilización del
talud aledaño al paso de la tubería y además se requiere de la
continuación del canal de aguas lluvias en concreto para la
protección de la tubería que igualmente fue afectado por inviernos
anteriores y debido a ello, parte de la tubería que fue instalada en
estas condiciones fue arrasada por las aguas lluvias […]”.

-. Oficio de 9 de junio de 2015, mediante el cual el MUNICIPIO

contestó una petición elevada por la señora Luz Elvira Olivares en

los siguientes términos:

“[…] En atención al oficio de la referencia en el cual usted solicita
entre otros lo siguiente: Se proceda a proteger los derechos
colectivos que le asisten a los habitantes del Barrio PALMERAS
PARTE ALTA, manzana 31 ante lotes No. 10, No. 10A, No. 10B, No.

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9A, en general toda la zona afectada de este barrio, por el
rompimiento de un tubo de aguas negras de 20 pulgadas y el
vertimiento de las aguas negras a cielo abierto en este sitio,
por la omisión en la ejecución de las obras correspondientes
y la reparación del tubo, pues el terreno esta cediendo
formándose un hueco de profundidad, así mismo por la falta
de continuidad del canal de aguas lluvias que esta solo en la
primera fase y desde el año 2010 a estructura empezó a
dañarse. Se realice la reparación del tubo de aguas negras
averiado, se hagan las obras requeridas y realice la construcción de
la continuidad del canal de aguas lluvias […]” (Resaltado de la Sala).

-. Oficio de 18 de junio de 2015, por medio del cual AGUAS

KPITAL respondió una petición elevada por la señora Luz Elvira

Olivares Rivera y Otros, en los siguientes términos:

“[…] Se comunica que en verificación cumplida al sector de la
manzana 31 lotes 10, 10A, 10B, 9A, del barrio Palmeras y demás
zona afectada por el colapso del colector de alcantarillado
generado en épocas invernales pasadas, se observan
excavaciones y otras labores realizadas por trabajadores de la
empresa pertenecientes al Centro de Negocios de Alcantarillado
tendientes a la reparación del colector.

Revisado el sistema se observa que en orden de trabajo 200-
930483 cumplida en junio 04 a la manzana 31 Lote 10-4A, se
ejecutó verificación en compañía del señor […] con el fin de ejecutar
la reparación del colector de 24” en pvc que colapsó en el canal de
aguas lluvias en el sector de Palmeras; dicha labor no se ejecutó
debido a que existe un cerramiento en lamina de zinc que no hace
posible la reparación del colector, cabe resaltar que el día 02 de
junio de 2015 se había realizado la visita y los propietarios del
predio se habían comprometido a quitar la cerca por lo que el
personal del Centro de Negocios de alcantarillado se retira del sitio
hasta nueva orden.

Nuevamente el día de junio y con orden […] en el lote 10-4A de la
manzana 31 se realizó la construcción de un aliviadero mediante la
instalación de 6m de tubo de 16” pvc.

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Por otra parte, se informa que al día de hoy, en el sector
referenciado se continúa trabajando por parte del personal del
Centro de Negocios de Alcantarillado de la empresa, en el desarrollo
de los trabajos y actividades relacionados con la reparación del
colector de alcantarillado de 24”, que incluyen entre otras la
construcción de pozos de inspección que interconecten los tramos
de tuberías instaladas.

Así mismo se informa que respecto a esta área intervenida y donde
se encuentran las viviendas relacionadas por la funcionaria de la
Defensoría del Pueblo […] se encuentra clasificada como zona de
alto riesgo […]” (Destacado de la Sala).

-. Informe técnico de vertimiento de 11 de agosto de 2015,

elaborado por la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. en el sector

de la manzana 31, lote 10-9A del barrio palmeras del MUNICIPIO,

del cual se resalta lo siguiente:

“[…] 1. SITUACIÓN HISTÓRICA

Se realizó visita técnica el día 06 de abril del presente año, a la
manzana 31 lote 10-9A de Palmeras parte baja, el cual se observó
el colapso del tubo 24” Novaloc, que antiguamente descargaba 60
metros mas adelante aguas abajo en el mismo sector denominado
“La Cañada”, esto debido a un colapso que se presentó en el
año 2010 en época de invierno, llevándose el colector de 24” que
llegaba hasta el puente que comunica los Barrios Belisario y
Palmeras Parte Baja. La descarga está incluida dentro del PSMV y se
paga Tasa Retributiva a CORPONOR.

En el año 2009 se realizó reposición de pozo 17812 al 17813 en
tubería de 24” Novaloc, el cual la misma comunidad abrió la zanja,
en la cual se puede observar viviendas aledañas a donde se realizó
la reposición, actualmente el número de viviendas aumentó,
construyeron prácticamente encima del colecto 24”. Lo que dificulta
aún más la reposición y estabilización del talud.

2. SITUACIÓN ACTUAL

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Se inició reparación el día 14 de junio y culminó el 18 de junio del
año en curso, se instaló tubería de 20” PVC en una longitud de 23
metros, y se construyeron dos pozos de inspección dejando la red
funcionando normalmente. La descarga quedo donde anteriormente
estaba, ya que se requiere el inicio de labores de estabilización de
taludes y la recuperación del espacio público invadido por las
viviendas que cada día afectan el trazado diseñado para la ejecución
del colector.

3. CONCLUSIONES

La problemática que se presentaba ya fue solucionada y para
continuar con los trabajos de reposición se requiere labores en
conjunto con la Administración Municipal, quien debe estabilizar
taludes e iniciar actividades de recuperación de espacio público en el
sector […]”.

-. Informe técnico de 14 de marzo de 2016, elaborado por la

Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres – OGRD del

MUNICIPIO, del cual se transcribe lo siguiente:

“[…] DESCRIPCIÓN

Realizando la visita de inspección ocular al sitio de la referencia se
observó lo siguiente:

Se evidencia un drenaje de aguas combinadas algunas secciones se
encuentran revestido y otras en terreno natural. La comunidad
asentada en los barrios Siete de agosto, Palmeras parte alta y baja,
y Belisario ubicada en el área de influencia vierten las aguas
residuales al canal, generando un flujo permanente, y por la
conformación geomorfológica la escorrentía de las aguas lluvias en
época de precipitaciones aumentan el volumen y la intervención
antrópica como el vertimiento de escombros y basuras obstruyen su
cauce generando constantes cambios de rumbo, esto hace que
aumente su dinámica viéndose reflejada en la socavación critica en
las márgenes del canal dejando en evidencia la afectación muy
notoria del PUENTE que separa los barrios Palmeras parte baja y
Belisario.

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El caudal de las aguas residuales es considerable observando un
continuo flujo sobre el canal debido a la ausencia de la red de
alcantarillado en parte de las viviendas del sector.

Se observa el depositó de material de escombros sobre el canal en
algunos tramos, lo que origina el desvío del flujo de aguas y la
posterior socavación en las márgenes del mismo.

Se genera un impacto ambiental negativo causado por el caudal
constante de aguas residuales sobre el canal, presentándose
emanación de olores desagradables percibido por los habitantes del
sector, aunado a la proliferación de insectos o zancudos que
compone una gran amenaza sanitaria.

Se detalló la afectación estructural de algunas viviendas por
encontrarse en ronda del drena o zona de protección, producto de la
socavación de las márgenes del mismo.

Los estribos ubicados en la margen lateral derecha (aguas arriba)
colapsó quedando los terraplenes expuestos a presentar socavación
comprometiendo los apoyos del puente de la misma manera en la
margen lateral izquierda los terraplenes colapsaron quedando
expuesto los apoyos aguas abajo.

Las losas del canal ubicadas debajo del puente se encuentran
socavadas quedando en amenaza las pilas del puente.

La luz del puente se hace corta, evidenciándose que en épocas de
precipitaciones muy altas se hace un cuello de botella represando el
flujo y por los efectos de la turbulencia ha generado socavación
severa aguas arriba quedando en amenaza el puente.

Aguas abajo se evidencia la socavación muy severa de las dos
márgenes quedando en amenaza las viviendas ubicadas en la
manzana del barrio Belisario que colinda con el drenaje.

[…]

CONCLUSIONES

1. El constante lujo y gran caudal del drenaje natural en el sector
obedece a la ausencia del sistema de alcantarillado lo que origina el
vertimiento puntual de las viviendas a lo largo del mismo.

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2. La disposición del material de relleno sobre el drenaje de algunos
sitios es causante del desvió en la dirección del flujo y la socavación
en las márgenes.

3. La afectación estructural de algunas viviendas es producto de
encontrarse en zona de protección o ronda del drenaje ya que en
épocas de lluvia el caudal sobre el mismo aumenta y conlleva al
deterioro o socavación del terreno sobre el cual están cimentadas.

4. El impacto ambiental que se origina sobre el sector es negativo
ya que el constante flujo de aguas residuales emite olores
desagradables y da cabida a la proliferación de insectos como
zancudos los cuales generan amenaza sanitaria.

5. El estado de la estructura del puente es crítica, los estribos
laterales izquierdos aguas arriba y abajo colapsaron quedando
expuestos los terraplenes y los apoyos del mismo.

RECOMENDACIONES

De conformidad con la información recopilada en campo y observada
in situ, la patología que presenta el puente, el problema hidro –
geotécnico y la ZONA DE RIESGO MUY ALTO POR INUNDACIÓN,
EROSIÓN Y DESLIZAMIENTOS existente en el sector; la Oficina de
Gestión de Riesgos y Desastres a fin de evitar una emergencia y de
conformidad con la variabilidad climática donde se pueden presentar
precipitaciones finalizando el primer semestre y durante el segundo
del año en curso. Se sugiere realizar las recomendaciones en el
menor tiempo posible.

1. Realizar en el menor tiempo las obras de protección de los
terraplenes y apoyos del puente, con el objeto de minimizar el
impacto a un posible colapso.

2. Se sugiere el estudio, diseño y construcción del sistema de
alcantarillado sobre el sector que vierte contantemente las aguas
residuales sobre el canal de la cañada.

3. Realizar los estudios, diseños y obras de canalización del drena y
las obras complementarias de reducción de la proliferación de malos
olores.

4. Se sugiere realizar estudios geotécnicos y diseños de obras de
reducción de la amenaza existente sobre las márgenes del drenaje

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natural para evitar la socavación del terreno y dar la estabilidad de
los taludes.

5. Realizar los censos de las familias asentadas en las zonas de
amenaza alta por inundación y remoción en masa, en el área objeto
de estudio.

6. Prohibir la disposición de cualquier tipo de material sin ningún
control técnico sobre las márgenes del canal para evitar el desvió
(sic) del flujo que conlleve a la socavación y deterioro del terreno.

7. Fijar los parámetros técnicos, urbanísticos, paisajísticos y
ambientales para definir las zonas de protección del drenaje y
cumplir con las políticas claras que sobre ronda no se pueden
desarrollar procesos constructivos de vivienda.

8. Remitir copia a los diferentes actores de conformidad con las
funciones institucionales […]”.

Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que si bien el daño sufrido

por el tubo colector en el barrio Palmeras, Parte Alta, del

MUNICIPIO, fue causado en época invernal, lo cierto es que no

existe prueba que acredite la relación directa de esta circunstancia

con el fenómeno de la niña, ni con las consecuencias producidas por

ese episodio climático, razón por la que no le es exigible al FONDO

la mitigación de la prolongación de sus efectos, comoquiera que sus

funciones y objetivos se limitan a la atención de las fases de la

emergencia relacionadas con la prevención y reconstrucción de

sucesos originados en dicho fenómeno, mas no por las causas o las

circunstancias que dieron lugar a la afectación aquí ventilada.

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En ese orden, a juicio de la Sala, al FONDO no le corresponde

asumir la realización de estudios geotécnicos y de diseños, y con

fundamento en ello, efectuar labores de ejecución de obra respecto

a la continuidad y terminación del canal de aguas lluvias en el

sector de la Manzana 31 Lotes No. 10 – No. A No. 10 B No. A del

Barrio Palmeras, parte alta, puesto que, se insiste, no es

responsable del manejo dado a tal problemática.

Ahora, la Sala considera necesario señalar que si bien el FONDO

celebró los convenios interadministrativos núm. 033 y 146 de 2013,

con el MUNICIPIO y CORPONOR, respectivamente, lo cierto es

que en ninguno de los dos se incluyó el sector objeto de la presente

acción, motivo por el que no le es dable al juez popular presumir

que por esta circunstancia la entidad es responsable de la

vulneración de los derechos colectivos en el presente caso, pues se

trata de hechos y circunstancias diferentes las que motivaron la

suscripción de los mencionados convenios.

De allí que no le sea imputable a la entidad la omisión en el

cumplimiento de sus obligaciones, puesto que no se encuentran

fundamentos para endilgarle jurídicamente la vulneración de los

derechos colectivos que resultaron amparados en primera instancia.

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En consecuencia, se modificará el ordinal tercero de la sentencia de

primera instancia, en el sentido de excluir al FONDO.

De la solicitud de reubicación de las viviendas localizadas en

el área de retiro del canal

La empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. asegura que es necesario

adicionar la sentencia apelada, en el sentido de ordenarle al

MUNICIPIO que además de la obra de continuidad y terminación

del canal de aguas lluvia recupere el espacio público invadido por

las viviendas construidas en el área de retiro del canal para de esa

forma relocalizar el colector averiado.

Para sustentar su posición, aportó el informe técnico de 29 de

diciembre de 2020, elaborado por Gestión de Riesgo de Desastres

del MUNICIPIO22, en el marco de una acción de tutela presentada

por algunos ciudadanos, del cual se resalta lo siguiente:

“[…] DESCRIPCIÓN

22 Dicho informe fue tenido como prueba en segunda instancia por el Despacho
sustanciador mediante auto de 23 de junio de 2023 y, en consecuencia, se corrió traslado
del mismo a las partes por el término de tres días, conforme consta en el índice 8 del
expediente digital obrante en SAMAI.

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Se realizó visita técnica por parte de la secretaría de gestión del
riesgo (SEMGERD) en el barrio Palmeras parte alta, con la finalidad
de evaluar el riesgo en que se encuentran las viviendas ubicadas en
el sector conocido como la frijolera por donde pasa la Quebrada La
Cañada, y en cuyos márgenes se presentan asentamientos humanos
invadiendo la línea de retiro reglamentaria […]

LOCALIZACIÓN

Los predios se localizan en el departamento de norte de Santander,
ciudad de san José de Cúcuta, barrio palmeras parte alta, con
coordenadas geográficas 7°54'15.0"N 72°31'46.1"W; sobre una vía
de acceso peatonal de pendiente baja, pavimentada en condiciones
regulares.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

La Quebrada la Cañada es un drenaje natural que recibe los
vertimientos de aguas residuales del sector sur de la ciudadela de
Juan Atalaya, no es un cuerpo naciente de agua sino un drenaje
superficial que por sus condiciones topográficas y sanitarias
recepcionan varios vertimientos puntuales que le aportan caudales
apreciables, permitiéndole su escurrimiento superficial hasta
convertirse en afluentes. Estas aguas son descargadas en la
Quebrada Tonchala, que desemboca en el rio Zulia.

Sobre esta zona se han venido presentando asentamientos
humanos, invadiendo la línea de retiro, de conformidad con el plan
de ordenamiento territorial estas áreas deben ser objeto de especial
protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente, para el
caso de las rondas hídricas, están reglamentadas por Decreto 2811
de 1974 y Ley 79 de 1986 (artículo 1 – literal b) Decreto 2245 del
29 de diciembre de 2017, Resolución No. 0957 del 31 de mayo de
2018, o la norma que o sustituya o modifique.

Sobre el margen derecho de la quebrada se encuentran asentadas
varias familias, quienes han construido sus viviendas de manera anti
técnica con materiales provisionales como madera y zinc, también
se observan algunas con material consolidado; La secretaria de
gestión del riesgo ha realizado el monitoreo del sector desde los
años 2009 y 2010 en que se materializó el fenómeno de la niña, ya
que representa un nivel de amenaza alta en temporada de lluvias.
Muchas de estas familias ya han sido reubicadas. A continuación, se
presenta el registro fotográfico y la caracterización de estas
viviendas.

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GEOLOGÍA

Las rocas que afloran en el sitio corresponden a rocas de la
formación León (Tol), rocas sedimentarias compuestas de
intercalaciones de arcillolitas y limonitas es la zona geológica de la
ciudad que presenta más problemas a nivel de estabilidad de las
construcciones, estas arcillas al experimentar cambios de humedad
originan cambios en el volumen y pasan de ser duras a muy
blandas. Sobre estas se encuentran algunas secuencias de la
formación (Qcr) Cantos Rubificados.

AFECTACIÓN PREDIAL

Se hizo un análisis de los predios que están sobre el área de
protección de la quebrada La Cañada, tomando un margen de 30 m,
se encontró superposición con 158 predios en el tramo analizado,
estos presentan distinto porcentaje de afectación […]”.

Dentro de las viviendas caracterizadas, ubicadas en la manzana 31

del barrio Palmeras parte alta, se encuentran las siguientes: i) Lote

10 – 6 A; ii) Lote 10-2 A, del que se indicó que estaba ubicado en la

margen derecha del canal, al borde del talud, y que presentaba alto

riesgo de colapsar por el grado de socavación del lugar en que está

ubicado; iii) Lote 10 – 9A; iv) Lote 10 – 4 A; v) Lote 10 – 1 – A – 1,

del que se informó que no contaba con sistema de alcantarillado, de

recolección, de transporte y disposición de aguas lluvia; y vi) Sin

nomenclatura, lote 10-1-A-1.

Adicionalmente, se puso de presente que conforme con lo

establecido en el Acuerdo núm. 022 de 19 de diciembre de 2019, el

sector presentaba alto riesgo por el fenómeno de remoción en masa

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y amenaza alta por inundación, que el suelo está catalogado como

de actividad residencial – ZR4 y que las viviendas caracterizadas

estaban ubicadas en suelo de protección.

Finalmente, el informe presentó las siguientes conclusiones:

“[…] Las mejoras se encuentran ubicadas dentro del perímetro
urbano del municipio de san José de Cúcuta, comuna 8, barrio
palmeras parte alta. El asentamiento humano en la cañada es un
desarrollo informal, no planificado, donde los residentes ubicaron
sus viviendas sin el trámite de licencias de urbanismo, construcción
y sin el cumplimiento del reglamento Colombiano de construcción
sismoresistente (NSR-10).

Las viviendas descritas en el cuerpo del informe se localizan dentro
de una “isla”, la cual esta bordeada por el drenaje la cañada y en la
parte posterior por un canal de concreto que recoge las aguas
residuales de la parte alta del barrio Palmeras.

La ladera que conduce a la parte donde están ubicadas las mejoras,
presentó en el año 2010-2011 una fuerte remoción del suelo,
generando deslizamientos, a la vez que dejo una afectación severa
del suelo generando cárcavas profundas que al paso del tiempo la
comunidad invadió, quedando expuesta a presentar una posible
tragedia. A la vez la quebrada la cañada se desbordó afectando a los
residentes dejándolos damnificados y afectados. Estos procesos de
inundaciones y deslizamientos en la zona son recurrentes en el
tiempo.

[…]

Las familias y los bienes (mejoras) se encuentran expuestos ante la
ocurrencia de una creciente de la quebrada la cañada, por cuanto se
encuentran dentro del área de inundación, con el análisis de la
matriz variable ante inundaciones, el nivel de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo de las viviendas es MUY ALTO […]”.

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Del referido informe se advierte que, como bien lo afirma la

empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P, en el barrio Palmeras parte

alta, se evidencian viviendas en la margen de la quebrada La

Cañada que afectan el área de retiro, cuya circunstancia pone en

riesgo a quienes allí habitan ante la posibilidad de que el afluente

se desborde.

No obstante, la Sala advierte que la presente acción popular no se

originó por la presencia de dichas viviendas en la zona de retiro de

la quebrada, lo cual apenas se enunció en la contestación de la

demanda por AGUAS KPITAL S.A. E.S.P y solo con el recurso de

apelación aportó el informe de 29 de diciembre de 2020 que

demostraba tal situación, razón por la que dicha circunstancia no

fue objeto de pronunciamiento por las partes del proceso ni por el

Tribunal en la sentencia apelada.

En consecuencia, la Sala no podrá dictar órdenes para conjurar

dicha situación, pues se escapa de la facultad que se tiene para

proferir fallos ultra y extra petita.

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Lo anterior, teniendo en cuenta que de acuerdo con la

jurisprudencia de esta Sección23, los fallos ultra y extra petita en

acciones populares están permitidos, siempre y cuando los

derechos protegidos se encuentren estrechamente relacionados con

el objeto y la causa petendi, asimismo, que durante el trámite del

proceso se hubiesen garantizado los derechos de defensa y

contradicción de la parte demandada sobre ese nuevo aspecto,

presupuestos que no se cumplieron en el presente caso.

Sin embargo, y en atención a que no se puede ignorar el riesgo en

que se encuentra la población que habita en la zona de ronda de la

quebrada La Cañada, la Sala instará al MUNICIPIO para que

valore las condiciones de riesgo de dichas personas, con el fin de

que adopte las medidas a que haya lugar para remediar esta

situación, tales como la reubicación, cuya medida, por demás, es de

su competencia.

Adicionalmente, es evidente que la empresa AGUAS KPITAL S.A.

E.S.P. tiene pleno conocimiento de la presencia de viviendas en la

zona de retiro de la quebrada La Cañada, tal y como lo puso de

23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia
de 1° de junio de 2020, consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés Rad. N.°
15001-23-33-000-2013-00354-02.

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presente en el recurso de apelación, razón por la que ha debido

adelantar las acciones necesarias para conjurar la situación, pues

se encuentra facultada para acudir a las autoridades de policía para

que procedan de conformidad24.

En consecuencia, se instará a la empresa prestadora del servicio

para que, en cumplimiento de los deberes que constitucional y

legalmente le corresponden, adelante las acciones necesarias para

remediar dicha situación y de esa forma disponga del espacio que

se requiere.

Por último, la Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada

omitió incluir como parte del Comité de Verificación al Magistrado

Ponente del fallo, a quien corresponde presidirlo, conforme lo

ordena el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de la

Sección37, razón por la que se modificará el numeral quinto de la

parte resolutiva del fallo apelado en tal sentido.

24Conforme lo ordenan los artículos 16 y 29 de la Ley 142 de 1994 y el 28 y 226 del
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y quinto de la parte

resolutiva de la sentencia de 1o. de septiembre de 2022, proferida

por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, los

cuales quedarán así:

“TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNESE al
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA y a la empresa AGUAS KPITAL
S.A. E.S.P., que en el marco de las competencias que constitucional,
legal y contractualmente les han sido asignadas, realicen los
estudios geotécnicos y de diseños necesarios, y con fundamento en
ellos, adelanten la obra que permita dar continuidad y terminación al
canal de aguas lluvias en el sector de la Manzana 31 Lotes No. 10 –
No. A No. 10 B No. A del Barrio Palmeras, parte alta.

ORDÉNESE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA
FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR, en su calidad de autoridad
ambiental y sancionatoria, que adelante las acciones necesarias que
permitan dar total cumplimiento a la orden de dar continuidad al
canal de aguas residuales y pluviales, así como la instalación del
alcantarillado por residuos sanitarios. Para efectos de dar
cumplimiento a lo anterior, se concede un término de un año (1) año
contado a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

[…]

QUINTO: CONFORMAR el Comité para la vigencia del cumplimiento
de la sentencia, acorde con lo establecido en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998, en el cual participarán, además del Magistrado
Ponente, quien lo presidirá, un representante de la Personería del
Municipio de San José de Cúcuta y de la Defensoría del Pueblo –
Seccional Norte de Santander, un representante del DEPARTAMENTO

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68

Número único de radicación: 54001-23-33-000-2016-01453-01
Actor: Defensoría del Pueblo – Regional Norte de Santander

NORTE DE SANTANDER, de CORPONOR, de la empresa AGUAS
KPITAL S.S. E.S.P y el señor Procurador Judicial para Asuntos
Administrativos Delegado ante el Tribunal […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 1o. de

septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de

Norte de Santander, por las razones expuestas en la parte motiva

de esta providencia.

TERCERO: INSTAR al MUNICIPIO DE CÚCUTA para que valore

las condiciones de riesgo en que se encuentran las personas

ubicadas en el área de ronda de la quebrada La Cañada, con el fin

de que adopte las medidas a que haya lugar para remediar esta

situación.

CUARTO: INSTAR a la empresa AGUAS KPITAL S.A. E.S.P. para

que, en cumplimiento de los deberes que constitucional y

legalmente le corresponden, adelante las acciones necesarias para

conjurar la situación de las viviendas localizadas en el área de

ronda de la quebrada La Cañada, y de esa forma disponga del

espacio que se requiere para el traslado del colector averiado.

QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

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Número único de radicación: 54001-23-33-000-2016-01453-01
Actor: Defensoría del Pueblo – Regional Norte de Santander

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 20 de febrero

de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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