Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-31-000-2010-00733-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-31-000-2010-00733-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-31-000-2010-00733-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 41001-23-31-000-2010-00733-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de junio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción Popular
Número único de radicación: 410012331000201000733-01
Actor: Vicente Tamayo Trujillo y otros1
Demandados: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
Superintendencia de Subsidio Familiar; Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda;
Servicio Geológico Colombiano (antes Instituto Colombiano de Geología y Minería
– INGEOMINAS); Caja de Compensación Familiar del Huila – COMFAMILIAR DEL
HUILA S.A.; Asociación de Vivienda Visión Futuro; Constructora Constru-Unidos
S.A.; el Municipio de Neiva - Alcaldía Municipal de Neiva - Departamento de
Planeación Municipal de Neiva - Secretaría de Vías e Infraestructura de Neiva -
Secretaría de Salud Municipal de Neiva; Curaduría Urbana Primera de Neiva;
Curaduría Urbana Segunda de Neiva, Oficina de Emergencias y Desastres de
Neiva; Departamento del Huila - Secretaría de Salud Departamental del Huila;
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.; Empresas Públicas de Neiva E.S.P.; y
Sociedad Alcanos del Huila S.A. E.S.P.
Tema: Derecho e interés colectivo a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, por
intermedio de apoderado judicial, contra la sentencia de 27 de febrero de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila2.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii)
consideraciones de la Sala; y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Milaide Moya, Reinaldo Perdomo, Carlos Alberto Puentes González, Dayana Alexandra Carrillo Flórez, Diana
Mercedes Moreno Tovar, Rubén Darío Polanco Villarreal, Nubia Dussán Quintero, Gladis Macías Roa, Mélida
Roa Pérez, Eduard Yate Hernández, Yineth Pérez Vera, Myriam Carvajal Leyva, Leidy Carolina Gutiérrez
Cortes, Gladys Rubiano Diaz, Esperanza Macias Zamora, Ricardo Macias Zamora y Adela Portilla Ramón, por
intermedio de apoderado judicial.
2 Cfr. Cuaderno físico número 15 folios 2888 a 2926.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Vicente Tamayo y otros, en adelante la parte actora, presentó3
demanda en ejercicio de la acción popular contra la Nación - Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial; la Superintendencia de Subsidio Familiar; el Fondo
Nacional de Vivienda – Fonvivienda; el Instituto Colombiano de Geología y Minería
– INGEOMINAS; la Caja de Compensación Familiar del Huila – COMFAMILIAR DEL
HUILA S.A.; la Asociación de Vivienda Visión Futuro; la Constructora Constru-
Unidos S.A.; el Municipio de Neiva - Alcaldía Municipal de Neiva; el Departamento
de Planeación Municipal de Neiva; la Secretaría de Vías e Infraestructura de Neiva;
la Curaduría Urbana Primera de Neiva; la Curaduría Urbana Segunda de Neiva, la
Oficina de Emergencias y Desastres de Neiva; la Secretaría de Salud Municipal de
Neiva; la Secretaría de Salud Departamental del Huila; la Electrificadora del Huila
S.A. E.S.P.; Empresas Públicas De Neiva E.S.P.; y la Sociedad Alcanos del Huila
S.A. E.S.P, con el objeto de lograr la protección de los derechos e intereses
colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; la moralidad administrativa;
el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
la defensa del patrimonio público; la seguridad y salubridad públicas; el acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; el derecho a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; y la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia a la calidad de
vida de los habitantes.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] AL MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO
TERRITORIAL REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU MINISTRO Y/O
QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO. - Que proceda en forma inmediata y perentoria, a determinar las
condiciones y características en que fueron aplicados los SUBSIDIOS
NACIONALES DE VIVIENDA FAMILIAR DE INTERÉS SOCIAL, requiriendo al
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA, Y A LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA – CONFAMILIAR DEL HUILA S.A., para
3 La demanda fue presentada el 25 de noviembre de 2010.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
que informen detalladamente, con pruebas y con actas de entrega, cómo se aplicó
cada subsidio de cada uno de mis representados, indicándose, qué tipo de
acompañamiento, vigilancia o interventoría existió para aplicar los mencionados
subsidios.
SEGUNDO. - Que proceda en forma inmediata, a requerir a la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE NEIVA, a la OFICINA DE VIVIENDA MUNICIPAL DE NEIVA, y a la
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA, para que informen y expliquen,
qué actuaciones, medidas y acciones han desarrollado para lograr la entrega de las
obras urbanísticas, de arte y finalización o la terminación del proyecto de vivienda
de interés social, denominado CIUDADELA EL COCLÍ DE NEIVA, indicándose cada
una de las actuaciones, para su correspondiente valoración y adopción de medidas
eficaces, por parte del alto organismo gubernamental.
TERCERO.- Que requieran a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA, la OFICINA DE
VIVIENDA MUNICIPAL DE NEIVA, y la OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE NEIVA, para que expliquen por qué se otorgan subsidios de vivienda de interés
social, sin existir un acompañamiento, seguimiento o interventoría, por parte de tales
entidades, desconociendo si su aplicación fue válida y con arreglo a la legislación
en' vigor, destacándose porqué (sic) a esta fecha, dicha comunidad NO EXISTE
COMO BARRIO O NO SE HA LEGALIZADO ESE GRUPO SOCIAL, configurándose
un acto discriminatorio de la administración, entre otros.
CUARTO.- Que proceda en forma inmediata y urgente, ha (sic) adoptar las medidas
pertinentes y eficaces, tendientes a lograr el cumplimiento de los requisitos y
posterior verificación de la eficaz, coherente y transparente aplicación de los
subsidios, exigiendo que las obras y las viviendas construidas en la ciudadela El]
Coclí, se realicen, se culminen y se mejoren, acogiéndose a la normatividad sismo
resistente y de alta calidad, apta para la vivienda de personas, en condiciones
dignas y de respeto por su seguridad, tranquilidad y dignidad humana.
QUINTO. - Que proceda en forma inmediata, a proferir las sanciones a que haya
lugar, a todas y cada una de las entidades involucradas, a fin de que se eviten, hacia
el futuro, estas situaciones que afectan no solo la vida de un colectivo social, sino
de los DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, que afectan la tranquilidad y la
seguridad jurídica de los actos de la administración.
AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA REPRESENTADA
LEGALMENTE POR SU DIRECTOR NACIONAL Y/O QUIEN HAGA SUS
VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a verificar características
en que fueron aplicados los SUBSIDIOS NACIONALES DE VIVIENDA FAMILIAR
DE INTERÉS SOCIAL, requiriendo A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
DEL HUILA - COMFAMILIAR DEL HUILA S.A., para que explique detalladamente,
con pruebas y CON ACTAS DE ENTREGA, cómo se aplicó cada subsidio
correspondiente a cada uno de mis representados, indicándose, qué tipo de
acompañamiento, vigilancia o interventoría existió, para su verificación y posterior
aplicación o desembolso de los mencionados subsidios.
SEGUNDO. - Que proceda en forma inmediata, a requerir a la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE NEIVA, a la OFICINA DE VIVIENDA MUNICIPAL DE NEIVA, y a la
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA, para que informen y expliquen,
qué actuaciones, medidas y acciones han desarrollado para lograr la entrega de las
obras urbanísticas, de arte y finalización o la terminación del proyecto de vivienda
de interés social, denominado CIUDADELA EL COCLÍ DE NEIVA.
TERCERO. - Que requieran a la ALCALDIA MUNICIPAL DE NEIVA, la OFICINA DE
VIVIENDA MUNICIPAL DE NEIVA, y la OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL
DE NEIVA, para que expliquen por qué se aplicaron los subsidios de vivienda de .
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
interés social, objeto de acción popular, sin haber un acompañamiento, seguimiento
o interventoría, por parte de tales entidades, desconociendo si su aplicación fue
válida y con arreglo a la legislación en vigor, destacándose (sic) porqué a esta fecha,
dicha comunidad NO EXISTE COMO BARRIO O NO SE HA LEGALIZADO ESE
GRUPO SOCIAL, configurándose un acto discriminatorio de la administración
municipal, entre otros.
CUARTO.- Que proceda en forma inmediata y urgente, a requerir a la EMPRESA
GEOTECNICOS LTDA., para que expliquen si efectivamente ellos realizaron el -
estudio de suelos de la ciudadela El Coclí, determinen su validez, y que esta anexa
en esta acción popular; y si esa empresa asumió su responsabilidad en todas y cada
una de las fallas geológicas y de inconsistencias de suelos, su nivel freático del agua
muy alto, presentadas integralmente en dicha Ciudadela El Coclí, y que en la
actualidad están afectando tanto la vida de sus habitantes, como a todas y cada una
de las construcciones y viviendas que allí construyeron - pisos, paredes, muros y
tapias.
QUINTO.- Que proceda en forma inmediata y urgente, a requerir a la ASOCIACIÓN
DE VIVIENDA VISIÓN FUTURO y a LA CONSTRUCTORA CONSTRU UNIDOS,
para que brinden explicación y precisión de los estudios que realizaron para la
construcción de las viviendas, anexen los planos presentados ante las
CURADURÍAS URBANAS DE NEIVA 1 Y 2, y al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA, determinándose,
porqué a la fecha no se han hecho la entrega total de las obras de la ciudadela El
Coclí, cuando han trascurrido más de dos (2) años y no se han hecho la entrega
definitiva de tales obras.
SEXTO. - Que explique al Honorable Magistrado, por qué se otorgan subsidios de
vivienda de interés social, sin existir una verificación objetiva de las obras y la
culminación de las mismas.
SÉPTIMO. - Que proceda en forma inmediata y urgente, ha adoptar las sanciones a
que haya lugar, a todas y cada una de las entidades involucradas, a fin de que se
eviten, hacia el futuro, estas situaciones que afectan no solo la vida de un colectivo
social, sino de los DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS, que afectan la
tranquilidad y la seguridad jurídica de los actos de la administración.
A LA SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR SU SUPERINTENDENTE Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a realizar una vigilancia
y auditoría al FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA, y a la CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR DEL HUILA S.A. para
que verifiquen cuál fue el procedimiento adoptado por estas entidades, para la
aplicación de los subsidios, y revisen toda la documentación pertinente acerca de
los' subsidios de la Ciudadela El Coclí, resaltándose la necesidad de verificar las
ACTAS DE ENTREGA, y la manera cómo se aplicó cada subsidio correspondiente
a cada uno de mis representados, indicándose, qué tipo de acompañamiento,
vigilancia o interventoría existió, para su verificación y posterior aplicación o
desembolso de los mencionados subsidios.
SEGUNDO. - Que proceda en forma inmediata, ha adoptar las investigaciones
administrativas y disciplinarias, en contra de las autoridades, entidades que tiene,
relación con el presente tema de los subsidios, específicamente, aquellos
entregados y aplicados a favor de las familias que habitan la ciudadela El Coclí.
AL INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA
"INGEOMINAS" REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU DIRECTOR
NACIONAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a practicar visita técnica
y de ingeniería, a los predios de la ciudadela El Coclí, a fin de que realicen un estudio
de suelos y consistencia de los mismos, se constate el nivel freático del agua, y las
presuntas fallas geológicas que se puedan advertir en dicha zona, por la presencia
de la quebrada El Coclí, la laguna y los dos (2) nacederos, que en otras épocas
estaban ubicadas en dicho sector, pero que en forma inexplicable, en el ACTUAL
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, desaparecieron, pero que la zona vive
en constante humedad y con gran incidencia hacia las inundaciones en época de
lluvias.
SEGUNDO.- Que proceda en forma inmediata, a intervenir y requerir a la EMPRESA
GEOTECNICOS LTDA., para que expliquen si efectivamente ellos realizaron el ,
estudio de suelos de la ciudadela El Coclí, determinen su validez, y que está anexa
en esta acción popular; y si esa empresa asumió su responsabilidad en todas y cada
una de las fallas geológicas y de inconsistencias de suelos, su nivel freático del agua
muy alto, presentadas integralmente en dicha Ciudadela El Coclí, y que en la
actualidad están afectando tanto la vida de sus habitantes, como a todas y cada una
de las construcciones y viviendas que allí construyeron - pisos, paredes, muros y
tapias.
TERCERO. - Que realicen un análisis técnico a los presuntos estudios que aportó
la empresa GEOTÉCNICOS LTDA., para que verifiquen las fallas y las posibles
obras que deban realizarse para mitigar los graves riesgos y se eviten desastres que
hacia el futuro se puedan preveer y evitar.
A LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA “COMFALILIAR DEL
HUILA S.A.” REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU DIRECTOR Y/O QUIEN
HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a informar
detalladamente el procedimiento adoptado para la aplicación de los subsidios de la
Ciudadela El Coclí de Neiva, y a su vez, para que explique pormenorizadamente,
con pruebas y CON ACTAS DE ENTREGA, cómo se desembolsó cada subsidio
correspondiente a cada uno de mis representados, indicándose, qué tipo de
acompañamiento, vigilancia o interventoría existió, para su verificación y posterior
aplicación o desembolso de los mencionados subsidios.
SEGUNDO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a informar
detalladamente el procedimiento adoptado para la aplicación o desembolso de los
subsidios de los señora ESPERANZA MACÍAS ZAMORA y el señor RICARDO
MACIAS ZAMORA, y a su vez, para que explique pormenorizadamente, con
pruebas y CON ACTAS DE ENTREGA, cómo se desembolsó cada subsidio aquí
indicado particularmente, explicándose, qué tipo de interventoría existió, para su
verificación y posterior desembolso de los mencionados subsidios.
TERCERO. - Que proceda en forma inmediata, a requerir a la ALCALDÍA
MUNICIPAL DE NEIVA, a la OFICINA DE VIVIENDA MUNICIPAL DE NEIVA, y a la
OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA, para que informen y expliquen,
qué actuaciones, medidas y acciones han desarrollado para lograr la entrega de las
obras urbanísticas, de arte y finalización o la terminación del proyecto de vivienda
de interés social, denominado CIUDADELA EL COCLÍ DE NEIVA.
CUARTO.- Que requieran a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA, la OFICINA DE
VIVIENDA MUNICIPAL DE NEIVA, y la OFICINA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DE NEIVA, para que expliquen por qué se aplicaron los subsidios de vivienda de
interés social, objeto de acción popular, sin haber un acompañamiento, seguimiento
o interventoría, por parte de tales entidades, desconociendo si su aplicación fue
válida y con arreglo a la legislación en vigor, destacándose (sic) porqué a esta fecha,
dicha comunidad NO EXISTE COMO BARRIO O NO SE HA LEGALIZADO ESE
GRUPO SOCIAL, configurándose un acto discriminatorio de la administración
municipal, entre otros.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
QUINTO.- Que proceda en forma inmediata y urgente, a requerir a la EMPRESA
GEOTÉCNICOS LTDA., para que expliquen (sic) asumen su responsabilidad en
todas y cada una de las fallas geológicas y de inconsistencias de suelos, su nivel
freático del agua muy alto, presentadas integralmente en la Ciudadela El Coclí, y
que en la actualidad están afectando tanto la vida de sus habitantes, como a todas
y cada una de las construcciones y viviendas que allí construyeron - pisos, techos,
paredes, muros y tapias.
SEXTO.- Que proceda en forma inmediata y urgente, a requerir a la ASOCIACIÓN
DE VIVIENDA VISIÓN FUTURO y a LA CONSTRUCTORA CONSTRU UNIDOS,
para que brinden explicación y precisión de los estudios que realizaron para la
construcción de las viviendas, anexen los planos presentados ante las
CURAUDRÍAS URBANAS DE NEIVA 1 Y 2, y al DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA, determinándose,
(sic) porqué a la fecha no se han hecho la entrega total de las obras de la ciudadela
El Coclí, cuando han transcurrido más de dos (2) años y no se han hecho la entrega
definitiva de tales obras.
SEXTO. - Que explique al Honorable Magistrado, por qué se otorgan subsidios de
vivienda de interés social, sin existir una verificación objetiva de las obras y la
culminación de las mismas.
A LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VISIÓN FUTURO - NIT.
900026243- 0 REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU
GERENTE Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a explicar al Honorable
Magistrado, qué procedimiento aplicó para lograr el desembolso de los subsidios
nacionales, y que corresponden a la Ciudadela El Coclí de Neiva, y a su vez,
explique pormenorizadamente, con pruebas y CON ACTAS DE ENTREGA, cómo
comprobó si hubo o no terminación de las obras del proyecto Ciudadela El Coclí, y
que trámite utilizó para el desembolso cada subsidio correspondiente a cada uno de
mis representados.
SEGUNDO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a explicar porqué NO
HUBO INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS Y DEL PROYECTO INTEGRALMENTE,
que determinara la calidad, cantidad, especificaciones técnicas del proyecto, y que
advirtiera las fallas geológicas que se están presentando, incluyendo, explicación
acerca del nivel freático del agua y de otras fallas que adolece este sector de la
ciudad.
TERCERO.- Que explique detalladamente, el procedimiento adoptado para la
aplicación o desembolso de los subsidios de los señores ESPERANZA MACÍAS
ZAMORA y el señor RICARDO MACÍAS ZAMORA, si ya COMFAMILIAR DEL
HUILA, les desembolsó el subsidio nacional de estas personas, y qué procedimiento
adoptaron para lograr dicha presunta aplicación del mismo, cuando a la fecha, LAS
CASAS NO ESTÁN CONSTRUIDAS Y EN OBRA NEGRA, Sin conexiones, ni
acometidas internas, ni red de acueducto ni alcantarillado, ni paredes, ni techos, ni
pisos, y en fin, explicar (sic) porqué tienen escrituras de unas viviendas que no
existen y se encuentran (sic) inscrita en la oficina de registro de instrumentos
públicos.
CUARTO. - Que procesa en forma inmediata, a explicar qué procedimiento
adoptaron para el desembolso del subsidio municipal, otorgado por la Alcaldía
Municipal de Neiva, y que se refiere a la Resolución No. 0021 del 2 DE DICIEMBRE
DE 2008, y por qué lo utilizaron en obras de infraestructura y no para el
mejoramiento interno de cada vivienda, cumpliendo así con el espíritu y alcance del
mencionado subsidio municipal.
QUINTO.- Que procedan en forma inmediata a explicar, si hubo estudios de suelos
en la Ciudadela El Coclí, y qué sustento de ingeniería y de estudios tuvieron en
cuenta para proceder a la construcción de las obras de cada una de las viviendas,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
cuando en la ciudadela existe mucha influencia de aguas, y (sic) porqué existen
tantas fallas en la red de acueducto y alcantarillado, rebosamiento de tuberías y
acometidas internas, (sic) porqué se expelen malos olores a los interiores de cada
vivienda, (sic) porqué a la fecha están las obras sin entregar ante la Alcaldía
Municipal de Neiva, (sic) porqué no se han entregado las zonas verdes, las zonas
de recreación activa como pasiva, (sic) porqué no se han entregado las obras de
arte en la ciudadela, (sic) porqué no están terminadas las obras, cuando llevan más
de dos (2) años en que se entregaron los subsidios y a la fecha el proyecto está sin
terminar y con muchas fallas geológicas.
SEXTO.- Expliquen categóricamente porqué dicha comunidad NO EXISTE COMO
BARRIO O NO SE HA LEGALIZADO ESE GRUPO SOCIAL, ante la Alcaldía
Municipal de Neiva, y las oficinas de planeación Municipal de Neiva, configurándose
un acto discriminatorio, objeto de investigación, por parte de las autoridades.
SEPTIMO. - Que proceda en forma inmediata y urgente, a requerir a la EMPRESA
GEOTECNICOS ETDA, para que expliquen su responsabilidad en todas y cada una
de las fallas geológicas y de inconsistencias de suelos, su nivel freático del agua
muy alto, presentadas integralmente en la Ciudadela El Coclí, y que en la actualidad
están afectando tanto la vida de sus habitantes, como a todas y cada una de las
construcciones y viviendas que allí construyeron - pisos, techos, paredes, muros y
tapias.
OCTAVO.- Que proceda en forma inmediata y urgente, a requerir a LA
CONSTRUCTORA CONSTRU UNIDOS, para que brinden explicación y precisión
de los estudios que realizaron para la construcción de las viviendas, anexen los
planos presentados ante las CURADURÍAS URBANAS DE NEIVA 1 Y 2, y al
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE NEIVA,
determinándose, porqué a la fecha no se han hecho la entrega total de las obras de
la ciudadela El Coclí, cuando han trascurrido más de dos (2) años y no se han hecho
la entrega definitiva de tales obras.
NOVENO. - Que explique al Honorable Magistrado, por qué cobran los subsidios de
vivienda de interés social, sin existir una interventoría o verificación objetiva de las
obras y la culminación de las mismas.
NOVENO. - expliquen por qué no constituyeron pólizas de garantía y cumplimiento,
para la construcción de las obras en la Ciudadela El Coclí, y porqué cobran subsidios
nacionales de vivienda de interés social, sin existir las garantías legales contenidas
en las leyes vigentes sobre subsidios de vivienda de interés social.
A LA CONSTRUCTORA CONSTRU UNIDOS S.A. - NIT.
900.096.667- 9 REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU
GERENTE Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO. - Que proceda en forma inmediata y perentoria, a explicar al Honorable
Magistrado, qué procedimiento aplicó para lograr el desembolso de los subsidios
nacionales, y que corresponde a la Ciudadela El Coclí de Neiva, y a su vez, explique
pormenorizadamente, con pruebas y CON ACTAS DE ENTREGA, cómo comprobó
si efectivamente hubo terminación de las obras del proyecto Ciudadela El Coclí, y
qué trámite utilizó para el desembolso cada subsidio correspondiente a cada uno de
mis representados.
SEGUNDO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a explicar (sic) porqué
NO HUBO INTERVENTORÍA DE LAS OBRAS Y DEL PROYECTO
INTEGRALMENTE, que determinara la calidad, cantidad, especificaciones técnicas
del proyecto, y que advirtiera las fallas geológicas que se están presentando,
incluyendo, explicación acerca del nivel freático del agua y de otras fallas que
adolece este sector de la ciudad.
TERCERO.- Que explique detalladamente, el procedimiento adoptado para la
aplicación o desembolso de los subsidios de los señores ESPERANZA MACÍAS
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
ZAMORA y el señor RICARDO MACÍAS ZAMORA, si ya COMFAMILIAR DEL
HUILA, les desembolsó el subsidio nacional de estas personas, y qué procedimiento
adoptaron para lograr dicha presunta aplicación del mismo, cuando a la fecha, LAS
CASAS NO ESTÁN CONSTRUIDAS Y EN OBRA NEGRA, sil conexiones, ni
acometidas internas, ni red de acueducto ni alcantarillado, ni paredes, ni techos, ni
pisos, y en fin, explicar porqué tienen escrituras de unas viviendas que no existen y
se encuentran inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos.
CUARTO. - Que proceda en forma inmediata, a explicar qué procedimiento
adoptaron para el desembolso del subsidio municipal, otorgado por la Alcaldía
Municipal de Neiva, y que refiere a la Resolución No. 0021, y por qué lo utilizaron
en obras de infraestructura y no para el mejoramiento interno de cada vivienda,
cumpliendo así con el espíritu y alcance del mencionado subsidio municipal.
QUINTO.- Que procedan en forma inmediata a explicar, si hubo estudios de suelos
en la Ciudadela El Coclí, y qué sustento de ingeniería y de estudios tuvieron en
cuenta para proceder a la construcción de las obras de cada una de las viviendas,
cuando en la ciudadela existe mucha influencia de aguas, y (sic) porqué existen
tantas fallas en la red de acueducto y alcantarillado, rebosamiento de tuberías y
acometidas internas, (sic) porqué se expelen malos olores a los interiores de cada
vivienda, porqué a la fecha están las obras sin entregar ante la Alcaldía Municipal
de Neiva, (sic) porqué no se han entregado las zonas verdes, las zonas de
recreación activa como pasiva, (sic) porqué no se han entregado las obras de arte
en la ciudadela, (sic) porqué no están terminadas las obras, cuando llevan más de
dos (2) años en que se entregaron los subsidios y a la fecha el proyecto está sin
terminar y con muchas fallas geológicas.
SEXTO.- Expliquen categóricamente (sic) porqué dicha comunidad NO EXISTE
COMO BARRIO O NO SE HA LEGALIZADO ESE GRUPO SOCIAL, ante la Alcaldía
Municipal de Neiva, y las oficinas de Planeación Municipal de Neiva, configurándose
un acto discriminatorio, objeto de investigación, por parte de las autoridades.
SÉPTIMO.- Que proceda en forma inmediata y urgente, a requerir a la EMPRESA
GEOTÉCNICOS LTDA., para que expliquen su responsabilidad en todas y cada una
de las fallas geológicas y de inconsistencias de suelos, su nivel freático del agua
muy alto, presentadas integralmente en la Ciudadela El Coclí, y que en la actualidad
están afectando tanto la vida de sus habitantes, como a todas y cada una de las
construcciones y viviendas que allí construyeron - pisos, techos, paredes, muros y
tapias.
OCTAVO.- Que explique al Honorable Magistrado, por qué cobran los subsidios de
vivienda de interés social, sin existir una interventoría o verificación objetiva de las
obras y la culminación de las mismas.
NOVENO.- expliquen por qué no constituyeron pólizas de garantía y cumplimiento,
para la construcción de las obras en la Ciudadela El Coclí, y porqué cobran subsidios
nacionales de vivienda de interés social, sin existir las garantías legales contenidas
en las leyes vigentes sobre subsidios de vivienda de interés social.
A LA EMPRESA GEOTÉCNICOS LTDA. REPRESENTADA LEGALMENTE POR
SU GERENTE Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a explicar al Honorable
Magistrado, si el estudio anexo a la presenta acción popular es de su autoría, y en
caso afirmativo, expliquen por qué no advirtieron en tales presuntos estudios, las
evidentes fallas geológicas en dicho sector.
SEGUNDO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a explicar si hubo
contrato para el estudio de suelos anexo en esta demanda de acción popular,
determinando, qué clase de contrato hubo, con quién se contrató el estudio, el valor
del contrato, y los resultados detallados junto con los planos definidos por la
empresa GEOTECNICOS, para la construcción de las viviendas y de las obras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
TERCERO.- Que explique detalladamente, qué estudios fueron presentados ante
las CURADURÍAS URBANAS 1 Y 2 DE NEIVA, para el otorgamiento de los permisos
o licencias de construcción y urbanismos, que permitieran la construcción de la
Ciudadela El Coclí.
CUARTO.- Que proceda en forma inmediata, a explicar si hubo no interventoría en
todo el proyecto de vivienda de interés social, Ciudadela El Coclí, y en caso
afirmativo, en que consistió, qué tipo de calificación y verificación hubo de las obras
allí construidas.
A LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA REPRESENTADA LEGALMENTE POR
SU ALCALDE Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a informar
detalladamente qué controles ejercen sobre las cajas de compensación familiar
ubicadas en Neiva, para el otorgamiento de subsidios de vivienda de interés social,
y cómo el Municipio participa (sic) en interviene en estos proyectos, como también,
qué tipo de vigilancia e interventoría ejerce sobre las mismas.
SEGUNDO.- Que explique si ha requerido a COMFAMILIAR DEL HUILA, acerca del
trámite asumido en la ciudadela el Coclí, para la entrega y desembolso de los
subsidios nacionales.
TERCERO.- Que explique si hubo interventoría por parte del Municipio de Neiva, en
el desarrollo del proyecto ciudadela el Coclí, y en caso afirmativo, qué tipo de
interventoría hubo y en qué consistió el mismo.
CUARTO.- Que expliquen por qué la comunidad de la ciudadela el Coclí, NO
EXISTE COMO BARRIO O NO SE HA LEGALIZADO ESE GRUPO SOCIAL,
configurándose un acto discriminatorio de la administración municipal, entre otros.
AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE NEIVA REPRESENTADA LEGALMENTE POR
SU JEFE Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a informar
detalladamente qué controles ejercen sobre las constructoras y asociaciones de
vivienda, para el otorgamiento de subsidios de vivienda de interés social, para la
construcción de planes de viviendas de interés social, y cómo el Municipio y/o dicha
oficina, participa (sic) en interviene en estos proyectos, como también, qué tipo de
vigilancia e interventoría ejercen sobre las mismas.
SEGUNDO. - Que explique si ha requerido a COMFAMILIAR DEL HUILA, A LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VISIÓN FUTURO, A LA CONSTRUCTORA
CONSTRU UNIDOS S.A., acerca de los estudios de suelos, especificaciones
técnicas, planos, y en general todo el trámite asumido por tales entidades, para la
construcción de la ciudadela el Coclí, y si hubo acompañamiento por parte de
planeación municipal en el desarrollo del proyecto, como también, si hubo entrega
del proyecto, de conformidad con la Ley, para el desembolso de los subsidios
nacionales.
TERCERO.- Que explique categóricamente, si hubo interventoría por parte de
Planeación Municipal de Neiva, en el desarrollo del proyecto ciudadela el Coclí, y en
caso afirmativo, que tipo de interventoría hubo y en qué consistió el mismo.
CUARTO.- Que expliquen por qué la comunidad de la ciudadela el Coclí, NO
EXISTE COMO BARRIO O NO SE HA LEGALIZADO ESE GRUPO SOCIAL,
configurándose un acto discriminatorio de la administración municipal, entre otros.
A LA SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA DEL
MUNICIPIO DE NEIVA REPRESENTADA LEGALMENTE POR
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
SU SECRETARIO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO. - Que proceda en forma inmediata y perentoria, a informar
detalladamente qué controles ejercen sobre las constructoras y asociaciones de
vivienda, para la construcción de las vías en planes de viviendas de interés social,
y cómo el Municipio y/o dicha oficina, participa (sic) en interviene en estos proyectos,
como también, qué tipo de vigilancia e interventoría ejercen sobre las mismas.
SEGUNDO.- Que explique si ha requerido a COMFAMILIAR DEL HUILA, A LA
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VISIÓN FUTURO, A LA CONSTRUCTORA
CONSTRU UNIDOS S.A., acerca de los estudios de suelos, especificaciones
técnicas, planos, y en general todo el trámite asumido por tales entidades, para la
construcción de las vías de la ciudadela el Coclí, y si hubo acompañamiento por
parte de dicha Secretaría Municipal en el desarrollo del proyecto, como también, si
hubo entrega del proyecto - en sus vías de acceso e internamente, de conformidad
con la Ley, para el desembolso de los subsidios nacionales.
TERCERO.- Que explique categóricamente, (sic) porqué la ciudadela el Coclí tiene
todas sus vías en muy mal estado, y a su vez, explique si hubo interventoría por
parte de la secretaría de vías del municipio de Neiva, en el desarrollo del proyecto
ciudadela el Coclí, y en caso afirmativo, qué tipo de interventoría hubo y en qué
consistió el mismo.
CUARTO.- Que expliquen por qué la comunidad de la ciudadela el Coclí, NO HA
HECHO ENTREGA DE LAS VÍAS PÚBLICAS, de conformidad con la Ley, y
específicamente, en los planes de vivienda de interés social.
A LA CURADURÍA URBANA PRIMERA DE NEIVA, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR SU DIRECTOR Y/0 QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a explicar si para la
construcción de la ciudadela el Coclí, hubo cumplimiento y satisfacción de todos y
cada uno de los requisitos para el otorgamiento de las licencias de urbanismo y
construcción de Neiva.
SEGUNDO.- Que explique si para el otorgamiento de las licencias de urbanismo y
construcción de la ciudadela el Coclí, hubo estudios de suelos, autorización de
planos por parte de Planeación Municipal de Neiva, debidamente realizado por
alguna firma, y en caso afirmativo, qué pruebas o documentos existen acerca de
dichos estudios y planos respectivos.
TERCERO.- Que explique categóricamente, si existe algún procedimiento o
verificación por parte de dicha curaduría, para la expedición de la licencia y posterior,
desarrollo del proyecto habitacional, como es la ciudadela el Coclí; y en caso
afirmativo, expliqué qué tipo de verificación realizó dicha curaduría para comprobar
dicho proyecto.
A LA CURADURÍA URBANA SEGUNDA DE NEIVA, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR SU DIRECTOR Y/O
QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a explicar si para la
construcción de la ciudadela el Coclí, hubo cumplimiento y satisfacción de todos y
cada uno de los requisitos para el otorgamiento de las licencias de urbanismo y
construcción de Neiva.
SEGUNDO.- Que explique si para el otorgamiento de las licencias de urbanismo y
construcción de la ciudadela el Coclí, hubo estudios de suelos, autorización de
planos por parte de Planeación Municipal de Neiva, debidamente realizado por
alguna firma, y en caso afirmativo, qué pruebas o documentos existen acerca de
dichos estudios y planos respectivos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
TERCERO.- Que explique categóricamente, si existe algún procedimiento o
verificación por parte de dicha curaduría, para la expedición de la licencia y posterior,
desarrollo del proyecto habitacional, como es la ciudadela el Coclí; y en caso
afirmativo, expliqué qué tipo de verificación realizó dicha curaduría para comprobar
dicho proyecto.
A LA OFICINA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DE NEIVA,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU JEFE Y/O QUIEN HAGA SUS
VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a informar
detalladamente qué controles ejercen sobre las constructoras y las asociaciones de
vivienda, para la prevención (sic) desastres, específicamente, en el manejo de
inundaciones, rebosamiento de cajillas de inspección de aguas lluvias y aguas […]
[residuales], acueductos y alcantarillados en los planes de vivienda de interés social,
y que en el caso de la ciudadela el Coclí, se han venido (sic) presentado
inundaciones y el rebosamiento de aguas, por lo que se necesita conocer qué
acciones o medidas, ha desarrollado dicha oficina en esta parte de la ciudad de
Neiva.
SEGUNDO.- Que explique si ha requerido a LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA
VISIÓN FUTURO, A LA CONSTRUCTORA CONSTRU UNIDOS S.A., acerca de los
estudios de suelos, especificaciones técnicas, planos, y en general todo el trámite
asumido por tales entidades, para la construcción de la ciudadela el Coclí, y si hubo
acompañamiento por parte de la oficina de atención de emergencias y desastres en
el desarrollo del proyecto.
TERCERO.- Que explique categóricamente, acompañamiento de dicha oficina, en
el desarrollo del proyecto ciudadela el Coclí, y en caso afirmativo, qué tipo de
interventoría hubo y en qué consistió el mismo.
CUARTO.- Que expliquen por qué la comunidad de la ciudadela el Coclí, tiene
problemas de fallas geológicas y la oficina de emergencias y desastres no ha
acudido a dicha ciudadela para mitigar tales amenazas por las mencionadas fallas,
según lo manifestaron los habitantes de la ciudadela el Coclí.
A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL DE NEIVA, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR SU SECRETARIA Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, vivienda, para la
prevención de emergencias sanitarias y de afección o epidemias colectivas,
específicamente, en el manejo de enfermedades por mucha emisión de polvo o en
épocas de lluvias, por mucha humedad, en los planes de vivienda de interés social,
y que en el caso de la ciudadela el Coclí, se han venido presentado enfermedades
colectivas, en niños, niñas, mujeres embarazadas, tercera edad, muchas gripas,
enfermedades de piel, afecciones respiratorias, dengue hemorrágico, entre otros,
por lo que se necesita conocer qué acciones o medidas, ha desarrollado dicha
oficina en esta parte de la ciudad de Neiva.
SEGUNDO.- Que explique si existe algún programa para la ciudadela el Coclí, por
esta clase de situaciones de insalubridad colectiva.
TERCERO.- Que explique categóricamente, si hubo acompañamiento de dicha
oficina, en el desarrollo del proyecto ciudadela el Coclí, y en caso afirmativo, qué
tipo de intervención hubo y en qué consistió el mismo.
CUARTO.- Que expliquen por qué la comunidad de la ciudadela el Coclí, tiene
problemas de insalubridad colectiva, y la SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL no
ha acudido a dicha ciudadela para mitigar tales amenazas por las mencionadas
epidemias, según lo manifestaron los habitantes de la ciudadela el Coclí.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
A LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL
HUILA, REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU SECRETARIO Y/O QUIEN
HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata detalladamente qué controles y
perentoria, informar asociaciones de vivienda, para la prevención de emergencias
sanitarias y de afección o epidemias colectivas, específicamente, en el manejo de
enfermedades por mucha emisión de polvo o en épocas de lluvias, por mucha
humedad, en los planes de vivienda de interés social, y que en el caso de la
ciudadela el Coclí, se han venido (sic) presentado enfermedades en niños, niñas,
mujeres embarazadas, tercera edad, muchas gripas, enfermedades de piel,
afecciones respiratorias, dengue hemorrágico, entre otros, por lo que se necesita
conocer qué acciones o medidas, ha desarrollado dicha oficina en esta parte de la
ciudad de Neiva.
SEGUNDO.- Que explique si existe algún programa para la ciudadela el Coclí, por
esta clase de situaciones de insalubridad colectiva.
TERCERO.- Que explique categóricamente, si hubo acompañamiento de dicha
oficina, en el desarrollo del proyecto ciudadela el Coclí, y en caso afirmativo, qué
tipo de intervención hubo y en qué consistió el mismo.
CUARTO.- Que expliquen por qué la comunidad de la ciudadela el Coclí, tiene
problemas de insalubridad colectiva, y la SECRETARÍA DE SALUD
DEPARTAMENTAL DEL HUILA, no ha acudido a dicha ciudadela para mitigar tales
amenazas por las mencionadas epidemias, según lo manifestaron los habitantes de
la ciudadela el Coclí.
A LA ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.
E.S.P.,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR SU GERENTE Y/O
QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y detalladamente qué procedimiento
adoptó para la ubicación e instalación de la red de energía, y de todos los postes de
energía eléctrica, y si éstos están de acuerdo a lo consagrado en la Ley 142 de 1994
o ley de Servicios Públicos Domiciliarios, y de conformidad con los planos de la
ciudadela el Coclí, especificándose aquellos que se encuentran en las zonas de
recreación, y destinados para parques y polideportivos, el cual amenazan riesgo
para la población que habita en dicho sector, por mucha humedad y el nivel freático
del agua muy alto, que representa un peligro para los habitantes del sector.
SEGUNDO.- Que explique las razones de por qué los constantes cortes de energía
en época de lluvias, y el deficiente servicio público de la zona, atentando contra los
electrodomésticos -neveras - equipos de sonido - computadoras, entre otros, de los
habitantes de la ciudadela el Coclí.
TERCERO.- Que explique categóricamente, si hay acompañamiento a la comunidad
de la ciudadela el Coclí, para la verificación de la eficiente prestación del servicio
público de energía eléctrica, y en caso afirmativo, qué contacto permanente
desarrolla con la colectividad y en qué periodos.
CUARTO.- Que expliquen por qué la comunidad de la ciudadela el Coclí, tiene
problemas de ineficiencia del servicio de energía eléctrica, y la ELECTRIFICADORA
DEL HUILA ESP, no ha acudido a dicha ciudadela para mitigar los daños, y las
presuntas amenazas por la ubicación de los postes de energía, según lo
manifestaron los habitantes de la ciudadela el Coclí.
A LA EMPRESA ALCANOS DEL HUILA S.A. B.S.P., REPRESENTADA
LEGALMENTE POR SU GERENTE Y/O
QUIEN HAGA SUS VECES:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a informar
detalladamente qué procedimiento adoptó para la ubicación e instalación de la red
de gas domiciliario, y de todas las acometidas internas, y si éstas están de acuerdo
a lo consagrado en la Ley 142 de 1994 o Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, y
de conformidad con los planos de la ciudadela el Coclí, especificándose aquellas
viviendas que representan amenazan o riesgo para la población que habita en dicho
sector, por mucha humedad en paredes y el servicio se suspende
inexplicablemente, presentado fallas y falencias en la prestación del servicio.
SEGUNDO.- Que explique las razones de por qué los constantes cortes de gas
domiciliario en época de lluvias, y el deficiente servicio público de la zona, atentando
contra las necesidades de toda una comunidad, que requiere del servicio, en forma
permanente y eficaz, por las diversas necesidades que presenten.
TERCERO.- Que explique categóricamente, si hay acompañamiento a la comunidad
de la ciudadela el Coclí, para la verificación de la eficiente prestación del servicio
público de gas domiciliario, y en caso afirmativo, qué contacto permanente
desarrolla con la colectividad y en qué periodos.
CUARTO.- Que expliquen (sic) porqué la comunidad de la ciudadela el Coclí, tiene
problemas de ineficiencia del servicio de gas domiciliario, y la EMPRESA ALCANOS
ESP, no ha acudido a dicha ciudadela para mitigar los daños, y las presuntas fallas,
según lo manifestaron los habitantes de la ciudadela el Coclí.
A LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P, REPRESENTADA
LEGALMENTE POR SU GERENTE Y/O QUIEN HAGA SUS VECES:
PRIMERO.- Que proceda en forma inmediata y perentoria, a informar
detalladamente qué procedimiento adoptó para la ubicación e instalación de la red
de acueducto y alcantarillado, y si éstos están de acuerdo a lo consagrado en la Ley
142 de 1994 o ley de Servicios Públicos Domiciliarios, y de conformidad con los
planos de la ciudadela del Coclí, especificándose (sic) porqué el servicio es
deficiente, pésimo, y existe rebosamiento de aguas lluvias y aguas […] [residuales]
en toda la ciudadela, y adicionalmente la red de acueducto y alcantarillado está mal
instalado y ubicado, por cuanto se presentan muchas inundaciones en las viviendas,
y las acometidas son muy deficientes, se rebosan los sifones de los baños, cocinas,
patios, expelen malos olores, y las cajillas de los pozos de inspección, se presentan
rebosamiento de aguas, filtrándose en las casas, produciendo graves riesgos y
peligros para la vida y la salubridad colectiva de todos los habitantes de la ciudadela
el Coclí.
SEGUNDO.- Que explique las razones de por qué los constantes cortes del servicio
de acueducto en épocas de lluvias, y el deficiente servicio público de la zona,
atentando contra las necesidades de toda una comunidad, que requiere del servicio,
en forma permanente y eficaz, por las diversas necesidades que presentan.
TERCERO.- Que explique categóricamente, si hay acompañamiento a la comunidad
de la ciudadela el Coclí, para la verificación de la eficiente prestación del servicio
público de acueducto y alcantarillado, y en caso afirmativo, qué contacto
permanente desarrolla con la colectividad y en qué periodos.
CUARTO.- Que expliquen por qué la comunidad de la ciudadela el Coclí, tiene
problemas de deficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado, y las
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA ESP, no ha acudido a dicha ciudadela para
mitigar los daños, y las presuntas amenazas por la deficiente instalación de la red
de acueducto y alcantarillado, como de las acometidas internas de cada una de las
viviendas de mis poderdantes, según lo manifestaron los habitantes de la ciudadela
el Coclí [...]”4.
4 Cfr. Cuaderno físico 1 folios 39 a 54. Transcripción textual tomada del texto de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1 Señaló que los actores populares se postularon para ser beneficiarios de un
subsidio nacional de vivienda familiar de interés social otorgado por la Nación -
Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, por medio de la Caja de
Compensación Familiar del Huila, la cual les notificó las condiciones en que se les
otorgó el subsidio, el cual iba dirigido a la adquisición de vivienda tipo 1 en la
modalidad de vivienda nueva.
3.2 Indicó que encontraron en la Asociación de Vivienda Visión Futuro y la
Constructora Constru Unidos S.A. la posibilidad de adquirir una vivienda cumpliendo
con las condiciones otorgadas en el subsidio. En ese sentido, se procedió a legalizar
la aplicación del subsidio y protocolización de las escrituras públicas.
3.3 Mencionó que los propietarios sufrieron daños en las viviendas debido a la
existencia de “[…] un proyecto de vivienda falso, mentiroso y sin especificaciones
técnicas y urbanísticas legales […]”. En concreto, indicó la inexistencia de un estudio
de suelos técnico de la zona donde se encuentra la construcción para la
determinación de los tipos de suelo y la diversidad de climas, lo que permitiría que
las viviendas tuvieran una infraestructura adecuada.
3.4 Argumentó que el estudio de suelos con el que se realizó la construcción no
era el adecuado porque: i) no correspondía con la ubicación del proyecto; y ii) no se
advirtió la presencia de una laguna y dos nacederos de agua. La anterior situación
trajo como consecuencia un alto grado de humedad, proliferación y expansión de
hongos en paredes, agrietamiento de muros, tapias, paredes y pisos; rebosamiento
de sifones en baños, cocinas, patios y entre ropas; olores ofensivos y nocivos para
la salud; rebosamiento de aguas lluvias y aguas residuales.
3.5 Agregó que adicional a las circunstancias mencionadas, también se
encuentran en muy mal estado las vías, sin pavimentar, no se terminaron las zonas
verdes para recreación pasiva como activa, la estructura de la energía eléctrica es
pésima, la red de acueducto y alcantarillado presenta daños y, por último, no hay
terminación de las obras urbanísticas de la ciudadela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
3.6 Señaló e identificó a las familias afectadas y los gastos en los que han
incurrido para efectos de determinar y cuantificar los daños. Manifestó que los
actores populares fueron engañados porque las viviendas no se encuentran
terminadas en tu totalidad y ponen en riesgo la dignidad humana de los que la
habitan. Adicionalmente mencionó que dos de los actores populares a pesar de
haber cancelado en su totalidad la vivienda, estas no se encontraban terminadas.
3.7 Precisó que los actores populares fueron beneficiados por un subsidio
municipal para mejoramiento de vivienda otorgado por la Alcaldía Municipal de
Neiva, el cual fue utilizado por la constructora Constru Unidos S.A. en obras de
infraestructura y de alcantarillado de toda la ciudadela y no con la finalidad que tenía
de arreglos locativos.
3.8 Manifestó que la forma en la que se encuentran instalados los postes de
energía eléctrica no tiene un orden urbanístico y de construcción que brinde a la
comunidad, la eficiente y eficaz prestación del servicio domiciliario
3.9 Por último, informó que la ciudadela El Coclí no existe como barrio, debido a
que en las oficinas de planeación municipal no se han entregado las obras
urbanísticas, por lo que no existen como comunidad socialmente organizada, lo que
significa la existencia de una falla en la administración municipal de Neiva.
Contestaciones de la demanda
4. La Gobernación del Huila fundamentó su contestación con base en los
siguientes argumentos:
4.1. En términos generales indicó que la Secretaría de Salud no tiene
responsabilidad sobre los hechos soportes de la acción popular por cuanto esta
solamente da aplicación a sus competencias previstas en la Ley 715. Que, teniendo
en cuenta los principios de complementariedad, subsidiariedad y con respecto a las
competencias como ente territorial, el Departamento del Huila no tiene
responsabilidad y debe ser exonerado”5.
5. La Nación - Superintendencia del Subsidio Familiar presentó escrito en el
que se opuso a las pretensiones de la demanda de acuerdo con los siguientes
argumentos de defensa:
5 Cfr. Cuaderno físico 5 folio 801.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
5.1. Indicó que la acción popular no procede para perseguir la reparación de un
daño causado por la acción o la omisión de una autoridad pública o de un particular.
En consecuencia, en el caso concreto, la Superintendencia del Subsidio Familiar no
ha vulnerado los derechos de los accionantes.
5.2. Argumentó que, de acuerdo con los hechos planteados en la demanda, se
establece con claridad que la asignación de los subsidios familiares de vivienda de
interés social lo fueron no por la Caja de Compensación Familiar del Huila sino
directamente por el Gobierno Nacional para la asignación de los subsidios de
vivienda que se canalizan por conducto del Fondo Nacional de Vivienda, cuyo
procedimiento se encuentra regulado en el Decreto 555 de 2003. En ese sentido,
estimó que no es competente para indicar información frente al trámite o
procedimiento adelantado frente a cada uno de los actores.
5.3. Aclaró que la norma no le asignó funciones de inspección, vigilancia y control
respecto de la construcción de viviendas o respecto del otorgamiento de la
elegibilidad de los respectivos proyectos y en gracia de discusión en lo que respecta
a las cajas de compensación familiar cuando actúan como otorgantes, sus
facultades están encaminadas a determinar los cocientes del Fondo de Vivienda de
Interés Social FOVIS que deben constituir para el reconocimiento de los subsidios
de vivienda a quienes en virtud del cumplimiento de los requisitos pueden acceder
a este beneficio.
5.4. Por último, manifestó que en cuanto a la posible responsabilidad que pueda
asistir por los hechos planteados por los accionantes, considera que los llamados a
responder por el estado de las viviendas son directamente las entidades
constructoras y demás organismos que tienen a su cargo el tema de las obras
urbanísticas de infraestructura y estudios de suelos6.
6. La Curaduría Urbana Primera de Neiva presentó contestación de la
demanda y solicitó su desvinculación teniendo en cuenta que no intervino en ningún
trámite respecto del proyecto habitacional de la Ciudadela El Coclí. Propuso la
excepción que denominó: “Excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva”7.
7. La Curaduría Urbana Segunda de Neiva presentó escrito en el que se
opuso a las pretensiones de la demanda de acuerdo con los siguientes argumentos
de defensa:
6 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 815 a 826.
7 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 832 a 833.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
7.1. En cuanto a los hechos, indicó que la constructora obtuvo la aprobación del
proyecto de urbanización y construcción con el cumplimiento de todas las
formalidades y requisitos legales para el trámite y expedición de licencias
urbanísticas.
7.2. Argumentó que, dentro de los documentos allegados para solicitar la licencia,
se encontraba el estudio geotécnico y de suelo, que sirve para determinar el
cumplimiento de los aspectos normativos y técnicos, los cuales deben ser firmados
y expedidos por profesionales facultados responsables de los diseños y estudios.
Precisó que no es procedente la elaboración de un estudio de suelos para cada
unidad de vivienda.
7.3. Aclaró que el responsable de atender las condiciones de suelo durante el
proceso constructivo es precisamente quien ejecuta la labor, y si se aprecia
condiciones diferentes a las expuestas en el informe inicial debe dar aviso oportuno
para evaluar la incidencia de los cambios. La afirmación del actor popular
relacionada con la posible inconsistencia en el estudio de suelos por la no
correspondencia con el predio, es temeraria, teniendo en cuenta que el estudio es
previo al desarrollo de la obra, precisamente porque se evalúa el terreno para
determinar la posibilidad o no de desarrollar allí un proyecto.
7.4. En relación con las pretensiones, manifestó que la curadora urbana verificó
el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes para el
otorgamiento de licencias urbanísticas, pero después de expedida cesa su función,
puesto que la vigilancia y control durante la ejecución de las obras corresponde al
alcalde directamente o por conducto de sus agentes. Precisó que la autoridad de
planeación sella el plano de levantamiento topográfico del predio, en el cual no
aparece ninguna restricción ni prohibición por asuntos de índole ambiental o
hidrográfico.
7.5. Propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación en la causa
por pasiva”; y “Carencia de relación causa-efecto”; 8.
8. La Caja de Compensación Familiar del Huila presentó escrito en el que se
refirió en relación con los hechos y pretensiones de la demanda, en los siguientes
términos:
8 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 842 a 848.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
8.1. Indicó que los actores populares se postularon para acceder al subsidio de
vivienda de interés social. Que es función de la curaduría la verificación de los
requisitos que se deben cumplir para otorgar las licencias de construcción. En
relación con los subsidios entregados por la Alcaldía Municipal de Neiva no es de
su competencia.
8.2. Propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación pasiva en la
causa”; “Improcedencia de la acción”; “Cumplimiento de las funciones determinadas
por la ley y ausencia de responsabilidad” 9.
9. La Nación – Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
presentó escrito de contestación en el que se manifestó su oposición a los hechos
y pretensiones de la demanda por actuar de conformidad con la ley y su no
injerencia con los hechos de la presente acción.
9.1. Precisó que no es un órgano ejecutor sino aquel encargado de fijar las
políticas y de regulación a nivel nacional sobre la protección de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente.
9.2. Indicó que el Fondo Nacional de Vivienda es la entidad que dispuso el estado
para dirigir y ejecutar la política de satisfacción de la necesidad de vivienda en
condiciones dignas, mediante la asignación de subsidios de vivienda de interés
social.
9.3. Propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación en la causa
por pasiva”; “Ausencia de nexo causal”; y “Carga de la prueba en la acción
popular”10.
10. Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. presentó escrito de contestación de la
demanda en el que se refirió en relación con los hechos de la demanda en los
siguientes términos:
10.1. Indicó que para la fecha de los hechos no reposa queja o reclamo relacionado
con la suspensión del servicio de gas natural por parte de los usuarios de la
ciudadela el Coclí. El servicio se ha prestado de manera continua y de buena
calidad. Las únicas suspensiones generadas en el sector se deben al
incumplimiento por parte de algunos usuarios en el pago de sus facturas.
9 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 852 a 855.
10 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 858 a 865.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
10.2. Manifestó que ha realizado seguimiento en el sector para detectar posibles
deterioros en las redes y no ha encontrado de ningún tipo.
10.3. Propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimación en la causa
por activa respecto de los accionantes Ricardo Macias Zamora, Macias Zamora
Esperanza y Leidy Carolina Gutiérrez”; “Inepta acción”; “Ausencia del daño
contingente”; y “Inexistencia de daño, peligro, amenaza, vulneración o agravio a los
intereses colectivos por actos u omisiones que puedan ser imputables a Alcanos de
Colombia S.A. E.S.P.” 11
11. El Municipio de Neiva presentó contestación de la demanda, en relación
con los hechos y las pretensiones se refirió en los siguientes términos:
11.1. La Asociación de Vivienda Visión Futuro transfirió a título de venta a cada
uno de los demandantes un lote urbanizado y la casa de habitación en la Ciudadela
El Coclí, cancelado con un subsidio familiar de vivienda asignado por Comfamiliar
Del Huila. Las viviendas fueron construidas por la Sociedad Constru-unidos S.A.
11.2. Argumentó que el Municipio de Neiva no es responsable de las
irregularidades presentadas por la Asociación de Vivienda Visión Futuro y la
Sociedad Constructora Constru-unidos S.A., por tener obligaciones ya que no se ha
efectuado la entrega real y efectiva de las obras de urbanismo al Municipio de Neiva.
11.3. Precisó que la ciudadela el Coclí se encuentra legalizada por contar con
licencia de urbanismo y aclaró que no se otorgó un subsidio para mejoramiento de
vivienda como lo manifiesta el actor popular, lo que si se entregó fue unos subsidios
para construcción de redes de saneamiento básico y que de los beneficiarios con
dicho subsidio tan solo 9 personas se encuentran como demandantes.
11.4. Manifestó que en el caso particular de la Urbanización El Coclí, la Secretaría
de Salud no ha recibido requerimiento alguno en el que se reporte la presencia de
plaga alguna.
11.5. Indicó que una de las obligaciones del constructor en la licencia de urbanismo
es la ejecución de obras de urbanización con sujeción a proyectos técnicos
aprobados y la dotación de áreas públicas.
11.6. Precisó que según la ley de ordenamiento territorial se establece la
responsabilidad del constructor, el urbanizador y los arquitectos que firman los
11 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 868 a 894.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
planos, de cualquier contravención y violación a las normas urbanísticas. De igual
forma, se estableció que según la respectiva resolución los planos de todos los
servicios públicos deben ser aprobados por las entidades competentes antes del
inicio de las obras.
11.7. Reiteró su oposición frente a las pretensiones de la demanda, por cuanto no
puede ser condenado el ente territorial a efectuar obras que no son de su
competencia, sino de particulares.
11.8. Propuso las excepciones que denominó: “Inexistencia de incumplimiento de
las normas legales”; “Inexistencia de la obligación por parte del Municipio de Neiva”;
y la “Genérica”.12
12. Empresas Públicas de Neiva E.S.P. presentó contestación de la demanda
en la que se opuso a las pretensiones en los siguientes términos:
12.1. Aclaró que los planos de las redes de acueducto y alcantarillado de aguas
residuales y aguas lluvias del proyecto de vivienda fueron presentados a EPN por
la firma Constru-Unidos S.A. del 28 de diciembre de 2006 y fueron aprobados por
un ingeniero de diseño de la empresa. Precisó que en el momento de la
construcción los diseños fueron modificados sin consultar a la empresa.
12.2. Para la fecha no ha sido entregada la infraestructura hidrosanitaria o redes
locales de acueducto, alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales,
acometidas, entre otras.
12.3. De acuerdo con la Ley 142 y el Decreto Reglamentario 302 de 2000, la
construcción, reposición y mantenimiento de las acometidas e instalaciones
domiciliarias de acueducto y alcantarillado son responsabilidad de los propietarios
de las correspondientes viviendas, en tanto que la construcción de las redes locales
es responsabilidad de las firmas urbanizadoras y/o constructoras.
12.4. No obstante, la empresa ha colaborado con la comunidad en las labores de
limpieza de las redes de alcantarillado, destinando para este efecto a la comisión
de topografía y al equipo de presión – succión Vactor especial para estas tareas13.
13. El Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones por no ser la entidad llamada a satisfacer las pretensiones
formuladas por el actor, su actuar no tiene relación de causalidad con los hechos
12 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 906 a 928.
13 Cfr. Cuaderno físico 9 folios 1615 a 1619.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
que conllevaron a la formulación de la acción y no ha vulnerado ni amenazado los
derechos colectivos invocados en la demanda.
13.1. Indicó que el fondo como entidad con personería jurídica propia no es el único
encargado de la asignación de los subsidios de vivienda dentro del Sistema
Nacional de Vivienda, pues existen otras entidades públicas o privadas que tienen
por objeto el otorgamiento de subsidios de vivienda, entre ellos las cajas de
compensación familiar con recursos parafiscales y las entidades territoriales.
13.2. Propuso las excepciones que denominó: “Falta de legitimidad en la causa por
pasiva del Fondo Nacional de Vivienda”; “Improcedencia de la acción popular para
amparar derechos e intereses subjetivos e individuales”; y la “Improcedencia de
amparo por violación o amenaza de derecho colectivo alguno por parte del Fondo
Nacional de Vivienda.14
14. El Instituto Colombiano de Geología y Minería – INGEOMINAS presentó
escrito de contestación en el que se refirió en los siguientes términos:
14.1. La entidad en ejercicio de sus funciones ha cumplido con la tarea de
identificar, monitorear y evaluar las zonas del territorio colombiano sujetas a
amenazas naturales en particular la amenaza volcánica que existe en el
Departamento del Huila y sus departamentos vecinos.
14.2. Argumentó que la entidad en desarrollo de sus competencias, tiene como
finalidad establecer herramientas de planificación que permitan adoptar a las
autoridades locales decisiones optimas u acertadas en cuanto al uso del suelo y la
reducción de los riesgos que puedan presentase en las zonas que son materia de
estudio. En lo atinente a la Urbanización el Coclí en el Municipio de Neiva – Huila,
no se le puede endilgar responsabilidad o vulneración a los derechos colectivos, por
cuanto los estudios de suelos que son objeto de la presente demanda fueron
realizados por particulares que tenían a cargo la construcción.
14.3. Aclaró que el instituto no tiene competencias para la realización de estudios
de suelo para la realización de construcciones de particulares, sino que sus
funciones se circunscriben a la realización de investigaciones científicas que
permiten generar el conocimiento y entendimiento de las amenazas de origen
geológico con el fin de proveer información veraz útil y oportuna que sirva de base
para la gestión de riesgo, ordenamiento territorial y planificación de desarrollo.
14 Cfr. Cuaderno físico 10 folios 1859 a 1875.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
14.4. Precisó que es claro que los fundamentos fácticos que dieron origen a la
acción popular de la referencia no tienen ninguna relación con la entidad en el tema
de subsidios de vivienda, incumplimiento de los actos administrativos proferidos por
las otras entidades demandadas, la demora la ejecución del proyecto de vivienda
entre otros son aspectos que no competen al Instituto Colombiano de Geología y
Minería15.
14.5. La Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. presentó escrito de contestación de
la demanda en el que indicó que el servicio público de energía eléctrica ha sido
suministrado de manera eficiente y oportuna a toda la comunidad de la ciudadela el
Coclí de Neiva. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha interrumpido el servicio
de energía eléctrica debido a las descargas atmosféricas o para llevar a cabo el plan
de expansión, operación, distribución y mantenimiento de los STR y/o SDL. Los
cortes de energía se presentan por la acción y/o omisión de los usuarios de la
Ciudadela el Coclí debido a que siembran árboles que con el paso del tiempo crecen
afectando las redes eléctricas y para realizar el descope de los árboles toca
suspender el servicio de energía para brindar seguridad a nuestros trabajadores o
contratistas.
14.6. Presentó la excepción que denominó: “Inexistencia de vulneración de
derechos constitucionales por parte de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.”.
Considera que no existe vulneración de los derechos alegados por el accionante
toda vez que esta ha actuado dentro de los parámetros legales y constitucionales.
En cuanto al servicio de alumbrado público precisó que este debe en primer término
ser prestado por el Municipio de Neiva16.
15. La Asociación de Vivienda Visión Futuro y la Constructora Constru-
Unidos S.A. presentó escrito de contestación en los siguientes términos:
15.1. Indicó que se inscribió el proyecto en la Caja de Compensación Familiar del
Huila para ser elegible y aplicar a los subsidios otorgado. En el año 2007 se inició
la obra teniendo como base el precio asesorado al cual se iba a vender cada
inmueble de vivienda de interés social tipo 1, en obra gris, que variaba entre 16 y
19 millones de pesos dependiendo del área del lote.
15.2. Precisó que los subsidios de obra de urbanismo y tal y como consta en la
certificación de licitación otorgada por la Alcaldía de Neiva mediante la Resolución
021 del 3 de diciembre de 2008, fueron adquiridos a partir de la casa 49. Debido a
15 Cfr. Cuaderno físico 10 folios 1883 a 1899.
16 Cfr. Cuaderno físico 10 folios 1906 a 1909.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
que no se obtuvo el subsidio para la electrificación de la ciudadela, tuvieron que
realizar por cuenta de la asociación, asumiendo ella misma los costos de estas
obras, es decir la electrificación de la ciudadela hasta la cuadra 63.
15.3. Aclaró que se indicaron supuestas reparaciones realizadas por los
accionantes por sumas absurdas, no probadas y que adolecen de toda credibilidad
ya que corresponden a remodelaciones suntuosas hechas por los propietarios. Ese
hecho prueba el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a
toda costa, abusando del derecho.
15.4. Indicó que no existió falsedad en la información contenida en la propaganda
del proyecto porque todo lo dicho en ella correspondía a la realidad del mismo.
Allegó información relacionada con la entrega de las viviendas a satisfacción de los
usuarios.
15.5. Aclaró que el barrio si se encuentra reconocido por la alcaldía como consta
en la certificación de estrato17.
16. La Empresa Estudios Geotécnicos Ltda. presentó escrito de contestación
en el que indicó:
16.1. Que tiene 25 años de experiencia en el sector para expedir certificados de
ensayos de laboratorio con muy alto grado de confiabilidad y que, por esta razón,
los resultados emitidos están enmarcados en una serie de procesos que incluye una
infraestructura adecuada, equipo calibrado y personal altamente competente y
calificado en la ejecución de ensayos de laboratorio.
16.2. Precisó que el estudio de suelos tiene como objetivo establecer los
parámetros de diseño para fundaciones, asociados al suelo explorado con base en
los resultados de laboratorio efectuados a las muestras recuperadas.
16.3. Indicó que la norma vigente era la NSR98, la cual establece de manera
general las características de la exploración en cantidad y profundidad de las
perforaciones. Para viviendas de un piso, basta con efectuar apiques a una
profundidad de 3.0 metros; sin embargo, se efectuaron sondeos (perforaciones
mecánicas) a una profundidad de 6.0 metros, según se concertó previamente con
el contratante.
17 Cfr. Cuaderno físico 11 folios 2213 a 2227.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
16.4. Expresó que el desarrollo del estudio no registra presencia de niveles
freáticos (aguas subterráneas) que sugieran inconsistencias o compromiso en la
estabilidad de las estructuras proyectadas; por esta razón, no existe análisis de este
factor. El término nacedero de agua está enmarcado dentro de las características
geológicas especiales y obedece a un análisis detallado de la geología e hidrología
del sector, estudio que no existe, por lo que se debe tener especial cuidado desde
el punto de vista ambiental al usar este tipo de términos.
16.5. Aclaró que el alcance específico del estudio de suelos concertado con el
contratante es el análisis de los suelos explorados y recuperados en el desarrollo
del estudio, el objeto social de la empresa no es la Geología, es la Geotecnia
(suelos), se efectúan cálculos y recomendaciones con base en los resultados de la
exploración; no se supone ningún dato y el estudio solamente busca definir la
profundidad de desplante optimó y la sección de cimentación recomendada, para
que el estrato de suelos competente disipe los esfuerzos transmitidos por las cargas
de la edificación sin provocar comportamientos en la interface suelo estructura.
16.6. Manifestó que no tiene ninguna responsabilidad sobre sistemas
constructivos, materiales o malas prácticas constructivas en el desarrollo del
proyecto, en referencia a este tema existen los mecanismos legales oportunos para
ejercer control sobre ellos.
16.7. Expresó que es tendencioso afirmar que la comunidad no advirtió la
presencia de la comisión de campo y con esto sugerir que no se efectuó el estudio,
lo que va en contradicción con los registros fotográficos, los ensayos de laboratorio
efectuados a las muestras recuperadas, los análisis y el informe técnico.
16.8. Resaltó que es una empresa prestadora de servicios, por lo cual efectúa
estudios de suelos enmarcado en las condiciones del contratante en referencia a
localización, profundidad y numero de sondeos, cuando se advierte alguna
inconsistencia en la conformación de un estudio se le informa al contratante con el
fin de que este sea consciente de cualquier anomalía que pueda generar
compromisos en las obras proyectadas, para el caso particular el estudio se
fundamentó en las exploraciones concertadas con el contratante, las cuales no
presentaron inconsistencias ni cambios drásticos en la conformación de los
suelos18.
18 Cfr. Cuaderno físico 11 folios 2190 a 2193.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
La audiencia de pacto de cumplimiento
17. El Tribunal, mediante audiencia de 23 de agosto de 2011, llevó a cabo la
diligencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes19.
Sentencia proferida, en primera instancia
18. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia de 27 de febrero de
2013, en la que resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- Declarar probada la excepción formulada por la Curaduría Primera
de Neiva: falta de legitimación en la causa pasiva.
SEGUNDO.- Amparar el derecho colectivo a “La realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respectando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de sus
habitantes” (artículo 4°, literal m) de la Ley 472 de 1998).
En tal virtud, se ordena a la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VISIÓN FUTURO Y A
CONSTRU-UNIDOS S.A. que culminen y entreguen las obras de urbanismo de
Ciudadela El Coclí, ciñéndose a las características técnicas consignadas en la
licencia 10/20-129, otorgada por la Curaduría Segunda de Neiva el 25 de abril de
2007. Dicha entrega se debe materializar en un lapso de 6 meses, contados a partir
de la ejecutoria de dicha providencia.
Por su parte, se ordena al MUNICIPIO DE NEIVA y a las EMPRESAS PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P. que ejerzan un estricto control y vigilancia, en procura de
garantizar que los trabajos se realicen de manera técnica y dentro del plazo
establecido. En caso contrario, procederán a imponer las sanciones de rigor y harán
exigibles las pólizas que se hubieren expedido a su favor.
TERCERO.- Denegar las demás súplicas de la demanda.
CUARTO.- Denegar el reconocimiento del incentivo económico.
QUINTO.- Condenar a la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VISIÓN FUTURO y a
CONSTRU-UNIDOS S.A. a cancelar a los actores populares las costas procesales
– que se tasarán por Secretaría-, y las agencias en derecho, las cuales se estiman
en el equivalente a 3 salarios mínimos mensuales, vigentes en la fecha de ejecutoria
de esta providencia.
SEXTO.- En los términos consagrados en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
remitir a la Defensoría del Pueblo copia de la demanda, del auto admisorio y de esta
providencia.
SÉPTIMO.- Aceptar la renuncia al poder manifestada por la abogada Carolina Mejía
Liévano, apoderada de la Asociación de Vivienda Visión Futuro representada
legalmente por la señora Maritza Liévano de Mejía y la Constructora Constru-Unidos
S.A., representada legalmente por Claudia Patricia Meneses Amelines […]”20.
19 Cfr. Cuaderno físico 12 folios 2474 a 2477.
20 Cfr. Cuaderno físico número 15 folios 2888 a 2926. Por medio de auto de 2 de abril de 2013, el Tribunal
Administrativo del Huila ordenó la adición de la sentencia, en el sentido de declarar no probadas las excepciones
propuestas por la Curaduría Segunda de Neiva, por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
por Alcanos de Colombia, por el Fondo Nacional de Vivienda, por Comfamiliar del Huila, por el Municipio de
Neiva y por la Electrificadora del Huila.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
Consideraciones del Tribunal
19. El Tribunal consideró que el problema jurídico se contrae a determinar si: “[…]
en la construcción del proyecto urbanístico Ciudadela El Coclí de la ciudad de Neiva
se vulneraron los derechos colectivos cuyo amparo deprecan los actores populares
[…]”.
19.1. El Tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva en relación
con la Curaduría Primera de Neiva, por no haber participado en la expedición de la
licencia de construcción.
19.2. En relación con la situación fáctica, el Tribunal consideró que, en el caso
concreto, se está ante un proyecto destinado a viviendas de interés social que
cuenta con unos estudios geotécnicos de suelo, se contrataron los servicios de la
sociedad Constru-Unidos S.A. con el objeto de adelantar la construcción. Las
empresas de servicios públicos expidieron los certificados de factibilidad. Para la
construcción de las redes de acueducto, alcantarillado de aguas residuales y aguas
lluvias de la ciudadela se entregó por parte de la Alcaldía de Neiva 75 subsidios.
19.3. El Tribunal determinó que las viviendas se cancelaron con el subsidio familiar
de vivienda y el saldo con recursos propios. En efecto las viviendas fueron
entregadas a satisfacción.
19.4. El Tribunal estableció el marco normativo del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos como herramienta de protección cuando
estos resulten amenazados o vulnerados, por la acción o la omisión de las
autoridades públicas o de los particulares que actúen en desarrollo de funciones
administrativas. Aclaró que los derechos e intereses colectivos no se deben
confundir con los derechos particulares comunes a un grupo de personas. Por lo
anterior, el Tribunal consideró: i) cada uno de los 18 actores disponía libremente se
su unidad; ii) por lo tanto, el asunto litigioso no versa sobre derechos colectivos sino
sobre derechos individuales comunes a los moradores de la ciudadela; iii) la
inconformidad que se expone frente al proceso constructivo y los alegados defectos
que aquejan sus viviendas, debieron tramitarse por medio de las acciones
indemnizatorias ordinarias; y iv) en suma, los errores y deficiencias constructivas
son del exclusivo interés de sus propietarios y no trascienden el ámbito del
conglomerado social.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
19.5. Sin embargo, no ocurre lo mismo en relación con las obras de urbanismo
(pavimentación de las vías, redes de acueducto y alcantarillado de aguas residuales
y aguas lluvias) en tanto se probó que no han sido concluidas ni entregadas. En ese
sentido, se demostró que se trata de obras que ingresaron a la infraestructura vial,
por lo cual son bienes de uso público y de interés colectivo que fueron financiadas
en buena parte con recursos públicos.
19.6. El Tribunal consideró que la responsabilidad de la construcción de los bienes
de uso público inicialmente recayó en los particulares que lideraron y ejecutaron la
obra al incumplir las obligaciones consagradas en la licencia urbanística. Lo cual
quedó evidenciado en la audiencia de pacto de cumplimiento al aceptar esa
situación por parte de la representante legal de la Asociación Visión Futuro y
comprometerse a culminar las obras faltantes. Determinó la responsabilidad de las
autoridades administrativas del municipio en el incumplimiento de su obligación de
ordenar el desarrollo urbano y de Empresas Públicas de Neiva al omitir conminar al
constructor para hacer entrega de las redes de alcantarillado.
19.7. El Tribunal consideró que se vulneró el derecho colectivo a la realización de
las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de sus habitantes, por lo cual ordenó la culminación y entrega de las
obras de urbanismo en un término de 6 meses.
19.8. El Tribunal determinó que la licencia de construcción se soportó en los
estudios de suelo elaborados por la Sociedad Estudios Geotécnicos Ltda. que
fueron realizados en el área donde se construyó la ciudadela. En relación con los
servicios públicos de energía eléctrica, acueducto o gas, se determinó que estos se
prestan de manera eficiente en la urbanización. Por último, aclaró que en el caso
concreto no se probó la vulneración o amenaza de los demás derechos colectivos
cuyo amparo se solicita. Se condenó en costas y agencias en derecho a favor de
los actores populares.
Recurso de apelación presentado por el actor popular
20. El apoderado judicial de los actores populares presentó escrito por medio del
cual interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera
instancia, en el que solicitó su revocatoria parcial con fundamento en los siguientes
argumentos:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
20.1. Manifestó que no está de acuerdo con la interpretación realizada por el
Tribunal al determinar la naturaleza de los derechos como particulares y no
colectivos, teniendo en cuenta que los actores populares se postularon para acceder
a un subsidio nacional de vivienda familiar de interés social. Según el actor popular
el fallo es contradictorio porque amparó un derecho colectivo. Por el contrario,
afirmó que se probó en el proceso que “[…] cada vez que llueve o hace mucho
verano […]” surgen problemas que atentan contra la salubridad pública de los
habitantes del sector.
20.2. Indicó que ante la demostración de la situación no se analizaron cada uno de
los derechos colectivos, tampoco se especificaron las obras se debían entregar ni
el término para su realización en relación con las unidades de vivienda que se
encuentran en un estado de daños estructurales que fueron construidas con
subsidios de vivienda, reiterando de esta forma su argumento relacionado con los
derechos colectivos y no subjetivos.
20.3. Argumentó que no se determinó nada sobre los dineros otorgados por la
Alcaldía Municipal de Neiva y del estado de la infraestructura de la urbanización.
Indicó que tampoco se practicó la inspección judicial solicitada, ni se analizó la
veracidad de los estudios de suelo presentados por la empresa Geotécnicos,
tampoco se analizó la función de vigilancia de la Superintendencia de Subsidio
Familiar y las funciones de las entidades como el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA.
20.4. Adicionalmente, el apelante manifestó que no se mencionó nada en relación
con la falta de inscripción o reconocimiento de la ciudadela el Coclí como barrio,
toda vez que esta situación no les permite gestionar como organización algunos
proyectos de infraestructura.
20.5. Manifestó que se evidenció un mal manejo de los recursos públicos teniendo
en cuenta el estado de las viviendas lo que probó la vulneración del derecho
colectivo de moralidad administrativa, que tiene a los habitantes de la ciudadela “[…]
sumidos en una inseguridad jurídica y financiera muy grande, y en una
discriminación o exclusión de todos sus derechos tanto individuales como colectivos
[…]”.
20.6. Por último, solicita la integración de una comisión de verificación y
seguimiento de las obras de construcción como de la correcta infraestructura de los
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
servicios públicos domiciliarios, determinando en la sentencia el tipo o la clase de
control y el tiempo en que se deben realizar las obras21.
Actuaciones en segunda instancia
21. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de mayo de 2014, admitió el
recurso de apelación presentado por el actor popular22. Por medio del auto de 24
de junio de 2014 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos
de conclusión y al Procurador Delegado para que rindiera concepto. En efecto,
presentaron alegatos la Superintendencia de Subsidio Familiar, el Servicio
Geológico Colombiano y el Ministerio Público rindió concepto23.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
22. La Sala abordará el estudio del presente asunto en las siguientes partes: i)
la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
23. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998 24, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; ii) el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201925, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; iii) el artículo 129 del Decreto
01 del 2 de enero de 198426, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda
instancia; esta Sección es competente para conocer de los recursos de apelación
que se presenten contra las sentencias proferidas en primera instancia, por los
tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
24. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte actora en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de 27 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
21 Cfr. Cuaderno físico 14 folios 2931 a 2939.
22 Cfr. Cuaderno físico 14 folio 2959.
23 Cfr. Cuaderno físico 14 folios 2970 a 2997.
24
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
25
“[…] Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado […]”.
26
“Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
30
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
de conformidad con los artículos 35027 y 35728 del Decreto 1400 de 6 de agosto de
197029, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley 472.
Los problemas jurídicos
25. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar si se encuentra o no probada la vulneración o amenaza de
los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, de conformidad
con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; la
moralidad administrativa; el goce de un espacio público y la utilización y defensa de
los bienes de uso público; la defensa del patrimonio público; la seguridad y
salubridad públicas; el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública; y a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente en relación con los daños estructurales producidos en unas viviendas
de interés social.
25.1. En concreto, se debe determinar si en el caso concreto se configura la
vulneración de derechos subjetivos o particulares comunes a los actores populares
derivados de la asignación de subsidios de vivienda de interés social y los daños
producidos en las construcciones de las viviendas.
26. Si se configura la vulneración o amenaza de los derechos colectivos a la
seguridad y salubridad públicas y el goce del espacio público en relación con las
obras de urbanismo no concluidas por la Asociación de Vivienda Visión Futuro y
Constru-unidos S.A.
27. Si se ordenaron las obras a desarrollar y el término para su realización en
relación con el amparo del derecho colectivo a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
27
“[…] ARTÍCULO 350. FINES DE LA APELACION E INTERES PARA INTERPONERLA. El recurso de apelación tiene por
objeto que el superior estudie la cuestión decidida en la providencia de primer grado y la revoque o reforme. Podrá interponer
el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia; respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto
en el inciso segundo del artículo 52. […]”.
28
“[…] ARTÍCULO 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al
apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en
razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin
embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y
decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que
no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar
las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente.
Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun
cuando fuere desfavorable al apelante. […]”
29
“Por los cuales se expide el Código de Procedimiento Civil”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
31
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de sus
habitantes.
28. Si se configura la vulneración o amenaza del derecho colectivo a la moralidad
administrativa en relación con el subsidio entregado a los actores populares para el
desarrollo del proyecto de vivienda.
29. Si era procedente la práctica de una inspección judicial a la Urbanización
Ciudadela El Coclí, que, en términos del apelante, resultaba necesaria para
determinar los daños en las viviendas, el estado del acueducto y alcantarillado de
la ciudadela y las zonas verdes.
30. Si la Superintendencia de Subsidio Familiar, Fonvivienda y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial son competentes para constatar la
aplicación de los subsidios de vivienda y su materialización.
31. Si la urbanización Ciudadela El Coclí se encuentra reconocida como barrio
ante las autoridades administrativas del Municipio de Neiva.
32. En consecuencia, se determinará si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 27 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
en primera instancia.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
33. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
34. El artículo 2.° de la Ley 472, define las acciones populares como “[…] los
medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
35. Esta acción tiene por objeto que “toda persona natural o jurídica” pueda
disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva de los derechos e
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
32
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
intereses colectivos, cuya amenaza o vulneración debe acreditarse en el trámite del
proceso, con miras a la procedencia del amparo pretendido.
36. Conforme lo anterior, los supuestos sustanciales para la procedencia de la
acción popular son los siguientes: i) una acción u omisión de la parte demandada;
ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o
intereses colectivos; y iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión
y la afectación de los derechos e intereses.
37. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica; sin embargo,
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”30.
38. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 28 de marzo de
2014; C.P. Marco Antonio Velilla Moreno; núm. único de radicación 250002327000200190479-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
33
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
Improcedencia de la acción popular para la protección de derechos
subjetivos, divisibles o intereses particulares
39. La acción popular indicada en el artículo 88 de la Constitución Política y
reglamentada por la Ley 472, tiene como fin la protección de los derechos e
intereses colectivos, cuando estos resulten amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares, sin que dichos derechos sean
exclusivamente los listados en el artículo 4.° de la mencionada norma, sino también
aquellos definidos en otras disposiciones, como la Constitución, las leyes ordinarias
y los tratados internacionales celebrados por Colombia.
40. De acuerdo con lo anterior, los derechos e intereses colectivos son aquellos
que no están radicados en cabeza de ningún particular, su titularidad no reside en
personas individualmente consideradas y, por ende, son intereses de
representación difusa como lo ha determinado esta Sección, en la medida que el
titular es el grupo o comunidad y el derecho es indivisible, sin perjuicio de que sea
una persona la que actúe en representación común31.
41. Por un lado, en relación con la comunidad, aunque con este mecanismo de
defensa judicial se busque la protección de los derechos e intereses colectivos, ello
no quiere decir que se pueda ejercer para lograr la reparación, bien sea individual o
plural, porque, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 34 de la Ley 472
relativa a la posibilidad de “[…] condenar al pago de perjuicios cuando se haya
causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no
culpable que los tenga a su cargo […]”, esa no es la finalidad de esta acción; en ese
caso, existen en el sistema jurídico otros medios como lo son las acciones de grupo
y el medio de control de reparación directa, entre otros.
42. Y, por el otro, esta Sección ha considerado que: i) mediante la acción popular
se protegen derechos indivisibles que pertenecen a la comunidad y no derechos
individuales y divisibles que pertenecen a cada sujeto de derecho en particular. En
ese orden, se considera que la suma de derechos individuales no constituye
derechos e intereses colectivos porque ello implica divisibilidad. Al respecto, se
reitera, un derecho e interés colectivo es difuso, indivisible y su titularidad pertenece
a una comunidad; ii) los derechos colectivos excluyen motivaciones subjetivas o
particulares en la media en que salvaguardan derechos de solidaridad que
conciernen a todos los individuos y no pueden existir sin la intervención de la
31 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de diciembre
de 2014, NUR 410012333000201200051-01(AP), C.P. Guillermo Vargas Ayala.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
34
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
comunidad y el Estado; y iii) que el presupuesto para su procedencia se relaciona
directamente con un interés que excede de la esfera privada.
43. En ese orden de ideas, es claro que tanto la jurisprudencia como la doctrina,
sostienen que la naturaleza de la acción popular, es en esencia preventiva, de ahí
que el inciso 2° del artículo 88 de la Ley 472 determine que éstas “[…] se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado
anterior cuando fuere posible […]” y desde tal concepción deben ser analizados los
requisitos que soportan su procedencia.
44. En efecto se tiene que los supuestos para que proceda la acción popular son
los siguientes: i) la existencia de una acción u omisión de la parte demandada; ii) la
presencia de un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio a los
derechos o intereses colectivos; es decir, de una situación que supera alcances
individuales y que se relaciona con afectaciones de orden plural y comunitario, pero
de carácter indivisible, lo que excluye -en principio- motivaciones meramente
subjetivas o particulares; y iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión y
la señalada afectación de tales derechos e intereses; dichos supuestos deben estar
probados en el proceso respectivo.
45. La Corte Constitucional consideró, respecto de los derechos colectivos o
difusos:
“[…] Una de las implicaciones más complejas de las nuevas relaciones impuestas
por el Estado social de derecho, tiene que ver con el surgimiento de otro tipo de
derechos construidos bajo categorías diferentes a la de los derechos subjetivos.
Estos nuevos derechos son el resultado del surgimiento de nuevas condiciones
sociales y económicas que afectan gravemente la vida de los ciudadanos y el goce
de sus derechos y para las cuales los mecanismos jurídicos clásicos de protección
de derechos resultan insuficientes.
Los últimos decenios han puesto en evidencia el hecho de que los grandes riesgos
que afectan a las comunidades -e incluso pueden poner en peligro su supervivencia-
ya no se limitan a la confrontación bélica o a la dominación tiránica por parte de los
gobernantes. La dinámica misma del comercio, de la industria y en general de la
actividad económica capitalista, puede convertirse en la causa de males tan graves
o peores que los derivados de la violación de derechos subjetivos. Es el caso de la
protección del medio ambiente, del espacio público, de los productos que reciben
los consumidores, etc. Estos nuevos ámbitos han generado intereses cuya
protección resulta hoy indispensable. La doctrina ha agrupado este tipo de intereses
bajo el título de intereses colectivos o difusos.
Los principios y valores constitucionales y las características de los hechos
adquieren aquí una importancia excepcional. Mientras que en el caso de los
derechos fundamentales de aplicación inmediata se suelen mirar los hechos desde
la perspectiva de la norma, en el caso de los derechos difusos o colectivos, la norma
constitucional que los consagra y su coexistencia con el derecho fundamental para
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
desatar el mecanismo protector de la tutela, se descubre bajo la óptica de los
valores, de los principios y de las circunstancias del caso […]”32.
46. En suma, se exige precisar en cada caso concreto si lo reclamado es
verdaderamente un derecho colectivo porque en caso contrario serían otras las
acciones o medios de control los procedentes. Al respecto, la Sala precisa que no
puede utilizarse este instrumento judicial para encubrir la exigibilidad de derechos
particulares, presentándolos como garantías colectivas, porque tal actuar modifica
la naturaleza jurídica de este instrumento.
47. La Sala considera adicionalmente que no cualquier situación tiene la
capacidad para afectar los derechos e intereses colectivos. En ese orden, deberá
probarse y analizarse en cada caso si los hechos invocados por el actor popular en
su demanda, a título de vulneración o amenaza, genera un impacto con el alcance
de amenazar o vulnerar los derechos susceptibles de protección mediante esta
acción constitucional, con la claridad adicional de que esta acción no se constituyó
como un mecanismo orientado a la protección de derechos subjetivos ni mucho
menos permite a los jueces sustituir las competencias de la administración pública.
Análisis del caso concreto
48. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del
acervo probatorio para, posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir
el caso concreto.
49. El Tribunal consideró que cada uno de los 28 actores populares disponía
libremente de su correspondiente unidad de vivienda; por tanto, el asunto litigioso
no versa sobre derechos colectivos sino sobre derechos individuales comunes a los
moradores de la Ciudadela El Coclí. Lo que quiere decir, que las inconformidades
sobre el proceso constructivo debieron tramitarse a través de las acciones
indemnizatorias ordinarias.
50. Ahora bien, se presenta una situación diferente en relación con las obras de
urbanismo que el Tribunal consideró y como se demostró no fueron concluidas. En
ese sentido la responsabilidad recayó en los particulares que lideraron y ejecutaron
la construcción de la urbanización al incumplir las obligaciones consagradas en la
licencia urbanística.
32 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia T-67 del 24 de febrero de 1993. Magistrados Ponentes: Fabio
Morón Díaz y Ciro Angarita Barón).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
36
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
51. El Tribunal determinó que las autoridades administrativas del Municipio
actuaron con negligencia y soslayaron el mandato superior del artículo 311 de la
Constitución Política en relación con la obligación de ordenar el desarrollo urbano.
De igual forma, advirtió una actitud complaciente por parte de las Empresas
Públicas de Neiva respecto del servicio público de alcantarillado al omitir conminar
a la empresa constructora para que hiciera la entrega de las redes de alcantarillado.
52. En consecuencia, se demostró la vulneración del derecho colectivo a la
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de sus habitantes y no se probó la vulneración o amenaza de los
demás derechos colectivos invocados.
53. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que las pruebas relevantes
para resolver el caso sub examine son las siguientes.
53.1. Plano de la planta de la red de acueducto de la ciudadela El Coclí33.
53.2. Estudio de suelos elaborado por la firma Estudios Geotécnicos Ltda34 en el
que se determinó: “[…] no se encontró presencia del Nivel Freático durante la
exploración de suelos en ningún sondeo explorado […]”.
53.3. Hojas de las encuestas que absolvieron los actores populares relacionada
con el estado de las viviendas35.
53.4. Licencia urbanística de urbanización y construcción – VIS, expedida por el
Curador Urbano Segundo de Neiva para la construcción de la Ciudadela Coclí36
53.5. Copia del oficio 1051 del 24 de marzo de 2011, suscrito por la Directora del
Departamento Administrativo de Planeación37.
53.6. Copia del oficio SVI del 30 de marzo de 2011, suscrito por el secretario de
Vías e Infraestructura38.
53.7. Copia de los oficios DVS 0489 del 22 de marzo de 2011, DVS 474 sin fecha,
y DVS 727 del 22 de junio de 2010, suscritos por la Directora Administrativa de
Vivienda Social39.
33 Cfr. Cuaderno físico 1 folios 60 a 62.
34 Cfr. Cuaderno físico 1 folios 63 a 1321.
35 Cfr. Cuaderno físico 1 folios 188 a 194.
36 Cfr. Cuaderno físico 1 folios 206 a 208.
37 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 937 a 939.
38 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 940 y siguientes.
39 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 941 y siguientes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
37
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
53.8. Copia del oficio 578 del 15 de marzo de 2011, suscrito por la Secretaria de
Salud del municipio40.
53.9. Copia de las comunicaciones suscritas por el interventor Miguel Enrique
Puentes, y los correspondientes informes técnicos de interventoría41.
53.10. Copia de la Resolución 0021 del 2 de diciembre de 2008, suscrita por la
Directora Administrativa de Vivienda Social, a través de la cual “[…] se asignan
Setenta y Cinco (75) subsidios familiares de vivienda municipal en el proyecto
Ciudadela El Coclí (Manzanas 1,2,3,6,7 Y 8) […]”42.
53.11. Copia del contrato de consultoría en la modalidad de interventoría, suscrito
entre la Unión Temporal Unifuturo y el ingeniero Miguel Enrique Puentes Sánchez43.
53.12. Copia del contrato de obra civil a todo costo para las obras de urbanismo en
la Ciudadela el Coclí, celebrado entre la Unión Temporal Unifuturo y Constru-Unidos
S.A.44.
53.13. Copia de las pólizas de cumplimiento a favor de entidades otorgantes del
subsidio familiar45.
53.14. Copia la autorización de giro del 100% del subsidio al oferente46.
53.15. Copia de las promesas de compra venta, suscritas entre la Asociación de
Vivienda Visión Futuro y los accionantes47.
53.16. Copia de las escrituras públicas 505 Y 2165, otorgadas el 15 de marzo de
2007 y el 12 de diciembre de 2006 en la Notaría Segunda del Círculo de Neiva48.
53.17. Copia de los certificados de disponibilidad de los servicios públicos de
energía y agua49.
53.18. Copia de la Resolución 10-20-129 del 25 de abril de 2007" Por la cual se
concede licencia urbanística de urbanización y construcción - VIS"50.
40 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 943 y siguientes.
41 Cfr. Cuaderno físico 5 folios 952 y siguientes.
42 Cfr. Cuaderno físico 6 folios 1030 y siguientes.
43
Cfr. Cuaderno físico 6 folios 1055 y ss.
44 Cfr. Cuaderno físico 6 folios 1081 y ss.
45 Cfr. Cuaderno físico 6 folios 1112 y ss.
46 Cfr. Cuaderno físico 6 folios 1127 y ss.
47 Cfr. Cuaderno físico 7 folios 1201 y ss.
48 Cfr. Cuaderno físico 8 folios 1403 y ss.
49 Cfr. Cuaderno físico 8 folios 1444 y ss.
50 Cfr. Cuaderno físico 8 folios 1451 y ss.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
38
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
53.19. Copia del formato de análisis de precios unitarios de la red de acueducto y
alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias51.
53.20. Copia del oficio del 25 de marzo de 2011, suscrito por el Líder del Programa
de Alcantarillado, y del 4 de noviembre de 2010, suscrito por el Subgerente Técnico
y Operativo de EPN52.
53.21. Copia del contrato de condiciones uniformes de Alcanos de Colombia S.A
E.S.P. 53
53.22. Copia del informe técnico del procedimiento de construcción de acometidas
e instalación internas en urbanización el Coclí, rendido por el Director de
Construcciones de Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.54
53.23. Copia de las hojas de recibo de obras, isométrico y prueba de hermeticidad,
formato de novedades y actas de inspección de instalaciones nuevas para el
suministro de gas, expedidos por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. 55.
53.24. Certificaciones expedidas por la Coordinadora de Facturación de Alcanos de
Colombia S.A. E.SP. 56.
53.25. Manual técnico para la conducción de gas de Pavco 57.
53.26. Hoja de cálculo de regulación para redes secundarias de la Electrificadora
del Huila S.A. E.S.P.58
53.27. Copia de los oficios suscritos por el vicepresidente de la asociación de
vivienda Visión Futuro y dirigidos a la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P59.
53.28. Copia de los formatos de la Electrificadora del Huila relacionado con los
requisitos para la conexión de proyectos con expansión o modificación de redes y/o
con múltiples cuentas, de informes de marcas, de resumen dimensional de obra
construida, de registro de creación y modificación de estructuras de media y baja
tensión, formato plano de localización de redes con sus nodos físicos, eléctricos y
51 Cfr. Cuaderno físico 8 folios 1456 y ss.
52
Cfr. Cuaderno físico 9 folios 1625 y ss.
53 Cfr. Cuaderno físico 9 folios 1666 y ss.
54 Cfr. Cuaderno físico 9 folios 1667 y ss.
55 Cfr. Cuaderno físico 9 folios 1685 y ss.
56 Cfr. Cuaderno físico 9 folios 181 y ss.
57 Cfr. Cuaderno físico 9 folios 1837 y ss.
58 Cfr. Cuaderno físico 10 folios 1927-1928.
59 Cfr. Cuaderno físico 10 folios 1929 y ss.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
39
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
secciones de línea y formato de información técnica y comercial de usuarios nuevos
o existentes por transformador60.
53.29. Copia de los dictámenes de inspección y verificación de instalaciones
eléctricas de distribución según Retie del Ministerio de Minas y Energía61.
53.30. Copia de las hojas de consulta de información histórica de cédula de
postulantes del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial62.
53.31. Copia de la comunicación del 25 de marzo de 2011, suscrita por el Director
Ejecutivo de Fonvivienda63.
53.32. Informe de supervisión al proyecto Ciudadela El Coclí del Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo -FONADE-64.
53.33. Copia de las actas de entregas de subsidios de vivienda de Comfamiliar del
Huila65.
53.34. Copia del contrato de obra civil para la construcción de 122 soluciones de
vivienda en la Ciudadela El Coclí del municipio de Neiva66.
53.35. Copia de la diligencia de inspección ocular que realizó la Dirección de Justicia
de Neiva el 21 de diciembre de 200967.
53.36. Copia del auto del 24 de marzo de 2010, proferido por la Inspección Segunda
de Control Urbano de Neiva68.
53.37. Copia de los estudios de suelos de la ciudadela El Coclí, realizado en el mes
de julio de 200669.
53.38. Normas técnicas colombianas 3728 y 2505, relacionadas con las líneas de
transporte y redes de distribución de gas, e instalaciones para suministro de gas
combustible destinadas a usos residenciales y comerciales, respectivamente70.
60 Cfr. Cuaderno físico 10 folios 1936 y ss.
61 Cfr. Cuaderno físico 10 folios 2055 y ss.
62 Cfr. Cuaderno físico 11 folios 2155 y ss.
63
Cfr. Cuaderno físico 11 folios 2175 y ss.
64 Cfr. Cuaderno físico 11 folios 2178 y ss.
65 Cfr. Cuaderno físico 11 folios 2243 y ss.
66 Cfr. Cuaderno físico 11 folios 2371 y ss.
67 Cfr. Cuaderno físico 12 folio 2523.
68 Cfr. Cuaderno físico 12 folios 2524 y ss.
69 Cfr. Cuaderno físico 12 folios 2597 y ss.
70 Cfr. Cuaderno físico 13 folios 2665 y ss.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
40
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
53.39. Copia del oficio DAVS 1739 del 27 de junio de 2012, suscrito por el Director
Administrativo de Vivienda Social71.
53.40. Copia del oficio del 26 de julio de 2012, suscrito por el Director Administrativo
de Comfamiliar del Huila72.
53.41. Copia del oficio del 7 de febrero de 2018, suscrito por el apoderado especial
de la Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. en el que se indicó:
“[…] 1. En cuanto a las condiciones en la que actualmente se presta el servicio
público de energía eléctrica en la ciudadela el Coclí del Municipio de Neiva, me
permito remitir la comunicación interna Ob-DZN-001492-1-2018 donde se detalla lo
encontrado en la visita efectuada el 31-01-2018, junto con sus anexos.
2. Electrohuila S.A. E.S.P. no cuenta con personal competente para realizar la
revisión de las acometidas e instalaciones internas en las 122 unidades
habitacionales y zonas comunes.
Debemos resaltar que nuestro personal operativo se encuentra capacitado es para
adelantar mantenimientos preventivos y correctivos sobre las redes de distribución
toda vez que nuestro objeto social comprende la comercialización, generación y
distribución del servicio de energía eléctrica.
3.Respecto de las condiciones como se viene prestando actualmente el servicio de
alumbrado público en la ciudadela el Coclí del municipio de Neiva, nuestra compañía
no tiene competencia para dictaminar sobre tal hecho, debido a que el municipio de
Neiva es el responsable del alumbrado público, además consideramos que el ente
territorial con la información y personal (capacitado e idóneo) para rendir el informe
sobre las condiciones como se viene prestando el servicio de alumbrado público
[…]”73.
53.42. Comunicación interna 06-DZN-001492-I-2018 del 1 de febrero de 2018 de la
empresa ELECTROHUILA S.A. E.S.P. en el que se indicó:
“[…] Atendiendo la solicitud de informe sobre las condiciones actuales en los que se
presta el servicio público de energía se programó al personal operativo el día 31 de
enero de 2018 mediante orden de trabajo 936024 con el fin de llevar a cabo una
revisión técnica a las redes de distribución y censo de carga a los transformadores
identificados con placa T12576 y T12379 que suministran el servicio de energía a
las viviendas ubicadas en la ciudadela el Coclí obteniendo los siguientes resultados:
1. El personal operativo del móvil 19 realiza recorrido a la red eléctrica entre las
estructuras MO05358, M074070, M074071, M074072, M074069 pertenecientes
al circuito Industrial de la Subestación Norte a 13.2 KV, observando que el
aislamiento, herrajes, redes y conexiones se encuentran en buen estado
operativo.
2. En la calle 63 con carrera 23 de la ciudad de Neiva se ubica el Transformador
712576 asociado al circuito Industrial de la subestación Norte, capacidad 45 KVA
y 82 usuarios conectados. En la revisión técnica se observó que los que los
cortacircuitos, pararrayos y aislamiento se encuentran en buen estado, las
salidas del transformador están ajustadas y la posición el TAP se encuentra en
3.
71 Cfr. Cuaderno físico 13 folios 2739 y ss.
72 Cfr. Cuaderno físico 13 folios 2855 y ss.
73 Cfr. Cuaderno físico 15 Folio 3028.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
41
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
Al realizar el censo de carga se observa que los voltajes fase - fase están bajos,
por lo cual es necesario aumentar una posición al TAP para mejorar los niveles
de tensión del transformador con el fin de mejorar la calidad del servicio prestado
a los usuarios.
3. En la calle 60 con carrera 23 de la ciudad de Neiva se ubica el Transformador
T12379, asociado al circuito Industrial de la subestación Norte, capacidad 75
KVA y 79 usuarios conectados. Según la revisión técnica las salidas del
transformador están ajustadas, los cortacircuitos, pararrayos y aislamiento se
encuentran en buen estado operativo.
Al efectuar el censo de carga se evidencia que los voltajes fase - fase están
bajos, lo cual no es posible corregir en el transformador debido a que el TAP ya
se encuentra en la última posición, por lo tanto se considera necesario realizar
el cambio del transformador con el objeto de mejorar la calidad del servicio
prestado a los usuarios.
Las labores a realizar sobre los transformadores identificados con placa T12576
y T12379 se han programado para el día 08 de Febrero del 2018 mediante
órdenes de trabajo N° 936341 y 936342, respectivamente […]”74.
53.43. Oficio 18001126 del 5 de febrero de 2018, suscrito por el Jefe jurídico de
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P en el que indicó:
“[…] i) El día 01 de febrero de 2018, y de acuerdo a la solicitud establecida por la
autoridad administrativa, fue realizada por parte de Alcanos de Colombia la
correspondiente verificación de acometidas, redes de distribución y condiciones de
prestación del servicio de Gas en la ciudadela El Coclí, de la ciudad de Neiva,
empleando para dicha labor los instrumentos pertinentes y necesarios, constatando
que las mismas se encuentran, según informe técnico adjunto, en óptimas
condiciones de funcionamiento y operatividad, garantizando una adecuada
continuidad del servicio.
ii) En relación con las instalaciones internas es importante señalar que, de acuerdo
a la ley 142 de 1994, estas hacen referencia al conjunto de redes, tuberías,
accesorios y equipos que integran el sistema de suministro del servicio dentro del
inmueble a partir del medidor respectivo y que, por consiguiente, la seguridad de las
mismas es responsabilidad del usuario. De igual manera la Resolución 059 del año
2012, expedida por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-,
la cual modificó la Resolución 067 de 1995, indica que las revisiones periódicas en
aras de propender la integridad de dichas instalaciones, deben solicitarse por parte
de estos dentro de un intervalo máximo de 5 años y ser realizadas por organismos
que se encuentren debidamente acreditados en el territorio nacional […].
De esta forma se establece que los usuarios tienen la obligación de efectuar la
respectiva revisión periódica con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de
las redes internas en sus predios, entre el plazo mínimo (cinco meses antes de que
se cumplan los cinco años) y el plazo máximo (al cumplirse los cinco años), es decir
entre los 55 a 60 meses desde la última revisión realizada o puesta en
funcionamiento del servicio, eligiendo a su arbitrio un organismo el cual se encuentre
acreditado a su vez por parte del Organismo Nacional de Acreditación (ONAC), y
avalado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) […]”.75
74 Cfr. Cuaderno físico 15 Folios 3029 a 3030.
75 Cfr. Cuaderno físico 14 Folios 2343 a 2359.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
42
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
53.44. Informe técnico de enero de 2018 suscrito por el Coordinador de operación y
mantenimiento del Centro Operativo Neiva de Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. en
el que se determinó:
“[…] El día 1 de febrero de 2018 se realiza re-seguimiento de redes en la zona
perteneciente a la ciudadela el Coclí de la ciudad de Neiva esto para garantizar el
estado actual de las redes y acometidas que prestan el servicio de Gas Natural a
dicha ciudadela.
El resultado de esta actividad arroja como resultado que las redes de distribución y
las acometidas que prestan el servicio se encuentran en óptimas condiciones de
funcionamiento y garantizan la continuidad del servicio.
Se encontraron 8 fugas en centros de medición las cuales son subsanadas el día 2
de febrero de 2018, estas novedades no afectan el óptimo funcionamiento de la red
de distribución ni la calidad de las acometidas […]”76.
53.45. Copia de la comunicación interna Radicado con número 2018CS001683-1
del 15 de febrero de 2018 suscrito por la Subgerente Técnico y Operativo de
Empresas Públicas de Neiva E.S.P.
“[…] En atención a la última respuesta brindada por el Área Técnica Operativa
(2018CS001431-1), en la que se informó que estaba en desarrollo las labores de
identificación y verificación de las 122 viviendas pertenecientes a la ciudadela Coclí,
en atención al requerimiento del Consejo de Estado dentro de la acción popular de
la referencia, me permito informar que una vez culminado el trabajo de campo
realizado por el ingeniero CARLOS GÓMEZ, adscrito a la Subgerencia Técnica y
Operativa se logró evidenciar lo siguiente:
Una vez consultado con los habitantes de cada una de las 122 unidades
habitacionales de la Ciudadela El Coclí, se logró verificar que a la fecha, no existe
inconveniente alguno con la prestación del servicio de acueducto, situación que
garantiza que tanto las redes como las acometidas y las instalaciones internas de
cada una de las viviendas, se encuentran cumpliendo su función. En cuanto al
servicio de alcantarillado es importante precisar que ninguno de los habitantes de
las viviendas expresó falencias en el servicio, por rebosamientos y que si bien es
cierto existió en años anteriores esta situación, dicha problemática ya fue resuelta
por los mismos propietarios; de igual forma se realizó verificación del estado de las
redes y pozos de alcantarillado, las cuales de acuerdo a la topografía del terreno y
diseños, estas redes quedaron con pendiente mínima entre pozos, donde la fuerza
atractiva (autolimpieza) es la mínima requerida generando que con el tiempo
material granular se sedimente entre tramos de redes de alcantarillado y en los
mismos pozos. Esto sin contar que la calle 64 entre carrera 22 y 23, está en terreno
natural, es decir no se encuentra pavimentada; situación por la cual en época de
lluvias produce arrastre del material el cual se filtra por los pozos sedimentándose
en las redes.
Adicionalmente es importante manifestar que 18 de las 122 viviendas presentan
problemas de emisión de malos olores, situación se sale de la órbita de competencia
de la Empresa, pero que se debe presentar debido a la ausencia de sellos
hidráulicos en los sifones de las viviendas, situación que no es posible verificar hasta
tanto se realice rotura del piso y verificación de estas redes internas a los cuales la
población no iba acceder por cuanto no se le garantizaba la reparación del daño
[...]”.77
76 Cfr. Cuaderno físico 14 CD Folio 2388.
77 Cfr. Cuaderno físico 14 CD Folio 2388.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
43
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
54. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, en primera instancia, de conformidad con las reglas de la sana crítica y
en los términos del artículo 187 del Decreto 1400 de 1970, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas
jurídicos planteados en el caso sub examine.
55. La Sala considera que, teniendo en cuenta el material probatorio allegado al
proceso y referenciado supra, y conforme con el artículo 177 del Decreto 1400 de
1970, “[…] [i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]”. Asimismo, que conforme con
el artículo 30 de la Ley 472, “[…] [l]a carga de la prueba corresponderá al
demandante […]”, sin perjuicio de la posibilidad para el juez de impartir órdenes
para suplir las deficiencias probatorias y, de ser el caso, obtener los elementos
probatorios indispensables para proferir sentencia de mérito.
56. Sobre el particular, la jurisprudencia del Consejo de Estado78, en diferentes
pronunciamientos, ha referido y defendido la importancia de la carga probatoria en
las acciones de esta naturaleza. Por ejemplo, en sentencia proferida por esta
Sección Primera, consideró lo siguiente:
“[…] Sobre la carga de la prueba en acciones populares, el artículo 30 de la Ley
472 de 1998 dispone que:
“La carga de la prueba corresponderá al demandante. Sin embargo, si por
razones de orden económico o técnico, si dicha carga no pudiere ser cumplida, el
juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los
elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella.
En el evento de no existir la posibilidad de allegar la prueba respectiva, en virtud de
lo establecido en el inciso anterior, el juez podrá ordenar su práctica con cargo al
fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.”
En ese orden de ideas, es claro que el actor tiene la carga de probar los hechos
que expone en la demanda con el fin de que prosperen las pretensiones. Por lo
anterior, la Sala considera que en el presente asunto no se vulneró el derecho
colectivo al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes
de uso público, como lo estima la actora, como quiera que no probó dicha
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2010,
NUR 150012331000200501867-01(AP), C.P. María Claudia Rojas Lasso; Sección Primera, sentencia de 18 de
marzo de 2010, NUR 250002325000200501345-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección
Primera, sentencia de 22 de enero de 2009, NUR 680012315000200300521-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno; Sección Tercera, sentencia de 14 de abril de 2010, NUR 680012315000200301472-01(AP), C.P.
Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, NUR 250002326000200500240-
01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
44
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
vulneración […] Es así, que la Sala confirmará la sentencia impugnada […]”79
(Destacado fuera de texto).
57. Así las cosas, la Sala considera que, en las acciones populares, por regla
general, la carga de la prueba corresponde al demandante o al actor popular;
obligación de la cual solo puede sustraerse por razones de orden económico o
técnico expresamente advertidas y acreditadas en el proceso, sin perjuicio de la
facultad probatoria que le asiste al juez popular, por mandato de los artículos 28 y
30 de la Ley 472 y a la regla general de índole probatorio, prevista el artículo 177
del Decreto 1400 de 1970, anteriormente indicado. En este mismo sentido, se
pronunció esta Sala de Decisión en sentencia de 23 de enero de 202080.
En relación con la no vulneración de derechos colectivos en relación con los
daños estructurales de las viviendas
58. El actor popular indicó en su recurso de apelación que en la sentencia
proferida, en primera instancia, no se “[…] interpretó el verdadero alcance y espíritu
de la formulación de este mecanismo tan valioso de protección de los derechos
humanos y de los derechos e intereses colectivos […]”; la anterior afirmación la
fundamentó en la premisa fáctica de que los subsidios nacionales de viviendas de
interés social al ser otorgados con dineros pertenecientes al erario público no
pueden considerarse como derechos subjetivos o particulares comunes a un grupo
de personas.
59. Acerca de la naturaleza de los subsidios de vivienda de interés social, la
Constitución Política de 1991 dispone que: “[…] promoverá planes de vivienda de
interés social […]”. Por medio de la Ley 3 de 15 de enero de 199181 se estableció el
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y en el artículo 6°82 se define el
subsidio familiar de vivienda como: “[…] un aporte estatal en dinero o en especie,
que podrá aplicarse en lotes con servicios para programas de desarrollo de
autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto
de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o interés prioritario
de las señaladas en el artículo 5° de la presente ley, sin cargo de restitución, siempre
que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta ley […]”.
79 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010,
NUR 410012333000200401275-01(AP), C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
80 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de enero de
2020 NUR 150012333000201500316-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
81 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de
vivienda, se reforma el Instituto de Crédito Territorial, ICT, y se dictan otras disposiciones”.
82 Modificado por el art. 28 de la Ley 1469 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
60. Esta definición fue posteriormente plasmada en el numeral 2.3. del artículo
2.° del Decreto 2190 del 12 de junio de 200983 en los siguientes términos: “[…] [e]l
Subsidio Familiar de Vivienda de que trata este Decreto es un aporte estatal en
dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución, que
constituye un complemento del ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir,
construir en sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social […]”.
61. El artículo 7.° de la Ley 3.° de 1991 determinó que los beneficiarios de los
Subsidios de Vivienda Familiar serían los postulados que carezcan de los recursos
suficientes para obtener una vivienda, mejorarla o habilitarla legalmente. Señala
dicha normativa que a “[…] las postulaciones aceptables se les definirá un orden
secuencial para recibir la asignación del subsidio de acuerdo con la calificación de
los aportes del beneficiario a la solución de vivienda, tales como ahorro previo, cuota
inicial, materiales, trabajo o su vinculación a una organización popular de vivienda
[…]”.
62. A su turno, el artículo 9.° ibidem establece que los subsidios tienen por
finalidad “[…] facilitar las soluciones de vivienda propuestas por el beneficiario, pero
si ella forma parte de un conjunto o de un plan de soluciones éstas deberán cumplir
las condiciones y especificaciones que señale la autoridad competente, después de
evaluar sus características sanitarias, técnicas y económicas […]”.
63. De manera concreta, quien quiera ser un potencial beneficiario de un subsidio
familiar de vivienda, en virtud del principio de libertad de escogencia, podrá elegir la
solución respecto de la cual pretenda aplicar, dentro de las condiciones establecidas
en los procedimientos de acceso definidos en las normas que rigen la materia, como
lo define el artículo 5.° del Decreto 2190 de 2009.
64. Los subsidios familiares de vivienda de interés social para áreas urbanas,
tienen dos modalidades: i) el que se otorga con recursos del Presupuesto Nacional,
del cual se encarga el FONVIVIENDA, cuyo principal objetivo es consolidar el
Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas del Gobierno
Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, en particular aquellas
orientadas a la descentralización territorial de la inversión de los recursos
destinados a vivienda de interés social; y ii) los financiados con los aportes
parafiscales, que según lo dispuesto en el artículo 5.° del citado Decreto 2190 de
83 “Por la cual el Ministerio del Interior y de Justicia, reglamenta parcialmente las leyes 49 de 1990, 3° de 1991,
388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el Subsidio Familiar de Vivienda de
Interés Social en dinero para áreas urbanas.
Diario Oficial 47.378 de junio 12 de 2009.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
46
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
2009, compilado en el Decreto 1077 de 2015, son administrados y asignados por
las Cajas de Compensación.
65. El Decreto 2190 de 2009 incorporó en el Capítulo I del Título III algunas
normas relacionadas con los procedimientos de acceso para obtener un subsidio de
vivienda de interés social y ratificó el concepto de elegibilidad, como aquella
manifestación formal mediante la cual la entidad evaluadora emite concepto
favorable de viabilidad a los planes de soluciones de vivienda a los cuales los
beneficiarios aplicarán.
66. Del anterior recuento normativo, se tiene que, en relación con los subsidios
de vivienda, se deben cumplir una serie de requisitos para acceder a ellos; es decir,
son derechos subjetivos los que se configuran respecto de la persona o el núcleo
familiar al que le es asignado el beneficio.
67. Además, en relación con este aspecto, en los términos de la Licencia de
Urbanismo aprobada por la Resolución núm. 10/20-129 del 25 de abril de 2007,
expedida por la Curaduría Urbana Segunda de Neiva, que aprobó la construcción y
urbanización de 122 viviendas familiares de 1 piso conformadas por 8 manzanas,
se estableció como obligación del titular de la licencia: “[…] Ejecutar las obras de
forma tal que se garantice la salubridad y seguridad de las personas, así como la
estabilidad de los terrenos y edificaciones vecinas y de los elementos constitutivos
del espacio público […]”. En ese entendido, las inconformidades en la construcción
y daños alegados que se presentaron en las viviendas de algunos de los
propietarios son obligaciones a cargo del constructor y que no trascienden el ámbito
colectivo y por lo tanto son del exclusivo interés de los propietarios, no configuran
la vulneración o amenaza de derechos colectivos.
68. De acuerdo con lo anterior, no es procedente el análisis de la posible
vulneración o amenaza de los derechos colectivos relacionados con los daños
producidos en las viviendas. En específico no se analizará la vulneración o amenaza
de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la defensa del patrimonio
público, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.
69. Para la Sala, se incurre en una imprecisión al considerar que un derecho
deviene en colectivo, en atención a la naturaleza plural de los sujetos reclamantes.
La Corte Constitucional ha advertido que un derecho individual no se convierte en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
47
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
colectivo por el solo hecho de que se exija simultáneamente con otras personas. El
derecho de una persona individualmente considerada no se transforma en colectivo
al reclamarse con otras personas; ni un derecho colectivo deja de ser tal porque sea
reclamado por una sola persona.
En relación con los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas
y el goce del espacio público en relación con la falta de pavimentación de vías,
redes de acueducto y alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias de la
Urbanización Ciudadela El Coclí
70. Es de resaltar que en el caso concreto y como lo consideró el Tribunal en
relación “[…] con las obras de urbanismo (pavimentación de las vías, redes de
acueducto y alcantarillado de aguas [residuales] y de aguas lluvias); que como ya
quedara expuesto, no fueron concluidas […]”, se configuraba la vulneración del
derecho colectivo a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de sus habitantes.
71. En relación con las obras de urbanismo, estas constituyen una obligación por
parte del titular de la licencia, la cual exige la ejecución de las obras constitutivas
del espacio público, la entrega y dotación de las áreas públicas objeto de cesión
gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, de
acuerdo con las especificaciones de la autoridad competente.
72. Esta Sección ha definido la salubridad pública como la garantía de la salud
de los ciudadanos e implica obligaciones que tiene el Estado de garantizar las
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad, y que
estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de situaciones de índole
sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un determinado
lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que
puedan afectar la salud y tranquilidad de la comunidad y en general que afecten o
amenacen el estado de sanidad comunitaria84.
73. En relación con el derecho colectivo al espacio público, esta constituido por
las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas de
recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las
84
Sección Primera de esta Corporación el 3 de septiembre de 2009, dentro del proceso con número de radicación
850012331000200040224401.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
48
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques,
plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento
de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos
constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la
preservación de las obras de interés público, y, en general, por todas las zonas
existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto
y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso y el disfrute
colectivo. El Decreto 1504 de 1998, acoge en su artículo 2° la definición antes
trascrita y en el su artículo 3°, ibídem, precisa que comprende los siguientes
aspectos: a) Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio
público cuyo uso pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados
al uso o disfrute colectivo; b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales
de los inmuebles de propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación
satisfacen necesidades de uso público; c) Las áreas requeridas para la
conformación del sistema de espacio público en los términos establecidos en este
decreto.
74. Por lo anterior, es procedente el amparo de los derechos colectivos al goce
del espacio público y el derecho a la seguridad y salubridad públicas para garantizar
la culminación y entrega de las obras de urbanismo faltantes, esto es, la
pavimentación de las vías, redes de acueducto y alcantarillado de aguas residuales
y de aguas lluvias, en los términos establecidos en la licencia de urbanización y
construcción.
75. En relación con el reparo del actor popular sobre la orden de las obras a
desarrollar y el término para su realización, es claro para la Sala lo estipulado en el
ordinal segundo, por cuanto se ordena que se culminen y entreguen las obras de
urbanismo de la Ciudadela el Coclí en los términos de la licencia de urbanismo, no
obstante, se modificará la orden haciendo énfasis en la inclusión de las obras de
pavimentación de las vías, las redes de acueducto y alcantarillado de aguas
residuales y de aguas lluvias y demás elementos del espacio público.
En relación con la competencia de la Superintendencia de Subsidio Familiar,
Fonvivienda y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para
constatar la aplicación de los subsidios de vivienda y su materialización
76. La Superintendencia del Subsidio Familiar, de acuerdo con el artículo
1.2.1.4.3 del Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
49
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
es: “[…] una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, que tiene a su cargo la
supervisión de las cajas de compensación familiar, organizaciones y entidades
recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto al cumplimiento de este
servicio y sobre las entidades que constituyan o administren una o varias entidades
sometidas a su vigilancia, con el fin de preservar la estabilidad, seguridad y
confianza del sistema del subsidio familiar para que los servicios sociales a su cargo
lleguen a la población de trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de
eficiencia, eficacia, efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley”.
77. El numeral 6 del artículo 7° del Decreto ley 2150 de 1992, en concordancia
con el numeral 3 del artículo 5° del Decreto número 2595 de 2012, establece que la
Superintendencia del Subsidio Familiar debe “Ejercer el control administrativo
financiero y contable sobre las Cajas de Compensación Familiar y las demás
entidades que estas constituyan, administren o participen, como asociadas o
accionistas, con relación a la prestación de los servicios sociales a su cargo”.
78. El artículo 1° del Decreto número 2595 de 2012 dispone que “[…] La
Superintendencia del Subsidio Familiar tiene a su cargo la supervisión de las Cajas
de Compensación Familiar, organizaciones y entidades recaudadoras y pagadoras
del subsidio familiar en cuanto al cumplimiento de este servicio y sobre las entidades
que constituyan o administren una o varias entidades sometidas a su vigilancia, con
el fin de preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema del subsidio
familiar para que los servicios sociales a su cargo lleguen a la población de
trabajadores afiliados y sus familias bajo los principios de eficiencia, eficacia,
efectividad y solidaridad en los términos señalados en la ley”.
79. En suma, la Superintendencia de Subsidio Familiar no tiene competencias
para verificar el proceso constructivo de las viviendas de interés social, sino la
vigilancia y control de las entidades que asignan los subsidios, es decir las Cajas de
Compensación en el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los
mismos.
80. En relación con el Fondo Nacional de Vivienda - FONVIVIENDA, su objetivo
es consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar las políticas
del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, en particular
aquellas orientadas a la descentralización territorial de la inversión de los recursos
destinados a vivienda de interés social, en los términos del Decreto 555 del 10 de
marzo de 2003. Por consiguiente, no tiene competencia para la verificación de las
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
50
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
construcciones de las viviendas, teniendo en cuenta que es la encargada de
ejecutar las políticas del gobierno en materia de viviendas de interés social.
81. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
según el Decreto núm. 3570 del 27 de septiembre de 201185, es el rector de la
gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar
y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y
regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección,
ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible,
sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores. Por lo tanto, no tiene
funciones de vigilancia en relación con las construcciones de viviendas de interés
social.
82. En relación con el argumento de la no existencia de la ciudadela como barrio,
se tiene que la misma contó con licencia urbanística de urbanización y construcción,
se desarrolló un proyecto de viviendas de interés social avalado y reconocido por
las autoridades de planeación municipal y adicionalmente el barrio se encuentra
estratificado. Por consiguiente, no es precisa la afirmación del apoderado judicial en
relación con este punto.
83. Ahora bien, el recurrente argumentó en su escrito que “ha existido un gran
compromiso omisivo e ilegal en el manejo de los recursos públicos”, razón por la
cual solicitó en su demanda el amparo del derecho colectivo a la moralidad
administrativa, por cuanto, “los manejos […] fueron totalmente oscuros, si nos
detenemos a verificar todo lo acontecido con las viviendas construidas y que de una
o otra forma, las entidades públicas participaron, avalaron y permitieron […] que se
produjeran esos actos en desfavor de personas vulnerables que confiaron en un
proyecto aparentemente bueno”. En tal sentido, pidió que, al resolverse la apelación,
se efectúe un pronunciamiento respecto de este derecho e interés colectivo.
84. Al respecto, la Sala reitera que el derecho e interés colectivo a la moralidad
administrativa ha sido entendido como un concepto jurídico indeterminado, que se
relaciona “[…] con el ejercicio eficiente de la función pública y, en especial, con el
85
“Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el
Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. El artículo 11 de la Ley 1444 de 2011 ordenó que se escindieran
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a
los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial y del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico y a las
dependencias a su cargo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
51
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
manejo correcto de los bienes y dineros públicos. Sin embargo, para que se
configure la vulneración de este derecho colectivo deben concurrir dos elementos
[…]” el objetivo y el subjetivo.
85. El primero, exige probar el “quebrantamiento del ordenamiento jurídico” y el
segundo “la demostración de conductas amañadas, corruptas, arbitrarias o alejadas
de la correcta función pública”, tal y como lo señala la sentencia de la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado proferida el 1.º de diciembre
de 2015”86.
86. La Sala considera que en el sub lite no se vulnera el derecho colectivo a la
moralidad administrativa toda vez que no se encontraron configurados los
elementos objetivo y subjetivo para entenderlo trasgredido, concretamente, no se
advirtió la existencia de una conducta que atentara contra los principios de la función
pública y menos se probó la existencia de conductas amañadas, corruptas, o
arbitrarias, más allá de la simple mención por parte del recurrente.
87. Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección ha venido considerando
que la parte apelante es quien tiene la obligación de asumir la carga argumentativa
dado que el objeto del recurso es controvertir uno o varios de los fundamentos de
la sentencia proferida por el a quo, lo que, a su vez, supone una limitación en la
competencia del Juez superior.
88. A su turno, la Sala también ha expresado que el recurrente debe haber
cumplido con una mínima carga argumentativa que permita realizar un estudio sobre
las razones manifestadas87.
89. De acuerdo con lo anterior, la Sala reitera que quien apela está obligado a
precisar las inconformidades contra la decisión judicial que considera contraria a
sus pretensiones, con la finalidad de que el juez de segunda instancia las confronte
con los argumentos expuestos en la providencia judicial recurrida. En el caso sub
examine, este deber se incumplió, comoquiera que el recurrente se limitó a señalar
en su recurso que exigía un pronunciamiento sobre la vulneración del derecho e
interés colectivo a la moralidad administrativa a partir de unas consideraciones sin
el correspondiente sustento argumentativo y probatorio.
86 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 10 de noviembre de 2023, número único de radicación:
050012333000202101966-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
87 Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 2 de noviembre de 2023, C.P. Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación: 250002341000201401431-02.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
90. En cuanto al argumento relativo a que, la práctica de una inspección judicial
a la Urbanización Ciudadela El Coclí, resultaba necesaria para determinar los daños
en las viviendas, el estado del acueducto y alcantarillado de la ciudadela y las zonas
verdes, la Sala advierte que esta prueba no fue solicitada por el recurrente en la
oportunidad procesal correspondiente.
91. Al respecto, la Sala reitera que, si bien, el Juez cuenta con la facultad de
decretar pruebas con miras a resolver la controversia, lo cierto es que dicha opción
de ninguna forma puede ser utilizada para subsanar las falencias probatorias de las
partes, pues ello implicaría un desequilibrio en las cargas procesales en detrimento
del derecho al debido proceso del otro extremo de la litis.
92. En ese orden de idea, el juez de la acción popular no estaba obligado a
decretar una inspección judicial de manera oficiosa, en tanto, el deber de probar no
puede ser suplido por la autoridad judicial.
Respecto al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia
93. La Sala considera que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 34 de la Ley
472, específicamente, en lo relacionado con la conformación del comité de
verificación de cumplimiento de la sentencia, es necesario ordenar la conformación
del mencionado comité, el cual estará integrado por el Magistrado Sustanciador del
Tribunal Administrativo del Huila, quien lo presidirá; un representante de la parte
actora; un representante de la Asociación de Vivienda Visión Futuro y de Constru-
unidos S.A.; un representante del Municipio de Neiva; un representante de las
Empresas Públicas de Neiva E.S.P.; y el agente del Ministerio Público, delegado
ante el Tribunal, tal como se ordenará en la parte resolutiva de esta sentencia.
94. Finalmente, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Huila, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Conclusiones
95. La Sala considera que, en este caso concreto se probó la vulneración o
amenaza de los derechos colectivos al goce de un espacio público y la utilización y
defensa de los bienes de uso público; y la seguridad y salubridad pública; teniendo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
53
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
en cuenta que: i) en relación con los daños que presentan las viviendas y que fueron
objeto de reparaciones por sus propietarios, estos son objeto de la órbita subjetiva
o particular; y ii) la Asociación de Vivienda Visión Futuro y Constru-unidos S.A.
tienen la obligación de culminar y entregar las obras de urbanismo faltantes de
acuerdo con la licencia de urbanismo y construcción proferida, en ese orden se
confirmará la sentencia de 27 de febrero de 2013 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 27 de febrero de
2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas
en la parte motiva, el cual quedará así:
“SEGUNDO. - Amparar los derechos colectivos a “La realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de sus habitantes”; “el goce del espacio público y la utilización y defensa de los
bienes de uso público”; y a “la seguridad y salubridad públicas” (artículo 4°, literales
d, g y m de la ley 472 de 1998).
En tal virtud, se ordena a la ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VISIÓN FUTURO Y A
CONSTRU-UNIDOS S.A. que culminen y entreguen las obras de urbanismo de
Ciudadela El Coclí, esto es, pavimentación de las vías, redes de acueducto y
alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias y demás elementos constitutivos
del espacio público, ciñéndose a las características técnicas consignadas en la
licencia 10/20-129, otorgada por la Curaduría Segunda de Neiva el 25 de abril de
2007. Dicha entrega se debe materializar en un lapso de 6 meses, contados a partir
de la ejecutoria de dicha providencia.
Por su parte, se ordena al MUNICIPIO DE NEIVA y a las EMPRESAS PÚBLICAS
DE NEIVA E.S.P. que ejerzan un estricto control y vigilancia, en procura de
garantizar que los trabajos se realicen de manera técnica y dentro del plazo
establecido. En caso contrario, procederán a imponer las sanciones de rigor y harán
exigibles las pólizas que se hubieren expedido a su favor […]”.
SEGUNDO: ADICIONAR a la sentencia de 27 de febrero de 2013 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila la orden de conformación de un Comité de
Verificación de la sentencia, la cual quedará así:
“OCTAVA.- ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación de la
sentencia, el cual estará integrado por el Magistrado Sustanciador del Tribunal
Administrativo del Huila, quien lo presidirá, un representante de la parte actora, un
representante de la Asociación de Vivienda Visión Futuro y de Constru-unidos S.A.,
un representante del Municipio de Neiva y un representante de las Empresas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
54
Núm. único de radicación: 410012331000201000733-01
Públicas de Neiva E.S.P. y el agente del Ministerio Público delegado ante el
Tribunal.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 27 de febrero de 2013
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998.
QUINTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo del Huila, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.