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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-01966-01

Fecha
10 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2021-01966-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022 por la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, disponer lo siguiente: […] PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos al goce a un ambiente sano, a la libre competencia económica y a la realización de construcciones, Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que esa acción u omisión del funcionario en el desempeño de las funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral; debe evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del cumplimiento del interés general, en aras de su propio favorecimiento o del de un tercero. […] (Subraya la Sala) 93 Ibid., folios 422 y ss. Cuaderno 3. 2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1) 94 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2019, CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01. 59 Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP) Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, transgredidos por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, por el municipio de Barbosa y por el señor Luis Fernando Monsalve Cataño y, como consecuencia de lo anterior: 1.1. ORDENAR al municipio de Barbosa que, a través de la dependencia competente, en el término de seis (6) meses y con plena observancia de las garantías procesales, culmine el procedimiento policivo relacionado con la comisión de una infracción a la actividad económica por parte del administrador del establecimiento de comercio Centro Recreativo Barbosa. De forma inmediata, el municipio verificará que la autoridad competente imponga las medidas pertinentes de suspensión de actividades para que los propietarios de ese predio cumplan con el uso del suelo aplicable. 1.2. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, en el marco de sus competencias legales y con plena observancia de las garantías procesales, que: […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2021-01966-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño
Demandados: Corporación Autónoma Regional de Antioquia y Municipio de Barbosa
Vinculado: Yefferson Miranda Bustamante
Tema: Reiteración jurisprudencial sobre las diferencias entre los derechos
colectivos e individuales. Facultades del juez popular respecto del
análisis de la legalidad de los actos administrativos. Usos del suelo
previstos en el PBOT del predio del Centro Recreativo de Barbosa.
Mitigación de riesgo de desastre en infraestructura. Ausencia de
permisos ambientales exigibles para el desarrollo de una actividad
económica. Ocupación de zona de ronda.

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante
Luis Fernando Monsalve Cataño, en contra de la sentencia de 20 de octubre de
2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. El ciudadano Luis Fernando Monsalve Cataño demandó a la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y al municipio de
Barbosa, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88 de la
Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 19981 y 1437 de 20112,
con miras a obtener la protección de los derechos colectivos previstos en los
literales a), b), g), i), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.

2. En su libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Declarar que la administración municipal de Barbosa y
Corantioquia al permitir la intervención en el cauce de la quebrada Santo Domingo,
el funcionamiento y las construcciones del establecimiento de comercio
denominado “Centro Recreativo Barbosa”, están vulnerando continuamente, los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la
seguridad y salubridad públicas, la libre competencia económica, el derecho a la
prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de las

1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo”.

2

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes y los derechos de los consumidores y usuarios.

SEGUNDO: Que se ordene a la administración Municipal de Barbosa, Antioquia
y/o Corantioquia que realicen todas las gestiones necesarias para garantizar el
goce de un ambiente sano y se realice una vigilancia constante sobre el afluente
hídrico llamado quebrada Santo Domingo.

TERCERO: Que se ordene a la Administración Municipal de Barbosa, Antioquia
y/o Corantioquia, el restablecimiento de las condiciones naturales del afluente
hídrico, procediendo a la demolición de los muros de represamiento y cualquier
otra intervención antropomórfica sobre el cauce de la quebrada.

CUARTO: Que se ordene a la administración municipal y/o a la autoridad
ambiental Corantioquia, que proceda al sellamiento definitivo del establecimiento
de comercio denominado “Centro Recreativo Barbosa”, ubicado en el predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 012- 8273.

QUINTO. Que se ordene a la administración municipal de Barbosa, Antioquia y/o
Corantioquia que proceda al restablecimiento del orden urbanístico y
medioambiental y como consecuencia ordene la demolición de las edificaciones
existentes en el “Centro Recreativo Barbosa”, ubicadas en el predio identificado
con folio de matrícula inmobiliaria 012-8273.

SEXTO. Que se ordene a la administración Municipal de Barbosa, Antioquia y/o
Corantioquia que realice todas las actuaciones administrativas necesarias para
dar cumplimiento inmediato del acuerdo 016 de 2015 en el inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 012-8273, en concordancia con los usos del suelo
estipulados para ese inmueble.

SÉPTIMO. Que, en caso de encontrar actuaciones irregulares o ilegales de las
entidades accionadas por parte del despacho, se compulsen copias a los entes
de control para lo de su competencia.

OCTAVO. Que se condene en costas y agencias en derecho a las demandadas.
[…]

3. Como fundamento de la acción popular, el demandante informó que el
establecimiento de comercio denominado “Centro Recreativo Barbosa” opera en el
predio con matrícula inmobiliaria nro. 012-8273, prestando el servicio de hospedaje,
piscina, días de sol, restaurante, eventos recreativos, pesca y zona de camping3.

4. Adujo que ese predio hace parte del polígono “R_CR_12” del Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del Municipio (Acuerdo 016 de 2015), cuyo uso autorizado
es agropecuario y uso complementario de vivienda campesina. Es decir que el lugar
no está autorizado para desarrollar actividades comerciales, ni de hospedaje o
turismo. En consecuencia, afirmó que la Resolución 6565 de 2018 sobre el uso del
suelo de ese inmueble es «ideológicamente falsa», porque contradice el Acuerdo
016 de 2015.

3 Destacó que en el inmueble está conformado por bloques, tres de ellos para alojamiento, uno se

usa como bodega y otro corresponde a la piscina con restaurante y bar. Además, cuenta con lagos
de pesca y pozos adecuados como balnearios con agua de la quebrada cercana, sin ningún tipo de
autorización de las entidades competentes

3

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

5. Planteó que: «en aplicación del artículo 2.2.2.2.2.1 del Decreto 1077 de 2015 los
usos del suelo que no estén autorizados por las normas urbanísticas deben
entenderse prohibidos. La vinculatoriedad del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial y su carácter de norma de orden público de aplicación inmediata tiene
sustento además en la Constitución Política de Colombia, artículos 8, 58, 63, 79,
80, 88 y 311 y la Ley 388 de 1997».

6. Manifestó que la Dirección Administrativa de Planeación de Barbosa, a través de
la Resolución 2234 de 2018, aprobó́ unas construcciones al interior de ese predio,
a pesar de que las obras no cumplían con la normatividad legal porque se
fundamentó en el PBOT derogado.

7. Concretamente, indicó que: «no se cumplieron las formalidades exigidas por la
ley, no se instaló la valla informativa exigida por el Decreto 1077 de 2015, no se
recaudó la totalidad de documentación necesaria, (…) no se citaron a los vecinos,
(…) se impidió la participación de quien tuviera interés en el procedimiento
administrativo, (…) la licencia de construcción reconoció una edificación que no
cumple con el retiro exigido para la ronda hídrica (…) y se ejercen actividades de
hospedaje y turismo contrariando el uso del suelo autorizado por normas
superiores».

8. Adujo que: «la Secretaría de Planeación nunca aprobó las edificaciones del
“Centro Recreativo Barbosa” y mucho menos la piscina que tiene graves indicios
de problemas estructurales». Adicionalmente, los propietarios del Centro
Recreativo Barbosa intervinieron la quebrada Santo Domingo con maquinaria
pesada para desviar el cauce y crear empozamientos usados como balnearios y
lagos de pesca del establecimiento de comercio. Construyeron muros de concreto
para el represamiento de la quebrada modificando el cauce, sin autorización de la
autoridad ambiental o municipal; y aumentaron el riesgo de desbordamiento ante
una creciente.

9. Indicóque la Unidad de Gestión del Riesgo de Barbosa, la Secretaría de
Planeación de Barbosa y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá identificaron
«importantes deficiencias constructivas» en las edificaciones del Centro Recreativo
Barbosa.

10. Finalmente, alegó que Corantioquia y el ente territorial no han ejercido las
competencias encomendadas por el legislador para corregir estas problemáticas,
aun cuando el municipio de Barbosa es responsable de la gestión del riesgo y del
ordenamiento del territorio. Mientras que Corantioquia es la autoridad encargada
de conservar las fuentes hídricas.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

11. El
magistrado sustanciador de la Sala Primera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, mediante auto de 30 de noviembre de 2021, admitió la

4

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a las autoridades
accionadas para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o
solicitaran la práctica de las pruebas. Igualmente, vinculó al proceso al ciudadano
Yefferson Miranda Bustamante. También, ordenó notificar al agente del Ministerio
Público y al Defensor del Pueblo, y dispuso comunicar la acción de la referencia a
los miembros de la comunidad. Por último, decretó la siguiente medida cautelar:

[…] SEXTO: SE DECRETA LA SIGUIENTE MEDIDA PROVISIONAL: Se
ordena al MUNICIPIO DE BARBOSA a través de las dependencias
competentes, acreditar en el término de diez (10) días ante este Despacho, el
acatamiento de las recomendaciones realizadas por el Área metropolitana,
respecto de la mitigación del riesgo encontrado por esa entidad en el CENTRO
RECREATIVO BARBOSA, establecimiento comercial ubicado en la Vereda
Aguas Claras parte baja, de propiedad del señor YEFFERSON MIRANDA
BUSTAMANTE. En tal sentido, en caso de no haberse comprobado por la
entidad que el propietario realizó, conforme a las recomendaciones del Área
Metropolitana, las acciones para garantizar el cumplimiento de la norma NSR-
10; y el buen estado de la construcción en el tiempo; tomará las medidas que
sean necesarias para prevenir la ocurrencia de un desastre, incluyendo el cierre
parcial o total del Centro Recreativo. […]4

I.3. Las contestaciones de la demanda

I.3.1. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquía, mediante oficio de 17 de enero de 20225, se opuso a las pretensiones
de la demanda, tras afirmar que la autoridad ambiental no transgredió los derechos
colectivos objeto del litigio.

12. Advirtió que, «conforme a la visita realizada el 7 de enero de 2022 por personal
de esta Corporación, se tiene que el estanque para pesca, se encuentra vacío, por
lo que esa actividad ya no es practicada. (…) En cuanto a los pozos y balnearios,
si bien se observan en el lugar, se evidencia que los mismos no están en uso en la
actualidad o por lo menos para el momento de la visita». Aunado a ello, «de acuerdo
con el informe técnico N°160AN-IT2101- 315 del 18 de enero de 2021, se evidencia
que hay muros de contención construidos hace mucho tiempo, con el fin de adecuar
charcos artesanales sobre la quebrada, indicando, que cuando los nuevos
propietarios compraron el predio, ya existían dichas estructuras».

13. Precisó que: «el Centro Recreativo Barbosa limita con la quebrada Santo
Domingo y respecto al retiro mínimo de las fuentes de agua, es preciso considerar
lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 que compiló al Decreto 1449 de 1977, y
en el Acuerdo Municipal de Barbosa 016 de 2015». En ese orden, «el retiro de los
30 metros no se cumple en dicho predio, debido a que hay construcciones (con
licencia o sin licencia) dentro del retiro de la quebrada Santo Domingo».

4Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

3_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143158.
5Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:
16_0500123330002021019660113EXPEDIENTEDIGI20221118144206.

5

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

14. Planteó que en la «Corporación no reposa ningún trámite de ocupación de cauce
a nombre del Centro Recreativo Barbosa y que cualquier tipo de intervención, se
debe adoptar con base en estudios hidráulicos e hidrológicos, que garanticen que
no causaran ningún tipo de afectación a la hidráulica normal del recurso hídrico. En
razón a lo anterior, se (…) dio apertura al trámite sancionatorio Ambiental bajo el
Expediente AN4-2021-81».

15. Explicó que su responsabilidad en materia de gestión de riesgos es
complementaria y subsidiaria, de conformidad con la Ley 1523 de 2012. Por ello,
las alcaldías y las gobernaciones son los primeros obligados en la materia. Además,
los municipios detentan obligaciones de control policivo y de convivencia.

16. Finalmente, señaló que el señor Yefferson Miranda Bustamante debe
comparecer en este proceso como sucesor del propietario del inmueble Saúl
Miranda Tapias (QEPD). Y propuso las excepciones de: (i) ausencia de
responsabilidad de Corantioquia, (ii) cumplimiento de las funciones propias de la
corporación; (iii) inexistencia de violación de los derechos colectivos y (iv) falta de
legitimación en la causa por pasiva.

I.3.2. El apoderado judicial del Municipio de Barbosa, mediante oficio de 17 de
enero de 20226, afirmó que las pretensiones de la demanda no debían prosperar
debido a que el municipio no transgredió los derechos colectivos previstos en los
literales a), b), g), i), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472.

17. Explicó que el uso del suelo del polígono en donde funciona el Centro Recreativo
Barbosa no prohíbe el desarrollo de actividades recreativas, sino que las restringe,
tal como lo determina la Resolución 001466. Además, quien pretenda abrir un
establecimiento de comercio únicamente debe presentar el certificado de usos del
suelo, en atención a que: «el municipio no es competente para determinar si se
puede o no abrir un establecimiento de comercio, aunque si lo es para otorgar la
licencia de construcción».

18. Puso de presente que el ente territorial, en el año 2021, declaró el desistimiento
de una solicitud de modificación de la licencia de construcción, e inició un proceso
sancionatorio respecto de las obras del presente debate judicial.

19. Afirmó que el certificado de uso de suelo 006565 expedido por el director
Administrativo de Planeación el 14 de septiembre de 2018, así́ como la licencia de
construcción del mismo año, se presumen legales, porque esos actos no han sido
declarado nulos por la autoridad competente. En ese contexto, «las actuaciones del
propietario, tenedor o poseedor del predio donde está ubicado el centro recreativo
Barbosa están amparadas en el principio de Confianza legítima». Además, adujo
que el demandante debió ejercer la acción de nulidad para tal propósito.

6Ibidem, documento denominado:

111_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118144406.

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

20. Mencionó que el ente territorial realizó visitas, controles, intervenciones y «ha
tomado las medidas necesarias como el sellamiento provisional de dicho
establecimiento, pero todo ello dentro del ámbito de la competencia de la
Administración municipal y respetando el debido proceso administrativo». De
manera que la autoridad ambiental es la encargada de valorar si el propietario del
centro recreativo incurrió en una infracción ambiental, y solamente la
Superintendencia de Sociedades puede cancelar el registro del establecimiento de
comercio.

I.3.3. El apoderado judicial del administrador del establecimiento de comercio
“Centro Recreativo Barbosa”, Yefferson Miranda Bustamante, mediante oficio de
17 de enero de 20227, se opuso a la prosperidad de las pretensiones.

21. Afirmó que la infraestructura del Centro Recreativo de Barbosa no invade la zona
de protección de la ronda hídrica de la Quebrada Santo Domingo porque «fue
establecida después de que se conformara la matricula inmobiliaria. Las rondas
Hídricas son ficciones jurídicas que delimitan ciertas áreas de los afluentes a fin de
brindarles cierta protección, en beneficio común, no una segregación del bien, como
parece entenderlo en accionante».

22. Sostuvo que: «el actor no presenta prueba alguna de las supuestas
intervenciones sobre el afluente hídrico. Lo cierto es que las intervenciones (muros)
fueron construidos décadas atrás y con mucha anterioridad al funcionamiento del
centro recreativo, como parte del atractivo y tradición turística del sector, y están no
solo en el predio donde funciona el centro recreativo, sino en los predios aledaños,
incluidos el predio del actor. Vale resaltar que este tipo de intervenciones se
realizaron en connivencia de las autoridades públicas y representan el atractivo
turístico del municipio, propio de su vocación y tradición».

23. Argumentó que la actividad desarrollada en su predio cumple con los usos
autorizados en el PBOT del municipio de Barbosa según el certificado de uso de
suelos 006565 de 14 de septiembre de 2018. Además, el numeral 5 del artículo 8
del PBOT incluye en el concepto de vivienda rural, las viviendas de recreo en suelo
rural. El numeral 10 reconoce al municipio como referente de desarrollo turístico. Y
«el polígono de influencia del predio, según el Artículo 95 (…), no cuenta con
canchas o placas deportivas, en el suelo rural, por lo que el USO
COMPLEMENTARIO, designa equipamientos colectivos, sociales y de seguridad,
que entran a suplir en parte, las necesidades de recreación de las comunidades
circunvecinas al sitio como tal».

24. Sostuvo que el propietario del centro recreativo «tenía una expectativa legítima
de que, después de 3 años de ejercicio de la actividad comercial en el mismo lugar,
fundada en unos actos administrativos que hoy aún son válidos, y que los vecinos

7Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:
133_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118144621

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

también ejercen la misma actividad económica, se le garantizaran las condiciones
para continuar el ejercicio de la actividad comercial lícita que desarrollaba».

25. Advirtió que el actor inició dos procesos policivos, una acción de cumplimiento,
varias denuncias ante las autoridades ambientales tutelas, tras considerar que la
Resolución 2234 de 2018 vulnera la normatividad específica. Sin embargo, en
dichos procesos se concluyó que la licencia otorgada es legítima, se efectuaron las
medidas correctivas pertinentes y se determinó que el establecimiento de comercio
cumple con los requisitos legales para su funcionamiento. Aunado a ello, si el
demandante pretende cuestionar la legalidad de la Resolución 2234 de 2018 debió
ejercer el medio de control de nulidad.

26. Finalmente, argumentó que los riesgos existentes en las instalaciones ya se
mitigaron y corrigieron. Consecuentemente, propuso las excepciones de: (i) hecho
superado, (ii) presunción de legalidad y (iii) confianza legítima.

I.4. Audiencia de pacto de cumplimiento

27. El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 24 de febrero de
20228, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472
de 5 de agosto de 1998, debido a que no se formuló proyecto de pacto de
cumplimiento.

II. La sentencia de primera instancia

28. LaSala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquía,
mediante sentencia de 20 de octubre de 20229, negó las pretensiones tras
considerar que los accionantes no demostraron la transgresión o amenaza de los
derechos colectivos invocados en la demanda.

29. Para arribar a esa determinación, estudió los derechos previstos en los literales
a), b), g), i), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998 y, posteriormente, recopiló
de forma sucinta los hechos acreditados en el plenario y el contenido de los
testimonios recaudados.

30. En tal contexto, advirtió que ninguna actuación «vulnera o amenaza los derechos
colectivos a la libre competencia económica ni los derechos de los consumidores,
teniendo en cuenta el contenido de estos, conforme a las elaboraciones
jurisprudenciales».

31. Respecto de los derechos a la previsión de desastres previsibles y a la seguridad
pública, explicó que el peligro que ofrecían las instalaciones del Centro Recreativo
Barbosa se encontraba superado al momento en que se presentó la demanda (18

8 Ibid., folios 239 y 240.
9 Ibid., folios 422 y ss. Cuaderno 3.

2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1)

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

de noviembre de 2021), tal como lo acredita el informe de la visita técnica del Área
Metropolitana de Aburra de 7 del 26 de julio de 2021, y los informes de seguimiento
de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de 21 de septiembre y
de 20 de diciembre de 2021. Además, explicó que el hecho de calificar el riesgo
como bajo significa que «es improbable la ocurrencia de un desastre en razón de
la estructura de la edificación».

32. En cuanto a la supuesta transgresión del derecho al goce de un ambiente, afirmó
lo siguiente:

[…] Corantioquia inició los procedimientos de verificación y adoptó las medidas
tendientes a remediar las anomalías encontradas. Así mismo, inició los
procesos sancionatorios en contra de los responsables del Centro Recreativo.
Se acreditó con los informes elaborados por funcionarios de la Corporación y
los testimonios rendidos por ellos, que se verificó la suspensión de las prácticas
de intervención del cauce de la quebrada con maquinaria pesada, el
anillamiento de árboles (lo cual no se probó que constituyera afectación
ambiental, en razón de las especies) y el uso del agua de las acequias
pertenecientes a la quebrada Santo Domingo.

Frente al pozo séptico, no se acreditó que este estuviera generando una
afectación ambiental, pues lo que se documentó en la última visita de
Corantioquia fue la realización del mantenimiento debido. En cuanto a los
muros en forma de aletas que represan el agua para formar un charco de uso
recreativo, se estableció que su existencia data de más de 10 años,
significando que no tiene una incidencia en la dinámica de la corriente de la
quebrada; que represente una afectación o vulneración al ambiente en grado
que amerite una protección mediante la acción popular. Lo anterior, por cuanto
frente a las posibles infracciones de las normas ambientales, la autoridad
competente, en este caso CORANTIOQUIA, mediante personal experto ha
realizado las verificaciones pertinentes y ha adoptado las medidas pertinentes
para evitar el daño o amenaza a los recursos como el agua, los bosques y
demás componentes del medio.

Es claro que para la utilización de algunos recursos es necesario contar con los
permisos de la autoridad ambiental de tal manera que si se hace uso de ellos
sin el permiso respectivo se incurre en una infracción que da lugar a las
sanciones legales. Ello no significa que ante cada posible infracción ambiental
se requiera la intervención del Juez constitucional, pues para ello debe
acreditarse una verdadera amenaza al derecho colectivo involucrado y en este
caso no se acreditó esa situación de peligro o amenaza. […]

33. Respecto de la transgresión del derecho a la realización de construcciones
respetando las disposiciones jurídicas, reconoció que algunas edificaciones del
Centro Recreativo Barbosa no cuentan con licencia de construcción y otras se
encuentran ocupando la ronda hídrica de la quebrada Santo Domingo.

34. A pesar de lo anterior, consideró que en el plenario no existían «elementos que
acrediten el daño o la amenaza de daño al interés general o colectivo; requisito
indispensable para la prosperidad de la pretensión de protección de derechos de
esta índole». También señaló que «de la sola existencia de dos conceptos
diferentes de usos del suelo, no puede deducirse inmoralidad administrativa, sin
que se conozcan las circunstancias en que fueron expedidos. Tampoco se observa

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

de qué manera se vulnera o amenaza el interés colectivo con los actos
administrativos señalados y en esa medida, el examen de legalidad de dichos actos
escapa al objeto y finalidad de la acción popular».

35. Sostuvo que «las quejas obedecen a un conflicto de carácter particular entre los
señores Monsalve Cataño y Miranda Bustamante, cuyas propiedades son
colindantes y entre los cuales existen unos reclamos, al parecer por linderos y por
derechos de servidumbre», como puede apreciarse en las querellas presentadas
por el señor Monsalve Cataño en contra del señor Miranda Bustamante, bajo los
radicados 8836-2020 y 2020-0034. En consecuencia, la única problemática que
tenía una connotación colectiva era a la situación de riesgo de desastre que fue
oportunamente corregida.

36. A partir de todo lo anterior, el Tribunal resolvió lo siguiente:

[…] PRIMERO: NÍEGANSE las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Se levanta la medida provisional decretada en el auto admisorio y se
exhorta a las entidades accionadas, CORIANTIOQUIA y MUNICIPIO DE
BARBOSA, a continuar ejerciendo los controles que a cada una corresponda, se
acuerdo con sus competencias.

TERCERO: No se condena en costas a la parte actora. […]

III. Fundamentos de los recursos de apelación

37. El señor Luis Fernando Monsalve Cataño, mediante escrito de 28 de julio de
202110, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, tras sostener
que esa providencia incurre en un defecto fáctico porque «(i) existe una omisión en
el decreto de pruebas que eran necesarias en el proceso; (ii) se da una valoración
caprichosa y arbitraria de las pruebas presentadas; y (iii) no se valora en su
integridad el material probatorio».

38. Aseguró que la transgresión del derecho al goce de un ambiente sano y a la
seguridad pública, se demostró en la medida en que «el señor Yefferson Miranda
Bustamante ha ocupado el cauce ilegalmente, no ha tramitado los permisos y se le
ha negado sistemáticamente los permisos de vertimientos y agua. Además del uso
indiscriminado del agua del acueducto vereda, tal como lo admite a los funcionarios
de Corantioquia»11.

39. Respecto del quebrantamiento del derecho a la prevención de desastres
previsibles técnicamente, adujo que: «el establecimiento de comercio “centro
recreativo de Barbosa continúa funcionando en la actualidad, a pesar de que exista
un riesgo inminente para la comunidad que afecte su salud y la vida».

10Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

105_05001233300020210196601102EXPEDIENTEDIGI20221118144241
11 Por ello, señaló que el «Magistrado y la Sala de decisión, desconocieron el precedente vertical y

de la Corte Constitucional, el decreto 1075 de 2015, y las sentencias de principio de precaución»,
sin indicar el radicado de la jurisprudencia respectiva.

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

40. En cuanto al derecho a realizar las construcciones respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, explicó que las entidades accionadas permitieron «el
desarrollo de construcciones que no cumplen con los lineamientos del PBOT, ni
poseen ningún tipo de estudio técnico que haya permitido su construcción, y no han
realizado ningún tipo de actuación conducente que modifique la situación que se
presenta (sic)».

41. Sobre la transgresión del derecho colectivo a la libre competencia económica,
recordó que los artículos 87, 91 y 92 de la Ley 1801 de 2016 explican que el
incumplimiento de las normas referentes al uso reglamentado del suelo es un
comportamiento que afecta la actividad económica. Al respecto, reiteró que «el
polígono R_CR_12, donde se ubica el predio, están prohibidas las actividades
comerciales y turísticas y el uso del suelo permitido es el de agrícola con uso
complementario de vivienda campesina», lo que significa que el Tribunal no valoró
el PBOT del municipio de Barbosa, las Resoluciones 6565, 2234 y 5878 de 2018 y
1466 de 2020, ni los oficios 0312 de agosto de 2018 y 1088 de 26 de noviembre de
2020.

42. A su juicio, el municipio, «a través de un trato desigual, permite a los propietarios
del “Centro Recreativo Barbosa” desarrollar un comportamiento contrario a la
actividad económica mientras los demás habitantes del polígono en aplicación de
normas urbanísticas de carácter objetivas y de orden público tienen prohibida dicha
posibilidad».

43. Finalmente, adujo que «la moralidad administrativa como derecho colectivo
implica planeación y control no solo de los recursos económicos de las entidades
públicas, sino también del territorio a cargo de los municipios».

IV. Trámite en segunda instancia

44. Mediante auto de 27 de octubre de 202212, el magistrado sustanciador del
proceso en primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por el
demandante.

45. Este Despacho, a través de auto de 25 de noviembre de 202213, resolvió lo
siguiente:

[…] PRIMERO: ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por el actor
popular, en contra de la sentencia de 20 de octubre de 2022 proferida por la
Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

12Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

6_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143413.
13 Ibid., Registro N.° 4: “Actuación: AUTO QUE ADMITE EL RECURSO. […]”.

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente al Ministerio Público y por estado a las
demás partes.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que no habrá lugar a dar
traslado para alegar de conclusión en tanto que no existen pruebas por
practicar en el presente proceso, conforme a la parte considerativa de este
proveído.

CUARTO: INFORMAR al Ministerio Publico que puede emitir concepto en la
presente causa hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para
sentencia.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría General que, una vez finalicen los
términos estipulados en el numeral 4° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011,
se remita el expediente al Despacho para lo pertinente. […]

46. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, mediante escrito
de 6 de diciembre de 2022, emitió concepto en el sentido de solicitar la confirmación
de la sentencia de 20 de octubre de 2022. En su criterio, este litigio «se trata de un
conflicto de carácter particular entre Monsalve Cataño y Miranda Bustamante,
cuyas propiedades son colindantes y entre los cuales existen unos reclamos, al
parecer por linderos y por derechos de servidumbre».

47. Afirmó que la apelación «no ofreció argumentos suficientes que desvirtúen las
conclusiones a las que arribó el Tribunal. Por el contrario, del recuento surtido, se
observa que el Tribunal relacionó y analizó las pruebas que obran en el expediente
y expuso las conclusiones a las que arribó, resaltando además las derivadas de las
pruebas que el actor informó fueron desconocidas o valoradas caprichosamente».

48. Recordó que, «según el informe de CORANTIOQUIA de 18 de enero de 2022,
los estanques piscícolas del Centro Recreativo no están funcionando, el
abastecimiento de agua para uso doméstico del Centro Recreativo es suministrada
por el acueducto veredal El Peñasco, que cuenta con concesión de aguas, se
suspendió captación de agua de la quebrada y actualmente no se hace uso ni
aprovechamiento de ésta, no existen intervenciones con maquinaria pesada en la
fuente hídrica denominada quebrada Santo Domingo, no se evidencio la ocupación
de cauce, el sistema de tratamiento de agua residual doméstico se encuentra
funcionando». En todo caso, compartió el exhorto que hizo el Tribunal de primera
instancia a las entidades accionadas, a CORANTIOQUIA y al Municipio de Barbosa
para que continúen ejerciendo los controles pertinentes, de acuerdo con sus
competencias.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

49. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo14 y con el artículo 13 del Acuerdo
N.° 080 de 201915, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para
conocer en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra
de las sentencias proferidas en primera instancia por los Tribunales Administrativos,
en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema

50. El ciudadano Luis Fernando Monsalve Cataño demandó a la Corporación
Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y al municipio de
Barbosa, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos previstos en
los literales a), b), g), i), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, presuntamente
quebrantados por el comportamiento omisivo de esas entidades en el ejercicio de
sus funciones de control ambiental y urbanístico del Centro Recreativo Barbosa.

51. Para resolver la controversia, el a quo vinculó al proceso al ciudadano Yefferson
Miranda Bustamante debido a su participación en la causa petendi como
administrador de ese establecimiento de comercio16.

52. Una vez culminó el trámite procesal de primera instancia, mediante sentencia de
20 de octubre de 2022, la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquía negó el amparo tras considerar que el accionante no demostró la
transgresión o amenaza de los derechos colectivos invocados en la demanda.

53. El Tribunal evidenció que el peligro existente en las instalaciones del Centro
Recreativo Barbosa se encontraba superado para el momento en que la parte
actora radicó la demanda. Señaló que Corantioquia y el municipio adelantaron las
acciones de su competencia para subsanar los riesgos ambientales y urbanisticos.
Además, consideró que, si bien algunas de las obras del centro recreativo carecen
de licencia de construcción o pertenecen a la zona de ronda hídrica de la quebrada
Santo Domingo, «no obran en el expediente elementos que acrediten el daño o la
amenaza de daño al interés general o colectivo; requisito indispensable para la
prosperidad de la pretensión de protección de derechos de esta índole».

54. En su criterio, «salvo la situación relativa a las falencias constructivas que podían
amenazar la seguridad de las personas que frecuentaran el centro recreativo y cuya
subsanación fue verificada por el Área Metropolitana, las demás quejas obedecen
a un conflicto de carácter particular entre los señores Monsalve Cataño y Miranda
Bustamante, cuyas propiedades son colindantes y entre los cuales existen unos
reclamos, al parecer por linderos y por derechos de servidumbre». E insistió en que
los actos administrativos cuestionados no vulneran o amenazan ningún interés

14 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”. Disposición relativa a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.
15 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
16 Auto de 27 de noviembre de 2021.

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

colectivo y, en esa medida, ese examen de legalidad escapa al objeto y finalidad
de la acción popular.

55. Inconforme con la determinación de primera instancia, el demandante afirmó en
la alzada que el Tribunal a quo valoró de forma indebida el material probatorio
porque estaba plenamente acreditada la transgresión de los derechos colectivos al
goce a un ambiente sano, a la seguridad pública, a la libre competencia económica,
a la prevención de desastres previsibles, a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas y a la
moralidad administrativa.

56. En este contexto, a la Sala le corresponde determinar si: (i) la presente
problemática tiene naturaleza individual o colectiva y (ii) si el extremo pasivo
quebrantó o no los derechos colectivos previstos en los literales a), b), g), i), l) y m)
del artículo 4° de la Ley 472 de 1998.

V.2.1. El carácter colectivo de la causa petendi

57. El Tribunal Administrativo de Antioquía sostuvo en la sentencia de 20 de octubre
de 2022 que la situación fáctica expuesta en la demanda respecto de la
construcción y el funcionamiento del Centro Recreativo de Barbosa, en su mayoría,
carecía de una connotación colectiva, porque se trataba de un conflicto entre
particulares relacionado con los «linderos y derechos de servidumbre» de los
predios de los señores Luis Fernando Monsalve Cataño y Yefferson Miranda
Bustamante. En ese orden, el Tribunal negó el amparo de los derechos colectivos
previstos en los literales a), b), g), i), l) y m) del artículo 4° de la Ley 472.

58. Frente a esa decisión, cabe recordar que la Corte Constitucional y esta
Corporación han sostenido pacíficamente que el juez popular cuenta con la
obligación de verificar si el derecho en debate es indivisible o transindividual, a
efectos de determinar cuándo es procedente este medio de control 17. Para ello,
deberá valorar si la prueba de la afectación resulta o no identificable exclusivamente
con la situación individual de quien acude a la administración de justicia.

59. Esto quiere decir que el juez de la acción popular conoce de los litigios que
trascienden los intereses de los ciudadanos en concreto, pues si los derechos de
la controversia son individuales, el reclamo debe incoarse acudiendo a los
procedimientos judiciales establecidos para el efecto.

60. En esa línea conceptual, esta Sección, desde la sentencia de 18 de marzo de
2010, aclaró que «no deben confundirse los derechos colectivos con los
individuales comunes a un grupo de personas determinadas o determinables. La
distinción entre intereses subjetivos y colectivos de un grupo depende de la

17 Ver, entre otras, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 de Corte Constitucional (M. P: Rodrigo

Escobar Gil) y sentencia de 10 de febrero de 2005 del Consejo de Estado, Sección Tercera, C.P:
María Elena Giraldo Gómez. Rad. Núm: 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP)

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

posibilidad de apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o
inmateriales involucrados en la relación jurídica»18.

61. Así las cosas, es posible afirmar que el actor popular tiene la obligación de
argumentar en su demanda las razones por las que el hecho dañino objeto del
proceso judicial vulnera una prerrogativa que va más allá de su esfera individual y
que atañe a la sociedad en conjunto. Premisa que se encuentra acreditada en el
sub examine en la medida en que este conflicto genera efectos que sobrepasan los
derechos de los ciudadanos Luis Fernando Monsalve Cataño y Yefferson Miranda
Bustamante.

62. La demanda en este proceso no estaba encaminada a corregir los pleitos
atinentes a los linderos o a los derechos de servidumbre de ambos ciudadanos. Por
el contrario, el actor popular cifró sus pretensiones a la tutela de cuatro bienes
jurídicos impersonales, a saber: (i) el buen desarrollo de la actividad económica, (ii)
la integridad urbanística, (iii) la gestión de riesgos de desastres que pueden afectar
a la comunidad y (iv) la conservación del medio ambiente.

63. La causa petendi advirtió, en síntesis, que el Centro Recreativo Barbosa
«incumple normatividades urbanísticas y ambientales, invade la zona de protección
de ronda hídrica de la Quebrada Santo Domingo y representa un grave peligro para
los visitantes y vecinos».

64. Precisamente, el artículo 8619 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana explica que el Centro Recreativo de Barbosa es de aquellos
establecimientos de comercio que desarrollan actividades que trascienden a lo
público y, por eso, su funcionamiento no solo afecta a quienes acceden o prestan
los servicios de recreación, diversión, expendio o consumo de alimentos, sino a
toda la ciudadanía porque esas actividades impactan la esfera urbanística,
ambiental y de seguridad.

65. Esta disposición normativa se reiteró en el artículo 328 del Decreto 000142 de
13 de julio de 2022, “por medio del cual se adopta la reglamentación especifica de
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Barbosa y se dictan otras
determinaciones”20.

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente

(E): María Claudia Rojas Lasso. Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil diez (2010).
Radicación número: 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC). Actor: Bartolo Poveda González.
Demandado: Municipio de Maicao y Otros.
19 ARTÍCULO 86. CONTROL DE ACTIVIDADES QUE TRASCIENDEN A LO PÚBLICO. Las

personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que funcionen bajo la denominación de
clubes sociales sin ánimo de lucro cuya actividad pueda afectar la convivencia y el orden público,
casas culturales, centros sociales privados o clubes privados o similares, que ofrezcan servicios
o actividades de recreación, diversión, expendio o consumo de licor, sala de baile, discoteca,
grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rockola, karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de
espectáculo para sus asociados o para el público en general, estarán sujetos a las normas del
presente Código.
20 CGP artículo 177. Prueba de las normas jurídicas. Consulta en:
https://www.barbosa.gov.co/Transparencia/Normatividad/Decreto%200142%20del%2013%20de%
20Julio%202022.pdf

15

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

66. Nótese entonces que las distintas contravenciones propuestas en el libelo
petitorio se encuentran regladas por los títulos VIII, XIV y IX del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana sobre “la actividad económica”, “el urbanismo”
y “el ambiente”. Materias estas que no recaen exclusivamente en la esfera de los
derechos de Luis Fernando Monsalve Cataño, sino que atañen al interés general
de los colombianos. Además, el debate judicial propende por la adecuada previsión
de los riesgos de desastres, la protección de ecosistemas hídricos estratégicos, así
como por la conservación de los recursos naturales de esa región.

67. Todo esto significa que el problema planteado en el asunto sub examine si tenía
una connotación colectiva, cuya valoración integral debía ser objeto de
pronunciamiento por parte del juez de la primera instancia. Sin lugar a dudas el uso
y goce de los derechos controvertidos se encuentra a disposición de cualquier
persona, sin obedecer, en principio, a algún tipo de condición.

V.2.2. Los derechos colectivos previstos en los literales a), b), g), i), l) y m) del
artículo 4° de la Ley 472 de 1998.

68. El ciudadano Luis Fernando Monsalve Cataño afirmó en la alzada que el Tribunal
de primera instancia valoró de forma indebida el material probatorio y desconoció
las pruebas que demuestran la transgresión de los derechos colectivos al goce a
un ambiente sano, a la seguridad pública, a la libre competencia económica, a la
prevención de desastres previsibles, a la realización de construcciones respetando
las disposiciones jurídicas y a la moralidad administrativa.

69. La impugnación del demandante señaló que la construcción y operación del
Centro Recreativo Barbosa desconoce las disposiciones ambientales, urbanísticas
y de gestión de riesgo aplicables, razón por la que la Sala examinará de forma
independiente cada uno de los supuestos fácticos relacionados con esa
transgresión.

70. Concretamente, se estudiará si el establecimiento de comercio no cuenta con
los permisos ambientales exigibles (A); si el centro recreativo está ubicado en la
zona de ronda de la Quebrada Santo Domingo (B); el presunto incumplimiento del
uso del suelo indicado en el PBOT (C); si esa infraestructura transgrede la
integridad urbanística (D); si esa infraestructura desconoce el derecho a la
prevención de desastres previsibles técnicamente (E); y si el extremo pasivo
quebrantó la moralidad administrativa con ocasión del ejercicio de la función pública
en el caso concreto (F).

A. La presunta transgresión del derecho al goce de un ambiente sano por no
contar con los permisos ambientales exigibles

71. El primer lugar, el ciudadano Luis Fernando Monsalve Cataño sostuvo que el
Centro Recreativo Barbosa no cumple con los permisos ambientales exigibles para
el desarrollo de las actividades turísticas que desarrolla.

16

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72. Al respecto, el informe de la visita técnica de 3 de noviembre de 2020, elaborado
por los funcionarios de Corantioquia el 18 de enero de 202121, da cuenta de los
siguientes hallazgos:

[…] 1. Situación encontrada
En atención al oficio del asunto, mediante el cual un ciudadano solicita apertura
de investigación y realización de visita a predio denominado Centro Recreativo
Barbosa, por intervenciones que se han realizado en la quebrada aledaña
al predio, se realiza visita de campo al predio localizado en el municipio
de Barbosa, vereda Aguas Claras en las coordenadas planas magna
sirgas origen Bogotá X: 868.601, Y: 1.209.444 (6°29´19.6” N, 75°15´55.3”
W).

Se le informa al señor Miranda el motivo de la visita y al indagar con respecto
a la intervención que se realiza sobre la fuente hídrica aledaña al predio
denominada quebrada Santo Domingo, informa que la intervención se
realiza para retirar material de arrastre que queda depositado sobre el
cauce de la fuente en razón de muros de contención que se construyeron
antaño con el fin de adecuar charcos artesanales sobre la quebrada,
indicando que cuando el predio fue adquirido por la familia, dichas
estructuras ya existían. Realizada consulta en los aplicativos
Corporativos, no encontramos trámite de ocupación de cauce para las
obras en mención.

Continuando con el recorrido y en razón a que el ciudadano que pone la queja
indica que adicionalmente se viene anillando árboles nativos con el fin de
erradicarlos, nos dirigimos a la parte alta del predio, donde efectivamente se
viene realizando anillado a 5 árboles y al indagar con respecto al motivo,
el acompañante indica que su padre realizó dicha labor en acciones de
mantenimiento de los mismos, a lo que se aclara que el procedimiento
nada tiene que ver con mantenimiento y que al contrario se conoce esta
práctica como proceso de erradicación de especies arbóreas. Realizada
consulta en los aplicativos corporativos, se evidencia que actualmente no hay
solicitud de aprovechamiento forestal para dichos individuos arbóreos.

21 Ibidem, documento titulado 2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033

(1), pág. 76 y ss.

17

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
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El anillado es una práctica bastante nociva para la planta, ya que se
interrumpe el flujo de nutrientes desde las hojas donde se fabrica el alimento
de la plata por la fotosíntesis hasta el sistema radicular, lo que causa
paulatinamente la muerte de las raíces, por lo tanto, dichos sistema deja de
absorber agua y nutrientes, provocando la descompensación del árbol hasta
la muerte.

Por lo anterior, se considera bastante grave el estado de los árboles que
fueron
afectados con dicha práctica, debido a que es un daño irreversible que
lentamente acaba con la vida del individuo arbóreo.

Revisadas las bases de datos corporativas para conocer los demás trámites
ambientales del predio, encontramos que a nombre del señor Saúl Miranda se
cuenta con trámites de permiso de vertimientos y concesión de aguas AN7-
2012- 142 y AN1-2012-60, respectivamente y son para el predio objeto de la
presente visita revisado el estado de los trámites, encontramos que el
permiso de vertimientos es para tres viviendas localizadas en el predio y
el mismo se otorga para vertimiento de agua residuales procedente de
actividades domésticas de cada una de las casas, no se tiene solicitud de
permiso de vertimiento para actividades comerciales y en el lugar se
realiza la actividad de balneario con suministro de bebidas y alimentos.

Por su parte el trámite de concesión de aguas fue negado en razón a que
el sector cuenta con acueducto comunitario para suplir las necesidades de
orden doméstico. El predio no cuenta con concesión de aguas para uso
recreativo, se desconoce que método de suministro se tiene para la piscina.
Como se mencionó anteriormente, no se cuenta con permiso de ocupación de
cauce.

(…) Revisando las bases de datos corporativas, encontramos que el
predio no cuenta con permisos y autorizaciones ambientales para la
actividad comercial, tampoco se cuenta con permiso de ocupación de
cauce, ni solicitud de aprovechamiento forestal.

De conformidad con los resultados obtenidos, se infiere una
valoración cuantitativa de la importancia de la afectación de 49,
ubicándose en un rango de 41 a 60 (ver tabla 4), lo que corresponde a
una importancia de la afectación de carácter SEVERO.

(…) 5. Recomendaciones: (…)
Ordenar la suspensión inmediata de actividades de remoción de
cobertura vegetal de bosque nativo, ocupación del cauce, captación
de agua e instalación de pozos sépticos hasta tanto no se obtengan

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
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los permisos y autorizaciones pertinentes para el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales. […] (Subraya la Sala)

73. Con ocasión de lo anterior, el jefe de la Oficina Territorial Aburrá Norte de
Corantioquia, mediante Resolución 160AN-RES201-206 de 18 de enero de 202122,
impuso las siguientes medidas preventivas:

[…] ARTÍCULO 1°: Imponer medida preventiva a nombre del señor SAUL
MIRANDA TAPIAS, identificado con cédula de ciudadanía N°70.072.657,
consistente en La suspensión preventiva de actividades de remoción de
cobertura vegetal de bosque nativo, ocupación de cauce, captación de agua e
instalación de pozos sépticos, ubicados en el predio Finca La Hermosa donde
opera en Centro Recreativo Barbosa, sin presentar la documentación que
acredite los permisos para realizar tal intervención, sin cumplir con las
obligaciones legales, esta medida estará vigente hasta tanto se obtengan
TODOS los permisos para realizar la actividad. […] (Subraya la Sala)

74. Acto seguido, a través de acto 160AN-ADM2104-2160 de 13 de abril de 202123,
Corantioquia inició un procedimiento sancionatorio «en contra del señor SAÚL
MIRANDA TAPIAS (…) por su presunta responsabilidad en la comisión de
infracciones ambientales (violación de normas y/o comisión de afectaciones
ambientales), derivadas de la ocupación de cauce y tala de árboles, realizada al
interior de predio identificado con matrícula No 012-8273 y denominado “Centro
Recreativo Barbosa” o “Fina la Hermosa”, ubicado en la vereda Aguas Claras parte
baja, del municipio de Barbosa».

75. Respecto del estado actual de ese proceso sancionatorio, mediante memorando
160AN-COI2203-7686 de 25 de marzo de 202224, la Corporación demandada
explicó lo siguiente:

[…] Corantioquia, hará entrega de las copias de los documentos que
componen el expediente AN4-2021-81, tramite sancionatorio ambiental, a
nombre del señor SAUL MIRANDA TAPIAS, identificado con cédula de
ciudadanía N°70.072.657, quien según la matricula inmobiliaria N°012-8273,
era el propietario del predio, desde el año 2007.
Con relación, al señor Yefferson Miranda Bustamante, este no aparecía como
propietario del predio, en ese orden de ideas, el responsable de las
obligaciones ambientales era el señor Miranda Tapias, por lo cual el
sancionatorio se abrió solo a su nombre.
Es importante mencionar, que de acuerdo con el auto interlocutorio N°57 del
Tribunal Administrativo de Antioquia, el señor Saúl Miranda Tapias, identificado
con cédula de ciudadanía N°70.072.657, falleció, sin embargo, esta
información, no ha sido allegada a esta corporación dentro del proceso
sancionatorio ambiental.
Al revisar la página ADRES –Administradora de los recursos del Sistema
general de Seguridad Social en Salud, del Ministerio de la Salud, podemos
observar que la finalización de la afiliación a la EPS, a nombre del señor Saúl

22 Ibidem, documento titulado 2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033

(1), pág. 76 y ss.
23 Ibidem, documento titulado 2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033

(1), pág. 91 y ss.
24 Ibidem, documento 250_050012333000202101966019EXPEDIENTEDIGI20221118145935

19

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

Miranda Tapias, identificado con cédula de ciudadanía N°70.072.657, fue el 7
de abril de 2021, en calidad de afiliado FALLECIDO. […] (Subraya la Sala)

76. En este contexto, la autoridad ambiental expuso las razones por las que ese
procedimiento sancionatorio no obtuvo ningún resultado adicional. Además, el
informe Técnico 160ANIT221- 306 de 18 de enero de 202225, elaborado por los
funcionarios de Corantioquia Luis Fernando Londoño Londoño y Paulina Cubillos
García, concluye que algunas de las infracciones ambientales advertidas ya no se
ejecutan, teniendo en cuenta lo siguiente:

[…] Los estanques piscícolas no se encuentran operando y están vacíos.
Dichos estanques funcionan con el agua que captaban directamente de una
acequia en las coordenadas 6°29’13.80”N, 75°15’46.10”W. Debido a la
medida preventiva el administrador del Centro Recreativo (Yefferson
Miranda Bustamante) suspendió esta captación de agua. Durante la visita
técnica de Control y Seguimiento a la medida Preventiva, se realizó recorrido
hasta el sitio donde captaba el agua el Centro Recreativo para uso
piscícola y se observa que suspendieron la captación, taponando la
tubería de conducción de agua.

En relación al sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas, el
Centro Recreativo cuenta con un pozo séptico prefabricado con
capacidad de 2000 litros que descarga al suelo, el cual se encuentra
operando. El sistema de tratamiento de aguas residuales se observa en
buenas condiciones y el último mantenimiento realizado fue hace dos
meses.

En relación a la quebrada Santo Domingo, se realizó recorrido en la zona
colindante al Centro Recreativo y no se observaron intervenciones con
maquinaria en el cauce ni en la zona de retiro. (…)

No se encontraron intervenciones con maquinaria pesada en la fuente
hídrica denominada quebrada Santo Domingo, por lo tanto, no se evidencio
la ocupación de cauce.
El sistema de tratamiento de agua residual doméstico se encuentra
funcionando. […]26 (Subraya la Sala)

77. Estopodría significar, en principio, que la situación fáctica que originó la
transgresión del derecho colectivo al goce de un ambiente sano se encuentra
superada debido a que también el interesado inició ante Corantioquia el trámite de
evaluación de la solicitud de concesión de aguas superficiales, con radicado
número AN-6783 de 1 de marzo de 2022, y el permiso de vertimientos, con radicado
número AN-6782 30 de enero de 202227.

78. Sin embargo, cabe resaltar que, mediante Resolución 040-RES2207-3869 de 6
de julio de 202228, la directora general de la Corporación Autónoma Regional del

25 Ibidem, documento 247_050012333000202101966016EXPEDIENTEDIGI20221118145935
26 Ibidem, documento 88_0500123330002021019660185EXPEDIENTEDIGI20221118144241
27 Ibidem, documento 68_0500123330002021019660165EXPEDIENTEDIGI20221118144237
28 Ibidem, documento en los alegatos de conclusión de Corantioquia de la primera instancia:
88_0500123330002021019660185EXPEDIENTEDIGI20221118144241. Consulta realizada en
https://sirena.corantioquia.gov.co/esirena/CtrlPublicaciones?ctrlAction=D&doc=1718502. CGP
artículo 177. Prueba de las normas jurídicas

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

Centro de Antioquia negó la solicitud de permiso de vertimientos al suelo
presentada por el señor Yeferson Miranda Bustamante, para el tratamiento de las
aguas residuales domésticas provenientes de cabañas del Centro Recreativo
Barbosa, por las siguientes razones:

[…] Revisada la información relacionada por el usuario, podría considerarse
que, el sistema de tratamiento para las aguas residuales domésticas-
STARD instalado en el predio, no cumple teóricamente con lo exigido en
la normatividad ambiental vigente, debido a que no contiene las
dimensiones adecuadas para atender una población máxima de 400
personas/día, incluyendo la preparación de alimentos y el uso de duchas
y sanitarios.

(…) Verificación de requisitos Artículo 2.2.3.3.4.9. del Decreto 1076 de 2015,
modificado por el Artículo 6 del Decreto 050 de 2018.
1. Prueba de infiltración o percolación: El usuario adjuntó la prueba de
percolación, indicando una tasa de infiltración; sin embargo, esta tasa de
infiltración no es válida ya que los datos aportados no mencionan el método
utilizado definiendo tiempo mínimo de la prueba y el punto donde la velocidad
se vuelve constante para determinar la tasa de infiltración y la taxonomía del
suelo.
2. Sistema de disposición de los vertimientos: El usuario aportó un plano con
los principales componentes del sistema; sin embargo, no se aporta diseño
y manual de operación del sistema de disposición de aguas residuales
tratadas al suelo. 3. Área de disposición del vertimiento: No se especifica la
dimensión del terreno requerido para realizar la infiltración del
vertimiento y no se aporta el plano de diseño del campo para determinar si
es lineal o en espina de pescado. Respecto a los usos del suelo y las
determinantes ambientales, se evaluaron anteriormente en el presente informe
técnico.
4. Plan de cierre y abandono del área de disposición del vertimiento: El usuario
aporta el plan de cierre y abandono, indicando las estrategias para el abandono
del área del vertimiento y el retiro del sistema séptico.

(…) Se concluye que, de acuerdo con los resultados provenientes de la
valoración técnica mediante informe N° 160AN-IT2207-6991 del 01 de julio, en
consonancia con la norma aplicable al caso, queda claro que NO es
ambientalmente viable otorgar permiso de vertimiento al suelo para la
descarga de aguas residuales domésticas -ARD generadas en el predio
objeto de la solicitud, debido a que luego del análisis de las diferentes
determinantes ambientales se advierte lo siguiente:

• Parte de las instalaciones del predio (Restaurante y una parte de la zona
húmeda) están ubicadas dentro de la zona de retiro de la Quebrada Santo
Domingo como elemento integrante de la Estructura Ecológica Principal
establecida en el PBOT y que es entendida como la zona más importante
de recarga de acuíferos lo que a su vez la hace muy vulnerable a los
cambios y transformaciones generadas por las actividades humanas,
dado que al ser un suelo de protección tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse acorde con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, en su artículo 35.

• Por encontrarse el predio con matrícula N° 012-8273, en polígono con
categoría R_CR_12, cuyo tratamiento corresponde al de Consolidación Rural,
orientado a proteger el desarrollo restringido, pretendiendo mejorar las
condiciones de la vivienda, cuyo uso principal del suelo es el Agropecuario, y
otros usos complementarios el de vivienda campesina, y restringido y prohibido
las actividades cultivos transitorios, ganadería, agroindustria no siendo

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

acorde el uso del suelo con la actividad que se está realizando
(hotelería/hospedaje y turismo/ecoturismo), de conformidad a lo
establecido por el PBOT del Municipio de Barbosa- Acuerdo 016 de 2015
y el artículo 2.2.1.1. Definiciones del Decreto Único Reglamentario 1077 del 26
de mayo de 2015, descrito anteriormente.

• Así mismo, el sistema de tratamiento propuesto cumple teóricamente con lo
exigido en la normatividad ambiental vigente; sin embargo, por el tipo de
actividad y la capacidad habitacional y de suministro de alimentación,
este sistema no estaría en capacidad de atender el caudal generado de
aguas residuales […] (Subraya la Sala)

79. Además, Corantioquia, mediante Resolución 040-ADM2205-2436 de 13 de
mayo de 202229, inició el trámite de concesión de aguas superficiales, pero en el
plenario no está acreditada la culminación de esta actuación administrativa. Lo que
también pone en duda la suficiencia y pertinencia de las conclusiones esbozadas
en el informe Técnico 160ANIT221- 306 de 18 de enero de 2022, más aún, cuando
no se demostró que el administrador del inmueble haya solicitado un permiso de
ocupación de cauce para subsanar los hallazgos advertidos.

80. De este modo, la Sala considera que se presentan factores que deterioran el
ambiente en el Centro Recreativo de Barbosa, según lo dispuesto en el literal a) del
artículo 8 del Decreto Ley 2811 de 1974, especialmente por la contaminación del
recurso hídrico y del suelo.

81. El artículo 132 del Decreto 2811 de 1974, establece en lo relativo al uso,
conservación y preservación de las aguas que: «sin permiso, no se podrán alterar
los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni intervenir en su uso legítimo».

82. Por su parte, el artículo 211 del Decreto 1541 de 1978, reglamentario de la Ley
23 de 1973, prohíbe verter sin tratamiento los residuos sólidos, líquidos o gaseosos,
que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causando daños en la salud humana
y en el normal desarrollo de la flora o fauna. Mientras que los artículos 61 del
Decreto 1594 de 198430, 24 del Decreto 3930 de 2010 y 2.2.3.3.4.3. del Decreto
1076 de 201531, prohíben realizar vertimientos en las cabeceras de las fuentes de
agua y en los cuerpos de agua destinados para recreación y usos afines, entre otros
lugares.

29 Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas.

El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá
en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. (…) Estas reglas se aplicarán a las resoluciones,
circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su
presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente.
Consultada en:
https://sirena.corantioquia.gov.co/esirena/CtrlPublicaciones?ctrlAction=D&doc=1694368
30 Norma reglamentaria de la Ley 9ª de 1979.
31 Modificado por el Decreto 050 de 2018. "Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los
Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el Ordenamiento del Recurso
Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones"

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

83. Es por ello que el permiso otorgado por Corantioquia a las personas naturales o
jurídicas, cuya actividad comercial o servicio genere vertimientos en la quebrada
Santo Domingo, constituye un instrumento obligatorio, de cuya observancia
depende la sostenibilidad de dicho ecosistema, pues solo así se garantiza que el
usuario entregue sus aguas residuales en condiciones aptas para el funcionamiento
resiliente del sistema hídrico. (artículo 2.2.3.3.5.1 del decreto 1076).

84. Sin embargo, como ya se mencionó, Corantioquia negó la solicitud respectiva en
la Resolución 040-ADM2205-2436 de 13 de mayo de 2022, sin aportar pruebas
relacionadas con el ejercicio de las funciones establecidas en la Ley 1333 de 2009.

85. Por otra parte, valga precisar que quien pretenda beneficiarse de una obra
hidráulica que ocupe el cauce de una corriente debe tramitar una solicitud de
Permiso de Ocupación de Cauces, por lo exigido en el artículo 2.2.3.2.12.1 32 del
Decreto 1076 de 2015, y en el artículo 102 del Decreto 2811 de 1974 33.

86. Aun así, la autoridad ambiental tampoco ha ejercido la facultad prevista en el
artículo 127 del Decreto 2811 de 1974 conforme a la cual «se podrá ordenar la
destrucción de obras ejecutadas sin permiso o de las autorizadas que puedan
causar daños inminentes que no hayan sido previsibles en épocas de avenidas o
crecientes».

87. Finalmente, en lo que atañe al trámite pendiente de concesión de aguas, el
artículo 103 del Decreto 2811 de 1974 y el artículo 2.2.3.2.12.2 del Decreto 1076
de 2015 recuerdan que: «para establecer servicios de turismo, recreación o deporte
en corrientes, lagos y demás depósitos de aguas de dominio público, se requieren
concesión o asociación». A su vez, el artículo 2.2.3.2.7.1 del Decreto 1076 de 2015
dispone que toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión
para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para el abastecimiento
doméstico en los casos que requiera derivación.

88. Bajo este marco normativo y a la luz de la situación fáctica expuesta, se tiene
que la Corporación demandada y el señor Yeferson Miranda Bustamante si
quebrantaron el derecho colectivo al goce de un ambiente sano y, por ello, es
pertinente impartir las siguientes órdenes:

[…] ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
que, en el marco de sus competencias legales y con plena observancia de las
garantías procesales: (…)

i) Priorice el trámite de evaluación de concesión de aguas superficiales del sub
examine, a efectos de adoptar la decisión de fondo que resulte procedente,
si todavía no lo ha hecho.

32 Artículo 2.2.3.2.12.1. Ocupación. La construcción de obras que ocupen el cauce de una corriente

o depósito de agua requiere autorización, que se otorgará en las condiciones que establezca la
Autoridad Ambiental competente. Igualmente se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación
permanente o transitoria de playas.
33 ARTÍCULO 102.- Quien pretenda construir obras que ocupen el cauce de una corriente o depósito

de agua, deberá solicitar autorización.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

ii) Inicie y lleve a su término los procedimientos administrativos sancionatorios
que estime pertinentes con relación a la situación fáctica ilustrada en el
subtítulo D del capítulo V.2.2. de esta providencia, en cuyo marco deberá
adoptar las medidas preventivas a que haya lugar en cuanto al permiso de
vertimientos, la concesión de aguas y el permiso de ocupación de cauce.

iii) De forma inmediata, adopte una medida preventiva de suspensión de
actividades, hasta que su propietario cuente con los permisos exigibles.
Además, deberá evaluar y cuantificar los impactos ambientales no mitigados
que haya podido identificar, e imponer al propietario del establecimiento de
comercio la respectiva medida compensatoria. […]

89. Por su parte, el ciudadano Yefferson Miranda Bustamante deberá tramitar el
permiso de ocupación de cauce, así como acatar las órdenes que imparta la
autoridad ambiental en el ejercicio de sus funciones.

B. La presunta transgresión del derecho al goce de un ambiente sano por
ocupar la zona de ronda

90. El segundo componente de la causa petendi se relacionó con la presunta
ocupación de la zona de ronda de la quebrada Santo Domingo, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Acuerdo 016 de 23 de diciembre de 201534,
a saber:

[…] Artículo 22o. Rondas hídricas de quebradas
Corresponden a las fajas laterales de terreno a ambos lados de las corrientes,
paralelas a los bordes del canal natural o artificial.
Las fajas laterales poseen dimensiones variables, que se asignan según
las condiciones de amenaza por movimientos en masa o por
torrencialidad e inundación de la cuenca.
Para las corrientes hídricas en suelo rural que no cumplen los criterios
definidos, se establece un retiro mínimo de 30 metros debido a que no se
cuenta con estudios de detalle. (…)

Artículo 23º. Criterios de manejo de las rondas hídricas
1. El uso asociado a las áreas de ronda a las corrientes naturales de agua,
debe ser Forestal Protector.
2. Deben recuperarse 4480 Ha de las rondas a corrientes hídricas en suelo
rural, y 11,7 Ha en los centros poblados y suelo suburbano ocupadas con
pastos y cultivos.
3. Deben plantarse especies nativas que permitan la conservación,
recuperación y regulación del caudal hídrico, de la fauna y la flora local, y debe
establecerse una cerca modo de barrera física que impida el deterioro del área
protectora, el agotamiento progresivo y la contaminación del recurso hídrico.
4. Los predios incluidos en las zonas de ronda a corrientes hídricas, podrán ser
adquiridos por la Administración Municipal.
5. Las corrientes de agua deben conservar su cauce natural y éste no
podrá modificarse. Si es necesaria una desviación o rectificación del
cauce, deberá contar con la aprobación de la autoridad ambiental
competente.
6. En las zonas de rondas a corrientes hídricas se conservarán las
coberturas boscosas existentes, se reforestará con coberturas vegetales

34 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del plan de ordenamiento territorial

del municipio de Barbosa y se dictan otras disposiciones complementarias”.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

apropiadas según el tipo de suelo donde se localicen, o se podrá
engramar y arborizar y dejar libres de cualquier tipo de construcción y de
aquellos procesos o actividades que deterioren o limiten su condición
natural, acondicionándolos como áreas de recreación pasiva y de
preservación ambiental. Se prohíbe el cambio de zona verde por pisos
duros.
7. Adecuar posibles servidumbres de paso para la extensión de redes de
servicios públicos y mantenimiento del cauce y proporcionar áreas
ornamentales, de recreación y para senderos ecológicos. […] (Subraya la Sala)

91. Como puede observarse, el PBOT del municipio de Barbosa en el artículo 22
reconoce que las zonas de ronda son un espacio geográfico paralelo a las
corrientes hídricas, cuyas dimensiones son variables «según las condiciones de
amenaza por movimientos en masa o por torrencialidad e inundación de la cuenca».
Además, señala que las corrientes hídricas en suelo rural que no cuenten con
estudios técnicos tendrán un retiro mínimo de 30 metros.

92. Sobre este punto cabe recordar que el literal d) del artículo 83 del Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente
estableció una regulación en términos de propiedad pública de las zonas
territoriales paralelas al río, conforme a la cual el espacio geográfico lateral a las
corrientes hídricas de hasta treinta (30) metros es un bien inembargable e
imprescriptible del Estado.

93. Precisamente, aquella norma contempló lo siguiente:

[…] CAPÍTULO II
DEL DOMINIO DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES
(…)
Artículo 83º.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:

a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;

b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;

c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;

d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;

e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;

f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas […] (Subraya la Sala)

25

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

94. Dicha franja de protección puede oscilar entre los 0 y 30 metros y comprende un
elemento constitutivo del espacio público35, inalienable36, imprescriptible37 e
inembargable, de conformidad con lo consignado en el artículo 5° de la Ley 9ª de
198938, en el artículo 5° del Decreto 1504 de 199839 y en el artículo 63 de la
Constitución Política.

95. En este contexto jurídico, es necesario poner de presente que, de conformidad
con el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011, las Corporaciones Autónomas
Regionales se convirtieron en las autoridades responsables de «efectuar, en el área
de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja
paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del
Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para
lo cual deberán realizar los estudios correspondientes, conforme a los criterios que
defina el Gobierno Nacional»40.

96. La norma en comento fue reglamentada por el Decreto 2245 de 29 de diciembre
de 201741, el cual también adicionó una sección al Decreto 1076 de 26 de mayo de
2015 en materia de acotamiento de rondas hídricas. Sobre el particular, se dispuso
lo siguiente:

[…] ARTÍCULO 2.2.3.2.3A.1. Objeto y ámbito de aplicación. El presente
decreto tiene por objeto establecer los criterios técnicos con base en los cuales
las Autoridades Ambientales competentes realizarán los estudios para el
acotamiento de las rondas hídricas en el área de su jurisdicción.

La ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y
determinante ambiental.
ARTÍCULO 2.2.3.2.3A.3. De los criterios técnicos. La ronda hídrica se
acotará desde el punto de vista funcional y su límite se traza a partir de la línea

35Al respecto ver la sentencia de 15 de octubre de 2009 de la Seccion Primera, Consejera ponente:

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO, Radicación número: 25000-23-25-000-2002-01021-01(AP)
36 No puede ser objeto de apropiación o venta.
37 No se pierde su propiedad por el transcurso del tiempo, en otras palabras, su posesión no genera

derecho alguno en su poseedor.
38 Artículo 5º. Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o
afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los
límites de los intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto
peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y
tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua.
39 “Artículo 5º. (…) El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos

constitutivos y complementarios: 1. Elementos constitutivos naturales: (…) b) Áreas para la
conservación y preservación del sistema hídrico: conformado por: i) Elementos naturales,
relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos,
quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y
protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas,
arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de
manejo y protección ambiental;…”.
40 Para tal efecto, el Decreto 2245 de 2017 estipuló los criterios técnicos conforme a los cuales las

autoridades ambientales deben llevar a cabo la acotación de la ronda hídrica y de la zona de
protección o conservación aferente.
41 "Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona una

sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de rondas hídricas".

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, considerando
los siguientes criterios técnicos:

1. Criterios para la delimitación de la línea de mareas máximas y la del cauce
permanente:

a. La franja de terreno ocupada por la línea de mareas máximas deberá
considerar la elevación máxima producida por las mareas altas o pleamar
y la marea viva o sicigial. La misma será la que reporte la Dirección General
Marítima y Portuaria de acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 2324 de
1984 o quien haga sus veces.

b. El cauce permanente se delimitará desde un análisis de las formas de
terreno, teniendo en cuenta que éste corresponde a la geoforma sobre la cual
fluye o se acumulan el agua y sedimentos en condiciones de flujo de caudales
o niveles sin que se llegue a producir desbordamiento de sus márgenes
naturales.

2. Criterios para la delimitación física de la ronda hídrica: El límite físico
será el resultado de la envolvente que genera la superposición de mínimo los
siguientes criterios: geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.

a. Criterio geomorfológico: deberá considerar aspectos morfoestructurales,
morfogenéticos y morfodinámicos. Las unidades morfológicas mínimas por
considerar deben ser: llanura inundable moderna, terraza reciente, escarpes,
depósitos fuera del cauce permanente, islas (de llanura o de terraza), cauces
secundarios, meandros abandonados, sistemas lénticos y aquellas porciones
de la llanura inundable antropizadas. La estructura lateral y longitudinal del
corredor aluvial debe tenerse en cuenta mediante la inclusión de indicadores
morfológicos.

b. Criterio hidrológico: deberá considerar la zona de terreno ocupada por el
cuerpo de agua durante los eventos de inundaciones más frecuentes, de
acuerdo con la variabilidad intra-anual e inter-anual del régimen hidrológico,
considerando el grado de alteración morfológica del cuerpo de agua y su
conexión con la llanura inundable.

c. Criterio ecosistémico: deberá considerar la altura relativa de la vegetación
riparia y la conectividad del corredor biológico, lo cual determina la eficacia de
su estructura para el tránsito y dispersión de las especies a lo largo del mismo.
En el proceso de implementación de los criterios contenidos en el presente
artículo, las autoridades competentes evaluarán las situaciones particulares y
concretas que hayan quedado en firme y adoptarán las decisiones a que haya
lugar.

PARÁGRAFO: El desarrollo de los criterios técnicos de que trata el presente
artículo, será establecido en la "Guía Técnica de Criterios para el
Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia" que expida el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. […]

97. Esta guía detalla la metodología técnica que debe utilizar la autoridad ambiental
para delimitar el cauce permanente de los sistemas loticos, lenticos y líneas
mareas. Posteriormente, explica el complejo procedimiento que deberán acatar las
mismas autoridades para definir el limite físico de la ronda siguiendo los
componentes geomorfológico, hidrológico y ecosistémico.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

98. Precisamente, «el límite físico de la ronda hídrica es la envolvente de la
superposición de las superficies obtenidas para cada uno de los tres componentes»
y, por ello, varia técnicamente en cada caso por las siguientes razones:

[…] 6.1.1 Delimitación del componente geomorfológico

(…) Esta función tiene una alta variabilidad temporal ya que procesos como el
ajuste en la forma del cauce, su pendiente y sus patrones de alineamiento se
dan a distintas escalas de tiempo. En términos geomorfológicos, la dinámica
fluvial y su expresión pueden ser comprendidas como el resultado de la relación
interdependiente de cuatro variables principales: caudal, longitud, carga y la
capacidad de la corriente.

(…) Las formas que se definen por los diferentes procesos morfodinámicos, se
pueden identificar en el terreno y son diferentes para cada tipo de río o
tramo del mismo. Éstas conforman la faja de terreno o zona del componente
geomorfológico, que tiene como fin garantizar que en el cauce permanente y
su ronda hídrica puedan ocurrir los procesos mencionados anteriormente. (…)

6.1.2 Delimitación del componente hidrológico

(…) La dinámica hidrológica determina en gran parte el tamaño y la forma del
cauce y su entorno, donde su conformación morfológica depende
fundamentalmente del régimen natural de flujo, es decir, del momento, la
duración, la frecuencia, la tasa de cambio y magnitud de los caudales
circulantes, ordinarios y extraordinarios. Dada las condiciones geográficas del
país, la dinámica hidrológica está condicionada por procesos atmosféricos y
climáticos que se constituyen en determinantes de los procesos de adaptación
de los ciclos biológicos de las especies en los ecosistemas acuáticos y los de
ribera.

(…) Igualmente, el régimen hidroclimático en el país está modulado por
fenómenos de variabilidad climática a la escala interanual.

(…) Sobre la base del conocimiento de los fenómenos meteorológicos y
climáticos que modulan, en gran parte, el comportamiento del ciclo
hidrológico en el país (ver Poveda et al., 2002; Poveda 2004; Poveda et al.,
2011; Poveda y Mesa, 2015), el componente hidrológico de la ronda hídrica
debe ser el área requerida para el transporte y almacenamiento temporal
del agua y los sedimentos que 73 produce la cuenca para las distintas
escalas de tiempo (intra-anual e interanual; esta última asociada
principalmente al fenómeno ENOS o los que se encuentren tienen influencia en
la respuesta hidrológica).

6.1.3 Delimitación del componente ecosistémico

(…) El componente ecosistémico de la ronda hídrica busca establecer,
mantener o recuperar las coberturas vegetales propias de la región en los
cuerpos de agua, de forma tal que se mantengan o restablezcan sus funciones
ecosistémicas considerando los demás aspectos relacionados desde los
componentes geomorfológico e hidrológico. La franja de terreno necesaria
para que se den estas dinámicas delimitará este componente. […]

28

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

99. En virtud de lo anterior, esta Sección explicó en la sentencia de 9 de junio de
202242 que el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y el Decreto 2245 de 29 de
diciembre de 2017 encomendaron a las autoridades ambientales el deber de
adelantar el proceso de acotamiento de la ronda hídrica a que alude el literal d) del
artículo 83 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio
Ambiente, en atención a que nuestro régimen jurídico pondera el criterio técnico a
la hora de delimitar el espacio geográfico de propiedad pública denominado zona
de ronda.

100. Además, en la sentencia de 18 de noviembre de 202243, la Sala explicó que las
figuras de conservación previstas en el literal b) del numeral 1 del artículo
2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015 y en el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974,
son figuras distintas en términos de propiedad, declaratorias y ámbito de aplicación,
por lo que no es procedente equiparar ambos mecanismos al momento de resolver
el litigio, pues la causa petendi cuestiona solo la posible afectación de la zona de
ronda a que alude el artículo 83 del Decreto 281144.

101. En ese orden de ideas, mientras la autoridad ambiental acota la zona de ronda
del sub examine en un espacio igual o menor a 30 metros desde el cauce de la
quebrada Santo Domingo, siguiendo los criterios técnicos previstos en el Decreto
1076 de 2015 y en la guía técnica, quienes habitan los costados de los ríos de esa
zona rural a partir de la vigencia del Acuerdo 016 de 23 de diciembre de 2015,
tienen el deber de conservar la cobertura boscosa de una franja mínima de 30
metros, lo cual no estaría aconteciendo en el caso concreto.

102. En el plenario se acreditó que el 27 de enero de 202145, el Ingeniero Ambiental
Santiago Gallego Echeverri, profesional universitario adscrito a la Secretaría de

42 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
PRIMERA, CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, Número único de
radicación: 68001-23-33-000-2018-00881-01, ACCIÓN POPULAR – FALLO, Actor: OFELIA
RAMÍREZ NIÑO
43 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA,

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES, Radicación: 41001-2331-000-
2000-03604-01, Acción: Nulidad simple Demandante: Wilfrand Cuenca Zuleta.
44 El literal b) del numeral 1 del artículo 2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015 compiló el artículo

3° del Decreto 1449 de 1977, conforme al cual los propietarios de los predios de áreas rurales
tienen un deber de conservar áreas forestales protectoras en «una faja no inferior a 30 metros de
ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua». Las áreas
forestales protectoras son una figura de protección regulada por el título III del Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente -CNRN-. Los artículos 206 y
207 Decreto-Ley 2811 señalaron que las áreas forestales productoras, protectoras o productoras-
protectoras se delimitarían para su conservación y mantenimiento a través de la figura de
“reserva forestal”. Además, el artículo 210 del CRNR permite a quien pretenda ejecutar una
actividad de utilidad pública o de interés social que implique remoción de bosques o cambio en el
uso de los suelos al interior de las reservas forestales adelantar el tramite de sustracción. Esto
significa que las reservas forestales a diferencia de la zona de ronda pueden ser de propiedad
privada. Aunado a ello en la zona de ronda no es posible surtir el trámite de sustracción porque son
un espacio de propiedad pública inalienable, imprescriptible e inembargable.
45Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1), pág. 121 y ss.

29

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

Obras Públicas del Municipio, realizó una visita técnica que generó los siguientes
resultados:

[…] SITUACIÓN ENCONTRADA:
Se realiza un recorrido por el predio el día 27 de enero del presente año, en
las horas de la tarde, la cual fue atendida por el señor Yefferson Miranda
Bustamante, lo anterior, para evidenciar los retiros o franjas de protección
a cuerpos de agua, respecto a las obras que se encuentran dentro de la
propiedad del señor Miranda y que son objeto de la solicitud.

Que en el predio se logran evidenciar que cruzan dos fuentes de agua, una
de carácter natural la cual es la Quebrada Santo Domingo, y la segunda
de tipo artificial según lo enuncia el señor Miranda y que le corresponde
al rebose del sistema de captación que presenta el centro recreativo, la
cual son transportadas a través de un canal hasta la Quebrada Santo Domingo.

Que referente al tema de la fuente artificial se le solicitó al señor Miranda una
copia de la respectiva Resolución para la concesión de aguas por parte de la
autoridad ambiental competente (CORANTIOQUIA), ya sean para uso
doméstico, agropecuario, recreativo, industrial, generación de energía, entre
otros, tal como lo dispone el artículo 2.2.3.2.7.1 del decreto 1076 de 2015. A lo
que el señor Miranda hace la observación que no poseen dicho permiso por
parte de la CAR y que se surten a través de una servidumbre que llega por una
acequia hasta el predio.

Se solicito el ir a observar las obras con las que captan y tratan el agua
cuando ingresan al centro recreativo, pero dicha solicitud fue negada, ya
que el señor Miranda manifiesta que sólo se visualizaría la distancia de la
nueva obra, respecto a la quebrada Santo Domingo.

Que por último se procedió a medir de manera horizontal la distancia de
las obras respecto a la quebrada Santo Domingo, la cual fue en un
promedio de 15 metros, como también a tomar las coordenadas en
diferentes puntos, los cuales fueron usados para corroborar dicha
distancia con los diferentes sistemas de información geográfica que
posee esta administración, el cual arrojó también 'un valor aproximado
entre 14 y 15 metros, como se muestra en el registro fotográfico. Que
adicional a lo anterior la construcción tiene un largo mayor de un
aproximado de 30 metros.

CONCLUSIONES:
Que la obra civil que se tiene en el predio no cumple con el retiro mínimo a
las fajas de quebradas y que se encuentra establecido en el Artículo 22
del Acuerdo 016 de 2015 (PBOT)
Que las obras que se deseen adelantar deben contar con los debidos permisos
de la autoridad ambiental pertinente, tanto para la concesión de aguas,
vertimientos y de ser el caso el permiso de ocupación de playas cauces y
lechos, con el fin de evitar que las obras interrumpan el comportamiento natural
de la fuente hídrica y evitar daños a predios contiguos, así como a los
ecosistemas presentes […] (Subraya la Sala)

103. También el Área Metropolitana del Valle de Aburrá realizó el 26 de junio de
202146 una visita de seguimiento al centro recreativo, conforme a la cual se tiene
que:

46 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

161_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118144650 (1), pág. 97 y ss.

30

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

[…] Quebrada Santo Domingo.
Corriente hídrica con canal en estado natural, en la cual se evidencian
procesos erosivos en las márgenes, principalmente sobre la margen
izquierda aguas abajo, la cual a su vez por la condición actual, se presume
tuvo intervenciones antrópicas, frente a la conformación de barreras para
acumulación de agua para el disfrute de las personas en el sitio; intervención
que puede llevar a favorecer afectaciones en el entorno debido a posibles
aumentos súbitos en los niveles de la misma, además teniendo en cuenta
las características torrenciales de su lecho, es de precisar que la quebrada
evidencia unas condiciones muy similares a las evidenciadas en la inspección
anterior.

3. Corantioquia:
Para su conocimiento y actuación conforme a su competencia, frente a la
posible intervención del cauce de la quebrada Santo Domingo, además
de la evaluación y conceptualización en cuanto a los retiros que se deben
garantizar al cauce de esta. […] (Subraya la Sala)

104. A pesar de lo anterior, la autoridad ambiental aún no ha iniciado ningún
procedimiento sancionatorio afectos de evaluar si se está configurando una
infracción ambiental y tampoco ha adoptado ninguna medida preventiva en la
materia.

105. Lo que si se probó es que, mediante Resolución 040-RES2207-3869 de 6 de
julio de 202247, la directora general de la Corporación Autónoma Regional del
Centro de Antioquia negó la solicitud de permiso de vertimientos al suelo
presentada por el señor Yeferson Miranda Bustamante, para el tratamiento de las
aguas residuales domésticas provenientes de cabañas, porque esas actividades
están en conflicto alto con la propuesta de manejo de esa zona de ronda, como se
lee a continuación:

[…] Verificación de áreas protegidas: De acuerdo a la verificación realizada, el
sitio, se encuentra por fuera de áreas protegidas de orden regional y nacional;
sin embargo, la infraestructura del restaurante y las zonas húmedas
(vestieres y baños) se encuentran dentro de las fajas de retiro de la
quebrada Santo Domingo.

Las actividades que se desarrollan en el predio están en conflicto alto
con la propuesta de manejo de Áreas Protegidas establecida en la
zonificación del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Rio
Aburrá. […] (Subraya la Sala)

106. Todo esto significa que al demandante le asiste la razón cuando señala que ese
establecimiento de comercio estaría afectando el derecho colectivo al goce a un
ambiente sano y, a pesar de ello, la autoridad ambiental aún no ha ejercido todas
las funciones encomendadas a su cargo para prevenir este tipo de problemáticas.

47 Ibidem, documento 88_0500123330002021019660185EXPEDIENTEDIGI20221118144241.

31

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

107. Por ello, se revocará la sentencia de primera instancia para impartir unas
medidas de conservación de la zona de ronda que se fundamenten en los estudios
exigibles, los cuales estarán a cargo de la autoridad competente, así:

[…] ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia que, en el marco de sus competencias legales y con plena
observancia de las garantías procesales:

iv) De forma inmediata, adopte una medida preventiva tendiente a garantizar
que, a futuro, se respete la zona de ronda de la Quebrada Santo Domingo
en el predio del litigio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del
Acuerdo 016 de 2015, mientras se adelantan los estudios necesarios para
delimitar de forma definitiva ese sector48.

v) En el término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de esta
providencia, efectué los estudios técnicos que permitirán delimitar la zona
de ronda de la quebrada Santo Domingo, si aún no lo ha hecho, siguiendo
el procedimiento previsto en la normatividad vigente.

vi) Una vez haya delimitado la zona de ronda, en el término de nueve (9) meses,
evaluará si los propietarios de ese predio están o no incurriendo en una
infracción ambiental, para lo cual iniciará y culminará los procedimientos
sancionatorios procedentes en contra de los presuntos infractores. En tal
escenario deberá imponer las medidas de corrección de las afectaciones
naturales. […]

C. La presunta transgresión de los derechos previstos en los literales i) y m)
del artículo 4° de la Ley 472 por incumplimiento del uso del suelo indicado en
el PBOT

108. La función urbanística es la potestad de los municipios y distritos prevista en
nuestro ordenamiento jurídico a efectos de garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales a la propiedad privada, a la productividad, a la competitividad, al
trabajo, a la convivencia pacífica, al goce de un ambiente sano, a la igualdad
material y a la intimidad. El ejercicio de esta función permite, en el marco de un
orden justo, el respeto de los derechos y las libertades ajenas sin abusar de las
propias49. Por ello, los derechos que le asisten a la colectividad en materia de
urbanismo50 y de libre competencia51 están fuertemente relacionados con la forma

48 Esto significa que los propietarios de ese predio no podrán adelantar nuevas construcciones en

esa área hasta que se defina de forma definitiva el perímetro de protección respectivo y que deberán
garantizar la conservación de las especies vegetales.
49 Ibíd., “ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de
funciones.
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno
que se ejercerá en los términos que señale la ley”.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de febrero de 2007. C.P: Alier Eduardo

Hernández Enríquez. Rad. N.° 63001-23-31-000-2004-00243-01(AP).
En el mismo sentido, Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de
2009. C.P: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Rad. N.° 17001-23-31-000-2004-01492-01(AP).
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Bogotá, D.C., 24 de

agosto de 2001, Radicación: 54001-23-31-000-2000-1749-01(AP-124), Actor: Orlando Rueda Vera;

32

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

en que los entes territoriales competentes planifican, organizan, ordenan y
distribuyen el territorio de su jurisdicción.

109. En línea con lo anterior, los artículos 1°, 2°, 3° y 5° de la Ley 388 de 199752
recuerdan que el ordenamiento del territorio municipal comprende un conjunto de
acciones político-administrativas y de planificación que orientan el desarrollo
socioeconómico, ambiental y cultural del territorio, y regulan la utilización,
transformación y ocupación del espacio. Mientras que los artículos 87 y 92 del
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana señalan que quien
incumpla con las normas referentes al uso reglamentado del suelo incurre en un
comportamiento que afecta la actividad económica.

110. Lo anterior implica en el caso concreto que el predio en el que se ubica el Centro
Recreativo Barbosa debe cumplir con los usos previstos en el PBOT de ese
municipio, esto es el Acuerdo 016 de 23 de diciembre de 2015.

111. Sin embargo, en el plenario obran tres certificados de uso del suelo del predio
que poseen diferencias sustanciales. En primer lugar, se acreditó que, mediante
Resolución 5878 de 31 de agosto de 2018, el entonces director de Planeación
Municipal, Carlos Julio Ramírez Arboleda, profirió un certificado conforme al cual el
uso del suelo es “Forestal Protector”. Veamos:

[…] En respuesta a su solicitud el Departamento Administrativo de Planeación
le informa que el predio identificado con la Matricula Inmobiliaria N° 012-8273
y Código Catastral 0792030000100011100000000, localizado en la vereda
Pachondo, de este Municipio, se encuentra ubicado en el polígono de
intervención R.PE_6 PRESERVACIÓN ESTRICTA y presenta el siguiente uso
del suelo según el Acuerdo 016 de 2015, por medio del cual se adopta la
revisión y ajuste a largo plazo del plan de básico de ordenamiento territorial del
municipio de Barbosa:

POLIGONO R PE 6 FORESTAL PROTECTOR
AREAS: Aplicable a los polígonos definidos como de Forestal Protector.
Altura Máxima: 1
índice de Ocupación: 2 %
Espacio Público y Equipamientos; No Aplica.
Construcción de Equipamiyntos: No Aplica
Cobertura Vegetal: 80%.
Parcela Mínima lote m2: 37.000 m2.
Criterio de Definición de Densidad: Densidades Corantioquia- Uso Agrícola-

demandado: Alcaldía Municipal de San José de Cúcuta y otros, C.P. Dario Quiñónez Pinilla; Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Bogotá, D.C., 21 de febrero de
2007, Radicación: 76001-23-31-000-2005-00549-01(AP), Actor: Alpha Seguridad Privada Ltda.;
demandado: Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P., C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
52 Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.

33

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

[…]

112. Posteriormente, el 14 de septiembre de 2018 53, la Dirección Administrativa de
Planeación del municipio de Barbosa54 emitió un certificado que indicaba que las
actividades desarrolladas por el centro recreativo cumplían con esas determinantes
urbanísticas, así:

[…] Resolución 2234
(11 sep 2018)

(…) En respuesta a su solicitud el Departamento Administrativo de Planeación
le informa que el predio identificado con la Matricula Inmobiliaria N° 012-8273
y Código Catastral 0792030000100011100000000, localizado en la vereda
Pachondo, de este Municipio, se encuentra ubicado en el polígono de
intervención R_C_12 y presenta un uso de suelo destinado a
CONSOLIDACION RURAL, según el Acuerdo 016 de 2015, por medio del cual
se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del plan de ordenamiento territorial
del Municipio de Barbosa, con las siguientes normas y consideraciones:

POLIGONO R CR12: Consolidación Rural.
Consolidación Rural (C.R).
Es una acción que se orienta a proteger el desarrollo y las actividades rurales,
pretende mejorar las condiciones de la vivienda rural.

53 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

62_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1), pág. 229 y ss.
54 Director (E) Diego Alejandro Montoya Avendaño.

34

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

AREAS: Aplicable a los polígonos definidos como Parcelación Campestre.
Altura Máxima: 2
índice de Ocupación: 20 %
Densidad Habitacional VIV/ha: 0,33
Espacio Público y Equipamientos: 3 % del área bruta del lote.
Construcción de Equipamientos: 5 m2 por cada destinación de Vivienda
Campestre. 5 m2 por cada destinación, en desarrollos de construcción que
superen 4 viviendas. 1 % del área total construida, en usos diferentes a la
vivienda.

[…]

113. Más adelante, el director del Departamento Administrativo de Planeación e
Infraestructura del municipio de Barbosa, mediante Resolución 1466 de 28 de julio
de 202055, emitió un nuevo concepto conforme al cual el predio estaba ubicado en
el polígono R_C_1256 que solo permitía el desarrollo de las siguientes actividades:

[…] ARTÍCULO PRIMERO: EMITIR concepto general de usos del suelo para
el inmueble identificado con cédula catastral. No.
0792030000100011100000000, ubicado en la vereda Aguas Clara del
municipio de Barbosa, de conformidad con lo dispuesto en el plano 9/14 R X y
artículo 204 del Acuerdo Municipal No. 016 de 2015:

[…]

114. En virtud de la divergencia existente entre los tres certificados, en el proceso
también se demostró que el demandante inició una querella policiva por el

55 Por medio de la cual se emite un concepto de uso del suelo
56Samai,Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado: Documento titulado
2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1), pág. 68 y ss.

35

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

quebrantamiento de los artículos 87 y 92 del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.

115. Al interior de ese proceso policivo, el inspector Santiago Ríos Osorno, en la
audiencia pública de 16 de junio de 202157, advirtió que «la actividad que se realiza
actualmente en el "Centro Recreativo Barbosa” (…) no se encuentra definida dentro
del Acuerdo 016 de 2015, dentro del polígono "R_CR_12"; toda vez que no se
define esa actividad dentro de alguno de los usos que se establecen para ese
sector, lo anterior en concordancia con el Decreto 1077 de 2015 (…) (en) su artículo
2.2.2.2.2.1». Por ello, resolvió la querella así:

[…] PRIMERO: DECLARAR infractor al señor YEFERSON MIRANDA
BUSTAMANTE (…) como titular de la actividad comercial del "Centro
Recreativo Barbosa", de acuerdo a la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Consecuente con lo anterior, IMPONER medida correctiva
consistente en SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA ACTIVIDAD al "Centro
Recreativo Barbosa”, quien el titular de la actividad comercial es el señor
YEFERSON MIRANDA BUSTAMANTE […] (Subraya la Sala)

116. Posteriormente, mediante Resolución 5451 de 5 de agosto de 2021, la
Secretaría de Gobierno y Convivencia Ciudadana revocó esa decisión al resolver
el recurso de apelación interpuesto en su contra, por las siguientes razones:

[…] El contenido del concepto de uso de suelos otorgado el día 14 de
septiembre de 2018, permite concluir que los establecimientos de recreo,
comercio minorista, servicios turísticos, equipamientos colectivos y
sociales, son aplicables al polígono en donde se ubica el centro
recreativo de Barbosa según consta en el acto administrativo de uso de
suelos el cual goza de toda la valides (sic) ya que se presume legal hasta
tanto no sean declarados de forma contraria por las autoridades
competentes para ello, competencia de la cual no ostenta el Inspector de
policía para decretar la nulidad, inaplicación o modificación al acto
administrativo.

El contenido de dicho certificado concluye inequívocamente que en polígono
de la referencia es posible establecer y desarrollar actividades comerciales
como las que realiza el centro recreativo de Barbosa. No puede este despacho
ignorar la existencia del referido certificado de uso de suelos, en tanto el mismo
se erige como un acto administrativo valido, que goza de la presunción de
legalidad.

(…) En el caso concreto el concepto de uso de suelos radicado No 006565 del
14 de septiembre de 2018, fue expedido por la autoridad correspondiente y no
ha sido anulado ni suspendido, por lo que se considera vigente, y por ende
debe ser aplicado y acatado tanto por autoridades como por la población civil,
de tal suerte que su aplicación, acatamiento y respeto, implica reconocer que
el "Centro Recreativo de Barbosa" cuenta con el permiso de suelos requerido
para el funcionamiento de dicho establecimiento de comercio.

57 Ibidem, documento titulado 2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033

(1), pág. 142 y ss.

36

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

(…) Ahora bien, respecto a los demás requisitos, se observa que el "centro
Recreativo de Barbosa", cumple con ellos puesto:
Observa el despacho a folio cincuenta y dos (52), certificado por la
subsecretaria de espacio público y convivencia ciudadana, certificado de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley 1801 de 2016, para
ejercer la actividad comercial del establecimiento centro recreativo
Barbosa.
Folio trece (13), respuesta a solicitud de verificación de los documentos
para ejercer la actividad económica, por parte de la autoridad competente
para verificación de los mismos Policía Nacional, (visita favorable
referente a los documentos exigidos para ejercer la actividad).

(…) En el expediente se observa otro certificado de uso de suelos sobre el
mismo predio. Emitido con posterioridad, y a solicitud del querellante, el cual
tiene un contenido distinto, pero que debe considerarse que no tiene la
forma, ni agotó el procedimiento para anular el concepto de uso de suelos
006565 del 14 de septiembre de 2018, el cual consiste en la posibilidad de
una revocaría directa o el ejercicio de los medios de control de la
jurisdicción contenciosa administrativa. Por ello no puede, la inspección de
policía, y la administración pública en genera desconocer el valor legal del
concepto de uso de suelos del 14 de septiembre de 2018, aun cuando se haya
emitido un nuevo concepto con contenido diferente. Para poder sacar del
ordenamiento jurídico y concepto precedente se debe acudir a los
mecanismos legales pertinentes, lo cual para el caso concreto no se hizo,
además de haber prescrito tales posibilidades.

(..) Este despacho tiene conocimiento certero de que en el polígono donde
funciona en Centro Recreativo de Barbosa funcionan otros
establecimientos de comercios muy similares, dentro de los cuales se
destaca el establecimiento la palma, el cual linda con el centro recreativo
de Barbosa y su funcionamiento se remonta a varios años. El polígono
donde se ubican estos establecimientos de comercios, de facto ha venido
siendo utilizado para actividades turísticas, bien sea por visitantes foráneos
a predios particulares y baldíos, y también a sitios organizados comercialmente
para ello, como es el caso de la Palma y el Centro Recreativo de Barbosa.

Un trato igualitario supondría reconocer el derecho que tienen todas las
personas a que no se consagren excepciones o privilegios que
"exceptúen" a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas
circunstancias, de donde se infiere que la real y efectiva igualdad consiste en
aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias
constitutivas de ellos. […] (Subraya la Sala)

117. Como puede apreciarse, la autoridad policiva resolvió la duda existente sobre
el uso del suelo a favor del Centro Recreativo de Barbosa, de conformidad con la
Resolución 2234 de 11 de septiembre de 2018, según la cual los servicios de
turismo estarían catalogados dentro de los usos complementarios admitidos para
el polígono "R_CR_12".

118. Por el contrario, en el acervo se acreditó que la autoridad ambiental considera
que el Centro Recreativo Barbosa está quebrantando las disposiciones del Acuerdo
016 de 23 de diciembre de 201558, con fundamento en la Resolución 1466 de 28
de julio de 2020.

58 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del plan de ordenamiento territorial

del municipio de Barbosa y se dictan otras disposiciones complementarias”.

37

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

119. En la Resolución 040-RES2207-3869 de 6 de julio de 202259, la directora
general de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia negó la
solicitud de permiso de vertimientos al suelo presentada por el señor Yeferson
Miranda Bustamante, debido a que:

[…] Revisado el Acuerdo 016 de 2015, “Por medio del cual se adopta la revisión
y ajuste de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de
Barbosa”; en el artículo 204, se encontró que las actividades agropecuarias
están permitidas como uso principal y la vivienda campesina como uso
complementario; tal y como se evidencia en el siguiente aparte del documento

Lo anterior indica que las actividades que se desarrollan en el predio,
entendidas como de hotelería/hospedaje y turismo/ecoturismo, estarían
tácitamente prohibidas en el lugar al no encontrarse expresamente en
ninguno de usos; lo anterior, teniendo en cuenta lo expuesto en el artículo
2.2.1.1. del Decreto Único Reglamentario 1077 del 26 de mayo de 2015 […]
(Subraya la Sala)

120. Nótese entonces que ambas autoridades soportaron su decisión en diferentes
actos administrativos y, por ello, sus posturas son contradictorias. Frente a dicha
divergencia, el ciudadano Guillermo Antonio Franco -secretario de planeación del
Municipio de Barbosa para la época de los hechos-, en el testimonio rendido en la
audiencia de 20 de abril de 2022, explicó que el PBOT señala expresamente cuál
es el uso del suelo aplicable para cada polígono, pero que pueden existir diferentes
conceptos sobre un mismo predio porque dos funcionarios pudieron interpretar el
mismo precepto de forma diversa.

121. Ahora bien, para resolver tal dicotomía, la Sala pone de presente que se
configuró el instituto jurídico denominado “Pérdida de ejecutoriedad del acto
administrativo” de que trata el artículo 91 del CPACA, siendo aplicable la causal
quinta que a la letra dice:

[…] ARTÍCULO 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán
ser ejecutados en los siguientes casos: (…)

5. Cuando pierdan vigencia. […] (Subraya la Sala)

122. De la observación detenida de los tres conceptos, se evidencia que la
Resolución 2234 de 11 septiembre de 2018 había derogado tácitamente la
Resolución 5878 de 31 de agosto de 2018, y, posteriormente la Resolución 1466
de 28 de julio de 2020 derogó tácitamente la Resolución 2234; fenómeno frente al
cual la Corte Constitucional, en la Sentencia C-229 de 201560, explicó que:

59 88_0500123330002021019660185EXPEDIENTEDIGI20221118144241
60 Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

38

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

[…] La derogación ha sido definida como la “abolición, anulación o
revocación de una norma jurídica por otra posterior, procedente de
autoridad legítima (…)”61. (…) Se entiende entonces que se trata de una
situación en la cual un enunciado legal es retirado del ordenamiento jurídico
por voluntad de quien tiene la potestad para expedir tales mandatos y,
opera bajo el supuesto según el cual, entre varias manifestaciones de
voluntad vertida sobre el mismo asunto, ha de acogerse la última. Un
aspecto adicional que se expone en la mencionada cita, hace relación a las
bondades que, se supone, inspiran la Ley más reciente, pues se entiende que
fue expedida para conjurar las dificultades suscitadas por las disposiciones
precedentes o, que estas últimas en su momento no pudieron resolver.

Respecto del fenómeno jurídico de la derogación el artículo 3º de la Ley 153 de
1887, ha establecido lo siguiente:

“ARTÍCULO 3. Estímase insubsistente una disposición legal por declaración
expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales
posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a
que la anterior disposición se refería.”

Como se puede colegir de lo transcrito, la derogación de los enunciados legales
reviste diversas formas, tales son, la expresa, la tácita y la orgánica. Respecto
de las mismas la citada jurisprudencia de la Corte Suprema dijo:

(…) La derogación tácita encuentra su fundamento o razón de ser en que,
existiendo dos leyes contradictorias de diversas épocas, tiene que
entenderse que la segunda ha sido dictada por el legislador con el
propósito de modificar o corregir la primera; y el de la orgánica, en que si
el legislador ha redisciplinado toda la materia regulada por una norma
precedente, forzoso es suponer qué ha partido de otros principios directrices,
los cuales, en sus variadas y posibles aplicaciones, podrían llevar a
consecuencias diversas y aun opuestas a las que se pretenden si se introdujera
un precepto de la ley antigua, aunque no fuere incompatible con las normas de
la ley nueva. […].

123. Además, es pertinente mencionar que el artículo 204 del Acuerdo 016 de 201562
no señaló expresamente que los polígonos con uso agropecuario admitan el
desarrollo de actividades turísticas, como se observa a continuación:

[…] Artículo 204º. Tabla de interrelación de usos del suelo
USOS USO USO USO USO
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGIDO PROHIBIDO
(…) (…) (…) (…) (…)
Agropecuario Agropecuario Vivienda Cultivos Industria
campesina transitorios pesada y
intensivos, mediana
ganadería
extensiva e
intensiva,
Minería,
Agroindustria,
Vivienda
Campestre

61 Cabanellas Guillermo Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 28ª. Edición vol. III, Heliasta,

Buenos Aires 2003, p.158
62 “Por medio del cual se adopta la revisión y ajuste de largo plazo del plan de ordenamiento territorial

del municipio de Barbosa y se dictan otras disposiciones complementarias”.

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

124. En criterio de la Sala, la hermenéutica que sugiere el apoderado judicial del
señor Yefferson Miranda Bustamante conforme a la cual el artículo 204 del Acuerdo
016 debe interpretarse armónicamente con los artículos 5, 8, 13, 201, 203, 211, 212
y 217 de ese PBOT, no resulta aplicable, porque ninguno de estos preceptos
equiparó los conceptos de vivienda campestre y vivienda campesina a los de
parcelación campestre y parcelación campesina.

125. Los artículos 201 y 204 ibidem instituyeron tres usos del suelo distintos, cuyas
características no pueden asimilarse, pues precisamente, a partir de la destinación
principal y complementaria, el ente territorial fijó un criterio gramatical para que los
ciudadanos se relacionen con el territorio, tal y como puede apreciarse a
continuación:

[…] Artículo 201º. Son Usos del suelo Rural: (…)
3. Zonas de uso Agropecuario.
Aplicables a polígonos de Consolidación Rural.
4. Zonas de uso Agrícola.
Aplicables a polígonos de Consolidación Rural.
(…)
7. Zonas de parcelación campestre.
Aplicable a polígonos de consolidación rural, en los que existen parcelaciones
o la tendencia a estas.
8. Zonas de parcelación campesina.
Aplicable a polígonos de consolidación rural, donde por su cercanía con vías
principales y con zonas con altas densidades se evidencia una tendencia a la
subdivisión predial sin perder el uso campesino propiamente. (…)

[…] Artículo 203º. Definición específica de usos del suelo rural.
Uso principal: Uso deseable que coincide con la función específica de la zona
y que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.
Uso compatible o complementario: No se opone al principal y concuerda con
la potencialidad, productividad y protección del suelo y demás recursos
naturales conexos.
Uso condicionado o restringido: Presenta algún grado de incompatibilidad
urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las
condiciones que impongan las normas urbanísticas y ambientales
correspondientes.
Uso prohibido: Incompatible con el uso principal de una zona, con los objetivos
de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social.

Artículo 204º. Tabla de interrelación de usos del suelo

USOS USO USO USO USO
PRINCIPAL COMPLEMENTARIO RESTRINGID PROHIBIDO
O
Agropecuario Agropecuario Vivienda campesina Cultivos Industria
transitorios pesada y
intensivos, mediana
ganadería
extensiva e
intensiva,
Minería,
Agroindustria,
Vivienda
Campestre

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Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

Parcelación Residencial Servicios Agroindustria Industria
campestre campestre (Equipamientos pesada y
colectivos, sociales y mediana,
de seguridad, salud y ganadería
oficinas de servicios extensiva e
turísticos), comercio intensiva
minorista, vivienda
campestre
Parcelación Residencial Servicios Agroindustria Industria
campesina campesino (Equipamientos pesada y
colectivos, sociales y mediana,
de seguridad, salud y ganadería
oficinas de servicios extensiva e
turísticos), comercio intensiva
minorista, vivienda
campestre
(…) (…) (…) (…) (…)

126. El hecho consistente en que los artículos 5 63 y 864 del PBOT de Barbosa
reconozcan que ese municipio fomenta el turismo, no significa per se que los
ciudadanos puedan desarrollar actividades recreativas en cualquier espacio. Para
ello, la autoridad de planeación local valoró previamente las características
ambientales del entorno geográfico y, a partir de ese criterio de protección
ambiental, delimitó los usos permitidos en la zona de uso agropecuario.

127. Inclusive en el evento en que la Sala interpretara que el uso restringido de
“vivienda campestre” en el sector agropecuario se equipara al uso complementario
previsto para la “parcelación campestre” en donde se permite el desarrollo de
actividades turísticas, lo cierto es que el demandante también estaría incumpliendo
con las exigencias previstas para el uso restringido al no contar con las
autorizaciones ambientales exigibles.

128. Precisamente, el artículo 203 del Acuerdo 016 de 2015 define el “uso
condicionado o restringido” como aquel que «presenta algún grado de
incompatibilidad urbanística y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con
las condiciones que impongan las normas urbanísticas y ambientales
correspondientes». Sin embargo, por las razones expuestas en los acápites A y B
de este apartado de la providencia, el Centro Recreativo de Barbosa todavía no

63 […] Artículo 5º.De los objetivos del plan.

El Plan Básico de Ordenamiento territorial del Municipio de Barbosa se formula a partir de los
siguientes objetivos: […]
5. Propiciar el uso racional del suelo, para hacer un aprovechamiento sostenible de los bienes y
servicios ambientales dentro de las actividades productivas del Municipio
64 […] Artículo 8º. Estrategias territoriales. Son las acciones sobre cada uno de los ámbitos que

conforman el territorio, que tendrán como objeto la movilización de recursos y potencialidades para
la concreción del modelo de ocupación establecido para el territorio, de la siguiente manera:
5. Un suelo rural ambientalmente rico y diverso, soportado en una adecuada infraestructura vial,
de servicios y equipamientos, en el cual se fomenten y consoliden las actividades agropecuarias
sustentables, reconociendo y ordenando los usos asociados a viviendas de recreo todo esto
en armonía con el medio ambiente y con las condiciones culturales propias del Municipio.
(…) 10. Un sistema de espacio público como elemento articulador de la estructura funcional del
Municipio, que involucra y potencia elementos naturales de carácter representativo asociados a los
sistemas orográfico e hidrográfico, articulándolos efectivamente con los espacios públicos
artificiales, inmuebles patrimoniales y equipamientos; que contribuyan al reconocimiento del
Municipio como referente de desarrollo turístico.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

cumple con las exigencias ambientales que debería acatar para operar como uso
restringido.

129. La Sala no desconoce que el polígono R_CR_12 tiene un tratamiento de
consolidación rural, en el que, de conformidad con los artículos 201 y 211 del PBOT,
son viables las zonas de parcelación campestre y de parcelación campesina «por
su cercanía con vías principales y con zonas con altas densidades se
evidencia una tendencia a la subdivisión predial sin perder el uso campesino
propiamente». Aun así, también es una realidad que el Centro Recreativo de
Barbosa tampoco cuenta con los permisos requeridos para operar en el uso
restringido y en el plenario no se acreditó la cercanía de este lugar turístico con vías
principales y con zonas de alta densidad poblacional.

130. Esto significaría que, aún en la interpretación del demandante del PBOT de
Barbosa, no se acreditó que ese centro recreativo cumpla con los usos del suelo.

131. En ese orden de ideas, al demandante le asiste la razón cuando sugiere que el
señor Yefferson Miranda Bustamante estaría quebrantando los derechos colectivos
previstos en los literales i) y m) del artículo 4° de la Ley 472 y desarrollados por el
artículo 311 de la Constitución Política y el artículo 2° de la Ley 388 de 1997, debido
a que uno de los principios del ordenamiento territorial es la distribución equitativa
de las cargas y los beneficios del desarrollo.

132. Esa conducta además conculcó el numeral 3° del artículo 1° de la Ley 388
conforme al cual la función urbanística se encamina a garantizar que la utilización
del suelo por parte de los propietarios se ajuste a la función social de la propiedad.

133. Los derechos colectivos a la «libre competencia económica» y a la «realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
la calidad de vida de los habitantes», en el caso concreto, tienen que ver con la
existencia de un modelo de ordenamiento territorial en el que los ciudadanos
respeten los usos del suelo a la hora de definir las actividades económicas que
pretenden desarrollar.

134. El entendimiento del territorio como un recurso natural en donde se desarrollan
las relaciones sociales, económicas, ambientales y culturales, permite advertir que
resulta necesario que el ser humano –individual y colectivamente considerado- atienda
a la responsabilidad de organizar y/o adecuar su proyecto de vida a las
particularidades propias del entorno, a la riqueza natural de ese suelo y a las
características socioeconómicas y culturales que lo rodean, en pro de un desarrollo
sostenible. Por ello, los títulos VIII y XIV del Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana exigen que quien pretenda realizar determinada actividad
antrópica cuente con un concepto favorable y vigente de la autoridad territorial en
materia de usos del suelo.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

135. De este modo, resulta claro que también el ente territorial está incurriendo en
una conducta negligente en el ejercicio de sus funciones, debido a que la actividad
urbanística, dentro de la extensión de este concepto, integra la planificación, la
organización, la ordenación, la distribución y el desarrollo de los espacios de una
ciudad o territorio bajo un eje gravitacional: el beneficio y la convivencia pacífica de
los administrados.

136. En consecuencia, es necesario revocar la sentencia de primera instancia para
que el municipio de Barbosa restablezca los derechos colectivos previstos en los
literales i) y m) del artículo 4° de la Ley 472 que quebrantó por su conducta omisiva,
a través de la siguiente medida correctiva:

[…] ORDENAR al municipio de Barbosa que, a través de la dependencia
competente, en el término de seis (6) meses y con plena observancia de las
garantías procesales, culmine el procedimiento policivo relacionado con la
comisión de una infracción a la actividad económica por parte del administrador
del establecimiento de comercio Centro Recreativo Barbosa.

De forma inmediata, el municipio verificará que la autoridad competente
imponga las medidas pertinentes de suspensión de actividades para que los
propietarios de ese predio cumplan con el uso del suelo aplicable. […]

D. La presunta transgresión del derecho previsto en el literal m) del artículo
4° de la Ley 472 porque esa infraestructura transgrede la integridad
urbanística

137. El ciudadano Luis Fernando Monsalve Cataño afirmó en la alzada que los
propietarios del Centro Recreativo de Barbosa construyeron esas instalaciones sin
contar con una licencia de construcción que avalará técnicamente la procedencia
de todas las obras definitivas.

138. Como se mencionó previamente, el anterior reparo cuenta con una connotación
colectiva en atención a que el predio en donde se construyó el Centro Recreativo
de Barbosa funciona un establecimiento de comercio que desarrolla actividades
que trascienden a lo público en los términos del artículo 86 del Código Nacional de
Seguridad y Convivencia Ciudadana. Veamos:

[…] ARTÍCULO 86. CONTROL DE ACTIVIDADES QUE TRASCIENDEN A LO
PÚBLICO. Las personas jurídicas con o sin ánimo de lucro establecidas o que
funcionen bajo la denominación de clubes sociales sin ánimo de lucro cuya
actividad pueda afectar la convivencia y el orden público, casas culturales,
centros sociales privados o clubes privados o similares, que ofrezcan
servicios o actividades de recreación, diversión, expendio o consumo de
licor, sala de baile, discoteca, grill, bar, taberna, whiskería, cantina, rockola,
karaoke, sala de masajes o cualquier tipo de espectáculo para sus asociados
o para el público en general, estarán sujetos a las normas del presente
Código. […]

139. Aunado a ello, el artículo 103 de la ley 388 de 1997, modificado por el artículo
1 ° de la ley 810 de 2003, identifica como infracciones urbanísticas «toda
actuación de construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

de edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga los planes
de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen y
complementen, incluyendo los planes parciales» y, en consecuencia, cuando se
incurra en dichas conductas habrá «lugar a la imposición de sanciones
urbanísticas a los responsables, incluyendo la demolición de las obras, según
sea el caso, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal de los
infractores».

140. Cabe poner de presente que, según el material probatorio allegado, la Dirección
Administrativa de Planeación del municipio de Barbosa65, a través de la Resolución
002234 de 11 de septiembre de 201866, otorgó la siguiente licencia de construcción
del inmueble con cédula catastral. No. 0792030000100011100000000:

[…] ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN No.
152 DE 2017, en la modalidad de RECONOCIMIENTO de: CUATRO
UNIDADES DE UN SOLO NIVEL CON TERMINACIÓN EN CUBIERTA EN
TEJA DE BARRO Ubicado en la VEREDA AGUAS CLARAS ZONA RURAL,
del Municipio de Barbosa Antioquia al señor/a SAUL MIRANDA TAPIAS

ARTÍCULO SEGUNDO: La Dirección Administrativa de Planeación concede
Licencia Urbanística para la intervención descrita en los considerandos de la
presente Resolución, para lo cual el (la) beneficiario (a) deberá acogerse a los
términos, condiciones y especificaciones aprobadas por la secretaria. En caso
de no cumplir con los planos, diseños y especificaciones inicialmente
aprobadas deberá presentar en un plano definitivo las modificaciones
realizadas, así como la legalización de los nuevos diseños u obras
adicionales, sin perjuicio del cobro de los emolumentos y sanciones
consagrados en la normatividad.

ARTÍCULO TERCERO: Iniciación: En los casos de construcción, adición o
reforma, solo podrán iniciarse obras, una vez haya sido ejecutoriado el
acto administrativo, se presente la totalidad de los requisitos exigidos y
se hayan cancelado los impuestos, tasas o sanciones a que haya lugar.
Las obras deberán ser ejecutadas de manera tal que se garantice la salubridad
de las personas y la estabilidad de terrenos, edificaciones y los elementos
constitutivos del espacio público. (…)

ARTÍCULO SEXTO: De conformidad a lo establecido en el Artículo 103 de la
Ley 810 de 2.003: “Infracciones Urbanísticas" toda actuación de

65 Diego Alejandro Montoya Avendaño
66 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1), pág. 567 y ss.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

construcción, ampliación, modificación, adecuación y demolición de
edificaciones, de urbanización y parcelación, que contravenga los planes
de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollan
y complementan incluyendo los planes parciales, dará lugar a la
imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo la
demolición de las obras; según sea el caso, sin perjuicio de la eventual
responsabilidad civil y penal de los infractores. Para efectos de la
aplicación de las sanciones, estas infracciones se considerarán graves o leves,
según se efectúe el interés tutelado por dichas normas, de igual forma a los
infractores se les aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 104 de la
misma Ley.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Licencia surte efectos solo para realizar la
construcción prevista en la solicitud radicada; cualquier modificación a lo
aprobado en los planos y sin el visto bueno previo y por escrito emanado
de la Secretaria de Planeación e infraestructura de Barbosa, generará
sanciones desde multas y hasta demolición de las obras, según el
Artículo 66 de la Ley 09 de 1989, artículos 103, 104 de la Ley 388 de 1.997
y demás normas relacionadas. […] (Subraya la Sala)

141. El citado acto administrativo demuestra que ente territorial reconoció unos
desarrollos arquitectónicos al señor Saul Miranda Tapias que había ejecutado sin
obtener la respectiva licencia, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1848 de
201767. Dichas obras consistían en 4 edificaciones de 219,56 metros cuadrados.

142. Sin embargo, en el año 2020 la Secretaría de Planeación de Barbosa efectuó
un seguimiento a dicha infraestructura evidenciando que el titular del predio
construyó obras adicionales sin contar con los permisos urbanísticos exigibles.

143. Concretamente, el concepto técnico de 23 de septiembre de 2020 indica que el
personal técnico de la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio68 visitó el 17 de
septiembre de 2020 ese predio identificando unas «inconsistencias en relación a la
licencia otorgada, ya que se revisó la documentación en la oficina de
Licenciamiento y no se encontró resolución de licencia de construcción para "sótano
y piscina"»69.

144. Posteriormente, el 26 de noviembre de 2020 70, la funcionaria de la Unidad de
Gestión del Riesgo del municipio, Alejandra Marín, identificó lo siguiente:

67 Por medio de la cual se expiden normas en materia de formalización, titulación y reconocimiento

de las edificaciones de los asentamientos humanos, de predios urbanos y se dictan otras
disposiciones.
ARTÍCULO 6°. Reconocimiento de la existencia de edificaciones. El reconocimiento de
edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o
distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos
arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener la respectiva licencia, siempre y cuando cumplan con
el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como
mínimo cinco (5) años antes de la solicitud de reconocimiento, al momento de la entrada en vigencia
de la presente ley. Este término no aplicará en aquellos casos en que el solicitante deba obtener el
reconocimiento por orden judicial o administrativa.
68 Milena Catalina Diaz
69 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1), pág. 100 y ss.
70 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:
2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1), pág. 130 y ss.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

[…] Se realiza la comparación de los planos aprobados mediante la
Resolución 2234 de 11 septiembre 2018, por medio de la cual se otorga al
actual reconocimiento de una construcción existente, encontrando los
siguientes hallazgos:
1. Se realizó el reconocimiento de sólo cuatro construcciones.
2. No se encuentra aprobada el kiosco construcción con cubierta en
sistema de bocado tampoco construcción en madera diagonal al kiosco.
3. La construcción 2 no tiene aprobado el semisótano.
4. La construcción 4 no tiene aprobado el semi sótano y solo se
reconocieron 114 metros cuadrados aproximadamente.
5. El área húmeda piscina no se encuentra dentro de los planos
aprobados. […] (Subraya la Sala)

145. Más adelante, en el informe técnico de 21 de diciembre de 202071, la funcionaria
Adriana María Londoño Benjumea de la Inspección municipal de policía visualizó
una infracción urbanística cuyo alcance es del siguiente tenor:

[…] Al llegar al lugar de la visita se puede observar la construcción en dos (2)
niveles.
Nivel uno (1): Semisótano, zona de servicios, sanitarios y duchas (sic).
Nivel dos (Z): zona de atención: restaurante, piscina, zonas de circulación,
unidades sanitarias. Por fuera de esta área existen cabañas para alquiler,
las cuales se pueden inspeccionar y corroborar áreas por fuera, no
internamente porque están en servicio y hay ocupación.

Se revisan áreas y distribución Arquitectónica vs planos aportados por la
Secretaría de Planeación Municipal. Se puede constatar la distribución de
espacios en primer piso, sótano y cabañas. Se determinan área de más
construidas según el cuadro anexo:

[…] (Subraya la Sala)

146. Con fundamento en dichos informes, el 2 de junio de 202172 el inspector de
Policía e Integridad Urbanística resolvió la querella con radicado 2020-0034,
interpuesta por el demandante en contra de los ciudadanos Saul Miranda Tapias y
Yeferson Miranda Bustamante por: (i) efectuar una construcción adicional de

71 Ibidem, documento titulado
161_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118144650 (1), pág. 150 y ss.
72 Ibidem, documento titulado
161_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118144650 (1), pág. 20 y ss.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

319.7045 metros cuadrados; (ii) ocupar la zona de ronda; y (iii) desarrollar una obra
que no cumple con los estándares mínimos de seguridad.

147. En dicha oportunidad, la autoridad policial reconoció que no era competente
para pronunciarse respecto del «desarrollo de la actividad comercial, y frente a los
diferentes actos administrativos que se han proferido por parte de la Administración
Municipal referentes a licencias de construcción, licencias de funcionamiento (del
establecimiento de comercio) violación a las rondas hídricas y posibles riesgos
generados», y efectuó el traslado de tales asuntos.

148. Además, al referirse a los argumentos encaminados a cuestionar la legalidad
de los actos administrativo contentivos de la licencia de construcción, arguyó que
el querellante tenía a su disposición las acciones judiciales y administrativas
previstas por el legislador para ventilar esas inconformidades.

149. Finalmente, el inspector observó que los ciudadanos Saul Miranda Tapias y
Yeferson Miranda Bustamante si infringieron las normas urbanísticas porque
realizaron una construcción adicional de 319.7045 metros cuadrados,
desconociendo lo preceptuado en la respectiva licencia; razón por la que impuso
las siguientes sanciones:

[…] PRIMERO; DECLARAR INFRACTORES a los señores SAUL MIRANDA
TAPIAS (…) y YEFFERSON MIRANDA BUSTAMANTE (…), por lo
sustentado en el fundamento de la decisión de la presente Audiencia pública.

SEGUNDO: IMPONER MULTA ESPECIAL DE URBANISMO, y ORDENAR el
pago de la misma, a los señores SAUL MIRANDA TAPIAS (…) y YEFFERSON
MIRANDA BUSTAMANTE (…), por CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
PESOS ($133.822.882,00), A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, por
contravenir el contenido de artículo 135, literal A numeral 2 de la ley 1801 de
2016. los cuales deben ser consignados en la cuenta de ahorros número
65171489452, a nombre del MUNICIPIO DE BARBOSA ANTIOQUIA.

TERCERO: ORDENAR la Demolición de obra; Construcción, cerramiento,
reparación o mantenimiento de inmueble objeto de la presente infracción
a la integridad urbanística. Se hace énfasis en cuanto a la demolición que
los infractores deben realizar, la demolición de las obras realizadas y no
autorizadas, debe realizarse conforme a lo establecido en la resolución 2234
del 11 de septiembre de 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCEDE UNA
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN N°152, Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES” teniendo en cuenta los planos arquitectónicos y
estructurales aprobados por la secretaria de Planeación Municipal. […]
(Subraya la Sala)

150. También se acreditó que el 16 de febrero de 2022 73, mediante auto 07, la
Inspección de Policía e Integridad Urbanística del Municipio de Barbosa 74, en

73 Ibidem, documentos 68_0500123330002021019660165EXPEDIENTEDIGI20221118144237,
pág.20 y ss.
74 Inspector de Policía Juan Carlos Mariaca

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

cumplimiento de lo ordenado en las Resoluciones 017975 y 018076 de 3 de febrero
de 2022, declaró la nulidad de lo actuado dentro de la querella civil de policía
por infracción a la integridad Urbanística radicado 2021-034, y vinculó a esa
actuación a sus herederos, en los siguientes términos:

[…] PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado dentro del proceso
policivo 2020-034 desde el 08 de abril de 2021, día del fallecimiento del
señor SAUL MIRANDA TAPIAS de conformidad con lo establecido en la
resolución No. 0179 del 03 de febrero del 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE
RESUELVE UN RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL
DOCTOR EDINSON MURILLO MOSQUERA APODERADO DEL SEÑOR
YEFFERSON MIRANDA BUSTAMANTE QUERELLA DE POLICÍA
RADICADO 2020-034" y Resolución No. 0180 del 03 de febrero "POR MEDIO
DEL CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE APELACION INTERPUESTO
POR EL DOCTOR DANIEL GOMEZ LOAIZA APODERADO DEL SEÑOR LUIS
FERNANDO MONSALVE CATAÑO QUERELLA DE POLICÍA RADICADO
2020-034". […] (Subraya la Sala)

151. Aunado a ello, está probado que la Secretaría de Planeación municipal77, a
través de Resolución 0955 de 8 de abril de 2022, declaró el desistimiento tácito de
la solicitud de licencia urbanística de construcción, presentada el 22 de febrero de
2022 por el ciudadano Yeferson Miranda Bustamante.

152. De esta recopilación documental se deduce que el alcalde, como primera
autoridad de Policía del Municipio, inició a través de la dependencia competente los
procedimientos policivos procedentes para corregir la situación transgresora del
derecho a «la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia
al beneficio de la calidad de vida de los habitantes».

153. Así mismo, se probó que esa actuación administrativa no ha finalizado debido
al fallecimiento de uno de los infractores. Es más, la administración negó la solicitud
que elevó el ciudadano Yeferson Miranda Bustamante para legalizar esas obras
por cuanto la misma no cumplía con los requisitos legales, lo que significa que aun
el ente territorial no ha ejercido todas las competencias a su cargo encaminadas a
verificar el respeto del ordenamiento urbanístico.

154. Siendo ello así, con el propósito de salvaguardar el derecho colectivo previsto
en el literal m) del artículo 4° de la Ley 472, es necesario ordenar al municipio de
Barbosa que verifique la culminación pronta y oportuna de aquel procedimiento,
junto con la adopción de las medidas que sean procedentes, previa garantía del
derecho al debido proceso de los presuntos infractores.

75 Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto por el doctor Edinson Murillo

Mosquera apoderado del señor Yefferson Miranda Bustamante querella de policía radicado 2020-
034.
76 Por medio del cual se resuelve un recurso de apelación interpuesto por el doctor Daniel Gómez

Loaiza apoderado del señor Luis Fernando Monsalve Cataño querella de policía radicado 2020-034.
77 Olga Cecilia Córdoba Escobar.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

E. La presunta transgresión del derecho a la prevención de desastres
previsibles técnicamente

155. En aras de desatar el recurso de apelación en lo que concierne a la presunta
transgresión del derecho a la prevención de desastres previsibles técnicamente,
resulta oportuno recordar que, según lo reglado por la Ley 1523, «[l]a gestión del
riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio
colombiano (…) [y, por lo tanto,] las entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo (…) en el marco de
sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres».

156. Esta norma también agregó que los habitantes del territorio nacional son
corresponsables de la gestión del riesgo, por lo que «actuarán con precaución,
solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y
acatarán lo dispuesto por las autoridades»78.

157. A partir de lo anterior y atendiendo a los hechos que se debaten a través de la
presente acción popular, es necesario tener en cuenta que la Unidad de Gestión de
Riesgo de la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana de Aburra79 y la Oficina
de Gestión del Riesgo de Desastres del Municipio de Barbosa80, en el concepto
técnico 17 de febrero de 202081, evaluaron las condiciones de riesgo de la
infraestructura y del entorno de las instalaciones del Centro Recreativo Barbosa,
así:

[…] Instalaciones de uso recreativo localizadas en la zona rural del Municipio
de Barbosa, específicamente en la Vereda Aguas Claras parte baja,
infraestructura física que está conformada por cinco (5) bloques, tres (3) de
uso para alojamiento, uno (1) para lavado y bodega de almacenamiento del
mobiliario y el otro para uso de piscina, restaurante y estadero (…)

78 Artículo 2.
79 Luz Jeannette Mejia Chavarriaga (líder gestión de riesgos), Jhonny Alexander Montero delgado y

Tatiana Castañeda Rojas
80 Catalina Ossa
81 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1), pág. 50 y ss.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

• Bloque 1, 2 y 3.
Estructuras de un nivel concebidas bajo el sistema en mampostería simple,
con una cubierta en teja de barro soportada en una estructura en madera,
instalaciones de uso para alojamiento, las cuales al momento de la visita
presentan adecuadas condiciones de servicio. (…)

• Bloque 4.
Estructura de un nivel concebida bajo el sistema en mampostería simple, con
cubierta en lámina de asbesto cemento soportada en una estructura en
madera, instalación de uso para lavado y bodega de almacenamiento del
mobiliario, la cual al momento de la visita presenta deterioros asociados a
la carencia de mantenimiento y al cumplimiento de la vida útil de los
materiales, principalmente por deterioros en el sistema de cubierta, lo cual
lleva a la necesidad de implementar actividades de reparación y
acondicionamiento, con el fin de garantizar su vida útil en el tiempo y por
ende salvaguardar la integridad física de las personas que frecuentan el
lugar.

(…)

Quebrada Santo Domingo.
Fuente Hídrica con cauce en estado natural, la cual evidencia procesos de
erosión en las márgenes, principalmente sobre la margen izquierda
aguas abajo, la cual a su vez por la condición actual, se presume tuvo
intervenciones antrópicas, frente a la conformación de zonas de
empozamientos para el disfrute de las personas en el sitio; intervención que
puede llevar a favorecer afectaciones en el entorno debido a posibles
aumentos súbitos en los niveles de la misma, además teniendo en cuenta las
características torrenciales de su lecho. (…) .

• Bloque 5.
Estructura de dos niveles con irregularidad en altura, construida con un sistema
combinado en estructura metálica, elementos en concreto reforzado, muros en
superboard, drywall y mampostería, con un tramo de losa de entrepiso en steel
deck y una cubierta en lamina de asbesto cemento y lamina termoacústica,
instalación destinada para uso de piscina, restaurante y estadero, estructura

50

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

que presenta deficiencias constructivas, lo cual influye en su condición de
riesgo actual. (…)

Conociendo la configuración y estado general de las instalaciones de cada uno
de los bloques que conforman en Centro Recreativo, actualmente la
problemática principal encontrada, corresponde al área del restaurante y
estadero del bloque 5, debido a su configuración estructural, la cual
presuntamente fue construida por módulos independientes, en diferentes
tiempos y materiales; además, se presume que está siendo objeto de procesos
constructivos de ampliación en su nivel inferior, dado lo evidenciado en el área
del primer nivel (sótano), encontrando que la losa de piso de la estructura
inicial, se encuentra apuntalada con cerchas y tacos, debido a las
excavaciones realizadas en el lugar, generando que dicha losa pueda
presentar una pérdida de soporte en cualquier momento, puesto que ésta
no presenta una configuración estructural adecuada para someterla a
trabajar como estructura de entrepiso, lo cual la hace vulnerable a cargas
verticales y/o efectos de procesos naturales o antrópicos.

En virtud de lo anterior y considerando el escenario de riesgo actual, se
considera pertinente la necesidad de realizar la intervención de la
problemática por parte del titular del predio y las entidades competentes,
con el fin de implementar las medidas correctivas necesarias para mitigar
el fenómeno amenazante actual y de esta manera minimizar los posibles
impactos ante la evolución de este. (…)

Es importante anotar, que de no llevar a cabo las intervenciones
recomendadas en el presente informe u otras que sean técnicamente
soportadas por profesionales idóneos, las condiciones de riesgo pueden
aumentar y comprometer otros elementos no mencionados para las
condiciones actuales. (…)

[…] (Subraya la Sala)

158. El acápite de recomendaciones de ese concepto señaló lo siguiente:

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

[…] 1. Centro Recreativo Barbosa – Señor Yefferson Miranda.
Fundamentado en la condición de riesgo actual, se recomienda implementar
las medidas de mitigación necesarias a la problemática expuesta, las
cuales deben estar encaminadas a minimizar la condición de riesgo de
las instalaciones del centro recreativo y por ende evitar los perjuicios a
los que puede estar expuesto tanto el personal que labora en el lugar,
como el visitante, por lo cual se recomienda realizar las siguientes
intervenciones:
• Se deberá contratar los servicios de un profesional idóneo y calificado en la
rama de ingeniería, con el fin de realizar los estudios necesarios, que permitan
evaluar los niveles actuales de vulnerabilidad de la estructura del bloque 5 y
definir los procesos constructivos a ejecutar, garantizando el cumplimiento de
la normatividad técnica vigente establecida NSR – 10.
• Realizar los mantenimientos periódicos de la infraestructura física de las
instalaciones, con el fin de garantizar el buen estado en el tiempo.

2. Municipio de Barbosa – Oficina Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres.
Se recomienda realizar seguimiento a la problemática expuesta, además velar
por el cumplimiento de las recomendaciones dadas en el presente informe. […]
(Subraya la Sala)

159. Igualmente se probó que la funcionaria de Gestión de Riesgos de Desastres del
municipio, Milena Catalina Ossa, afirmó en su concepto de 27 de enero de 2021 82
que no existía certeza frente al nivel de amenaza existente por las siguientes
razones:

[…] Dentro de la inspección se puede apreciar construcción (costado lateral
derecho del CENTRO RECREATIVO BARBOSA) ubicada cerca al afluente
hídrico conocido como "quebrada santo domingo con un retiro aproximado de
15 metros, en el predio funciona el “centro recreativo Barbosa" fotos N°1-2.
Ubicación de predio dentro del retiro de la ronda hídrica-PBOT Acuerdo N° 016
DE 2015 (…)

Por otra parte, en conversación sostenida con el señor Jeferson Miranda quien
atendió la visita, el manifestó que aún no cuentan con el respetivo permiso de
la Autoridad Ambiental- CORANTIOQUIA para la ocupación de cauce, se están
adelantando algunos estudios del tema; esta pregunta se hace debido a una
inspección previa que se realizó el pasado17 de septiembre de 2020 (acta de
visita N°286) donde se emitieron unas recomendaciones puntuales respecto a
todo lo observado dentro del inmueble.
1. Al inspector de Policía e integridad urbanística verificar los respectivos
permisos y licencias de dicha propiedad; esto incluye el permiso de movimiento
de tierra y licencia de la piscina, licencia del sótano (…)
2. Al señor Jeferson Miranda; para realizar intervenciones y extracción de
material en el afluente hídrico deberá solicitar el permiso de la autoridad
ambiental CORANTIOQUIA
3. Los trabajos de obra civil deberán ser supervisados y dirigidos por personal
calificado (ing. Civil)
4. La Gestión del Riesgo es una responsabilidad de todos ley 1523 de 2012.
5. Siempre que se realicen obras civiles se deben pedir los respectivos
permisos necesarios ante la secretaria de Planeación.

82 Ibidem, documento titulado 2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033

(1), pág. 272 y ss.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

AMENAZAS
Las amenazas pueden ser de origen natural o antrópica, y en este caso, según
los estudios básicos por movimiento en masa, inundación y avenidas
torrenciales realizados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el año
2018, dispone que existen evidencias del depósito aluvio torrenciales en
la quebrada "Santo Domingo*, lo cual es un criterio para determinar la
amenaza por avenida torrencial, sin embargo, se deben analizar otros
criterios técnicos como hidrológicos, hidráulicos y estudios de suelos,
para precisar la amenaza, teniendo en cuenta lo anterior y los descrito en
los estudios básicos, se puede concluir que existe la susceptibilidad de
que se presente una avenida torrencial en dicha cuenca.
Ubicación del predio sobre la ronda hídrica; no este sentido es el costado
lateral derecho del predio que está afectado por el retiro según la norma-PBOT

VULNERABILIDAD; son los factores que indican falencias o debilidades
internas.
Humedades observadas en cuarto de máquinas y habitaciones
contiguas.
Al no encontrar Ios planos y/o diseños respectivos en obra, no se logra
determinar si el sistema constructivo utilizado se realiza con las
condiciones técnicas de la norma.

ELEMENTOS EXPUESTOS:
Se consideran elementos expuestos, el afluente hídrico que pasa por el
costado de la propiedad: así como también el sector del restaurante y la piscina
en tanto que es visitado por turistas, empleados, obreros y propietarios y donde
es desconocida su construcción técnica motivo que aumenta el grado de
exposición.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

VALORACION DEL RIESGO:
(…) se concluye que como resultante tienen un NIVEL DE RIESGO MEDIO
POR LA SUSCEPTIBILIDAD PARA LA OCURRENCIA DE AVENIDAS
TORRENCIALES DE LA CUENCA SANTO DOMINGO E IGUALMENTE POR
FALTA DE CERTEZA DE SEGURIDAD EN EL PROCESO
CONSTRUCTIVO. […] (Subraya la Sala)

160. Posteriormente, el 8 de marzo de 2021, el AMVA presentó un informe técnico
en el que recomendó contratar los servicios de un profesional idóneo con el fin de
realizar los estudios necesarios para evaluar los niveles actuales de vulnerabilidad.
También el 18 de marzo de 202183 se reunió el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo de Desastres, a efectos de tratar la problemática, de conformidad con la
siguiente constancia:

[…] La señora Diana Fernández, Secretaria de Gobierno (E), solicita también
el caso de queja por Centro Recreativo Barbosa, vereda Aguas Claras, como
Tutela para cierre del Centro por el riesgo medio alto de la estructura
dictaminado por la UGRD Municipal y la Unidad de Gestión del Riesgo del
AMVA. (El alcalde le pide a la Secretaria (E) que por favor hable con el
Secretario de servicios administrativos para delegar un inspector de control
Urbanístico para que realice el acto administrativo de cierre). […] (Subraya la
Sala)

161. Por consiguiente, el 15 de abril de 2021 la Inspección municipal de Policía de
Barbosa efectuó un sellamiento provisional de la zona del centro recreativo que se
encontraba en riesgo medio alto84. Y, a través de Resolución 005270 de 9 de julio
de 202185, el alcalde del municipio de Barbosa ordenó la siguiente evacuación:

[…] ARTÍCULO PRIMERO; Ordenar al Señor YEFERSON MIRANDA
BUSTAMANTE (…) la evacuación de la losa en su totalidad (segundo piso) del
establecimiento de comercio denominado: "Centro Recreativo Barbosa",
ubicado en la Vereda Aguas Claras parte baja del Municipio de Barbosa -
Antioquia, como medida preventiva y transitoria hasta tanto se ejecuten los
reforzamientos y/o actividades requeridas para la mitigación del riesgo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar al Señor YEFERSON MIRANDA
BUSTAMANTE (…) realizar los trámites concernientes al proceso de licencia
urbanística de construcción en las diferentes modalidades requeridas,
cumpliendo con la normatividad vigente, con el propósito de mitigar el riesgo
que se genera en el inmueble. […] (Subraya la Sala)

162. Es decir que la entidad territorial actuó de forma oportuna en la evaluación del
riesgo y en la adopción de medidas correctivas. Además, el material probatorio
recopilado da cuenta de que el administrador del centro recreativo Barbosa entre
los años 2021 y 2022 llevo a cabo las medidas correctivas de esa infraestructura.

83 Ibidem, documento titulado 2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033

(1), pág. 254 y ss.
84 Ibidem, documento titulado
161_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118144650 (1), pág. 5 y ss.
85 Ibidem, documento titulado 2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033

(1), pág. 280 y ss.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

163. Precisamente, el 26 de junio de 202186, el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá efectuó una visita de seguimiento al centro recreativo, en la que evidenció
que el propietario de la infraestructura intervino el bloque 5 para subsanar las
fragilidades arquitectónicas de la losa en riesgo. Veamos:

[…] En esta nueva inspección se pudo evidenciar una serie de
intervenciones que se ejecutaron, en la zona dónde se realizaron las
excavaciones y en la cual se ubicaban las cerchas metálicas y los tacos,
con el objetivo de darle soporté a la losa, ya que por las excavaciones
realizadas se modificó el comportamiento de las cargas en la losa y con ello se
pudieron favorecer la aparición de daños en la losa.

Las intervenciones que se ejecutaron consistieron en la implementación de
una estructura que le diera soporté a la losa, dicha estructura está
constituida por muros, vigas de concretó y vigas metálicas que se ubican
transversalmente, y que se apoyan en las vigas de concreto. (…)

El anterior resultado se puede interpretar de la siguiente forma;
El "Nivel de Amenaza Bajo*: significa que existe baja probabilidad que se
presente el movimiento en masa que pueda afectar los elementos expuestos,
El "Nivel de Impacto Bajo". significa que los elementos expuestos son poco
vulnerables frente a la ocurrencia de un evento y a su vez no sufrirían daños
y/o afectaciones graves ante la materialización de este.
El "Nivel de Riesgo bajo"; significa que es poco probable la ocurrencia de un
evento que cause daño y/o afectación sobre los elementos expuestos en este
escenario. (…)

Recomendaciones
1. Centro Recreativo Barbosa - Señor Yefferson Miranda:
Para su conocimiento y fines pertinentes, se recomienda mantener el
constante monitoreo en centro recreativo, con el fin de identificar algún
tipo de deterioro estructural, como pueden ser grietas de gran tamaño o
un movimiento en masa, que pueda comprometer la estabilidad del

86 Documento titulado 161_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118144650 (1),

pág. 97 y ss.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

centro recreativo, en caso de evidenciarse alguna de las situaciones
descriptas anteriormente, se recomienda dar conocimiento a las
entidades encargadas de hacer seguimiento y evaluación de las
condiciones de riesgo del territorio.

Para su conocimiento y fines pertinentes, se recomienda realizar los
mantenimientos periódicos de la infraestructura física de las instalaciones, con
el fin de garantizar el buen estado en el tiempo.

2. Municipio de Barbosa - Secretaria de Gobierno - Inspección de Control
Urbanístico:
Se recomienda realizar visita al Centro Recreativo Barbosa, con el fin de
verificar la legalidad de los procesos constructivos adelantados y las
condiciones de uso del suelo del sector intervenido, para de esta manera
brindar las recomendaciones frente a las medidas correctivas a implementar,
desde su competencia, lo anterior basado en que se debe garantizar la
seguridad e integridad física de las personas que frecuentan dichas
instalaciones. […] (Subraya la Sala)

164. Asimismo, la Secretaría de Planeación87 visitó el día 21 de septiembre de 2021
el predio del litigio a efectos de verificar la estabilidad de las obras advirtiendo que88:

[…] Se realizó recorrido por los bloques 1 al 5 del centro recreativo barbosa,
encontrando que los bloques del 1 al 3 presentan condiciones buenas de
mantenimiento y de estabilidad estructural, puesto que no se evidencian
fisuras ni grietas, además de no mostrar asentamientos diferenciales.
El bloque 4 muestra que se han hecho mejoras de pintura pero aún se
evidencia falencias en tres elementos de madera en el corredor externo.
En el bloque 5 se aprecia que acataron las recomendaciones de proteger
ante la corrosión los elementos metálicos, solicitado en informe de la
U.G.R.D del mes de septiembre de 2021, también presentó el plano estructural
con el que se acometieron las obras, verificando que coincide lo
proyectado con lo construido (inspección visual de lo que se alcanza a
apreciar a la vista).
El estudio de suelos y el informe del constructor lo enviarán al correo
electrónico oficial. En cuanto a la quebrada santo domingo, en el momento
de la visita no se estaba utilizando como balneario.

AMENAZAS:
la amenaza inicial era la posible inestabilidad estructural del bloque 5
pero desde el informe se habían subsanado y actualmente cumplieron
con las recomendaciones de la U.G.R.D.
VULNERABILIDAD:
La vulnerabilidad inicial era la posible inestabilidad estructural del bloque 5
pero desde el informe anterior se habían subsanado y actualmente cumplieron
con las recomendaciones de la U.G.R.D
Ya la vulnerabilidad disminuye por haberse realizado las obras del bloque
5
ELEMENTOS EXPUESTOS:
Inicialmente eran los usuarios de las instalaciones pero ya se mitiga
aparentemente los elementos expuestos
pues se siguieron las recomendaciones de la U.G.R.D.

87 Funcionario Juan Carlos Cárdenas Sarmiento
88 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:
17_0500123330002021019660114EXPEDIENTEDIGI20221118144206, pág. 2 y ss

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

VALORACIÓN INICIAL CUALITATIVA
Baja […] (Subraya la Sala)

165. Ese mismo funcionario, en la visita de 20 de diciembre de 202189, corroboró las
anteriores observaciones concluyendo que: «la gran mayoría de las
recomendaciones del informe del AMVA han sido subsanadas a excepción del
bloque 4, la cual le falta mantenimiento a la estructura en madera del corredor (3
columnas en madera). Es de aclarar que aunque se tienen los estudios de suelos,
diseños estructurales e informe del constructor, ésta dependencia no hace una
revisión de tales estudios y diseños, solo verifica que existan y se hayan seguido
durante su construcción».

166. El 16 de febrero de 202290, los funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo
de Desastres Juan Carios Cárdenas Sarmiento, Juan Sebastián Barrera Sarmiento,
Milena Catalina Ossa y Cesar Augusto Tapias Escobar realizaron una última visita
en la que observaron que las intervenciones pendientes estaban siendo
desarrolladas, como puede apreciarse:

[…] Se realiza visita de monitoreo a las instalaciones del centro recreativo para
determinar si han cambiado las condiciones encontradas en la visita del día 20
de diciembre de 20L4, encontrándose que las condiciones se mantienen, por
lo tanto, el nivel de riesgo sigue siendo Bajo.
La observación realizada en el bloque 4 sobre reemplazar elementos verticales
de madera de la estructura del corredor, estaba siendo subsanada en el
momento de ésta visita, pues está haciendo algunas mejoras de acabados en
tal estructura.
Del bloque 5, el usuario allegó documentos faltantes para subsanar lo
solicitado por la autoridad ambiental, en requerimiento consignado en informe
del día 17 de febrero de 2020.
Se anexa estudio de suelos, matricula profesional del geotecnista, memorias
de cálculo estructural y peritaje estructural (marzo 2021), matricula profesional
del ingeniero civil calculista.
En el peritaje reza lo siguiente: “De la anterior evaluación se puede concluir
que, para el momento de la visita a las edificaciones existentes estas no
presentan evidencias de desestabilización o deterioro excesivo que pueda
inferir un riesgo de colapso de las mismas, concluyendo así que dichas
edificaciones presentan estabilidad y que a la fecha su comportamiento
estructural es estable".
(…) Después de que la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, realizara
un análisis conceptual de la información y evidencias allegadas por el usuario,
el equipo técnico de esta unidad llega a la conclusión que el nivel del Riesgo
sigue siendo BAJO.
Las medidas que se le recomiendan al propietario son:
Mantenimientos periódicos a las instalaciones teniendo en cuenta que estos
deberán ser supervisados por personal técnicamente calificado.
Señalizar las zonas comunes, en especial rutas de evacuación, rampas, zonas
calientes, zonas húmedas, riesgo eléctrico, zonas de pesca y las demás que
la normativa actual requiera para centros Recreativos. […] (Subraya la Sala)

89 Ibidem, documento denominado:
161_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118144650 (1), pág. 109 y ss.
90 Samai, Consejo de Estado, anotación 2, documento denominado:

30_0500123330002021019660127EXPEDIENTEDIGI20221118144206, pág. 27 y ss.

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Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

167. Significalo anterior que las causas de la transgresión de los derechos
invocados se superaron progresivamente durante el transcurso de la primera
instancia operando así el fenómeno de hecho superado, de acuerdo con la
jurisprudencia de esta Corporación91.

168. Como corolario de lo anterior, la Sala revocará la sentencia de 20 de mayo de
2021, con el propósito de declarar la configuración de un hecho superado respecto
de la transgresión del derecho colectivo previsto en el literal l) del artículo 4º de la
ley 472 de 1998, en que incurrió el señor Yefferson Miranda Bustamante.

F. La presunta transgresión del derecho a la moralidad administrativa

169. Luis Fernando Monsalve Cataño adujo en el último argumento de la apelación
que «la moralidad administrativa como derecho colectivo implica planeación y
control no solo de los recursos económicos de las entidades públicas, sino también
del territorio a cargo de los municipios».

170. Tal como lo afirma el demandante, el principio de la moralidad administrativa se
relaciona con el ejercicio eficiente de la función pública y, en especial, con el manejo
correcto de los bienes y dineros públicos. Sin embargo, para que se configure la
vulneración de este derecho colectivo deben concurrir dos elementos.

171. Por un lado, el actor popular tiene que demostrar un elemento objetivo que
alude al quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Y, por el otro, deberá acreditar
uno subjetivo relacionado con la demostración de conductas amañadas, corruptas,
arbitrarias o alejadas de la correcta función pública, tal y como lo explica la
sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
proferida el 1.º de diciembre de 201592.

91 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 1º de

marzo de 2018, CP. Oswaldo Giraldo López, número de radicación: 66001-23-31-000-2010-00356-
02(AP). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación
de 4 de septiembre de 2018, radicado número 05001333100420070019101 (AP), C,P. Stella Conto
Díaz del Castillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 12 de diciembre de 2019, CP. Oswaldo Giraldo López, número de radicación: 20001-
23-33-000-2016-00114-02(AP) / Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera. Rad: 08001-23-33-000-2013-00118-01(AP). M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés /
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 29 de
agosto de 2013, Radicación No. 25000-23-24-000-2010-00616-01(AP), Consejero Ponente: Marco
Antonio Velilla Moreno, entre otras.

92 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara

Quintero, sentencia proferida el 1.º de diciembre de 2015, núm. único de radicación 11001-33-31-
035-2007-00033-01.
En esa oportunidad se consideró que: […] 2.2.1. Elemento objetivo: Quebrantamiento del
ordenamiento jurídico. Este elemento puede darse en dos manifestaciones: (i) Conexidad con el
principio de legalidad y (ii) violación de los principios generales del derecho. […]
2.2.2. Elemento subjetivo No se puede considerar vulnerado el derecho colectivo a la moralidad
pública sin hacer el juicio de moralidad de la actuación del funcionario para establecer si incurrió en
conductas amañadas, corruptas o arbitrarias y alejadas de los fines de la correcta función pública.

58

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

172. Aun así, el derecho colectivo a la moralidad administrativa en el caso concreto
no se encuentra afectado en virtud de que la parte demandante no demostró la
configuración del elemento subjetivo en los términos precisados por la Sala Plena
del Consejo de Estado. Por el contrario, las entidades demandadas acreditaron
haber iniciado las respectivas actuaciones para corregir estas problemáticas, a
pesar de que todavía no obtienen los resultados necesarios para afrontar las
amenazas existentes en materia ambiental y urbanística.

173. En este orden de ideas, la Sala Primera de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquía acertó en la sentencia de 20 de octubre de 202293, cuando negó el
amparo del derecho colectivo a la moralidad pública. Aun así, por las demás
consideraciones expuestas en esta providencia, se revocará esa decisión para
proteger los derechos colectivos al goce a un ambiente sano, a la libre competencia
económica y a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas.

174. Además, para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, se
adicionará la sentencia de primera instancia a efectos de integrar el comité de
verificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472.

175. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365
del Código General del Proceso y atendiendo el criterio sostenido por la Sala
Especial de Decisión No. 27 en providencia del 6 de agosto de 2019 94, a través del
cual se unificó la jurisprudencia de la Corporación respecto de la condena en costas
procesales en acciones populares, no se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia, la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022 por la Sala Primera de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, disponer lo
siguiente:

[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos al goce a un ambiente
sano, a la libre competencia económica y a la realización de construcciones,

Aquí es donde se concreta el segundo elemento. Consiste en que esa acción u omisión del
funcionario en el desempeño de las funciones administrativas debe acusarse de ser inmoral; debe
evidenciarse que el propósito particular del servidor se apartó del cumplimiento del interés general,
en aras de su propio favorecimiento o del de un tercero. […] (Subraya la Sala)
93 Ibid., folios 422 y ss. Cuaderno 3.

2_050012333000202101966011EXPEDIENTEDIGI20221118143033 (1)
94 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6

de agosto de 2019, CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01.

59

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas,
transgredidos por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia,
por el municipio de Barbosa y por el señor Luis Fernando Monsalve Cataño y,
como consecuencia de lo anterior:

1.1. ORDENAR al municipio de Barbosa que, a través de la dependencia
competente, en el término de seis (6) meses y con plena observancia de las
garantías procesales, culmine el procedimiento policivo relacionado con la
comisión de una infracción a la actividad económica por parte del administrador
del establecimiento de comercio Centro Recreativo Barbosa.

De forma inmediata, el municipio verificará que la autoridad competente
imponga las medidas pertinentes de suspensión de actividades para que los
propietarios de ese predio cumplan con el uso del suelo aplicable.

1.2. ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Centro de
Antioquia, en el marco de sus competencias legales y con plena observancia
de las garantías procesales, que:

i) De forma inmediata, adopte una medida preventiva tendiente a garantizar
que, a futuro, se respete la zona de ronda de la Quebrada Santo Domingo en
el predio del litigio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del
Acuerdo 016 de 2015, mientras se adelantan los estudios necesarios para
delimitar de forma definitiva ese sector.

ii) En el término de un (1) año contado a partir de la ejecutoria de esta
providencia, efectué los estudios técnicos que permitirán delimitar la zona de
ronda de la quebrada Santo Domingo, si aún no lo ha hecho, siguiendo el
procedimiento previsto en la normatividad vigente.

iii) Una vez haya delimitado la zona de ronda, en el término de nueve (9)
meses, evaluará si los propietarios de ese predio están o no incurriendo en una
infracción ambiental, para lo cual iniciará y culminará los procedimientos
sancionatorios procedentes en contra de los presuntos infractores. En tal
escenario deberá imponer las medidas de corrección de las afectaciones
naturales.

iv) Priorice el trámite de evaluación de concesión de aguas superficiales del
sub examine, a efectos de adoptar la decisión de fondo que resulte procedente,
si todavía no lo ha hecho.

v) Inicie y lleve a su término los procedimientos administrativos sancionatorios
que estime pertinentes con relación a la situación fáctica ilustrada en el
subtítulo D del capítulo V.2.2. de esta providencia, en cuyo marco deberá
adoptar las medidas preventivas a que haya lugar en cuanto al permiso de
vertimientos, la concesión de aguas y el permiso de ocupación de cauce.

vi) De forma inmediata, adopte una medida preventiva de suspensión de
actividades, hasta que su propietario cuente con los permisos exigibles.
Además, deberá evaluar y cuantificar los impactos ambientales no mitigados
que haya podido identificar, e imponer al propietario del establecimiento de
comercio la respectiva medida compensatoria.

1.3. DECLARAR la configuración de un hecho superado respecto de la
transgresión del derecho colectivo previsto en el literal l) del artículo 4º de la ley
472 de 1998, en que incurrió el señor Yefferson Miranda Bustamante.

60

Radicación: 05-001-23-33-000-2021-01966-01 (AP)
Demandante: Luis Fernando Monsalve Cataño

1.4. ORDENAR al ciudadano Yefferson Miranda Bustamante que tramite el
permiso de ocupación de cauce a que alude el subtítulo D del capítulo V.2.2.
de esta providencia, y que acate las órdenes que imparta la autoridad ambiental
en el ejercicio de sus funciones.

SEGUNDO: ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación, el cual
estará integrado por el Tribunal Administrativo de Antioquia a través de su
magistrado ponente -quien lo presidirá-, por el actor popular, por el Municipio de
Barbosa, por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia
(Corantioquia), por el señor Yefferson Miranda Bustamante y por un representante
del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998, quienes deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente
decisión y rendir informes anuales sobre las acciones que se adopten y ejecuten
para el cabal cumplimiento de la sentencia.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este
proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
Salvamento parcial de voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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