Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-31-000-2000-03604-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-31-000-2000-03604-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 41001-23-31-000-2000-03604-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Radicación: 41001-2331-000-2000-03604-01
Acción: Nulidad simple
Demandante: Wilfrand Cuenca Zuleta
Demandado: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
Tema: Revoca sentencia de primera instancia. Diferencias entre las
figuras de zona de ronda y área forestal protectora. Deberes de los
propietarios de predios rurales
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena en contra de la sentencia de 21 de noviembre de
2014, proferida por la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del
Huila.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
1.El ciudadano Wilfrand Cuenca Zuleta presentó demanda en ejercicio de la
acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso
Administrativo, en contra de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
«[…] SEGUNDA: Que se declare la Nulidad de la Resolución Número 868 de
1999, expedida por el Señor Director General (E) de la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena por medio de la cual se otorga una licencia
ambiental y se impone un Plan de Manejo.
TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene las
obras y medidas necesarias conducentes a preservar y conservar el
nacimiento de la quebrada la Toma, patrimonio de la huilensidad, ubicada en
el Municipio de Neiva, cerca al Barrio Víctor Félix Díaz.
CUARTA: Que se ordene la demolición de las obras ejecutadas y/o
autorizadas por el acto administrativo declarado nulo, y
QUNITA: Que se declare como zona especial ecológica de reserva forestal, y
de protección y conservación de la flora y fauna existente, de conformidad al
artículo 87 de la C.N. […]»
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Demandante: Wilfrand Cuenca Zuleta
I.2. Los hechos
2.En el acápite de supuestos fácticos, la parte actora explicó que: «el nacimiento
de la quebrada La Toma está integrado por los ojos de agua de la Laguna el
Curibano» desde mediados del siglo XVII, «de conformidad con los documentos
que se conservan en la Biblioteca Departamental y en la Academia Huilense de
Historia».
3.Indicó que la Constructora Loreto Ltda. compró un lote a 85 metros del
nacimiento de la quebrada La Toma, el cual cuenta con las características
ecosistémicas de un humedal.
4. Informó que el 19 de enero de 1999 esa empresa obtuvo licencia urbanística
para la construcción del proyecto denominado “Caminos de Oriente” y dio inició a
las respectivas obras, afectando el recurso hídrico y el ecosistema circundante, a
pesar de que el proyecto no contaba con licencia ambiental.
5. Advirtió que la comunidad presentó una queja por los impactos ambientales
derivados del respectivo proyecto y, en consecuencia, la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena, mediante Resolución 103 de 1999, suspendió
preventivamente las obras sin ordenar el levantamiento de la tubería enclavada en
vigas horizontales en el suelo.
6. Informó que, en virtud de lo anterior, se celebró una audiencia pública en la que
participó la comunidad. Sin embargo, en dicha instancia no se tuvieron en cuenta
las consideraciones de las personas que se oponían al proyecto, bajo el
argumento consistente en que la comunidad no presentó conceptos técnicos
hidrobiológicos e hidromorfológicos. También mencionó que la comunidad no
contaba con los recursos económicos necesarios para costear ese estudio.
I.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación
7.Como fundamento de la demanda, la parte actora sostuvo que la Resolución
868 de 1999 esta falsamente motivada y desconoce los artículos 79, 80, 82, 84,
87, 92, 209 y 366 de la Constitución Política, los artículos 3 y 6 del Decreto-ley
1449 de 1977, y los artículos 3, 31, 63, 69, 83, 101, 102, 103, 104 y 107 de la Ley
99 de 1993, por las siguientes razones:
(ii) Primer cargo. Desconocimiento de los artículos 79, 80 y 209 de la
Constitución Política, los artículos 3 y 6 del Decreto-ley 1449, y los artículos
31, 62 y 63 de la Ley 99.
8. Frente al quebrantamiento de los numerales 1° y 2° del artículo 3° del Decreto-
ley 1449 de 1977 y del numeral 1° del artículo 6° de la misma norma, el
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demandante indicó que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
autorizó la construcción de un proyecto urbanístico en el interior de las áreas
forestales protectoras de la Laguna del Curibano y de la quebrada La Toma, si se
tiene en cuenta que la Laguna del Curibano se ubica a 90 mts. del proyecto y que
no se respetaron los 30 mts. de conservación al lado y lado del cauce del río.
9. Respecto de la transgresión de los artículos 79 y 80 superiores, alegó que el
acto acusado desconoce la importancia del recurso hídrico, y el deber del Estado
de proteger la biodiversidad y planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales de forma sostenible.
10. En lo atinente al quebrantamiento del artículo 209 de la Constitución Política y
del artículo 31 de la ley 99, recordó que la función administrativa se desarrolla con
fundamento en los principios de prevalencia del interés general, igualdad,
moralidad, eficacia, celeridad, imparcialidad y publicidad. Sin embargo, la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena favoreció en el caso concreto
un interés particular sobre el interés general y desconoció el deber del Estado de
proteger la integridad del ambiente y conservar la quebrada la Toma.
11. Indicó que la autoridad ambiental demandada tenía el deber de acatar lo
dispuesto en el artículo 3° del Decreto-ley 1449 de 1977, dado que su actuar se
rige por los principios de graduación normativa, rigor subsidiario y armonía
regional, según lo previsto en el artículo 63 de la ley 99.
12. Agregó que el artículo 62 de la ley 99 establece que la autoridad ambiental
debe revocar la licencia ambiental cuando comprueba el incumplimiento de las
medidas ambientales impuestas por dicho permiso.
(ii) Segundo cargo. «falsa motivación»
13. Señaló que era falsa la motivación contenida en la parte considerativa de la
resolución demandada conforme a la cual el proyecto favorece la seguridad del
área y rehabilita una zona de desechos.
14. En su criterio, dicha afirmación viola los artículos 79, 80, 82, 84, 87 y 90 de la
Constitución Política y el concepto de desarrollo sostenible previsto en el artículo
3° de la Ley 99. Afirmó que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
«mediante el acto impugnado autorizó obras que como se observa atentaron y
siguen atentando de manera grave e inminente contra el recurso hídrico como la
flora y fauna del sector» y agregó que: «el mejoramiento del paisaje no se da
construyendo sobre las áreas forestales, ni aniquilando nuestros recursos
naturales, sino a través del viabilizar las zonas de protección».
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(iii) Tercer cargo. Desconocimiento de los artículos 84, 87, 92 y 366 de la
Constitución Política, los artículos 3, 69, 83, 101, 102, 103, 104 y 107 de la Ley
99 de 1993.
15. La parte actora no justificó en qué consistía la transgresión del ordenamiento
superior a que alude este cargo.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
16. Mediante oficio de 27 de noviembre de 2000, la apoderada judicial de la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en adelante CAM, se
opuso a las pretensiones de la demanda, tras sostener que el acto acusado no
estaba incurso en ninguna causal de nulidad.
17. Afirmó que la Constructora Loreto Ltda. era propietaria de un lote ubicado
aguas arriba de la laguna artificial “El Curibano”, en una zona que no estaba
calificada técnicamente como un humedal natural.
18. Explicó que la mencionada constructora obtuvo la licencia de urbanismo y
construcción, mediante resolución No. 106 de 16 de diciembre de 1998, porque el
proyecto respetaba las normas de ordenamiento territorial sobre zonas urbanas de
protección ambiental y trama vial proyectada.
19. También reconoció que la Constructora Loreto Ltda. inició el proyecto sin
haber obtenido el licenciamiento ambiental. Y, por eso, mientras evaluaba la
solicitud de permiso, dicha autoridad adelantó el respectivo procedimiento policivo
en cuyo marco ordenó la suspensión y cierre del proyecto.
20. Respecto del trámite de evaluación del licenciamiento, adujo que el 7 de enero
de 1999, profirió el auto de inicio número 374. Posteriormente, celebró una
audiencia pública ambiental en la que participaron la comunidad y las autoridades
regionales y locales. Además, en dicha instancia se escuchó a la comunidad y no
se le exigió la realización de estudios a su costa. Por el contrario, el informe final
da cuenta de que esas observaciones se consideraron al momento de adoptar la
decisión definitiva.
21. Acto seguido, informó que la coordinadora de Licencias Ambientales de la
CAM elaboró el concepto técnico de 2 de marzo de 1999, conforme al cual las
obras se encuentran a un radio de 100 mts. del sitio donde se ubica el
escurrimiento de aguas lluvias que alimenta el lago o reservorio de agua en los
periodos invernales en cantidad de 0.1 litros. El concepto también señaló que el
lago artificial retiene el líquido gracias a un muro de tierra y en ese análisis se
sugirió realizar una nueva visita en época de verano.
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22. También puso de presente que el 1° de marzo de 1999 esa autoridad solicitó
al coordinador del Grupo de Humedales y Zonas Costeras del Ministerio de Medio
Ambiente su apoyo para establecer la franja protectora de esas zonas, y definir si
esa Laguna era un humedal natural o artificial.
23. Anotó que el mencionado Ministerio remitió el borrador de los términos de
referencia para el proyecto Caminos de Oriente, documento que sirvió de
fundamento a los términos definitivos. Adicionalmente, una vez se recopiló toda la
información, esta fue remitida al Ministerio del Medio Ambiente, entidad que indicó
en el oficio de 15 de julio de 1999 las consideraciones a tener en cuenta respecto
de los drenajes en el área del proyecto y del reservorio.
24. Adicionalmente, la CAM conformó un Comité Interdisciplinario integrado por
cuatro (4) profesionales de diversas especialidades, el cual se encargó de analizar
las pruebas recaudadas y definir las medidas de prevención, corrección y
mitigación del impacto que podría generar el proyecto urbanístico en el humedal
artificial de “La Toma”.
25. Por todo lo anterior, la CAM, en su criterio, cumplió con el procedimiento legal
exigido para la evaluación de este tipo de solicitudes y soportó la decisión
definitiva en argumentos «sólidos, serios y debidamente probados (…), sin
apartarse de los fines establecidos para ello, ajustando su actuación a la
obligación de conciliar el interés general con el particular».
26. Aunado a ello, «después de otorgada la licencia se ha hecho un seguimiento
semanal al proyecto, para verificar el cumplimiento de las obligaciones que le
fueron impuestas al constructor, encontrando acorde la actuación de éste, quien
redujo en un 0% la marcha del proyecto en su segunda fase por problemas del
sector constructor».
III.- LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
27. En la sentencia de 21 de noviembre de 2014, la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila resolvió lo siguiente:
«[…] PRIMERO: DECLÁRASE LA NULIDAD de la Resolución No. 868 de 5
de agosto de 1999, por la cual concedió una licencia ambiental a la
Constructora Loreto Ltda., para la ejecución del proyecto urbanístico Caminos
de Oriente, por las razones expuestas en la parte motiva de este fallo.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente. […]»
28. Para arribar a esa determinación, el Tribunal explicó que la acción de nulidad
impetrada en contra del acto administrativo particular demandado, resultaba
procedente, según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 99 de 1993.
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29. Acto seguido, indicó que «la parte actora pretende la nulidad (…) de la
Resolución No. 868 de 5 de agosto de 1999, por considerar que el proyecto
Caminos de Oriente transgrede las disposiciones contenidas en los literales a) y b)
del numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, así como los principios de
Armonía Regional, Gradación Normativa y de Rigor Subsidiario consagrados en el
artículo 63 de la Ley 99 de 1993».
30. En ese orden de ideas, explicó que, según lo dispuesto en el artículo 3° del
Decreto 1449 de 1977, «las coberturas boscosas se deben (…) conservar en los
nacimientos de fuentes de agua naturales o artificiales, en una extensión de 100
metros medidos a partir de su periferia, y en una faja no inferior a 30 metros de
ancho en cada lado, del cauce de ríos, quebradas y arroyos».
31. También señaló que el Decreto 1449 de 1977 se encontraba vigente y
continuaba produciendo efectos jurídicos, a pesar de que la Ley 160 de 1994
derogó de manera expresa la Ley 135 de 1961, porque el Decreto 1449 de 1977
no solo estaba reglamentando parcialmente el inciso 1° del numeral 5° del artículo
56 de la Ley 135 de 1961, sino también el Decreto-Ley número 2811 de 1974.
32. Posteriormente, al descender en el caso concreto, afirmó que, según las
pruebas obrantes en el plenario, el proyecto urbanístico “Caminos de Oriente” se
encontraba ubicado entre los 100 metros y los 126.185 metros del reservorio de
agua de la Laguna del Curíbano catalogado como humedal artificial «esto es, en
cumplimiento de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 3 del
Decreto 1449 de 1977, que (…) define como área forestal protectora, "los
nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a
la redonda, medidos a partir de su periferia"».
33. Sin embargo, el Tribunal explicó que «no sucede lo mismo con lo dispuesto en
el literal b) del numeral 3 del artículo 3 del mencionado decreto, toda vez que
respecto del cauce de la quebrada que nace del reservorio de agua antes
mencionado, solo se tuvo en cuenta una distancia de 10 metros contados a partir
de la línea de marea máxima, cuando el área forestal protectora no podía ser
inferior a 30 metros».
34. En línea con lo anterior, aclaró cuáles son las diferencias que existen entre las
figuras de “área forestal protectora” (literal b, numeral 1°, artículo 3° del Decreto
1449 de 1977) y de “ronda hídrica” (literal d artículo 83 del Decreto 2811 de 1974),
para concluir que la CAM respetó los límites legales impuestos por el legislador
cuando delimitó la zona de ronda, pero no hizo lo mismo frente a las áreas
forestales protectoras de esa corriente hídrica.
35. Sobre este punto, argumentó lo siguiente:
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«[…] Es de señalar que si bien es cierto para efectos de determinar la
Ronda Hídrica, la CAM debía determinar una faja "hasta de 30 metros de
ancho", también lo es que para el Área Forestal Protectora la distancia
no podía ser inferior a 30 metros, conceptos que tienen fuentes
normativas diferentes y vigentes, que debían ser aplicadas de manera
complementaria por la autoridad ambiental.
En efecto, como vimos el literal b) del numeral 1 del artículo 3 del
Decreto 1449 de 27 junio de 1977, establece que también se entiende
como área forestal protectora "una faja no inferior a 30 metros de ancha,
paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los
lagos o depósitos de agua", esto es, el área forestal protectora debía ser
igual o superior a 30 metros de ancho.
Por su parte, el literal d) del Artículo 83 del decreto 2811 de 1974,
establece que "salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado: (...) d.- Una faja paralela a la
línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de los y lagos,
hasta de treinta metros de ancho". A su vez el decreto 1541 de 1978 (por
el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de
1974: "De las aguas no marítimas'), en su artículo 14, establece que:
(…) las franjas aledañas a los ríos y quebradas y sus zonas de ronda, son
de carácter público y por ende constituyen espacio público, cuya
protección, recuperación y vigilancia corresponde al Estado, la cual deberá
tener una distancia igual o inferior a 30 metros de ancho, tomados a
partir de las líneas de marea máxima o del cauce permanente de los
cuerpos de agua.
Ahora bien, dentro del plenario se encuentra acreditado que la CAM, para
delimitar la ronda hídrica, tuvo en cuenta un concepto técnico
expedido por el INDERENA en el año 1994, del cual no obra prueba
alguna dentro del expediente, y del que afirma extraer unos parámetros
establecidos por esa entidad para efectos de determinar, desde el punto de
vista hidráulico, la zona hídrica protectora contemplada en el literal d) del
artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 (…)
Es preciso señalar que la Subdirección de Licencias Ambientales del
Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, confirmó que la franja de 10 metros establecida
para el área de protección, se determinó con fundamento en lo
dispuesto el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y en el concepto
técnico del INDERENA, pero en nada hace referencia al Área Forestal
Protectora de que trata el decreto 1449 de 1977.
Así las cosas, no existe dentro del plenario prueba alguna de la cual se
pueda inferir que, efectivamente, se realizó la determinación del área
forestal protectora, por lo que la Sala concluye que la CAM, al expedir la
licencia ambiental a la Constructora Loreto Ltda., si bien es cierto tuvo en
cuenta la delimitación que para las rondas hídricas señala el literal d) del
artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, también lo es que, no delimitó el
área forestal protectora conforme a la Ley, vulnerando lo consagrado
en el literal b) del numeral 1 del artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, al
establecer que la distancia entre la zona de marea y el proyecto
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Caminos de Oriente debía ser de 10 metros dando a entender que en
ella se encuentra incluida el área forestal protectora, pese a que la
norma es imperativa en señalar que la misma no puede ser inferior a
30 metros. […]» (negrillas de la Sala)
36. Con fundamento en lo anterior, agregó que: «la CAM, en cumplimiento de los
principios que gobiernan su actividad como autoridad ambiental, tenía pleno
conocimiento que no podía acceder a la expedición de la licencia, si el proyecto no
se adecuaba a la normatividad establecida para ello o en su defecto ordenar las
adecuaciones correspondientes a fin de dar cumplimiento a la misma. Para la
Sala, el solo hecho que la CAM hubiera aceptado la ubicación del proyecto,
incumpliendo la franja de protección de 30 metros, establecida en el literal b) del
numeral 1 del artículo 3 Decreto 1449 de 1977, desconoce la importancia
ambiental de las áreas forestales protectoras y en términos generales, la Política
Nacional para la protección de las mismas, la cual se encuentra orientada a su
conservación, manejo y uso sostenible».
IV.- RECURSO DE APELACIÓN
37. Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad
procesal correspondiente, el apoderado judicial de la Corporación Autónoma
Regional del Alto Magdalena solicitó la revocatoria del fallo de 21 de noviembre de
2014, tras sostener que «el Decreto 1449 de 1977 sólo es aplicable para predios
rurales y no para el desarrollo de proyectos ubicados en zonas urbanas».
38. Afirmó que el Decreto 1449 regula «los predios de naturaleza rural, en
desarrollo de la Ley de Reforma Agraria, para la protección y conservación de los
bosques, definiendo en consecuencia las áreas protectoras forestales que debía
tenerse en cuenta por el INCORA al momento de adjudicar los predios».
39. Por ende, el operador judicial «incurrió en un error de derecho al pretender
regular bajo dicha norma la ronda hídrica del cauce de la quebrada "La Toma"
(…), (pues) el proyecto mencionado se encuentra dentro de la zona urbana del
Municipio de Neiva, más exactamente en la Calle 8 No. 52-45 zona oriental de la
ciudad de Neiva, entre Carreras 52 y 53 de la nomenclatura para la época de los
hechos».
40. Reiteró que la CAM respetó lo ordenado por el literal d) del artículo 83 del
Decreto 2811 de 1974 cuando fijó la zona de ronda de la quebrada la Toma,
aplicando la norma que regulaba la situación concreta.
41. Con fundamento en lo anterior, concluyó que: «la CAM al expedir la licencia
ambiental objeto de análisis enmarcó su procedimiento dentro de la norma legal
establecida para definir las rondas de protección de la quebrada "La Toma" y a lo
largo del proceso de nulidad simple no se demostró haberse incurrido en causal
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de nulidad alguna que hubiese sido objeto de pronunciamiento por parte del
demandante».
V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
42. El recurso de apelación fue concedido por el magistrado sustanciador de la
primera instancia, a través de auto de 11 de marzo de 20151.
43. Una vez repartido el proceso entre los diferentes Despachos que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado, el despacho sustanciador admitió el
recurso interpuesto, mediante auto de 17 de septiembre de 20152 .
44. Mediante providencia de 31 de marzo de 20163, se corrió traslado a las partes
y al Ministerio Público para que, en el término de diez (10) días, presentaran sus
alegatos de conclusión.
45. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, mediante escrito
de 6 de mayo de 20164, rindió concepto en el sentido de solicitar la confirmación
de la sentencia de primera instancia.
46. Para tal efecto, citó el contenido de los artículos 1° y 3 del Decreto 1449 de
1977, los artículos 83 y 204 del Decreto 2811 de 1974 y el inciso 1° del numeral 5°
del artículo 56 de la Ley 135 de 1961, y a partir de lo anterior, afirmó que: «el
artículo 3 del Decreto 1449 de 1977 (…) no manifiesta que su ámbito de aplicación
refiera exclusivamente a predios de naturaleza urbana, pues la norma no se
propuso realizar diferenciación alguna».
47. Igualmente, sostuvo que: «la normatividad del sistema jurídico colombiano en
relación al área forestal protectora va dirigida a la protección de las zonas
aledañas a una fuente hídrica, esto con el fin de salvaguardar el derecho al
ambiente sano (…). (De manera) que (el Decreto 1449 de 1977) está encaminado
a la protección y conservación de los bosques, sin que la norma se haya
propuesto limitar su ámbito de aplicación a predios de naturaleza rural (sic)».
48. En su criterio, «la aplicación del Decreto 1449 de 1977 se realiza en debida
forma para el caso que nos ocupa, toda vez que al revisar en su sentido global la
norma, no hace especificación de a que predios se debe o no aplicar, pues con
ella se busca es la debida protección del medio ambiente».
49.Finalmente, advirtió que: «dentro del plenario no obra prueba alguna de los
conceptos técnicos del Inderena con el fin de determinar la delimitación de la zona
1 Folio 1 cuaderno 4.
2 Folio 4 ibidem.
3 Folio 7 ibidem.
4 Folio 10 a 17 ibidem.
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de reserva forestal. Para esta Delegada si bien dentro del plenario existen
estudios que permiten inferir el cumplimiento del requisito del área de ronda
hídrica establecido en el literal del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 (Informe
visual que para el caso presentó la Subdirección de Gestión Ambiental de la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena visible a folio 30 a 038 del
Cuaderno 5 de Pruebas), no obra prueba técnica alguna en el expediente sobre el
cumplimiento del requisito de área forestal protectora consagrado en el Decreto
1449 de 1977, como en su momento lo mencionó el Tribunal de Primera
Instancia».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1.- Competencia
50. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo - CCA5, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para decidir los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias
dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
VI.2.- El acto administrativo acusado
51. La parte actora cuestiona la legalidad de la Resolución 868 de 1999, cuya
parte motiva y resolutiva precisa lo siguiente con relación al caso:
«[…] Con fecha 8 de enero de 1999 (…) el representante legal de la empresa
Constructora Loreto limitada solicitó a esta entidad la licencia ambiental única
para el proyecto denominado conjunto residencial caminos de Oriente
localizado en la calle 8° número 52- 45 de la ciudad.
Mediante auto del 15 de enero de 1999 inició el trámite de la licencia
ambiental ordenando la publicación de conformidad con el artículo 70 de la
Ley 1993. Igualmente se ordenó el traslado del expediente a la subdirección
de gestión ambiental para la práctica de la visita al sitio en mención, fijar
términos de referencia y elaboración de estudios de impacto ambiental.
El 24 de febrero de 1999 la ingeniera Claudia Muñoz paredes coordinadora
de licencias ambientales presentó a la subdirección de gestión ambiental el
concepto técnico emitido por el Comité Técnico en el cual determinaron lo
siguiente:
El proyecto urbanístico caminos de Oriente se encuentra en un radio
aproximado de 100 m del sitio donde se ubica un escurrimiento de aguas
lluvias que alimenta el lago o reservorio de agua en los periodos invernales
de orden de 0.1 L/se. El cual brota en forma posterior a eventos lluviosos.
5 “[…] El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el
extraordinario de revisión […]”:
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El lago reservorio de agua retiene líquidos gracias a un muro de tierra, dicha
agua hace parte principalmente de las aguas lluvias que recoge la Cuenca en
su parte alta.
Se sugirió realizar una nueva visita al sitio en época de verano con el fin de
localizar posibles manantiales de contacto aguas abajo del sitio del reservorio
de carácter continuo para precisar las zonas de protección de la Cuenca de la
toma.
Solicitar un estudio de suelos en los términos de referencia para determinar
en forma precisa la zona de estratificación del suelo, los niveles freáticos, la
procedencia de las aguas que circundan las zonas y la clasificación de las
mismas.
El proyecto en análisis intervino el drenaje natural que atraviesa el lote al
localizar sobre él la tubería de aguas lluvias que desemboca en el lago,
tubería que debe levantarse en forma inmediata.
Que el comité central pro defensa y conservación del humedal y la Laguna el
curibano solicitó dentro del trámite de la licencia la realización de una
audiencia pública con el fin de mostrar la degradación ambiental a que se
estaría expuesto con la construcción del proyecto.
La diligencia de audiencia pública se realizó el 23 de junio de 1999 a las 9 AM
en el auditorio Misael Pastrana borrero de esta corporación como consta en la
respectiva acta.
La comuna 10, área en la que se encuentra ubicada el proyecto, con el
interés de profundizar sobre los eventuales efectos negativos que generaría la
construcción del proyecto, Organizó un seminario de humedales con la
colaboración de HOCOL el Jardín Botánico de Bogotá, al cual acudieron los
profesionales que integran el comité de licencias ambientales, realizándose
pruebas al agua del lago y toma de especies de la zona, no obteniéndose
diagnóstico por parte de la doctora Patricia Usechegui, conferencista, con
relación a la zona; sin embargo los parámetros dados en el mismo para
determinar si el agua era un humedal o no, la documentación de la
conferencia de RAMSAR y los análisis realizados por la firma constructora
con la presencia de la CAM se tendrán en cuenta para delimitar y determinar
las zonas protectoras.
Continuando con el trámite de la actuación, el grupo Inter disciplinario emitió
concepto técnico de viabilidad ambiental del proyecto caminos de Oriente;
siendo su contenido literal pertinente:
Se realizaron diversas visitas durante el año 1999, con el fin de adelantar los
análisis del comportamiento de los drenajes existentes o posibles nacimientos
de la zona y poder determinar las franjas o zonas de protección de los mismos.
De acuerdo a la documentación recibida de los solicitantes de la licencia, de los
de la audiencia pública y de los análisis realizados, el comité Inter disciplinario
elabora concepto concluyendo:
Conclusiones
1. Evaluados los estudios técnicos se considera que la ejecución del proyecto
causa una afectación media mitigable razón por la cual el plan de manejo y
contingencia anexo al presente informe especifica las medidas técnicas para
mitigar el impacto.
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2. La audiencia pública solicitada por representantes de la comuna 10 (…) se
centró en la importancia histórica y social del área de la Laguna manifestando
preocupación por la protección de los drenajes y de la misma Laguna pero
adoleció de aporte de carácter técnico que pudiera tomarse a favor o en contra
del proyecto, dichas consideraciones e inquietudes fueron tenidas en cuenta
para la protección de la Laguna la toma y los drenajes.
3. Los indicadores ambientales plantean afectaciones puntuales en la etapa de
construcción los cuales se restituyen una vez se desarrolle la obra.
4. Determina el proyecto mejoramiento de la infraestructura social cambios en
la actividad económica por la generación de empleo, dinamiza el sector de la
construcción, paisajísticamente constituyó un aporte urbanístico de la ciudad de
al sector, rehabilita una zona convertida en depósitos de desechos y favorecer
la seguridad del área.
5. La zona hacia el barrio Víctor Félix Díaz se está convirtiendo en un basurero
y la vía que circula por la Laguna le está causando graves daños al
contaminarle las aguas con aceites, polvos, gasolina y adicionalmente causarle
desestabilización al terraplén, por lo cual el tráfico vehicular por dicha vía debe
suspenderse totalmente.
6. La caracterización del agua arroja como resultado la gran diferencia entre
las aguas que llegan, salen y las contenidas dentro del lago.
Llega al lago (drenaje natural que atraviesa el lote de caminos de Oriente) agua
con característica de neutra PH: 6,42.
En el lago básica: PH: 8,66.
Después del lago en la quebrada La Toma: agua ácida PH 5,69.
En los 3 casos existe turbidez por encima de lo permisible de acuerdo con el
Decreto 475 de 1998. En la quebrada la toma se hallaron valores por encima
de lo permisible de hierro, nitritos, color, olor y sabor, el cloro residual y el PH
se encuentran por debajo del rango permitido.
7. Los valores de DBO5 y DQO, Grasas y aceites son más altos en el lago y
en la salida que en la entrada del mismo. Todo lo anterior permite concluir que
el agua de la quebrada la toma a la salida del agua puede tener contribución de
agua de estratos más profundos, puesto que su caracterización es muy
diferente al agua de entrada como el agua almacenada en el LAGO.
8. De acuerdo con la convención RAMSAR y teniendo en cuenta los estudios
realizados se concluye que el lago de la toma corresponde a un humedal.
9. El sitio donde se localiza el lago se considera como un manantial de
contacto de características intermitentes que obedece únicamente a la recarga
de aguas lluvias sobre el área alta de la Cuenca alta de la quebrada la toma en
época de invierno manteniéndose en el espejo de agua a los largo de los
diferentes periodos más o menos constante y requiriendo una protección
especial, concepto corroborado también por el caudal que entra al lago (0,08
LPS) el cual es menor que el caudal que sale del mismo (0,13 LPS), Datos
tomados el 30 de junio de 1999.
10. Existen dos brazos de la quebrada la toma, el primero el más importante se
localiza en cercanía al barrio Víctor Félix Díaz, y el segundo es el que se
localiza en seguida del lago. los dos son alimentados a lo largo de su camino
por varios drenajes naturales. a partir del contorno del lago y teniendo en
cuenta el decreto 1449 que manifiesta que se debe dejar una margen de
protección de 100 m alrededor de los nacimientos de agua (en zonas
naturales), como principio de precaución alrededor del nacimiento del lago se
debe dejar una franja protección con dicho radio y se podrá dejar el
alcantarillado de aguas negras encofrado ya construido el cual por medio de
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pequeñas columnas atraviesan los drenajes. teniendo en cuenta que el drenaje
al entrar al lago presentó un caudal de 0,08 LPS el cual es menor a 2,5 M3/seg
Se estima dejar una franja de protección de 10 m recomendación contenida en
la documentación del indígena (1994)
11. El concepto del Ministerio del Medio Ambiente en cuanto al proyecto,
establece la necesidad de proteger los drenajes que atraviesan el lote de
acuerdo a las características dinámicas de los mismos mediante una franja
protectora o zona de Ronda.
12. Se considera técnicamente viable la ejecución del proyecto caminos de
Oriente siempre y cuando se desarrolle las medidas de mitigación y
compensación del plan de manejo anexo (…)
13. Es importante que dentro del área considerada como zona protectora y de
Ronda no se realiza ningún tipo de proyecto.
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: otorgar licencia ambiental a la constructora
Loreto limitada (…) para la construcción del proyecto urbanístico
Caminos de Oriente (…)
ARTÍCULO SEGUNDO: imponer al beneficiario de la licencia ambiental el
plan de manejo ambiental contenido en el concepto técnico de 21 de
julio de 1999 emitido por el Comité Interdisciplinario de la Subdirección de
Gestión Ambiental.
ARTÍCULO TERCERO: el concepto técnico emitido por el Grupo
Interdisciplinario de Licencias Ambientales de fecha julio 21 de 1999, hace
parte integral de la presente resolución por tanto debe ser tenido en
cuenta por el beneficiario de la licencia ambiental durante la ejecución
del proyecto urbanístico conjunto residencial Caminos de Oriente.
ARTÍCULO CUARTO: el beneficiario de la licencia ambiental para la
ejecución de su proyecto debe dar estricto cumplimiento al Decreto 1449
de 1977, artículo 3, en lo que a zona o franja protectora lago se refiere,
siendo esta de 100 m. Con respecto de los drenajes existentes se debe
dejar la franja de protección o ronda no inferior a 10 m libre circulación
lo cual permitirá que siga abasteciendo el reservorio localizado aguas
abajo del proyecto. Asegurando que esta no reciba ningún tipo de aguas
provenientes de proyectos urbanísticos que la puedan afectar, salvo las
aguas lluvias previo pre tratamiento. (…)
ARTÍCULO SEXTO: prohibir que dentro del área considerada como zona
protectora o ronda se realicen proyectos u obras que la afecten.
(…) ARTÍCULO OCTAVO: el término de vigencia de la licencia ambiental es
igual al término de ejecución del proyecto […]» (negrillas de la Sala)
VI.3. El problema jurídico
52. En el asunto sub examine, la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena afirmó que el Tribunal Administrativo del Huila aplicó de forma errada
el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977 cuando resolvió el caso concreto, porque
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esa norma no regulaba «el desarrollo de proyectos ubicados en zonas urbanas»,
sino que refiere a los deberes de los propietarios de los predios rurales.
53. Recordó que el proyecto urbanístico “Caminos de Oriente” se ubica en la zona
urbana del municipio de Neiva y, en esa medida, durante el trámite de evaluación
del licenciamiento, la CAM delimitó la ronda hídrica teniendo en cuenta la norma
aplicable, esto es el literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974.
54. En este contexto, el problema jurídico que ocupa la atención de la Sala
consiste en determinar si la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
debía o no considerar los parámetros dispuestos en el artículo 3° del Decreto 1449
de 1977 cuando demarcó la franja de protección de la corriente que fluye por ese
proyecto urbanístico.
55. Ahora bien, para resolver lo anterior, la Sala estudiará, de manera preliminar,
las diferencias que existen entre los mecanismos de protección del recurso hídrico
contemplados en el literal d) del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974 y el previsto
en el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977.
56. Respecto de la primera figura, lo primero es señalar que el literal d) del artículo
83 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del
Medio Ambiente estableció una regulación en términos de propiedad pública de
las zonas territoriales paralelas al río, conforme a la cual el espacio geográfico
lateral a las corrientes hídricas de hasta treinta (30) metros es un bien
inembargable e imprescriptible del Estado.
57. Precisamente, aquella norma contempló lo siguiente:
«[…] CAPÍTULO II
DEL DOMINIO DE LAS AGUAS Y SUS CAUCES
(…)
Artículo 83º.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes
inalienables e imprescriptibles del Estado:
a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
c.- La playas marítimas, fluviales y lacustres;
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;
e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas […]» (negrillas de la Sala)
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58. Nótese cómo el Presidente de la República, en ejercicio de las facultades
extraordinarias concedidas por el Congreso, utilizó la preposición hasta al
momento de señalar la demarcación máxima de las franjas paralelas de los
cauces permanentes de los ríos, con el propósito de aclarar que esta franja de
protección puede oscilar entre los 0 y 30 metros.
59. Según la Real Academia de la Lengua Española, el término hasta refiere al
“límite final de una trayectoria en el espacio o en el tiempo”, al “límite máximo de
una cantidad variable” y al concepto “no antes de”6. Ello significa que el espacio de
dominio público a que alude dicho precepto, sin menoscabo de los derechos
adquiridos antes del 18 de diciembre de 1974, oscila entre los rangos
mencionados.
60. Por ello, y de conformidad con lo consignado en el artículo 5° de la Ley 9ª de
19897, en el artículo 5° del Decreto 1504 de 19988 y en el artículo 63 de la
Constitución Política9, las franjas de retiro de los ríos y la extensión paralela
delimitada por la autoridad ambiental en un rango entre los 0 hasta los 30 metros,
comprende un elemento constitutivo del espacio público10, inalienable11,
imprescriptible12 e inembargable.
61. Ahora bien, respecto de la segunda estrategia de protección objeto del debate
judicial, es importante recordar que el Decreto 1449 de 1977, en su artículo 3º,
determinó los siguientes deberes de los propietarios de predios de importancia
ambiental hídrica, a saber:
«[…] Artículo 3º.- En relación con la protección y conservación de los
bosques, los propietarios de predios están obligados a:
6 Consulta del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
7 “[…] Artículo 5º. Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación,
a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses
individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como
vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana,
las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua,[…]”
8 “Artículo 5º. (…) El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos
constitutivos y complementarios: 1. Elementos constitutivos naturales: (…) b) Áreas para la
conservación y preservación del sistema hídrico: conformado por: i) Elementos naturales, relacionados
con corrientes de agua, tales como: cuencas y microcuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas
fluviales, rondas hídricas, zonas de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados
con cuerpos de agua, tales como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas,
pantanos, humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental;…”.
9 “ARTICULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos,
las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley,
son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”
10Al respecto ver la sentencia de 15 de octubre de 2009 de la Seccion Primera, Consejera ponente: MARIA
CLAUDIA ROJAS LASSO, Radicación número: 25000-23-25-000-2002-01021-01(AP)
11 No puede ser objeto de apropiación o venta.
12 No se pierde su propiedad por el transcurso del tiempo, en otras palabras, su posesión no genera derecho
alguno en su poseedor.
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1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras.
Se entiende por áreas forestales protectoras:
a. Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de
100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.
b. Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos,
sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; […]»
(negrillas de la Sala)
62. La misma norma en su artículo 1° había precisado lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO 1º.- Para los efectos del inciso primero del numeral 5 del
artículo 56 de la Ley 135 de 1961, se entenderá que los propietarios de
predios rurales han cumplido en lo esencial con las normas establecidas
sobre la conservación de los recursos naturales renovables, cuando en
relación con ellos se hayan observado las disposiciones previstas el
presente Decreto […]» (negrillas de la Sala)
63. Cabe resaltar que el Decreto 1449 de 1977 reglamentó «parcialmente el inciso
1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de 1961 13 y el Decreto-Ley
2811 de 1974».
64. Concretamente, el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977 utilizó la figura de
“área forestal protectora”, prevista en el artículo 204 del Código de Recursos
Naturales, en los siguientes términos:
«[…] Artículo 204º.- Se entiende por área forestal protectora la zona que
debe ser conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales,
para proteger estos mismos recursos u otros naturales renovables.
En el área forestal protectora debe prevalecer el efecto protector y solo se
permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque. […]» (negrillas de la
Sala)
65. Sobre este punto, valga mencionar que el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en su título III
denominado “de los bosques”, había clasificado las “Áreas Forestales” como
protectoras, productoras y protectoras-productoras (Art. 202 del Decreto Ley 2811
13 ARTÍCULO 56. Modificado y reformado por el Artículo 21 de la Ley 4 de 1973. Se tendrá como tierras
incultas para los efectos del ordinal primero del artículo anterior, las que pudiendo ser económicamente
explotables, visiblemente no se hallen bajo una explotación agrícola o ganadera organizada. No se tomarán
en cuenta para este efecto las cubiertas de bosques naturales necesarios para la conservación de las aguas
y el servicio del predio y las de bosques artificiales de especies maderables. Para calificar una tierra, como
inadecuadamente explotada, el Instituto tomará en cuenta los siguientes factores: ubicación, con respecto a
centros urbanos importantes; relieve; calidad de los suelos; posibilidad de la utilización de riegos y
avenamientos; facilidad para una explotación continua y regular; clase y grado de intensidad de la explotación
capital y mano de obra empleados en esta; valor comercial y rendimiento de la propiedad y densidad de la
población en la zona propiedad dicha propiedad se halle ubicada.
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de 1974), definiendo la protectora como la “zona que debe ser conservada
permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos
mismos recursos u otros naturales renovables”.
66. Acto seguido, los artículos 206 y 210 del Decreto-Ley 2811 señalaron que las
áreas forestales podrían ser delimitadas para su conservación y mantenimiento a
través de una figura denominada “área de reserva forestal”, y también aclararon
que, en tal evento, se podrían sustraer de las reservas forestales los espacios
necesarios para el desarrollo de actividades de utilidad pública o interés social que
impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos, tal y como
puede observarse a continuación:
«[…] ARTÍCULO 206.- Se denomina área de reserva forestal la zona de
propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas
forestales productoras, protectoras o productoras-protectoras. (…)
ARTÍCULO 210.- Si en área de reserva forestal, por razones de utilidad
pública o interés social, es necesario realizar actividades económicas que
impliquen remoción de bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera
otra actividad distinta del aprovechamiento racional de los bosques, la zona
afectada deberá, debidamente delimitada, ser previamente sustraída de
la reserva.
También se podrán sustraer de la reserva forestal los predios cuyos
propietarios demuestren que sus suelos pueden ser utilizados en explotación
diferente de la forestal, siempre que no se perjudique la función protectora de
la reserva. […]» (negrillas de la Sala)
67. También es importante mencionar que el título IV del Decreto-Ley 2811 de
1974, denominado “de la protección forestal”, en sus artículos 243 y 244, indicó
que los propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes de inmuebles rurales
tendrían una serie de deberes específicos de prevención y control de los bosques,
los cuales son del siguiente tenor:
«[…] ARTÍCULO 243.- Los propietarios, poseedores, tenedores, ocupantes
a cualquier título y mayordomos o administradores de inmuebles rurales
están obligados a permitir el tránsito y la permanencia dentro de las fincas a
los funcionarios, y a todas las demás personas que colaboren en la
prevención o extinción del incendio, les suministrarán la ayuda necesaria y
ejecutarán las obras apropiadas.
ARTÍCULO 244.- Los propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes
de predios rurales están obligados a adoptar las medidas que se
determinen para prevenir y controlar los incendios en esos predios.
[…]» (negrillas de la Sala)
68.En consonancia con lo anterior, se advierte que el artículo 3° del Decreto 1449
de 1977 estaba reglamentando las normas de los libros III y IV del Código de
Recursos Naturales en cuanto a los territorios que hacen parte de las áreas
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forestales protectoras, y a los deberes de conservación de los propietarios de los
espacios rurales que cumplen con los mencionados requisitos ecosistémicos.
69.A esta misma conclusión arribó la Sección Primera del Consejo de Estado
cuando en el auto de 28 de febrero de 202014, en el que concluyó lo siguiente:
«[…] Concretamente, el Decreto 1449 de 1977, “Por el cual se reglamentan
parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número 135 de
1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974”, en el artículo 3º, determinó los
siguientes deberes de los propietarios de predios de importancia ambiental
hídrica, a saber:
“Artículo 3º.- En relación con la protección y conservación de los bosques,
los propietarios de predios están obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales
protectoras. (…)”
Nótese que, en la precitada norma, el Gobierno Nacional estableció un
mecanismo de protección de los territorios rurales paralelos a los ríos -
que no hubiesen sido delimitados como de propiedad del Estado en virtud de
lo dispuesto en el literal d) del aludido artículo 83, cuya conservación boscosa
resulta necesaria para la preservación de la cuenca. […]» (negrillas de la Sala)
70. Como se observa, el mismo Código de Recursos Naturales estableció distintos
mecanismos de protección del espacio geográfico boscoso que alimenta a las
corrientes hídricas cuando se trata de áreas rurales y urbanas. Además, tales
mecanismos cuentan con una regulación independiente y generan distintos
efectos jurídicos.
71. Específicamente, el instituto de protección de la zona de ronda contemplado
en el literal d) del artículo 83 del CNRN, establece una regulación en términos de
propiedad pública que condiciona la naturaleza del territorio15. Mientras que
el Decreto 1449 de 1977 reconoció un deber en cabeza de los propietarios de los
predios rurales ya titulados, con el propósito de promover condiciones
ecosistémicas sostenibles.
72. Lo anterior significa que la norma que debía aplicar la entidad recurrente a
efectos de delimitar la ronda hídrica de la quebrada que atraviesa el proyecto
urbanístico “Caminos de Oriente” era el literal d) del artículo 83 del CNRN.
14 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Radicación número: 11001-03-24-000-
2018-00101-00, Actor: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
15 Se reitera que el literal d) señala los siguientes bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: “(…)
Artículo 83º.- Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del
Estado:
d.- Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de
treinta metros de ancho […]” (Destaca el Despacho)
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73.Es más, el oficio 783 de 4 de junio de 2022, elaborado por el jefe de
Departamento de Planeación Municipal de Neiva, Carlos Eduardo Cabrera
Escobar, da cuenta del carácter urbano del sector, así:
«[…] La utilización de suelos de la zona de nacimiento de la quebrada la
toma corresponde según plano FU-09 del POT (usos y tratamientos), a la
denominación P.C.3. (Parque ciudad), y el área adyacente a este parque de
ciudad corresponde a A.R.D.3 (área residencial de desarrollo) y A.R.E.3b
(área residencias especiales) (…)
igualmente certificamos a usted que el proyecto caminos de Oriente se
encuentra ubicado en la zona urbana del municipio de Neiva, según
acuerdo 0022 de 1995, ratificado mediante acuerdo 016 de 2000, está
enmarcado dentro del plan vial general según Acuerdo 049 de 1989, lo que
permitió la asignación de la nomenclatura correspondiente. […]» (negrillas de la
Sala)
74. De esa manera, no resulta cierto que la CAM, al momento de delimitar los
bienes de dominio público que pertenecían a esa ronda hídrica, haya inaplicado
una norma que constituía una determinante ambiental.
75. Ambas categorías de conservación contaban con un ámbito de aplicación
distinto. Por eso, la autoridad ambiental se soportó en el principio de rigor
subsidiario para aplicar lo dispuesto en el literal a) del artículo 3 del Decreto 1449
de 1977 y así conservar la laguna artificial cercana al proyecto urbanístico, porque
sobre ese componente no había desarrollado análisis técnicos. Pero no tenia que
hacer lo mismo al delimitar la zona de ronda del arroyo que traspasaba el predio,
porque si adelantó los estudios que le permitieron identificar cuál era la ronda
hídrica prevista en el literal d) del artículo 83 del CNRN.
76. Significa lo anterior que no estaba justificada la aplicación del principio de rigor
subsidiario, a efectos de extender lo dispuesto en el literal b) del artículo 3 del
Decreto 1449 de 1977 al caso concreto, en la medida en que ese decreto regulaba
los deberes de los propietarios de los predios rurales, y porque ya se habían
adelantado los estudios técnicos que permitían conocer cuál era la extensión de la
ronda hídrica necesaria para conservar el flujo de las aguas.
77.Es por eso que los artículos 4° y 6° de la Resolución 868 de 1999 señalaron
acertadamente lo siguiente:
«[…] ARTÍCULO CUARTO: el beneficiario de la licencia ambiental para la
ejecución de su proyecto debe dar estricto cumplimiento al Decreto 1449 de
1977, artículo 3, en lo que a zona o franja protectora lago se refiere, siendo
esta de 100 m. Con respecto de los drenajes existentes se debe dejar la
franja de protección o ronda no inferior a 10 m libre circulación lo cual
permitirá que siga abasteciendo el reservorio localizado aguas abajo del
proyecto. Asegurando que esta no reciba ningún tipo de aguas provenientes
de proyectos urbanísticos que la puedan afectar, salvo las aguas lluvias
previo pre tratamiento. (…)
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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20
Radicación: 41001-2331-000-2000-03604-01
Demandante: Wilfrand Cuenca Zuleta
ARTÍCULO SEXTO: prohibir que dentro del área considerada como zona
protectora o ronda se realicen proyectos u obras que la afecten […]»
(negrillas de la Sala)
78. Con base en lo anterior, se observa que la Resolución 868 de 1999 no
desconoció el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977, dado que la CAM no estaba
haciendo uso especial de la figura de área forestal protectora para delimitar las
reservas forestales del área rural de Neiva, sino que pretendía conservar la zona
de ronda del arroyo que transcurre por el proyecto urbanístico “Caminos de
Oriente”, siguiendo los parámetros previstos en el literal d) del artículo 83 del
CNRN.
VI.4. De los cargos de nulidad que no fueron estudiados por la primera
instancia
79. Ahora bien, es menester advertir que la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila, en la sentencia de primera instancia, guardó silencio
respecto de los argumentos relacionados con la «falsa motivación» del acto
acusado y con el desconocimiento de los artículos 79, 80, 84, 87, 92, 209 y 366
de la Constitución Política, de los artículos 3, 31, 62, 63, 69, 83, 101, 102, 103,
104 y 107 de la Ley 99 de 1993.
80. En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde determinar si le es dable
emitir un pronunciamiento sobre el particular o si deberá devolver el proceso al
Tribunal Administrativo del Huila para que decida los cargos no resueltos en la
sentencia de 21 de noviembre de 2014.
81. Sobre este punto, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de
Estado, en las sentencias de 25 de julio de 201916, 24 de octubre de 201917, 15
de noviembre de 201918, 6 de agosto de 202019, 1420 y 2421 de septiembre de
2020, ha sostenido que, en el evento en que el a quo omite pronunciarse
respecto de todos los cargos expuestos en sustento de la demanda o de la
contestación, da lugar a la revocatoria de la decisión para ordenar, en su lugar,
16 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés, Radicación: 7600123310002002200722-01
17 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN,
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
18 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ, Radicación número: 05001-23-31-000-2009-01256-02A
19 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Radicación número: 68001-23-31-000-
2010-00609-01
20 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Radicación número: 05001-23-31-000-
2009-00160-01
21 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, Radicación número: 41001-23-31-000-
2000-00659-01
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Radicación: 41001-2331-000-2000-03604-01
Demandante: Wilfrand Cuenca Zuleta
que el juzgador de primera instancia profiera una nueva providencia en la que
resuelva el fondo del asunto.
82. Al respecto, la Sala explicó en la sentencia de 25 de julio de 2019 que «el
Consejo de Estado es el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que cualquier decisión que adopte esta Corporación
sobre los puntos que omitió analizar el a quo equivaldría a una actuación de
única instancia, desconociendo el derecho contemplado en el artículo 31 de
la Constitución Política, que radica en la posibilidad de acudir ante un juez
de superior grado»22.
83. En criterio de esta jurisdicción, un pronunciamiento de fondo sobre los cargos
no resueltos por el a quo desbordaría el ámbito de competencia funcional del ad
quem, y, además, desconocería las garantías constitucionales de contradicción y
defensa, así como los principios de congruencia y de doble instancia.
84. En igual sentido, la sentencia de 24 de octubre de 201923 señala que:
«[…] cuando la decisión que se adopta es la de revocar la providencia del a
quo, la Sala debe examinar que en sede de primera instancia el estudio sobre
los cargos formulados hubiera recaído sobre la totalidad de los reproches
endilgados contra los actos acusados, pues, de lo contrario, se dejaría sin
solución los demás planteamientos expuestos, bajo la consideración que por
la prosperidad de un cargo, como ocurrió en el sub - lite, el Tribunal se relevó
del estudio de los demás.
Con esta claridad, debe resaltarse que en situaciones como la acaecida en
este asunto, al igual que ocurre en tratándose de decisiones inhibitorias, esta
Sala privilegia la garantía de la doble instancia para que el expediente retorne
al juez de primer grado y sea quien se ocupe de resolver de fondo la totalidad
de los cargos que se plantearon contra los actos acusados. (…)
La anterior decisión encuentra respaldo normativo en los artículos 229
Constitucional y 2º de la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de
Justicia” y, en este orden de ideas, le corresponde a esta Corporación tomar
las medidas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la
administración de justicia, cuyo elemento principal es que a los asociados se
les ofrezca una solución efectiva y de fondo a los conflictos que hayan puesto
a consideración de la jurisdicción24, labor a cargo de los jueces, quienes
deben estudiar íntegramente los cargos, independientemente de su vocación
de prosperidad. […]»
22 Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Roberto
Augusto Serrato Valdés, Radicación: 7600123310002002200722-01
23 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA,
Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN, Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos
mil diecinueve (2019)
24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia CSJ SL 15036-2014. Citada en la
sentencia de unificación de 12 de abril de 2018. Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda
Radicación número: 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15). Actor: Pastora Ochoa Osorio Demandado:
Nación - Ministerio De Defensa - Ejército Nacional.
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Radicación: 41001-2331-000-2000-03604-01
Demandante: Wilfrand Cuenca Zuleta
85. Como se puede apreciar, el principio de la doble instancia permite controlar
los errores en que puede incurrir una autoridad judicial al interpretar el derecho en
el caso concreto y, en esa medida, garantiza el acceso a la administración de
justicia bajo el postulado de la imparcialidad.
86. En la sentencia C-095 de 200325, la Corte Constitucional indicó que «la doble
instancia surgió ante la necesidad de preservar el principio de legalidad y la
integridad en la aplicación del derecho, ya que asegura la posibilidad de
corregir los errores en que pueda incurrir el juez o fallador en la adopción de
una decisión judicial o administrativa, y permite enmendar la aplicación
indebida que se haga por parte de una autoridad de la Constitución o la ley».
87. Sin lugar a duda, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado se ha ocupado en analizar el deber del juzgador de observar los principios
de congruencia y de doble instancia, coincidiendo en que ambos postulados
exigen que las decisiones judiciales estén acordes con los hechos, y el concepto
de violación y oposición presentados por las partes.
88. Para los fines anteriores, y como lo ha resuelto esta Sección26, se le advertirá
a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila que, en
consideración de la fecha de radicación de la demanda, deberá emitir la decisión
conjuntamente con la orden de obedecimiento, dentro de los cuarenta (40) días
siguientes a la recepción del expediente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 21 de noviembre de 2014, proferida por la
Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie
de fondo respecto de las pretensiones de la demanda en lo concerniente a los
25 Expediente D-4172, Magistrado ponente, doctor Rodrigo Escobar Gil
26 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 21 de
septiembre de 2017. Radicación: 54001233100020010153301. M. P.: Roberto Augusto Serrato Valdés. Actor:
Víctor Jorge Sánchez Albarracín.
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Radicación: 41001-2331-000-2000-03604-01
Demandante: Wilfrand Cuenca Zuleta
cargos no resueltos durante la primera instancia, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto parcialmente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. (P.22)
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