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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04283-00

Fecha
10 de octubre de 2024
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2024-04283-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por los procuradores 24 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Santander y 47 Judicial II Administrativo de Bucaramanga, conforme a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2024-04283-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

10 de octubre de 2024

Demandantes: Procurador 24 Judicial II para Asuntos
Ambientales y Agrarios de Santander y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04283-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-04283-00
Demandantes: PROCURADOR 24 JUDICIAL II PARA ASUNTOS
AMBIENTALES Y AGRARIOS DE SANTANDER Y OTRO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por los
procuradores 24 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Santander y
47 Judicial II Administrativo de Bucaramanga contra el Tribunal Administrativo de
Santander de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 14 de agosto de 20241, los procuradores 24 Judicial II para Asuntos Ambientales
y Agrarios de Santander y 47 Judicial II Administrativo de Bucaramanga ejercieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander, en la que
pretenden el amparo del derecho fundamental al debido proceso.

Los accionantes consideraron vulnerada la referida garantía constitucional, con
ocasión de la sentencia del 27 de mayo de 2024, proferida por la autoridad judicial

1
Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, a la cual se le
asignó el número de solicitud 13033.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Procurador 24 Judicial II para Asuntos
Ambientales y Agrarios de Santander y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04283-00

accionada, que revocó la providencia del 1º de agosto de 2023, dictada por el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, en el curso
del medio de control de nulidad simple, iniciado por los actores2 contra el municipio
de Barichara, que se identificó con el radicado 68679-33-33-001-2020-00233-
00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo del derecho fundamental
invocado y, en consecuencia, pidió:

[…] se REVOQUE DE MANERA PARCIAL la sentencia emitida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA SALA CUARTA MAGISTRADO PONENTE
SUSANA NELLY ACOSTA PRADA radicado: 05001333302520220018501 el
numeral segundo donde condena en costas en esta instancia3.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

El artículo 83 de la Ley 2811 de 19744 determinó que, entre otros, sería un bien
inalienable e imprescriptible del Estado, salvo derechos adquiridos por
particulares, «[…] una franja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce
permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho».

Por su parte, el artículo 3º del Decreto 1499 de 19775, delimitó que los propietarios
de predios se encontraban obligados a la protección y conservación de los
bosques, por lo cual se debía dejar una «[…] faja no inferior a 30 metros de ancha,
paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas
y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua».

2
Si bien la demanda fue presentada por los procuradores 24 Judicial II para Asuntos Ambientales
y Agrarios de Santander y la 17 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bucaramanga, el 19 de
marzo de 2024, fue radicada la Agencia Especial 0103 del 12 de marzo de 2024, expedida por el
procurador Delegado con Funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa, mediante la cual
fue designado el procurador 47 Judicial II Administrativo de Bucaramanga, para actuar dentro del
proceso como demandante en reemplazo de la procuradora 17 Judicial II Administrativa de
Bucaramanga.
3
Transcripción literal que puede contener errores.
4
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
5
«Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley número
135 de 1961 y el Decreto-Ley número 2811 de 1974». Actualmente recogido en el artículo
2.2.1.1.18.2. del Decreto 1076 de 2015.

2

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Demandantes: Procurador 24 Judicial II para Asuntos
Ambientales y Agrarios de Santander y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04283-00

Por medio de la Resolución 1333 del 10 de junio de 2003, la Corporación
Autónoma Regional de Santander dispuso:

ARTÍCULO PRIMERO. - Declarar Concertado y Aprobado el proyecto de Esquema
de Ordenamiento Territorial del Municipio de BARICHARA de conformidad con las
consideraciones contenidas en la parte motiva de esta providencia.

[…]

ARTICULO CUARTO. - Es de especial interés en este municipio la microcuenca
de la Quebrada Barichara que atraviesa el área Urbana. La Corporación estará
atenta al cumplimiento de la normatividad ambiental sobre la protección del recurso
hídrico, dentro de la cual tenemos principalmente: la Ley 373 de 1997, ahorro y
uso eficiente del agua; el Decreto 475 de 1998 de calidad de agua potable para
consumo humano; el Decreto Ley 2811 de 1974 Artículos: 156 y 191, el Decreto
1541 de 1978 para concesión de aguas; y el Decreto 1594 de 1984, sobre calidad
de vertimientos.

Por lo tanto, el Concejo de Barichara aprobó el Acuerdo 14 del 25 de junio de 2003,
mediante el cual se adoptó el esquema de ordenamiento territorial del municipio
en mención. Sobre la protección y aislamiento de suelos urbanos, en el artículo 37
dispuso lo siguiente:

Aislamiento en rondas de Quebradas

La franja de terreno de 15 metros a lado y lado de la línea permanente de la
quebrada Barichara en el área urbana y en la cañada la toma o los aljibes serán la
ronda de protección.

Estas rondas tendrán como cobertura principal el árbol y sobre ellas no se
permitirán actividades ni construcciones.

Aislamiento de Pie y Borde de Taludes […] (Resaltado propio).

El 19 de noviembre de 2020, los procuradores accionantes interpusieron demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad simple contra el artículo 37 parcial del
Acuerdo 14 del 25 de junio de 2003, en atención a que en éste se redujo la franja
de protección de rondas hídricas de 30 a 15 metros.

En primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de San
Gil en providencia del 1º de agosto de 2023, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda en el sentido de declarar con efectos ex nunc la
nulidad parcial del artículo 37 del Acuerdo 14 del 25 de junio de 2003, únicamente
respecto de los 15 metros señalados en la norma.

En sentencia del 27 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Santander
revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las súplicas, tras considerar que

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Ambientales y Agrarios de Santander y otro
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la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la franja de protección
de la ronda hídrica puede oscilar entre los 0 y 30 metros, toda vez que el literal ‘d’
del artículo 83 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección del Medio Ambiente utilizó la preposición «hasta» al momento de
señalar la demarcación máxima de las franjas paralelas de los cauces
permanentes de los ríos.

Asimismo, adujo que el contenido del artículo 3º del Decreto 1449 de 1977 se
refiere a una «área forestal protectora», la cual no resultaba aplicable a la figura
establecida en el Decreto 2811 de 1974, máxime cuando la autoridad ambiental
competente, es decir, la Corporación Autónoma Regional de Santander concertó
y aprobó el esquema de ordenamiento territorial mediante la Resolución 1333 del
10 de junio de 2003.

Dicha providencia fue notificada personalmente el 28 de mayo de 2024.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora consideró que el Tribunal Administrativo de Santander en el fallo
del 27 de mayo de 2024, incurrió en un defecto sustantivo al no aplicar de manera
integral el contenido del artículo 3º del Decreto 1449 de 1977 en conjunto con el
artículo 83 del Decreto 2811 de 1974.

Al respecto, indicó que la autoridad judicial accionada excluyó «una interpretación
sistemática orientada a asegurar el orden constitucional ante la imperiosa necesidad de
contar con instrumentos legales que coadyuven en la adaptación a la inestabilidad
climática cumpliendo con una ponderada gestión del riesgo ante las amenazas que
representa el cambio climático […]».

Resaltó que existió una interpretación inexacta del artículo 83 del Código Nacional
de los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente que conllevo a la
inobservancia del orden jurídico y articulación de las normas que lo conforman
para alcanzar los principios y fines de la Constitución Política, desconociendo la
determinante ambiental que fija la Corporación Autónoma Regional de Santander
en su carácter de autoridad ambiental y en la cual determina un ronda hídrica de
mínimo 30 metros.

En consecuencia, refirió que la providencia en cuestión vulneró el principio de rigor
subsidiario consagrado en el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, al reducir de 30
metros a 15 la franja mínima de protección de ronda hídrica para el caso de la
Quebrada Barichara y de la Cañada La Toma o Los Aljibes, sin motivación alguna
o sustento técnico.

4

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Además, señaló que si bien, respecto del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974
algunos sectores de la jurisprudencia y la doctrina han explicado que la expresión
«hasta» incluida en la norma se entiende como un máximo y no como un mínimo,
«esta tesis no comulga con la realidad; el planteamiento literal requiere de la adecuada
interrelación con las ciencias auxiliares del derecho para consolidar una interpretación
sistemática que permita una clara definición del problema jurídico a partir de criterios
ecosistémicos, geomorfológicos e hidrológicos del territorio por el que transcurre el cauce
dentro de la respectiva cuenca o subcuenca hidrográfica que permitan asegurar el ciclo
del agua».

Así, adujo que el tribunal realizó una interpretación literal de la norma y aceptar
que la franja de protección de la ronda hídrica pudiera oscilar entre los 0 y 30
metros, era avalar que «[…] eventualmente pueda no existir la franja de protección de
las rondas hídricas [por ejemplo: si en algún caso se establece en 0 metros] habilitándose
para que eventualmente se intervenga el suelo sobre el margen del cauce permanente de
un rio o lago y sobre el área de sus componentes hidrológicos […]».

Por otro lado, expresó que si bien el artículo 3º del Decreto 1499 de 1997 hacía
mención del área forestal protectora, tal determinante ambiental comprendía «[…]
los terrenos paralelos a los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, derivándose de ello
que la faja no inferior a 30 metros de ancho es aplicable a las rondas hídricas».

De lo anterior, puso de presente que «[…] es claro que el concepto de Ronda Hídrica
y Área Forestal protectora son dos figuras de naturaleza jurídica diferente, reglamentados
en el ordenamiento jurídico como tipos independientes, aludiendo el primero a un bien de
uso público y el segundo a una obligación ambiental de los propietarios, también es cierto
que dicha especialidad y finalidades totalmente distinguibles tienen un objetivo superior
común que los interrelaciona y los hace inseparables en una necesaria ponderación de
derechos para asegurar la realización de normas superiores del ordenamiento
constitucional, como el derecho a un medio ambiente sano, el equilibrio ecológico y la
gestión del riesgo como elementos vitales e inherentes para asegurar políticas públicas
dirigidas a alcanzar escenarios de adaptación y resiliencia al cambio climático».

Finalmente, trajo a colación la respuesta otorgada por en oficio del 19 de junio de
2024, por la Corporación Autónoma Regional de Santander a la petición realizada
por la Procuraduría 24 Judicial Ambiental y Agraria el 6 de junio de 2024, en la que
se afirmó lo siguiente:

Pregunta 2: Como debe interpretarse el termino establecido que refiere el
literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 que establece que …”
Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente
de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho (…)” Respuesta: La
Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, ha venido acogiendo este
concepto en la concertación ambiental de los POT, PBOT y EOT, y ha establecido
que la distancia que se debe respetar como faja paralela son 30 metros de ancho

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a partir del cauce permanente definido como la “faja de terreno que ocupan los
niveles máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de
sus márgenes naturales”[…].

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por medio de auto del 23 de agosto de 2024, la magistrada ponente inadmitió la
demanda de tutela, ordenando la remisión de las resoluciones de nombramiento
expedidas por la Procuraduría General de la Nación de los actores, con el fin de
determinar la calidad en la que estaban actuando y el interés que les asistía.

En virtud de la subsanación, el 12 de septiembre del presente año, se admitió la
acción constitucional y se ordenó notificar a la parte demandante6 y, como parte
demandada, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander7.

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, de las señoras María Victoria Camacho8; Luz Gloria
Almeyda9 y, Camila Encinales10 [coadyuvantes de la parte demandante en el
proceso ordinario], del señor Federico Fitzgerald Olsen Herazo11 [coadyuvante de
la parte demandada en el proceso ordinario], del municipio de Barichara12 y del
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil13.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

6
Índice 18 de Samai. La notificación fue realizada a los buzones web:
jrodriguezo@procuraduria.gov.co y ariverab@procuraduria.gov.co.
7
Índice 16 de Samai. La notificación fue remitida a: sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8
Índice 27 de Samai. La notificación fue realizada en el siguiente buzón web:
vickycmar@gmail.com.
9
Índice 27 de Samai. La notificación fue realizada al buzón web: galmeyda@gmail.com.
10
Índice 27 de Samai. La notificación fue realizada en el siguiente buzón web:
encinalescamila@gmail.com.
11
Índice 27 de Samai. La notificación fue realizada en el siguiente buzón web:
federicoolsen@gmail.com.
12
Índice 16 de Samai. La notificación fue remitida a: notificacionjudicial@barichara-
santander.gov.co.
13
Índice 17 de Samai. La notificación fue realizada en el siguiente buzón web:
adm01sgil@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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1.6.1. Alcaldía de Barichara

En documento allegado el 18 de septiembre del presente año, por medio de
apoderado de la secretaria general de gobierno del municipio14, se indicó que en
el caso concreto no se vulneraron derechos fundamentales que ameritaran una
modificación en la providencia enjuiciada ni la utilización de la acción de tutela
como una nueva instancia de revisión.

Advirtió que el tribunal fundó su decisión en el precedente del Consejo de Estado,
Sección Primera con radicados 11001-03-24-000-2018-00101-00 y 05001-23-33-
000-2021-01966-01. Así, expuso que no se demostró defecto alguno, pues la
sentencia tuvo en cuenta la normativa y jurisprudencia aplicable.

Por lo tanto, solicitó negar las pretensiones de la parte actora.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Santander

El 18 de septiembre del año en curso, la magistrada ponente de la decisión
discutida señaló que, lo pretendido por los accionante era reabrir el debate jurídico
que ya surtió en el proceso ordinario sin irregularidad o nulidad alguna que
invalidara su curso.

Adujo que no se vislumbraba en la providencia judicial atacada configurado el
defecto alegado, pues se adelantó un estudio juicioso y pertinente del caso atado
a la interpretación y hermenéutica jurídica.

Reiteró que la razón por la cual revocó la sentencia de primera instancia favorable
a las súplicas del extremo actor correspondió a que el literal ‘d’ del artículo 83 del
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio
Ambiente utilizó la preposición «hasta» al momento de señalar la demarcación
máxima de las franjas paralelas de los cauces permanentes de los ríos. Asimismo,
porque el artículo 3° del Decreto 1449 de 1977 contempló una forma de protección
distinta denominada «área forestal protectora» que no resultaba aplicable a la figura
establecida en el Decreto 2811 de 1974, máxime cuando la autoridad ambiental
competente, concertó y aprobó el EOT mediante la Resolución 1333 del 10 de
junio de 2003.

Finalmente, expuso que la decisión tomada se realizó en virtud de la autonomía
judicial y el razonable análisis jurídico, que no dieron lugar a la vulneración del

14
Obrando en calidad de delegada de las funciones de alcalde municipal de Barichara, conforme
con la Resolución 0342 del 2 de septiembre de 2024, «Por la cual se confiere una comisión de
servicio en el exterior y se hace una delegación».

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debido proceso. Por el contrario, lo observado era un desacuerdo de la parte actora
con la decisión adoptada.
Pese a que los señores María Victoria Camacho, Luz Gloria Almeyda, Camila
Encinales, Federico Fitzgerald Olsen Herazo y el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil fueron notificados en
debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
los procuradores 24 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Santander
y 47 Judicial II Administrativo de Bucaramanga, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y
el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige contra el Tribunal
Administrativo de Santander

2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró el derecho fundamental al
debido proceso en la sentencia del 27 de mayo de 2024, al incurrir en un
defecto sustantivo?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos generales de procedibilidad y si es
procedente; (iii) el estudio del caso concreto.

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201215
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema16 y declaró su
procedencia17.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia de la
presente acción de tutela por carecer de relevancia constitucional puesto que no

15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
16
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
17
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».

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cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-
215 de 202218.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen
relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces
de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de
igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico,
pues así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de
su competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal19 (Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

18
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
19
Sentencia SU-573 de 2019.

10

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Demandantes: Procurador 24 Judicial II para Asuntos
Ambientales y Agrarios de Santander y otro
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2024-04283-00

exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico20; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional21.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal22”. En este
orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales23”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto24, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal25. (Resaltado de la Sala)

Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la
Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S.
no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii)
planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la
carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.

20
Sentencia SU-103 de 2022.
21
Sentencia SU-103 de 2022.
22
Sentencia SU-103 de 2022.
23
Sentencia SU-128 de 2021.
24
Sentencia SU-573 de 2019.
25
Ibid.

11

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2.5. Caso concreto

Los procuradores 24 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de Santander
y 47 Judicial II Administrativo de Bucaramanga alegaron la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, con ocasión de la sentencia del 27 de mayo de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, pues a su juicio, se
configuró un defecto sustantivo.

Al respecto, explicaron que la autoridad judicial accionada no realizó una
interpretación integral del contenido del artículo 3º del Decreto 1449 de 1977, en
conjunto con el artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, pues a su juicio, se
desconoció la determinante ambiental y el principio de rigor subsidiario al reducir
de 30 metros a 15 la franja mínima de protección de ronda hídrica en el esquema
de ordenamiento territorial del municipio de Barichara.

En la sentencia enjuiciada, el tribunal inició comentando acerca de la concertación
realizada por la Corporación Autónoma Regional de Santander sobre el esquema
de ordenamiento territorial del municipio, que se concretó en la Resolución 1333
del 10 de junio de 2003 y posteriormente, se materializó en el Acuerdo 14 del 25
de junio de 2003, bajo las directrices de la autoridad ambiental.

Sobre el literal d del artículo 83 del Decreto 2811 de 1974, resaltó que se «[…]
estableció una regulación en términos de propiedad pública de las zonas territoriales
paralelas a los ríos, conforme a la cual el espacio geográfico lateral a las corrientes
hídricas de hasta treinta (30) metros es un bien inembargable e imprescriptible del
Estado». Frente a ello, adujo que la preposición «hasta» se refería a un límite final
y no a un mínimo.

Además, explicó que existía una diferencia entre el artículo 83 del Código de
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y el 3 del
Decreto 1449 de 1977, pues este último, estableció un mecanismo de protección
de los territorios rurales paralelos a los ríos -que no hubiesen sido delimitados
como propiedad del Estado - cuya conservación boscosa resultara necesaria para
la preservación de la cuenca hídrica.

Lo anterior, para explicar que el municipio concertó y satisfizo las determinantes
fijadas por la Corporación Autónoma Regional de Santander en materia de
protección aledaña a los acuíferos, para garantizar la conservación y preservación
de los ríos, respetando los límites reclamados por la normatividad aplicable.

Asimismo, expuso un precedente dictado por el Consejo de Estado, Sección

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Primera sobre el tema26, en el que se indicó que «Dicha franja de protección puede
oscilar entre los 0 y 30 metros y comprende un elemento constitutivo del espacio público,
inalienable, imprescriptible e inembargable, de conformidad con lo consignado en el
artículo 5° de la Ley 9ª de 1989, en el artículo 5° del Decreto 1504 de 1998 y en el artículo
63 de la Constitución Política».

En consecuencia, determinó que el artículo 37 demandado solo se refirió al
«aislamiento en rodas de quebrada» y no al «área forestal protectora», de tal manera
que el acto acusado se enmarcó exclusivamente en la norma establecida en el
Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Ahora, resulta claro que la parte actora pretende a través de este mecanismo de
protección que se retome una discusión que ya fue abordada por los jueces
naturales en el marco del proceso ordinario, escenario natural del debate, y que
culminó con la decisión adoptada en segunda instancia.

Es decir que, la controversia propuesta por el extremo accionante versa netamente
sobre la aplicación de una norma de orden legal, lo que dista del fin de la acción
de tutela, que no es otro que el de proteger garantías fundamentales cuando se
vean vulneradas o amenazadas, lo que no sucede en este caso.

En conclusión, la petición tutelar no supera el examen de procedencia general en
los términos de los lineamientos trazados por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, por referirse a una disputa que tiene su origen de
interpretación legal y no en el alcance de un derecho fundamental ni la aplicación
o desarrollo de la Constitución Política.

Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, Sentencia 10.10.23, Rad. 05001-23-33-000-2021-01966-01.

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FALLA:

PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por los procuradores 24 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios de
Santander y 47 Judicial II Administrativo de Bucaramanga, conforme a la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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