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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00152-01

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 66001-23-33-000-2021-00152-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3 de la parte resolutiva de la sentencia de 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el cual quedará así: “[…] 3. CONFÓRMASE el comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, el cual está integrado por la Procuraduría 28 Judicial II Ambiental y Agrario de Pereira, un delegado del municipio de Dosquebradas, un delegado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, el Procurador Judicial No. 38 en Asuntos Administrativos de la ciudad de Pereira y el Magistrado Ponente de este Tribunal, quien lo presidirá, con la obligación de rendir por parte de sus miembros el informe conjunto respectivo, de conformidad con lo considerado en esta sentencia […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 66001-23-33-000-2021-00152-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 68001-23-33-000-2021-00152-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y
AGRARIA DE PEREIRA

TESIS: LOS MUNICIPIOS SON RESPONSABLES DIRECTOS DE
EJECUTAR LAS OBRAS TENDIENTES A MITIGAR LOS RIESGOS
ASOCIADOS A PROCESOS EROSIVOS QUE SE PRESENTAN EN SU
TERRITORIO

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN MEDIO AMBIENTE SANO, AL EQUILIBRIO ECOLÓGICO,
A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES
TECNICAMENTE Y A LA REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS RESPETANDO LAS
DISPOSICIONES JURÍDICAS

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS1 y la CORPORACIÓN

AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA2 contra la sentencia de 29

de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de

Risaralda3.

1
En adelante el MUNICIPIO.
2
En adelante la CARDER
3
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 66001 23 33 000 2021 00152 01
Actora: PROCURADURÍA 28 II AMBIENTAL Y AGRARIA DE PEREIRA

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

La PROCURADURÍA 28 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA

DE PEREIRA, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo

88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de

agosto de 19984, presentó demanda contra el MUNICIPIO DE

DOSQUEBRADAS5 y la CARDER, tendiente a que se protegieran los

derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano, al equilibrio

ecológico, a la seguridad y prevención de desastres previsibles

técnicamente y a la realización de construcciones, edificaciones y

desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas.

I.2. Hechos

Expuso que el sector de los barrios La Independencia, Divino Niño y

Libertadores se encuentra en riesgo debido a la socavación que

presenta la quebrada Manizales, cuya problemática ha quedado

4
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones”.
5
En adelante el MUNICIPIO.

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3

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consignada en el informe técnico de la Coordinación Departamental

de Gestión del Riesgo de Desastres de Risaralda y en el acta de visita

de la Contraloría Municipal, sin que las autoridades la hubiesen

atendido.

Adujo que hay viviendas sobre las franjas de protección de la

quebrada, basuras, escombros, procesos erosivos y obras de

mitigación que requieren mantenimiento, por lo que la CARDER, en

Oficio del 3 de diciembre de 2019, realizó recomendaciones para el

manejo y recuperación del espacio público.

I.3. Pretensiones

La parte actora, además del amparo de los derechos colectivos

invocados, solicitó lo siguiente:

«[…] 2. En consecuencia de la anterior declaración, ordenar al
municipio de Dosquebradas y a la Corporación Autónoma Regional de
Risaralda -CARDER la consecución de los recursos necesarios para
luego, ejecutar dentro del plazo que el honorable Tribunal
Administrativo de Risaralda ordene, las actividades tendientes a que
cese la amenaza y vulneración a los derechos colectivos cuya
protección aquí se reclama, y en especial para lo siguiente:

• Que de manera articulada y coordinada realicen las intervenciones
y obras que en sus conceptos técnicos, informes de visitas y
comunicaciones señalan como recomendadas para atender las
problemáticas identificadas en cada uno de los sectores.

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• Que se realicen la totalidad de los estudios requeridos para
determinar las obras necesarias en la quebrada Frailes, a fin de que
cesen los procesos de socavación y riesgo que se están ocasionando
por las intervenciones antrópicas identificadas.
• Que el municipio de Dosquebradas realice la recuperación del
espacio público ocupado (zona forestal protectora y cauce: quebradas
Dosquebradas, Frailes y Manizales) en los […] barrios Independencia,
Divino Niño y Libertadores […].
• Que el municipio de Dosquebradas adelante las actuaciones
policivas necesarias con el fin de que cesen los comportamientos
contrarios a la convivencia que se identificaron como gestión
inadecuada de residuos sólidos, realización de actividades económicas
sin el cumplimiento de los requisitos legales, la realización de
construcción sin licencia y en lugares no autorizados, entre otros, tal
como lo señala la Ley 1801 de 2016.
• Que una vez el municipio de Dosquebradas recupere las áreas
forestales protectoras y en general suelos de protección afectados,
proceda la CARDER a su recuperación ambiental, a través de los
mecanismos que de conformidad con la ley y las condiciones técnicas
se requieran para asegurar la función ecosistémica que les
corresponde.
• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda –CARDER-, recuperen el cauce de las quebradas
Frailes, Manizales y Dosquebradas, de manera que no continúe la
socavación y con ella el riesgo que generan en los mencionados
sectores.
• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda –CARDER-, realicen intervenciones tendientes
a la descontaminación de las quebradas Frailes, Manizales y
Dosquebradas.
• Que el municipio de Dosquebradas y la Corporación Autónoma
Regional de Risaralda –CARDER-, ejecuten las obras requeridas para
conjurar las situaciones de riesgo evidenciadas en los […] barrios
Independencia, Divino Niño y Libertadores […].
• Ordenar a las entidades accionadas ejecutar programas o campañas
de socialización y educación ambiental con la comunidad,
principalmente con los habitantes de los asentamientos y demás
habitantes de los barrios para que se promueva en primer término la
siembra de árboles y reforestación del tipo más conveniente según
las autoridades, esto con el fin de mitigar las afectaciones a las zonas
de conservación ambiental afectadas, también para que no se siga
deforestando los sectores, para proteger las cuencas hidrográficas, y
para recuperar y conservar el suelo, así como para la adecuada
gestión de los residuos sólidos y vertimientos […]».

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I.4. Defensa

I.4.1.- El MUNICIPIO argumentó que no le resulta atribuible la

vulneración de derechos colectivos, los cuales, por demás, no fueron

debidamente probados por la parte actora.

Adujo que la problemática ventilada obedece a: i) que la empresa

SERVICIUDAD instaló un viaducto de aguas residuales que presenta

daños graves debido a la caída del apoyo sobre la margen derecha

de la quebrada, conforme con el concepto técnico DA-DIGER-200-

1308; ii) el invierno; y iii) acciones atribuibles a la comunidad como

la disposición inadecuada de residuos sólidos en las laderas y el cauce

y la minería ilegal.

Manifestó que, si bien tiene a su cargo el mantenimiento de las

márgenes de las quebradas y las obras de mitigación necesarias para

prevenir riesgos, no es corresponsable de los problemas existentes.

Solicitó tener en cuenta sus condiciones financieras, así como la

naturaleza, alcance, costos de las obras y la prioridad de otras

necesidades.

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I.4.2.- La CARDER anotó que no ha vulnerado ningún derecho

colectivo y ha cumplido con sus funciones constitucionales y legales

de asesoría y acompañamiento técnico, tales como la expedición de

conceptos técnicos dirigidos a la Dirección de Gestión del Riesgo del

MUNICIPIO y a la Procuraduría, contentivos de las medidas y

recomendaciones en relación con la problemática advertida, y ha

reiterado la necesidad de que el ente territorial recupere el espacio

público para posteriormente, como autoridad ambiental, apoyar en

la recuperación de dichas zonas.

Propuso como excepción, además de la “genérica”, la que denominó

“falta de competencia para ejecutar las obras que demanda el actor

popular”, respecto de la cual indicó que, en materia de riesgo, no le

corresponde la construcción de obras civiles o de infraestructura,

pues ello es atribuible al MUNICIPIO.

I.5. Audiencia de Pacto de Cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 28 de junio

de 2022, la cual se declaró fallida por ausencia de fórmulas de

acuerdo entre las partes.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 29 de febrero de 2024, declaró la

vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un

ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y

aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución

y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,

atribuible al MUNICIPIO y a la CARDER.

Determinó que el MUNICIPIO y la CARDER fueron omisivos en el

ejercicio de sus funciones y competencias, en lo que respecta a

acciones preventivas, de control y mitigación frente a los problemas

acreditados en la quebrada, la ocupación indebida de las zonas

aledañas y la contaminación del cuerpo hídrico, lo que permitió que

la situación de riesgo y vulneración de derechos colectivos persistiera

y se agravara.

Sostuvo que las labores desplegadas se han limitado a limpieza de la

quebrada y acciones administrativas consistentes en visitas,

informes y exhortación a ejecutar actividades que continúan sin

cumplirse.

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Precisó que en atención a que el riesgo advertido en la zona no es

mitigable, lo procedente es la reubicación de las viviendas que se

encuentran en la franja de protección, sin que la falta de recursos

aducida por el ente territorial sea una justificación válida para

incumplir su obligación de realizar obras de mitigación que él mismo

estableció como necesarias para evitar una eventual calamidad.

Adujo que lo anterior, implica, asimismo, una omisión en cuanto a

las funciones de control y vigilancia sobre el uso del suelo por parte

del MUNICIPIO, al ser de su resorte demarcar las zonas no

urbanizables y promover la prevención y atención de desastres,

especialmente, con el fin de recuperar las zonas invadidas en cauces

de fuentes hídricas y prevenir riesgos para la vida humana.

Ordenó, en consecuencia, lo siguiente:

«[…] 1. DECLÁRASE VULNERADOS LOS DERECHOS COLECTIVOS al goce
de un ambiente sano; a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la
conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de
especial importancia ecológica, de los ecosistemas, así como los demás
intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración
del medio ambiente; a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; y a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, descritos en los literales a), c), l) y m) del artículo 4º de la Ley

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472 de 1998, con ocasión de las omisiones por parte del municipio DE
DOSQUEBRADAS y de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
RISARALDA –CARDER en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
han quedado expresadas en la parte considerativa de la presente sentencia.

2. ORDÉNASE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS antes
descritos, para lo cual la Corporación Autónoma Regional de Risaralda
CARDER y el municipio de Dosquebradas. deberán efectuar conforme a lo
dispuesto en la parte motiva las siguientes actuaciones:

2.1. La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER,
deberá, en el plazo máximo de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria
de esta sentencia, presentar una actualización de la categorización de la
quebrada Manizales en su paso por los barrios La Independencia, Divino Niño
y Libertadores, incluyendo un censo de las familias del sector, para
establecer las áreas de riesgo no mitigable y zonas no urbanizables (zona
forestal protectora y de retiros) y, como consecuencia, las habitaciones que
deben ser reubicadas.

2.2. El municipio DE DOSQUEBRADAS deberá, en el plazo máximo de los
tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, adelantar las
gestiones necesarias para identificar y separar los rubros correspondientes
para llevar a cabo la medida de reubicación de las familias que habitan el
sector que constituye zona de riesgo no mitigable y zonas no urbanizables
(zona forestal protectora y de retiros) en las laderas de la quebrada
Manizales, a su paso por los barrios La Independencia, Divino Niño y
Libertadores del municipio de Dosquebradas.

2.3. Una vez obtenidos los recursos referidos supra, el MUNICIPIO DE
DOSQUEBRADAS, dentro de los doce (12) meses siguientes, deberá
proceder a la reubicación de las familias censadas que se encuentren bajo
riesgo no mitigable y en zonas no urbanizables, y, en caso de que alguna de
las familias objeto de reubicación no lo acepte, deberá proceder al desalojo
de las mismas de conformidad con las normas de policía.

2.4. En tanto se cumple lo anterior, deberán el municipio de Dosquebradas
y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –Carder, realizar un
control constante de la quebrada Manizales en el sector objeto de la presente
acción constitucional, con el fin de evitar nuevos asentamientos y tomar las
medidas de emergencia y urgencia que se requieran ante una eventual
creciente, avenida torrencial o en masa de la quebrada Manizales.

2.5. Realizadas las gestiones referidas y desalojadas las viviendas, dentro
de los quince (15) días siguientes, el municipio de Dosquebradas procederá
a la entrega para el manejo y control de las áreas liberadas a la Corporación
Autónoma Regional de Risaralda -Carder.

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2.6. Una vez realizada la entrega material de las áreas en mención, la
Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder, en conjunto con el
municipio de Dosquebradas, de acuerdo a sus obligaciones legales, deberán
dar cumplimiento al programa de manejo y control del área liberada,
además de garantizar que no se vuelvan a desarrollar asentamientos
humanos en el lugar, además de ejecutar programas o campañas de
socialización y educación ambiental con la comunidad.

2.7. Así mismo, y de conformidad con los estudios y recomendaciones que
realice la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - Carder, en conjunto
con el municipio de Dosquebradas, y con cargo al presupuesto de ambos
entes, por partes iguales, deberán ejecutar las obras de protección lateral
de las orillas de la quebrada Manizales en la zona objeto de discusión, con el
fin de reducir el riesgo de socavación y erosión de los taludes dispuestos.

3. CONFÓRMASE el comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia, el cual está integrado por la Procuraduría 28 Judicial II Ambiental
y Agrario de Pereira, un delegado del municipio de Dosquebradas, un
delegado de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, el
Procurador Judicial No. 38 en Asuntos Administrativos de la ciudad de Pereira
y este Tribunal, quien lo presidirá, con la obligación de rendir por parte de
sus miembros el informe conjunto respectivo, de conformidad con lo
considerado en esta sentencia […]».

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. El MUNICIPIO adujo que no se acreditó el riesgo con una

prueba técnica, y mucho menos que el mismo le fuera directamente

atribuible por su acción u omisión, pues, insistió, es resultado de

causas externas como el invierno y la intervención de terceros.

Alegó que sí ha intervenido la zona afectada, como lo demuestran las

pruebas aportadas; además, ha acudido al DEPARTAMENTO para

solicitar los recursos que demanda la solución de los problemas

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advertidos en los alrededores de la quebrada en los barrios,

Independencia, Divino Niño y Libertadores, lo cual denota que ha

obrado de forma diligente y garantista de los derechos de los

habitantes del sector, en el marco de sus funciones legales.

Solicitó tener en cuenta sus condiciones financieras, así como la

naturaleza, alcance y costos de las obras a realizar, con el fin de

establecer un término prudencial que le permita ejecutarlas en el

marco de los requerimientos legales y presupuestales.

Expuso que de confirmarse las órdenes que le fueron impuestas, la

sentencia implicaría una forma de "coadministración", pues aquellas

suponen gastos no previstos en el presupuesto aprobado por el

Concejo Municipal, dejando de lado que las exigencias del servicio

estatal implican restricciones económicas que no pueden resolverse

a corto plazo y que la protección del derecho de un usuario no puede

implicar el sacrificio del derecho de otros, conforme lo ha sostenido

la Corte Constitucional en la sentencia T-185 de 1993.

Precisó que el presupuesto debe reflejar los planes de largo, mediano

y corto plazo establecidos en el Plan de Desarrollo y permitir una

evaluación sobre el cumplimiento de las metas fijadas por la

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administración, de suerte que las órdenes impartidas desnaturalizan

el concepto de ejecución presupuestal, especialmente cuando las

obras exigidas deben realizarse en lugares respecto de los cuales no

se probó que pertenezcan a su jurisdicción.

III.2. La CARDER manifestó que ha ejercido sus competencias

constitucionales y legales, pues ha brindado asesoría y asistencia

técnica a través de diferentes conceptos de diagnóstico y

recomendaciones para la mitigación del riesgo, por tanto, no le asiste

responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos.

Manifestó que la orden de realizar obras de protección lateral de las

orillas de la quebrada Manizales en la zona objeto de discusión,

desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado, según la cual las

corporaciones autónomas regionales no ejecutan obras civiles o de

infraestructura para mitigación de riesgos y prevención de desastres,

sino que les corresponde brindar asesoría y asistencia técnica.

Solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia,

específicamente los numerales 1 y 2.7.

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IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador delegado ante esta Corporación solicitó confirmar la

sentencia impugnada porque, a su juicio, las accionadas han omitido

brindar soluciones oportunas para mitigar el riesgo al que están

expuestos los habitantes de las viviendas aledañas a la zona

afectada.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19986, tiene como

finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, cuando

estos resulten amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o

un daño contingente, por la acción o la omisión de las autoridades

públicas o de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar

a la comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de los derechos colectivos deprecados.

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“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en
relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras
disposiciones”.

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Problemas jurídicos

Conforme con los argumentos expuestos por los apelantes, a la Sala

le corresponde determinar lo siguiente:

i) ¿Está debida y suficientemente acreditado el riesgo al que están

expuestos los residentes de los barrios Divino Niño, Independencia y

Los Libertadores?

ii) ¿Las actuaciones desplegadas por las entidades accionadas

resultan suficientes para desvirtuar su responsabilidad por la

vulneración de los derechos colectivos?

iii) ¿La orden consistente en ejecutar obras de protección de las

orillas de la quebrada Manizales se ajusta a las funciones legales que

atribuidas a la CARDER en materia de gestión del riesgo?

iv) ¿El Tribunal excedió sus facultades al ordenar gestionar los

recursos presupuestales para financiar las obras requeridas?

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v) ¿Es procedente modificar del plazo otorgado para el cumplimiento

de las órdenes impartidas en primera instancia bajo las razones

expuestas por el MUNICIPIO?

De la prueba del riesgo como fuente de vulneración de los

derechos colectivos

Para efecto de resolver el problema jurídico, la Sala se referirá a las

pruebas relevantes en el expediente, con el fin de verificar si está

probada la vulneración de los derechos colectivos amparados.

-. Concepto técnico DA-DIGER 200-397 de 19 de junio de 2018,

resultado de la visita realizada por la DIGER al barrio Libertadores,

en la manzana 7, casa 2, en el que se estableció:

“[…] I.- En el sitio en mención se evidencia un conjunto de viviendas
de uno y dos niveles construidas en materiales pesados,
puntualmente en la margen izquierda aguas debajo de la quebrada
Manizales […]. El terreno se caracteriza por tener pendientes altas y
suelos poco consolidados por tratarse de un lleno antrópico y
depósitos fluvio – volcánicos […].

II.- En el sitio en mención se observa un talud de pendiente media,
en su corona se encuentran ubicada la vivienda del barrio
Libertadores, esta vivienda se encuentra sobre la quebrada Manizales,
invadiendo su zona forestal protectora […].

III.- Se observa que las viviendas se encuentran ubicadas sobre el
cauce de la quebrada […].

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IV.- En la parte superior del talud se observa la vivienda objeto de la
visita, la vivienda está afectada por la socavación lateral de la
quebrada Manizales, y presenta una amenaza por desplome de la
parte posterior de la vivienda.

V.- Se observa que la vivienda se expandió hacia la quebrada,
generando un cerramiento en ladrillos, dicha construcción no cumple
con el retiro mínimo que debe tener para la quebrada Manizales,
generando una amenaza a futuro parea la vivienda y los habitantes
de la misma.

VI.- Según visita realizada por funcionarios de la DIGER, esta casa se
encuentra habitada, se recomienda no ocupar la parte posterior de la
vivienda por presenta una amenaza latente por desplome.

VII.- Se observa la invasión de la zona forestal protectora con muros
de cerramiento sin presentar permisos y las normas técnicas para la
construcción de las mismas.

RECOMENDACIONES

I.- Se recomienda realizar labores de manejos de aguas lluvias y de
escorrentía en la corona del talud para prevenir saturación del suelo
que puede llegar a acelerar los procesos de remoción de masas.

II.- Se recomienda en el terreno aledaño al talud realizar una
impermeabilización con zanjas que conduzcan el agua lluvia y de
escorrentía al afluente cercano o realizar un cerramiento del lugar
para revegetalizar y convertirlo en una zona forestal con sus
respectivos manejos de aguas para generar el amarre y recuperar las
propiedades del terreno.

III.- Se recomienda realizar adecuados manejos de aguas lluvias en
la zona superior de la ladera, realizando zanjas coronarias
impermeabilizadas con tela geotextil o en concreto, las cuales
conduzcan las aguas de escorrentía a la zona baja del talud,
reduciendo así la infiltración de agua y sobresaturación del sueño,
además de reducir la erosión superficial causada por la escorrentía
[…]

VI- Se recomienda realizar una evacuación de la parte posterior de la
vivienda, ya que presenta estados de inestabilidad y genera una

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amenaza tanto para la estructura de la vivienda como para los
moradores de la misma […]”7.

-. Oficio núm. 20349 de 3 de diciembre de 20198 en el que la

CARDER informó:

«[…] “Mediante Acta de Visita N°.31367 del 17 de octubre de
2019, se realiza recorrido por la margen de la quebrada
Manizales, en la cual se evidencian viviendas sobre toda la
ladera de la margen izquierda y derecha de la Quebrada. Se
presentan basuras, escombros y llenos antrópicos. Se evidencia
procesos erosivos, de igual modo obras de mitigación que
requieren mantenimiento para su preservación.

Para el sitio se cuenta con conceptos técnicos anteriores
especialmente en el barrio Libertadores. No se evidencian cambios
sustanciales en el sector. En general todas las viviendas se
encuentran localizadas sobre la franja de protección de la
Quebrada.

Recomendaciones: Remitir a las Entidades Competentes para el
manejo y recuperación del espacio público conforme a la Ley 9 de
1989 Art. 5 y 56”.

Mediante Concepto Técnico N°. 1125 del 13 de abril de 2018, la
CARDER ya había evaluado el Contexto geológico y fallas de Romeral
con relación directa o indirecta con el predio de la manzana 4 casa 19
del Barrio Los Libertadores del municipio de Dosquebradas.

“De otro lado, el Sistema de Fallas de Romeral, que conforme a
estudios realizados en el Proyecto de Mitigación de Riesgo Sísmico de
Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, liderado por la
CARDER, es de carácter activo, lo que genera un contexto de amenaza
y riesgo sísmico para las ciudades del territorio de Risaralda, dado
que durante la ocurrencia de eventos superficiales asociados, por la

7
Folios 13 a 15, “DA-DIGER-200-725.pdf”,
“002_002LINKANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua1”, obrante en el expediente
digital.
8
Folio 1 a 13, “carta_20349_2019_12_03 Libertadores Divino Niño Independencia
Dosq.pdf”, “002_002LINKANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua1”, obrante en el
expediente digital.

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propagación de las ondas sísmicas y la amplificación de la señal ante
las condiciones de los suelos y la topografía de cada sector. Así, las
aceleraciones generadas durante cada evento sísmico, al actuar sobre
las construcciones, pueden generar daños sobre las mismas, en
dependencia de sus características constructivas”.

Así las cosas, con base en la evaluación, conclusiones y
recomendaciones de la visita técnica, vemos claramente que
la margen derecha y con mayor predominancia en la margen
izquierda de la Quebrada Manizales, se encuentran localizadas
viviendas en mampostería y materiales livianos -aun al
interior de la llanura de inundación- invadiendo
completamente la zona forestal protectora de dicha Quebrada
[…]» [Negrillas fuera del texto original].

-. Informe de visita DA-DIGER-200-073 de 28 de enero de 2020,

realizada a la manzana 7, casa 5 del barrio Libertadores, efectuado

por la directora operativa de la DIGER9, en el que se expuso:

“[…] I. Se puede observar que la mayor afectación sobre este predio
del barrio Libertadores, se debe a un proceso erosivo fluvial-lateral
generado por las fuerzas tractivas de la corriente causando
desprendimiento, transporte y deposición de las partículas de suelo o
sedimentos tanto en el fondo como en la ribera de la corriente. Tal
proceso está afectando directamente sobre el talud que colinda con
la parte posterior de la vivienda […].

II. El día de la visita se halla que el predio en cuestión está dentro de
la zona forestal de la quebrada Manizales […].

III.- En la visita realizada se observa que la parte posterior de la
vivienda no cuenta con un sistema de manejo de aguas lluvias en las
cubiertas, que estén conformados por canales y bajantes con
direccionamiento a zanjas recubiertas con materiales impermeables
o cámaras colectoras. Tampoco cuenta con canales perimetrales que
permitan redireccionar las aguas de escorrentía que circulen por el
terreno […]. Lo anterior provoca que las aguas lluvias y de escorrentía
sean vertidas directamente sobre el terreno donde se encuentra
construida la vivienda, generando la infiltración y la saturación del

9
Folios 17 a 21, idem.

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mismo, lo que disminuye el esfuerzo por sobrecarga y causa una
disminución en la rigidez del suelo […].

IV. Se observan una serie de grietas en el muro del patio situado en
la parte posterior de la vivienda, a causa del asentamiento diferencial
que tiene la estructura, que a su vez es generado por la infiltración y
saturación de agua en el terreno […].

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar canales revestidas en material geotextil o
concreto para direccionar las aguas lluvias y de escorrentía que
circulen por el terreno, esto con el fin de reducir la infiltración de
agua, evitar la saturación del terreno y disminuir los procesos erosivos
que la circulación de agua pueda ocasionar.

2. Se recomienda la instalación de canales en las cubiertas de la parte
posterior de la vivienda, y bajantes para conducir estas aguas lluvias
hasta una recamara cercana o una zona que no genere ningún tipo
de afectación.

3. Se recomienda realizar la rehabilitación del talud que limita con la
parte posterior de la vivienda con especies vegetales que permitan
brindar protección biomecánica al terreno, retención y fijación del
mismo. Para esto son útiles plantas de bajo y medio porte, tales como
vetiver, mata ratón, quiebra barrigo, maní forrajero y caña brava.

4. Se recomienda enviar copia de este informe de visita a la CARDER,
en consideración al artículo 31 de la Ley 99 de 1993 en su numeral
23. Donde las Corporaciones Autónomas Regionales ejecutaran
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de
desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes,
asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y
atención de emergencias y desastres. Además de esto dar
seguimiento de los permisos ambientales otorgados en la zona y el
proceso de erosión fluvial actuante. Se recomienda que la CARDER
realice una delimitación y demarcación de las zonas forestales
protectora de la quebrada Manizales garantizando su mantenimiento
retiro de las viviendas e infraestructura existente en este sector del
barrio Libertadores.

5. Se recomienda enviar copia de este informe de visita SERVICIUDAD
ESP, para lo de su competencia y fines pertinentes en pro a dar una
solución ante el alto índice de contaminación que tiene la quebrada
Manizales en este sector del barrio Libertadores […]”.

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-. Informe General de Visita Técnica de 19 de junio de 202010,

realizada por la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo a

petición de la Procuraduría, con el fin de llevar a cabo un diagnóstico

de los problemas existentes en los barrios Divino Niño,

Independencia y Libertadores, en el que se indicó:

“[…] V. DIAGNÓSTICO

La problemática de manera generalizada está muy relacionada
con la ubicación de las viviendas en las márgenes de la
Quebrada Manizales, la cual genera socavación del cauce y por
consiguiente pérdida de terreno que poco a poco perturba la
estabilidad de los márgenes provocando la afectación en los
cimientos de las viviendas; además de lo anteriormente descrito,
se presenta afectación de los muros de contención que se
construyeron dentro del cauce hace muchos años.

Sumado a esto, la altísima intervención urbanística de la
microcuenca, el inadecuado manejo de las aguas lluvias y de
escorrentía, las aguas servidas de las viviendas y la alta deforestación
de la cuenca, propicia una situación que desfavorece notoriamente la
estabilidad de los terrenos, ya que cuando los factores condicionantes
son intervenidos, los factores detonantes como la lluvia, suelen
incrementar las posibilidades de generación de eventos adversos para
la seguridad de las personas y elementos.

[…]

La inspección se desarrolló en 4 sectores.

Sector 1:

Revisión estructural del puente (Puente Cesar Augusto López) […].

El puente revisado de manera visual […] cuenta con una grave
afectación en una de sus aletas, producto del desprendimiento y

10 Folios 4 a 9, “EXPEDIENTE E-2019-619201 INDEPENDENCIA, DIVINO NIÑO, LIBERTADORES. pdf”,

“002_002LINKANEXOSDEMANDA(.PDF) NroActua1”, obrante en el expediente digital.

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colapso de la misma, dejando el pilote principal expuesto al cauce de
la quebrada.

Viviendas ubicadas en la margen derecha de la Quebrada
Manizales: son viviendas en su mayoría de material, cuenta con
muros en ladrillo, cimentación y columnas en concreto; pero también
se pudo evidenciar que existen casas en material las cuales
todas se encuentran sobre el talud y representan un riesgo
para los habitantes de la zona.

En el recorrido realizado, se pudo observar que existen
alrededor de 45 viviendas sobre la margen derecha de la
quebrada Manizales, en este sector la Quebrada no cuenta con
una ribera de protección y las viviendas están ocupando el
margen de retiro de dicha quebrada, y la socavación lateral
propia de la quebrada ha generado inestabilidad en la zona.

Las viviendas se han construido hasta pocos metros de la corona del
talud, tienen zonas de infiltración en los patios ya que no son
techados, no cuentan con canales para el manejo de aguas lluvias y
por tanto las aguas van generando superficies de debilidad,
generando inestabilidad del terreno; además […] se encuentran en
la franja de protección de la quebrada Manizales, situación que
hace más compleja la problemática ya que el uso del suelo en
el sector en teoría debería estar cubierto con vegetación […].

Viviendas ubicadas en la margen izquierda de la Quebrada Manizales

Existe otra línea de viviendas que se encuentra ubicada en la
margen izquierda de la quebrada Manizales las cuales están
asentadas en la llanura de inundación […], por lo tanto, su
condición de riesgo consiste principalmente en inundaciones por estar
en la misma cota del cuerpo hídrico.

Factores como: la intensa deforestación en la Quebrada
Manizales, la pérdida de cobertura vegetal desde las cimas de
las montañas y la ubicación de asentamientos humanos en las
márgenes de la quebrada generan problemas de inestabilidad
de un orden mayor, ya que a menor protección vegetal aumentan
las tasas de filtración, erosibidad y erodabildiad en las cuencas
incrementándose las aguas de escorrentía y los flujos de aguas
internos que conllevan a la ocurrencia de movimientos en masa,
asentamientos, avenidas torrenciales e inundaciones, entre otros.

Otro factor detonante que genera inestabilidad en la zona
tiene que ver con la falta de manejo de las aguas lluvias en las

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viviendas ubicadas a lo largo de la quebrada, se pudo constatar
que algunas viviendas no cuentan con bajantes de aguas que se
conecten a la red de drenaje principal o al alcantarillado, además se
verificó que las viviendas tienen zonas de infiltración principalmente
en los patios de las viviendas lo que aumenta la inestabilidad en el
terreno; sumado a ello existe la proliferación de basuras
principalmente de escombros y maderas dentro del cauce de la
quebrada que obstaculiza el comportamiento hidrológico del afluente
y con el pasar del tiempo pueden acumularse tantos materiales que
obstruyen el cuerpo de agua y pueden generar a futuro mayores
problemas de socavación y de inundaciones […].

VII. CONCLUSIONES

[…] 11. La sensibilidad de los paisajes a la erosión depende de
factores geológicos, geomorfológicos y climáticos pero que sea más
acelerada depende del uso del suelo y la intervención inadecuada del
hombre.

12. La afectación encontrada tiene una estrecha relación con la
intensa deforestación en la quebrada Manizales, la pérdida de
cobertura vegetal desde las cimas de las montañas y la ubicación de
asentamientos humanos en las márgenes de la quebrada que generan
problemas de inestabilidad de un orden mayor […].

VIII. RECOMENDACIONES

1. Teniendo en cuenta que las viviendas ubicadas en la margen
derecha de la quebrada Manizales, presentan problemas por
socavación lateral, además se encuentran en la franja de
protección del afluente, es necesario buscar una solución a
corto plazo. Se pueden considerar dos opciones, la reubicación
de dichas viviendas sería lo más idóneo, de esta manera se
podría recuperar la franja de protección de la Quebrada; la otra
opción es dejar que dichas viviendas continúen asentadas en esta
ribera, para lo cual será necesario la realización de estudios de
estabilidad que conlleven a determinar las obras de mitigación que
requiere el sector.

[…] 3.Se sugiere que se tomen las acciones necesarias por parte del
ente competente para impedir que la comunidad otros, continúen
arrojando basuras o desechos de cualquier material dentro de la
quebrada Manizales, debido a que la naturaleza de los afluentes debe

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ser respetada, además estos materiales estas contribuyendo a los
problemas de socavación en los márgenes También es preciso que
retiren todos los fragmentos de obras civiles que están depositadas
dentro del cauce considerando que esto cambia la dirección del caudal
provocando otros problemas aguas abajo.

4. Es necesario que los entes reguladores del control del espacio
público estén muy atentos del asentamiento de nuevos predios en las
riberas de la quebrada, así mismo, de controlar que las viviendas ya
existentes y ubicadas en los márgenes de la quebrada Manizales no
continúen ampliando […]” [Negrillas fuera del texto original].

-. Acta de reunión de 5 de octubre de 2020, llevada a cabo entre el

alcalde municipal, la directora operativa de la DIGER y funcionarios

de esta dependencia, con el fin de definir el Plan de Acción para la

problemática de, entre otros sectores, Libertadores y Divino Niño,

en la que se estableció:

“[…] SECTOR DIVINO NIÑO Y LIBERTADORES

Afectaciones: En el sector de los barrios Libertadores y Divino Niño
los cuales colindan con la quebrada Manizales se observan varios
factores los cuales han incrementado con el paso de los años estos
factores son:

• Las constantes invasiones o construcciones ilegales tanto en la
zona forestal protectora margen derecha como izquierda generando
una amenaza para las personas que las habitan.
• Los vertimientos de basuras, escombros y demás convirtiendo el
sector en un foco de contaminación
ambiental e hídrica.
• Los vertimientos de aguas residuales hacia la quebrada Manizales
generando focos de contaminación, olores y enfermedades para el
sector.
• Viviendas en zona de alto riesgo Geotécnico en la margen derecha
aguas abajo de la quebrada Manizales.
• Afectación Puente Vehicular que comunica los barrios libertadores
y divino niño.

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• Destrucción del medio ambiente (vegetación, zonas forestales,
recurso hídrico)

Interviene la directora operativa DIGER: en este sector es
importante hacer la anotación que en este sitio es importante que
por parte del IDM nos haga llegar el inventario del número de
viviendas en zona de riesgo no mitigable ya que la solución a esas
invasiones que están en toda la margen de la quebrada es que deben
reubicarse, ya que se han realizado todas las obras de estabilización
y no ha sido solución.

Interviene el director IDM para hablar de Reubicación (Acción a largo
plazo): es un tema complejo ya que en la Base de datos se encuentra
alrededor de 2.700 familias

Interviene ING Jorge Luis de la DIGER la palabra Jesús David
Álvarez: una acción importante una vez se realice la reubicación se
procede a la demolición de los predios se hará un perfilamiento del
talud.

ACCIONES INMEDIATAS

1. Se debe caracterizar, individualizar y realizar todas las
acciones administrativas pertinentes para la recuperación de
las zonas forestales protectoras de la quebrada Manizales
invadidas.
Responsable (inspecciones de policía, control físico, DIGER)

2. Se debe realizar un inventario de las viviendas que se
encuentran en zonas de riesgo no mitigable, realizar su
evacuación y deberán ser incorporadas en planes de vivienda
(reubicación)
Responsable director IDM

3. Se debe realizar una limpieza de la quebrada Manizales, retirando
basuras, escombros y demás generando descontaminación y des
colmatación del cauce de la quebrada.
Responsable (Secretaría desarrollo Agropecuaria, DIGER, Secretaría
Obras públicas.

4. Se debe realizar la reforestación de las zonas forestales
protectora de la quebrada Manizales.
Responsable Secretaría agropecuaria – Carder)” [Negrillas fuera del
texto original].

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Bajo tal contexto para la Sala es dable concluir con suficiente certeza

que, contrario a lo argumentado en el recurso de alzada, en el

presente asunto está debidamente acreditada la situación de riesgo

a la que está expuesta la población residente en los sectores

Independencia, Libertadores y Divino Niño.

Lo anterior, por cuanto se advirtió que algunas viviendas están

ubicadas en las áreas de protección aledañas al cauce que presenta

socavación, otras en la parte del talud contiguo afectado, también,

por procesos erosivos, y otras tantas, incluso, se localizan en zonas

de riesgo no mitigable, como las llanuras de inundación de la

quebrada, circunstancias que, además de evidenciar factores de

degradación ambiental y de los recursos naturales de esa zona,

contribuyen a la inestabilidad del terreno y a la configuración de un

riesgo que amerita la intervención del juez popular con miras a que

las entidades responsables adopten y ejecuten las medidas que

resultan necesarias para su mitigación.

Ahora bien, en lo referente a la concurrencia de factores externos

como eventos meteorológicos y las acciones de la comunidad como

causas de la problemática alegados por el MUNICIPIO, la Sala

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destaca que su jurisprudencia ha sido pacífica11 en el sentido de

establecer que habida cuenta que la acción popular no reviste un

carácter indemnizatorio, el juicio de responsabilidad propio de las

acciones de naturaleza reparatoria no tiene cabida en este escenario

constitucional, de suerte que las causas externas encaminadas a

desvirtuar el nexo de casualidad entre una acción u omisión y la

trasgresión de los derechos colectivos, no resultan relevantes.

En consecuencia, los reparos del MUNICIPIO referentes a la prueba

del riesgo y a los eximentes de responsabilidad no prosperan.

De la suficiencia de las acciones adelantadas por el

MUNICIPIO y la CARDER para desvirtuar su responsabilidad

La Sala advierte que en el marco de la sesión del Comité de Gestión

del Riesgo de 4 de octubre de 2020 se establecieron las acciones que

debían adelantase para atender la problemática existente en los

barrios Independencia, Divino Niño y Libertadores, concretamente

para la recuperación y reforestación de las zonas forestales

Ver entre otras las sentencias de 14 de octubre de 2021, expediente núm. 13001
11

33 33 004 2015 00164 01 y 9 de junio de 2022, expediente núm. 05001 23 33
004 2012 00614 02.

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protectoras de la quebrada Manizales, el inventario de las viviendas

ubicadas en esos sectores y la evacuación aquellas ubicadas en

zonas de riesgo no mitigable.

No obstante lo anterior, según la información reportada por el

MUNICIPIO a la Procuraduría Ambiental y Agraria de Pereira,

mediante Oficio DA-DIGER-200-1148 de 18 de noviembre de 2020,

en lo que respecta a los compromisos asumidos por la administración

municipal en el citado Comité, para esa fecha solo se contaba con el

inventario de las viviendas localizadas en la zona de riesgo no

mitigable, sin que obren en el plenario pruebas adicionales sobre

decisiones, medidas o intervenciones ejecutadas por el ente

territorial con el fin de resolver de forma adecuada y definitiva los

factores que concurren en la situación de riesgo ya reseñada.

En consecuencia, para la Sala es claro que hasta ahora el

MUNICIPIO se ha limitado a estructurar un plan de acción y un

cronograma para la ejecución de las acciones que, en su criterio,

demanda el riesgo existente. Adicionalmente, la recuperación del

área forestal protectora del cuerpo hídrico y el restablecimiento de

la capa vegetal continúan sin materializarse y, por consiguiente, las

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causas constitutivas de la fuente de vulneración de los derechos

colectivos aún persisten.

Ahora bien, en lo que respecta a la suficiencia de las acciones

desplegadas por la CARDER para desvirtuar su responsabilidad en

este asunto, en el plenario obran los conceptos técnicos emitidos por

la autoridad ambiental sobre la problemática y las recomendaciones

acerca de la manera en que debe proceder la administración

municipal para superarla.

A juicio de la Sala, aunque lo precedente da cuenta del cumplimiento

de sus deberes de asesoría a los entes territoriales, y de control y

seguimiento de las actividades que inciden en la dinámica de

espacios naturales como fuentes hídricas y áreas protegidas

circundantes, lo cierto es que en el asunto sub examine también está

probado que el cauce de la quebrada Manizales, a la altura de los

barrios Divino Niño, Libertadores e Independencia, presenta un

socavamiento significativo que compromete la estabilidad del

terreno adyacente y los fines de preservación y conservación

inherentes a este espacio contiguo.

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Por consiguiente, la intervención de la CARDER, como

administradora del medio ambiente y de los recursos existentes en

esa jurisdicción, debe ir más allá de las citadas funciones y

concretarse en labores puntuales tendientes a contrarrestar la

erosión de las márgenes de la quebrada Manizales.

Siendo ello así, para la Sala resulta claro que las gestiones y trámites

desplegadas a la fecha por las accionadas en respuesta a la situación

fuente de la trasgresión de los derechos amparados por el Tribunal,

se tornan insuficientes para relevarlas de responsabilidad en este

asunto.

De las competencias de la CARDER y el cumplimiento de las

órdenes que le fueron impartidas

La CARDER estima que la orden de adelantar conjuntamente con el

MUNICIPIO las “obras de protección lateral de las orillas de la

quebrada Manizales en la zona objeto de discusión, con el fin de

reducir el riesgo de socavación y erosión de los taludes dispuestos”

excede las funciones que le han sido asignadas en el marco de la

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política de Gestión Integral del Riesgo de que trata la Ley 1523 de

2012.

Para resolver, la Sala se referirá a las funciones de las corporaciones

autónomas regionales previstas en la Ley 99 de 1993, en particular

a las dispuestas en los numerales 4, 19, 20 y 23, así como a las

disposiciones que delimitan su ámbito de competencias frente a la

gestión del riesgo, reguladas por el artículo 31 de la Ley 1523. Las

disposiciones en comento ordenan lo siguiente:

Ley 99:

“[…] 4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas
y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los
diferentes organismos y entidades integrantes del Sistema Nacional
Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en especial, asesorar
a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en
sus programas y proyectos en materia de protección del medio
ambiente y los recursos naturales renovables, de manera que se
asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas
por las distintas entidades territoriales;

[…]

19. Promover y ejecutar obras de irrigación, avenamiento, defensa
contra las inundaciones, regulación de cauces y corrientes de agua, y
de recuperación de tierras que sean necesarias para la defensa,
protección y adecuado manejo de las cuencas hidrográficas del
territorio de su jurisdicción, en coordinación con los organismos
directores y ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación de
Tierras, conforme a las disposiciones legales y a las previsiones
técnicas correspondientes;

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Cuando se trate de obras de riego y avenamiento que de acuerdo con
las normas y los reglamentos requieran de Licencia Ambiental, esta
deberá ser expedida por el Ministerio del Medio Ambiente;

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las
entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible
y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la
defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del
medio ambiente y los recursos naturales renovables.

[…]

23. Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control
de desastres, en coordinación con las demás autoridades
competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la
prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las
administraciones municipales o distritales programas de adecuación
de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control
de erosión, manejo de cauces y reforestación […]” (resaltado de
la Sala).

Ley 1523:

“[…] Artículo 31. Las Corporaciones Autónomas Regionales en el
Sistema Nacional. Las corporaciones autónomas regionales o de
desarrollo sostenible, que para efecto de la presente ley se
denominarán las corporaciones autónomas regionales, como
integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, además de las
funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o
las leyes que las modifiquen. Apoyarán a las entidades territoriales de
su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes
de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento
territorial y de desarrollo.

Parágrafo 1°. El papel de las corporaciones autónomas regionales es
complementario y subsidiario respecto a la labor de alcaldías y
gobernaciones, y estará enfocado al apoyo de las labores de gestión
del riesgo que corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio
y, por tanto, no eximen a los alcaldes y gobernadores de su
responsabilidad primaria en la implementación de los procesos de
gestión del riesgo de desastres […]”.

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Sobre el alcance del artículo 31 de la Ley 1523, en un asunto de

similares características al caso bajo examen, la Sala estableció:

“[…] Así pues, sin pasar por alto la responsabilidad directa de las
entidades territoriales, el artículo 31 de la Ley 1523 contempla a las
CAR como integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, y
les impone los siguientes deberes: (i) apoyar a las entidades
territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios
necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo, los cuales
serán integrados a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión
ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo; (ii) apoyar las
labores de gestión del riesgo que corresponden a la sostenibilidad
ambiental del territorio; (iii) propender por la articulación de las
acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo
de desastres en su territorio, en virtud que ambos procesos
contribuyen explícitamente a mejorar la gestión ambiental territorial
sostenible; y (iv) apoyar a las entidades territoriales que existan en
sus respectivas jurisdicciones en la implementación de los procesos
de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y
serán corresponsables en la implementación.

No desconoce la Sala que las funciones encomendadas a las CAR
están regidas por los principios de complementariedad, solidaridad
social, coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por el
numeral 23 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, el cual le impone a
las CAR los deberes de realizar actividades de análisis, seguimiento,
prevención y control de desastres, en coordinación con las demás
autoridades competentes; asistirlas en los aspectos
medioambientales en la prevención y atención de emergencias y
desastres; y adelantar con las administraciones municipales o
distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de
alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y
reforestación.

Ahora bien, está claro que el Tribunal Administrativo de Risaralda,
aparte de la demolición y retiro de las obras colapsadas que producen
el desvío del cauce de la quebrada Manizales, resolvió ordenarle al
Municipio de Dosquebradas, ejecutar las obras de protección y
recuperación de la ladera con el fin de mitigar el riesgo que se
presenta en la calle 69 entre carreras 16 y 20 del barrio Camilo Torres
I.

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Es evidente que para ejecutar ese tipo de obras, se requiere de una
asesoría técnica, materializada en unos estudios concretos, habida
cuenta de la especialidad e importancia de las mismas. Es por ello
que la CARDER, como única y máxima autoridad ambiental en el
Departamento de Risaralda, en virtud de su especialidad técnica en
materia ambiental y de los deberes legales mencionados en materia
de gestión del riesgo, es a la que le corresponde suministrar los
estudios de simulación hidráulica y de suelos y brindar la asesoría y
la asistencia técnica requerida para la estabilización de las márgenes
de la quebrada Manizales, tal y como lo expuso en los conceptos
técnicos núms. 1047 de 2008 y 459 de 2009 […]”.

Entonces, bajo esa lógica argumentativa, para la Sala resulta claro

que la obligación de ejecutar las obras que, desde el punto de vista

técnico resulten necesarias para mitigar el riesgo de erosión

advertido en el talud aledaño a la quebrada en inmediaciones los

barrios Independencia, Libertadores y Divino Niño, en el que según

lo acreditado en el proceso tienen injerencia la deforestación del área

de reserva protectora adyacente a la fuente hídrica, la construcción

de viviendas en ese espacio físico de protección y el manejo

inadecuado de aguas lluvias, recae de principalmente en el

MUNICIPIO, en consideración a la forma en que está estructurado

el Sistema de Gestión y Prevención del Riesgo.

En efecto, en el ámbito territorial, la Ley ídem otorgó funciones

específicas en materia de gestión del riesgo a los alcaldes en

los siguientes términos:

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“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “[…] es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción
del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción
[…]”12.

“[…] 2.- Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones
estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento
territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de
gestión pública [...]”13.

De igual manera, las funciones encomendadas a cada uno de los

integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están regidas

por los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad

positiva, definidos por la misma Ley 1523, reconocidos en el artículo

288 de la Constitución Política como rectores en el ejercicio de las

competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales, y

desarrollados por la Ley 136 de 2 de junio de 199414.

Asimismo, cabe destacar que el artículo 14 de la Ley 1523 identifica

al alcalde, en su calidad de conductor del desarrollo local, como el

responsable directo de la implementación de los procesos de gestión

del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la

12
Ley 1523. Artículo 14.
13
Ley 1523. Artículo 14, parágrafo.
14
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.

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reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su

jurisdicción.

La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los

artículos 311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de

junio de 199415, que definen al municipio como la entidad territorial

fundamental en la división político administrativa del Estado, cuya

finalidad es prestar los servicios públicos que determine la ley,

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el

desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el

mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el bienestar

general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de su

territorio.

Por consiguiente, en lo atinente a la política de gestión y prevención

del riesgo, es al MUNICIPIO en cabeza de su alcalde, a quien

corresponde de manera principal implementar, ejecutar, desarrollar,

entre otras, las políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho

fin.

15
“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios”.

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No obstante, lo anterior no implica que deba dejarse de lado que la

misma Ley 1523 y el Decreto 4147 de 2011 establecieron un trabajo

coordinado y armónico con las demás entidades, en torno al

desarrollo de dicha política16, esquema dentro del cual a la CARDER

también le asiste competencias.

En consecuencia, dado que el proceso erosivo inicia en el cauce de la

quebrada Manizales y se acentúa a lo largo de la pendiente del talud

adyacente con ocasión de actividades antrópicas, la ejecución de las

intervenciones de orden técnico que demanda la problemática

expuesta no solo competen al MUNICIPIO, sino a la CARDER en

virtud de la consecuente afectación del cuerpo hídrico y los recursos

naturales asociados a esta, y acorde con las funciones legales que

atañen a la autoridad ambiental, concretamente las previstas en el

artículo 31, numerales 19, 20 y 23 de la Ley 99 de 1993.

En tal sentido, contrario a lo expuesto por la CARDER en la alzada,

la solución efectiva e integral para superar las múltiples causas de la

afectación acreditada durante el trámite de este proceso hacen

16
Igual consideración fue adoptada por la Sala en un asunto similar que fue resuelto en sentencia de
28 de noviembre de 2019 (Expediente núm. 13001-23-33-000-2015-00052-02. Consejera ponente
Nubia Margoth Peña Garzón).

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imperiosa la concurrencia de ambas entidades en el ámbito funcional

que a cada una de estas compete.

De las facultades del juez popular y la ampliación del plazo

A voces de los artículos 34 de la Ley 472 de 1998 y 144 de la Ley

1437 de 2011, el juez de la acción popular goza de amplias facultades

para imponer a los responsables de la amenaza o vulneración de

derechos colectivos y a quienes fungen como garantes de estos, la

adopción y ejecución de las medidas que se tornen idóneas y

necesarias para su salvaguarda, acatando en todo caso el derecho al

debido proceso.

En coherencia con lo anterior, esta Sección en reiterada

jurisprudencia ha puntualizado:

“[…] [R]esulta de gran importancia precisar que de acuerdo con la
Ley reguladora de la acción popular, la misma se ejerce para evitar el
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las
cosas a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de
1998 / Artículo 144 Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares,
sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de 1998) -. Casos
en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de no
hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la
realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado
anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando

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fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley 472 de 1998), de manera
tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados, como lo
exige el artículo 88 constitucional. […]. Ciertamente, en la sentencia
que ampara los derechos colectivos el juez está facultado para
adoptar las medidas que, conforme a la situación fáctica probada,
sean conducentes y pertinentes para obtener la protección de dichos
derechos. […]. Lo anterior guarda coherencia con el artículo 2º de la
Constitución Política al establecer que “las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares […]”17.

Bajo ese entendido, para la Sala no resultan de recibo los reparos del

MUNICIPIO que sugieren una coadministración, pues lo cierto es

que la decisión de primera instancia, además de ser resultado del

ejercicio legítimo de las facultades otorgadas al juez constitucional

para garantizar de forma efectiva los derechos reconocidos

constitucional y legalmente a una colectividad, no impone a la

entidad territorial la disposición y ejecución inmediata de su

presupuesto, al margen de la normativa que rige la asignación y

distribución de los recursos financieros del Estado.

17
Ver, entre otras sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el
número único de radicación 250002327000200190479-01(AP); C.P.: Marco
Antonio Velilla Moreno; sentencia de 21 de agosto de 2020, único de radicación
130012333000201700987-01 (AP); sentencia de 15 de mayo de 2014, número
único de radicación 250002324000201000609-01(AP); C.P.: Guillermo Vargas
Ayala; sentencia de 18 de abril de 2024, número único de radicación:
630012333000201900237-01 (AP); C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.

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En efecto, de la lectura del fallo impugnado la conclusión a la cual

arriba la Sala no es otra que lo ordenado al MUNICIPIO consiste en

el deber que tiene de gestionar los recursos necesarios para financiar

las obras e intervenciones a que haya lugar, dentro de un término

razonable en función de la apremiante necesidad de hacer cesar el

riesgo y proteger a la población que reside en los sectores en

mención, no así la intromisión injustificada en la autonomía

administrativa y la gestión presupuestal que incumbe

exclusivamente a la entidad territorial.

Además, de manera reiterada, la Sala18 ha considerado que la

limitación presupuestal es un argumento que no tiene asidero jurídico

para excusar la responsabilidad de los llamados a atender la situación

desencadenante de la transgresión y postergar en el tiempo la

solución para superarla.

Ahora bien, en cuanto al presunto desconocimiento de lo considerado

por la Corte Constitucional en sentencia T-185 de 1993, la Sala

destaca que esta providencia no tiene aplicación en el presunto

18
Ver entre otras, sentencia del 15 de diciembre de 2016, radicado 63001 23 33 000 2015 00084 01.
C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés (E), sentencia de 16 de mayo de 2019, radicado 17001-23-33-
000-2017-00452-01(AP). C.P.: Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 28 de enero de 2021,
radicado: expediente 05001-23-33-000-2018-02149-01(AP). C.P.: Oswaldo Giraldo López.

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asunto porque: i) sus efectos son inter partes y, en consecuencia,

solo se extienden a los sujetos procesales que integraron cada uno

de los extremos en la citada acción de tutela, y ii) el contexto fáctico,

objeto y finalidad de esta acción popular difiere ostensiblemente de

aquellos que sirvieron de sustento a la acción de tutela invocada19.

La Sala advierte que las decisiones consignadas en el acápite

resolutivo del fallo apelado no imponen la ejecución inmediata del

presupuesto del MUNICIPIO al margen de la normativa que rige esa

operación, como fue percibido en su escrito de apelación, por el

contrario, el término de tres (3) meses fijado por el Tribunal tiene

por fin que la entidad territorial inicie los trámites de orden

administrativo y presupuestal tendientes a la consecución de los

recursos financieros para las obras a realizar.

Entonces, a juicio de la Sala, el tiempo establecido por Tribunal es

resultado de un ejercicio de ponderación entre la necesidad de agotar

los procedimientos legales previos para la disponibilidad y ejecución

presupuestal y, asimismo, de responder adecuada y oportunamente

19
Mediante el ejercicio de la acción de tutela se pretendía exigir la ejecución
inmediata de una obra incluida en una partida presupuestal. La Corte negó la
tutela, argumentando entre otras razones que dicha inclusión implica autorización,
no obligación automática.

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a la situación causante de la afectación de los derechos, de suerte

que se trata de un plazo razonable y prudencial, más aún cuando el

material probatorio es concluyente acerca del conocimiento de los

hechos constitutivos del riesgo por parte de la entidad territorial

desde el año 2019.

Aunado a lo anterior es pertinente destacar que, en todo caso, el

ordenamiento jurídico, concretamente el artículo 113 de la

Constitución Política, 2 de la Ley 489 de 1998 y 3, numerales 12 y

13, de la citada Ley 1523 facultan al MUNICIPIO para que, en virtud

de los principios de colaboración armónica, coordinación y

concurrencia gestione ante otras instancias de gobierno el

presupuesto requerido para acometer las acciones que

correspondan.

Siendo ello así, los cargos de apelación referentes a la presunta

intromisión del juez de primera instancia en asuntos del resorte de

la administración municipal y la necesidad de ampliar el plazo

otorgado no están llamados a prosperar.

Sin embargo, la Sala precisa que en el evento de que durante la

ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es

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necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal, en el marco del

Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere

necesarias para garantizar su cumplimiento, en atención a lo

ordenado en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998. Lo anterior, incluye

todas las órdenes de esta sentencia.

Del Comité de Verificación

La Sala advierte que en la sentencia apelada, al disponerse la

conformación del Comité de Verificación se indicó que estará

presidido por Tribunal, no obstante, atendiendo a lo dispuesto en el

artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de la Sección20, dicha

función compete al Magistrado Ponente de la decisión impugnada,

por consiguiente se modificará el numeral 3 la parte resolutiva del

fallo impugnado con el fin de aclarar tal aspecto, como en efecto

quedará establecido en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

20
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018
00007 01, Consejero Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019
(expediente núm. 52001-23-33-000-2018-00361-01, Consejero Ponente
Hernando Sánchez Sánchez).

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FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3 de la parte resolutiva de la

sentencia de 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal

Administrativo de Risaralda, el cual quedará así:

“[…] 3. CONFÓRMASE el comité para la verificación del cumplimiento
de la sentencia, el cual está integrado por la Procuraduría 28 Judicial
II Ambiental y Agrario de Pereira, un delegado del municipio de
Dosquebradas, un delegado de la Corporación Autónoma Regional
de Risaralda – CARDER, el Procurador Judicial No. 38 en Asuntos
Administrativos de la ciudad de Pereira y el Magistrado Ponente de
este Tribunal, quien lo presidirá, con la obligación de rendir por parte
de sus miembros el informe conjunto respectivo, de conformidad con
lo considerado en esta sentencia […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al

Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión de 2 de octubre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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