RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › 2024 › Radicado 63001-23-33-000-2019-00237-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2019-00237-01

Fecha
18 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2019-00237-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuestas por el señor Julián Buendía Vásquez, la Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP. y Efigas Gas Natural S.A. ESP. SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, falta de legitimación por activa y la de cosa juzgada formuladas. En igual sentido, declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva propuestas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el Departamento del Quindío y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la siguiente manera: CUARTO: CONCEDER la protección los derechos e intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano; ii) a la seguridad y salubridad públicas; iii) al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y iv) al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; de los habitantes del asentamiento Florida Baja ubicado en Armenia, Quindío, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. CUARTO: MODIFICAR, el ordinal quinto de la sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en primera instancia, por las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 63001-23-33-000-2019-00237-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

18 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01
Actora: Personería Municipal de Armenia
Demandados: Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Departamento
del Quindío, Corporación Autónoma Regional del Quindío, Municipio de Armenia,
Empresas Públicas de Armenia E.S.P.1
Vinculados: Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P., Efigas Gas Natural S.A.
E.S.P. y Julián Buendía Vásquez

Asunto: Resuelve los recursos de apelación interpuestos contra una sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por Empresas
Públicas de Armenia -EPA- E.S.P. y por el Municipio de Armenia contra la sentencia
de 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Personería Municipal de Armenia presentó demanda2 contra la Nación -
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regional del
Quindío, el Departamento del Quindío, el Municipio de Armenia y Empresas

1 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 41_ED_059 CARATULA.pdf(.PDF) NroActua

2.
2 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 1_ED_001DemandaAccionPopular.pdf(.PDF)

NroActua 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Públicas de Armenia E.S.P., en ejercicio del respectivo medio de control, con el
objeto de obtener la protección de los derechos e intereses colectivos: i) a la
seguridad y salubridad públicas; ii) al acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; iii) al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; y iv) al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: ORDÉNESE al MUNICIPIO DE ARMENIA, a las EMPRESAS
PÚBLICAS DE ARMENIA -E.P.A. E.S.P., al DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, y al MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - VICEMINISTERIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO BASICO que de manera conjunta y coordinada, en el ámbito de sus
competencias, se construya un sistema de alcantarillado -o su similar- para el Barrio
La Florida Baja en donde se garantice la prestación de este servicio público esencial
en condiciones de calidad, eficiencia, eficacia, continuidad, salubridad.

SEGUNDO: ORDÉNESE al MUNICIPIO DE ARMENIA, a las EMPRESAS PÚBLICAS
DE ARMENIA -E.P.A E.S.P., al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, la
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO, y el MINISTERIO DE
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - VICEMINISTERIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO BASICO que de manera coordinada y en el ámbito de sus
competencias realicen la obras de infraestructura necesarias a efectos de evitar la
deyección de las aguas […] grises o residuales al aire libre o de forma directa en la
Quebrada La Florida y/o en el Río Quindío.

TERCERO: De no ser posible la realización de las obras de infraestructura necesarias
a efectos de evitar la deyección de las aguas […] grises o residuales al aire libre a de
forma directa en la Quebrada La Florida y/a en el Rio Quindío, ORDÉNESE al
MUNICIPIO DE ARMENIA, a las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA -E.P.A E.S.P
al DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL QUINDIO, y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO -
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO que de manera coordinada
y en el ámbito de sus competencias se construya un Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales - STAR (o su similar) en donde se traten dichas aguas antes de
ser reintegradas en el cauce de la Quebrada La Florida y/o del Rio Quindío […]”3.

Presupuestos fácticos

3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:

3.1. Florida Baja es una colectividad asentada en el Municipio de Armenia hace más
de 15 años, en posesión pacífica e ininterrumpida.

3 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 1_ED_001DemandaAccionPopular.pdf(.PDF)

NroActua 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

3.2. La Personería del Municipio de Armenia recibió un oficio por parte de dicha
comunidad, en el cual se solicitó acompañamiento para socializar una problemática
con el alcantarillado público del grupo social.

3.3. En razón del oficio, la Personería realizó una visita el 10 de mayo de 2018, en
la que se constató la ausencia de alcantarillado y de algún sistema de tratamiento
de aguas residuales. En la misma se vislumbró que algunos habitantes acuden a
pozos sépticos artesanales o letrinas en espacios privados y públicos inapropiados,
o, en otros casos, a los afluentes hídricos cercanos como el Río Quindío o la
Quebrada La Florida.

3.4. En la comunidad habitan personas de especial protección como adultos
mayores, niños y adolescentes, quienes conviven con un olor muy fuerte
proveniente de dichos pozos, que están en sus residencias. Con el tiempo, la
colmatación, como un relleno mediante sedimentación de materiales transportados
por el agua, ha generado que en la mayoría de viviendas se construyan nuevos
pozos sépticos cercanos a las zonas de descanso o de preparación de alimentos.

3.5. La comunidad ha solicitado en múltiples ocasiones a Empresas Públicas de
Armenia -EPA- E.S.P. que se solucione la situación de urgencia; sin embargo,
solamente han recibido respuestas ambiguas. Por ejemplo, en una respuesta se
justificó que al haber ejecutado ya el presupuesto de inversión para el año 2013 se
debía esperar a la vigencia 2014 para planificar el desarrollo de obras de expansión.
Dicha circunstancia nunca ocurrió.

3.6. La Personería remitió Oficio P.A. 300-136 de 28 de mayo de 2018 a Empresas
Públicas de Armenia -EPA- E.S.P. solicitando “[…] [q]ue despliegue los recursos
humanos y técnicos a su disposición para corroborar la situación aquí descrita y
para que se proceda a la evacuación inmediata de todos los pozos sépticos
artesanales que se encuentran en las viviendas de la comunidad de La Florida Baja;
[q]ue proceda a realizar, en el corto plazo, los estudios y acciones tendientes a la
construcción de una red de alcantarillado que garantice los derechos
constitucionales de los habitantes del sector La Florida Baja, en cumplimiento de las
indicaciones de la Corte Constitucional[…]”.

3.7. Dicha solicitud fue resuelta de forma negativa mediante Oficio GRTAR-529 de
31 de mayo de 2018.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

3.8. Debido a la urgencia de evacuación de dichos pozos sépticos se interpuso
acción de tutela a la cual se asignó número único de radicación
630013118001201800034-00, repartida al Juzgado Primero Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Armenia, el cual profirió sentencia
ordenando al Municipio de Armenia y a Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P.
que: i) ejecutaran las obras necesarias para suministrar a la comunidad un sistema
de saneamiento básico que cumpla las normas técnicas y garantice su seguridad
personal, higiene, dignidad e intimidad; y ii) en el término de 48 horas adoptaran
medidas técnicas transitorias o provisionales idóneas y gratuitas encaminadas a la
cesación de las afectaciones que padece la comunidad con el tratamiento que le
vienen dando a las aguas residuales en sus viviendas, realizando la infraestructura
necesaria para el efecto, debiéndose garantizar el adecuado mantenimiento de los
trabajos realizados.

3.9. En segunda instancia el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia
revocó la sentencia de tutela en primera instancia, declarando improcedente el
trámite tutelar al considerar que la acción popular era el medio de defensa judicial
para la protección de los derechos e intereses colectivos de la comunidad.

3.10. Durante el trámite de la acción de tutela se realizaron ciertos requerimientos
de los cuales se obtuvo respuesta del Gerente General de Empresas Públicas de
Armenia -EPA- E.S.P., mediante oficios núm. GG-0517 2018RE4156 y GG-0530
2018RE4278, los cuales dan cuenta de visitas técnicas realizadas al barrio Florida
Baja y en donde se destaca la situación de vertimientos sobre la ladera del terreno
donde se ubica el barrio directamente en la Quebrada Florida Baja, así como la
colmatación de los pozos sépticos artesanales -letrinas- de las demás viviendas.

3.11. Al requerir a la Secretaría de Salud Municipal de Armenia, mediante Oficio
P.A. 300-168 de 11 de marzo de 2019, para que gestionara control a los vectores
de Florida Blanca, la misma respondió con Oficio SS-PSS-SP-0734 de 3 de abril de
2019 señalando que al hacer una visita “[…] se evidenció la existencia de 49
predios, dos en construcción, de los cuales 25 cuentan con sistema de alcantarillado
provisional dispuesto con tubos PVC de 4" cuyo contenido (aguas […] [residuales])
se vierten a cielo abierto aproximadamente a 20 metros de las viviendas […] [l]os
24 predios restantes cuentan con una especie de sistema de recolección de aguas
residuales domésticas rudimentario de “hoyo […] [de recolección]” sin recubrimiento
interno [letrinas], los cuales se encontraban cubiertos en su parte superior [.] […]
[N]inguno de estos sistemas de recolección de aguas residuales se le efectúa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

mantenimiento, una vez se colmatan se disponen hoyos nuevos […]”. Allí mismo,
destacó el registro fotográfico y el plano de ubicación de las viviendas.

3.12. Por remisión del anterior Oficio, las Empresas Públicas de Armenia -EPA-
E.S.P. dieron respuesta indicando la imposibilidad de realizar alguna actuación por
no contar con redes operadas por ellos en el asentamiento; en ese sentido,
señalaron que las viviendas fueron construidas sin dejar corredores centrales o
andenes o vías que permitieran evaluar la instalación de una tubería.

3.13. Mediante Oficio de 12 de marzo de 2019 requirieron a la Corporación
Autónoma Regional del Quindío para que emitiera un concepto técnico donde se
evidenciaran las acciones emprendidas por dicha entidad para solucionar la
situación. En atención a ello, se recibió respuesta con Oficio 00005219 2018RE6929
de 23 de abril de 2019 en el cual se allegó el informe técnico y señaló que el barrio
es un asentamiento no formal conformado por 53 viviendas aproximadamente, el
cual cuenta con servicios públicos de energía y acueducto; sin embargo, no cuentan
con alcantarillado.

3.14. Las disposiciones normativas establecen que la prestación del servicio de
alcantarillado es, principalmente, responsabilidad de los municipios y, de forma
subsidiaria o concurrente, de los departamentos y de la Nación. También, que la
Corporación Autónoma Regional del Quindío es autoridad ambiental y ejerce
funciones en el Departamento conforme a la Ley 99 de 22 de diciembre de 1993 4.

3.15. El 20 de agosto de 2019 se requirió a varias entidades con el siguiente
trámite:

3.15.1. A las Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P. se les requirió mediante
Oficio DP.100-481 y dieron respuesta negativa con Oficio GRTAR-659 de 26 de
agosto de 2019.

3.15.2. Al Municipio de Armenia se le requirió mediante Oficio DP.100-4865 y
guardó silencio frente a las remisiones por competencia del Departamento del
Quindío y del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

4
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.
5 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 79-80.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

3.15.3. Al Departamento del Quindío se le requirió mediante Oficio DP.100-4826 y
la Secretaría de Aguas e Infraestructura dio respuesta: i) con Oficio SAISB 82.98.00
D-26626 de 28 de agosto de 20187 remitiendo por competencia al Municipio de
Armenia y a las Empresas Públicas de Armenia E.S.P; y ii) con Oficio
S.A.I.81.136.07 de 15 de octubre de 2019, frente a la remisión del Viceministerio de
Agua y Saneamiento Básico, señaló que no era posible atender el requerimiento a
través del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua
y Saneamiento Básico (PDA).

3.15.4. La Corporación Autónoma Regional del Quindío fue requerida mediante
Oficio DP.100-4838 y dio respuesta con Oficio 00013689 de 11 de septiembre de
2019 alegando falta de competencia y mencionando las visitas e informes técnicos
realizados los últimos dos años.

3.15.5. El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico fue requerido mediante
Oficio DP.100-485 y dio respuesta con Oficio 2019EE0079118 informando la
remisión al Municipio de Armenia, y la imposibilidad de acceder a lo pretendido
habida cuenta que solo presta apoyo técnico y financiero a través del Programa
Agua para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de
los Servicios de Agua y Saneamiento Básico (PAP-PDA).

Actuaciones en primera instancia

4. El Tribunal Administrativo del Quindío profirió auto de 20 de noviembre de
2019 en el que resolvió: i) admitir la demanda; ii) notificar personalmente a la parte
demandada y al Ministerio Público; e iii) informar a los miembros de la comunidad,
a través de un medio masivo de comunicación.

5. El Tribunal profirió auto de 24 de febrero de 20209 en el que resolvió vincular
a la Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P., Efigas Gas Natural S.A. E.S.P. y
al señor Julián Buendía Vásquez.

6 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 71-72.
7 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 74.
8 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 75-76.
9 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
10_ED_012AutoResuelveVinculacionInforme.pdf(.PDF) NroActua 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Contestaciones de la demanda

6. La Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio10 contestó la
demanda y se opuso a las pretensiones formuladas11, así:

6.1. No tiene competencia en las circunstancias expuestas y citó jurisprudencia
señalando que el juez debe percatarse si la parte demandada es la obligada a
cumplir. A pesar de ello, revisó en el sistema de información “SIGEVAS” y no
encontró proyecto de alcantarillado en el sector La Florida del Municipio de Armenia.

6.2. El Municipio y/o la empresa prestadora de servicios públicos son los
encargados de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos a todos sus
habitantes, así como la reubicación de las personas que se encuentren en alto
riesgo no mitigable.

6.3. La prevención y atención de desastres previsibles es una labor primordial y
de orden público que le corresponde sortear en primera instancia a los entes
municipales y los comités locales, regionales y nacionales de atención y prevención
de desastres.

6.4. En este medio de control la vulneración o amenaza, según el caso, debe ser
real y no hipotética, directa, inminente, concreta y actual, aspectos todos que deben
ser debidamente demostrados por el actor popular, quien tiene la carga de la
prueba. Y para el caso concreto consideró que no se acredita vulneración alguna
de los derechos colectivos invocados como violados, habida cuenta que el actor se
limita a señalar un sin número de supuestas irregularidades de forma abstracta.

7. El Municipio de Armenia12 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos13:

7.1. No le consta que el asentamiento lleva más de quince años porque los
documentos de protocolización anexados informan un tiempo inferior a ese,
igualmente aclaró que existe una acción judicial iniciada por el propietario del predio
ocupado, el señor Julián Buendía Vásquez.

10 Por intermedio de apoderado.
11
Cfr. índice 20 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
165_RECIBEPRUEBAS_CORREO_MEMOAP201(.PDF) NroActua 20.
12 Por intermedio de apoderado.
13 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

7.2. El personal de la Secretaría de Infraestructura realizó inspección técnica y
concluyó que: i) las viviendas del asentamiento no se encuentran conectadas a la
red de alcantarillado de Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P.; y que ii)
existen pozos artesanales construidos por los habitantes del sector, “[…] ocuparon
ilegalmente un espacio privado para la construcción de sus viviendas y por este
motivo, al no ser un barrio legalmente constituido no cumple con las
condiciones necesarias para acceder a los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo […]” (Destacado fuera de texto).

7.3. No es posible atender las pretensiones de la Personería Municipal de
Armenia en razón a que las condiciones del predio no lo permiten, adicional a que
quien construye el pozo séptico tiene la obligación de realizar su respectivo
mantenimiento y limpieza, en vista que la Alcaldía del Municipio de Armenia “[…] no
presta ese servicio en la zona urbana porque para ello existen las redes de
alcantarillado operada por Empresas Públicas de Armenia EPA ESP. Es igualmente
importante agregar que los pozos sépticos no están permitidos en la zona urbana
del municipio de Armenia, ya que cualquier construcción que se realice con el
cumplimiento de los requisitos legales, debe conectarse a las redes de alcantarillado
correspondientes. En este caso las viviendas ilegalmente construidas en predios de
propiedad privada construyeron pozos sépticos que en ese momento son de su
responsabilidad y no del municipio, por tratarse de construcciones ilegales […]”.
Además, señaló que Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P., mediante Oficio
GRTAR 529 de 31 de mayo de 2018, dio respuesta en el mismo sentido a la
Personería Municipal de Armenia por razones como que las viviendas no son
usuarias de Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P., se encuentran
conectadas de manera fraudulenta al servicio de acueducto, el predio donde están
ubicadas no es de su propiedad y la forma que están edificadas no permite construir
redes de “[…] alcantarillado […]”.

7.4. En el informe de la inspección técnica realizada el 5 de diciembre de 2019
por la Secretaría de Infraestructura, la autoridad determinó que es posible realizar
el mantenimiento a los pozos y disponer de los residuos en un lugar que no genere
riesgo a la comunidad; no obstante, dicha Secretaría no es competente de dicha
función y, en razón de ello, no cuenta con los medios para hacerlo. Sugirió como
medida realizar dicho mantenimiento y alquilar baños portátiles para suplir el
servicio a los habitantes; sin embargo, afirmó que “[…] [a]mbas medidas se podrían
realizar en la próxima vigencia […]” y que la construcción de un sistema de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

alcantarillado es “[…] técnicamente improbable porque el predio ocupado es de
carácter privado […]” y se encuentra en una zona inestable.

7.5. Alrededor de las circunstancias manifestadas surge la pregunta de “[…] si
impera el derecho de tales personas que de manera ilegal ocupan predios de
propiedad privada, o el derecho de todos los habitantes de Armenia para que no se
contaminen las fuentes hídricas a instancias de ocupantes ilegales […]”. Más
adelante indicó que “[…] la comunidad del Barrio Florida Baja no podría reclamar la
afectación de los derechos colectivos cuando precisamente son dichos derechos de
todos los habitantes del Municipio de Armenia los que están siendo afectados por
el actuar de tales personas, pues los pozos construidos están vertiendo
directamente al suelo y afectará en algún momento las fuentes hídricas cercadas
de la ciudad, que son para el disfrute de todos los habitantes del Municipio […]”.

7.6. El artículo 4814 de la Ley 1551 de 6 de julio de 201215 faculta a los municipios
para invertir recursos públicos en las áreas públicas que se encuentren ocupadas
por asentamientos humanos; sin embargo, la norma no establece dicha autorización
con relación a predios de propiedad de particulares y su destinación diferente
constituiría una inadecuada aplicación de los recursos.

7.7. En el trámite de la acción de tutela, la Secretaría de Infraestructura realizó
una inspección técnica que plasmó en informe con registro fotográfico SI POI 102
de 16 de enero de 2020, en la cual se observó que las viviendas están construidas
precariamente; sin embargo, algunas lo están en materiales técnicos y no parecen
pertenecer a personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, manifestó que el
acceso de algunas viviendas a los servicios de energía eléctrica, gas natural y
televisión por cable incentiva la construcción de nuevos asentamientos ilegales.

7.8. Se debe analizar si la limpieza de los pozos es posible sin afectar las
viviendas construidas, la estabilidad del terreno, la salud y bienestar de los
habitantes del sector; de ese modo, que cualquier medida a adoptar deberá contar
con apoyo técnico, análisis jurídico y recomendaciones de la empresa del servicio
público domiciliario.

14
“[...] ARTÍCULO 48. […] Los municipios podrán invertir recursos públicos en las áreas públicas que aparecen
en los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por viviendas de interés social, con el fin de
asegurar los derechos fundamentales de las personas que allí viven y garantizará que se presten los servicios
públicos […]”.
15 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

7.9. Además de lo anterior, el Departamento Administrativo de Planeación,
mediante Oficio DP POT 7606 de 30 de octubre de 2019, manifestó que de acuerdo
al “[…] plano de localización de enero de 2020 […]”, el predio “[…] se encuentra en
zona de protección ambiental. Por lo cual no es posible adelantar ningún tipo de
construcción en la zona […]”. Por lo anterior, señaló que dichas áreas no son aptas
para la construcción de viviendas y que construir en esas áreas constituye una
infracción urbanística “[…] no solo por hacerse en suelo de protección sino también
por hacerlo sin la respectiva licencia de construcción […]”.

8. El Departamento del Quindío16 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos17:

8.1. Respecto a las dos peticiones de la Personería Municipal de Armenia dio
respuesta de fondo, una de las cuales fue remitida por la Nación - Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, en las mismas se señaló que de conformidad con el
artículo 5 de la Ley 142 de 11 de julio de 199418, el Municipio es el responsable de
garantizar la prestación del servicio público, no obstante, el Departamento iba a
prestar acompañamiento técnico para consolidar los proyectos de agua potable y/o
saneamiento básico que el Municipio requiriera siempre y cuando se cumpliera con
las condiciones técnicas, ambientales, financieras y sociales para formular un plan
de acción en la comunidad del Barrio La Florida.

8.2. En ese sentido, “[…] la construcción de un sistema de alcantarillado, de un
Sistema de tratamiento de Aguas Residuales (STAR) y la realización de obras de
infraestructura necesarias para evitar la deyección de las aguas […] grises o
residuales al aire libre o de forma directa en la Quebrada La Florida y/o el Rio
Quindío, sobre el sector del Barrio La Florida Baja del Municipio de Armenia Quindío
no es competencia directa de esta entidad territorial […]”.

8.3. El Secretario de Aguas del Plan Departamental de Aguas, mediante Oficio D-
33102 de 21 de octubre de 2019, dio respuesta a la Personería indicando que en
aras de coordinar con entidades territoriales para el fin en comento se suscribió el
Convenio núm. 001 de 15 de agosto de 2017 mediante el cual se vinculó al Municipio
de Armenia dentro del citado Plan con el objeto de promover acciones conjuntas
frente a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

16 Por intermedio de apoderado.
17 Cfr. Índice 20 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
164_RECIBEPRUEBAS_ANEXOAP201900237(.PDF) NroActua 20.
18 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

8.4. El Municipio de Armenia no cuenta con un Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) debidamente aprobado por la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, por lo cual no cumple con los requisitos legales para evaluar
y viabilizar un posible proyecto de obra de saneamiento básico en su jurisdicción. A
lo anterior, el Departamento se puso en disposición de acompañar técnicamente al
Municipio para consolidar los proyectos conforme se requiera.

8.5. Han realizado las acciones requeridas en el marco de las órdenes de la
sentencia de acción popular núm. “[…] 2019-0069 referente a la descontaminación
de las fuentes hídricas del [M]unicipio de Armenia, mismo que tiene incluida la zona
sobre la cual versa esta [a]cción [p]opular […]”.

8.6. Posteriormente, solicitó al Tribunal que delimitara de manera clara y
específica las órdenes que debe cumplir y cuáles son sus responsabilidades.

9. La Corporación Autónoma Regional del Quindío19 contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones formuladas, así20:

9.1. No está llamada a suplir las pretensiones de la demanda debido a que la
competencia en la construcción de un sistema de alcantarillado no corresponde a
dicha Corporación; sin embargo, efectuó las visitas técnicas necesarias y solicitó a
la Alcaldía del Municipio de Armenia el diagnóstico de la situación. Asimismo,
manifestó que las respuestas que ha expedido no han sido evasivas y que, por el
contrario, ha atendido todos los requerimientos y ha rendido los conceptos técnicos
que le han solicitado.

9.2. Se configura la cosa juzgada debido a que el presente proceso coincide en
supuestos fácticos, objeto y pretensiones con la acción popular identificada con
número único de radicación 630012333000201800069-00 en la cual se declararon
vulnerados los derechos colectivos y se impartieron órdenes como: i) realizar un
diagnóstico detallado del problema de vertimientos de aguas residuales sin
tratamiento; ii) planear con presupuesto la atención eficiente a la problemática; iii)
financiar planes, proyectos y obras orientados a la protección de las quebradas que
atraviesan el Municipio de Armenia teniendo como eje central la ejecución de un
sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales; iv) desarrollar un Plan de
Ordenamiento Territorial del Municipio de Armenia; y v) promover el uso eficiente

19 Por intermedio de apoderado.
20 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
115_ED_0201CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

del recurso hídrico como elemento integrante y preponderante para conservación y
protección de los procesos, entre otras medidas. En ese sentido, la entidad
manifestó que ha cumplido a cabalidad las órdenes impartidas en la sentencia
dentro de las competencias que le incumben frente al saneamiento,
descontaminación de cuerpos de agua y el manejo de vertimiento de aguas
residuales.

9.3. Como excepciones las denominadas: i) “falta de legitimación por pasiva”; ii)
“cosa juzgada, agotamiento de la jurisdicción y hecho superado”; y iii) “cumplimiento
de los deberes y obligaciones de la Corporación Autónoma Regional del Quindío”.

10. Empresas Públicas de Armenia -EPA- ESP.21 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas, así22:

10.1. Existe un proceso reivindicatorio iniciado por el señor Julián Buendía
Vásquez, propietario del predio ocupado, y las letrinas construidas dentro de las
viviendas del asentamiento representan un peligro inminente, por lo que considera
que esas personas deben ser desalojadas.

10.2. Respecto a la jurisprudencia citada de la Corte Constitucional, si bien es
cierto que las empresas prestadoras de servicios públicos tienen la responsabilidad
de adoptar medidas que aseguren el acceso a dichos servicios, “[…] también es
cierto que estas medidas que adopte la empresa prestadora de servicio público […]
no pueden poner en riesgo a la comunidad, ni mucho menos puede la empresa
llevar a cabo obras en un predio que pertenece a un particular quien no ha
autorizado la realización de las mismas […]”. Asimismo, es necesario cumplir con
requisitos legales como la demostración de la propiedad del terreno para que los
sistemas sépticos se puedan legalizar ante la Corporación Autónoma Regional del
Quindío y obtener el permiso de vertimientos.

10.3. Las Empresas Públicas de Armenia han resuelto las solicitudes de la parte
actora en el sentido de manifestar que no es posible construir alcantarillado en ese
sector o limpiar las letrinas de la parte interior de las viviendas debido a la
conformación urbanística de las mismas. El 95% de las viviendas son en madera y
guadua sin planeamiento estructural que garantice su estabilidad ni cumplimiento
del reglamento de construcción sismorresistente NSR-10, circunstancias que no

21 Por intermedio de apoderado.
22 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
123_ED_0191CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

permiten la creación de vías o andenes que permitan un corredor para la red de
alcantarillado. Además, el barrio se encuentra dentro del perímetro urbano y,
conforme a la instrucción de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, no se
pueden construir pozos sépticos en el perímetro urbano teniendo en cuenta que
ninguno de los habitantes puede acreditar la legalidad del terreno, ya que es
propiedad de un particular.

10.4. Se constató que no hay una “[…] definición hidrosanitaria regular […]”, las
descargas en las viviendas están direccionadas hacia la parte interna de las casas
buscando las letrinas que vierten sus aguas a la ladera, “[…] la única forma de
limpiar estos pozos artesanales sería con el vehículo a presión-succión el cual tiene
una presión de succión de 2.500 PSI con lo cual se causarían daños a las viviendas
[…] teniendo en cuenta que las letrinas se encuentran en la parte interior de las
mismas […] si Empresas públicas de Armenia no ha prestado el servicio público de
alcantarillado, en el sector de Florida Baja no es por falta de voluntad o por
negligencia de la entidad, esto obedece única y exclusivamente a la conformación
urbanística de las viviendas […]”.

10.5. El lote no cumple con los requisitos para construir un Sistema de Tratamiento
de Aguas Residuales - STAR, los cuales son: i) un punto de vertimiento nuevo o con
tratamiento en sitio. Al respecto, los puntos ya están definidos y autorizados en el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), no es posible crear uno
nuevo; ii) una red de alcantarillado que lleve las aguas residuales hacia el STAR,
circunstancia que no sería posible debido a la diferencia de altura entre las viviendas
porque para excavar lo necesario para dicha red se alcanzarían los 5 metros de
profundidad que, para el ancho del corredor vial del predio correspondiente a 1.3
metros, pondría en riesgo la estabilidad de las viviendas y de la ladera; y iii) todas
las instalaciones dentro de los domicilios deben conectarse a la red, circunstancia
que no es posible porque las instalaciones no están direccionadas hacia el exterior
sino hacia el interior.

10.6. No es posible construir pozos sépticos teniendo en cuenta que los sistemas
sépticos más utilizados en la región para cualquiera de los modelos tipo con
capacidad entre 8 y 16 personas necesitan un área aproximada de terreno de 50m2
para cumplir con la implantación de todo el sistema de tratamiento desde la
captación de las aguas hasta la descontaminación y vertimiento nuevamente al
suelo para permear. Adicionalmente, cada sistema debe cumplir con parámetros de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

diseño dependiendo el terreno, por lo cual debe hacerse un estudio individual por
predio a intervenir.

10.7. Todas las viviendas que se encuentran en este sector de la ciudad están
conectadas ilegalmente al servicio de acueducto a través de un tubo de una pulgada
que pertenece a la acometida de agua potable de la Hacienda Costa Azul, la cual sí
cuenta con legalización ante las Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P., por
lo anterior no es posible facturar el servicio y hay una defraudación al fluido.

11. La Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP.23 contestó la demanda y se
opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos24:

11.1. El Municipio de Armenia no ha desempeñado su función de control urbano
en el sentido de sancionar aquellas intervenciones y desarrollos urbanos que se
ejecuten contraviniendo el ordenamiento jurídico, razón verdadera por la cual
surgen nuevos asentamientos ilegales, a diferencia de lo pronunciado por el
Municipio cuando afirmó que al prestar el servicio de energía en el predio se
incentiva la construcción de esa índole en la zona.

11.2. La Empresa de Energía del Quindío SA. ESP: i) no tiene competencia
funcional para atender las pretensiones planteadas, por cuanto su objeto social es
la prestación del servicio público de energía eléctrica y no la prestación del servicio
de alcantarillado; ii) tampoco es la encargada de ejercer el control y vigilancia de los
vertimientos que realizan los habitantes del asentamiento Florida Baja, competencia
del Municipio de Armenia y de la Corporación Autónoma Regional del Quindío; y iii)
no es quien está vertiendo aguas grises o residuales al aire libre o de forma directa
en la Quebrada La Florida y/o en el Río Quindío.

11.3. Existe otra acción popular con el mismo objeto, causa y partes número único
de radicación “[…] 2018-00069 […]”.

11.4. Las Empresas de Energía del Quindío han actuado conforme con la
información que el Municipio de Armenia le suministra y, en ese orden, ha optado
por solicitarle que le informe periódicamente cuáles son las zonas de alto riesgo y
los lugares donde no puede prestar el servicio de energía. En ese sentido, recibió

23 Por intermedio de apoderado.
24 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
91_ED_0231CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

respuesta en el año 2017, en la que no se registró dentro de los asentamientos en
zona de riesgo el de “Florida Baja” y, posteriormente, en el año 2019 el informe sí
incluyó el asentamiento “Florida” sin especificar si es Florida Baja, Media, Alta. Es
así que se evidencia la falta del Municipio al no precisar a la Empresa de Energía
del Quindío S.A. que en el asentamiento “Florida Baja” no se debe suministrar el
servicio de energía, por lo cual en algunos predios existen conexiones legales y, en
otros, ilegales, del servicio de energía.

11.5. Debía vincularse a los habitantes del asentamiento “Florida Baja” debido a
que son quienes están realizando los vertimientos de aguas residuales al aire libre
o de forma directa en las fuentes hídricas naturales y, en consecuencia, afectando
el derecho colectivo al ambiente sano.

11.6. Por último, presentó como excepciones, las denominadas: i) falta de
legitimación material en la causa por pasiva; ii) cosa juzgada; y iii) genérica u
oficiosa.

12. Efigas Gas Natural S.A. ESP.25 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos26:

12.1. Teniendo en cuenta su objeto social de distribución de gas combustible por
red domiciliaria en los Departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, no es
competente para realizar las obras relacionadas con las pretensiones de la
demanda.

12.2. Efigas S.A. realizó las obras de construcción de la red de distribución en el
barrio Florida Baja en 2011 y al momento del escrito 46 predios son usuarios de
gas.

12.3. El derecho de acceso a los servicios públicos domiciliarios no podrá ser
limitado por personas, hechos o situaciones diferentes a las previstas en la ley y la
regulación, relacionado con que se prestará siempre y cuando el potencial usuario
y el inmueble se encuentren en las condiciones previstas por la empresa.

12.4. Asimismo, “[…] no hay elementos de juicio ni pruebas que denoten hechos,
acciones u omisiones que constituyan causa de amenaza o vulneración de derechos

25 Por intermedio de apoderado.
26 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
132_ED_0221CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

de intereses colectivos cuya protección deba reclamarse de parte de Efigas S.A.
E.S.P. […]”.

12.5. Como excepciones propuso las denominadas: i) falta de legitimación material
en la causa por pasiva; ii) inexistencia de la obligación a cargo de Efigas S.A. ESP.;
iii) inexistencia de la afectación de los derechos colectivos mencionados; y iv)
excepción genérica.

13. El señor Julián Buendía Vásquez27 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos28:

14. No es cierto que la invasión lleve más de 15 años, es el propietario de los
lotes que están ocupados ilegalmente y en la actualidad hay un proceso
reivindicatorio en curso en el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Armenia
identificado con número único de radicación “[…] 201801029 […]”.

14.1. Los habitantes pretenden lograr la titularidad de los predios de manera
irregular por medios clandestinos o, en muchos casos, la violencia. Allí señaló que
“[…] [n]o se puede alegar la función social o las restricciones constitucionales al
derecho de propiedad como justificación para quebrantarlo de hecho, o mediante la
violencia o el uso de la fuerza física, como ocurre con la invasión de tierras o
inmuebles, cuya ilicitud, en los términos definidos por la disposición acusada, debe
conducir a la imposición de sanciones proporcionales a la agresión. […] El suscrito
no ha afectado ni vulnerado derecho alguno a los actores, en cuanto a que ellos
mismos lo privaron del derecho a la propiedad privada y no es ni justificable ni
razonable siquiera pensar que a más de perder el predio de su propiedad, se le
vincule a la presente acción como eventual responsable […]”.

14.2. Las autoridades responsables del servicio público de alcantarillado deben
tener en cuenta que i) quien hace la solicitud debe ser titular del derecho real de
dominio y ii) la zona donde están ubicados está considerada como de alto riesgo.

14.3. Por último, presentó como excepciones las denominadas: i) culpa exclusiva
de la víctima; ii) principio Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans; iii) falta de
legitimación en la causa por activa para accionar; y iv) falta de legitimación en la
causa por pasiva.

27 Por intermedio de apoderado.
28 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
118_ED_0211CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Otras actuaciones

15. El Tribunal Administrativo del Quindío celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento el 16 de octubre de 202029, sin que existiera propuesta de acuerdo,
por lo cual declaró fallida la posibilidad de pacto de cumplimiento.

Sentencia proferida, en primera instancia

16. El Tribunal Administrativo del Quindío30, mediante sentencia de 4 de febrero
de 2021, resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuestas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -
Viceministerio de Aguas y Saneamiento, el Departamento del Quindío y la
Corporación Autónoma Regional del Quindío, así como del señor Julián Buendía
Vásquez, la EDEQ S.A E.S.P., EFIGAS S.A E.S.P.

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de culpa exclusiva de la
víctima, falta de legitimación por activa y la de cosa juzgada formuladas.

TERCERO: Sin lugar a decretar de oficio excepción alguna.

CUARTO: CONCEDER la protección al derecho colectivo al goce de un ambiente
sano y a la seguridad y salubridad públicas de los habitantes del asentamiento Florida
Baja de Armenia Quindío.

QUINTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE ARMENIA a través de su Alcalde o quien
haga sus veces, que dentro de los tres (03) meses siguientes inicie y culmine la
elaboración de un estudio en el cual consigne las acciones de identificación,
caracterización, determinación de opciones de intervención y su aplicación y
ejecución, para adelantar los procesos de expropiación administrativa y/o compra
forzada del predio con la consecuente compra de mejoras de los poseedores o su
reubicación en una vivienda digna y de características en valor similares al valor de
las mejoras realizadas por los diferentes moradores, impidiendo desde ya la
realización de otras construcciones en el lugar, según lo expuesto.

SEXTO: ORDENAR al MUNICIPIO DE ARMENIA, a través de su Alcalde o quien
haga sus veces, que realice un monitoreo constante de las construcciones en dicho
lugar, para de esta forma impedir el asentamiento de nuevas viviendas, y evitar así
se acreciente el problema generado por la probada falta sistemática de control
urbano.

SÉPTIMO: ORDENAR al MUNICIPIO DE ARMENIA a través de su Alcalde o quien
haga sus veces, así como a las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.P.A E.S.P
a través de su Director o quien haga sus veces, que como directas responsables del
servicio de alcantarillado en el Municipio, visiten periódicamente la zona y según sus
conclusiones, procedan a efectuar la limpieza y descolmatación presente en los pozos
sépticos y estructuras similares existentes en el lugar, hasta tanto se dirima la
controversia sobre la titularidad del predio, ello como medida para hacer cesar la
amenaza a los derechos colectivos que se amparan.

29 Cfr. índice 20 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
174_RECIBEPRUEBAS_ONEDRIVE_2_2462021(.ZIP) NroActua 20.
30 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
32_ED_050Sentencia1ªInstanciaTAQ.pdf(.PDF) NroActua 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación el cual estará
integrado por el Magistrado Ponente, el Procurador delegado ante este Tribunal, los
delegados de la Personería Municipal de Armenia, la Alcaldía Municipal de Armenia
y las Empresas Públicas de Armenia, quienes velarán por el cumplimiento de lo
ordenado en esta Sentencia y en los términos aquí dispuestos.

DÉCIMO: Sin lugar a condena en costas en el asunto, según lo expuesto […]”.

Consideraciones del Tribunal

17. El Tribunal planteó los siguientes problemas jurídicos:

“[…] Primero: ¿Se encuentran vulnerando el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio Viceministerio de Aguas y Saneamiento, la Corporación Autónoma
Regional del Quindío C.R.Q., el Departamento del Quindío, el Municipio de Armenia,
las Empresas Públicas de Armenia, la EDEQ S.A E.S.P., EFIGAS S.A E.S.P. y el
señor Julián Buendía Vásquez, los derechos colectivos a la seguridad y salubridad
pública de los habitantes del Barrio Florida Baja, así como al derecho al goce de un
ambiente sano de los habitantes del Municipio de Armenia?

Segundo: ¿Si se ordena el amparo a los derechos colectivos al medio ambiente
sano y a la salubridad y seguridad públicas, habrá lugar a ordenar se efectúe la
limpieza y descolmatación de los pozos sépticos y demás estructuras existentes en
el lugar, como medida transitoria para garantizar los derechos colectivos invocados
como quebrantados?

Tercero: ¿Habrá lugar a desplegar órdenes con miras a disponer que el Municipio
de Armenia como entidad competente para el efecto, adelante las actuaciones
administrativas a lugar para lograr la recuperación del predio, e impida que se
continúe presentando ocupación y construcciones en la zona? […]”31.

18. El Tribunal consideró que, la excepción de falta de legitimación en la causa
por activa no está llamada a prosperar toda vez que el numeral 4 del artículo 1232
de la Ley 472 de 5 de agosto de 199833, en consonancia con el numeral 18 del
Artículo 17834 de la Ley 136 de 2 de junio de 199435, faculta al personero para
interponer acciones judiciales en nombre de la comunidad, teniendo en cuenta que
en los anexos aportados con la demanda se evidencian oficios en los cuales unas
personas, que se identifican como propietarios de viviendas del Barrio Florida Baja

31 Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado:
32_ED_050Sentencia1ªInstanciaTAQ.pdf(.PDF) NroActua 2.
32 “ARTÍCULO 12. TITULARES DE LAS ACCIONES. Podrán ejercitar las acciones populares: […] 4. El

Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y municipales, en lo
relacionado con su competencia […]”. (Resaltado fuera del texto original)
33 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
34 “ARTÍCULO 178. FUNCIONES. El Personero ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del

Procurador General de la Nación, las funciones del Ministerio Público, además de las que determine la
Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes: […] 18. Defender los intereses colectivos en especial el
ambiente, interponiendo e interviniendo en las acciones judiciales, populares, de cumplimiento y
gubernativas que sean procedentes ante las autoridades […]”. (Resaltado fuera del texto original)
35 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

con su firma hacen expresa solicitud a las Empresas Públicas de Armenia sobre la
posibilidad de estudiar e instalar el servicio de acueducto y alcantarillado en dicho
lugar. En ese sentido, manifiesta que no es necesario llamar a todos y cada uno de
quienes allí habitan debido a que están siendo representados por esa agencia del
Ministerio Público.

19. El Tribunal aludió a las manifestaciones de las entidades demandadas y de
los vinculados en el sentido de estimar ausencia de quebranto a los derechos e
intereses colectivos y, en sentido contrario, concluyó que, conforme a la valoración
de las fotografías, documentos oficiales y demás pruebas allegadas, sí existe
vulneración al derecho colectivo al medio ambiente sano y saneamiento básico
debido a que son evidentes los manejos indebidos de vertimientos humanos.

20. El Tribunal precisó que el cuestionamiento de la legalidad de la ocupación
del predio genera dificultad para proceder con suficiente certeza por parte de
quienes deben garantizar la debida prestación de los servicios públicos, de manera
puntual en lo que a la construcción del sistema de alcantarillado concierne, lo cual
no implica que “[…] tales entidades deban ser omisas en la evidente amenaza que
significa convivir, para cualquier ser humano, en difíciles condiciones de salubridad
por pozos sépticos artesanales rebosados […]”.

21. Sin embargo, en ese sentido precisó que no se puede, frente a la petición del
demandante de construir un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales -STAR-
o un similar para tratar las aguas antes de ser reintegradas en los cuerpos de agua
natural, en caso de no ser posible realizar la infraestructura de alcantarillado,
construir dicho sistema por la ilegalidad del asentamiento en la zona.

22. Asimismo, adujo que debió haberse evitado desde un principio, por parte del
Municipio de Armenia, el asentamiento de Florida Baja; sin embargo, al ya existir,
es necesario ejecutar acciones de identificación, caracterización, determinación de
opciones de intervención y su aplicación, a fin de que cesen los posibles
vertimientos y, si fuere el caso, para proceder a la reubicación. En ese sentido,
consideró que es necesario un estudio individual de cada vivienda para determinar
específicamente cuáles son las medidas temporales para solventar de forma
inmediata la vulneración de los derechos hasta tanto se defina de fondo la
reivindicación.

23. El Tribunal señaló que “[…] para evitar la deyección de las aguas […] grises
o residuales al aire libre o que de forma directa puedan confluir a la Quebrada La

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Florida y/o al Rio Quindío, […] se dispondrá que, al ser una constante el deteriorado
estado en que están los pozos sépticos artesanales existentes y demás estructuras
construidas para tales fines por los habitantes en el asentamiento Florida Baja; que
las autoridades encargadas de la prestación del servicio público relacionado con tal
disposición de residuos, esto es, de manera puntual, el Municipio de Armenia y las
Empresas Públicas de Armenia E.P.A E.S.P, periódicamente según las visitas que
realicen, procedan a efectuar la limpieza y descolmatación presente en tales pozos
sépticos y similares allí ubicados, hasta tanto se dirima la controversia sobre la
titularidad del predio […]”.

24. Sobre la excepción propuesta de cosa juzgada, el Tribunal reiteró que, para
la configuración de esa institución procesal, deben concurrir tres requisitos:
identidad de objeto, identidad de causa e identidad de partes; sin embargo, puede
plantearse un nuevo proceso frente a una causa que ya se ha decidido únicamente
cuando se trate de una sentencia desestimatoria y posterior a ella surjan nuevos
elementos de prueba con suficiente relevancia para modificarla en aras de proteger
los intereses colectivos.

25. Así las cosas, advirtió que, a pesar de estudiar derechos e intereses
colectivos similares en ambas acciones populares y contar con identidad de algunas
de las partes36, en la sentencia de 31 de enero de 2019 proferida dentro del proceso
identificado con número único de radicación 630012333000201800069-00 se
ordenó “[…] al Municipio de Armenia, a las Empresas Públicas de Armenia E.S.P y
a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que realizaran coordinadamente
un diagnóstico detallado del problema de vertimientos en aguas residuales sin
tratamiento en las quebradas del Municipio de Armenia, que comprenda
además el incremento reciente de desarrollos urbanos en el Municipio de Armenia
con conclusiones y acciones a ejecutar a corto, mediano y largo plazo, ordenándoles
así mismo atender como una prioridad de planeación y ejecución presupuestal la
atención eficiente de tal problemática […]” (Destacado fuera de texto).

25.1. Sin embargo, consideró que la distinción acaece en el presente caso en
cuanto “[…] existe una contaminación de suelos derivada de una disposición
inadecuada de los residuos humanos, razón por la cual el elemento identidad de
objeto no estaría configurada frente a la Acción Popular concerniente a la
descontaminación de las Quebradas, ello adicional al eje central que converge

36
Por comparecer en ambos procesos, como demandante una entidad que corresponde al Ministerio Público
y como demandadas algunas autoridades aquí vinculadas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

en la discusión, concerniente a la ilegalidad en que se encuentra incurso el
asentamiento humano, según se desprende de las unísonas conclusiones de las
documentales allegadas […]” (Destacado fuera de texto).

26. En la misma decisión el Tribunal señaló que en el Municipio de Armenia
existe una problemática grave relacionada con “[…] el saneamiento y
descontaminación de ríos y quebradas, así como en el manejo de vertimientos
(aguas residuales domésticas), pues pese a la expansión constructora coexiste
una insuficiencia de infraestructura de servicio de alcantarillado para atender
la demanda requerida. Sostiene que ello se debe a la falta de planificación técnica
y financiera y a la inexistencia de un plan de saneamiento y manejo de vertimientos
vigente acorde al plan de ordenamiento territorial […]” (Destacado fuera de texto).
Por lo cual, se decidió amparar los derechos colectivos incoados como vulnerados
y se ordenó “[…] al Municipio de Armenia, a las Empresas Públicas de Armenia
E.S.P y a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que realizaran
coordinadamente un diagnóstico detallado del problema de vertimientos en aguas
residuales sin tratamiento en las quebradas del Municipio de Armenia, que
comprenda además el incremento reciente de desarrollos urbanos en el Municipio
de Armenia con conclusiones y acciones a ejecutar a corto, mediano y largo plazo,
ordenándoles así mismo atender como una prioridad de planeación y ejecución
presupuestal la atención eficiente de tal problemática […]”.

27. En ese sentido indicó:

“[…] aunque si bien en ambas acciones se cuestionan similares derechos colectivos
a los endilgados como quebrantados, y toda vez que podría vislumbrarse la existencia
del elemento identidad de partes […] existe una contaminación de suelos derivada
de una disposición inadecuada de los residuos humanos, razón por la cual el
elemento identidad de objeto no estaría configurada frente a la Acción Popular
concerniente a la descontaminación de las Quebradas, ello adicional al eje central
que converge en la discusión, concerniente a la ilegalidad en que se encuentra
incurso el asentamiento humano, según se desprende de las unísonas conclusiones
de las documentales allegadas […]” (Destacado fuera de texto).

28. Concluyó que:

“[…] en cuanto quedó debidamente establecido que en lo atinente a la protección de
los derechos colectivos que se ampararán y las acciones a ejecutar con miras a iniciar
los procedimientos administrativos para lograr […] las atinentes a la compra de las
mejoras o lograr la reubicación de los moradores en una vivienda digna y de
características en valor similares al valor de las mejoras realizadas por los diferentes
habitantes, así como para descolmatar los pozos sépticos artesanales y demás
estructuras para tal fin que existen en el asentamiento, ello mientras se define el
proceso reivindicatorio, acciones que como se indicó corresponde es a los Municipios,
en este caso el de Armenia, y a las Empresas Públicas de Armenia como prestadora

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

del servicio de alcantarillado, estimándose probada por ende la de inexistencia de la
obligación propuesta por EFIGAS S.A E.S.P, sin que se evidencie excepción alguna
que decretar, absolviendo así las rotuladas genéricas que fueron propuestas. […]”.

Recursos de apelación

29. El Municipio de Armenia37 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria con
fundamento en los siguientes argumentos:

29.1. Las órdenes difieren a lo solicitado por el actor popular, sobre todo en lo
relacionado con la expropiación o enajenación forzosa del predio y la reubicación
del asentamiento. Señaló que no son claras en cuanto a los tiempos debido a que
se dio la orden de compra forzosa cuando se encuentra en curso un proceso
reivindicatorio, circunstancias que no pueden ser concurrentes por la contradicción
que entre ellas existe; es decir, no es posible tomar medidas sobre predios que no
son propiedad del Municipio de Armenia y que actualmente se encuentran en
disputa jurídica debido a que, para el caso en que se compre el bien al señor
Buendía y, posteriormente, en el proceso civil se concluya que los habitantes de
Florida Baja son beneficiarios del derecho, el pecunio del Municipio se vería
afectado.

29.2. Asimismo, es necesario esperar el resultado del proceso reivindicatorio
debido a que “[…] los actuales ocupantes del predio al ser desalojados o reubicados
o forzados a vender sus mejoras, se les estaría afectando la posibilidad de adquirir
dichos predios a través de la prescripción, siendo así que sus derechos se verían
igualmente vulnerados […] lo que explicaría porque en ningún aparte de la
demanda, dichas personas solicitan la reubicación como solución al problema actual
que presentan […]”.

29.3. El asentamiento de Florida Baja está comprendido por 104 habitantes que
pertenecen a 31 núcleos familiares, de las cuales un gran porcentaje viven en
estructuras que no soportarían el procedimiento de saneamiento de los pozos.
Señaló que esa información ya se había manifestado, por parte de Empresas
Públicas de Armenia - EPA ESP. y del Municipio, con argumentos técnicos
aceptados por el Tribunal en la parte considerativa pero no reflejada en la parte
resolutiva.

37 Cfr. índice 14 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
55_ED_05211RECURSOAPELAC(.PDF) NroActua 14.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

29.4. El Tribunal declaró probada la excepción de falta de legitimación por pasiva
en relación con “[…] el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Viceministerio
de Aguas y Saneamiento, el Departamento del Quindío y la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, así como del señor Julián Buendía Vásquez, la EDEQ S.A
E.S.P., EFIGAS S.A E.S.P […]”, pese a que consideró, por un lado, que la Empresa
de Energía del Quindío S.A. -EDEQ- E.S.P. y a Efigas Gas Natural S.A. ESP. “[…]
prestan los servicios públicos domiciliarios de energía y gas natural, sin tener en
cuenta que dicha conducta de manera sistemática acrecienta(sic) el riesgo de
nuevas invasiones, ya que genera un incentivo para continuar con estas
ocupaciones ilegales […]”.

29.5. Por el otro, ordenó expropiar administrativamente o comprar forzadamente el
predio de propiedad del señor Julián Buendía Vásquez;

29.6. Y, por último, pese a que en la parte resolutiva le atribuyó responsabilidad a
la Corporación Autónoma Regional del Quindío y al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio en torno a la importancia de la gestión de estas entidades, aludiendo
que es necesaria su participación activa para la recuperación de las zonas de
protección ambiental, sobre todo de la Quebrada La Florida, y para la provisión o
apoyo al Municipio en la consecución de soluciones de vivienda relacionadas con la
orden de reubicar la comunidad con características similares a las actuales.

29.7. Respecto a la orden de evitar nuevas invasiones en el sector, el Municipio no
puede “[…] tener un funcionario monitoreando la zona durante todo el día, todos los
días y las invasiones ocurren generalmente en la noche y los fines de semana […]”.
Y adicionó que, los riesgos que alegan los habitantes del sector “[…] han sido
causados por ellos mismos, puesto que por su[s] acciones han sido los que
originaron los malos olores, los vectores, la contaminación de los afluentes hídricos
y la falta de limpieza de los pozos construidos de manera artesanal […]”.

30. Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P.38 interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó que
se revoque el numeral séptimo, “[…] toda vez que es la misma comunidad la que
está generando el problema presentado en dicho sector […]”. Asimismo, sustentó
el recurso con base en los siguientes argumentos:

38 Cfr. índice 14 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
57_ED_05221RECURSOAPELAC(.PDF) NroActua 14.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

30.1. En el asentamiento Florida Baja no existen las condiciones ni las vías
adecuadas para que los equipos de Empresas Públicas de Armenia puedan ingresar
a sanear las letrinas, en razón que: i) la única forma de limpiar los pozos es un
vehículo a presión-succión que tiene 2.5 metros de ancho, en las vías de 1.3 metros
entre los predios sería imposible el paso; y ii) la presión en la realización de dicha
actividad es de 2.500 PSI y causaría daños a las estructuras de las viviendas,
teniendo en cuenta que las letrinas se encuentran dentro.

30.2. Las viviendas que se encuentran allí están conectadas ilegalmente al
servicio de acueducto; por lo tanto, no son usuarios de Empresas Públicas de
Armenia. Insistió en que ninguno de los poseedores o habitantes puede acreditar la
legalidad del terreno. En razón de ello, citó la sentencia T-266 de 11 de julio de 2018
proferida por la Corte Constitucional, frente a la ocupación ilegal de los predios, en
la cual se advirtió que la ilicitud no puede ser fuente de derechos ni de obligaciones,
además que el interesado no solo pierde legitimidad en su reclamo sino que “[…]
una medida de protección definitiva en materia de servicios públicos en estos casos,
no solo generaría una suerte de confianza legítima judicial para quienes ocupan
ilegalmente un predio en detrimento del erario público o de particulares, sino que
además podría generar mayores afectaciones a nivel social y ambiental,
comprometiendo derechos de los mismos pobladores […]”.

Actuaciones en segunda instancia

31. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo del Quindío profirió
auto de 18 de febrero de 202139 mediante el cual se concedieron, en efecto
suspensivo, los recursos de apelación presentados por el Municipio de Armenia y
de Empresas Públicas de Armenia -EPA- ESP. contra la sentencia proferida, en
primera instancia.

32. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 14 de mayo
de 202140, a través del cual ajustó al efecto devolutivo los recursos de apelación
interpuestos por el Municipio de Armenia y las Empresas Públicas de Armenia -
EPA- ESP. contra la sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío.

39 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
36_ED_055AutoConcedeApelacionEstado.pdf(.PDF) NroActua 2.
40 Índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado
45AUTOQUEORDENA_AJUSTAEFECTO(.PDF) NroActua 4.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

33. El Despacho sustanciador profirió auto de 17 de junio de 202141 mediante el
cual admitió los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Armenia y
las Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P. contra la sentencia de 4 de febrero
de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

34. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y jurisprudencial del derecho ambiental
como garantía del goce de un ambiente sano; v) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho al goce de un ambiente sano; vi) el marco normativo y
jurisprudencial sobre el derecho e interés colectivo a la seguridad y la salubridad
públicas; vii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; viii) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés
colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna; ix) el marco normativo internacional en materia del derecho al agua
potable y saneamiento básico; x) el marco constitucional y legal en materia del
derecho al agua y el saneamiento básico; xi) el marco normativo sobre las
competencias de las autoridades en materia de saneamiento básico y prestación
del servicio público domiciliario de alcantarillado; xii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial de las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales
en materia de colaboración a los Municipios; xiii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial de las facultades del juez popular; y xiv) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

35. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201942, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15043 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta

41 Índice 10 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
52_AUTOADMITIENDORECURSO_ADMITEAPE(.PDF) NroActua 10.
42
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
43 Modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...]

Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción [...]”. Aplicable en virtud del artículo 86 de la Ley 2080.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.

36. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

37. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos por el Municipio de Armenia y Empresas Públicas de
Armenia E.S.P. en los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de 4
de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, de
conformidad con los artículos 32044 y 32845 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201246,
norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la
Ley 472.

Problemas jurídicos

38. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar:

38.1. Si, en el caso sub examine la amenaza o vulneración de los derechos e
intereses colectivos: i) al goce de un ambiente sano; ii) a la seguridad y salubridad
públicas; iii) al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública; y iv) al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, por cuenta de la ausencia de la infraestructura adecuada para la
prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado en el barrio Florida Baja
le es atribuible a las autoridades demandadas.

38.2. Si son procedentes o no las órdenes impartidas por el Tribunal en cuanto a
las medidas de enajenación forzosa, expropiación administrativa o reubicación de
los habitantes, en razón del proceso reivindicatorio en curso.

44 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
45
“[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
46 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

38.3. Si la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el Departamento del
Quindío y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio son o no competentes en
torno a la adopción de medidas para apoyar a la entidad territorial en la gestión de
la problemática planteada en este caso concreto.

39. Y, en consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o
revocar la sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo
del Quindío, en primera instancia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

40. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

41. Y, que en desarrollo de esta norma constitucional, el legislador expidió la Ley
472 que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

42. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.

43. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.

44. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”47.

45. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.

46. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho ambiental como
garantía del goce de un ambiente sano

47. En el orden internacional48 existen una serie de instrumentos normativos que
hacen parte del derecho ambiental, que tienen por objeto proteger el ambiente y los

47
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
48 Sobre este aspecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Sentencia de 19 de julio de 2018, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número.
270012331000201100179-02(AP).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

recursos naturales, del cual se destaca la Declaración de Rio de Janeiro, adoptada
el 14 de junio de 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo y como se establece en su preámbulo, tiene como
objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación
de nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades y las personas y procurando alcanzar acuerdos internacionales en los
que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema
ambiental y de desarrollo mundial.

48. Estos principios se aplican en el ordenamiento jurídico colombiano, la
Constitución Política de 1991 es una Constitución Ecológica comoquiera que más
de treinta disposiciones Constitucionales desarrollan la materia, entre los cuales se
destacan los artículos 8, 58, 79, 80 y 95 que prevén: i) la obligación del Estado y de
las personas de proteger las riquezas naturales de la Nación; ii) la función ecológica
de la propiedad; iii) el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado
de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservando las áreas de
especial importancia ecológica y fomentando la educación para el logro de estos
fines; y iv) el deber del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. Así como de prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados.

49. Estos preceptos previamente referidos concentran los atributos principales
en relación con el medio ambiente que se manifiestan en otros artículos
constitucionales, de ahí que el análisis de este bien jurídico superior se efectúe
desde tres perspectivas i) como un derecho de las personas, ii) un servicio público
y iii) un principio que permea el ordenamiento jurídico en su integridad, dado que
asigna facultades e impone compromisos a las autoridades así como a los
particulares, en aras de su protección adquiriendo, de esa forma, un carácter de
objetivo social.

50. El marco legal en materia ambiental encuentra sus inmediatos orígenes en
la Ley 23 de 19 de diciembre de 197349 y en el Decreto 2811 de 18 de diciembre
de 197450, cuyos artículos 1.° y 2.°, establecen respectivamente que i) el medio

49 Por la cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de

Recursos Naturales y Protección al Medio Ambiente y se dictan otras disposiciones.
50 Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

ambiente es un patrimonio común cuya preservación y manejo es una obligación
exigible al Estado y a los particulares y ii) el Código de Recursos Naturales y
Protección al Medio Ambiente tiene por objeto, entre otros aspectos, la
preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y
utilización racional de los recursos naturales renovables, previniendo y controlando
los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre
los demás recursos y regular la conducta humana en sus dimensiones individual o
colectiva así como la actividad de la administración en lo que se refiere a las
relaciones que emanan del aprovechamiento y conservaciones del medio ambiente.

51. La Ley 99 prevé como principios que la política ambiental debe seguir
haciendo remisión específica a los postulados universales y de desarrollo
sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre
Medio Ambiente y Desarrollo. Adicionalmente, procura la protección de la
biodiversidad en Colombia como patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con
la naturaleza, resaltando que la formulación de políticas ambientales debe tener en
cuenta el resultado del proceso de investigación científica.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho al goce de un
ambiente sano

52. Visto el artículo 79 de la Constitución Política, todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano.

53. La Corte Constitucional ha resaltado la importancia del medio ambiente sano
como derecho colectivo, "[…] ya que los derechos colectivos y del ambiente no sólo
se le deben a toda la humanidad, en cuanto son protegidos por el interés universal,
y por ello están encuadrados dentro de los llamados derechos humanos de 'tercera
generación', sino que se le deben incluso a las generaciones que están por nacer,
toda vez que la humanidad del futuro tiene derecho a que se le conserve, el planeta
desde hoy, en un ambiente adecuado a la dignidad del hombre como sujeto
universal del derecho […]”51.

54. En ese orden de ideas, la Sección Primera del Consejo de Estado ha hecho
alusión a las distintas dimensiones de este derecho, destacando que ostenta la

51 Corte Constitucional, Sentencia C-699/2015. Referencia: Expediente D-10610. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el Artículo 53, 54 (parcial) y 55 (parcial) de la Ley 13 de 1990 “Por la cual se dicta el
Estatuto General de Pesca”. Demandante: Diego López Medina. M.P.: Diana Fajardo Rivera, 18 de octubre de
2017.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

calidad de: “[…] (i) derecho fundamental (por encontrarse estrechamente ligado con
los derechos fundamentales a la vida y a la salud); (ii) de derecho-deber (todos son
titulares del derecho a gozar de un ambiente sano pero, además, tienen la
obligación correlativa de protegerlo); (iii) de objetivo social (conservación de las
condiciones del medio ambiente para garantizar el aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de las generaciones presentes y futuras); (iv) de deber del
Estado (conservación del medio ambiente, eficiente manejo de los recursos,
educación ambiental, fomento del desarrollo sostenible, e imposición las sanciones
a que haya lugar); y (v) de derecho colectivo, de conformidad con lo previsto en el
artículo 88 superior […]”52.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo a la seguridad y la salubridad públicas

La seguridad pública

55. Vistos el Preámbulo y los artículos 2.° y 88 de la Constitución Política, sobre
el derecho a la seguridad pública; se tiene, por un lado, que el Preámbulo de la
Constitución Política establece que la Asamblea Constituyente, en ejercicio de su
poder soberano, asegura la vida, la convivencia y la paz. Y, por el otro, el artículo
2.° ibidem dispone como fines esenciales del Estado “[…] defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo […]”.

56. Sobre el derecho a la seguridad, la Corte Constitucional53 ha considerado
que tiene tres connotaciones jurídicas relevantes: i) es un valor constitucional, ii) es
un derecho colectivo, y iii) es un derecho fundamental.

57. En relación con su connotación de derecho colectivo, la Corte Constitucional
ha definido que se trata de “[…] un derecho que le asiste en forma general a todos
los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias
que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el
conglomerado social, como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y
salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre
competencia económica (Art. 88, C.P.) […]”.

52 Consejo de Estado, Sala Contenciosa Administrativa, Sección Primera. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés.

núm. único de radicación 760012331000201101300-01(AP).
53 Corte Constitucional, Sentencia T-123/2019, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

58. La Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que el derecho a
la seguridad es “[…] uno de los elementos que tradicionalmente se identifican como
constitutivo del orden público y, por tanto, como uno de los objetos a proteger por
parte del poder de policía. En la doctrina, se le delimita como la ausencia de riesgos
de accidentes, como la prevención de accidentes de diversos tipos y de flagelos
humanos y naturales, v.g. incendios, inundaciones, accidentes de tránsito, etc., lo
mismo que como la prevención de atentados contra la seguridad del Estado54[…]”.

La salubridad pública

59. Visto el artículo 49 de la Constitución Política referente a la atención de la
salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado; y, los
artículos 46 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 200155, 32 de la Ley 1222 de 9 de
enero de 200756 y 6.°, numeral 4.º, de la Ley 1801 de 29 de julio de 201657 , relativos
a la salud pública.

60. El artículo 49 de la Constitución Política ordena que la atención de la salud y
el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se rigen
de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. En tal
sentido, garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.

61. Asimismo, los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada,
por niveles de atención y con participación de la comunidad. En esa línea, toda
persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su
comunidad.

62. Visto el artículo 78 ibidem, los productores de bienes y servicios que atenten
contra la salud y la seguridad de los consumidores son responsables por los daños
que causen.

54 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de febrero de 2007, radicado núm.: 54001-23-31- 000-

2004-00385-01(AP). Reiterada en sentencias de 1.° de marzo de 2007, radicado núm.: 73001-23-31- 000-2003-
01236-01(AP), y de 28 de febrero de 2008, radicado núm.: 19001-23-31-000-2005-00988-01(AP).
55 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.
56 “Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan

otras disposiciones”.
57 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

63. Visto el numeral 2.° del artículo 95 ibidem, son deberes de las personas obrar
conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.

64. Visto el artículo 366 ibidem, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes es uno de los fines del Estado y la solución de las necesidades
insatisfechas en materia de salud es un objetivo prioritario de las autoridades
estatales.

65. El artículo 46 de la Ley 715 dispone que la gestión en salud pública es una
“[…] función esencial del Estado y para tal fin la Nación y las entidades territoriales
concurrirán en su ejecución […]. Las entidades territoriales tendrán a su cargo la
ejecución de las acciones de salud pública en la promoción y prevención dirigidas a
la población de su jurisdicción […]”.

66. El artículo 32 de la Ley 1222 señala que la salud pública está “constituida”
por “[…] el conjunto de políticas que buscan garantizar de una manera integrada, la
salud de la población por medio de acciones de salubridad dirigidas tanto de manera
individual como colectiva, ya que sus resultados se constituyen en indicadores de
las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del país. Dichas acciones se
realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación
responsable de todos los sectores de la comunidad […]”.

67. De conformidad con el numeral 4.º del artículo 6.º de la Ley 1801, la salud
pública es una categoría jurídica de convivencia que implica la responsabilidad que
le asiste al Estado, así como a la ciudadanía como un derecho de diferentes
connotaciones58.

68. Vista la Ley 9 de 24 de enero de 197959, el legislador adoptó medidas
sanitarias sobre: i) el control de los usos de aguas; ii) el manejo de residuos líquidos,
sólidos, excretas, emisiones atmosféricas; iii) suministro de agua; iv) salud
ocupacional; v) saneamiento de edificaciones; vi) alimentos; v) drogas,
medicamentos, cosméticos y similares; vi) vigilancia y control epidemiológico; vii)
desastres; viii) defunciones, traslado de cadáveres, inhumación y exhumación,
trasplante y control de especímenes; ix) artículos de uso doméstico; x) vigilancia y
control; y xi) derechos y deberes relativos a la salud.

58 Individual, colectivo y comunitario, cuyo desarrollo se basa en las condiciones.
59 “Por la cual se dictan Medidas Sanitarias”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

69. La Corte Constitucional, en sentencia C-225 de 201760, analizó la
constitucionalidad de la Ley 1801, que incluye el concepto de salud pública, la cual
exige un conjunto de condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida,
salud e integridad física del ser humano, de las especies animales y vegetales
presentes en el ecosistema. En esta decisión, la Corte mencionó que el concepto
de salubridad y/o salud pública son entendidas como expresiones sinónimas.

70. La Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 6 de
julio de 2018, indicó que “[…] i) no existe distinción entre los conceptos de ‘salud
pública’ y ‘salubridad pública’ de hecho se han entendido como sinónimos; ii) este
derecho colectivo se encuentra íntimamente relacionado con la conservación del
orden público y la garantía del bienestar de la comunidad; iii) esto mediante la
adopción de medidas tendientes a evitar su alteración […]”61.

71. Adicionalmente, la Sección Primera se ha pronunciado sobre la
trascendencia social y el alcance de los conceptos de seguridad y salubridad
pública, al respecto ha indicado lo siguiente:

“[…] [C]onstituyen las obligaciones que tiene el Estado de garantizar
condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Su
contenido general implica, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos,
las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el
caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos
colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario,
para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o
de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras
circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de la comunidad y en
general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”62.

72. Asimismo, la esta Sala ha considerado que la salubridad pública alude a las
condiciones sanitarias necesarias para la protección de la vida, de la salud e
integridad del ser humano y de su entorno. Al respecto, se ha referido en los
siguientes términos:

“[…] La salubridad pública puede ser definida como una serie de condiciones
sanitarias, tanto químicas, como relativas a la organización y disposición del
espacio, necesarias para la protección de la vida, salud e integridad física del ser
humano, así como de las especies animales y vegetales presentes en el ecosistema.

60 Corte Constitucional, Sentencia C-225/17. Referencia: Expediente D-11648. Asunto: Demanda de
inconstitucionalidad contra el artículo 220 de la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de
Policía y Convivencia”. Actores: Francisco de Paula Santander Ruiz y Yamile Vega Parra. M.P.: Alejandro
Linares Cantillo, 20 de abril de 2017.
61
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Hernando Sánchez
Sánchez; sentencia de 6 de julio de 2018; núm. único de radicación: 680012333000201500848-01(AP).
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de octubre de

2009, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, radicación número: 190012331000200500067-01. Cita reiterada en
sentencia de 5 de octubre de 2023, radicación número: 130012333000201701043-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Esta definición parte de entender que los problemas de salubridad pública no sólo
afectan al ser humano directamente, sino que la afectación que genera en especies
animales y vegetales, en sí misma problemática, también conduce indirectamente a
la afectación del ser humano por vía alimentaria o cualquier otra forma de
transmisión, al reconocer la interdependencia mutua.

[…]

Así, la protección de la salubridad o salud públicas implica la prohibición y sanción
de ciertos comportamientos, pero también una actividad prestacional por parte del
Estado, por ejemplo, en cuanto a la disposición de la infraestructura y servicio
público necesarios para crear condiciones adecuadas de sanidad […]”63.

73. De acuerdo con lo anterior, es dable concluir que la salud y la salubridad
pública son conceptos que se han entendido como sinónimos por la jurisprudencia.
El derecho colectivo a la salubridad pública constituye una garantía relacionada con
el control y manejo de las situaciones sanitarias “[…] para evitar que tanto en el
interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen
focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la
salud y la tranquilidad de la comunidad […]”64. Esto, debido a que, su finalidad es
evitar circunstancias que afecten el estado de sanidad de la comunidad.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre el derecho e interés
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública

74. Vistos los artículos 2.°, 24, y 366 de la Constitución Política sobre el deber
del Estado de asegurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población, comoquiera que, el artículo 2.° de la Constitución Política señala
que “[…] [l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares […]”. El artículo 24 ibidem establece el derecho de todos
los colombianos de circular libremente por el territorio nacional. Y, el artículo 366 de
la Constitución, dispone que “[…] [e]l bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado […]”.

75. Estas disposiciones constituyen un fundamento esencial para el derecho
colectivo al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad

63
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 22 de febrero de 2018, radicación número: 680012331
000201200485-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de julio de 2004, C.P. Germán Rodríguez Villamizar,

radicación número AP 1834. Reiterado por la Sección Primera, en sentencia de 6 de julio de 2018, radicación
número: 680012333000201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

pública, que ha sido considerado por la Sección Primera del Consejo de Estado
como una prerrogativa, según la cual, la comunidad puede acceder a las
infraestructuras que sirvan para “la buena gestión de la salubridad pública”, que
integra el conjunto de elementos y servicios propicios para garantizar la salud.

76. Así, en sentencia de 19 de abril de 2007, el Consejo de Estado se pronunció
sobre el alcance del derecho colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública:

"[…] El derecho o interés colectivo al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública, detenta un origen constitucional, pues en el
artículo 88 alusivo a las acciones populares se indica el de la ‘salubridad’ como
derecho susceptible de protección a través de esta acción constitucional. Así mismo,
en la lista enunciativa de derechos e intereses colectivos susceptibles de amparo a
través de este instrumento, contenida en el artículo 4 de la Ley 472 de 1998, se
consagra de manera textual en su literal h.

Este derecho comprendido en su dimensión colectiva, debe entenderse como la
posibilidad que tiene la comunidad de acceder a instalaciones y organizaciones que
velen por o garanticen su salud. En este orden de ideas, puede pensarse en la
estructura sanitaria y en especial hospitalaria, como típica manifestación del mismo.
[…]

El derecho colectivo invocado como vulnerado en la presente acción es el del
‘acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública’. Es
un servicio público a cargo del Estado cuya finalidad es disminuir la morbilidad,
es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo
determinado. Ahora bien, el derecho invocado hace alusión igualmente a la palabra
‘infraestructura’ la cual debe entenderse como un conjunto de elementos o servicios
que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una
organización, en este caso, para la buena gestión de la salubridad pública. Por lo
tanto, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública
implica, entre otros aspectos, la posibilidad que tienen las personas de beneficiarse
de los programas de salud preventivos, de rehabilitación y atención, buscando
disminuir el número de personas enfermas en un lugar específico y en un espacio
de tiempo determinado65.

Se observa así, que este específico derecho o interés colectivo no puede
confundirse con la salud de la comunidad, toda vez que se refiere más bien a la
posibilidad de esta de acceder a infraestructuras que sirvan para protegerla. Se
verifica entonces una relación comunidad - bienes y/o comunidad - organización; de
tal modo que solo se constatará la afectación a este derecho o interés colectivo,
cuando se logre demostrar la imposibilidad de acceso a una infraestructura de
servicios determinada; se insiste no es el acceso a los servicios, sino a la
infraestructura de estos.

Si se hace referencia al acceso, se colige, que la garantía de este derecho o interés
colectivo, se obtendrá a través de órdenes orientadas a acceder a infraestructuras
de servicios […]”66 (Destacado fuera de texto).

65
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 14 de noviembre
de 2002. C.P. Ligia López Díaz, radicación número: AP- 533. En esta decisión se discutía la naturaleza colectiva
que podía detentar la expectativa de los enfermos de VIH de acceder a instalaciones y medios hospitalarios.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez, radicación número: 540012331000200300266-01(AP).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

77. En pronunciamientos posteriores, la Sala ha considerado que el derecho al
acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública implica
que “[…] las construcciones y edificaciones estén adaptadas de tal forma que eviten
a las personas contraer enfermedades o, que se generen focos de contaminación o
epidemias que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria […]”67.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna

78. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.

79. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:

“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”68
(Destacado fuera de texto).

80. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que La Sección Primera, en sentencia

67 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de julio de 2018, radicación número: 680012333000

201500848-01(AP), C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Reiterado en sentencia de 31 de enero de 2019,
radicación número: 850012333000201400034-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
68 Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

reciente69, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público, representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.

Marco normativo internacional en materia del derecho al agua potable y
saneamiento básico

81. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales70 dispone que los estados parte reconocen el derecho de toda persona a
un nivel de vida adecuado para sí y su familia y a una mejora continua de las
condiciones de existencia. Asimismo, el artículo 12 ibidem reconoce el derecho de
las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental, por medio
de medidas dirigidas a reducir la mortinatalidad y la mortalidad infantil y el sano
desarrollo de los niños; mejorar en todos sus aspectos la higiene del trabajo y del
medio ambiente; prevenir y tratar las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; y crear condiciones que
aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.

82. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas, por medio de la Observación General núm. 15 de 200271, interpretó los
artículos indicados supra y concluyó que constituye un derecho humano acceder al
agua y al saneamiento básico como una condición previa para la realización del
derecho a vivir dignamente.

83. Adicionalmente, la Asamblea General de Naciones Unidas, por un lado,
mediante la Resolución núm. 64/292 aprobada el 28 de julio de 201072, reconoció
que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial
para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos; por el otro,
mediante la Resolución núm. 70/01 de 25 de septiembre de 2015 73, aprobó la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dirigida a la sostenibilidad económica,

69 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, radicación número: 170012333

000201800493-01.
70 Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI)

de 16 de diciembre de 1966. Además, fue aprobado mediante la Ley 74 de 26 de diciembre de 1968, Por la cual
se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles
y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”.
71 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf
72 https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
73 El Estado colombiano, con el objeto de implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptó la Política

Pública CONPES 3918.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

social y ambiental de los estados miembros que la suscribieron, y cuyo objetivo
sexto consiste en garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible, así
como el saneamiento para todos74; y, por último, mediante la Resolución 70/169
aprobada por la Asamblea General el 17 de diciembre de 201575, la Organización
de Naciones Unidas afirmó que los derechos humanos al agua potable y el
saneamiento como componentes del derecho a un nivel de vida adecuado son
esenciales para el pleno disfrute del derecho a la vida y de todos los derechos
humanos y reconoció que, en virtud del derecho humano al saneamiento, toda
persona, sin discriminación, tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable,
físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico.

Marco constitucional y legal en materia del derecho al agua y el saneamiento
básico

84. Visto el artículo 366 de la Constitución Política, el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del
Estado; será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en
los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto
público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación.

85. A su vez, el numeral 2.3 del artículo 2.º de la Ley 142 señala que el Estado
intervendrá en los servicios públicos para garantizar la atención prioritaria de las
necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y saneamiento
básico.

86. Asimismo, el numeral 19 del artículo 3.º de la Ley 136 prevé que los
municipios tienen la función de garantizar la prestación del servicio de agua potable
y saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción, de acuerdo con la
normativa vigente en materia de servicios públicos domiciliarios.

87. Los numerales 19 y 22 del artículo 14 de la Ley 142 definen, por una parte,
el saneamiento básico como las actividades propias de los servicios domiciliarios

74 Con ello, en el año 2030 se busca lograr, entre otras cosas: i) el acceso universal y equitativo al agua potable

a un precio asequible para todos; ii) el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y
equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad; iii) mejorar la
calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial; y iv) proteger y
restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los
ríos, los acuíferos y los lagos.
75 https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/RES/70/169

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

40

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

de alcantarillado y aseo y, por la otra, el servicio de agua potable como la
distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión
y medición; así como las actividades complementarias de captación de agua,
procesamiento, tratamiento, conducción y transporte.

Marco normativo sobre las competencias de las autoridades en materia de
saneamiento básico y prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado

88. Visto el artículo 49 de la Constitución Política, el saneamiento ambiental es
un servicio público a cargo del Estado, cuya prestación goza de prioridad y se rige
por los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad y calidad.

89. Se trata de un servicio que guarda estrecha relación con el derecho que
tienen todas las personas a gozar de un ambiente sano y con el deber universal de
proteger la diversidad e integridad del ambiente76, el cual se concreta,
fundamentalmente, en los deberes de planificación integral de los recursos
naturales para garantizar el desarrollo sostenible, y de prevención y control de los
factores de deterioro ambiental77 tales como la contaminación de las aguas o la
acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y
desperdicios78.

90. Visto el artículo 356 de la Constitución Política, con miras a alcanzar estos
objetivos, se determinó que el legislador fijaría las competencias de las entidades
locales, departamentales y nacionales para la efectiva prestación de los servicios
públicos. Además, en cumplimiento de la citada norma se creó el Sistema General
de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios como un
mecanismo tendiente a promover su adecuada articulación, con base en los
“principios de solidaridad, complementariedad y subsidiariedad”.

91. Visto el artículo 288 de la Constitución Política, también estableció que “[…]
las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en

76
Artículo 79.
77 Artículos 80 y 95, numeral 8. En torno al principio de planificación ambiental, Cfr: Decreto Ley 2811 de 1974,

artículos: 9, f); 10, a); 45, d) y g); 188 y ss.; 314, d), h) e i); 316, entre otros.
78 Decreto Ley 2811 de 1974: Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio

Ambiente. Artículo 8°, numerales 1° y 8°.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

41

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

los términos que establezca la ley […]”; y en el artículo 4 de la Ley 155179, la
norma señala lo siguiente:

“[…] Artículo 4°. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento territorial y
la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el artículo 356 de
la Constitución Política, y en especial con sujeción a los siguientes principios:

a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.

b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales
deben ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.

Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del orden
nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre sí
para alcanzar el fin estatal.

Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas
previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa.
Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.

c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias cuando
se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.

d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán hacer
uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios […]”.
(Destacado fuera de texto)

92. Al efecto, se tiene que la Ley 142 señala como competencias de la Nación
en materia de servicios públicos, entre otras, las de “[…] [a]poyar financiera, técnica
y administrativamente a las empresas de servicios públicos o a los municipios que
hayan asumido la prestación directa […]”80; “[…] [v]elar porque quienes prestan
servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o,
cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que
sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales
servicios […]”81; y “[…] [p]restar directamente cuando los departamentos y

79 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”. [Modificó

la Ley 136 de 2 de junio de 1994].
80 Artículo 8.4.
81 Artículo 8.5.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

42

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

municipios no tengan la capacidad suficiente, los servicios de que trata la presente
Ley […]”82.

93. El artículo 67 de la misma Ley dispone que son funciones del Ministerio de
Desarrollo – hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio-, en relación con los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, las de:

“[…] 67.2. Elaborar máximo cada cinco años un plan de expansión de la cobertura
del servicio público que debe tutelar el ministerio, en el que se determinen las
inversiones públicas que deben realizarse, y las privadas que deben estimularse.

67.3. Identificar fuentes de financiamiento para el servicio público respectivo, y
colaborar en las negociaciones del caso; y procurar que las empresas del sector
puedan competir en forma adecuada por esos recursos.

67.4. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el
respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse; y hacer
las propuestas del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación […]”.

94. Asimismo, el artículo 162 ibidem enlista las funciones del Ministerio de
Desarrollo – hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio- con relación a los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo urbano, entre las que se
destacan:

“[…] 162.2. Asistir técnica e institucionalmente a los organismos seccionales
y locales, para el adecuado cumplimiento de sus funciones y de las decisiones
de la comisión de regulación de los servicios de agua potable y saneamiento.
[…]

162.5. Diseñar y promover programas especiales de agua potable y
saneamiento básico, para el sector rural, en coordinación con las entidades
nacionales y seccionales.
[…]

162.10. Identificar el monto de los subsidios que debería dar la Nación para el
respectivo servicio público, y los criterios con los cuales deberían asignarse
y hacer la propuesta del caso durante la preparación del presupuesto de la Nación
[…]” (Destacado fuera de texto).

95. En ese sentido, el Decreto 3571 de 27 de septiembre de 201183 estableció
las funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dentro de las cuales se
encuentran:

“[…] Artículo 2. Funciones. Además de las funciones definidas en la Constitución
Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirá, las siguientes funciones:

82 Artículo 8.6.
83 “[...] Por el cual se establecen los objetivos, estructura,funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

y se integra el Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio [...]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

43

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

1. Formular, dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y regulaciones en
materia de vivienda y financiación de vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento
territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable y
saneamiento básico, así como los instrumentos normativos para su
implementación.
[…]

8. Definir esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos que
establezca la normativa vigente.
[…]

11. Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto,
alcantarillado y aseo y dar viabilidad a los mismos.
[...]

12. Contratar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo
que cuenten con el apoyo financiero de la Nación […]” (Destacado fuera del
texto).

96. Así como, en el artículo 16 ibidem, dentro de la Dirección de Espacio Urbano
y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentra la función
de “[…] 8. Apoyar la formulación de políticas de asentamientos humanos y
expansión urbana, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible […]”.

97. El artículo 19 ibidem, confirió dentro de las funciones del Despacho del
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio:

“[…] 1. Presentar propuestas relacionadas con la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, programas y planes de
agua potable y saneamiento básico.

2. Proponer los lineamientos para la identificación de las fuentes de financiamiento
para el sector de agua potable y saneamiento básico y coordinar la asignación de
los recursos provenientes de dichas fuentes.
[…]

4. Presentar los criterios y lineamientos para la viabilización de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico.

5. Presentar los criterios y lineamientos para el seguimiento de los proyectos de
agua potable y saneamiento básico.

6. Desarrollar esquemas para la financiación de los subsidios en los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, vinculando los recursos
que establezca la normativa vigente.
[…]

8. Liderar la elaboración de los estudios e informes sobre el desarrollo de las
políticas, planes, programas y proyectos impulsados por el Ministerio en
materia de agua potable y saneamiento básico.
[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

44

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

10. Apoyar la formulación e implementación de la política de gestión de la
información de agua potable y saneamiento básico.
[…]

19. Apoyar el desarrollo y sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión
Institucional, y la observancia de sus recomendaciones en el ámbito de su
competencia […]” (Destacado fuera de texto).

98. Sobre las competencias de las entidades territoriales locales, el artículo
311 de la Constitución Política señala que el municipio es entidad fundamental de
la división político-administrativa del Estado y “[…] le corresponde prestar los
servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que
le asignen la Constitución y las leyes […]”.

99. A su turno, el artículo 367 ibidem prevé que la ley fijará las competencias y
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su
cobertura, calidad y financiación y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además
de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. De igual
manera, indica que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente
por cada municipio o distrito cuando las características técnicas y económicas del
servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen.

100. El legislador se ha ocupado de desarrollar la precitada normativa
constitucional mediante la expedición de leyes en las cuales ha asignado a los
municipios, distritos y a las autoridades locales la responsabilidad de garantizar, en
sus respectivas jurisdicciones, la prestación de los servicios públicos domiciliarios
y, por esa vía, la efectividad de los derechos al saneamiento básico y a la salubridad
de todos sus habitantes.

101. La Ley 136 dispone en los numerales 3.º, 7.º y 19 del artículo 3.º que a los
municipios o distritos les compete promover el desarrollo de su territorio y construir
las obras que demande el progreso municipal, teniendo en cuenta, entre otros, los
planes de vida de los pueblos y de desarrollo comunal; procurar la solución de las
necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del ente territorial, en lo que
sea de su competencia, con énfasis en las niñas, niños, los adolescentes, mujeres
cabeza de familia y los demás sujetos de especial protección constitucional; y
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a los
habitantes de la jurisdicción, de acuerdo con las normas que regulan los servicios
públicos domiciliarios.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

45

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

102. A su vez, la Ley 142, en los numerales 1.º., 3.º y 6.º del artículo 5.° señala
que es competencia de los municipios y distritos, en relación con los servicios
públicos, asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los
servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía eléctrica, por
empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente
por la administración del ente territorial; disponer el otorgamiento de subsidios a los
usuarios de menores ingresos, con cargo al presupuesto del municipio; y apoyar
con inversiones y otros instrumentos a las empresas de servicios públicos
promovidas por los departamentos y la Nación para realizar actividades de su
competencia.

103. Igualmente, vistos los numerales 2.º y 9.º del artículo 8.º de la Ley 388 de 18
de julio de 199784, sobre la acción urbanística, la función pública del ordenamiento
territorial se ejerce mediante la acción urbanística de las entidades distritales y
municipales, referida a las decisiones administrativas y a las actuaciones
urbanísticas que les son propias, entre las cuales se encuentran localizar y señalar
las características de la infraestructura para los servicios públicos domiciliarios, la
disposición y tratamiento de los residuos sólidos, líquidos, tóxicos y peligrosos, así
como los equipamientos de servicios de interés público y social como centros
docentes y hospitalarios; y dirigir y realizar la ejecución de obras de infraestructura
para los servicios públicos domiciliarios, directamente por la entidad pública o por
entidades mixtas o privadas, de conformidad con la ley.

104. Además, el artículo 76 de la Ley 715, ordena que los municipios y distritos,
directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, deben promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial realizar directamente o a través de terceros en
materia de servicios públicos, además de las competencias establecidas en otras
normas vigentes, la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios públicos.

105. El anterior recuento normativo permite concluir que la prestación directa o
indirecta de los servicios públicos domiciliarios constituye una función a cargo de
los municipios y distritos; así también, la construcción, ampliación, rehabilitación y
mejoramiento de su infraestructura, en orden a garantizar su eficiente y oportuna
prestación. Los citados entes territoriales, en virtud de su autonomía, podrán realizar

84 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

46

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

la anterior labor acudiendo a la estructura, la forma y la organización interna que
consideren más conveniente en el marco de las posibilidades que otorga la
Constitución y la ley.

106. En igual sentido, el artículo 63 de la Ley 99 agregó que el principio de armonía
regional rige a las entidades territoriales, en el siguiente sentido:

“[…] Principio de Armonía Regional. Los Departamentos, los Distritos, los
Municipios, los Territorios Indígenas, así como las regiones y provincias a las
que la ley diere el carácter de entidades territoriales, ejercerán sus funciones
constitucionales y legales relacionadas con el medio ambiente y los recursos
naturales renovables, de manera coordinada y armónica, con sujeción a las
normas de carácter superior y a las directrices de la Política Nacional
Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado, racional y coherente de los
recursos naturales que hacen parte del medio ambiente físico y biótico del
patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).

107. Como se observa, los principios de coordinación, concurrencia,
subsidiariedad, complementariedad y armonía regional deben permitir la
articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus competencias propias,
dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio o en la conservación
del entorno natural.

108. En cuanto al alcance de las responsabilidades de las Corporaciones
Autónomas Regionales, en los términos del artículo 31 de la Ley 99, numerales
2.°, 4.°, 6.°, 8.°, 9.°, 10°, 12.°, 17.°, 18.°, 20.° y 26.°, se tiene que aquellas
autoridades están facultadas para: ejercer funciones de vigilancia y control; imponer
y ejecutar las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de
violación a las normas de protección ambiental; asesorar a las entidades territoriales
en la elaboración de proyectos en materia ambiental, y ejecutar, administrar, operar
y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para
la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio
ambiente.

109. Así las cosas, aunque el municipio es la autoridad encargada de la prestación
adecuada del servicio público, cuando actúa como prestador directo, los principios
de la coordinación interinstitucional, concertación, interdependencia de funciones y
asistencia, así como los postulados del diálogo y la cooperación multilateral, son
factores indispensables para lograr una prestación eficiente de dicho servicio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

47

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

110. La Sección Primera del Consejo de Estado conoció de una acción popular
incoada con el objeto de que se amparan los derechos e intereses colectivos debido
a que las autoridades demandadas se habían negado a conectar las acometidas
internas de las viviendas de la Asociación de Viviendas “Colinas de Calicanto” a la
red del sistema de alcantarillado propiedad de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Popayán S.A. E.S.P., al tratarse de un asentamiento ilegal ubicado
sobre una falla geológica, cuyo terreno presentaba inestabilidad y riesgo de
deslizamiento. En esa oportunidad, la Sección advirtió, por un lado, que la referida
asociación de viviendas era un “[…] asentamiento subnormal […]”85 que no había
cumplido el proceso de legalización y, por el otro, que la empresa de servicios
públicos se encontraba imposibilitada para prestar el servicio de alcantarillado, en
atención al riesgo de desastre que supondría la instalación de la infraestructura
correspondiente.

111. Por estas razones, mediante sentencia de 1° de marzo de 2018, la Sala
decidió exonerar a la Empresa de Acueducto, de responsabilidad por la vulneración
de los derechos colectivos invocados. Sin embargo, decidió confirmar la orden
dictada por el juez de primera instancia en el sentido de “[…] ‘ORDENAR a la
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. E.S.P. […] que brinde
acompañamiento al Municipio de Popayán (Cauca) en la realización de los estudios
de viabilidad para construcción del acueducto y alcantarillado en el Barrio Colinas
de Calicanto, así como en la ejecución del proyecto de construcción del mismo, si a
ello hubiese lugar […]’. A juicio de esta Sala esa orden es acertada, teniendo en
cuenta el deber de colaboración que asiste por igual a todos los sujetos, en aras a
que sea factible el efectivo cumplimiento de los cometidos estatales […]” 86.

112. En atención a ello, la Sala se ha pronunciado con anterioridad y ha indicado
que “[…] i) [l]as limitaciones u obstáculos de índole técnico, jurídico o físico,
constituyen razones legítimas para no garantizar la conexión de determinados
predios a las redes convencionales de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado. […] ii) Sin embargo, ello no desvirtúa la vulneración del derecho
humano al agua ni de otros relacionados […] iii) Independientemente de las
dificultades advertidas, de la legalidad o la ubicación del predio donde se requiere

85 De conformidad con la definición prevista en el artículo 2.3.1.1.1. del Decreto 1077 de 26 de mayo de 2015,

el cual modificó el artículo 3 del Decreto 302 de 2000, a su vez modificado por el artículo 1 del Decreto 229 de
2002, cuando dispone lo siguiente: “[…] 13. Asentamiento subnormal. Es aquel cuya infraestructura de
servicios públicos domiciliarios presenta serias deficiencias por no estar integrada totalmente a la estructura
formal urbana […]”.
86 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 1.º de marzo de 2018 con núm. único de radicación

190013331005201100294-01 (AP), M. P: Hernando Sánchez Sánchez.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

48

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

el suministro de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, las
autoridades están en la obligación de garantizar la prestación de los mismos,
a través de cualquier medio idóneo como medida provisional o alternativa
para resolver las necesidades básicas insatisfechas de las personas. En otras
palabras, los trámites, procedimientos, acciones y operaciones que tenga que
agotar la Administración Pública, no deben suponer un obstáculo para garantizarle
a las personas el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado […]”87
(Destacado fuera del texto).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las competencias de las
Corporaciones Autónomas Regionales en materia de colaboración con los
Municipios

113. La Constitución de 1991 atribuye al legislador la función de reglamentar la
creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales dentro de un
régimen de autonomía88, las cuales se conciben como organismos administrativos
que forman parte de la estructura estatal “dentro de un régimen de autonomía”, con
identidad propia, autonomía e independencia.

114. Así, la Ley 99 reordenó el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y definió a
dichas corporaciones autónomas regionales en el artículo 23, como:

"[…] entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por
las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un
mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio
y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su
jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por
su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas
del Ministerio del Medio Ambiente […]”.

115. En lo concerniente a su objeto, la Ley establece que éste se circunscribe a la
“[…] ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración,

87 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
88 El artículo 150, numeral 7 de la Constitución señala: “[…] ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer

las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 7. Determinar la estructura de la administración
nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica;
reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen
de autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y
sociedades de economía mixta […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

49

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente […]”89.

116. Finalmente, en cuanto a sus funciones de asesorar y acompañar a, entre
otras, las entidades territoriales, el artículo 31 de la Ley 99 establece que dentro de
las funciones de las corporaciones autónomas regionales se encuentran:

“[…] 2. Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción,
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente;
[…]

4. Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y entidades
integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción y en
especial, asesorar a los Departamentos, Distritos y Municipios de su comprensión
territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en sus
programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los
recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y
coherencia de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades
territoriales;
[…]

5. Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de
que el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten;
[…]

8. Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme
a las directrices de la política nacional;
[…]

12. Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los
usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o
poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones
comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y salvoconductos;
[…]

20. Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables […]” (Destacado fuera de texto).

89 Cfr. artículo 30.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

50

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de las facultades del juez
popular

117. Visto el artículo 34 de la Ley 472, sobre la sentencia del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos, el cual establece “[…] [L]a
sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá
contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando
se haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública
no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias
para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés
colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o de no hacer
definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o
el interés colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en
las acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del
demandante […]”.

118. La Sección Primera del Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia 90, ha
considerado sobre los poderes del juez popular, “[…] resulta de gran importancia
precisar que de acuerdo con la Ley reguladora de la acción popular, la misma se
ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de 1998 / Artículo 144
Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares, sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de
1998) -. Casos en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de
no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar al pago de
perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la realización de las
conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley
472 de 1998), de manera tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados,
como lo exige el artículo 88 constitucional […]”.

90 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco

Antonio Velilla Moreno, Sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el número único de
radicación 250002327000200190479-01(AP). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, Sentencia de 21 de agosto de 2020, proceso
identificado con el número único de radicación 130012333000201700987-01 (AP). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Guillermo Vargas Ayala, Sentencia de 15 de mayo de
2014, proceso identificado con el número único de radicación 250002324000201000609-01(AP).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

51

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

119. A su vez, ha señalado que “[…] en la sentencia que ampara los derechos
colectivos el juez está facultado para adoptar las medidas que, conforme a la
situación fáctica probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos. […] Lo anterior guarda coherencia con el artículo 2º
de la Constitución Política al establecer que ‘las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’ […]”.
(Subrayas originales del texto).

Análisis del material probatorio obrante en el expediente

120. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes91:

120.1. Copia de la petición de 14 de noviembre de 201392, suscrita por miembros
de la comunidad del barrio Florida Baja “[…] ubicado en la carrera 6 con calle 23,
en límites de la finca Costa Azul […]”, mediante el cual solicitaron a Empresas
Públicas de Armenia -EPA- E.S.P. que se estudie e instale el servicio de acueducto
y alcantarillado.

120.2. Copia del Oficio GD-0918 de 28 de noviembre de 201393 mediante el cual
la Gestión de Distribución de Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P. dio
respuesta a la comunidad informando que “[…] el presupuesto de inversión para el
año 2013, ya se ejecutó, por lo tanto para el desarrollo de obras de expansión, se
deberá planificar esta inversión en la vigencia 2014. Además se elevará consulta el
Departamento Administrativo de Planeación Municipal y el OMGER. […] De acuerdo
con los conceptos emitidos y la viabilidad financiera del proyecto[,] se procederá a
realizar los diseños y presupuestos de la zona […]”.

120.3. Copia del Oficio DP-POT-1050 de 24 de febrero de 201794 en el cual el
Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de Armenia informó a la
Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP cuáles eran las zonas de alto riesgo y

91 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Anotación denominada: Expediente Digital NroActua 2.
92 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 1-4.
93 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 5.
94 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
91_ED_0231CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 51-53.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

52

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

los lugares donde no podía prestar el servicio de Energía. En dicho listado no se
incluyó el asentamiento Florida Baja.

120.4. Copia del Oficio DP-POT-CAR-0042 de 18 de febrero de 201995 en el cual
el subdirector del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Armenia informó, a la Empresa de Energía del Quindío S.A. ESP, el listado de
asentamientos subnormales determinando el tipo de afectación, dentro del mismo
registró con afectación ambiental parcial el asentamiento “Florida”, sin indicar
específicamente “Florida Baja”, por lo cual la empresa consideró que era un
asentamiento al que le podía prestar el servicio.

120.5. Copia del Oficio de 18 de abril de 201896 en el cual dos líderes
comunitarias, en representación de los habitantes del Barrio Florida Baja, solicitaron
acompañamiento a la Personería Municipal de Armenia para una reunión en la que
se socializaría la problemática sanitaria de la población.

120.6. Copia de acta núm. 1017 de visita realizada el 8 de mayo de 201897 por la
Secretaría de Salud del Municipio de Armenia con el objeto de realizar un “[…]
análisis o estado de la problemática sanitaria que se presenta en el sector de la
Florida […]” y en cuyo desarrollo se señala únicamente que una líder del Barrio
Florida Baja manifestó que existía un problema sanitario debido a que los pozos
sépticos estaban llenos y no había espacio para su ampliación. Asimismo, en el acta
se señaló que tenían servicio de agua, “[…] dado por la finca Costa Azul […]”, de
energía y de gas.

120.7. Copia del Oficio P.A. 300-136 de 28 de mayo de 201898 suscrito por el
Personero Auxiliar del Municipio de Armenia, solicitando a Empresas Públicas de
Armenia -EPA- E.S.P. que, por un lado, "[…] despliegue los recursos humanos y
técnicos a su disposición para corroborar la situación […] y para que se proceda a
la evacuación inmediata de todos los pozos sépticos artesanales que se
encuentran en las viviendas de la comunidad de La Florida Baja […] acciones
[que] no supondrán la solución definitiva de la situación […] pero sí significará una
mejora sustancial en sus condiciones de vida […]”. Y, por el otro, “[…] que proceda

95 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
91_ED_0231CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 54-57.
96 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 6.
97 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 7-8.
98 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 9-11.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

53

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

a realizar los estudios y acciones tendientes a la construcción de una red de
alcantarillado que garantice los derechos constitucionales de los habitantes del
sector La Florida Baja […]”.

120.8. Copia de Oficio GRTAR-529 de 31 de mayo de 201899 suscrito por el
Gestor de Recolección y Transporte de Aguas Residuales de Empresas Públicas
de Armenia -EPA- E.S.P., reiterado con Oficio GRTAR-659 de 26 de agosto de
2019100, en respuesta al Oficio D.P.100–481101 de la Personera Municipal de
Armenia, en el cual señaló que no era posible realizar una limpieza de los pozos
sépticos construidos por los habitantes del sector de “La Florida Baja” debido a que:

“[…] 1. Ninguna vivienda de Florida Baja es usuario de Empresas Públicas de
Armenia -EPA- E.S.P. por lo tanto, no es posible realizar ninguna actuación sobre el
acueducto o el alcantarillado instalado por ellos en el sector.

2. Todas las viviendas están conectadas ilegalmente al servicio de acueducto, es
decir son ilegales y ejercen permanentemente una defraudación al fluido.

3. Presuntamente, el lote no pertenece a los habitantes del mismo y las viviendas
son producto de una invasión que se encuentra actualmente bajo un proceso
jurídico, adicional hay un sector que se encuentra en zona de alto riesgo.

4. Si fuera a evaluarse alguna consideración para instalar redes de acueducto y
alcantarillado, las condiciones urbanísticas no lo permitirían, puesto que las
viviendas fueron construidas sin dejar corredores centrales, andenes o vías con
algún tipo de geometría que permitiera evaluar la instalación de una tubería.

Como puede observar, no obstante la problemática social del sector, ser de alto
impacto, no es posible para nosotros como Empresas Públicas de Armenia -EPA-
E.S.P. tomar alguna medida definitiva o de mitigación frente a la prestación de los
servicios de acueducto o alcantarillado […].

120.9. Copia de acta de visita núm. 22567 de 17 de julio de 2018102 realizada por
la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en la cual adujo que dentro de las
viviendas se encuentran pozos sépticos.

120.10. Copia del informe técnico de 18 de julio de 2018103, correspondiente a la
visita realizada por la Corporación Autónoma Regional del Quindío el día 17 de julio
anterior, en el que se advirtió que: i) el sector residencial está conformado por 16
viviendas aproximadamente; ii) el manejo inadecuado de las aguas residuales

99 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Página 42.
100 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 34-35.
101 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 68-69.
102 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 83-84.
103 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 85-88..

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

54

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

genera afectación ambiental, principalmente sobre el recurso del suelo; iii) es
necesario evaluar aspectos técnicos, de infraestructura, riesgos ambientales y otros
para determinar la pertinencia de reubicar las familias; iv) los riesgos sanitarios son
significativos, demandan atención y tratamiento inmediato; y v) “[…] la evacuación
y limpieza de los pozos de aguas residuales existentes y localizados al interior de
las viviendas del Barrio Florida Baja no constituye una medida preventiva que logre
eliminar los riesgos sanitarios allí presentes, ni implica el cesamiento del impacto
ambiental […] [s]i persiste el manejo actual de las aguas residuales en el sector,
tras la evacuación y limpieza de los pozos, rápidamente se generaría un nuevo
evento de colmatación, posible rebose, generación de olores y vectores infecciosos,
sin que desaparezca el riesgo de caídas y daños a la integridad física de las
personas […]”.

120.11. Copia de informe de visitas realizadas el 27, 30 y 31 de julio de 2018104
por Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P., de acuerdo a la sentencia del
proceso identificado con número de radicación 630013118001201800034-00, en el
cual indicó i) las viviendas “[…] no cuentan con pozos sépticos, el sistema de
descarga de las aguas residuales consiste en letrinas con una profundidad
aproximada de tres (03) metros […]” sin más capacidad de almacenamiento que, en
algunos casos, presentan filtración de dichas aguas hacia otras viviendas; ii) las
viviendas son, en su mayoría, de madera y guadua sin ningún planteamiento
estructural; iii) las condiciones de la ladera son estables; sin embargo, al no tener
un manejo de aguas lluvias de cubierta, dichas aguas descargan directamente a la
ladera sobre la base de las viviendas que genera implicaciones en las
cimentaciones, teniendo en cuenta que la pendiente del lote y la implantación de las
casas están direccionadas al Río Quindío directamente.

120.11.1. En el mismo documento se apuntó:

“[…] Respuesta EPA ESP:

La formulación del proyecto de solución:

El proceso de diseño de redes de alcantarillado debe cumplir con la normatividad
existente y cumplir con los requerimientos del Decreto 330 del 2017, razón por la cual
se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Se deberá contar con un urbanismo, cumpliendo con los espacios y aislamientos y
condiciones que cumplan para el diseño de la infraestructura de Alcantarillado.

104 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 27-30.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

55

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

• Se deberá contar con un punto autorizado de vertimiento por la autoridad ambiental.

• Cumplimiento de las construcciones en su sistema constructivo.

• El sistema deberá contar con las condiciones de capacidad de entrega al sistema del
alcantarillado.

• Se deberá cumplir con los diámetros mínimos y las estructuras requeridas (cámaras de
inspección y cambio de dirección).

• Se debe contar con las legalizaciones de las áreas comunes o de infraestructura.

Las condiciones anteriores no se cumplen en el predio en mención, para proceder al
diseño del sistema.
[…]

Respuesta EPA ESP:

• Construcción de Pozos Convencionales en Concreto:

Para la construcción de un Pozo Séptico, se deben tener en cuenta las consideraciones
técnicas, y jurídicas necesarias a la hora de implementar la utilización de un sistema
Séptico como disposición final de Aguas grises producidas en áreas pobladas. Las
consideraciones a exponer se tendrán en cuenta para los sistemas constructivos
expuestos en los siguientes diagramas:

Consideraciones Técnicas

Teniendo en cuenta los sistemas sépticos más utilizados en la región para cualquiera de
los modelos tipo con capacidad entre 8 y 16 personas se hace necesario tener un área
aproximada de terreno de 50m2 para cumplir con la implantación de todo el sistema de
tratamiento desde la captación de las aguas hasta la descontaminación y vertimiento
nuevamente al suelo para permear.

Se debe tener un estudio individual de los predios a intervenir ya que cada sistema
debe cumplir con parámetros de diseño dependiendo el terreno presente en el
sitio.

Consideraciones Jurídicas

Para que los sistemas sépticos se puedan legalizar ante la Corporación Autónoma
Regional del Quindío y se tenga el permiso de vertimientos se hace necesario el
cumplimiento de requisitos legales como son la propiedad del terreno que se debe
demostrar mediante documento público.

Conclusión: No es posible construir pozos sépticos puesto que ninguna de las
viviendas cuenta con la disponibilidad de área de acuerdo con la normatividad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

56

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Adicional a lo anterior, el barrio se encuentra dentro del perímetro urbano y por
normatividad de la Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ no se pueden
construir pozos sépticos en el perímetro urbano y ninguno de los propietarios puede
testificar la legalidad del terreno, puesto que como ya se expuso el lote es propiedad de
un particular.

• Sistema Antiséptico para el Tratamiento de Aguas […] [residuales] y Grises:

Consideramos que cuando se habla de un Sistema Antiséptico para el Tratamiento de
Aguas […] [residuales] y Grises se está hablando de un tratamiento en sitio: Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales STAR.

Para la construcción de la STAR existen tres (03) condiciones particulares con las que
no cuenta el barrio Florida Baja:

• La proyección de disposición final está determinada por la legalidad del proceso ante
la Autoridad Ambiental como punto de vertimiento nuevo o con tratamiento en sitio, a la
fecha el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV está radicado en la
Autoridad Ambiental con los puntos de vertimiento definidos y autorizados en dicho Plan,
razón por la cual no es posible generar un punto nuevo.

• Se debe contar con una red de alcantarillado que recoja todas las aguas residuales
de las viviendas y las conduzca hacia la STAR.

Dentro de la definición urbanística del barrio encontramos:

Ancho promedio de Corredor Vial Existente: Máximo 1,3 metros
Diferencia promedio de Altura entre el primer
Corredor de casas y el último: 7,0 metros

Debido a la diferencia de altura entre las viviendas, la profundidad de la red de
alcantarillado en algunos tramos podría ser hasta de 5,0 metros, hacer una excavación
a esta profundidad en un ancho de 1,3 metros (que es el ancho del corredor vial donde
podría instalarse la tubería) pondría en riesgo la estabilidad de las viviendas y la
estabilidad de la ladera.

• Todas las instalaciones intradomiciliarias deben conectarse a la red. Condición que
actualmente no es posible, porque en las viviendas las instalaciones internas están
direccionadas hacia el interior de las casas no al exterior, por donde se instalaría la
tubería, en caso de que se pudiera.

Conclusión: No es posible construir Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
STAR puesto que las condiciones del sector no lo permiten […]” (Destacado fuera
de texto).

120.12. Copia del Oficio D.P. 100-348 de 24 de septiembre de 2018105 expedido
por la Personería Municipal de Armenia, mediante el cual reiteró a Empresas
Públicas de Armenia -EPA- E.S.P. que diera cumplimiento a la sentencia de 4 de
septiembre de 2018, proferida en el proceso con número de radicación
630013118001201800034-00, y resaltó que el 10 de septiembre del mismo año
hubo reunión en la cual “[…] se determinó que se realizarían unas gestiones
administrativas para el respectivo cumplimiento del fallo, entre otras cosas el

105 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 19-20.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

57

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

adelantar un proceso de contratación para la adquisición de unas motobombas,
solicitándose que en el entre tiempo no se promovieran las respectivas acciones
constitucionales para declarar en desacato a las implicadas […].

120.13. Copia del Oficio GQ-0517 de 26 de septiembre de 2018106 expedido por
Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P., dando respuesta a la Personería
Municipal de Armenia, mediante el cual informó que hizo visita técnica para i)
verificar las condiciones técnicas de las viviendas y el terreno; y ii) censar la
población.

120.14. Copia de informe de visita realizada el 13 de septiembre de 2018107,
suscrito por el Gestor de Tratamiento de Aguas Residuales (E) de Empresas
Públicas de Armenia -EPA- E.S.P., en el cual manifestó:

“[…] • Letrinas: […] las viviendas no cuentan con pozos sépticos, el sistema para
descarga de las aguas residuales consiste en letrinas con una profundidad
aproximada de tres (03) metros elaboradas por los propietarios de las viviendas en
el interior de las mismas, las letrinas se encuentran rebosadas de aguas residuales
puesto que ya no tienen más capacidad de almacenamiento y en algunos casos,
presentan filtración de aguas residuales hacia otras viviendas […].

• Conformación Urbanística: Debido a que la zona es una invasión y que las
viviendas fueron construidas sin algún tipo de marco legal, […] no hay un
planteamiento urbanístico que presente posibilidad de vías o andenes por donde se
pueda generar el corredor de una red de alcantarillado, solo se encuentra un
corredor central no uniforme, con un ancho máximo de 1,3 metros; Adicional, no se
hizo un planteamiento de terrazas para implantación de las viviendas que garantice
la estabilidad de las mismas.

• Conformación de las viviendas: El 95% de las viviendas son en madera y guadua,
sin ningún planteamiento estructural o el más mínimo cumplimento de la NSR - 10,
[…] se encuentran también tanques, lavamanos, lavaplatos y duchas que vierten
sus aguas a la ladera.

• Condiciones del terreno: […] se determina que las condiciones naturales de la
ladera son estables, no obstante, se encuentra seriamente implicada puesto que las
viviendas no tienen un manejo de aguas lluvias de cubierta, estas descargan
directamente a la ladera sobre la base de las viviendas lo que está generando
cárcavas e implicación estructural en las cimentaciones […]”.

120.15. Copia del certificado de disponibilidad presupuestal de 2 de octubre de
2018108 por ocho millones ochocientos cuarenta mil pesos ($8’840.000), expedido

106 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 21-22.
107
Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
123_ED_0191CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 36-41 y
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 31-36.
108 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 39.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

58

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

por el Municipio de Armenia, para contratar los servicios de limpieza de los pozos
sépticos o letrinas del asentamiento de Florida Baja.

120.16. Copia del Oficio DJ-PJU-2204 de 8 de octubre de 2018109 expedido por la
directora del Departamento Administrativo Jurídico del Municipio de Armenia,
mediante el cual dieron respuesta a la Personería Municipal de Armenia,
manifestando que contaban con los estudios previos para contratar motobombas
que realicen la limpieza de los pozos sépticos o letrinas, los estudios de sector y el
certificado de disponibilidad presupuestal; con la claridad de que, en ese momento,
solamente faltaba obtener la aprobación del Comité del Plan Anual de Adquisiciones
para iniciar con el proceso de selección que permitiría contratar la limpieza
mencionada.

120.17. Copia del Oficio SS-PSS-SP-0734 de 3 de abril de 2019110 expedido por
la Secretaria de Salud del Municipio de Armenia, en respuesta al Oficio P.A. 300-
169 de 11 de marzo de 2019 de la Personería Municipal de Armenia, informando
conclusiones de la visita realizada el 29 de marzo de 2019, conforme a lo cual
señaló:

“[…] Vertimientos:

En desarrollo de la visita se evidenció la existencia de 49 predios, dos en
construcción, y de los cuales 25 cuentan con sistema de alcantarillado provisional
dispuesto con tubos PVC de 4’’ cuyo contenido (aguas […] [residuales]) se vierte[n]
a cielo abierto aproximadamente a 20 metros de las viviendas y a distancia
considerable de la quebrada La Florida, la cual se ubica al culminar una pendiente.

Los 24 predios restantes cuentan con una especie de sistema de recolección de
aguas residuales domésticas rudimentario de ‘hoyo […] [de recolección]” sin
recubrimiento interno, los cuales se encontraban cubiertos en su parte superior,
excepto uno de ellos, el cual se pudo verificar encontrándose colmatado.

Según lo manifestado por la líder comunitaria […] [a] ninguno de estos sistemas de
recolección de aguas residuales se le efectúa mantenimiento, una vez se colmatan
se disponen hoyos nuevos.

Olores ofensivos:

Durante la visita, en las calles del sector no se evidenciaron olores ofensivos, no
obstante estos sí se percibieron de manera cercana a los ‘hoyo […] [de recolección]’
o sistemas rudimentarios visitados.

Zancudos:

En lo correspondiente a la vigilancia entomológica los resultados son los siguientes:

109 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 37.
110 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 42-56.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

59

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

1. Total de viviendas visitadas: 45
2. De ellas 20 estaban cerradas y no fue posible inspeccionarlas.
3. Se inspeccionaro[n] 25 viviendas, encontrándose en 1 de ellas formas
inmaduras (larvas y pupas) de mosquito Aedes, en un tanque bajo que a pesar
de poseer tapa, estaba desportillado permitiendo el ingreso de mosquitos. Se
recomendó el vaciado y lavado del tanque.
4. El resultado de los índices aédicos es:
5. Índice de vivienda: 4
6. Índice de depósito: 1,3%
7. Índice de Breteau: 4

En consecuencia, se dejaron recomendaciones, y se entregó material publicitario
sobre las medidas de control que debe tener la comunidad para el control del
mosquito transmisor de enfermedades.

Las viviendas están construidas en diferentes materiales, encontrándose algunas
en bahareque (esterilla, madera, tejas de zinc y pisos en mortero, baldosa e incluso
en tierra) y otras viviendas en mampostería, con muros en ladrillo, vigas y columnas
en concreto reforzado. Igualmente, se observó viviendas con letrina (inodoro con
disposición de excretas en hoyo […] [de recolección], sin arrastre de ellas a red de
alcantarillado) y otras con servicio sanitario, conectado a alcantarillado hasta pozo
séptico.

Todas las viviendas inspeccionadas reciben agua potable de la EPA, y conexión a
suministro de energía de la Edeq.

En relación con la disposición de los residuos sólidos comunes, algunas personas
lo hacen en canecas plásticas con bolsa, las que transportan a la entrada del barrio
La Florida, en donde son recogidas por el servicio de aseo de la EPA los días lunes,
miércoles y viernes. Es de anotar que el vehículo recolector no entra al
asentamiento, según dicen los vecinos, porque no pagan el servicio de aseo, ya que
no se dispone red de alcantarillado legal, y los residuos líquidos se vierten a cielo
abierto sin ningún tratamiento previo y otra parte a hoyos […] [de recolección].

Se encontraron 4 personas que manifestaban síntomas de enfermedad, refirieron
haber consultado, 3 de ellas diagnosticas (sic) con virosis y 1 con varicela. Se
hicieron recomendaciones para evitar contagio a otras personas y cuidado de los
pacientes.

Acerca de tenencia de animales, se observó presencia de 33 caninos, 13 felinos, 21
aves (pollos y gallinas), y otros animales 4 (cabra, conejos). Algunas personas
solicitan vacunación antirrábica para sus mascotas y jornadas de esterilización.

La información fue recogida en las encuestas por los integrantes del Grupo de
Vigilancia y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores.

Mascotas:

Sobre la denuncia de varios caninos con proliferación de ectoparásitos, (garrapatas
y pulgas), en desarrollo de la vista (sic) los residentes manifestaron que los
habitantes de la vivienda en cuestión (No. 99) se trasladaron a otro lugar,
adicionando que la misma comunidad efectuó fumigación, por lo cual la problemática
desapareció.

[…]

De igual forma, el día de hoy se realizó programa de control de roedores con el fin
de prevenir Leptospirosis, ya que la comunidad manifestó la existencia de roedores
plaga.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

60

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Servicio de agua:

Se evidenció la existencia de un contador comunitario instalado por las Empresas
Públicas de Armenia el cual según manifestaciones elevadas por residentes en la
visita, surte de agua al sector, sobre el cual no llega recibo de agua.

En consecuencia, una vez analizado el caso generador de su solicitud a la luz
de lo evidenciado al momento de la visita, se concluye que no existe un riesgo
inminente a la Salud Pública de los residentes del sector, no obstante las
condiciones de saneamiento básico no son las adecuadas, motivo por el cual,
y con el fin de procurar una solución de fondo a la problemática existente por
parte de las entidades o dependencias competentes, se remitirá oficio a EPA
ESP con el fin que se tomen y ejecuten las decisiones pertinentes al sistema
de alcantarillado requerido en el sector, así como al Departamento
Administrativo de Planeación Municipal para efectos de verificar las posibles
afectaciones ambientales y condiciones urbanísticas y se efectúen las
acciones pertinentes.

[…]

[…]

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

61

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

62

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

[…]”.

120.18. Copia del Oficio P.A. 300-172 de 12 de marzo de 2019111 a través del cual
el Personero Auxiliar del Municipio de Armenia solicitó a la Corporación Autónoma
Regional del Quindío que, como autoridad ambiental en el Departamento, emitiera
un concepto técnico “[…] respecto a la situación actual que se presenta en el barrio
La Florida Baja […]”.

120.19. Copia del Oficio 00005219 de 23 de abril de 2019112, a través del cual el
Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío dio respuesta a la Personería Municipal, remitiendo el
concepto técnico realizado de conformidad con la visita de inspección de 5 de abril
de 2019113, el cual precisó:

“[…] CONCEPTO TÉCNICO – VISITA DE INSPECCIÓN SISTEMAS DE
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS
BARRIO FLORIDA BAJA EN ATENCIÓN SOLICITUD PERSONERÍA MUNICIPAL
DE ARMENIA
[…]

3. VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN

El día 5 de abril de 2019, se realizó visita técnica de inspección al Barrio Florida
Baja, verificando el manejo de aguas residuales domésticas a algunas de sus
viviendas, de acuerdo a muestreo realizado en sitio. Durante el recorrido se reseñó
la siguiente información:

Tabla No. 1 Aspectos generales evidenciados en visita

111 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 57.
112 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 58-59.
113 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 60-67.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

63

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Tipo de vertimientos
Actividad
que se genera por las Manejo de aguas residuales
generadora de
viviendas del barrio La generadas
vertimientos:
Florida Baja
Industrial Recolección en sistema de tuberías
Comercial Actividades sobre terreno y disposición tanto en
Residencial X domésticas fosas como a campo abierto - media
Dotacional ladera

4. ANÁLISIS AMBIENTAL

[…]

Es de anotar que el barrio se conforma por alrededor de 53 viviendas desarrolladas
de manera incompleta las cuales conforman al parecer un asentamiento no formal;
cuenta con servicios públicos de energía, acueducto, pero carecen del servicio
público de alcantarillado. Para el servicio de acueducto no se genera medición del
consumo por cada vivienda, se cuenta con macromedidor sobre la tubería que
alimenta las redes al interior de la comunidad, lo que le permite a la Empresa
Prestadora de Servicios Públicos de Armenia EPA ESP, hace[r] seguimiento a los
consumos generados por esta comunidad, para la cual tampoco se genera cobro
por la prestación de este servicio, debido a la situación de irregularidad respecto la
titularidad de los predios presentes allí.

Ahora bien, respecto el manejo de las aguas residuales generadas en la[s]
viviendas referidas, se presentan dos situaciones; un grupo de alrededor de
24 viviendas ubicadas en el sector oriental del vecindario vierten sus aguas
residuales domésticas sin tratamiento tanto a fosas improvisadas, a fin de que
se infiltren al suelo, como a campo abierto. Para el caso de las aguas
residuales provenientes de baños se usan las referidas fosas, las cuales se
presentan en diferentes dimensiones y se disponen dentro de los espacios
que ocupan los habitantes como patios e incluso al interior de las viviendas.
Algunas de estas fosas se encuentran colmatadas o han colapsado, no
cuentan con tapas adecuadas, registran presencia de natas, sólidos en
descomposición y son fuente de fuertes olores ofensivos, así como de
vectores. Es de anotar además que, al disponerse las aguas servidas sin el debido
tratamiento, las paredes de los referidos pozos pueden impermeabilizarse, por lo
que aumenta la posibilidad de rebose de las aguas residuales que se disponen en
estos, lo que consecuentemente puede conllevar a problemáticas sanitarias por
proliferación de vectores y contacto directo de los habitantes con las referidas aguas
residuales, habitantes entre los que se encuentran niños y personas de la
tercera edad. Algunos (sic) de estas fosas no se pudieron inspeccionar, debido a
que los habitantes han construido nuevos espacios habitacionales, con placas de
concretos sobre los mismos. Las aguas provenientes de cocinas y del lavado de
este grupo de viviendas se disponen a media ladera, a través de una red de tuberías
a la vista en PVC construidas por los mismos habitantes. Es de anotar que este
sector presenta fuerte pendiente, por lo que este tipo de disposición de las
aguas servidas representa además un factor de riesgo importante para la
estabilidad tanto del terreno, como de las viviendas que este sustenta. Esta
situación podría configurar también una situación de riesgo de contaminación
del Rio Quindío, pues por escorrentía y la pendiente del terreno las mismas
podrían alcanzar la referida fuente hídrica. No obstante, la distancia
comprendida entre la zona de generación y el cauce de esta corriente, más de
300 metros lineales, podrían ser atenuantes de esta situación de riesgo,
debido a la presentación de fenómenos como evaporación y filtración de las
mismas en el suelo durante su recorrido hasta este cuerpo hídrico. Es de anotar
además que este tipo de gestión y tratamiento a las aguas residuales domesticas
generadas en el sector no da cumplimiento a ninguno de los criterios establecidos

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

64

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

por la normatividad técnica como el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y
Saneamiento Básico RAS, reglamentado por la resolución 0330 de 2017.

De otra parte, un grupo de aproximadamente 29 viviendas ubicadas en el
sector occidental de esta comunidad dispone la totalidad de sus aguas
residuales domesticas sin tratamiento a media ladera también mediante una
red de tuberías a la vista en PVC construidas por los mismos habitantes, sobre
terreno que, si bien no presenta una pendiente tan marcada como aquella
observada sobre el sector oriental del vecindario, presenta un mayor riesgo de
contaminación de una fuente hídrica por un vertimiento difuminado, como es
el caso de la Quebrada La Florida, la cual se encuentra ubicada a
aproximadamente a 80 metros lineales del sector. Como en el caso anterior, el
manejo de las aguas residuales domesticas generadas en este sector no da
cumplimiento a ninguno de los criterios establecidos por la normatividad técnica
como el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAS,
reglamentado por la resolución 0330 de 2017.

Es de anotar además que, según visita efectuada por esta autoridad ambiental
al mismo sector en el mes de julio del año 2018, se observa que las
condiciones referidas persisten.

De otra parte, la situación de formalidad del asentamiento en mención debe ser
tenida en cuenta también para el análisis de la situación y la búsqueda de una
solución a las problemáticas referidas. En todo caso y de acuerdo a los mandatos
normativos, el ente territorial deberá abordar esta situación como competente
en la materia teniendo en cuenta lo descrito en el MARCO JURÍDICO del
presente concepto técnico.
[…]

5. CONCLUSIONES

• El manejo y disposición de aguas residuales domesticas generadas en la
comunidad del Barrio Florida Baja, genera contaminación principalmente del
componente suelo […].

• Si bien el manejo de las aguas residuales domesticas en el sector presenta una
afectación ambiental como se indica, la principal problemática derivada de esta
situación se asocia, tanto a la presentación de riesgo por desestabilización del
terreno en el que se sustentan parte de las viviendas en el sector, el cual
presenta fuerte pendiente, como a la presentación de riesgo sanitario por la
proliferación de vectores, olores ofensivos y contacto directo de las personas
con las aguas residuales domésticas, teniendo en cuenta además que parte de
los integrantes de la comunidad del Barrio Florida Baja son niños y personas de la
tercera edad.

• Según visita efectuada por esta autoridad ambiental al mismo sector en el mes de
julio del año 2018 y lo evidenciado en la visita que genera el presente concepto
técnico, se observa que las condiciones referidas persisten.

6. RECOMENDACIONES

Requerir al municipio de Armenia para que, de acuerdo a sus competencias
en materia de saneamiento básico y de prestación de servicios públicos,
atienda la situación presentada en la comunidad del Barrio Florida Baja,
teniendo en cuenta además que el referido sector hace parte del perímetro
urbano de dicho municipio […]” (Destacado fuera de texto).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

65

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

120.20. Copia del Oficio 2019EE0083264 de 17 de marzo de 2019114 a través del
cual la Subdirectora de Proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dio
respuesta al derecho de petición de la Personera Municipal de Armenia, señalando
que la solicitud corresponde al ámbito de competencia del Municipio de Armenia,
incluyendo la formulación de proyectos y la consecución de los recursos
correspondientes en el evento que sea necesario. Igualmente indicó:

“[…] el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en
el marco de sus competencias, en la actualidad tiene baja disponibilidad de recursos
para la cofinanciación de proyectos, la elaboración de estudios y diseños, entre
otros. No obstante, la entidad territorial podrá gestionar recursos en otras fuentes
financieras.

En este mismo sentido los municipios y/o distritos, según lo establecido en el artículo
6 numeral 6.2115 de la Resolución 1063 de 2016 en armonía con la Resolución 016
de 2015 tienen la posibilidad de obtener la fuente de financiación a los proyectos, a
través de un Cupo de Crédito, bajo la modalidad de Operación de Redescuento,
Línea. Tasa Compensada FINDETER.

De otra parte, se recuerda que las administraciones municipales disponen de otros
medios de financiación, tal como lo estipula el artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1077
de 2015 que establece que la entidad territorial podrá adelantar los trámites
necesarios para la financiación de proyectos a través de las siguientes fuentes:

‘(...)
1. Recursos del Presupuesto General de la Nación.
2. Recursos del Sistema General de Participaciones.
3. Recursos del Sistema General de Regalías.
4. Recursos de las Autoridades Ambientales.
5. Recursos propios o de libre destinación de las entidades territoriales o de
cualquier otro actor del PAP-PDA.
6. Recursos de inversión de los prestadores que quieran ejecutar a través
del PAP.
PDA.
7. Recursos del sector privado que se incorporen a la estructuración y
ejecución de proyectos en el marco de asociaciones público-privadas.
8. Cualquier otra fuente de recursos que pueda o deba aportarse al desarrollo
del
PAP-PDA.
(…)’

Ahora bien, en cuanto a los proyectos que soliciten apoyo financiero de la Nación
deberán ser formulados, cumpliendo con los requerimientos y requisitos de
presentación de proyectos del Mecanismo de Viabilización de proyectos,
reglamentado con la Resolución 1063 de 2016 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, para lo cual puede consultar en la página WEB de esta
Cartera Ministerial, ‘Gula de Presentación de Proyectos de Agua Potable y
Saneamiento Básico’.

También se recuerda que las actividades de apoyo técnico en la gestión de
proyectos fueron asignadas al gestor, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo

114
Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.
115 “6.2. Proyectos financiables con recursos de Tasa Compensada: Las entidades territoriales podrán financiar

con recursos de la línea de Tasa Compensada, los proyectos definidos en la Resolución 016 de 2015 y las
demás normas que la modifiquen, adicionen, aclaren o deroguen”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

66

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

2.3.3.1.4.14 del Decreto 1077 de 2015, motivo por el cual puede contar con dicho
apoyo por parte del Plan Departamental de Agua de Quindío, cuyo gestor es la
Secretaría de Aguas e Infraestructura de la Gobernación de Quindío […] quien
puede apoyar con los diseños y/o formulación de los proyectos y financiación, por lo
tanto se podrá contar con la asistencia técnica del Gestor del Departamento, e
igualmente adelantar las gestiones necesarias para definir las fuentes de
financiación, que permitan la viabilidad financiera del correspondiente proyecto.

Por último, esta Cartera Ministerial le recuerda respetuosamente que como jefe de
la administración local, le corresponde la asunción de las medidas que le
correspondan en el marco de sus competencias […] con el objeto de garantizar la
los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico en su
territorio, lo anterior como forma de materialización de los derechos fundamentales
de los pobladores de la entidad territorial.

En virtud de lo expuesto damos traslado de la petición aquí referida. [L]o anterior
[…] para que de acuerdo con las competencias descritas en precedencia, emita
respuesta de fondo a la peticionaria dentro de los términos y condiciones legalmente
estipulados […]”.

120.21. Copia de Oficio GRTAR-342 2019RE1798 de 9 de mayo de 2019116
suscrito por el Gestor de Recolección y Transporte de Aguas Residuales de
Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P., en el cual señaló que no es posible
realizar una limpieza de los pozos sépticos construidos por los habitantes del sector
de “La Florida Baja” debido a que:

“[…] Como se pudo evidenciar durante la visita realizada por la Secretaria de Salud,
las viviendas allí construidas vierten sus aguas residuales a pozos sépticos
construidos empíricamente por los habitantes del sector denominado ‘La Florida
Baja’, la mayoría de los pozos y/o letrinas se encuentran colmatados y el
mantenimiento de dichas estructuras no es competencia de EPA E.S.P.

Las viviendas del sector ‘Florida Baja’ no son usuarios de Empresas Públicas de
Armenia -EPA- E.S.P. por lo tanto, no es posible realizar ninguna actuación sobre el
acueducto con el que actualmente se surten de agua potable, debido a que estas
personas se conectaron fraudulentamente a un tubo de una pulgada (1") que
pertenece a la acometida de agua potable de la Hacienda Costa Azul. [D]icho
inmueble cuenta con un medidor y si es usuario legalizado ante nuestra entidad,
pero a causa de las conexiones ejecutadas por los habitantes de la zona subnormal,
a la fecha no es posible facturar el servicio de acueducto a la Hacienda en mención.

En el tema referente al sistema de alcantarillado, en esa zona no hay redes operadas
por EPA E.S.P., [p]resuntamente, el lote no pertenece a los habitantes del mismo y
las viviendas son producto de una invasión que se encuentra actualmente bajo un
proceso jurídico, adicional hay un sector que se encuentra en zona de alto riesgo,
situación que impide el desarrollo de obras por parte de esta entidad, ya que tanto
las personas como la zona no cumplen con los requerimientos para ser legalizados.

Si fuera a evaluarse alguna consideración para instalar redes de acueducto y
alcantarillado, las condiciones urbanísticas no lo permitirían, puesto que las
viviendas fueron construidas sin dejar corredores centrales, andenes o vías con
algún tipo de geometría que permitiera evaluar la instalación de una tubería.

116 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
123_ED_0191CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 45-46.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

67

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Como puede observar, no obstante la problemática social del sector, ser de alto
impacto, no es posible para nosotros como Empresas Públicas de Armenia -EPA-
E.S.P. tomar alguna medida definitiva o de mitigación frente a la prestación de los
servicios de acueducto o alcantarillado […]” (Destacado fuera de texto).

120.22. Copia del Oficio 2019EE0079118 de 5 de septiembre de 2019117 expedido
por la Subdirectora de Proyectos del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dando respuesta al Oficio DP.100-
485118, mediante el cual se remitió la solicitud al Municipio de Armenia y se informó
sobre las competencias del Ministerio en el sentido de actuar “[…] i) como rector de
política institucional en la materia, y, ii) como encargado de la evaluación de los
proyectos de agua y saneamiento básico en los que las entidades territoriales
solicitan apoyo financiero de la Nación y /o estructuran en el marco del Programa
Agua para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de
los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP-PDA) […]”. Asimismo, apuntó que “[…]
prestará apoyo institucional y asistencia técnica a las entidades territoriales, la cual
será prestada para los proyectos que sean formulados cumpliendo con los
requerimientos de presentación de los mismos del mecanismo de viabilización de
proyectos, reglamentado en la Resolución MVCT 1063 de 2016 […]”.

120.22.1. En el mismo Oficio precisó que las entidades territoriales cuentan con
una serie de fuentes de recursos en la cual se encuentran: i) el Sistema General de
Participaciones SGP; ii) las bolsas de apoyo financiero a los PAP-PDA; iii) recursos
propios de la entidad territorial y financiación externa; iv) línea de redescuento con
tasa compensada; v) sistema general de regalías; vi) corporaciones autónomas
regionales; y vii) otras fuentes de recursos.

120.23. Copia del Oficio núm. 00013689 de 11 de septiembre de 2019119 expedido
por el Subdirector de Regulación y Control Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, mediante el cual dio respuesta al requerimiento previo de la
Personería Municipal de Armenia señalando que no era la autoridad competente
para las intervenciones solicitadas, adicionalmente indicó que en el marco de sus
funciones realizó una visita técnica del cual se rindió informe, un concepto técnico
con los impactos ambientales y de riesgo de la zona y un requerimiento ambiental
perentorio al Municipio de Armenia para que procedan a las acciones pertinentes

117 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 101-107.
118 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 77-78.
119 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 81-82.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

68

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

para cesar los impactos ambientales, circunstancia de la cual no recibieron
respuesta y, en consecuencia, iniciaron procedimientos administrativos.

120.24. Copia del Oficio S.A.I.81.136.07 de 15 de octubre de 2019120, expedido
por el Secretario de Aguas e Infraestructura del Departamento del Quindío y dirigido
a la Personera Municipal de Armenia, mediante el cual señaló que en el marco del
Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento Básico (PDA):

“[…] se suscribió Convenio N° 001 del 15 de agosto de 2017 con el municipio
de Armenia, mediante el cual se realizó la vinculación de la entidad territorial
al PDA, a fin de realizar acciones conjuntas para los servicios de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo, el cual se consolida con la asignación de recursos del
Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico
(SGP-APSB) del departamento y de las entidades territoriales, a fin de
apalancar las inversiones a que dé lugar en la concertación de las necesidades
de inversión.

Cabe precisar que las entidades territoriales tienen el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV) como ruta de trabajo, para la proyección de las
obras de saneamiento básico en su jurisdicción, sin embargo, los proyectos de
Armenia al no contar con el citado instrumento de planeación, debidamente
aprobado por Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), no cumplen
con todos los requisitos legales para su evaluación y viabilización, toda vez
que según la Resolución 1063 de 2016 establece: ‘Capitulo Il, presentación de
proyectos del sector agua potable y saneamiento básico numeral 2.6.4 Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). Los proyectos de alcantarillado
sanitario o combinado, deben adjuntar copia del PSMV, con su correspondiente
resolución de aprobación, con el fin de revisar entre otros la vigencia y la
concordancia del proyecto con el citado plan...’.

En este sentido, los proyectos que se pueden apoyar [en] el PDA, deben cumplir
con todos los requisitos legales de evaluación y viabilización contemplados en las
normas vigentes, sin embargo, existe la disposición por parte de este despacho, de
brindar el acompañamiento técnico que sea necesario para consolidar los proyectos
que el municipio de Armenia requiera, siempre y cuando el alcalde municipal
manifieste la necesidad de vinculación del PDA y se cumplan con las condiciones
técnicas, ambientales, financieras y sociales para formular un ruta de acción para la
comunidad mencionada […]”.

120.25. Copia del Oficio DP POT 7606 de 30 de octubre de 2019121 a través del
cual el subdirector del Departamento Administrativo de Planeación del Municipio de
Armenia dio respuesta al Oficio SI POI 4024 de 22 de octubre de 2019 expedido por
el Secretario de Infraestructura del Municipio, en los siguientes términos:

“[…] una vez consultado el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia, Acuerdo
019 de 2009, se pudo vislumbrar que en la comuna 7 del Municipio se encuentra el

120 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 34-35.
121 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 34-35.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

69

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Barrio denominado La Florida, el cual según el Sistema de Información Geográfico
de Armenia se delimita así:

No obstante lo expuesto, es menester precisar que, de acuerdo a las actuaciones
desplegadas por la Secretaria de Desarrollo Económico, se tiene que "La Florida
Baja" hace relación a un asentamiento que se encuentra identificado actualmente,
en el cual se pudieron identificar un total de 38 casas […]”.

120.26. Copia del Oficio DB PGA 4094 Interno 4180 de 7 de noviembre de 2019122
a través del cual la directora del Departamento Administrativo de Bienes y
Suministros del Municipio de Armenia dio respuesta al Oficio SI POI 4142 de 28 de
octubre de 2019 expedido por el Secretario de Infraestructura del Municipio, en los
siguientes términos: “[…] una vez revisados los archivos contenidos en nuestra
dependencia se pudo establecer que el barrio denominado como Florida Baja, no
se encuentra legalizado como tal ya que se trata de un asentamiento informal, es
de considerar que en su momento con recursos del estado se adjudicaron subsidios
a viviendas que se encontraban en zonas de alto riesgo y que fueron reubicadas
[…]”.

122 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Página 37.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

70

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

120.27. Copia del Oficio SI POI 4352 de 19 de noviembre de 2019123 suscrito por
el Secretario de Infraestructura del Municipio de Armenia, en el cual manifestó:

“[…] se puede evidenciar que presuntamente el lote no pertenece a los
habitantes, por lo tanto, los moradores no poseen legalidad del terreno y las
viviendas que se encuentran allí son producto de invasiones, es de aclarar que
el sector se encuentra en zona de alto riesgo, los anteriores son factores que no
permite hacer inversión de ninguna clase en temas de infraestructura por la
administración municipal en el marco de sus competencias.

En análisis de los hechos manifestados, el acuerdo municipal 019 de 2009 en su
título V, capítulo I del plan de proyecto urbano y en el libro Ill componente urbano,
su artículo 81 establece lo siguiente: delimitación urbana - político administrativa en
comunas y barrios, tenemos entonces que la división urbana establecida en armenia
se compone de 10 comunas y que el asentamiento denominado Florida Baja no se
encuentra en el listado; que el articulo 82 barrios urbanos listado de barrios urbanos
en armenia, el asentamiento denominado Florida Baja no se encuentra.

En general, el asentamiento denominado florida baja urbanísticamente no cumplen
(sic) con los requisitos de ley a los cuales se debe someter todo asentamiento,
tenemos entonces que la solicitud de realizar la construcción de un sistema de
alcantarillado, la construcción de un sistema de tratamiento de sistema de aguas
residuales no pueden realizarse, dejando claro que las anteriores actividades se
podrán desarrollar siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos, es
así como la dotación de servicios públicos, la construcción de las obras de
urbanización, construcción, ampliación o adecuación para la intervención del
espacio público, en cumplimiento de las normas no se configuran para el caso que
nos atañe, finalmente el proceso de legalización se presentará ante la autoridad
competente del municipio, la solicitud de legalización se deberán adjuntar aquellos
documentos que permitan identificar jurídica y físicamente el asentamiento […]”.

120.28. Copia del Plano de localización124 del predio Florida Baja expedido en
enero de 2020 por el Departamento Administrativo de Planeación:

123 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.
124 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Página 45.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

71

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

120.29. Copia del Oficio SI POI 102 de 16 de enero de 2020125 en el cual la
Secretaria de Infraestructura del Municipio de Armenia registró informe de
inspección técnica en el asentamiento Florida Baja, en el cual indicó:

“[…] De acuerdo a la inspección técnica realizada por personal de esta Secretaría,
las viviendas de este asentamiento no se encuentran conectadas a la red de
alcantarillado de Empresas Públicas de Armenia ESP. Existen pozos artesanales
construidos por los habitantes del sector, que ocuparon ilegalmente un
espacio privado para la construcción de sus viviendas y por este motivo, al no
ser un barrio legalmente constituido no cumple con las condiciones
necesarias para acceder a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo.

Aunque existen viviendas en situación precaria, también se encuentran viviendas
construidas en materiales técnicos y de varios niveles, por lo cual no es posible
afirmar que todas las personas que habitan dichas viviendas se encuentran en
situación de vulnerabilidad, sino al contrario, en mejores condiciones que otros
barrios de la ciudad.
[…]

Como se puede observar las viviendas a pesar de no tener servicio de acueducto,
alcantarillado y aseo, por tratarse de viviendas ilegales, ubicadas en predios ajenos,
cuentan inexplicablemente con el servicio de energía eléctrica, gas natural,
televisión por cable. Por lo cual estas empresas deben hacerse también
responsables de entregar disponibilidad de servicios públicos a estas viviendas, que
en algunos casos, se encuentran en situación precaria.

El propietario o poseedor que construye un pozo séptico se encuentra en la
obligación de realizar mantenimientos y limpieza a estas estructuras en vista de que
la alcaldía no presta ese servicio en la zona urbana porque para ello existen las
redes de alcantarillado operada por Empresas Públicas de Armenia EPA ESP.

Es igualmente importante agregar que los pozos sépticos no están permitidos en la
zona urbana del municipio de Armenia, ya que cualquier construcción que se realice
con el cumplimiento de los requisitos legales, debe conectarse a las redes de
alcantarillado correspondientes.

En este caso las viviendas ilegalmente construidas en predios de propiedad privada
construyeron pozos sépticos que en ese momento son de su responsabilidad y no
del municipio, por tratarse de construcciones ilegales.

Es importante señalar que las viviendas fueron construidas sin seguir ningún orden
en su ordenación, sin dejar corredores que permitan la instalación de redes de
alcantarillado, por lo cual se considera imposible construir una red de alcantarillado
técnicamente alcanzable.
[…]

Como se puede observar, existen corredores o callejones, que no cumplen con
las condiciones para una vía peatonal o vehicular, por la cual se pueda
atravesar un sistema de alcantarillado.
[…]

125 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

72

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Se puede observar que, por encontrarse en zona de talud, tampoco es posible
técnicamente subir la tubería de alcantarillado a nivel de la vía. Estas viviendas
afectan directamente el talud.

Por lo expuesto se considera que técnicamente no es posible construir un sistema
de alcantarillado o similar en el Barrio La Florida Baja o un sistema de tratamiento
de aguas residuales, y por consiguiente no es posible evitar que las aguas […]
[residuales] se viertan en algún momento a las aguas de la quebrada La Florida o el
Río Quindío, lo anterior, no sólo por la topografía del terreno como ya se ha
mencionado, sino porque el predio se encuentra actualmente en un proceso judicial
iniciado por su propietario, ya que quiénes demandan estos derechos son habitantes
irregulares o ilegales del mismo.

Igualmente, es necesario mencionar, que los derechos colectivos de los habitantes
de Armenia se encuentran por encima de los de unos pocos, puesto que con tales
construcciones se está afectando el medio ambiente de toda la ciudad, al afectarse
sus fuentes hídricas […]” (Destacado fuera de texto).

121. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso concreto

122. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

La amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos, en el caso
concreto

123. La Sala considera que, según lo señalado por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación126, para que pueda predicarse la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos, debe estar
demostrado su carácter real, inminente y concreto.

124. Es así que se desprende de las pruebas referidas en el proceso que en el
interior de las viviendas del barrio Florida Baja se han implementado, en algunos
casos, unas letrinas y, en otros, unas líneas de tubería que se usan para el

126 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de febrero de 2018, C.P.

William Hernández Gómez, radicación número: 250002315000200202704-01(SU). Jurisprudencia reiterada por
la Sección Primera, en sentencia de 25 de noviembre de 2019, núm. único de radicación:
660012333000201400322-01(AP), C.P. Oswaldo Giraldo López.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

73

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

vertimiento de aguas residuales, llevándolas a cierta distancia para finalmente
expulsarlas al aire libre. Dichas circunstancias han generado un vector de riesgo de
salubridad en la comunidad debido a que resulta en un tratamiento inadecuado de
los residuos y adicionalmente implica un riesgo para los habitantes que se
encuentran en contacto con dichos residuos.

125. Pues bien, en visita realizada por la Personería Municipal de Armenia se pudo
constatar que, “[…] en casi todas las viviendas del sector, los pozos sépticos se
encuentran al máximo de su escasa capacidad, obligando a la comunidad a
construir nuevos pozos en zonas de su vivienda cercanas a las cocinas y
habitaciones, poniendo en riesgo de manera evidente la salud y dignidad humana
de niñas y niños, adultos mayores y de la comunidad en general […]”127.

126. Más adelante, mediante Oficio DP POT 7606 de 30 de octubre de 2019,
expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Armenia,
se indicó que “[…] de acuerdo a las actuaciones desplegadas por la Secretaria de
Desarrollo Económico, se tiene que ‘La Florida Baja’ hace relación a un
asentamiento que se encuentra identificado actualmente, en el cual se pudieron
identificar un total de 38 casas […]”128 (Destacado fuera de texto). Concordante con
el Oficio DB PGA 4094 de 7 de noviembre de 2019129, expedido por el Municipio de
Armenia, en el cual se determinó que el Barrio Florida Baja no se encuentra
legalizado en la base de datos del Municipio de Armenia debido a que se trata de
un asentamiento informal.

127. Adicionalmente, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, a través del
informe técnico de 18 de julio de 2018130, señaló que los riesgos sanitarios son
significativos y demandan atención y tratamiento inmediato. Asimismo, que “[…] la
evacuación y limpieza de los pozos de aguas residuales existentes y localizados al
interior de las viviendas del Barrio Florida Baja no constituye una medida preventiva
que logre eliminar los riesgos sanitarios allí presentes […]”.

127 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 9-11.
128 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 34-35.
129 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Página 37.
130 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 85-88.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

74

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

128. Se demostró, mediante informe de visita realizada el 13 de septiembre de
2018131, suscrito por el Gestor de Tratamiento de Aguas Residuales (E) de
Empresas Públicas de Armenia E.S.P., que las viviendas cuentan con un sistema
de descarga de las aguas residuales consistente en letrinas rebosadas, sin más
capacidad de almacenamiento y, en algunos casos, con filtración de las mismas
hacia otras viviendas.

129. Se encuentra probado, mediante Oficio SS-PSS-SP-0734 de 3 de abril de
2019132, expedido por la Secretaria de Salud del Municipio de Armenia, que hay
vertimientos arrojados a cavidades que no cuentan con recubrimiento interno, en
algunos casos cubiertos en su parte superior y uno colmatado; con olores ofensivos
en el perímetro cercano a las letrinas, así como hallazgo de “[…] formas inmaduras
(larvas y pupas) de mosquito Aedes, en un tanque bajo que[,] a pesar de poseer
tapa, estaba desportillado permitiendo el ingreso de mosquitos. […] El resultado de
los índices aédicos es: […] Índice de vivienda: 4 […] Índice de depósito: 1,3% […]
Índice de Breteau: 4 […]”, todo lo cual evidencia un riesgo moderado en torno a
dicha problemática de salubridad derivada de la presencia de vectores.

130. Ahora bien, en relación con los asentamientos ilegales y la prestación de
servicios públicos, la Corte Constitucional ha considerado que “[…] la ilegalidad
habitacional en Colombia es un problema de la máxima gravedad, que pone en
peligro el goce efectivo de los derechos fundamentales de millones de personas. Se
ha resaltado que en los asentamientos ilegales sus habitantes se encuentran
en una condición de especial vulnerabilidad en la cual varios de sus derechos
pueden ser afectados: (i) el derecho a la vida y a la integridad física (artículo 11 de
la Carta) de las personas que habitan en zonas de alto riesgo, (ii) el derecho a la
vida digna, a la salud y al saneamiento ambiental (artículo 49) de los residentes de
urbes mejor desorganizadas y cuya provisión de servicios públicos domiciliarios es
menos eficiente y de peor calidad, (iii) el derecho a un medio ambiente sano (artículo
79) de los habitantes de ciudades que no protegen sus recursos naturales y
ambientales, (iv) el derecho a la vivienda digna (artículo 51) al no existir un
desarrollo racional y ordenado de la oferta de vivienda bajo condiciones adecuadas,
(v) el acceso de los individuos a los servicios públicos domiciliarios, lo que así mismo

131
Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
123_ED_0191CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 36-41 y
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 31-36.
132 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 42-56.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

75

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

resulta en un mayor bienestar y calidad de vida (artículos 365 y 366), y (vi) la
protección de la integridad del espacio público (artículo 81) […]”133.

131. En ese sentido, se comprobó que representantes del asentamiento han
solicitado a Empresas Públicas de Armenia -EPA- E.S.P.134, desde el año 2013, que
les presten los servicios públicos de acueducto y alcantarillado debido a que los
pozos sépticos no dan abasto, ya se encuentran llenos y se han convertido en la
causa de múltiples enfermedades. A lo cual, en respuesta135, se indicó que no era
posible realizar ninguna actuación sobre el acueducto o el alcantarillado instalados
por los moradores del sector y presentó observaciones relacionadas con que no era
posible tomar medida alguna para prestar los servicios públicos citados al tratarse
de un predio propiedad de un tercero, ubicado en zona de alto riesgo y construido
con obstáculos urbanísticos.

132. Es así que, se encuentra demostrada la existencia del asentamiento, su
ubicación registrada en el Barrio Florida Baja dentro del Municipio y en zona urbana
de Armenia y las circunstancias de hecho bajo las cuales habitan incluyendo la
ausencia de la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado o algún
sistema que les permita el vertimiento bajo estándares mínimos de salubridad de
las aguas residuales que proceden de su comunidad.

133. La Sala resalta que los asentamientos ilegales normalmente están
compuestos por familias de escasos recursos, víctimas de desplazamiento y
población mayoritariamente menor de edad o de la tercera edad, como en efecto se
confirmó en este caso con las pruebas decretadas. En este punto, se debe resaltar
que, contrario a lo manifestado por el Municipio en su recurso de apelación, la
adecuada prestación de servicios públicos es una obligación a cargo del Estado que
no faculta ni incentiva la creación de más asentamientos ilegales. Lo anterior, debido
a que son factores humanitarios, socioeconómicos, políticos, fiscales, entre otros,
los responsables del aumento de ese fenómeno, los cuales no están relacionados
con la prestación del servicio público domiciliario.

134. Por ello, la Sala evidencia que las autoridades territoriales tienen
conocimiento que la comunidad vive en condiciones de riesgo y contaminación en

133 Corte Constitucional, sentencia C-1189 de 3 de diciembre de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 99 de la Ley 812 de 2003 sobre “Prohibición de
invertir recursos públicos en invasiones, loteos y edificaciones ilegales”.
134 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 1-4.
135 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Página 42.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

76

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

materia de salubridad; las letrinas en las cuales arrojan sus desechos ya se
encuentran rebosadas y en estado de colmatación; además, están ubicadas dentro
de las viviendas, circunstancia que incrementa la generación de vectores.

135. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procederá a determinar si las
situaciones anteriormente planteadas evidencian la vulneración o amenaza de los
derechos e intereses colectivos invocados, en este caso concreto, y posteriormente
a determinar las competencias de las entidades y personas en relación con las
vulneraciones y amenazas.

136. La Sala considera que frente al derecho e interés colectivo de la salubridad
pública la vulneración es clara debido a que los habitantes del sector Florida Baja
implementaron sistemas para la disposición de aguas residuales que no garantizan
la salubridad en condiciones dignas, las cuales son fuentes latentes de
contaminación y de generación de vectores al interior de sus viviendas, lo cual tiene
como causa fundamental las deficiencias y ausencia en la prestación del servicio
público de alcantarillado en dicha comunidad.

137. Adicionalmente, frente a la seguridad pública, en el acervo probatorio se
encuentra el informe de visitas realizadas el 27, 30 y 31 de julio de 2018136, por
Empresas Públicas de Armenia -EPA- ESP., en el cual señaló que las condiciones
de la ladera son estables; sin embargo, al no tener un manejo de aguas lluvias de
cubierta, dichas aguas descargan directamente a la ladera sobre la base de las
viviendas que genera implicaciones en las cimentaciones, teniendo en cuenta que
la pendiente del lote y la implantación de las casas están direccionadas al Río
Quindío.

138. Desde otra perspectiva, el derecho e interés colectivo de acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública tiene como
propósito, tal como ha señalado el Consejo de Estado137 previamente, “[…] disminuir
la morbilidad, es decir, la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo
determinado […]”; se trata de la posibilidad de acceder a un conjunto de elementos
o servicios que se consideran necesarios para la buena gestión y protección de la
salubridad pública.

136 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 27-30.
137 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández

Enríquez, radicación número: 540012331000200300266-01(AP).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

77

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

139. En ese sentido se ha probado que en el asentamiento no existe sistema de
alcantarillado, ni algún otro mecanismo o estructura que faculte el transporte
adecuado de las aguas residuales; en razón de ello, la misma población ha tenido
que suplir su necesidad con las medidas a su alcance, abriendo la puerta al manejo
inadecuado de los desechos, con circunstancias que no garantizan la dignidad
comunitaria, para el desarrollo en sus actividades cotidianas.

140. Asimismo, es necesario mencionar que la limpieza de los pozos sépticos o
letrinas no es equiparable a la prestación del servicio público domiciliario de
alcantarillado en zona urbana. Si bien, la adopción de pozos sépticos o letrinas
puede ser asumido como una medida transitoria para suplir en forma temporal la
prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado, mientras se adoptan las
medidas definitivas para garantizar su prestación en condiciones dignas, de calidad,
eficientes y oportunas, de ninguna manera suple la obligación de los entes
territoriales de garantizar la efectiva prestación del servicio público.

141. La Sala considera que, conforme a lo demostrado en el proceso, el derecho
e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, directamente relacionado con el anterior, se encuentra
vulnerado atendiendo a que los habitantes del sector en cuestión no cuentan con la
debida prestación del servicio público de alcantarillado.

142. En cuanto al derecho e interés colectivo al goce de un ambiente sano, se
encuentra probada la amenaza debido a que, producto de la situación de
insalubridad, por la ausencia en la prestación del servicio público de alcantarillado,
se generó un riesgo de contaminación de las fuentes hídricas cercanas, a saber, el
Rio Quindío y la quebrada La Florida, con ocasión de la posible descarga de aguas
grises o residuales en los cuerpos de agua; sumado a la posible contaminación de
los suelos colindantes con las viviendas con ocasión del indebido manejo de los
residuos, lo cual evidencia igualmente un riesgo ambiental.

143. Al respecto, se aportó copia del informe de inspección técnica SI POI 102 de
16 de enero de 2020138, expedido por la Secretaria de Infraestructura del Municipio
de Armenia, en el cual se indicó que, con el mecanismo que han implementado los
habitantes para darle un manejo a sus desechos, no es posible impedir que los
mismos finalicen en el Río Quindío o la Quebrada La Florida. Asimismo, el Oficio

138 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

78

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

SS-PSS-SP-0734 de 3 de abril de 2019139, expedido por la Secretaria de Salud del
Municipio de Armenia, que informó las conclusiones de la visita realizada el 29 de
marzo de 2019 y advirtió que los vertimientos se realizan a cielo abierto hacia la
ladera que, según manifestó la Secretaría de Infraestructura del Municipio de
Armenia en el oficio inicialmente indicado, implica que “[…] no es posible evitar que
las aguas […] [residuales] se viertan en algún momento a las aguas de la quebrada
La Florida o el Río Quindío […]”.

144. En consecuencia, la Sala considera que la sentencia proferida por el Tribunal,
en primera instancia, debe ser modificada en cuanto amparó únicamente los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y
salubridad públicas, teniendo en cuenta que, en este caso, también se encontró
probada la afectación de los derechos e intereses colectivos: i) al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y ii) al acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

De la competencia de las autoridades demandadas, en el caso concreto

145. La Sala procederá a estudiar las competencias de las autoridades
demandadas con el objeto de determinar su responsabilidad en torno a la
superación de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos. En
ese orden y en armonía con los problemas jurídicos planteados, se determinará si
son procedentes o no las medidas impartidas por el Tribunal, en especial, las
relativas a la enajenación forzosa, expropiación administrativa o reubicación de los
habitantes, en razón del proceso reivindicatorio en curso.

Responsabilidad del Municipio de Armenia en el caso concreto

146. Entre las finalidades sociales del Estado se encuentra la de garantizar “[…]
[e]l bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población […]”.
En esa línea, dentro de sus obligaciones debe asegurar las condiciones mínimas
que faculten la vida en comunidad de forma óptima, es una responsabilidad ligada
con evitar situaciones de índole sanitario que sean foco de contaminación,
epidemias u otras circunstancias que afecten el estado de sanidad comunitaria.

139 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 42-56.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

79

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

147. La Sala reitera que la prestación de los servicios públicos está íntimamente
relacionada con los propósitos de bienestar general y mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes del Estado y, en ese orden, este debe asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa o indirecta,
por comunidades organizadas, o por intermedio de particulares. Asimismo,
constituye objetivo fundamental de la actividad del Estado, la solución de las
necesidades básicas insatisfechas en materia de, entre otras, saneamiento básico
y acueducto, porque, como lo explicó la Corte Constitucional en sentencia C-172 de
2014, la prestación eficiente y oportuna de estos servicios públicos garantizan otros
derechos y principios como la vida, la dignidad y la igualdad.

148. Asimismo, en la Constitución Política140 se ha señalado que los Municipios,
en forma directa o indirecta, son responsables primarios en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, en el marco de ciertos estándares de calidad, de la
promoción del desarrollo en el territorio, de la garantía del bienestar general y de la
solución de las necesidades básicas de la población de su territorio.

149. En ese orden, el municipio es el principal obligado a garantizar la prestación
de, entre otros, el servicio de saneamiento básico a los habitantes de su jurisdicción
en su modalidad de alcantarillado, de acuerdo con las normas que regulan los
servicios públicos domiciliarios; así como de la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura para la prestación de los
servicios, en orden a garantizar su eficiente y oportuna prestación.

150. Para el cumplimiento de dichos objetivos, en ejercicio de la descentralización
territorial y administrativa, los municipios tienen la obligación legal de asegurar la
prestación de los servicios públicos domiciliarios, dentro de los cuales se encuentra
el de alcantarillado, sea de forma directa o a través de empresas de servicios
públicos de carácter oficial, privado o mixto.

151. En el caso concreto, atendiendo a los criterios de categorización de los
municipios, sobre la base del número de habitantes y los ingresos corrientes de libre
destinación, se clasificó al Municipio de Armenia como municipio de primera
categoría141. Lo anterior evidencia la capacidad del Municipio para ejercer el
cumplimiento de su función como prestador de los servicios públicos domiciliarios.

140 Artículo 311.
141 Ver Decreto 276 de 26 de septiembre de 2023 expedido por el Alcalde del Municipio de Armenia, “Por medio

del cual se determina la categoría del Municipio de Armenia para la vigencia fiscal 2024”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

80

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

152. En esa misma evaluación, dentro del acervo probatorio se encontró que: i)
las viviendas objeto de este caso concreto, ubicadas en Florida Baja, no cuentan
con servicio público de alcantarillado, lo cual ha ocasionado, como se indicó
anteriormente, una problemática ambiental y sanitaria en la zona; ii) en intento de
reemplazo han dispuesto un sistema rudimentario para la deposición de sus
residuos; iii) en atención a lo anterior, se ha intentado gestionar por la Personería,
en nombre de la comunidad, la construcción de un sistema de alcantarillado,
mediante solicitudes presentadas ante la respectiva empresa prestadora del
servicio público en el Municipio, con resultados negativos en torno a la garantía del
servicio manifestando, entre otras cosas, la ilegalidad del asentamiento en el predio.

153. Con ocasión de lo anterior, en el marco de otros trámites judiciales y
administrativos, el Municipio de Armenia expidió un certificado de disponibilidad
presupuestal142 para contratar los servicios de limpieza de los pozos sépticos o
letrinas del precitado asentamiento, aunque no se demostró que efectivamente se
ejecutara la limpieza. Si bien, el Municipio afirmó que “[…] cuenta con los estudios
previos para contratar motobombas que realicen la limpieza de los pozos sépticos
o letrinas […]”143, dichos estudios tampoco fueron aportados al presente proceso.

154. En ese sentido, atendiendo a que el Municipio ha informado sobre la
realización de diligencias orientadas a gestionar la limpieza de los pozos en dicho
asentamiento, incluyendo la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal núm. 20185896144, mediante el cual se señaló que existe aprobación
disponible de ocho millones ochocientos cuarenta mil pesos M/cte. ($8.840.000,oo)
para atender la solicitud de “[…] [p]restación de servicios para realizar la limpieza
de los pozos sépticos y/o letrinas del asentamiento […] Florida Baja de Armenia
[…]”, la Sala considera a título indiciario que la expedición de dicha certificación
estuvo precedido de un estudio técnico que permitió concluir que ese mecanismo
es viable para garantizar la limpieza de los pozos sépticos y/o letrinas, de forma
transitoria, mientras se implementa, en la medida de las posibilidades técnicas, un
mecanismo apropiado para la prestación del servicio público de alcantarillado o se
resuelve, ante la imposibilidad técnica, sobre la reubicación de las familias a un lugar
donde se pueda garantizar la prestación de los servicios.

142 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 39.
143 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 37.
144 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 39.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

81

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

155. Ahora bien, en lo que se refiere a las órdenes impartidas por el Tribunal, en
primera instancia y en relación con el Municipio de Armenia, se tiene lo siguiente:

156. Por un lado, en el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, que “[…] a través de su Alcalde o quien haga sus
veces, […] dentro de los tres (03) meses siguientes inicie y culmine la elaboración
de un estudio en el cual consigne las acciones de identificación, caracterización,
determinación de opciones de intervención y su aplicación y ejecución, para
adelantar los procesos de expropiación administrativa y/o compra forzada del predio
con la consecuente compra de mejoras de los poseedores o su reubicación en una
vivienda digna y de características en valor similares al valor de las mejoras
realizadas por los diferentes moradores, impidiendo desde ya la realización de otras
construcciones en el lugar, según lo expuesto […]”.

157. Por el otro, en el ordinal sexto de la parte resolutiva de la sentencia proferida,
en primera instancia, que, “[…] a través de su Alcalde o quien haga sus veces, […]
realice un monitoreo constante de las construcciones en dicho lugar, para de esta
forma impedir el asentamiento de nuevas viviendas, y evitar así se acreciente el
problema generado por la probada falta sistemática de control urbano […]”.

158. Y, por último, en el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida, en primera instancia, “[…] a través de su Alcalde o quien haga sus veces,
así como a las EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA E.P.A E.S.P a través de su
Director o quien haga sus veces, […] como directas responsables del servicio de
alcantarillado en el Municipio, visiten periódicamente la zona y según sus
conclusiones, procedan a efectuar la limpieza y descolmatación presente en los
pozos sépticos y estructuras similares existentes en el lugar, hasta tanto se dirima
la controversia sobre la titularidad del predio, ello como medida para hacer cesar la
amenaza a los derechos colectivos que se amparan […]”.

159. En ese sentido, siendo el Municipio de Armenia el principal obligado a
garantizar la prestación del servicio público de alcantarillado en su zona urbana y
para efecto de determinar cuáles son las medidas necesarias para superar la
problemática planteada en este caso, la Sala tendrá en cuenta la postura adoptada
en la sentencia de 1.º de marzo de 2018 dentro del proceso identificado con número
único de radicación 190013331005201100294-01, sin perjuicio de las
circunstancias particulares que atañen a este proceso como, por ejemplo, aquella

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

82

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

atinente a la situación de controversia en torno a la titularidad del predio, lo cual se
reitera, no es objeto de este trámite judicial.

160. En primer orden, la Sala modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de
la sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de ordenar a dicho
Municipio que, en un término máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la
ejecutoria de esta sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 a 131 del
Decreto 564 de 24 de febrero 2006 y en la normativa reglamentaria vigente,
adelante todos los trámites necesarios, con el fin de incorporar legalmente como
asentamiento urbano a Florida Baja, si a ello hubiese lugar.

161. En segundo orden, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de ordenar a dicho Municipio
que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, en
caso de no haberlo hecho y en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, realice un censo y estudio en el que se determinen los
siguientes puntos: i) el número total de habitantes de Florida Baja; ii) el número de
personas que habitan en cada una de las viviendas; iii) la ubicación exacta de las
construcciones en el predio; iv) la determinación del nivel de riesgo, de conformidad
con las normas constitucionales, legales y reglamentarias, en la que se encuentra
cada una de las familias y viviendas, teniendo en cuenta la ubicación de las mismas
en los distintos sectores del predio; y v) la situación específica de cada familia y
vivienda en relación con la disposición de residuos líquidos y sólidos, en especial,
de las aguas grises y residuales.

162. En tercer orden, se modificará el mismo ordinal para ordenar al Municipio de
Armenia que, teniendo en cuenta la información obtenida con el censo y estudio
anteriormente ordenado, o su actualización, y con el objeto de evitar nuevos
asentamientos en la zona, que, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, se adopten las medidas necesarias, incluso aquellas
derivadas del ejercicio de la función de policía, orientadas a evitar el incremento del
número de habitantes en el asentamiento de que trata esta acción popular.

163. En este punto, la Sala resalta que, contrario a lo manifestado por el Municipio
de Armenia en su recurso de apelación, en cuanto a que “[…] aunque el municipio
ya tiene caracterizados a los actuales ocupantes del predio y a pesar de todas las
acciones que pueda desplegar el municipio para evitar nuevos asentamientos, no
es posible tener un funcionario monitoreando la zona durante todo el día, todos los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

83

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

días y las invasiones ocurren generalmente en la noche y los fines de semana […]”,
el Municipio debe evaluar las medidas concretas y necesarias que sean de su
competencia para cumplir con su función de vigilancia y control en relación con los
asentamientos ubicados en su territorio, en aras de la poder adoptar las medidas
necesarias para garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos de
la comunidad.

164. Ahora bien, si eventualmente las administraciones municipales consideran
que pueden verse superadas en su capacidad de gestión debido a la magnitud de
las circunstancias a proteger, lejos de constituir un motivo para negarse a desarrollar
la actividad administrativa, devienen en un apremio a fin de satisfacer con mayor
diligencia y cuidado las necesidades e intereses de los habitantes, más aún en
tratándose de la ausencia de servicios públicos esenciales como el de alcantarillado.

165. En relación con la falta de recursos económicos, la Sección Primera del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el 16 de mayo de 2019, reiteró que las
autoridades no pueden excusar el incumplimiento de una orden judicial o la garantía
de los derechos con fundamento en la falta de recursos. En esa oportunidad, se
precisó lo siguiente:

“[…] la falta de recursos públicos no es óbice para proteger los derechos e
intereses colectivos habida cuenta que la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan atención
prioritaria de las autoridades administrativas, y si su actuación no colma las
exigencias de protección impuestas por el ordenamiento jurídico, es deber del
Juez Constitucional de Acción Popular velar porque dicha situación sea
debidamente atendida.

83. En el caso concreto, el Municipio aduce que con la decisión proferida por el
Tribunal, en primera instancia, se está afectando el presupuesto de dicha entidad
territorial sin consultar con su sostenibilidad financiera. Sobre el particular, se reitera,
la Sala estima que dicho argumento no resulta suficiente para revocar la decisión de
primera instancia, como quiera que las obligaciones fijadas en la sentencia son
razonables y no resultan desproporcionadas […]”145 (Destacado fuera de texto).

166. En síntesis, la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado
ha considerado, de forma reiterada, que la falta de capacidad presupuestal de las
entidades que deben cumplir una orden judicial para la protección o el
restablecimiento de los derechos e intereses colectivos no es un motivo suficiente
para revocar la sentencia, en tanto ello desconoce que, de conformidad con el

145 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de

mayo de 2019, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. único de identificación
170012333000201700452-01.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

84

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

artículo 2.º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado Social
de Derecho consiste en garantizar la efectividad de los derechos.

167. Retomando lo mencionado con anterioridad, en cuarto orden, se modificará
el ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia,
en el sentido de ordenar al Municipio de Armenia, en caso de no haberlo hecho, y
con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en el marco de las
competencias constitucionales, legales y reglamentarias de cada una, que, dentro
de los doce (12) meses siguientes a la realización del censo, inicie y culmine los
estudios técnicos pertinentes en los cuales se determinen las opciones de
intervención, detallando la medida correspondiente a las circunstancias de cada
vivienda, haciendo uso de la información obtenida del censo, que permita garantizar
y prestar el servicio público de alcantarillado, con la claridad de que la posterior
ejecución de las medidas que garanticen la prestación del servicio, solamente
tendrán lugar en relación con aquellos predios y viviendas en que el estudio técnico
y análisis correspondiente haya concluido sobre la viabilidad de la prestación del
servicio público de alcantarillado.

168. En quinto orden, con la intención de organizar la gestión a realizar para
proteger los derechos e intereses colectivos, se modificará el ordinal quinto de la
parte resolutiva de la sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de
ordenar al Municipio de Armenia que, de conformidad con los resultados arrojados
por los estudios técnicos, en el evento de ser procedente, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes al término dichos estudios, adelante las gestiones administrativas
para la apropiación de los recursos que permitan la ejecución de las obras que
posibiliten la prestación del servicio público de alcantarillado en Florida Baja, objeto
de discusión en la presente acción popular, se reitera, con la claridad de que esta
orden solamente cobija aquellos predios y viviendas en que el estudio técnico y
análisis correspondiente haya concluido sobre la viabilidad de la prestación del
servicio público de alcantarillado.

169. En sexto orden, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de ordenar al Municipio de
Armenia que, en el evento en que sea técnicamente procedente, dentro de los dos
(2) años siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, se ejecuten las obras que
hayan sido definidas en los correspondientes estudios técnicos con el objeto de
garantizar la prestación del servicio público de alcantarillado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

85

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

170. En séptimo orden, se modificará el ordinal quinto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de ordenar al Municipio de
Armenia que, una vez culminados el censo y estudios técnicos anteriormente
ordenados, en el evento de ser procedente y sin perjuicio de las eventuales medidas
en torno a la salvaguarda de derechos de quienes habitan en la zona, en relación
con la pretensión de titularidad sobre los predios de Florida Baja -que se reitera, no
es objeto de este proceso-, inicie los trámites correspondientes para efectos de la
reubicar las familias y habitantes de Florida Baja cuyas viviendas se encuentren en
zona donde el estudio técnico haya arrojado la imposibilidad de prestación del
servicio de alcantarillado, a un lugar donde se garantice la adecuada prestación de
los servicios públicos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reubicación sería
necesaria para casos en que los estudios hayan advertido circunstancias como, por
ejemplo y entre otros: i) imposibilidad de prestación del servicio público; ii)
infraestructura necesaria para la prestación del servicio público de alcantarillado no
garantiza estándares de seguridad; iii) imposibilidad derivada de la ubicación de las
viviendas, conforme al estudio, en zona de riesgo alto no mitigable; e iv)
imposibilidad de legalización del predio.

171. En todo caso, se modificará el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la
sentencia proferida, en primera instancia, en el sentido de ordenar al Municipio de
Armenia que, mientras se determina y adopta la medida definitiva que garantice la
prestación del servicio público de alcantarillado a los habitantes de Florida Baja,
deberá continuar la gestión permanente de limpieza y descolmatación a los pozos
sépticos y estructuras similares existentes en el lugar.

172. En este punto, la Sala advierte que, independientemente de las dificultades
advertidas en los predios donde se requiere el suministro del servicio público de
alcantarillado no constituyen un argumento con la suficiencia para eximir al
Municipio de garantizar la prestación del servicio público de alcantarillado, a través
de cualquier medio idóneo y, en esta ocasión, de forma provisional, para garantizar
la necesidad básica e insatisfecha de los habitantes del Barrio Florida Baja. Se trata
de una medida que se prolongará hasta que las personas afectadas cuenten con el
servicio regular o convencional de alcantarillado, en el sector en el que habitan o en
otro sector, producto de la necesidad técnica de reubicación.

173. En suma, la Sala considera que, en este caso, el Municipio de Armenia es la
entidad principal y competente conforme con la constitución, la ley y los
reglamentos, para realizar las acciones indicadas en los acápites anteriores,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

86

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

orientadas a garantizar la protección de los derechos o intereses colectivos. En ese
marco, la Sección Primera ha advertido que “[…] el proceder adecuado de la
Alcaldía […] no es el de esgrimir simple y llanamente falta de capacidad 146 [y se
agrega, la presencia de situaciones que impidan la garantía de los derechos], sino
que, ante ello, es su deber poner en conocimiento de otras autoridades […] las
dificultades propias de su gestión, con el objeto de obtener de ellas la cooperación
que se requiera y así, de consuno, poder gestionarlas y superarlas […]” 147.

Responsabilidad de la Corporación Autónoma Regional del Quindío

174. En relación con las corporaciones autónomas regionales, se reitera que, de
conformidad con la Ley 99, en especial, su artículo 31, se trata de autoridades que
están facultadas para: i) ejercer funciones de vigilancia y control en las materias
propias de su competencia; ii) imponer y ejecutar las medidas de policía y las
sanciones previstas en la ley, en caso de violación a las normas de protección
ambiental; iii) asesorar a las entidades territoriales en la elaboración de proyectos
en materia ambiental; y iv) ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación
con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y
obras de infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección
o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente.

175. Asimismo, si bien las corporaciones autónomas regionales no tienen
competencias para la prestación de servicios públicos domiciliarios, si pueden, por
un lado, destinar recursos de la línea de redescuento con tasa compensada a la que
se refiere el Decreto 3333 de 5 de septiembre de 2008148, “[…] para financiar y
cofinanciar estudios, diseños e inversión en interceptores, emisarios finales,
sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, rellenos sanitarios
municipales o regionales, y financiar o cofinanciar los demás proyectos del
componente ambiental de su competencia, en el marco los Planes Departamentales
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) […]”
(Destacado fuera de texto); y, por el otro, realizar inversión en obras de

146 Respecto de la alegada carencia de recursos financieros para ejecutar las medidas de amparo, en reiterada

jurisprudencia, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que la falta de disponibilidad
presupuestal no es óbice para ordenar el restablecimiento de los derechos colectivos cuya vulneración se
demostró en el proceso judicial. Cfr.: Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia 25 de octubre de 2001,
Consejero Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, núm. único de radicación: 70001233100020000512-01,
Expediente 0303. Actor: Adalberto Castro Meléndez.
147 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato

Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 050012333000201502436-01.
148 Por el cual se regula una línea de redescuento, con tasa compensada, de la Financiera de Desarrollo

Territorial S. A., Findeter, para el Financiamiento de las Inversiones en Agua, FIA, dentro de los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -PDA y se modifica el
Decreto 280 del 31 de enero de 2006.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

87

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

infraestructura en el sector de agua potable y saneamiento básico para ser
entregadas como aportes a los municipios o empresas operadoras de servicios
públicos, en los términos del artículo 22 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011149.

176. Por un lado, la Sala considera que, respecto a la Corporación Autónoma
Regional del Quindío, tal como la misma autoridad señaló el 18 de julio de 2018150,
el manejo inapropiado de los desechos tiene consecuencias ambientales
relevantes, teniendo en cuenta que dentro de sus competencias es la encargada
“[…] por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible […]”.

177. Lo mismo sucede frente a sus funciones de asesorar y acompañar entre las
cuales se establece que: i) debe participar con otros organismos para que en la
toma de decisiones se tenga en cuenta el factor ambiental; ii) evaluar, controlar y
hacer seguimiento ambiental de los usos del agua y del suelo comprendiendo el
vertimiento de residuos líquidos y sólidos a las aguas o a los suelos; y iii) “[…]
[e]jecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades
territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
infraestructura cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para
la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables […]”.

178. En ese sentido, la Corporación Autónoma Regional del Quindío debe, en los
términos explicados y ordenados anteriormente, participar en la planificación de las
medidas adecuadas en aras de salvaguardar los recursos ambientales, sobre todo
lo relacionado al suelo y cuerpos de agua cercanos, e intervenir con contribución
económica para estudios, diseños y creación de sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas.

179. Dentro de lo demostrado, se encuentra informe de visita realizada por la
Corporación Autónoma Regional del Quindío el 17 de julio de 2018151, en el cual se
advirtió que el manejo inadecuado de las aguas residuales de la comunidad de
Florida Baja genera afectación ambiental, principalmente sobre el recurso del suelo
y, por lo tanto, se hace necesario evaluar aspectos técnicos, de infraestructura,

149
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.
150 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 85-88.
151 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Página 85-88.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

88

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

riesgos ambientales y otros, para determinar las medidas correctas. Asimismo, se
señaló que los riesgos sanitarios son significativos, demandan atención y
tratamiento inmediato; y que “[…] la evacuación y limpieza de los pozos de aguas
residuales existentes y localizados al interior de las viviendas del Barrio
Florida Baja no constituye una medida preventiva que logre eliminar los
riesgos sanitarios allí presentes, ni implica el cesamiento del impacto
ambiental […]”.

180. Adicionalmente, en el mismo escrito se señaló que, por normativa de la
misma autoridad, al encontrarse dentro del perímetro urbano no es permitida la
construcción de pozos sépticos, por lo cual aclara que tal opción no puede ser tenida
en cuenta respecto de las medidas a tomar para la protección de los derechos e
intereses colectivos aquí mencionados.

181. Por el contrario, no se encuentra probado en el proceso que el Municipio de
Armenia, como obligado primario, haya solicitado apoyo de la Corporación
Autónoma Regional del Quindío para trámites relacionados con la prestación del
servicio público, en razón de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias.

182. En atención a lo anterior, la Sala considera que la Corporación Autónoma
Regional del Quindío debe apoyar al Municipio en la planeación de los proyectos
ordenados en esta sentencia, en especial, en cuanto atañen a los asuntos
ambientales y contribuir, llegado el caso y en el marco de sus competencias, con
inversión económica orientada a garantizar la protección del medio ambiente y el
saneamiento en la zona objeto de esta acción popular. Tal circunstancia se ha visto
probada únicamente con lo relacionado a conceptos técnicos que la misma
autoridad ha expedido vislumbrando la necesidad de una medida que permita el
direccionamiento de las aguas residuales. Asimismo, existe responsabilidad de
gestión debido a que es determinante su participación activa en la protección de las
zonas de protección ambiental, sobre todo de la Quebrada La Florida y el Río
Quindío.

183. De esa forma, no se declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y, por
ende, se modificará en este aspecto la sentencia proferida, en primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

89

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Responsabilidad del Departamento del Quindío

184. Como contribución de los departamentos a las actividades de las entidades
territoriales municipales, vale anotar lo señalado en el artículo 63 de la Ley 99 sobre
el principio de armonía regional, en el siguiente sentido: “[…] Los Departamentos,
los Distritos, los Municipios, […] ejercerán sus funciones constitucionales y legales
relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, de manera
coordinada y armónica, con sujeción a las normas de carácter superior y a las
directrices de la Política Nacional Ambiental, a fin de garantizar un manejo unificado,
racional y coherente de los recursos naturales que hacen parte del medio ambiente
físico y biótico del patrimonio natural de la nación […]” (Destacado fuera de texto).”

185. Como se observa teniendo en cuenta lo indicado supra, los principios de
coordinación, concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y armonía regional
deben permitir la articulación de las entidades obligadas, en el ejercicio de sus
competencias propias, dado que todas ellas interactúan en la prestación del servicio
o en la conservación del entorno natural.

186. No se encuentra probada intervención del Departamento en aportes o apoyo
para la prestación del servicio público de alcantarillado, tal como precisó en el
escrito de contestación: “[…] la construcción de un sistema de alcantarillado, de un
Sistema de tratamiento de Aguas Residuales (STAR) y la realización de obras de
infraestructura necesarias para evitar la deyección de las aguas negras, grises o
residuales al aire libre o de forma directa en la Quebrada La Florida y/o el Rio
Quindío, sobre el sector del Barrio La Florida Baja del Municipio de Armenia Quindío
no es competencia directa de esta entidad territorial […]” (Destacado fuera de
texto). Igualmente, se puso a disposición de la entidad territorial municipal para
promover acciones conjuntas frente a los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo.

187. Es válido aclarar que, mediante Oficio S.A.I.81.136.07 de 15 de octubre de
2019152, advirtió que el Municipio de Armenia fue vinculado al Plan Departamental
de Aguas mediante Convenio núm. 001 de 15 de agosto de 2017.

188. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que el Departamento podrá
intervenir en el trámite de gestión para la prestación del servicio público de
alcantarillado una vez el Municipio de Armenia, en el marco de sus competencias

152 Cfr. Índice 15 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
122_ED_0181CONTESTACIONDEM(.PDF) NroActua 15. Páginas 34-35.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

90

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

constitucionales, legales y reglamentarias, se lo solicite, lo que implica que no es
procedente la declaratoria de la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva del Departamento del Quindío y, por ende se modificará en este aspecto la
sentencia proferida, en primera instancia.

Responsabilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

189. En el mismo sentido de aplicación de los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y armonía regional, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio, en concordancia con el artículo 365 de la
Constitución y los preceptos de la Ley 142, al ser autoridad rectora de las políticas
nacionales frente a los servicios públicos, tiene la función general de apoyo
financiero, técnico y administrativo a los prestadores de servicios públicos
domiciliarios.

190. En cuando al sector de agua potable y saneamiento básico, sus
competencias radican en, tal como la misma entidad adujo en el Oficio
2019EE0079118 de 5 de septiembre de 2019153, el Ministerio actúa “[…] i) como
rector de política institucional en la materia, y, ii) como encargado de la evaluación
de los proyectos de agua y saneamiento básico en los que las entidades territoriales
solicitan apoyo financiero de la Nación y /o estructuran en el marco del Programa
Agua para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de
los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP-PDA) […]”. Asimismo, apuntó que “[…]
prestará apoyo institucional y asistencia técnica a las entidades territoriales, la cual
será prestada para los proyectos que sean formulados cumpliendo con los
requerimientos de presentación de los mismos del mecanismo de viabilización de
proyectos, reglamentado en la Resolución MVCT 1063 de 2016 […]”.

191. En razón de lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá
prestar colaboración a aquellos proyectos de saneamiento básico en los que las
entidades territoriales soliciten apoyo de la Nación, para lo cual se debe tener en
cuenta la Resolución 0661 de 23 de septiembre de 2019154 en donde se establecen
los requisitos correspondientes.

153 Cfr. Índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
2_ED_002AnexosyPruebasDemanda.pdf(.PDF) NroActua 2. Páginas 101-107.
154
“[...] Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua
potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido
priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se deroga
la Resolución número 1063 de 2016 y se dictan otras disposiciones […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

91

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

192. En ese orden de ideas, no es procedente la declaratoria de la excepción de
falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio; y por ende se modificará en este aspecto la sentencia proferida, en
primera instancia.

Otros argumentos del recurso de apelación, en el caso concreto

193. Frente a la manifestación del recurrente sobre encontrar diferencias entre lo
solicitado por el actor popular y las órdenes de: i) la expropiación administrativa; ii)
enajenación forzosa del predio; y iii) reubicación del asentamiento, la Sala señala
que el juez popular está facultado y, más importante, está obligado a adoptar
medidas que conforme a las circunstancias probadas sean conducentes y
pertinentes para garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos.

194. En el evento en que los estudios descarten toda posibilidad para instalar de
manera segura la infraestructura pertinente del servicio público de alcantarillado en
el asentamiento de Florida Baja o que se encuentre el predio en zona de riesgo alto
no mitigable, la Sala ordenará al Municipio que, dentro de los dos (2) años siguientes
a la finalización de los estudios técnicos, realice las actividades necesarias a efectos
de reubicar a la respectiva población en lugares donde se garantice la adecuada
prestación del servicio público de alcantarillado.

195. En efecto, tal y como se advirtió anteriormente, los trámites, procedimientos,
acciones y operaciones que tenga que agotar la Administración Pública, no deben
suponer un obstáculo para garantizarle a las personas el acceso al servicio público
de alcantarillado.

196. Adicionalmente, atendiendo a que en el recurso de apelación se argumentó
que la comunidad ha concurrido en la vulneración y amenaza del derecho e interés
colectivo al goce de un ambiente sano, la Sala encuentra demostrado que
efectivamente la conducta de sus habitantes ha desencadenado una serie de
afectaciones de índole ambiental cuando en sus intentos de gestión por solventar
su necesidad han construido mecanismos no apropiados técnicamente para la
prestación del servicio o arrojando los desechos a zonas no permitidas, sin ningún
tipo de tratamiento.

197. Por lo anterior, se adicionará la sentencia proferida, en primera instancia, con
el objeto de instar a los habitantes del sector Florida Baja para que se abstengan de
contaminar el suelo colindante a sus viviendas, la Quebrada La Florida y el Río

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

92

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

Quindío, con las aguas residuales y, en general, a través de cualquier otro residuo
contaminante. Asimismo, para que concurran con las autoridades y coadyuven en
las gestiones que se requieran adelantar para el cumplimiento de las órdenes
impartidas en esta sentencia.

Comité de verificación de cumplimiento de la sentencia, en el caso concreto

198. Atendiendo a que el Tribunal, en el caso sub examine, en la sentencia
proferida, en primera instancia, resolvió en el ordinal noveno, lo siguiente:

“[…] NOVENO: ORDENAR la conformación de un Comité de Verificación el cual
estará integrado por el Magistrado Ponente, el Procurador delegado ante este
Tribunal, los delegados de la Personería Municipal de Armenia, la Alcaldía Municipal
de Armenia y las Empresas Públicas de Armenia, quienes velarán por el
cumplimiento de lo ordenado en esta Sentencia y en los términos aquí dispuestos
[…]”.

199. La Sala considera que se debe modificar la parte resolutiva de la sentencia
de 4 de febrero de 2021 proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Quindío, en lo relacionado con la conformación del Comité de
Verificación de cumplimiento, en el sentido de precisar que el Magistrado
Sustanciador del Tribunal deberá presidir el comité de verificación y deberá incluirse
i) al Departamento del Quindío y ii) al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; tal
como se precisará en la parte resolutiva de la sentencia.

200. Asimismo, en el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe
que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades
obligadas, el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del Comité de
Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar
su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Conclusiones de la Sala

201. En suma, la Sala: i) modificará y adicionará respectivamente y en los términos
indicados supra los ordinales primero, segundo, cuarto, quinto, séptimo y noveno
de la sentencia proferida en primera instancia, por las razones expuestas en esta
providencia; ii) instará a la comunidad, por las razones expuestas en esta
providencia; iii) se modificará la composición del comité de verificación de
cumplimiento; y iv) confirmará en lo demás la sentencia de 4 de febrero de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

93

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de
4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:

PRIMERO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva, propuestas por el señor Julián Buendía Vásquez, la Empresa de
Energía del Quindío S.A. ESP. y Efigas Gas Natural S.A. ESP.

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
de 4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:

SEGUNDO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de culpa exclusiva de
la víctima, falta de legitimación por activa y la de cosa juzgada formuladas. En igual
sentido, declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuestas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío, el
Departamento del Quindío y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:

CUARTO: CONCEDER la protección los derechos e intereses colectivos: i) al goce
de un ambiente sano; ii) a la seguridad y salubridad públicas; iii) al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y iv) al acceso a
una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; de los
habitantes del asentamiento Florida Baja ubicado en Armenia, Quindío, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: MODIFICAR, el ordinal quinto de la sentencia de 4 de febrero de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en primera instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la
siguiente manera:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

94

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

QUINTO: ORDENAR:

5.1. Al MUNICIPIO DE ARMENIA que, tome las medidas necesarias para que, en
un plazo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta sentencia, y
en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias,
adelante todos los trámites necesarios, conforme a lo dispuesto en los artículos 122
a 131 del Decreto 564 de 24 de febrero 2006 y en la normativa reglamentaria
vigente, con el fin de incorporar legalmente como asentamiento urbano a Florida
Baja, si a ello hubiese lugar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

5.2. Al MUNICIPIO DE ARMENIA que, dentro de los tres (3) meses siguientes a la
ejecutoria de esta sentencia, en caso de no haberlo hecho y en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, realice un censo y estudio
técnico en el que se determinen los siguientes puntos:

5.2.1. El número total de habitantes de Florida Baja.

5.2.2. El número de personas que habitan en cada una de las viviendas.

5.2.3. La ubicación exacta de las construcciones en el predio.

5.2.4. La determinación del nivel de riesgo, de conformidad con las normas
constitucionales, legales y reglamentarias, en la que se encuentra cada una de las
familias y viviendas, teniendo en cuenta la ubicación de las mismas en los distintos
sectores del predio.

5.2.5. La situación específica de cada familia y vivienda en relación con la
disposición de residuos líquidos y sólidos, en especial, de las aguas grises y
residuales.

5.3. Al MUNICIPIO DE ARMENIA que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, y de manera inmediata, adopten las
medidas necesarias, incluso aquellas derivadas del ejercicio de la función de policía,
orientadas a evitar el incremento del número de habitantes en el asentamiento de
que trata esta acción popular, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

5.4. Al MUNICIPIO DE ARMENIA que, en caso de no haberlo hecho, con el apoyo
de la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO, y en el marco de
las competencias constitucionales, legales y reglamentarias de cada una, dentro de
los doce (12) meses siguientes a la realización del censo, inicie y culmine los
estudios técnicos pertinentes en los cuales se determinen las opciones de
intervención, detallando la medida correspondiente a las circunstancias de cada
vivienda, haciendo uso de la información obtenida del censo, que permita garantizar
técnicamente la prestación del servicio público de alcantarillado en el asentamiento
Florida Baja, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

5.5. Al MUNICIPIO DE ARMENIA que, de conformidad con los resultados arrojados
por los estudios técnicos, en el evento de ser procedente, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes al término dichos estudios, adelante las gestiones administrativas
para la apropiación de los recursos que permitan la prestación del servicio público
de alcantarillado en Florida Baja, en aquellos eventos en los que el estudio técnico
y análisis correspondiente haya concluido sobre la viabilidad de la prestación del
servicio público, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

5.6. Al MUNICIPIO DE ARMENIA que, en el evento en que técnicamente sea
procedente, dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
deberá ejecutar las obras que hayan sido definidas producto de los correspondientes

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

95

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

estudios técnicos con el objeto de garantizar, en forma definitiva, la prestación del
servicio público de alcantarillado en el área en que sea posible técnicamente la
prestación del servicio, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

5.7. Al MUNICIPIO DE ARMENIA que, dentro de los dos (2) años siguientes a la
culminación del censo y estudios técnicos anteriormente ordenados, en el evento de
ser procedente y sin perjuicio de las eventuales medidas en torno a la salvaguarda
de derechos de quienes habitan en la zona, inicie los trámites correspondientes para
efectos de la reubicar las familias y habitantes de Florida Baja cuyas viviendas se
encuentren en zona donde el estudio técnico haya arrojado la imposibilidad de
prestación del servicio de alcantarillado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.

QUINTO: MODIFICAR, el ordinal séptimo de la parte resolutiva de la sentencia de
4 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:

SÉPTIMO: ORDENAR al MUNICIPIO DE ARMENIA que, mientras se determina y
adopta la medida definitiva que garantice la prestación del servicio público de
alcantarillado a los habitantes de Florida Baja, deberá continuar la gestión
permanente de limpieza y descolmatación a los pozos sépticos y estructuras
similares existentes en el lugar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.

Dicha medida se prolongará hasta que las personas afectadas cuenten con el
servicio regular o convencional de acueducto y alcantarillado, sea en el sector en el
que habitan o en otro distinto en el que sean reubicadas.

SEXTO: MODIFICAR, el ordinal noveno de la sentencia de 4 de febrero de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Quindío, en primera instancia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará de la
siguiente manera:

NOVENO: INTEGRAR la conformación de un Comité de Verificación el cual estará
constituido por i) el Magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo de Quindío,
quien lo presidirá; ii) el Agente del Ministerio Público que actuó en el presente
proceso o el que delegue especialmente el Procurador General de la Nación; iii) los
delegados de la Personería Municipal de Armenia, el Municipio de Armenia, la
Corporación Autónoma Regional de Quindío, el Departamento del Quindío, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Empresas Públicas de Armenia, quienes
velarán por el cumplimiento de lo ordenado en esta Sentencia y en los términos aquí
dispuestos. Lo anterior, sin prejuicio que el Magistrado sustanciador, en el marco de
su autonomía, cite miembros de la comunidad para que asistan a las reuniones del
comité de verificación.

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento,
lo que incluye todas las órdenes de la sentencia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

96

Núm. único de radicación: 630012333000201900237-01

SÉPTIMO: INSTAR a la comunidad del Barrio Florida Baja para que se abstenga
de contaminar el suelo colindante a sus viviendas y los cuerpos de agua de la
Quebrada La Florida y el Río Quindío con las aguas residuales y, en general, a
través de cualquier otro residuo contaminante. De la misma forma, que concurran
con las autoridades y coadyuven en las gestiones que se requiera adelantar para
para el cumplimiento de las órdenes impartidas, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.

OCTAVO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 4 de febrero de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Quindío, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

NOVENO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

DÉCIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de Quindío, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.