Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2020-00023-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 73001-23-33-000-2020-00023-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 73001-23-33-000-2020-00023-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón
23 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2020-00023-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: PROCURADURIA JUDICIAL II AMBIENTAL Y
AGRARIA PARA EL TOLIMA
TESIS: LA SOLUCIÓN PARA LOS VERTIMIENTOS A LA FUENTE
HÍDRICA COMPETE AL MUNICIPIO, HABIDA CUENTA QUE LA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE IBAGUE NO TIENE
COBERTURA EN EL SECTOR DONDE SE DESARROLLA LA
PROBLEMÁTICA DE LA CUAL DERIVA LA VULNERACIÓN DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES PARA GRANTIZAR SU DESARROLLLO
SOSTENIBLE, SU CONSERVACIÓN, RESTARURACIÓN O
SUSTITUCIÓN Y A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
MUNICIPIO DE IBAGUÉ1 contra la sentencia de 3 de agosto de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima2.
1
En adelante el Municipio.
2
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2020-00023-01
Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
La PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA
EL TOLIMA, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo
88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de
agosto de 19983, presentó demanda contra el MUNICIPIO,
tendiente a que se protegieran los derechos colectivos al goce de un
medio ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el
manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución y a la seguridad y salubridad públicas.
I.2. Hechos
La problemática que dio origen a la presente acción consiste en los
vertimientos de aguas residuales a la quebrada Gualanday
provenientes del alcantarillado de la vereda Briceño.
3
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA
La actora expuso que, con ocasión de lo anterior, requirió al
MUNICIPIO4, a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL
TOLIMA5 y la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO6, para que tomaran medidas inmediatas para
evitar los vertimientos.
Indicó que en informe remitido por CORTOLIMA, con ocasión de la
visita realizada a la quebrada Gualanday a raíz de la mortandad de
peces ocurrida en 18 de enero de 2019, y en el Oficio 5073 de 20 de
febrero de 2019, quedó expuesto que las aguas residuales vertidas
por el alcantarillado del centro poblado Briceño contaminan ese
cuerpo de agua.
Afirmó que el MUNICIPIO, mediante Oficio núm. PJAAT-0143 de 25
de febrero de 2019, informó que tenía planeado adicionar el contrato
de consultoría adjudicado al Consorcio Consultores PYG para obtener
los diseños y memorias de cálculo para la construcción de un sistema
de alcantarillado en la vereda Briceño.
4
Mediante oficios PJAAT-T0212 de 25 de octubre de 2016
5
En adelante CORTOLIMA.
6
En adelante IBAL.
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Manifestó que el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
área rural de Ibagué y la propuesta de meta de reducción de carga
contaminante para el MUNICIPIO, omiten el vertimiento de aguas
residuales sin tratamiento previo de la vereda Briceño sobre la
quebrada Gualanday.
I.3. Pretensiones
El actor popular, además de la protección de los derechos colectivos
invocados y la declaratoria de responsabilidad del MUNICIPIO,
solicitó:
“[…] 4. Ordenar a la Alcaldía Municipal de Ibagué, dentro del plazo
que se estime pertinente, realizar los planos topográficos, cálculos,
memorias, estudios y diseños necesarios para la construcción de los
tramos de alcantarillado pluvial y de aguas residuales domésticas que
hagan falta y para la construcción de la planta de tratamiento de
aguas residuales domésticas, ambos de la vereda Briceño, zona rural
de municipio de Ibagué.
5. Ordenar a la Alcaldía Municipal de Ibagué, dentro del plazo que se
estime pertinente, construir los tramos de alcantarillado pluvial y de
aguas residuales domésticas que hagan falta y la planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas, ambos de la vereda
Briceño, zona rural de municipio de Ibagué.
6. Ordenar a la Alcaldía Municipal de Ibagué, adelantar dentro del
plazo que estime conveniente, la inclusión de los vertimientos de
aguas residuales sobre la quebrada Gualanday, en el plan de
saneamiento y manejo de vertimientos – zona rural, de la ciudad y
en el documento: Meta de reducción de carga contaminante para el
municipio de Ibagué.
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7. Ordenar las demás medidas que sean necesarias para proteger los
derechos e intereses colectivos invocados.
8. Exonerar a esta Procuraduría, del pago de los gastos que genera el
proceso, teniendo en cuenta que la función de agente del Ministerio
Público se ejerce ante la necesaria defensa del orden público, del
patrimonio público o de los derechos y garantías de la comunidad y
no a título particular o en beneficio propio; lo anterior, sumado a la
política de austeridad que adelanta la Nación, a que el Presupuesto
de esta dependencia se encuentra centralizado y a que a esta
Procuraduría no le asiste ningún interés dentro del proceso, diferente
al arriba anotado […]”.
I.4. Defensa
I.4.1.- El MUNICIPIO indicó que, teniendo en cuenta el informe
técnico allegado por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo,
resultaba procedente la vinculación de la EMPRESA
DEPARTAMENTAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DEL TOLIMA7 al presente proceso, comoquiera que fue la encargada
de realizar la construcción del alcantarillado de la vereda Briceño.
Solicitó plazo para allegar los soportes de las gestiones adelantadas
por la Secretaría del Ambiente y Gestión del Riesgo de cara la
problemática ventilada en la acción popular, de conformidad con las
recomendaciones que surjan con ocasión de la visita técnica realizada
por dichas dependencias.
7
En adelante EDAT SA ESP, la cual fue vinculada por el Tribunal en la audiencia de pacto de
cumplimiento de 25 de febrero de 2020.
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I.4.2.- CORTOLIMA8 adujo que no es responsable de la vulneración
de los derechos colectivos respecto de los cuales se pretende el
amparo, en tanto que no incurrió en acción u omisión que conlleve
de forma directa o indirecta a la generación del daño alegado.
Afirmó que, en el marco de sus competencias, ha atendido los
requerimientos de la comunidad, otorgado las respectivas licencias y
ejercido su función de máxima autoridad ambiental en el área de la
quebrada Gualanday, lo que se evidencia en el inicio del proceso
sancionatorio contra el MUNICIPIO, el IBAL y la EDAT.
Sostuvo que, de conformidad con las Leyes 99 de 1993, 142 de 1994
y 1551 de 2012, al MUNICIPIO le corresponde la guarda y
conservación del medio ambiente en la administración centralizada o
descentralizada, así como el mantenimiento y control de las redes
para la adecuada prestación de los servicios públicos, a fin de
garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento
básico a sus habitantes de la jurisdicción.
8
Vinculada mediante auto de 17 de septiembre de 2019.
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Indicó que previo a la presentación de la demanda, la actora no le
reclamó su intervención en el asunto que suscitó esta acción popular,
por lo que no se cumplían los presupuestos para que fuera llamada
al proceso.
Propuso, en consecuencia, las excepciones de falta de legitimación
en la causa por pasiva, “ausencia de responsabilidad por parte de
CORTOLIMA”, “actuación adecuada de las competencias de
CORTOLIMA”, “falta de requisitos para instaurarse la acción popular”
e “inexistencia de pruebas que sustente la vulneración de los
derechos colectivos alegados”.
I.4.3.- IBAL SA ESP9 aportó un informe técnico según el cual la
prestación de los servicios a su cargo no tiene cobertura en la vereda
Briceño, en tanto se trata de una zona fuera del perímetro
hidrosanitario, razón por la que propuso la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva.
Sostuvo que, en virtud del convenio suscrito con la Secretaría de
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, está facultada para realizar
9
Vinculada en la audiencia de pacto de cumplimiento de 25 de febrero de 2020, suspendida a efectos
de llevar a cabo mesas de concertación entre las entidades con injerencia en la problemática con el fin
de estructurar una solución clara y concreta para poner fin a la vulneración de los derechos.
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intervenciones con recursos del MUNICIPIO en los sectores donde
no tiene cobertura.
Propuso como excepción la «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA». Sostuvo que no es la obligada a responder
por los cargos señalados, de manera que su vinculación desconoció
que no tiene cobertura en el sector rural del Municipio.
I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 8 de junio
2021, declarándose fallida por ausencia de fórmulas de acuerdo entre
las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 3 de agosto de 2023, declaró la
vulneración de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio
ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución, goce de un ambiente sano y a la seguridad
y salubridad pública, con fundamento en lo siguiente:
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Expuso que el material probatorio daba cuenta de la competencia del
ente territorial de adelantar todas las acciones necesarias para hacer
cesar el vertimiento de aguas residuales provenientes del sistema de
alcantarillado de la vereda Briceño, sin tratamiento previo a la
quebrada Gualanday, dado que la prestación del servicio público de
alcantarillado de manera directa o indirecta es una función principal
a cargo de los municipios, así como la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento en su infraestructura, en aras de
garantizar su eficiente y oportuna prestación.
Adujo que aun cuando desde el año 2021 se han llevado a cabo
reuniones con la gestora urbana, la Secretaría de Ambiente y Gestión
del Riesgo municipal, la corregidora de Buenos Aires y la Secretaría
de Planeación Municipal de Coello, con la intención de formular
alternativas para el manejo de los vertimientos, así como mesas de
trabajo con la coordinación del Ministerio Público dirigidas a tomar
acciones inmediatas que conjuren la vulneración de los derechos
invocados, no existen aún acciones concretas por parte del
MUNICIPIO para conjurar el agravio causado.
En consecuencia, impartió las siguientes órdenes:
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“[…] SEGUNDO: ORDENAR al Municipio de Ibagué elaborar de
manera técnica el proyecto de Construcción de los tramos faltantes
del Sistema de Alcantarillado y de Aguas Lluvias y de la Planta de
tratamiento de aguas residuales que se requiere en el sector, previa
verificación de la viabilidad de conectarlo a la red matriz de
alcantarillado del municipio de Ibagué o del municipio de Coello,
para lo cual se le concederá el término de seis (6) meses.
TERCERO: ORDENAR al Municipio de Ibagué a través de la
Secretaría correspondiente, realizar las gestiones administrativas,
interadministrativas, presupuestales y contractuales que se
requieran, para la ejecución de los tramos faltantes del sistema de
alcantarillado y de recolección pluvial y de la Planta de Tratamiento
de aguas residuales de la vereda Briceño, en zona rural del municipio
de Ibagué antes de su vertimiento en las coordenadas N 04°17’15’’
O 75° 2’3’’ sobre la quebrada Gualanday, lo cual deberá hacerse en
un término no mayor a dieciocho (18) meses contados a partir de la
entrega y aprobación del proyecto técnico de que trata el numeral
anterior.
CUARTO: INTEGRAR el Comité de Verificación del presente fallo
del cual harán parte la Procuraduría Ambiental II y Agraria del
Tolima, el Representante Legal del Municipio de Ibagué o quién él
designe para tal efecto, el Representante Legal de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado - IBAL SA ESP o quién él designe para tal
efecto, el Procurador Judicial en lo Administrativo delegado para el
Tribunal Administrativo, Cortolima y la EDAT SA ESP y el suscrito
Magistrado, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley 472
de 1998.
QUINTO: ORDENAR al Municipio de Ibagué que rinda informes
trimestrales a este Despacho sobre el cumplimiento de lo ordenado
en la presente sentencia.
SEXTO: Sin costas
SÉPTIMO: EXHORTAR a la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – Cortolima, para que, dentro del marco de sus
competencias, ejerza de manera estricta control frente a la
problemática examinada, tomando las medidas correctivas
necesarias respecto al MUNICIPIO DE IBAGUÉ y permanezca
vigilante frente a las obras que se pretendan ejecutar […]”.
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III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1 El MUNICIPIO manifestó que debe ser exonerado de
responsabilidad y de las pretensiones de la demanda, en
razón a que estas carecen de sustento probatorio.
Indicó que si bien es cierto le compete garantizar la universalidad en
la prestación, la calidad y la continuidad del servicio con el fin de
atender necesidades insatisfechas en lo concerniente a servicios
públicos, dicha facultad se encuentra delegada en el IBAL, como
entidad descentralizada que tiene a su cargo la prestación del servicio
público, conforme con lo ordenado en la Ley 142 de 1994.
Solicitó que, al evaluar la procedencia de las pretensiones, se tenga
en cuenta que la construcción y mantenimiento de redes de
alcantarillado o plantas de tratamiento debe cumplir con requisitos
legales esenciales, a saber: i) estar prevista en el Plan de Desarrollo;
ii) contar con estudios técnicos; y iii) tener disponibilidad
presupuestal, habida cuenta que, según la jurisprudencia del Consejo
de Estado, las obras públicas solo pueden ejecutarse si están
debidamente justificadas técnica y presupuestalmente, priorizadas
por las autoridades territoriales dentro de su planeación y obedecer
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a una planificación ordenada y a los procedimientos contractuales
exigidos por la Ley 80 de 1993.
Aseguró que el hecho de que la obra sea necesaria o urgente no
permite omitir el proceso de contratación pública, especialmente
cuando se trata de proyectos de gran cuantía.
Argumentó que la priorización de inversiones corresponde al alcalde
en ejercicio de su autonomía constitucional y legal, por lo tanto,
ejecutar órdenes judiciales sin atender esa planificación
comprometería la racionalidad del gasto público y el manejo eficiente
de las verdaderas urgencias, así como el colapso del 80 % de las
redes de alcantarillado en la ciudad.
Explicó que el presupuesto vigente para 2023, aprobado mediante el
Acuerdo Municipal 0015 de 2022, no prevé las obras ordenadas en el
fallo y que su ejecución no es viable sin los recursos
correspondientes.
Solicitó, en consecuencia, revocar la sentencia o, en su defecto,
ampliar el plazo para su cumplimiento, de forma que las obras
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puedan ser incluidas en el presupuesto de la nueva administración
en 2024.
IV.-CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
Sostuvo que el MUNICIPIO no puede alegar razones de tipo
presupuestal ni temporal para negarse a proteger los derechos de la
colectividad, como en efecto lo ha precisado la jurisprudencia del
Consejo de Estado; además, tampoco logró desvirtuar el grado de
responsabilidad que le asiste, la insuficiencia del término concedido
para la ejecución de lo ordenado, ni aportó prueba para acreditar que
su nivel de responsabilidad sea inferior al atribuido, por consiguiente,
solicitó confirmar el fallo apelado.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA10
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
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Mediante auto de 11 de julio de 2024, la Sala aceptó el impedimento manifestado por el magistrado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES.
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los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para el amparo de derechos colectivos como los invocados en el
presente asunto, cuya fuente de transgresión radica, presuntamente,
en la contaminación de la quebrada Gualanday, a raíz de los
vertimientos directos de aguas residuales provenientes del sistema
de alcantarillado de la vereda Briceño, en el Municipio de Ibagué.
Problemas jurídicos
En consideración a lo argumentado en el recurso de alzada, a la Sala
corresponde determinar, en su orden, lo siguiente:
i) ¿Está acreditada probatoriamente la responsabilidad del
MUNICIPIO por la vulneración de los derechos colectivos?
ii) ¿Es competencia del IBAL la ejecución de las obras ordenadas
por el Tribunal?
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iii) ¿Las obras a ejecutar desconocen la autonomía y las facultades
del alcalde municipal para planificar la gestión local en el plan de
desarrollo y la ejecución de su presupuesto?
iv) ¿Es procedente ampliar el plazo otorgado para el cumplimiento
de la sentencia, atendiendo a viabilidad técnica, administrativa y
presupuestal de las obras ordenadas?
De la responsabilidad del Municipio
Con miras a resolver este cargo de apelación, a continuación, se hará
referencia a las pruebas que resultan relevantes a efectos de
establecer la responsabilidad del ente territorial por la vulneración de
los derechos colectivos.
-. En Oficio núm. PJAAT-T-0212 de 25 de octubre de 2016, remitido
por la parte actora al MUNICIPIO, se estableció lo siguiente:
“[…] Este Despacho realizó visita en sitio a la vereda Briceño
(imágenes No.1 y No.2, tomadas de google maps: ubicación del sitio
de visita), zona rural del municipio de Ibagué, encontrando
evidencias de vertimiento de aguas residuales en el margen
izquierdo de la quebrada Gualanday […].
En terreno se encontró un aviso (imagen No.3) que indica que dicha
obra fue financiada con recursos de la Gobernación de Tolima,
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mediante la ejecución del contrato No.039 de 2008, cuyo objeto
desarrollado fue la construcción del alcantarillado de aguas negras de
la mencionada vereda. Actualmente, por información de la misma
comunidad, 23 viviendas se encuentran conectadas al sistema antes
mencionado.
Durante la referida visita en sitio, se encontró que las aguas negras
rebosan de una tapa de alcantarilla ubicada sobre la vía en concreto
(imagen No.5) y las mismas por gravedad y aproximadamente a un
metro de distancia, se conducen a una rejilla de aguas lluvias (imagen
No.6), que mediante tubería atraviesan por debajo de la vía y salen
a la margen derecha, aguas abajo, de la quebrada Gualanday
(imágenes No.7 y 8), para terminar en el cauce de la fuente hídrica
antes mencionada […].
Según el numeral 1º, del artículo 5º., de la Ley 142 de 1994, la
competencia de los municipios respecto de la prestación de los
servicios públicos consiste básicamente en asegurar su prestación
eficiente por empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central del
municipio […].
Dentro del contexto antes planteado, amablemente le solicito
tomar medidas inmediatas, como primera autoridad ambiental
en lo local, para evitar el vertimiento de aguas residuales del
alcantarillado de la vereda Briceño, zona rural del municipio
de Ibagué, a las aguas de la quebrada Gualanday, de acuerdo
con lo establecido en los numerales, 5º., 6º. y 7º., del artículo 65, de
la Ley 99 de 1993 y garantizar así, los derechos a la seguridad y
salubridad pública y al ambiente sano […]” (Negrillas fuera del texto
original).
-. Luego en Oficio núm. PJAAT-0051 de 2 de febrero de 2017, la parte
actora solicitó al MUNICIPIO remitir los soportes de las actuaciones
surtidas para atender la problemática e indicó que al revisar el
expediente contentivo del proceso sancionatorio adelantado por
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CORTOLIMA respecto del ente territorial, el IBAL y la EDAT
encontró que los vertimientos datan, incluso, desde mayo de 201211.
-. El 23 de noviembre de 2018, la demandante, en ejercicio de sus
funciones de Agente del Ministerio Público, mediante Oficio PJAAT-
1043 dirigido al MUNICIPIO y CORTOLIMA, indicó:
«[…] [M]ediante correo electrónico, el ciudadano Juan José Reyes
informó a este Despacho, el 21 de noviembre, que:
“…para dar para dar solución a la problemática de contaminación a
causa del vertimiento de aguas residuales a la quebrada de gualanday
por parte de la vereda el briceño del municipio de Ibagué, a la fecha
no se ha tomado ninguna acción por parte de la alcaldía o de
la EDAT, a lo cual acudo a usted para que por favor se tomen
las medidas pertinentes y necesarias para mitigar o corregir la
llegada de estas aguas, a la quebrada gualanday…”
Así las cosas, esta Procuraduría solicita a Cortolima, realizar visita
técnica al lugar de ocurrencia de las presuntas
infracciones/afectaciones ambientales, con el fin de tomar muestras
de laboratorio que permitan constatar si en efecto, las aguas que se
vierten desde el alcantarillado de la vereda Briceño a la quebrada
Gualanday contaminan o no, la fuente hídrica mencionada.
En caso de constatar lo antes referido, agradezco iniciar el proceso
administrativo sancionatorio ambiental a que haya lugar, imponiendo
las medidas preventivas requeridas para evitar conjurar los efectos
de tales hechos, de conformidad con lo previsto en la Ley 1333 de
2009 y las demás a que haya lugar, para evitar la disposición de aguas
residuales sin previo tratamiento a la quebrada referenciada.
Finalmente, esta agencia del Ministerio Público, solicita a la
Alcaldía Municipal de Ibagué, a tomar a la mayor brevedad
posible, las medidas necesarias para en caso de constatarse
las presuntas afectaciones ambientales, aludidas por el
ciudadano Juan José Reyes, garantizar el previo tratamiento
11 Fl. 5, anexos de la demanda.
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de las aguas residuales pluricitadas […]». (Negrillas fuera del
texto original).
-. En respuesta a dicho requerimiento, el subdirector de Calidad
Ambiental de CORTOLIMA, en Oficio núm. 26867 de 6 de diciembre
de 201812, expuso:
“[…] Por medio del presente me permito informarle que el día 05 de
diciembre de 2018, una comisión conformada por el personal técnico
de la Subdirección de Calidad Ambiental de CORTOLIMA y el personal
del Laboratorio de CORCUENCAS realizaron visita al lugar de los
hechos en la vereda Briceño con el objetivo de verificar los
vertimientos de la zona y tomar muestras para análisis de laboratorio.
Se anexa el informe técnico de los profesionales adscritos a la
Subdirección de Calidad Ambiental de CORTOLIMA en el cual se
detalla lo observado y evidenciado en la visita y las acciones que se
realizaron en campo […]”.
En el informe técnico13 aportado se indicó:
“[…] CONCEPTÚA
1. En el momento de la visita se observó un solo vertimiento un
pozo colmatado y saturado de aguas residuales y material
flotante el cual discurre durante 20 metros con ancho de 0.6 a 1
m una descarga aguas residuales con coloración grisácea
permanentemente por el suelo en un área aproximada de 20 m²
descargando finalmente a la fuente hídrica sin previo tratamiento
sobre la margen derecha de la Quebrada con presunto
incumplimiento de:
a. Decreto 3930 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015 por
vertimiento sin previo tratamiento.
b. Decreto 50 de 2018 por vertimientos al suelo
12
Índice SAMAI 00002, expediente digital, “ED_CORREO_BLANCALILIA(.pdf)NroActua2”,archivo “003
respuestas remitidas por Cortolima, mediante oficios 26867, 5112 y 5073”, fl.1.
13
Ídem, fls. 2 a 14.
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c. Resolución 631 de 2015, por presumible aguas residuales sin
tratamiento que pueden estar por fuera de los limites permisibles
Recursos Afectados: agua y suelo.
2. En el sitio de la descarga se percibieron olores ofensivos a
menos de 30 metros de distancia y presencia de vectores con
posible afectación a la comunidad aledaña.
Afectación: Población Aledaña.
3. Después de identificar los aspectos e impactos ambientales se
procedió a realizar la toma de muestras aguas arriba de la quebrada, 50
metros a aguas abajo de la quebrada y al vertimiento, con sus
respectivos aforos de caudal en los puntos antes mencionados. Los
resultados de laboratorio quedaron sujetos a interpretación una vez
llegue el reporte por parte del Laboratorio
4. En los equipos de medición de caudal de la corporación se observó
caudal de vertimiento de 0.1045 litros por segundo equivalentes a una
descarga de 9028.8 litros por día de aguas residuales a la fuente hídrica
y al suelo, en cuanto al caudal de la quebrada aguas arriba reportó un
valor de 108.6 litros por segundo y aguas abajo un caudal de 89.7 litros
por segundo.
5.Se recomienda desde la parte técnica a la Oficina Jurídica que
se tomen las medidas pertinentes frente al proceso sancionatorio
a la alcaldía municipal de Ibagué teniendo en cuenta lo
conceptuado y que aún persiste vertimiento medidas pertinentes
frente al proceso sancionatorio a la alcaldía municipal al suelo y
la fuente hídrica […]”. (Negrillas fuera del texto original)
-. En Oficio núm. 5112 de 20 de febrero de 201914, CORTOLIMA
informó al Procurador Judicial Ambiental Agrario del Tolima:
“[…] Por medio de la presente me permito allegarle copia del Informe
de Visita en atención a la contingencia referente a mortandad de
peces en la Quebrada Gualanday del 18 de Enero de 2019, donde
también se presenta la interpretación de resultados de Monitoreo de
Calidad de Agua realizado el mismo día […]”.
14 Ídem, fl. 15.
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En el citado informe CORTOLIMA15 determinó:
“[…] SE CONCEPTÚA:
1.De acuerdo a la visita efectuada el día 18 de enero de 2019, en el
sector de Briceño en el centro poblado de Gualanday del municipio de
Coello, se evidenció una eventualidad por cambios en la dinámica de
la fuente hídrica quebrada Gualanday y mortandad de peces.
2.Se identificaron aproximadamente 17 peces muertos durante el
recorrido realizado por la Quebrada Gualanday. Por otro lado, no se
observaron cambios en las características organolépticas de la fuente
hídrica como color y olor, así como la dinámica de la fuente hídrica.
3. Revisando los valores obtenidos del monitoreo de calidad de agua
en la Quebrada Gualanday frente los limites permisibles frente a las
sustancias de interés sanitario, entre otras; se menciona que la mayor
parte de los parámetros medidos agrícola, pecuario, preservación de
Fauna y Flora y consumo humano; sin embargo, cumple con los
límites máximos permisibles para los usos de agua como son es
pertinente informar lo siguiente:
a. Respecto a la Turbiedad del agua se menciona que en los puntos
medidos se humano tal como se cita en la Resolución 2115 de 2007;
motivo por el cual, se encuentra por encima del límite máximo
permisible para agua para consumo recomienda tratar y potabilizar el
agua antes de ser distribuida al Centro Poblado de Gualanday y
usuarios que hagan uso del agua de la Qda. Gualanday para Consumo
humano.
b. En lo que corresponde a los límites establecidos para preservación
de fauna y flora, se menciona que la Quebrada Gualanday presenta
tendencia a baja presencia de oxígeno del agua en especial en el sitio
denominado como charco las Lajas; donde para el momento de la
visita, se evidenció que se realizaba presencia de oxígeno del agua en
especial en el sitio denominado como charco actividades de minería
de subsistencia por encontrar bajas cantidades de material apilado.
Por otro lado, se evidenció que la presencia de Bario en el agua se
encuentre en el Uso de Agua para preservación de fauna y flora en
agua dulce, al parecer aproximadamente 0.050mg/L por encima de
la Concentración Letal establecida por ser condiciones naturales del
agua, sin embargo, es pertinente precisar que vivos dentro del agua
15
Ídem, fls. 16 a 25.
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durante el trayecto realizado de visita de inspección ocular, se
percibieron peces vivos dentro del agua […]”.
-. El director del Grupo Ambiente y Cambio Climático del
MUNICIPIO, mediante Oficio núm. 1092 de 25 febrero de 2019
radicado en la Procuraduría 20 Judicial Ambiental y Agraria del
Tolima, manifestó:
“[…] Con fundamento a la comunicación del asunto en la cual se pone
en conocimiento la petición del ciudadano JUAN JOSE REYES con
respecto a vertimientos de aguas residuales en la vereda Briceño, nos
permitimos informar se tiene planeado adicionar el contrato de
consultoría (en ejecución) que fue adjudicado al Consorcio
Consultores PYG mediante la relación No. 2663 del 9 de noviembre
de 2018 con el objetivo de obtener los diseños y memorias de cálculo
para la construcción de un sistema de alcantarillado en la vereda
Briceño […]”16.
-. Mediante informe de la visita llevada a cabo por CORTOLIMA el
8 de febrero de 2019, en virtud del requerimiento de la Procuraduría
Judicial II Ambiental y Agrario para el Tolima17, tendiente a obtener
muestreos de los vertimientos realizados por el sistema de
alcantarillado de Briceño, se consignó:
«[…] V. SE CONCEPTÚA:
• Se pudo evidenciar que el centro poblado de Briceño, cuenta con un
sistema de alcantarillado, construido mediante Contrato No. 39 de
16
Expediente digital, archivo “004 Oficio 1092-7140 Alcaldía de Ibagué”.
17
Expediente digital, archivo “003 respuestas remitidas, por CORTOLIMA, mediante Oficios 26867, 5112
y 5073”.
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octubre 28 de 2008, suscrita por la EDAT E.S.P. y un tercero, desde
hace más de 10 años.
• Según información emitida por los lugareños, de lunes a viernes es
mínima la afluencia de bañistas y por ende de actividades
complementarias (venta de alimentación, bebidas, uso de baños), las
cuales generan aguas residuales de tipo doméstico. Por el contrario,
el día de la visita no se apreció a ningún barista, razón por la cual el
caudal de aguas residuales es mínimo. Con relación a la variación del
caudal de los diversos vertimientos, me permito indicar lo siguiente
1. Los caudales de aguas residuales, cualquiera sea su origen sufren
variaciones en su caudal a lo largo del trascurrir con las horas del día
y con respecto a los días de la semana, es decir que los caudales de
las aguas residuales oscilan durante el año, cambian de un día a otro
y fluctúan de una hora a otra y siguen una variación diaria, que es fiel
reflejo de la actividad de la población del lugar.
2. Los caudales mínimos se producen durante las primeras horas,
cuando el consumo de agua es más bajo y cuando el caudal circulante
se debe, principalmente, a escapes, infiltraciones y pequeñas
cantidades de agua residual sanitaria. La primera o única punta del
caudal se presenta, en general, inmediatamente después del máximo
uso de agua, producido a media mañana Una segunda punta se
presenta, normalmente puede darse, en las últimas horas de la tarde,
entre las 19:00 y las 21:00 horas.
3.De igual manera, las concentraciones de algunos parámetros
significativos en las aguas residuales (como la DBO5 y SST),
igualmente sufren variaciones en su concentración a lo largo del
trascurrir con las horas del día y con respecto a los días de la semana.
Esto también implica la existencia de cargas pico y cargas mínimas
4. Por lo general, las curvas que representan las oscilaciones diarias
y también con respecto I día de la semana, del caudal de aguas
residuales que llegan a un sistema de tratamiento son similares a las
curvas de consumo de agua de abastecimiento, pero con un cierto
retraso, como consecuencia del discurrir por las redes de
alcantarillado, y que será tanto mayor cuanto mayor longitud posea
dicha red.
5. Durante la noche y primeras horas del día, en las que los consumos
de agua son mínimos, también son mínimos los caudales de aguas
residuales, estando estos caudales compuestos fundamentalmente
por aguas infiltradas y por pequeñas cantidades de aguas residuales
domésticas.
6. Así las cosas, los mayores consumos de agua y por consiguiente
los mayores caudales de aguas residuales se deben generar durante
los fines de semana y días festivos cuando se tiene el mayor número
de bañistas y por ende de actividades complementarias (venta de
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alimentación, bebidas, uso de baños), y de igual manera la mayor
afectación a la calidad del recurso hídrico de la Quebrada Gualanday
• Se pudo evidenciar que el sistema de alcantarillado el centro
poblado de Briceño, no cuenta con una PTAR, vierte
directamente sin tratamiento alguno en la Quebrada
Gualanday, contaminándola e incumpliendo lo establecido en
el Artículo 2.2.3.2.20.5., del Decreto 1076 del 27 de mayo de
2015 […].
• El citado vertimiento se pudo evidenciar que la
Administración Municipal de lbagué y/o su E.S.P., están
contraviniendo dispuesto en los numerales 3, 4, 6 y 9 del
Artículo 24 del Decreto 3930 de 2010.
• El precitado colapso, ocasionado por la falta de mantenimiento del
sistema de alcantarillado del centro poblado corresponde a una
evacuación anormal de aguas residuales, podemos asegurar que no
se da cumplimiento a las condiciones de flujo contenidas en los
artículos 30,141 y 151 del Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Básico RAS/330i Resolución 330 del s de junio
de 2017.
• Además, se pudo evidenciar que la Administración Municipal de
lbagué y/o su E.S.P., están contraviniendo lo dispuesto en los
Artículos 22 y 46 del Decreto 302 del 2000.
• Con relación al cumplimiento o incumplimiento de las
obligaciones ambientales de las Resoluciones Nos. 2159 del 24
de noviembre de 2008 (en la que se establece que la
Administración Municipal de Ibagué y/o su E.S.P., deberá
implementar y/o mejorar el sistema de tratamiento de Briceño
y que, de ¡gual manera, éste deberá cumplir con los criterios
establecidos en el artículo 72 del Decreto 1594 de 1984 y otras
obligaciones ambientales), y ajustados en la Resolución No. 2383
del g de junio de 2011, es evidente que se aprecia un claro
incumplimiento, pues como ya se indicó no hay la existencia de tal
sistema, ni por ende, mucho menos que el vertimiento de
cumplimiento al artículo 72 del Decreto1594 de 1984 actualmente
derogado por la Resolución No. 631 de 2015.
• Las cargas contaminantes vertidas a la Quebrada Gualanday están
contenidas en la Tabla No. 1 (descrita en apartes anteriores)' y deben
variar (con valores mínimos durante la noche y primeras horas del
día, cuando los consumos de agua son mínimos y mayores cuando los
consumos de agua son mayores, durante los fines de semana y días
festivos cuando se tiene el mayor número de bañistas y por ende de
actividades complementarias, y de igual manera la mayor afectación
a la calidad del recurso hídrico de la Quebrada Gualanday.
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• Por otra parte podemos concluir acorde a la información contenida
en la Tabla No. 2 (descrita en apartes anteriores), que todos los
parámetros muestreados están dentro del rango establecido, y se
está dando cumplimiento al Artículo 8 de la Resolución 631.
Por lo anterior es aconsejable:
• Recomendar a la Oficina Jurídica, no seguir concediendo
plazos adicionales e imponer alguna de las sanciones
contenidas en la Ley 1333 de 2009, acorde a lo establecido en los
siguientes actos administrativos:
1. Auto No. 5634 del 29 de noviembre de 2011.
2. Resolución No. 2554 del 22 de septiembre de 2013.
3. Resolución No. 3257 de diciembre g de 2013.
4. Resolución No. 938 del 7 de mayo de 2014.
5. Resolución No.1169 del 6 de mayo de 2015.
6. Auto No. 2368 del 25 de mayo de 2016.
7. Auto No. 5603 del 2 de agosto de 2017.
8. Auto No. 8077 del 21 de diciembre de 2017. Además:
9. Resolución No. 2159 -de' 24 de noviembre de 2008
10. Resolución No. 2383 del g de junio de 2011
Contra la Administración Municipal de lbagué, por los
incumplimientos a los precitados actos administrativos y por
las infracciones ambientales ya relatadas, entre otras:
1. Artículo 2.2.3.2.2d5.-, del Decreto 1076 del 27 de mayo de 2015
2. numerales 3, 4, 6 y g del Artículo 24 del Decreto 3930 de 2010
3. Artículos 30,141 y 151 de la Resolución 330 del 8 de junio de 2017
y
4. Artículos 22 y 46 del Decreto 302 del 2000
• Remitir, copia del presente informe al presente informe< a la Oficina
Jurídica de CORTOLIMA, para que obre dentro del expediente
sancionatorio […]».
En la citada Resolución No. 2383, en el apartado de actividades e
inversiones proyectadas para el centro poblado de Briceño, se
estableció:
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«[…] Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas del centro poblado (pozo séptico). [Proyectado para los
años 2012, 2014 y 2016]
Monitoreo a la entrada del sistema de tratamiento de aguas residuales
domésticas en el centro poblado (ampliación de cobertura).
[Proyectado para los años 2008 a 2017]».
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que al ente
territorial le asiste responsabilidad en los hechos constitutivos de la
trasgresión de los derechos colectivos, pues, aunque las descargas
de aguas residuales a la fuente hídrica sin tratamiento previo se
vienen presentando desde hace más de una década, y en relación
con estos hechos se han realizado varios requerimientos por parte
del Ministerio Público y CORTOLIMA tendientes a subsanarlos, al
punto que en el PSMV quedó consignada expresamente la obligación
de realizar obras de mantenimiento del sistema de alcantarillado que
opera en el centro poblado de Briceño, lo cierto es que en el acervo
no reposan elementos de juicio acerca de las intervenciones
requeridas.
En efecto, mediante Oficio núm. 1092-7140 de 20 de febrero de
2019, el MUNICIPIO informó que tenía proyectado adicionar el
contrato de consultoría que suscribió con el Consorcio Consultores
PYG para obtener los diseños y memorias de cálculo para la
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construcción de un sistema de alcantarillado en la vereda Briceño;
no obstante, a la fecha, no obra prueba alguna de estos estudios y
mucho menos de la ejecución de las obras necesarias para solucionar
definitivamente las falencias advertidas en la infraestructura
disponible.
Bajo los anteriores argumentos queda desvirtuada la insuficiencia
probatoria alegada por el MUNICIPIO con miras a ser eximido de
responsabilidad en la problemática objeto de la acción y, en
consecuencia, este cargo carece de vocación de prosperidad.
De la competencia de IBAL S.A. E.S.P.
Ahora bien, en lo referente a la competencia del IBAL para ejecutar
las acciones ordenadas por el a-quo para la efectiva protección de
los derechos invocados, se destacan los datos suministrados por el
director de Información y Aplicación de la Norma Urbanística, de la
Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué, en el Oficio núm.
1220-28833 de 5 mayo de 2022, en el que se indicó:
«[…] Una vez revisada la cartografía del plano R1 “División Político
Administrativa” la cual hace parte integral del Plan de Ordenamiento
Territorial Decreto Municipal 1000-0823 de 2014 “Por el cual se
adopta la revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial del
municipio de Ibagué y se dictan otras disposiciones”, se pudo
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evidenciar que la vereda Briceño hace parte del corregimiento No. 14
denominado “Buenos Aires” el cual se encuentra localizado dentro de
la zona Rural de esta municipalidad, así las cosas y de conformidad a
los anterior se informa al solicitante, que la vereda en mención no se
encuentra ubicada dentro del perímetro urbano de Ibagué […]»18.
A su turno, en informe técnico allegado junto con la contestación del
IBAL, suscrito por el jefe de Gestión de Alcantarillado, quedó
consignado lo siguiente:
“[…] [E]l sector de la VEREDA BRICEÑO NO ES COBERTURA IBAL por
lo que no hace parte del perímetro Hidro-sanitario de la empresa,
impidiendo que el IBAL haga inversiones con recursos propios en ese
sector […].
La competencia en los sectores donde el IBAL no tiene cobertura es
la SERETARIA DE AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO, y es a través
de ella que mediante un convenio el IBAL puede realizar
intervenciones con recursos del Municipio.
OBSERVACIONES
De acuerdo a lo anterior, LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
GESTION DEL RIESGO es la responsable de realizar los estudios y
obras pertinentes para la conexión de las respectivas viviendas de la
VEREDA BRICEÑO, donde el IBAL no tiene cobertura; sólo mediante
la celebración de un convenio […] donde se le transfieren los recursos,
el IBAL podrá realizar estudios e intervenir redes fuera de su
perímetro Hidro-sanitario […]”19.
Conforme con lo anterior, es un hecho probado que dentro del área
de cobertura de la prestación del servicio público de alcantarillado
por parte del IBAL no está comprendida la zona rural y, en
18
Expediente del Tribunal, índice SAMAI 00052.
19
Índice SAMAI 00002, archivo “ED_001_EXPEDIENTEDIGIT(.pdf) NroActua 2”,fls. 241 y 42.
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consecuencia, no tiene a su cargo la operación y mantenimiento de
la infraestructura existente en el centro poblado Briceño que
descarga las aguas residuales de forma directa a la quebrada
Gualanday.
Por consiguiente, el MUNICIPIO es el llamado a asumir las acciones
y medidas de orden administrativo, presupuestal y contractual que
se tornen necesarias para resolver de forma adecuada y definitiva la
situación desencadenante de la afectación que motivó esta solicitud
de amparo constitucional, conforme lo ordenó el Tribunal.
Lo anterior, conforme con los mandatos superiores previstos en los
artículos 311 y 365 de la Constitución Política de Colombia en relación
con el deber de los municipios de prestar de manera directa o
indirecta los servicios públicos, y de garantizar el acceso a estos de
forma oportuna y eficiente, a voces de lo dispuesto en el artículo 5,
numeral 5.1 de la Ley 142 de 1994, comoquiera que constituyen
instrumentos fundamentales para materializar los cometidos
estatales como, entre otros, la garantía del ejercicio efectivo de los
derechos al saneamiento básico y a la vida en condiciones dignas.
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Adicionalmente, el artículo 76, numeral 76.1, de la Ley 715 de 21 de
diciembre de 200120 prevé que radica en cabeza del ente territorial
local la obligación de desplegar las intervenciones a que haya lugar
para el funcionamiento óptimo de los sistemas e infraestructuras
dispuesta para la prestación de los servicios públicos de calidad, bien
como prestador directo o como el garante de estos, en el evento que
esta función se haya encomendado a un tercero.
Ahora bien, aunque el MUNICIPIO expuso en el recurso de alzada
que en los lugares no comprendidos dentro del perímetro
hidrosanitario del IBAL, suscribía con esta un convenio para
encomendarle la prestación de servicios públicos en esas zonas, lo
cierto es que ello no cuenta con respaldo probatorio en el expediente,
razón que resulta suficiente para desestimar tal argumento que tiene
por objeto trasladar la responsabilidad por la vulneración a la
empresa de servicios públicos.
20
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, que
es del siguiente tenor: “[…] Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o
indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes
competencias:
|
76.1. Servicios Públicos Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios
públicos además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción,
ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos […]”.
(Negrillas fuera del texto original).
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Del presunto desconocimiento de la autonomía municipal y el
plazo para la ejecución del fallo
Para abordar el estudio de estos reparos, la Sala considera pertinente
referir que según los artículos 34 de la Ley 472 de 1998 y 144 de la
Ley 1437 de 2011, el juez de la acción popular goza de amplias
facultades para imponer a los responsables de la amenaza o
vulneración de derechos colectivos y a quienes fungen como garantes
de estos, la adopción y ejecución de las medidas que se tornen
idóneas y necesarias para su salvaguarda, acatando en todo caso el
derecho al debido proceso.
En consonancia con lo anterior, esta Sección en reiterada
jurisprudencia ha señalado:
“[…] [R]esulta de gran importancia precisar que de acuerdo con la
Ley reguladora de la acción popular, la misma se ejerce para evitar el
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las
cosas a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de
1998 / Artículo 144 Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares,
sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de 1998) -. Casos
en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o
de no hacer, definiendo de manera precisa la conducta a
cumplir, condenar al pago de perjuicios cuando se haya
causado daño y, en fin, exigir la realización de las conductas
necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere
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físicamente posible -(Artículo 34 Ley 472 de 1998), de manera tal
que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados, como
lo exige el artículo 88 constitucional. […]. Ciertamente, en la
sentencia que ampara los derechos colectivos el juez está facultado
para adoptar las medidas que, conforme a la situación fáctica
probada, sean conducentes y pertinentes para obtener la
protección de dichos derechos. […]. Lo anterior guarda coherencia
con el artículo 2º de la Constitución Política al establecer que “las
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas
las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares
[…]”21. (Negrillas fuera del texto original).
Bajo tal entendido, para la Sala no resulta de recibo lo planteado por
el MUNICIPIO en sede de apelación en relación con el presunto
desconocimiento de la autonomía que le asiste para gestionar los
asuntos y necesidades de su territorio mediante instrumentos como
el plan de desarrollo y la ejecución del presupuesto dispuesto para
esos fines, habida cuenta que las órdenes impartidas, además de ser
resultado del ejercicio legítimo de las facultades otorgadas al juez
popular para garantizar de forma efectiva los derechos reconocidos
constitucional y legalmente a una colectividad, bajo ninguna
consideración constituyen una intromisión injustificada en el
quehacer del gobierno local y tampoco imponen a la entidad
21
Ver, entre otras sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el número único de
radicación 250002327000200190479-01(AP); C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno; sentencia de 21 de
agosto de 2020, único de radicación 130012333000201700987-01 (AP); sentencia de 15 de mayo de
2014, número único de radicación 250002324000201000609-01(AP); C.P.: Guillermo Vargas Ayala;
sentencia de 18 de abril de 2024, número único de radicación: 630012333000201900237-01 (AP);
C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
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territorial la disposición y ejecución inmediata de su presupuesto, al
margen de la normativa que rige la asignación y distribución de los
recursos financieros del Estado.
Por lo contrario, de la lectura del fallo impugnado se advierte que lo
ordenado al MUNICIPIO se ajusta a los deberes que le asisten de
gestionar los recursos necesarios para financiar las obras e
intervenciones a que haya lugar, dentro de un término razonable, en
función de la apremiante necesidad de hacer cesar la afectación al
que está sometido el recurso hídrico en la quebrada Gualanday.
Aunado a lo anterior, de manera reiterada la Sala22 ha considerado
que la limitación presupuestal es un argumento que no tiene asidero
jurídico para desvirtuar la afectación de derechos colectivos, excusar
la responsabilidad de los llamados a atender la situación
desencadenante de la transgresión y postergar en el tiempo la
solución para superarla.
22
Ver entre otras, sentencia del 15 de diciembre de 2016, radicado 63001 23 33 000 2015 00084 01.
C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés (E), sentencia de 16 de mayo de 2019, radicado 17001-23-33-
000-2017-00452-01(AP). C.P.: Hernando Sánchez Sánchez; sentencia de 28 de enero de 2021,
radicado: expediente 05001-23-33-000-2018-02149-01(AP). C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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En tales términos, los tiempos otorgados para el cumplimento de lo
ordenado son el resultado de un ejercicio de ponderación entre la
necesidad de agotar los procedimientos legales exigidos para la
disponibilidad y ejecución presupuestal y, asimismo, de responder
adecuada y oportunamente a la situación causante de la afectación
de los derechos, de suerte que se tornan razonables y prudenciales,
más aún si está probado que los vertimientos a la quebrada vienen
ocurriendo desde el año 2012, y que pese a lo manifestado por el
MUNICIPIO en el Oficio de 2018 acerca de adicionar el contrato de
consultoría para ese entonces vigente, con el fin de obtener los
estudios técnicos necesarios para definir las intervenciones que
demanda la situación, a la fecha no existe elemento de convicción
alguno sobre esa gestión.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala destaca que, en todo caso, el
ordenamiento jurídico, concretamente los artículos 113 de la
Constitución Política y 2 de la Ley 489 de 1998 facultan al
MUNICIPIO para que, en virtud de los principios de colaboración
armónica, coordinación y concurrencia gestione ante otras instancias
de gobierno el presupuesto necesario para emprender las acciones
que correspondan.
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Siendo ello así, los cargos de apelación referentes a la presunta
intromisión del juez de primera instancia en asuntos del resorte de
la administración municipal y la necesidad de ampliar el plazo
otorgado no están llamados a prosperar.
En todo caso, la Sala considera que en el evento que durante la
ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es
necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal, en el marco del
Comité de Verificación, proferirá las decisiones que considere
necesarias para garantizar su cumplimiento, dado que el artículo 34
de la Ley 472 prevé que mientras se ejecuta la sentencia el juez “[…]
conservará la competencia para tomar las medidas necesarias para
la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas
contenidas en el Código de Procedimiento Civil […]”.
Del comité de verificación
La Sala advierte que el Tribunal, en la sentencia apelada, omitió
referirse a quien correspondería presidir el Comité de Verificación
encargado del seguimiento al cumplimiento de la sentencia.
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En consecuencia, atendiendo al artículo 34 de la Ley 472 y la
jurisprudencia de la Sección23, se modificará el numeral cuarto de la
parte resolutiva del fallo apelado en el sentido de establecer que el
corresponderá al Magistrado Ponente del Tribunal fugir como
presidente de dicho comité y la confirmará en lo demás.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el numeral cuarto de la parte resolutiva de
la sentencia de 3 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, el cual quedará así:
«[…]CUARTO: INTEGRAR el Comité de Verificación del
presente fallo del cual harán parte la Procuraduría Ambiental
II y Agraria del Tolima, el Representante Legal del Municipio
de Ibagué o quién él designe para tal efecto, el Representante
Legal de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado - IBAL SA
ESP o quién él designe para tal efecto, el Procurador Judicial
en lo Administrativo delegado para el Tribunal Administrativo,
Cortolima y la EDAT SA ESP y el suscrito Magistrado, quien lo
presidirá, en los términos previstos en el artículo 34 de la Ley
472 de 1998 […]».
23
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, Consejero
Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018-
00361-01, Consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
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SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala, en la sesión de 23 de octubre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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