Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2021-00331-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 73001-23-33-000-2021-00331-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 73001-23-33-000-2021-00331-02
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00331-02
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actor: PROCURADURIA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL TOLIMA
TESIS: COMOQUIERA QUE LA VULNERACIÓN ALEGADA PERSISTE,
NO SE CONFIGURA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO. LA AUTORIDAD AMBIENTAL TAMBIÉN ES COMPETENTE
PARA EJECUTAR OBRAS QUE PROPENDAN POR EL SANEAMIENTO
AMBIENTAL, DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LAS PTAR.
EL JUEZ POPULAR ESTÁ FACULTADO PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL
GOCE DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS
RECURSOS NATURALES, AL ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y
A QUE SU PRESTACIÓN SEA EFICIENTE Y OPORTUNA Y A LA
SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el
MUNICIPIO DE PIEDRAS1 y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA
REGIONAL DEL TOLIMA2, contra la sentencia de 6 de julio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima3.
1
En adelante el MUNICIPIO.
2
En adelante CORTOLIMA
3
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 73001-23-33-000-2021-00331-02
Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA
I.- ANTECEDENTES
I.1- La demanda
El PROCURADOR JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIO PARA
EL TOLIMA instauró demanda en ejercicio de la acción popular
contra el MUNICIPIO y CORTOLIMA, tendiente a la protección de
los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia
del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales, al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna y a la seguridad y salubridad
públicas.
I.2. Hechos
Indicó que el MUNICIPIO no ha realizado gestión alguna para
obtener los permisos de vertimientos de sus seis plantas de
tratamiento de aguas residuales4.
4
En adelante PTAR.
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Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA
Afirmó que la PTAR de La Ceiba presenta deficiencias en el canal de
aproximación, las rejillas, la trampa de grasas, el desarenador y los
lechos de secado y, además, su filtro percolador primario no tiene
una adecuada estructura de distribución y el secundario está
obstruido en los orificios de salida.
Expuso que el aliviadero de la PTAR de la vereda Chicalá se construyó
sin cumplir los requerimientos técnicos y, aunado a ello, no se realiza
el retiro del material granulométrico en el fondo, aunado a que el
agua residual es vertida por medio de tubería de concreto a un cauce
natural del río Totare.
Sostuvo que la laguna de estabilización de la PTAR Paradero Chipalo
está cubierta por material vegetal flotante y el agua residual tratada
es vertida por medio de tubería al río Chipalo.
Adujo que la unidad de pretratamiento de las lagunas de
estabilización Doima – Coburgos presenta deterioro, carece de un
aliviadero que evacúe los excesos y de un estructura de aforo, su
capacidad hidráulica es insuficiente en la tubería de salida para la
evacuación de aguas residuales, tienen presencia de gran cantidad
de material sedimentado y sobrenadante y la descarga de las aguas
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Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA
residuales al cauce del río Opia se realiza mediante un canal abierto
en tierra con presencia de olores fuertes.
Manifestó que el MUNICIPIO no cuenta con plan de saneamiento y
manejo de vertimientos - PSMV, toda vez que la Resolución núm.
1308 de 2008 que lo acogía perdió vigencia, hecho del cual tenía
conocimiento CORTOLIMA, que, pese a ello, se limitó a realizar
requerimientos e iniciar algunas actuaciones administrativas
sancionatorias que, a su juicio, son insuficientes de cara a garantizar
la protección de los derechos colectivos invocados.
Aseguró que CORTOLIMA ha consentido la problemática expuesta
al no desplegar acciones eficientes para garantizar el cumplimiento
del PSMV mientras estuvo vigente, de las metas de reducción de
carga contaminante acordadas con el MUNICIPIO para las vigencias
2019 a 2021, y de lo establecido en la normativa expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de
Vivienda y Desarrollo Territorial en cuanto a los sistemas de
tratamiento de aguas residuales domésticas.
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Actora: PROCURADURÍA JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL TOLIMA
I.3. Pretensiones
La parte actora solicitó:
“[…] 1. Declarar a la Corporación Autónoma Regional del Tolima y al
municipio de Piedras, responsables por la vulneración de los derechos
e intereses colectivos al ambiente sano, al goce al equilibrio ecológico,
al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna y a la seguridad y salubridad públicas, objeto de
conculcación y vulneración con ocasión del vencimiento desde 2018,
del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio de
Piedras; del incumplimiento de las metas de reducción de carga
contaminante acordadas entre esta entidad territorial y Cortolima; de
la construcción y operación no permisionada de las plantas de
tratamiento de aguas residuales y/o pozos sépticos y/o lagunas de
oxidación de La Ceiba, Chicalá, paradero Chipalo, Guataquicito, Villa
Tamal y Coburgos y de la falta de mantenimiento y/o de capacidad
de tratamiento de aguas residuales de estas, ante el desarrollo y la
construcción de nuevos proyectos urbanísticos.
2. Ordenar al municipio de Piedras formular un plan de saneamiento
y manejo de vertimientos, dentro de los tres meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia que decide este trámite judicial o en el
término que el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima decida,
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.18 del
Decreto 1076 de 2015.
3. Ordenar al municipio de Piedras, cumplir con las metas de
reducción de carga contaminante 2019-2023, concertadas con
Cortolima y aprobadas mediante Acuerdo No. 013 de 2018 emitido
por dicha autoridad ambiental.
4. Ordenar al municipio de Piedras, adelantar las acciones necesarias
para que sus sistemas de tratamiento de aguas residuales conocidos
como: La Ceiba, Chicalá, paradero Chipalo, Guataquicito, Villa Tamal
y Coburgos, cumplan dentro de los seis meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia que decide este trámite judicial o en el
término que el Honorable Tribunal Administrativo del Tolima estime,
con lo establecido en la resolución MADS No. 631 de 2015 y en las
resoluciones MVDT No. 330 de 2017 y MVDT No. 844 de 2018 y con
lo establecido en las normas que las modifiquen.
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5. Ordenar a Cortolima, hacer cumplir dentro de los seis meses
siguientes a la ejecutoria de la providencia que decide este trámite
judicial o en el término que el Honorable Tribunal Administrativo del
Tolima estime, lo establecido en la resolución MADS No. 631 de 2015
y en las resoluciones MVDT No. 330 de 2017 y MVDT No. 844 de 2018
y lo establecido en las normas que las modifiquen, respecto de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales conocidos como: La
Ceiba, Chicalá, paradero Chipalo, Guataquicito, Villa Tamal y
Coburgos, ubicados en el municipio de Piedras.
6. Ordenar a Cortolima, adelantar con estricto apego a los principios
de economía y celeridad en materia administrativa y llevar a término,
los procedimientos administrativos sancionatorios ambientales,
contra las personas naturales o jurídicas que han incumplido lo
establecido en la resolución Cortolima No. 1308 de 2018 y en el
Acuerdo Cortolima No. 013 de 2018.
7. Las demás medidas que sean necesarias para proteger los
derechos e intereses colectivos invocados […]”.
I.4. Defensa
El MUNICIPIO guardó silencio y CORTOLIMA, de manera
extemporánea, alegó que ha desplegado actividades y trámites
administrativos de control y seguimiento tendientes al cumplimiento
de las obligaciones a cargo del ente territorial, lo cual no se ha
logrado, situación que es ajena a su voluntad.
Destacó que no es de su competencia realizar inversiones en obras
civiles y tampoco ejecutarlas, sino que sus recursos deben destinarse
a la recuperación de ecosistemas en el sector público, no en terrenos
privados.
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I.5. Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo los días 1o.
de marzo y 27 de septiembre de 2022, declarándose fallida por
ausencia de fórmulas de acuerdo entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal, en sentencia de 6 de julio de 2023, declaró la vulneración
de los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna y a la seguridad y salubridad
públicas, con fundamento en lo siguiente:
Destacó que el rebose y empozamiento de las PTAR del MUNICIPIO
son un peligro latente para la salud pública en las cercanías de las
zonas de descargas, por tanto, resultan necesarias labores de
mantenimiento de las plantas, así como el permiso de vertimientos
de aguas residuales domésticas otorgado por la autoridad ambiental,
dado que el anterior perdió vigencia desde el año 2018.
Adujo que al MUNICIPIO le compete la protección del medio
ambiente en su territorio, en coordinación con CORTOLIMA, y,
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además, prestar los servicios públicos en su jurisdicción, por tanto,
es responsable de la vulneración de los derechos colectivos en
mención.
Expuso que CORTOLIMA realizó visitas de control y seguimiento, así
como varios requerimientos respecto del cumplimiento del PSMV, y
sobre la mitigación de la contaminación por olores ofensivos y la
problemática del manejo de vertimientos que aquejaba a la
población; no obstante, omitió adoptar las medidas de seguimiento
y control que constitucional y legalmente le corresponden.
Advirtió que aunque el PSMV venció en el año 2018, desde el 9 de
noviembre del 2016, la jefe de la oficina de servicios públicos de la
época remitió a CORTOLIMA la actualización de dicho plan, empero,
han trascurrido más de 10 años de la pérdida de vigencia del
instrumento sin que la citada autoridad haya mostrado el menor
interés en que el MUNICIPIO formule un nuevo plan.
Manifestó que la omisión deliberada de la autoridad ambiental en el
control y vigilancia de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales del MUNICIPIO ha contribuido a que el ecosistema y la
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fuente hídrica hayan resultado afectadas gravemente por causa de
la contaminación que se genera en el sector.
Precisó que si bien es cierto que el MUNICIPIO tiene la obligación
de realizar el PSMV, también lo es que ello no exime a CORTOLIMA
del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, dado que
en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y
complementariedad está llamada a garantizar los derechos colectivos
objeto de vulneración.
En consecuencia, impartió las siguientes órdenes:
“[…] Primero: LEVANTAR las MEDIDAS CAUTELARES decretadas por
esta Corporación mediante proveído del 1º de marzo de 2022.
Segundo: PROTEGER los derechos colectivos a el goce al equilibrio
ecológico, el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna y la seguridad y salubridad públicas, según las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero: ORDENAR al MUNICIPIO DE PIEDRAS y a la Corporación
Autónoma Regional del TOLIMA – CORTOLIMA que de manera
inmediata dentro del ámbito de sus competencias legales y
constitucionales, de manera concertada y concurrente y en el ámbito
de sus competencias, y en un término máximo de seis (6) meses,
contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia i) inicien
las gestiones administrativas, técnicas y presupuestales, así como las
obras necesarias tendientes de mantenimiento, y, de ser necesario, a
la construcción de las nuevas PTAR, y (Pozo Séptico) Guataquisito,
PTAR (Laguna de Oxidación) Chicalá, PTAR La Ceiba, PTAR Chipalo,
PTAR (Laguna de Oxidación) Doima y PTAR (Pozo Séptico) Doima,
ubicadas en el municipio de Piedras (Tolima), además de ejercer sus
funciones de control y vigilancia para que cese de manera inmediata
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el vertimiento de aguas residuales y la contaminación que se presenta
en el sector.
Cuarto: ORDENAR al Municipio de Piedras y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA, dentro del ámbito de sus
competencias, actualizar, en caso estrictamente necesario y, dentro
de los dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento -PSMV de Piedras.
Quinto: ORDENAR al municipio de Piedras, satisfaga todos los
requerimientos realizados por la Corporación Autónoma Regional del
Tolima - CORTOLIMA a fin de cumplir con toda la normatividad
ambiental relativa al PSMV del municipio.
Sexto: ORDENAR a la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA - para que realice un eficiente, eficaz y continuo
seguimiento ambiental y sanitario del PSMV del municipio de Piedras,
y adelante las investigaciones e imponga las sanciones pertinentes a
que haya lugar en caso de verificar el incumplimiento de las normas
ambientales del caso vigentes.
Séptimo: Condenar en costas a la parte demandada, Municipio de
Piedras, y CORTOLIMA, incluyendo como agencias en derecho el
equivalente a dos (02) salarios mínimo legales mensuales vigente a
cargo de cada uno de las mencionadas entidades y en favor del Fondo
para la Defensa de los derechos e Intereses Colectivos.
Octavo: CONFÓRMASE el Comité de verificación de que trata el
artículo 34 de la ley 472 de 1998, el cual deberá estar integrado por
el Magistrado Ponente, el procurador que actuó en este proceso, la
Directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA, y el Alcalde del Municipio de Piedras, y el actor popular,
comité que hará seguimiento a las órdenes impartidas en el presente
proveído […]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN
III.1 El MUNICIPIO manifestó haber remitido a CORTOLIMA el
PSMV actualizado en el mes de noviembre de 2016.
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Señaló que por la falta de colaboración de la autoridad ambiental no
ha podido adelantar las actividades necesarias para la mitigación del
saneamiento básico, de acuerdo con la Resolución núm. 1982 de
2007.
Aseguró que todas las actuaciones que ha realizado para proteger los
intereses colectivos no fueron reconocidas en el fallo cuestionado,
especialmente el PSMV allegado, el cual proyecta una inversión para
los años 2022 a 2036, lo que configura un hecho superado.
Sostuvo que las órdenes impartidas no se acompasan con la realidad
material y procesal, concretamente la construcción de nuevas PTAR,
pues no se tuvo en cuenta el cumplimiento de los lineamientos
técnicos aplicables a la materia, incluso, sin considerar que esa
solución podría no ser la adecuada en condiciones técnicas, en tanto
que, según la Resolución 0330 de 2017 expedida por el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, pueden utilizarse con la misma
finalidad pozos sépticos y lagunas de oxidación.
Afirmó que las facultades del juez popular deben atender el
funcionamiento y la autonomía de las entidades accionadas y los
recursos e instrumentos propios de la contratación estatal, de
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manera que el plazo de seis meses concedió para el cumplimiento de
la órdenes, desde una perspectiva técnica, es bastante breve y de
imposible cumplimiento, porque omite tales aspectos.
Expuso que no puede hablarse de una omisión o vulneración total de
los derechos colectivos invocados, por cuanto ha dispuesto la
inversión necesaria para desarrollar el PSMV y proteger tales
derechos, por lo que solicitó revocar el fallo.
III.2. CORTOLIMA adujo que, a partir de la normativa aplicable y
lo probado en el proceso, sí ha adoptado las medidas pertinentes
respecto del seguimiento y control del PSMV en los lugares referidos
en esta acción popular, tal y como lo evidencian los informes técnicos
allegados, sin que le sea dable ejercer funciones ajenas a las que le
fueron atribuidas en la Constitución y la Ley, como la realización de
obras encaminadas a la mitigación de la problemática de
saneamiento básico.
Destacó que el PSMV del MUNICIPIO fue aprobado mediante
Resolución núm. 1308 de 23 de agosto de 2008 con vigencia hasta
el 23 de agosto de 2018, por consiguiente, al ente territorial le
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correspondía presentar la solicitud de renovación de dicho
instrumento entre los meses de enero a marzo del 2018, lo cual no
realizó, de manera que no puede imponérsele una función no prevista
legalmente.
Expuso que en el expediente obran pruebas documentales,
concretamente actas de las mesas de trabajo de las entidades
accionadas con el fin de mitigar la problemática, lo cual deja sin
sustento lo afirmado por el Tribunal en cuanto a la falta de
colaboración con el MUNICIPIO.
Indicó que en cumplimiento de la labor de control y vigilancia de los
sistemas de tratamiento de aguas residuales ha venido realizando
visitas e inspecciones en cada una de las PTAR, incluso, como
consecuencia de la vigilancia e inspección ha declarado responsable
de infracciones ambientales al MUNICIPIO, tal y como fue probado.
Sostuvo que el documento enviado el 9 de noviembre de 2016 por la
jefe de la oficina de servicios públicos hace parte integral del PSMV
vigente hasta el 2018, por lo que no se pueden extender sus efectos
hacia años posteriores.
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Aseguró que sus actuaciones no son la causa adecuada que provoca
la presunta vulneración de los derechos colectivos en comento y, en
consecuencia, solicitó ser exonerada del pago de las costas y
agencias en derecho a las que fue condenado en primera instancia.
IV.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Delegado del Ministerio Público ante esta Corporación solicitó
confirmar la sentencia impugnada precisando que aunque cada
entidad tiene un marco funcional delimitado, les compete desarrollar
e implementar coordinadamente las acciones encaminadas a la
prestación adecuada y continua del servicio de acueducto y
alcantarillado y el cuidado de del recurso hídrico.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
La Sala advierte que el señor Consejero GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES, en escrito de 28 de mayo del presente año5,
manifiesta que se declara impedido para actuar dentro del proceso
5
Expediente digital, índice 13.
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de la referencia, por cuanto su hermano JOSÉ FERNANDO OSORIO
CIFUENTES se desempeña como Procurador Judicial II en la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad que funge
como demandante en el proceso de la referencia; y porque su
hermano JORGE ENRIQUE OSORIO CIFUENTES actualmente es
contratista de CORTOLIMA, parte demandada, por lo que estima
que se encuentra incurso en las causales de impedimento previstas
en los numerales 3 y 4 del artículo 130 del CPACA.
Al respecto, la Sala pone de manifiesto que la Ley 472 no contiene
disposiciones especiales que regulen las manifestaciones de
impedimento; no obstante, en virtud del artículo 44 ibidem, es del
caso aplicar el CPACA debido a la remisión que efectúa dicha norma
en aspectos no regulados.
Precisado lo anterior, la Sala observa que las causales de
impedimento que se invocan son las previstas en los numerales 3 y
4 del artículo 130 del CPACA, las cuales disponen:
“[...] Artículo 130. Causales. Los magistrados y jueces deberán
declararse impedidos, o serán recusables, en los casos señalados en
el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los
siguientes eventos:
[...]
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3. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o
alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la
condición de servidores públicos en los niveles directivo, asesor
o ejecutivo en una de las entidades públicas que concurran al
respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado.
4. Cuando el cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno
de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o
contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados
vinculados al proceso, o tengan la condición de representantes legales
o socios mayoritarios de una de las sociedades contratistas de alguna
de las partes o de los terceros interesados [...]” (Resaltado fuera del
texto original).
Respecto de la configuración de la causal prevista en el numeral 3 en
un asunto similar, la Sala Plena de esta Corporación, en auto de 8 de
agosto de 2023, consideró lo siguiente:
“[...] los consejeros Yepes Corrales e Ibarra Martínez manifiestan,
coincidentemente, que se encuentran incursos en la causal de
impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del CPACA,
pues sus cónyuges están vinculadas a la Procuraduría General de la
Nación como procuradoras judiciales II.
[...]
La norma no establece ningún tipo de condicionamiento para que la
causal de impedimento se configure; no se requiere que el cónyuge
tenga algún interés o relación con el asunto objeto del proceso, por
lo que basta con que esté probado el vínculo con la entidad y el nivel
jerárquico correspondiente.
En cuanto a la ubicación del empleo de procurador judicial II en la
estructura de la Procuraduría General de la Nación, se tiene que el
Decreto 264 de 2000, en su artículo 7, se refiere a la nomenclatura
de los empleos de la entidad y señala que los procuradores judiciales
II se encuentran en el nivel profesional, asignándoles el código 3PJ y
el grado EC.
No obstante lo anterior, en claro desarrollo de un criterio funcional,
en el artículo 4 del mencionado Decreto 264 de 2000 se establece que
son cargos del nivel directivo aquellos empleos que tienen funciones
de dirección, definición de políticas y de representación del Procurador
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General. En el numeral 10 de ese artículo señala como funciones
generales de los empleos de ese nivel: “10. Intervenir como agentes
del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en la
Constitución y la ley”, lo que resulta congruente con lo prescrito en
los artículos 277-7 y 280 de la Carta Política, en tanto los
procuradores judiciales II tienen la condición de agentes del Ministerio
Público que, entre otras, ejercen funciones de intervención judicial en
representación del Procurador General de la Nación, lo que
igualmente se ve refrendado en el artículo 416 del Decreto Ley 262
de 2000, de manera que la simple ubicación formal del mencionado
artículo 7 del Decreto 264 de 2000 no puede tenerse en consideración
para los efectos de esta decisión.
En el presente caso se tiene que las cónyuges de los consejeros Yepes
Corrales e Ibarra Martínez se encuentran nombradas en la entidad
demandada en el cargo de procurador judicial II, el cual, desde una
perspectiva material y funcional, corresponde al nivel directivo, ya
que, en los términos del Decreto 264 de 2000, ejerce funciones
delegadas del Procurador General de la Nación en calidad de agente
del Ministerio Púbico, por lo que se configura la causal de
impedimento invocada, circunstancia que, además, releva a la Sala
de analizar las demás causales señaladas por el magistrado Ibarra
Martínez [...]”.
Siendo ello así, de la causal transcrita, de lo considerado por la Sala
Plena de esta Corporación y de los hechos que soportan el
impedimento manifestado por el Consejero GERMÁN EDUARDO
OSORIO CIFUENTES, la Sala advierte que concurren los
presupuestos para la configuración de la causal alegada prevista en
el numeral 3 del artículo 130 del CAPCA, toda vez que su hermano6,
el señor JOSÉ FERNANDO OSORIO CIFUENTES, se desempeña
actualmente como procurador judicial II, cargo de nivel directivo, en
6
Parentesco, por cuanto los hermanos se encuentran en segundo grado de consanguinidad, de conformidad con el artículo 35 del
CC, el cual prevé: “Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un
mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”.
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la Procuraduría General de la Nación, entidad demandante en la
acción popular de la referencia7.
Ahora, en cuanto a la causal de impedimento prevista en el numeral
4 del artículo 130 del CPACA, la Sala se relevará del análisis
correspondiente, toda vez que la causal prevista en el numeral 3
ídem resulta suficiente para declarar fundado el impedimento
manifestado por el doctor GERMÁN EDUARDO OSORIO
CIFUENTES.
En virtud de lo anterior, la Sala declarará fundado el impedimento
manifestado por el citado consejero y lo separará del conocimiento
del presente proceso, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472 tiene como finalidad la protección de
7
El Tribunal mediante auto de 22 de septiembre de 2022 dispuso la vinculación del Procurador Ambiental y Agrario del Tolima
como tercero interesado.
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los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para el amparo de derechos colectivos como los invocados en la
demanda, presuntamente trasgredidos por la ausencia de PSMV en
el Municipio y las falencias de los sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
Problemas jurídicos
En atención a lo argumentado en los recursos de alzada, a la Sala le
corresponde determinar lo siguiente:
i) ¿Las obras y actividades ejecutadas por el MUNICIPIO en relación
con la problemática advertida dan lugar a la configuración de la
carencia actual de objeto por hecho superado? y en caso negativo,
establecer si:
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ii) ¿Es procedente atribuir responsabilidad a CORTOLIMA por la
vulneración de los derechos colectivos invocados en la demanda y,
de ser así, le asiste competencia para ejecutar las obras ordenadas?
iii) ¿El juez de primera instancia excedió sus facultades en tanto que
sus órdenes desconocen las limitaciones de orden presupuestal de la
entidad territorial y, además, no resultan adecuadas desde el punto
de vista técnico?
iv) ¿Es procedente la ampliación del plazo para cumplir con dichas
órdenes?
v) ¿Están acreditados los presupuestos para acceder a la condena en
costas por concepto de agencias en derecho?
Caso concreto
De la carencia actual de objeto por hecho superado
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En acciones populares, el criterio jurisprudencial unificado de esta
Corporación8 sobre la procedencia de dicha figura y la consecuente
ineficacia del pronunciamiento por parte del juez popular sobre las
medidas tendientes a restablecer los derechos colectivos objeto de
amenaza o agravio, fue fijado en los siguientes términos:
“[…] [L]a Sala unifica la jurisprudencia en relación con la
configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado,
dentro de una acción popular, en los siguientes dos sentidos:
i) Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad
judicial de conocimiento consideren que se ha superado la situación
que dio lugar a la interposición de la acción, es necesario verificar
el cese de la amenaza o la vulneración de los derechos
colectivos comprometidos, sin que baste con la simple
alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada
a la superación de la situación; en aquellos casos en que la
amenaza a los derechos colectivos subsista no es procedente declarar
el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha adelantado
alguna actuación a fin de cesar la amenaza o vulneración de los
mismos.
ii) El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez
compruebe la desaparición de la situación que originó la
afectación de derechos colectivos, no es óbice para que proceda
un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos derechos
[…]” (Negrillas fuera del texto original).
De acuerdo con lo expuesto, en los eventos en que se acrediten
medidas y acciones tendientes a mitigar o hacer cesar la afectación,
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 4 de
septiembre de 2018, C.P.: Stella Conto Díaz del Castillo, Rad. N.º: 05001-33-31-004-2007-00191-
01(AP)SU.
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pero las mismas solo reflejen la atención parcial de la problemática,
no resulta posible para el juez popular predicar la satisfacción
efectiva de los derechos colectivos conculcados y, en esa medida, la
declaratoria de la carencia actual de objeto es improcedente.
Precisado lo anterior, dentro del plenario se advierten los siguientes
elementos de prueba:
-. Actualización contenida en documento de 16 noviembre de 2016
referente a la reducción de la carga contaminante9.
Respecto de dicho documento, la Sala advierte que contiene ajustes
realizados en respuesta a los requerimientos de la CORTOLIMA en
el marco del seguimiento al PSMV aprobado en el año 2008, es decir,
no tiene el alcance que pretende atribuirle el MUNICIPIO con el fin
de acreditar que tramitó oportunamente su prórroga y, de esa
manera, trasladar a la autoridad ambiental la responsabilidad que,
como prestador del servicio público de alcantarillado a nivel local, le
asistía de allegar la actualización del plan aprobado inicialmente al
cabo de su vigencia o incluso antes.
9
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En efecto, de dicho documento se destaca lo siguiente:
“[…] El presente informe da respuesta a diferentes requerimientos
realizados por la Corporación Autónoma Regional del Tolima
“Cortolima” en relación al cumplimiento del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos “PSMV” del municipio de Piedras, los cuales
se relacionan a continuación:
• Resolución No. 1160 del 06 de mayo de 2015. (Artículo Octavo ítem
4 y 5) • Auto No. 5332 del 15 de Octubre de 2013. (Artículo Primero)
• Resolución No. 1452 del 13 de junio de 2014 (Artículo Cuarto) •
Oficio de Salida Cortolima No. 20603 del 02 de Septiembre de 2016
[…].
OBJETIVOS GENERAL Elaborar el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos –PSMV- para el municipio de Piedras en el Departamento
del Tolima, de acuerdo a los diferentes requerimientos por la
Corporación Autónoma Regional del Tolima “Cortolima” lo que emana
la Resolución No. 1160 del 06 de mayo de 2015 (Artículo Octavo ítem
4 y 5), Auto No. 5332 del 15 de Octubre de 2013 (Artículo Primero),
Resolución No. 1452 del 13 de junio de 2014 (Artículo Cuarto) y el
Oficio de Salida Cortolima No. 20603 del 02 de Septiembre de 2016.
ESPECIFICOS 1. Reducir los puntos de vertimiento con el reporte y
actualización de los puntos de vertimientos según el caso existente,
eliminado y/o saneado. 2. Cumplimiento de los indicadores mínimos:
volumen de agua (generada, colectada, tratada), eficiencias de las
plantas y demás según el caso. 3. Realizar el monitoreo y análisis de
los vertimientos de agua residual y sus correspondientes fuentes
receptoras junto con el análisis de cargas contaminantes (generada,
colectada, transportada, tratada, vertida). 4. Determinar la calidad
del agua del municipio, mediante muestreos y el uso de indicadores
físicos, químicos y biológicos con sus respectivos soportes (registros
de un laboratorio acreditado ante el IDEAM). 5. Caracterizar las
plantas de tratamiento de aguas residuales “PTARD” 6. Análisis de
cumplimiento de los objetivos de calidad del rio Chipalo y el rio Opia,
con la estimación del índice de calidad del agua (ICA) para las fuentes
receptoras de vertimientos. 7. Actualizar la ficha general de
saneamiento básico teniendo en cuenta número de usuarios de
acueducto, cobertura acueducto, número de usuarios de
alcantarillado, cobertura de alcantarillado, sistemas de tratamiento
de aguas residuales, cobertura de cada sistema de tratamiento de
aguas residuales, número de usuarios de aseo, cobertura de aseo,
macromedición, micromedición. 8. Justificar técnica y
financieramente cada uno de los retrasos de ejecución por año de
actividades físicas. 9. Reprogramar las actividades no cumplidas
dentro del horizonte de aprobación del PSMV y/o actualización según
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necesidades actuales (queda sujeta a la justificación). 10.Proyectar
las cargas contaminantes de la zona urbana y rural […]”.
-. Contratos de mantenimiento de las PTAR 2018-2022 relacionados
en el recurso de apelación.
Los contratos en mención, a juicio de la Sala, dan cuenta de la
realización de labores de mantenimiento en las PTAR, entre los años
2016 a 2022; sin embargo, la información suministrada no ofrece
certeza acerca del alcance de su objeto, las actividades puntuales
que fueron ejecutadas, así como tampoco su periodicidad y
continuidad, de suerte que no resulta dable considerarlas como las
medidas idóneas y efectivas para subsanar las falencias detectadas
en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.
-. “PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV
PIEDRAS -2022”10, radicado ante CORTOLIMA el 26 de mayo de
202211.
10
Índice SAMAI 00064, expediente del Tribunal,
“146_MEMORIALALDESPACHO_ANEXO14DOCUMNTO(.pdf) NroActua 64”
11
Índice SAMAI 00064, expediente del Tribunal, “38_AGREGARMEMORIAL_RADICADOPSMV(.pdf)
NroActua 64”.
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En cuanto al PSMV presentado en el año 2022, la Sala no advierte en
el plenario prueba sobre su aprobación e implementación, de lo cual
es dable concluir que aún se encuentra en trámite de evaluación por
parte de la autoridad ambiental y, por lo tanto, el MUNICIPIO
continúa realizando vertimientos de forma irregular.
Bajo tal contexto, lo probado no tiene la entidad suficiente para
concluir que las circunstancias constitutivas de la trasgresión de los
derechos colectivos se encuentren superadas, por el contrario,
denotan que persiste la ausencia de un PSMV vigente, así como la
atención parcial de las falencias advertidas en los sistemas de
tratamiento de aguas residuales, concretamente por la falta de
mantenimiento y estado de deterioro.
Siendo ello así, en el caso sub examine no concurren los
presupuestos fijados por la jurisprudencia unificada de esta
Corporación para entender que los hechos fuente de la vulneración
han cesado y, por lo mismo, el cargo que plantea la configuración de
un hecho superado no está llamado a prosperar.
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De la responsabilidad de CORTOLIMA y su competencia para
la ejecución de las obras requeridas
Con el fin de resolver este cargo, la Sala se referirá a la normativa
que delimita el marco funcional de las autoridades ambientales en
relación con el manejo de vertimientos y sistemas de tratamiento de
aguas residuales.
Así, del contenido del artículo 31 de la Ley 99 de 22 de diciembre de
199312, se destaca lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO 31. FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas
Regionales ejercerán las siguientes funciones:
[…] 2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área
de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y
conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio del
Medio Ambiente;
[…]
9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias
ambientales requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o
movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo
de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales,
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y
establecer vedas para la caza y pesca deportiva;
12
“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
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[…] 12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o
incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a
las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en
peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales
renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas
funciones comprenden expedición de las respectivas licencias
ambientales, permisos concesiones, autorizaciones y salvoconductos.
[…] 17) Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las
competencias atribuidas por la ley a otras autoridades, las medidas
de policía y las sanciones previstas en la ley, en caso de violación a
las normas de protección ambiental y de manejo de recursos
naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de daños causados […]”.
A su turno, el artículo 19 del Decreto 3930 de 25 de octubre de 201013
establece el deber que le asiste a los prestadores del servicio público
de alcantarillado de contar con el PSMV aprobado por la respectiva
autoridad ambiental:
“[…] Artículo 39. Responsabilidad del prestador del servicio
público domiciliario de alcantarillado. El prestador del servicio de
alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar
cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el
respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos –PSMV reglamentado por la Resolución 1433
de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
o la norma que lo modifique, adicione o sustituya […]”.
13 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del
Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos
y se dictan otras disposiciones”.
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En línea con lo anterior, el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201514,
prevé:
“[…] ARTÍCULO 2.2.3.3.4.18. Responsabilidad del prestador
del servicio público domiciliario de alcantarillado. El prestador
del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá
dar cumplimiento a la norma de vertimiento vigente y contar con el
respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos - PSMV reglamentado por la Resolución 1433
de 2004 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma
que lo modifique, adicione o sustituya.
[…]
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.18. Seguimiento de los permisos de
vertimiento, los Planes de Cumplimiento y Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV. Con el objeto de
realizar el seguimiento, control y verificación del cumplimiento de lo
dispuesto en los permisos de vertimiento, los Planes de Cumplimiento
y Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, la autoridad
ambiental competente efectuará inspecciones periódicas a todos los
usuarios […].
ARTÍCULO 2.2.3.3.5.19. Sanciones. El incumplimiento de los
términos, condiciones y obligaciones previstos en el permiso de
vertimiento, Plan de Cumplimiento o Plan de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos, dará lugar a la imposición de las medidas
preventivas y sancionatorias, siguiendo el procedimiento previsto en
la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya
[…]”.
Con fundamento en la normativa reseñada es claro que la
formulación de los PSMV constituye una obligación en cabeza de los
prestadores del servicio público domiciliario de alcantarillado, al
14“Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”.
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tiempo que las funciones de la autoridad ambiental en esta materia
consisten en la aprobación del respectivo plan, y una vez este se
encuentre en vigencia, ejercer el control y seguimiento de las
programas, acciones, inversiones y cronogramas allí consignados con
miras al saneamiento y tratamiento de los vertimientos.
No obstante, está suficiente y debidamente acreditado que el ente
territorial omitió el deber de actualizar el PSMV antes de la expiración
de su vigencia, al punto que para la época en que fue radicada esta
acción, valga decir, para el año 2021, el MUNICIPIO persistía en
dicha omisión.
Así entonces, aunque los expedientes administrativos allegados por
CORTOLIMA dan cuenta del seguimiento y control ejercido respecto
del PSMV aprobado en 2008, así como de los procesos sancionatorios
iniciados con ocasión de su incumplimiento15, lo cierto es que de la
revisión de los mismos se advirtió que las visitas técnicas de
seguimiento no se surtieron con la periodicidad fijada en la citada
15
Frente al incumplimiento reiterado de las acciones previstas en el PSMV, vigente hasta el año 2018,
se promovió proceso sancionatorio que culminó con la expedición de la Resolución núm. 0563 de 4 de
febrero de 202215, iniciado en virtud del informe consolidado del seguimiento de avance y cumplimiento
de las actividades programadas y las cargas contaminantes proyectadas hasta el año 2014 en el PSMV,
de 16 de marzo de 201515.
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Resolución 1433, incluso, según las actuaciones allí documentadas,
la primera de tales visitas data del 2014 esto es, 6 años después de
la entrada en vigencia de dicho instrumento de control, y aún más
reprochable es que durante los tres (3) años siguientes a la fecha en
que expiró dicho Plan, no hubo requerimiento alguno de la autoridad
ambiental para que el Municipio formulara y presentara el nuevo
PSMV.
Por lo contrario, el acervo probatorio da cuenta que en comunicación
de 4 de julio de 2019 el MUNICIPIO solicitó una prórroga para
actualizar el PSMV, la cual fue negada por CORTOLIMA mediante
Oficio núm. 19408 de 19 de julio de esa anualidad, por presentarse
luego de haber perdido vigencia; pese a ello, según los elementos de
convicción incorporados al expediente, en esa oportunidad y durante
el tiempo transcurrido entre el 16 de septiembre de 2018 y el mes
de mayo de 2022, época en la cual fue radicado el nuevo PSMV, no
se advirtió que la sustracción de los deberes del ente territorial
hubiere motivado el inicio de las diligencias sancionatorias que
resultaban procedentes por parte de la autoridad ambiental,
obviando la gravedad que tal omisión acarreaba para el medio
ambiente y las fuentes hídricas impactadas, habida cuenta que al
expirar el PSMV aprobado en 2008 los vertimientos de aguas
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residuales continuaron realizándose sin el control y manejo
requeridos.
En efecto, en informe de seguimiento al PSMV de fecha 20 de agosto
de 2019, realizada a petición del Procurador Judicial II Ambiental y
Agrario para el Tolima, se indicó:
“[…] La Administración Municipal de Piedras, no cuenta con "Permiso
o Autorización alguna para la PTAR Sector "Coburgos", ni para
ninguna de las otras ubicadas en los demás centros poblados y área
urbana de Piedras, pues el Plan de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos "PSMV” del Municipio de Piedras, aprobado el día 23 de
agosto de 2008, mediante la Resolución No. 1308, perdió su vigencia
el día 16 de septiembre de 2018 al culminar el término para la
ejecución de la totalidad de los compromisos establecidos en su
PSMV. Tampoco cuenta con el Permiso de Vertimiento para la
precitada PTAR, acorde a lo requerido en el Decreto 1076 del 27 de
mayo de 2015 (Decreto 3930 de 2015), Artículos 2.2.3.3.5.2.,
2.2.3.3.5.3. y 1 2.2.3.3.5.4.
Por lo anterior es aconsejable:
5.13 Reiterar a la Oficina Jurídica de CORTOLIMA, la recomendación
de impone alguna de las sanciones contenidas en la Ley 1333 del 21
de julio de 2009, contra la Administración Municipal de Piedras,
acorde a lo establecido en los siguientes actos administrativos:
Auto No. 1319 del 29 de septiembre de 2009
Resolución No. 1160 de1,6 de mayo de 2015
Auto No. 957 del 1 de marzo de 2016
Auto No. 5965 del 24 de agosto de 2017
Por los incumplimientos al' referido PSMV y por las infracciones
ambientales e incumplimientos a la normatividad ya reiterada […]”16.
16
Fls. 74 y 75 “317ED_018san02256pdf.pdf”, expediente digital descargado de SAMAI.
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Lo anterior fue reiterado en Concepto Técnico de Seguimiento de 18
de enero de 2020, en los siguientes términos:
“[…] El PSMV como plan de cumplimiento se encuentra vencido, y las
descargas de las aguas residuales de los sistemas de tratamiento se
encuentran sin permiso de vertimientos.
La Alcaldía realizó un plan de acción de mejora de los sistemas de
tratamiento, pero esto no responde a lo contemplado en los Autos
6282 del 22 de octubre de 2019 y 6309 del 23 de octubre de 2019,
frente a requerimientos como mantenimiento, limpieza de los
sistemas, bitácora de operación y medición de caudal.
En el plan de acción que se presentó, no se evidencia indicadores de
gestión y evaluación, metas programadas, no está el proceder en caso
de no lograr la cofinanciación yen las plantas de tratamiento que se
piensan deshabilitar no tienen en cuenta que se deben presentar
planes de cierre y abandono.
Se recomienda que el usuario tramite el permiso de vertimientos
según el Decreto 1076 de 2015 y Decreto 050 de 2018, para cada
uno de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y demás
permisos ambientales que se requieran para la depuración de estas
aguas y en Informe de seguimiento de julio de 2021, obrantes en el
expediente No. L140008, en cual quedó consignado que las 6 PTAR
existentes en el Municipio carecían de permiso de vertimientos […]”17.
En igual sentido, en Informe de Seguimiento núm. 5485 de 1o. de
septiembre 202118, solicitado por el Procurador Judicial Ambiental y
Agrario del Tolima, se indicó:
“[…] Los sistemas de tratamiento ubicados en el Municipio de Piedras
y sus corregimientos, no cuentan con caracterización fisicoquímica
17
Fls. 10 a 14 ED_030CORTOLIMACONTESTA(.pdf)NroActua115”, sección “Gestión de documentos”,
expediente digital del Tribunal.
18
Fls. 45 a 65, “ED_030CORTOLIMACONTESTA(.pdf)NroActua115”, sección “Gestión de documentos”,
expediente digital; cuyo objetivo consistió en realizar visita de seguimiento ambiental a las PTAR´S
ubicados en el Municipio de Piedras con ocasión de la solicitud del Procurador Judicial Ambiental y
Agrario del Tolima.
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recientes tanto del afluente como del efluente de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales para determinar el grado de
eficiencia en remoción de cargas contaminantes del tratamiento, así
como de caracterización fisicoquímica y bacteriológica de acuerdo a
lo establecido por la de la fuente hídrica receptora para determinar la
afección directa sobre la misma en base a lo establecido bajo la
resolución 0631 de 2015 Por la cual se establecen los parámetros y
los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales
a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público y se dictan otras disposiciones, a su vez se evidencia
incumplimiento en el distanciamiento de las viviendas que se
encuentran en el entorno y la PTAR, distancias establecidas en la
resolución 0330 de 2017 Por la cual se adopta el Reglamento Técnico
para el Sector Agua Potable y Saneamiento Básico.
Igualmente, se puede establecer que los cinco sistemas de
tratamiento de aguas residuales, no presenta una operatividad
eficiente para remoción y reducción de carga contaminante, por la
falencia de infraestructura, de procesos, mantenimiento y limpieza de
las unidades que cuenta cada uno de los sistemas de tratamiento.
El municipio de Piedras cuenta con cinco sistemas de tratamiento, de
los cuales dos de estos sistemas denominados PTAR Guatiquiso y
PTAR sector Chicala están tratando con poca eficiencia las aguas
residuales ya que sus sistemas no están diseñados para el caudal que
se genera […] y falta de mantenimiento, las PTAR denominadas Ceiba,
Chipalo y Pozo Séptico Villa Tamal está vertiendo directamente sin
tratamiento alguno a los cuerpos de agua receptores incumpliendo el
Artículo 2.2.3.2.20.5 Prohibición de Verter sin tratamiento previo del
Decreto 1076 del 27 de mayo de 2015 (antes Decreto 1541 de 1978,
artículo 211 […].
El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos "PSMV" del
municipio de Piedras, el cual fue aprobado mediante Resolución No.
1308 del 23 de agosto de 2008, con un horizonte de ejecución de 10
años, en la actualidad se encuentra vencido y tiene procesos
sancionatorios con los expedientes SAN 00728.y SAN 02256.
Los sistemas de tratamiento del Municipio de Piedras y sus
corregimientos, no cumplen con los parámetros técnicos necesarios
para el óptimo funcionamiento y tratamiento de las aguas residuales
[…]”.
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Posteriormente, en Informe de Seguimiento de septiembre de 2021
quedó consignado que las seis PTAR del MUNICIPIO no contaban
con permiso de vertimientos19.
Siendo ello así, es incuestionable la responsabilidad que le asiste a
CORTOLIMA en el presente asunto a raíz de las falencias observadas
en el ejercicio de sus funciones como máxima autoridad ambiental
en esa jurisdicción, mismas que permitieron que por más de tres
años continuaran realizándose los vertimientos de aguas residuales
a las fuentes hídricas sin el manejo y control requeridos, dada la
ausencia del PSMV.
Ahora, comoquiera que el nuevo PSMV fue radicado ante
CORTOLIMA en mayo de 2022 y, a la fecha, no se ha acreditado su
aprobación, implementación y ejecución, lo procedente es modificar
el numeral cuarto de la parte resolutiva del fallo apelado20 para en su
lugar ordenar a la autoridad ambiental que, dentro del mes siguiente
a la notificación de esta providencia, decida sobre la aprobación del
citado Plan, si aún no lo hubiere hecho, considerando el amplio
19
“ED_2021PRESENTACIONPSMV(.pdf) NroActua 115”, expediente digital.
20
En dicho numeral, el Tribunal dispuso: “ORDENAR al Municipio de Piedras y a la Corporación
Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA, dentro del ámbito de sus competencias, actualizar, en
caso estrictamente necesario y, dentro de los dos (02) meses siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento -PSMV de Piedras”.
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margen de tiempo que ha transcurrido desde la fecha de
presentación del documento.
Por lo demás, en lo referente a las labores de mantenimiento y la
realización de las obras que resulten necesarias para atender los
problemas de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
existentes, la Sala ha sido del criterio que las Corporaciones
Autónomas Regionales tienen competencia para el efecto.
Así, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 99 las
Corporaciones Autónomas Regionales tiene por objeto la “[…]
ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio
Ambiente […]”.
En línea con lo anterior, el artículo 31 de la Ley 99 prevé como
funciones de las CAR, entre otras, el […] ejecutar, administrar,
operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales,
proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de
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infraestructura cuya realización sea necesaria para la
defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales
renovables […]” (Negrillas fuera del texto).
Respecto de dicha competencia, la Sala en sentencia de 21 de junio
de 201821 efectuó un análisis de lo señalado por la Sala de Consulta
y Servicio Civil de esta Corporación en concepto de 22 de noviembre
de 200122, a través del cual resolvió una consulta efectuada por el
Ministro de Ambiente sobre las competencias de la Corporación
Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga para la prestación
del servicio de alcantarillado y saneamiento básico a los Municipios
de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, de acuerdo con las
disposiciones de las leyes 99 y 142 de 11 de julio de 199423.
En esa oportunidad, la Sala de Consulta consideró que las
Corporaciones Autónomas Regionales estaban sometidas al derecho
público y, por tanto, a los principios de legalidad y de la
improrrogabilidad de la competencia, lo que implica que solamente
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez, Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018),
Radicación número: 15001-23-31-000-2011-00206-01(AP)
22
Radicación número: 1382
23
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
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pueden ejercer las funciones previstas por la Constitución y la Ley;
en consecuencia, la Ley 99 no les otorgó la competencia para
desarrollar actividades de prestación directa de servicios públicos
domiciliarios.
Asimismo, y en atención al referido concepto, la Sección resaltó que
la aludida función (numeral 20, artículo 31) comprende la ejecución
de obras de saneamiento básico dentro de su jurisdicción territorial,
como lo son las de acueducto y alcantarillado, pero en
concurrencia con la competencia atribuida a los Municipios
relacionada con la construcción de obras que demanden el progreso
municipal y la solución de necesidades de saneamiento ambiental y
de garantía de prestación de los servicios públicos.
De igual forma, la Sala precisó que las obras de infraestructura en
mención están limitadas en su alcance por la Ley 142, pues esta
prevé los sujetos prestadores de los servicios, estableció un criterio
de especialidad orgánica y excluyó la posibilidad de que sujetos
distintos a los allí autorizados presten el servicio o desarrollen esta
actividad económica; no obstante, en aras de solucionar las
necesidades de saneamiento ambiental y de conformidad con las
demás funciones previstas en la Ley, las Corporaciones Autónomas
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Regionales pueden intervenir en la defensa y protección de los
recursos naturales renovables.
Lo anterior fue expuesto por la Sala en los siguientes términos:
75. “[…] Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta
Corporación en virtud de la consulta efectuada por el Ministro del
Medio Ambiente a la Sala sobre las competencias de la Corporación
Autónoma Regional de la Meseta de Bucaramanga, para la prestación
del servicio de alcantarillado y saneamiento básico a los municipios
de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, de acuerdo con las
disposiciones de las leyes 99 y 142, mediante auto de 22 de
noviembre de 200124, señaló que la ley 99 al definir las corporaciones
autónomas regionales como “entes corporativos de carácter
público”, las sometió al derecho público y por tanto a los principios
de legalidad y de la improrrogabilidad de la competencia25, según los
cuales esta sólo puede ejercer las funciones públicas que la
Constitución o el legislador le autorizan. Así las cosas, al ser
autoridades ambientales, definen las políticas del medio
ambiente, lo planifican y ejercen poder de policía en los casos
de permisos, concesiones o por incumplimiento de normas
ambientales, pero, adujo que la ley 99 no les otorga competencia
para desarrollar actividades de prestación directa de servicios
públicos domiciliarios.
76. La competencia señalada en el artículo 31, numeral 20, de la ley
99 a las corporaciones autónomas regionales, para la construcción,
mantenimiento, administración, ejecución y operación de obras
públicas de infraestructura, destinadas a “la defensa y protección o
para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables”, comprende la ejecución de obras
de saneamiento básico entre ellas las de acueducto y
alcantarillado, dentro de su jurisdicción territorial, en
concurrencia con la competencia atribuida a los municipios
para “[…] construir las obras que demande el progreso municipal y
24
Radicación número: 1382
25
Competencia administrativa. Los organismos y entidades administrativos deberán ejercer con
exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los
asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento
respectivo (ley 489 de 1998, art. 5).
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la solución de necesidades de saneamiento ambiental y de garantía
de prestación de los servicios públicos […]” (Destaca la Sala).
77. Esta competencia de las corporaciones tiene por objeto las obras
de infraestructura, la cual encuentra en la legislación especial de
servicios públicos domiciliarios un límite en sus alcances, toda vez que
la ley 142 establece los sujetos prestadores de los servicios, siguiendo
un criterio de especialidad orgánica, excluyendo la posibilidad de que
otros sujetos allí no comprendidos, cumplan dichas funciones de
prestación de servicio o desarrollo de dicha actividad económica, sin
embargo con el fin de dar soluciones a las necesidades de
saneamiento ambiental y en ejercicio de las demás funciones
atribuidas por la ley, dichas autoridades ambientales podrán
intervenir para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables
[…]”.
En igual sentido, en sentencia de 16 de mayo de 201926 se sostuvo
que de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1450 de 16 de julio
de 201127, las Corporaciones Autónomas Regionales pese a que
pueden invertir en obras de infraestructura que garanticen el agua
potable y el saneamiento básico, ello no indica que están autorizadas
para prestar dicho servicio público, por cuanto no fueron definidos
como sujetos prestadores por la Ley 142.
Por lo anterior, en dicha oportunidad la Sala concluyó que las
Corporaciones Autónomas Regionales gozan de amplias facultades
para invertir en proyectos de infraestructura, como es el caso de las
26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez, sentencia de 16 de mayo de 2019, expediente núm. 85001-23-33-000-
2014-00230-01.
27
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014
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PTAR28, que permitan la descontaminación o recuperación del medio
ambiente y de los recursos naturales renovables.
Al respecto, la Sala en la providencia en comento adujo que:
“[…] 160. Los numerales 6.º y 20 del artículo 31 de la Ley 99,
previeron como funciones de estas autoridades ambientales la
celebración de contratos y convenios con las entidades territoriales
cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente, para
ejecutar, de mejor manera, alguna o algunas de sus funciones, así
como ejecutar, administrar, operar y mantener con las entidades
territoriales proyectos y obras de infraestructura cuya realización sea
necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables;
lo cual comprende la ejecución de obras que permitan
garantizar la prestación de los servicios domiciliarios y el
saneamiento ambiental.
161. En relación con las inversiones en obras de infraestructura de
estas entidades en el sector de agua potable y saneamiento básico,
la Ley 1450 de 16 de julio de 201129, en el artículo 2230, prevé:
“[…] ARTÍCULO 22. INVERSIONES DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS
REGIONALES EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO. Las obras de infraestructura del sector de agua potable y
saneamiento básico financiadas con recursos de las Corporaciones
Autónomas Regionales, podrán ser entregadas como aportes a municipios
o a las Empresas de Servicios Públicos que operen estos servicios en el
municipio, de acuerdo con lo que este determine, bajo la condición de que
trata el numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 o las normas
que la modifiquen o sustituyan.
En ningún caso la entrega de aportes bajo condición por las Corporaciones
Autónomas Regionales se constituye como detrimento patrimonial del
28
Según la sentencia en comento, así lo autorizó del artículo 1.º del Decreto 41 de 12 de enero de 2011
(“Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 3333 de 2008”)
29
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014
30
Esta norma está vigente según lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley 1753 de 9 de “Por la cual
se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.
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Estado. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán exigir
contraprestaciones por la entrega de las obras de las que trata este artículo.
La ejecución de los recursos de destinación específica para el sector de agua
potable y saneamiento básico por las Corporaciones Autónomas
Regionales, deberá efectuarse en el marco de los PDA, lo anterior sin
perjuicio de las inversiones que puedan realizar las mismas en los
municipios de su jurisdicción no vinculados al PDA.
PARÁGRAFO. Las Corporaciones Autónomas Regionales no podrán
participar en la composición accionaria, propiedad, administración y
operación de un prestador de servicios públicos domiciliarios. El presente
parágrafo no se aplicará a las Corporaciones Autónomas Regionales que
sean accionistas o hayan efectuado sus inversiones con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 1151 de 2007 […]”.
162. De acuerdo con esta norma, si bien las corporaciones autónomas
regionales pueden realizar inversiones en obras de
infraestructura que garanticen el agua potable y el
saneamiento básico, no tienen competencia para prestar los
servicios públicos domiciliarios.
163. En efecto, el artículo 15 de la Ley 142 establece cuáles son los
sujetos prestadores de los servicios, siguiendo un criterio de
especialidad orgánica, dentro de los cuales no incluyó a esas
autoridades ambientales:
“[…] ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS.
Pueden prestar los servicios públicos:
15.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas,
o como consecuencia o complemento de su actividad principal, los bienes
y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su
administración central, la prestación de los servicios públicos, conforme a
lo dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para prestar
servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o
zonas urbanas específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los
períodos de transición previstos en esta Ley.
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15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o
nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando cualquiera
de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el parágrafo del
artículo 17 […]”.
164. En efecto, las corporaciones autónomas regionales no son
sujetos prestadores de los servicios públicos domiciliarios, sino
entidades creadas con el objeto de proteger el medio ambiente y los
recursos naturales. En esta misma línea de pensamiento, esta
Sección, en sentencia proferida, en segunda instancia, el 3 de
diciembre de 2018, consideró:
“[…] Esta competencia de las corporaciones tiene por objeto las obras
de infraestructura, la cual encuentra en la legislación especial de
servicios públicos domiciliarios un límite en sus alcances, toda vez que
la ley 142 establece los sujetos prestadores de los servicios, siguiendo
un criterio de especialidad orgánica, excluyendo la posibilidad de
que otros sujetos allí no comprendidos, cumplan dichas
funciones de prestación de servicio o desarrollo de dicha
actividad económica, sin embargo con el fin de dar soluciones a las
necesidades de saneamiento ambiental y en ejercicio de las demás
funciones atribuidas por la ley, dichas autoridades ambientales
podrán intervenir para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables […]”31 (Resaltado fuera de texto
original).
164. Ahora bien, el último inciso del artículo 1.º del Decreto 41 de 12
de enero de 201132 prevé que “[…] Las corporaciones autónomas
regionales y de desarrollo sostenibles podrán destinar los recursos de
la línea prevista en el presente decreto, para financiar y
cofinanciar estudios, diseños e inversión en interceptores,
emisarios finales, sistemas de tratamiento de aguas
residuales domésticas, rellenos sanitarios municipales o
regionales, y financiar o cofinanciar los demás proyectos del
componente ambiental de su competencia, en el marco los
Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los
Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) […]” (Resaltado fuera de
texto original).
165. En conclusión, a pesar que las corporaciones autónomas
regionales, por disposición legal, no tienen competencia para la
prestación directa de los servicios públicos domiciliarios, gozan de
amplias facultades para invertir en proyectos de
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Dr. Hernando
Sánchez Sánchez, sentencia proferida el 3 de diciembre de 2018, núm. único de radicación
76001233100020110149301
32
“Por el cual se modifica el artículo 3° del Decreto 3333 de 2008”
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infraestructura, como sucede con las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales, que permitan la descontaminación o
recuperación del medio ambiente y de los recursos naturales
renovables.
166. En efecto, la Sección Primera del Consejo de Estado, en
sentencia proferida el 19 de julio de 2018, teniendo en cuenta el
marco normativo expuesto, concluyó que en materia de protección y
recuperación ambiental, las entidades territoriales y las corporaciones
autónomas deben actuar de manera coordinada y brindado
cooperación entre sí, de acuerdo con las competencias específicas a
su cargo. Además en esta sentencia, se consideró lo siguiente:
“[…] En ese orden, la Sala considera necesaria la adopción de medidas
para proteger los derechos colectivos amenazados y vulnerados en
este caso concreto por la falta de uso y mantenimiento de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Barrio del Barrio Antonio Nariño.
151. En ese orden y con el fin de mitigar la amenaza y vulneración
advertida por la falta de funcionamiento de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales, esta Sección ordenará al Municipio de
Barrancabermeja y a la Corporación Autónoma Regional de
Santander que de manera conjunta y coordinada, en el marco
de las atribuciones y competencias de cada una, desarrollen las
labores de ejecución, administración, operación y
mantenimiento de las obras de infraestructura necesarias para
la recuperación y puesta en funcionamiento de esa Planta de
Tratamiento […]”33 (Resaltado fuera de texto original) […]”.
De acuerdo con lo expuesto en precedencia, la Sala concluye que si
bien la competencia señalada en el numeral 20 del artículo 31
de la Ley 99, incluye obras de saneamiento básico, entre ellas,
las de acueducto y alcantarillado, en concurrencia con la competencia
de los municipios de adelantar obras necesarias para el progreso
municipal y la solución de saneamiento ambiental y garantía de
prestación de servicios públicos, esta se encuentra limitada por
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado,
C.P. Hernando Sánchez Sánchez, sentencia proferida el 19 de julio de 2018, el núm. único de
identificación 680012331000201100882-01(AP)
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la legislación especial de servicios públicos, lo que significa que
la intervención de las Corporaciones Autónomas Regionales se
justifica en tanto sea para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.
Siendo ello así, se advierte que aunque no es del resorte de
CORTOLIMA prestar el servicio público de alcantarillado, ésta sí
tiene a su cargo ejecutar, administrar, operar y mantener, en
coordinación con el ente territorial, proyectos, programas de
desarrollo sostenible y obras de infraestructura que sean
necesarias para la defensa y protección o para la
descontaminación o recuperación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables.
Lo dicho implica que las actividades tendientes al mantenimiento y
conservación de las PTAR que se encuentran actualmente en
funcionamiento, así como la eventual construcción de nuevas obras
para el tratamiento de las aguas residuales, es un asunto al que
deben concurrir el MUNICIPIO como prestador directo del servicio
de alcantarillado y responsable de las obras complementarias que
ello demande, conforme con lo previsto en los artículo 14, numeral
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14.23 y 15 de la Ley 142 de 11 de julio de 199434 y CORTOLIMA
bajo los razonamientos expuestos anteriormente.
Con fundamento en lo expuesto, la Sala considera que, contrario a lo
argumentado en el recurso de apelación, CORTOLIMA si es
responsable de la vulneración de los derechos colectivos que se le
indilga y, en consecuencia, le asiste competencia para atender lo
ordenado por el Tribunal.
De las facultades del juez popular
A voces de los artículos 34 de la Ley 472 de 1998 y 144 de la Ley
1437 de 2011, el juez de la acción popular goza de amplias facultades
para imponer a los responsables de la amenaza o vulneración de
derechos colectivos y a quienes fungen como garantes de estos, la
adopción y ejecución de las medidas que se tornen idóneas y
necesarias para su salvaguarda, acatando en todo caso el derecho al
debido proceso.
34
“[…] la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos
[así como] las actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales
residuos […]”.
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En coherencia con lo anterior, esta Sección en reiterada
jurisprudencia ha precisado:
“[…] [R]esulta de gran importancia precisar que de acuerdo con la
Ley reguladora de la acción popular, la misma se ejerce para evitar el
daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las
cosas a su estado anterior si ello fuere posible- (Artículo 2 Ley 472 de
1998 / Artículo 144 Ley 1437 de 2011)-, cuando quiera que por la
acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares,
sean violados o amenazados – (Artículo 9 Ley 472 de 1998) -. Casos
en los que corresponde al juez adoptar las órdenes de hacer o de no
hacer, definiendo de manera precisa la conducta a cumplir, condenar
al pago de perjuicios cuando se haya causado daño y, en fin, exigir la
realización de las conductas necesarias para volver las cosas al estado
anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando
fuere físicamente posible -(Artículo 34 Ley 472 de 1998), de manera
tal que se garantice la eficacia de los derechos vulnerados, como lo
exige el artículo 88 constitucional. […]. Ciertamente, en la sentencia
que ampara los derechos colectivos el juez está facultado para
adoptar las medidas que, conforme a la situación fáctica probada,
sean conducentes y pertinentes para obtener la protección de dichos
derechos. […]. Lo anterior guarda coherencia con el artículo 2º de la
Constitución Política al establecer que “las autoridades de la República
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares […]”35.
En consecuencia, para la Sala no resultan de recibo los reparos del
MUNICIPIO que sugieren una intervención excesiva del Tribunal en
los asuntos bajo la dirección de la administración local que, a juicio
35
Ver, entre otras sentencia de 18 de marzo de 2014, proceso identificado con el número único de
radicación 250002327000200190479-01(AP); C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno; sentencia de 21 de
agosto de 2020, único de radicación 130012333000201700987-01 (AP); sentencia de 15 de mayo de
2014, número único de radicación 250002324000201000609-01(AP); C.P.: Guillermo Vargas Ayala;
sentencia de 18 de abril de 2024, número único de radicación: 630012333000201900237-01 (AP);
C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
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del recurrente, desconocen su autonomía y las limitaciones de orden
técnico y presupuestal de las entidades territoriales, porque de forma
reiterada esta Corporación ha sido enfática en que dichos factores no
constituyen razones válidas para justificar la tardanza en la adopción
de las decisiones y medidas que los hechos fuente de la transgresión
ameriten y, mucho menos, para sustraerse del cumplimiento de sus
funciones.
En efecto, en sentencia de 15 de diciembre de 2016 se estableció:
“[…] [L]a Sala ha puesto de presente que, el hecho de que la
ejecución de obras públicas esté supeditada al agotamiento de los
pasos previos, de la formulación e inscripción de proyectos en los
Bancos de Proyectos de Inversión, así como de la inclusión de los
proyectos en los planes de desarrollo municipal, departamental y
nacional, no es razón para negar la protección de los derechos
colectivos cuando está probado el supuesto fáctico que sirvió de
fundamento a la acción popular. En este caso, el juez debe ordenar a
las autoridades adelantar las gestiones técnicas de planeación, las
contractuales y presupuestales conducentes a que los respectivos
proyectos se incluyan en el plan de desarrollo y cuenten con
disponibilidad presupuestal, para que luego de cumplirse las
exigencias legales puedan ejecutarse. Además, esta Sala ha
manifestado que la falta de disponibilidad presupuestal no enerva la
acción ante la demostrada vulneración de los derechos colectivos.
Ante esa situación, lo procedente es ordenar a las autoridades que
efectúen las gestiones administrativas y financieras necesarias para
obtener los recursos económicos requeridos.
[…]La falta de recursos públicos no es óbice para proteger los
derechos e intereses colectivos; la efectividad de los derechos
colectivos garantizados por la Constitución y la ley demandan
atención prioritaria de las autoridades administrativas, y si su
actuación no colma las exigencias de protección impuestas por el
ordenamiento jurídico, es deber del juez Constitucional de Acción
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Popular velar porque dicha situación sea debidamente atendida.
Cosa distinta es que para el cumplimiento del fallo se requieran hacer
erogaciones presupuestales y que para ello en la sentencia se deban
tomar en consideración los tiempos necesarios para surtir los trámites
del caso y ordenar agotar los pasos presupuestales y trámites
administrativos correspondientes. Es claro que las órdenes impartidas
por el juez de Acción Popular no pueden hacer abstracción de las
exigencias impuestas por la realidad material en que opera la
Administración ni por la legislación vigente en materia presupuestal
en particular, ni por el marco legal que rige las actuaciones
administrativas en general. De aquí que en esta clase de procesos la
juez Constitucional deba siempre ponderar cuidadosamente qué clase
de obligaciones impone con el tiempo y las condiciones en que debe
llevarlas a cabo.”36
Adicionalmente, las decisiones consignadas en el acápite resolutivo
del fallo apelado tienen por fin que las accionadas gestionen los
recursos que demanda la solución definitiva a la problemática sobre
el tratamiento de aguas residuales, de suerte que no se impone la
ejecución de presupuesto al margen de la normativa que rige esa
operación y, mucho menos, desconocer los procesos de orden
administrativo y contractual que tales erogaciones implican, incluso,
tales circunstancias son las razones por las cuales la autoridad
judicial fijó plazos razonables para el cumplimiento de dichas
órdenes.
Siendo ello así, es forzoso concluir que los cargos de apelación
referentes a la presunta intromisión del juez de primera instancia en
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15 de
diciembre de 2016, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E). Radicación: 2015-00084-01(AP).
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asuntos del resorte de la administración municipal, no están llamados
a prosperar.
Sin embargo, aún cuando el juez popular tenga la potestad de
adoptar las medidas necesarias para la salvaguarda de los derechos
colectivos, en el caso concreto y en atención a que uno de los cargos
de apelación del MUNICIPIO fue que la orden de construir nuevas
PTAR desconoce los lineamientos técnicos fijados en relación con el
tipo de infraestructuras adecuadas para el tratamiento de aguas
residuales, la Sala no advierte que, en efecto, hubiese un estudio o
concepto técnico que dé cuenta de la necesidad de ampliar la
infraestructura de tratamiento de aguas residuales existente o que
pueda emplearse otro sistema para dicho fin previsto en Resolución
núm. 330 de 8 de junio de 201737, razón por la que se modificará el
numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, en los
siguientes términos:
“[…] TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE PIEDRAS y a
CORTOLIMA que, dentro del ámbito de sus competencias
constitucionales y legales: i) ejecuten en un término máximo de seis
(6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, las actividades de mantenimiento de la infraestructura
del (Pozo Séptico) Guataquisito, PTAR (Laguna de Oxidación) Chicalá,
37
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
(RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.
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PTAR La Ceiba, PTAR Chipalo, PTAR (Laguna de Oxidación) Doima y
PTAR (Pozo Séptico) Doima; ii) efectuado el mantenimiento, dentro
de los dos (2) meses siguientes, realicen el diagnóstico integral sobre
el estado de funcionamiento de la infraestructura de las plantas y
sistemas de tratamiento de aguas residuales en mención a fin de
determinar la necesidad o no de efectuar obras adicionales,
considerando lo establecido en la Resolución 330 de 8 de junio de
201738 o la construcción de nuevas PTAR; iii) de concluirse la
necesidad de ejecutar tales obras, deberán remitir al Tribunal un
cronograma en el que establezca el plazo y etapas para la ejecución
de las medidas que arroje el diagnóstico, el cual no podrá superar los
dieciocho (18) meses.
De la ampliación del plazo
Comoquiera que los reparos del MUNICIPIO frente al plazo
otorgado para la ejecución de las órdenes recayeron en la orden
dispuesta en el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo
apelado, el cual, como se vio, fue modificado, la Sala se abstendrá
de efectuar pronunciamiento alguno.
De la condena en costas
En atención a que los reparos frente a la responsabilidad atribuida a
CORTOLIMA no están llamados a prosperar, conforme con los
razonamientos expuestos en el acápite pertinente, no hay lugar a
38
“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
(RAS) y se derogan las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”.
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abordar el estudio de los cuestionamientos a la condena en costas en
los términos establecidos por el Tribunal, pues resulta claro que tal
condena procede respecto del responsable de la vulneración de los
derechos colectivos.
Del Comité de Verificación
La Sala advierte que el Tribunal en la sentencia apelada, al disponer
la conformación del Comité de Verificación omitió referir que sería
presidido por el magistrado ponente de esa Corporación Judicial.
En consecuencia, atendiendo al artículo 34 de la Ley 472 y la
jurisprudencia de la Sección39, se modificará el numeral octavo de la
parte resolutiva del fallo impugnado en el sentido de establecer que
corresponderá Magistrado Ponente de dicha providencia fungir como
presidente del Comité.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
39
Ver sentencias de 26 de enero de 2023 (Expediente núm. 85001 23 33 000 2018 00007 01, Consejero
Ponente Oswaldo Giraldo López) y de 28 de junio de 2019 (expediente núm. 52001-23-33-000-2018-
00361-01, Consejero Ponente Hernando Sánchez Sánchez).
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FALLA:
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el señor
consejero GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES para
intervenir en el proceso de la referencia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia y, en consecuencia,
SEPARARLO del conocimiento del mismo.
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales TERCERO, CUARTO y
OCTAVO de la parte resolutiva de la sentencia de 6 de julio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, los cuales
quedarán así:
“[…] TERCERO: ORDENAR al MUNICIPIO DE PIEDRAS y a
CORTOLIMA que, dentro del ámbito de sus competencias
constitucionales y legales: i) ejecuten en un término máximo de seis
(6) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente
providencia, las actividades de mantenimiento de la infraestructura
del (Pozo Séptico) Guataquisito, PTAR (Laguna de Oxidación) Chicalá,
PTAR La Ceiba, PTAR Chipalo, PTAR (Laguna de Oxidación) Doima y
PTAR (Pozo Séptico) Doima; ii) efectuado el mantenimiento, dentro
de los dos (2) meses siguientes, realicen el diagnóstico integral sobre
el estado de funcionamiento de la infraestructura de las plantas y
sistemas de tratamiento de aguas residuales en mención a fin de
determinar la necesidad o no de efectuar obras adicionales,
considerando lo establecido en la Resolución 330 de 8 de junio de
201740 o la construcción de nuevas PTAR; iii) de concluirse la
necesidad de ejecutar tales obras, deberán remitir al Tribunal un
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“Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
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cronograma en el que establezca el plazo y etapas para la ejecución
de las medidas que arroje el diagnóstico, el cual no podrá superar los
dieciocho (18) meses.
Cuarto: ORDENAR a CORTOLIMA que: i) en atención a las
funciones de orden constitucional, legal y reglamentario que detenta
como autoridad ambiental y administradora de los recursos naturales
en el área donde se desarrolla la problemática expuesta, dentro del
mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, y si aún no lo
hubiere hecho, resuelva de fondo sobre la aprobación del PSMV
presentado por el MUNICIPIO DE PIEDRAS en mayo de 2022; ii)
ejercer con el rigor y la periodicidad que el asunto lo amerita, las
funciones de vigilancia y control de los vertimientos de aguas
residuales realizadas en el marco de la prestación del servicio público
de alcantarillado en el Municipio, so pena del ejercicio de las
facultades sancionatorias que detenta”.
[…]
OCTAVO: CONFÓRMASE el Comité de verificación de que trata el
artículo 34 de la ley 472 de 1998, el cual deberá estar integrado por
el Magistrado Ponente, quien lo presidirá; el procurador que actuó en
este proceso, la Directora de la Corporación Autónoma - CORTOLIMA
y el Alcalde del Municipio de Piedras, y el actor popular, comité que
hará seguimiento a las órdenes impartidas en el presente proveído”.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás el fallo apelado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión de 29 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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