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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01038-00

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-01038-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida por el Consorcio Grandes Proyectos contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-01038-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01038-00
Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico

Temas: Tutela contra providencia judicial / Auto que concedió recurso de
apelación contra auto que levantó medida cautelar de embargo en
efecto devolutivo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por el Consorcio Grandes Proyectos, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

El Consorcio Grandes Proyectos promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la
providencia proferida el 23 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 08-001-23-33-000-
2021-00159-00.

Como fundamento de la solicitud expuso lo siguiente:

i) Presentó demanda ejecutiva en contra de la Sociedad Transmetro SAS, con el fin
de que se librara mandamiento de pago a su favor por la suma de $8.979.056.585
más los intereses moratorios causados hasta que se sufrague totalmente la
obligación, con base al Laudo Arbitral proferido el 24 de marzo de 2020 por el Tribunal
Arbitral de la Cámara de Comercio de Barranquilla. El mandamiento de pago fue
librado en providencia del 26 de mayo de 2021.

1 Ver índice 2 de Samai del expediente 11001031500020240103800. Archivo denominado
«2ED_ACCIONTUTELA2CGPCTRA(.pdf) NroActua 2»
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-01038-00
Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
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ii) El Tribunal Administrativo del Atlántico en providencia del 23 de marzo de 2023
aceptó la medida cautelar de «embargo y retención de los dineros que tuviera Transmetro
SAS, en cuentas corrientes y/o de ahorros, en más de 18 entidades financieras». Decisión
ampliada a más entidades financieras2 con auto del 7 de septiembre de 2023, por
solicitud del demandante.

iii) En providencia del 8 de febrero de 2024 se resolvió, de oficio, levantar la medida
cautelar consistente en el embargo y retención de las sumas de dinero depositadas
en las cuentas corriente del demandado en el Banco Serfinanza, en tanto la
obligación surgió por la remuneración de un contrato de infraestructura, sin embargo,
«no guarda relación directa con el objeto para el que fueron girados los recursos embargados
por parte del Gobierno Nacional, esto es, destinados específicamente a amortizar costos
operacionales - suministro de flota, operación y recaudo de la tarifa al usuario – del Sistema
Integrados de Transporte Masivo-SITM”, del DEIP de Barranquilla y su área metropolitana».
Contra esta decisión el demandante interpuso recurso de reposición, en subsidio de
apelación.

iv) En providencia del 23 de febrero de 2024, se resolvió i) no reponer la providencia
cuestionada; y ii) conceder en efecto devolutivo el recurso de apelación.

v) En relación con esta última decisión, consideró que vulneró sus derechos
fundamentales al incurrir en defecto sustantivo ante la inaplicación de la excepción al
efecto devolutivo en que se concedió el recurso, pues, «(i) la aplicación de dicha norma
al caso concreto resulta abiertamente inconstitucional al vulnerar el debido proceso de mi
prohijado, así mismo, el Tribunal (ii) inadvirtió la norma aplicable y no la tuvo en cuenta al
momento de proferir su decisión y porque (iii) la concesión del recurso en el efecto devolutivo
es claramente perjudicial a los intereses legítimos del Consorcio Grandes Proyectos».

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO. DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Atlántico vulneró los
derechos fundamentales del Consorcio Grandes Proyectos al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia y los demás que encuentre acreditado
el despacho, como consecuencia de la concesión del recurso de apelación en efecto
devolutivo contenido en la decisión del 23 de febrero de 2024.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que con el fin de proteger los
derechos fundamentales del Consorcio Grandes Proyectos, se prohíba al Tribunal
Administrativo del Atlántico librar los oficios al Banco Serfinanzas para proceder con el
desembargo de los recursos contenidos en la cuenta a nombre de Transmetro S.A. […]»
[sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico3, luego de que realizara un
reencuentro de las actuaciones jurídico-procesales surtidas en el proceso ejecutivo,

2 Los bancos Serfinanza, Juriscoop y Coltefinanciera.
3 Ver índice 8 de Samai del expediente 11001031500020240103800. Archivo denominado
«14RECIBEPRUEBAS_MEMORIALES_INFORMEDETUTELA20240(.pdf) NroActua 8»
2

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Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
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solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela, pues, no se logró evidenciar
una afectación a las garantías constitucionales del demandante, sino tan solo las
inconformidades que tiene respecto del estudio realizado en el auto acusado.

En cuanto al recurso de apelación interpuesto contra el auto que resolvió levantar las
medidas cautelares, recordó que se concedió en el efecto devolutivo porque así lo
dispuso el artículo 323 del Código General del Proceso y la prohibición de entrega de
dineros solo operara en el evento que aquel sea interpuesto contra una sentencia.

La verdadera intención del demandante es convertir la tutela en una tercera instancia
y así se conlleve a la suspensión del proceso ejecutivo con ocasión de la apelación
interpuesta y obtener una interpretación más favorable a sus intereses.

1.2.2. La Sociedad Transmetro S.A.4 guardó silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente
orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iii) problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021,5 esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado6 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.7 Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio

4 Mediante auto admisorio del 5 de marzo del 2024, se ordenó vincular.
5 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
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de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]» [Resalta la Sala]

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario
estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y
analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde
verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente»
como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena,8 adoptó los criterios expuestos
por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la
procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección
de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese
sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra
decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante
constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya
presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y
iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,10 el juez
deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial,
a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales
que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de
amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos
específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal
trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.11

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que
incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate
que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-

590 de 2005.
10 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
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La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad adjetiva, en especial, el de subsidiariedad?

Solo de superar lo anterior, se determinará si: ¿el Tribunal Administrativo del Atlántico
vulneró los derechos fundamentales del Consorcio Grandes Proyectos con ocasión
de la providencia del 23 de febrero de 2024 por medio de la cual resolvió, entre otras,
conceder el recurso de apelación en efecto devolutivo respecto del auto que levantó
una medida cautelar de embargo, con la que incurrió, presuntamente, en defecto
sustantivo?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva – de la subsidiariedad

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia12, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e
inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.4.2. Sobre el caso concreto

El Consorcio Grandes Proyectos acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejará sin efectos la
providencia proferida el 23 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, por medio de la cual resolvió, entre otras, conceder el recurso de apelación
contra el auto que levantó una medida cautelar de embargo en el efecto devolutivo.

Para mayor claridad del asunto, se recuerda que el demandante cuestiona el efecto
en el cual se concedió el recurso de apelación, pues, considera que tal como se hizo

12 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

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no garantiza la finalidad de la medida cautelar pretendida ni la garantía de pago, en
la medida en que el levantamiento de la medida cautelar se mantendría.

En este orden de ideas, se considera que las inconformidades planteadas por la parte
actora deben ser dilucidadas por el juez natural del asunto a través del recurso de
queja, en los términos de los artículos 245 de la Ley 1437 de 201113, que señala:

Artículo 245. Queja. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda,
se rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser
procedente.

Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al
señalado en la ley y cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión y
unificación de jurisprudencia previstos en este código. […]

En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado14 en un caso mediante el cual
realizó el ajuste del efecto en el cual se concedió la apelación, hizo mención expresa
al examen preliminar previsto en el artículo 325 del CGP15, así:

«[…] 18. Visto el último inciso del artículo 325 del Código General del Proceso, “[…]
Cuando la apelación haya sido concedida en un efecto diferente al que corresponde, el
superior hará el ajuste respectivo y lo comunicará al juez de primera instancia. Efectuada
la corrección, continuará el trámite del recurso […]”

19. Atendiendo a que el Tribunal Administrativo del Quindío: i) mediante la sentencia
proferida el 4 de febrero de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
y ii) mediante el auto proferido el 18 de febrero de 2021, concedió en efecto suspensivo
los recursos de apelación interpuestos por el Municipio de Armenia y las Empresas
Públicas de Armenia E.S.P.

0. Considerando que los recursos interpuestos contra la sentencia proferida, en primera
instancia, debían concederse en efecto devolutivo; este Despacho ajustará el efecto y
comunicará esta decisión al Tribunal Administrativo del Quindío, por medio de la
Secretaría General de esta Corporación […]» [sic].

De acuerdo con la normativa y la jurisprudencia en cita, se tiene que la providencia
del 23 de febrero de 2024, hoy acusada, fue proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico y contra esta procede los recursos de ley; además, en el evento en que,
en efecto, el recurso hubiese sido concedido en un efecto diferente al que
corresponda, el superior jerárquico debe resolver sobre el ajuste de dicho efecto, con
la respectiva comunicación al juez de primera instancia.
Dicho lo anterior, sea lo primero indicar que la exigencia en la interposición de los
recursos de manera oportuna tiene como finalidad evitar que la solicitud de amparo
suplante los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico; pues,
lo que se persigue en tratándose de cuestionar providencias judiciales es que no haya
negligencia en el deber de acudir ante la administración de justicia, para la concreción
de las garantías otorgadas por la Constitución Política.

13 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
14
Sección Primera, providencia del 14 de mayo de 2021, CP: Hernando Sánchez Sánchez, rad:
630012333000201900237-01.
15
[…] Cuando la apelación haya sido concedida en un efecto diferente al que corresponde, el superior
hará el ajuste respectivo y lo comunicará al juez de primera instancia. Efectuada la corrección,
continuará el trámite del recurso […].

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Demandante: Consorcio Grandes Proyectos
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Es decir, para que el juez constitucional pueda pronunciarse sobre el fondo del asunto
planteado es necesario que este supere los requisitos generales de procedencia de
la solicitud de tutela contra providencias judiciales, de tal manera debe concluirse que
el amparo de la referencia resulta improcedente por desconocimiento del principio de
subsidiariedad.

De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio no se satisface el requisito de
procedencia general de la subsidiariedad, razón por la cual, la Sala la declarará
improcedente. la solicitud de tutela presentada por el Consorcio Grandes Proyectos
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela promovida por el Consorcio
Grandes Proyectos contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión judicial.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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