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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2023-00040-01

Fecha
22 de enero de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 47001-23-33-000-2023-00040-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 9 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán así: “[…] TERCERO: En consecuencia, de lo anterior, se impondrán las siguientes medidas: 3.1. Definitivas: ORDENAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA (ESSMAR E.S.P.), realizar las gestiones administrativas, presupuestales, de contratación y de ejecución que sean necesarias para optimizar de manera definitiva la operación de las redes de alcantarillado y de la Estación de Bombeo de Agua Residual denominada EBAR Cantilito, si se requiere ampliarla o construir una nueva, con el fin de evitar el desbordamiento de aguas residuales y, en general, en aras de garantizar la adecuada prestación del servicio de alcantarillado. Para tal efecto, se disponen los siguientes plazos: 1. Gestión administrativa, presupuestal, estudios técnicos y demás actuaciones necesarias para cumplir con la orden emanada: seis (06) meses contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia. 2. Proceso de contratación de las obras: seis (06) meses contados desde el vencimiento del plazo anterior. 33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de junio de 2019. Consejero Ponente, doctor Hernando Sánchez Sánchez. NUR: 520012333000-2018-00361-01(AP). 34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2024. Consejero Ponente, doctor Oswaldo Giraldo López. NUR: 6300123330002020-00407-01 (AP). 35 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019. Radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate. 20 Radicación núm. 47001-23-33-000-2023-00040-01 Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Magdalena 3. Ejecución del contrato y puesta en funcionamiento: dieciocho (18) meses contados a partir del vencimiento del término anterior. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 47001-23-33-000-2023-00040-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

22 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintidós (22) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 47001-23-33-000-2023-00040-01
Demandante: DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL
MAGDALENA
Demandada: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la Empresa de Servicios
Públicos del Distrito de Santa Marta E.S.P. contra la sentencia de 9 de octubre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1.La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, en ejercicio del medio de control
de protección de los derechos e intereses colectivos, presentó demanda contra la
Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta E.S.P. (ESSMAR E.S.P.),
con el propósito de obtener la salvaguarda de los derechos colectivos establecidos
en los literales a), c), d), e), g) y h) del artículo 4.°1 de la Ley 472 de 5 de agosto de
19982.

2. La demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Se amparen los derechos e intereses colectivos: como lo son el I)
(sic) goce de un ambiente sano; ii) goce del espacio público; iii) la defensa del

1
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la
protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;
[…]
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público;
[…]
e) La defensa del patrimonio público;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública […]”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.

2

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Magdalena

patrimonio público; iv) la existencia del equilibrio ecológico y v) salud, para garantizar
el desarrollo sostenible y la vida en condiciones dignas de los habitantes del barrio
Cantilito, en Santa Marta, Magdalena, consagrados en el art. 79 de la Carta Magna.

SEGUNDO: Se ordene a los accionados que tomen las medidas necesarias para
darle solución a la situación expuesta en el menor tiempo posible, esto debido a que
la salud de niños, adultos y mayores de la tercera edad que habitan en el Barrio
Cantilito del Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, derechos que se
encuentran gravemente vulnerados. […]”3 (negrilla del texto).

3.Explicó que los habitantes del barrio Cantilito del Distrito Turístico, Cultural e
Histórico de Santa Marta desde hace más de 15 años sufren los efectos negativos
del manejo inadecuado de las aguas residuales en ese sector.

4.Sostuvo que los desechos provenientes de los barrios Once de Noviembre,
Tomayui y Garagoa se acumulan y generan un foco de infecciones y enfermedades
debido a la ausencia de una red de alcantarillado adecuada.

5. Agregó que la acumulación de aguas residuales bloquea el paso en varios
sectores, y obliga a los habitantes a construir puentes improvisados para poder
cruzar sin exponerse directamente a los desechos, pues de lo contrario, se
restringiría su movilidad.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

6. El magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Magdalena mediante
auto de 28 de junio de 20234 admitió la demanda contra ESSMAR E.S.P., rechazó
la demanda respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(SSPD) y la Secretaría de Salud del Distrito de Santa Marta, ordenó la notificación
y el traslado correspondiente a la entidad accionada, notificó al agente del Ministerio
Público y a la Defensoría del Pueblo, y dispuso comunicar la acción de la referencia
a los miembros de la comunidad.

7.El día 28 de noviembre de 20235 se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, la cual se declaró fallida.

8. Mediante auto de 13 de febrero de 20246 se decidió sobre las pruebas del
proceso.

I.3. Contestación de la demanda

9. La Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta E.S.P.7se opuso a
las pretensiones de la demanda con fundamento en la excepción de “[…] falta
manifiesta de legitimación en la causa por pasiva […]”.

3
Cfr. Índice 7 del expediente digital de primera instancia.
4
Cfr. Índice 11 del expediente digital de primera instancia.
5
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia.
6
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia.
7
Cfr. Índice 16 del expediente digital de primera instancia.

3

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Magdalena

10. Afirmó que asumió la operación directa de los servicios de acueducto y
alcantarillado desde el 18 de abril de 2019. Sin embargo, como dicha empresa
presentaba un déficit económico, el 22 de noviembre de 2021 la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios la intervino.

11. Manifestó que no ha vulnerado los derechos ni intereses colectivos mencionados
y, por ello, solicitó que se le exima de cualquier responsabilidad. En el ejercicio de
sus actividades ha monitoreado y priorizado visitas de seguimiento al sistema para
detectar cualquier falla en la prestación del servicio sin que a la fecha haya
encontrado alteración alguna.

12. Explicó que ha desarrollado diversas acciones para atender las inquietudes de la
comunidad, tales como la instalación de cámaras de inspección (manholes), la
atención a reportes individuales sobre registros domiciliarios, labores de
mantenimiento preventivo y correctivo, así como la limpieza semanal de las rejillas
en la estación de bombeo de aguas residuales.

13. Adujo que el 17 de agosto de 2023 se realizó una visita en el sector Cantilito y se
logró verificar que el sistema de alcantarillado no posee alteraciones, y no presenta
ningún tipo de rebosamiento.

14. Indicóque las fotografías aportadas en la demanda no cumplen con los
elementos para determinar su autenticidad, por lo que no deben valorarse.
Asimismo, pidió que se vincule al proceso a las entidades que tienen competencia
directa sobre el asunto.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

15. El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia de 9 de octubre de
20248, amparó los derechos e intereses colectivos establecidos en los literales a),
g), h) y j) del artículo 4.° de la Ley 472.

16. Indicó que la empresa demandada cuenta con legitimación en la causa por pasiva
porque es responsable de la prestación oportuna del servicio público domiciliario de
alcantarillado. Las fallas en este servicio han afectado los derechos y el bienestar
de los habitantes del barrio Cantilito y, por eso, su intervención es fundamental para
resolver el problema.

17. Consideró que las pruebas aportadas al proceso corroboran que el tratamiento
dado a las aguas residuales de la zona no funciona adecuadamente. Entre las
pruebas se encuentra el testimonio del director de alcantarillado de ESSMAR E.S.P.
y el informe técnico rendido por el señor Ernesto Hernández Martínez, mediante los
cuales se reconocieron fallas en el servicio relacionadas con la Estación de Bombeo
de Agua Residual (EBAR).

8
Cfr. índice 52 del expediente digital de primera instancia.

4

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Magdalena

18. Señaló que la empresa prestadora no cuenta con redes de alcantarillado pluvial
y, al no ser un sistema combinado, colapsa en época de lluvias. Ello conlleva a que,
en esas temporadas, los habitantes del barrio instalen un puente para cruzar sin
tener contacto con el foco de infecciones generado por la acumulación de desechos
provenientes de los barrios Once de Noviembre, Tomayui y Garagoa.

19. Precisó que, mientras no se demuestre que la Estación de Bombeo de Agua
Residual Cantilito funciona correctamente, no puede considerarse que el problema
esté resuelto ni que se garantice realmente el acceso a la infraestructura necesaria
para prestar el servicio público de alcantarillado.

20. Con fundamento en lo anterior, el tribunal resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL
DISTRITO DE SANTA MARTA (ESSMAR E.S.P.), por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos colectivos relacionados con el goce a un
ambiente sano, salubridad pública, acceso a los servicios públicos y al acceso a una
infraestructura que garantice la prestación efectiva y oportuna de los servicios de
alcantarillado.

TERCERO: En consecuencia, de lo anterior, se impondrán las siguientes medidas:

3.1. Definitivas:

ORDENAR, como medida definitiva para cesar la afectación que aqueja a los
habitantes del barrio Cantilito, jurisdicción del Distrito de Santa Marta, a la EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA (ESSMAR E.S.P.),
realizar las gestiones administrativas, presupuestales, de contratación y de ejecución
que sean necesarias para optimizar de manera definitiva la operación de las redes
de alcantarillado y de la Estación de Bombeo de Agua Residual denominada EBAR
Cantilito, si se requiere ampliarla o construir una nueva, con el fin de evitar el
desbordamiento de aguas residuales y, en general, en aras de garantizar la adecuada
prestación del servicio de alcantarillado. Para tal efecto, se disponen los siguientes
plazos:

1. Gestión administrativa, presupuestal, estudios técnicos y demás actuaciones
necesarias para cumplir con la orden emanada: seis (06) meses contados a partir de
la ejecutoria de la presente sentencia.

2. Proceso de contratación de las obras: seis (06) meses contados desde el
vencimiento del plazo anterior.

3. Ejecución del contrato y puesta en funcionamiento: dieciocho (18) meses contados
a partir del vencimiento del término anterior.

CUARTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de lo
decidido, el cual estará integrado por la DEFENSORÍA DEL PUEBLO REGIONAL
MAGDALENA, por la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE
SANTA MARTA (ESSMAR E.S.P.) y por el Agente del Ministerio Público delegado
ante esta Corporación. Dicho comité será presidido por la referida empresa de

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servicios públicos, ESSMAR E.S.P., en el cual se deberán rendir los siguientes
informes:

Informe 1: La ESSMAR E.S.P., deberá presentar un informe, relacionado con la
Gestión administrativa, presupuestal, estudios técnicos y demás actuaciones
necesarias para cumplir con la orden emanada, dentro de los siete (07) meses
contados a partir de la ejecutoria de la presente sentencia.

Informe 2: Dentro de los siete (07) meses contados a partir del vencimiento del plazo
anterior, la ESSMAR E.S.P., deberá informar el estado del proceso de contratación
de las obras.

Informe 3: Dentro de los diecinueve (19) meses contados a partir del vencimiento
del término anterior, la ESSMAR E.S.P., deberá informar el estado de la ejecución
del contrato.

Informes periódicos: La ESSMAR E.S.P., deberá informar, tres (03) meses
después de la entrega de la infraestructura en mención, el estado y funcionamiento
de las redes de alcantarillado y de la Estación de Bombeo de Agua Residual
denominada EBAR Cantilito. Esto, sin perjuicio de los posteriores informes que
solicite este Tribunal para garantizar la efectiva prestación del servicio de
alcantarillado en el sector.

QUINTO: ORDENAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO
DE SANTA MARTA (ESSMAR E.S.P.), elaborar y ejecutar un plan de sensibilización
dirigido a la comunidad del barrio Cantilito, en procura de la no realización de
vertimientos y disposición de residuos sólidos que puedan incidir en los
desbordamientos del sistema de alcantarillado en el sector.

SEXTO: Por Secretaría REMITIR copia de la demanda, el auto admisorio de la misma
y del fallo definitivo a la Defensoría del Pueblo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 80 de la Ley 472 de 19989.

SEPTIMO: En lo demás, deniéguense las pretensiones de la demanda.

OCTAVO: Sin condenas en costas en esta instancia, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”. (Negrilla del
texto).

III. RECURSO DE APELACIÓN

21. Mediante escritos de 6 y 7 de febrero de 202510, ESSMAR E.S.P. solicitó la
revocatoria de la sentencia proferida en primera instancia porque no tuvo en cuenta
las pruebas aportadas que demuestran la configuración de un hecho superado.

22. Explicó que la decisión se soportó en los testimonios realizados en los años 2021
y 2022, y en un informe de la empresa prestadora que advertía los avances en la
instalación de tapas para los pozos de inspección (manholes), la realización de
mantenimientos preventivos y correctivos, y la limpieza de rejillas, entre otras
actividades. Sin embargo, la sentencia se profirió ocho meses después del último

9
“[…] ‘Artículo 80. Registro público de acciones populares y de grupo. La Defensoría del Pueblo organizará un Registro
Público centralizado de las Acciones Populares y de las Acciones de Grupo que se interpongan en el país. Todo Juez que
conozca de estos procesos deberá enviar una copia de la demanda del auto admisorio de la demanda y del fallo definitivo.
La información contenida en este registro será de carácter público’. […]”.
10
Cfr. Índices 58 y 59 del expediente digital de primera instancia.

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informe incorporado al proceso. Durante ese periodo, se puso en funcionamiento la
EBAR Cantilito, lo que permitió solucionar de manera definitiva la problemática.

23. Adujo que la empresa asumió la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado desde el 18 de abril de 2019 y que los habitantes del barrio gozan de
un servicio idóneo de alcantarillado a pesar de no contar con un canal óptimo que
conduzca las aguas pluviales. La construcción de dicho canal es competencia del
distrito de Santa Marta.

24. Señaló que los informes técnicos anuales de los años 2021 al 2024 demuestran
que no existe ninguna vulneración a los derechos amparados. La empresa, en
colaboración con otras entidades, adelanta acciones de vigilancia constantes de la
Estación de Bombeo de Agua Residual, efectuó el desalojo de los ciudadanos que
no dejaban realizar los mantenimientos, y realiza limpieza periódica a la estación y
el monitoreo diario por parte del personal operativo. Además, desde la presentación
de la demanda no ha recibido reclamo o queja de la comunidad.

25. Informó que está ejecutando dos proyectos diseñados en 2021 por la
Subgerencia de Proyectos y Sostenibilidad de la empresa prestadora. En primer
lugar, la instalación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario por causa de
obras de pavimentación en el anillo vial del barrio entre la carrera 76 hasta la calle
35 con un avance del 90%. En segundo lugar, la instalación de trazado en el sistema
de alcantarillado que se encuentra en un 70% para finalizar la obra.

26. Finalmente, argumentó que el tribunal no practicó la inspección judicial ni recaudó
los testimonios de los habitantes de la zona, pruebas fundamentales para resolver
el caso.

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

27. Mediante auto de 25 de marzo de 202511, el Tribunal Administrativo del Magdalena
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación presentado por la parte
demandada.

28. A través de auto de 15 de octubre de 202512, se admitió el recurso de apelación
y se decretó la prueba solicitada por ESSMAR E.S.P. en segunda instancia.

29. Por auto de 25 de noviembre de 202513 se corrió traslado a los sujetos procesales
para que presentaran por escrito sus alegatos de conclusión, y se le informó al
Ministerio Público que podía emitir concepto. Sin embargo, las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio.

11
Cfr. Índice 63 del expediente digital de primera instancia.
12
Cfr. Índice 4 del expediente digital de segunda instancia.
13
Cfr. Índice 17 del expediente digital de segunda instancia.

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Magdalena

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

30. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201114 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201915, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

31. El demandante atribuyó a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa
Marta E.S.P. la vulneración de los derechos colectivos previstos en los literales a),
c), d), e), g) y h) del artículo 4.° de la Ley 472, con ocasión del manejo inadecuado
de aguas residuales en el barrio Cantilito de Santa Marta.

32. En la sentencia de 9 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Magdalena amparó los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la
salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y al acceso a una
infraestructura que garantice la prestación efectiva y oportuna del servicio de
alcantarillado.

33. El tribunal ordenó a ESSMAR E.S.P. que realizara todas las gestiones
administrativas, presupuestales y técnicas necesarias para optimizar de manera
definitiva la operación de las redes de alcantarillado y la Estación de Bombeo de
Agua Residual (EBAR) Cantilito. Además, requirió a la empresa que elabore y
ejecute un plan de sensibilización dirigido a la comunidad del barrio Cantilito para
prevenir vertimientos y disposición de residuos sólidos que puedan afectar el
sistema de alcantarillado.

34. La empresa de servicios públicos domiciliarios afirmó en el recurso de apelación
que se configuró un hecho superado porque los habitantes del barrio cuentan con
un servicio idóneo de alcantarillado. Además, explicó que la construcción del canal
óptimo para la recolección de aguas pluviales corresponde al distrito de Santa
Marta.

35. Finalmente, informó sobre la ejecución de dos proyectos de infraestructura con
avances significativos, y argumentó que el tribunal no practicó la inspección judicial
ni recaudó testimonios de los habitantes de la zona, pruebas esenciales para
resolver el proceso.

14
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
15
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

8

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V.3. Análisis del caso concreto

36. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) la presunta carencia
actual de objeto por hecho superado, ii) las cargas probatorias en el caso concreto,
y iii) la conformación del comité de verificación de cumplimiento de la sentencia.

V.3.1. De la presunta carencia actual de objeto por hecho superado

37. El fenómeno jurídico de “carencia actual de objeto por hecho superado” se
configura cuando la parte demandada demuestra en el transcurso del debate judicial
que corrigió la acción u omisión amenazante o vulneradora del derecho o de los
derechos colectivos objeto de análisis16.

38. En tal escenario, el juez de la acción popular ejerce una función declarativa, en
vez de resarcitoria, y tendrá que aplicar las reglas jurisprudenciales fijadas por la
Sala Plena de esta corporación en la sentencia de unificación de 4 de septiembre
de 201817. Dichas reglas son del siguiente tenor:

“[…] la Sala unifica la jurisprudencia en relación con la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado, dentro de una acción popular, en los
siguientes dos sentidos:

i. Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial de
conocimiento consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la
interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la
vulneración de los derechos colectivos comprometidos, sin que baste con la
simple alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada a la
superación de la situación; en aquellos casos en que la amenaza a los derechos
colectivos subsista no es procedente declarar el hecho superado, aun cuando
se verifique que se ha adelantado alguna actuación a fin de cesar la amenaza o
vulneración de los mismos.

ii. El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la
desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos,
no es óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance
de dichos derechos […]”. (Negrilla fuera del texto).

39. Respecto de la aplicabilidad de este fenómeno al caso concreto, la Sala pone de
presente que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante
Resolución núm. SSPD-20211000720935 de 22 de noviembre de 202118, ordenó la
intervención de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta
(ESSMAR E.S.P.).

16
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.º de marzo de 2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación núm.
66001-23-31-000-2010-00356-02(AP).
17
Consejo de Estado, Sala Plena, radicación núm. 05001-33-31-004-2007-00191-01(AP)SU.
18
“[…] Por la cual se ordena la toma de posesión de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESSMAR
E.S.P. […]”. Cfr. Índice 7 del expediente digital de primera instancia.

9

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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Magdalena

40. Conforme a la Resolución núm. SSPD-20241000453705 de 15 de agosto de
202419 la toma de posesión con fines liquidatorios se encuentra vigente y en etapa
de administración temporal.

41. Frente a la prestación del servicio público de alcantarillado en el barrio Cantilito,
la jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos y Contractuales de la Empresa de Servicios
Públicos del Distrito de Santa Marta, a través de oficio 2-2021-03830 de 29 de
septiembre de 2021, señaló lo siguiente:

“[…] La ESSMAR, dentro de sus responsabilidades en la operación de los servicios
de acueducto y alcantarillado, no tiene la responsabilidad al día de hoy de operar
el sistema de alcantarillado de aguas lluvias, siendo este responsabilidad de la
Secretaría de Infraestructura.

Ahora bien respecto de los desbordamientos del rio que pasa por el barrio Cantilito,
cabe indicar que no es de nuestra competencia pronunciarse sobre tal situación, toda
vez que solo nos compete lo atinente a la prestación del servicio de Acueducto y
Alcantarillado. No obstante a lo anterior, se le indica que con ocasión a las
precipitaciones presentadas en los últimos días la bomba instalada en la estación
sufrió ciertas afectaciones lo que ocasionó reboses de los manholes.

II. Hacer mantenimiento al sistema de alcantarillado del barrio ya que el problema de
aguas negras es de mucho tiempo y no han solucionado: En cuanto a dicha solicitud
se tiene que, se ejecutaron labores de mantenimiento y repotencialización de la
EBAR Cantilito, logrando controlar los vertimientos que se presentaban
anteriormente sobre la calle canal y sobre el último manhole que se encuentra
ubicado al inicio de la calle canal; con lo anterior se logró que se controlara en
los últimos quince días la situación que allí aconteció, por lo que no se han
presentado nuevos reboses o vertimientos de aguas residuales, tal como se
logra evidenciar en las imágenes adjuntas: […]

III.Colocar las tapas de los manjoles que no tienen ya que son trampas que pueden
causar graves lesiones y hasta la muerte a quienes caigan en ellas: Se debe precisar
que ESSMAR E.S.P, se encuentra adelantando programas de mantenimiento para la
prevención de este tipo de situaciones, de igual manera, se ejecuta (sic) acciones
inmediatas encaminadas a la solución de los inconvenientes puntuales que se
presentan en la ciudad, pese a los obstáculos encontrados al interior de algunas
comunidades que hacen mal uso de la red de alcantarillado sanitario.

Así las cosas (sic) área de Alcantarillado de la Empresa de Servicios Públicos del
Distrito de Santa Marta -Essmar E.S.P, con el inicio de las precipitaciones en la ciudad
activa un plan de acción para que a través de una labor priorizada, da atención
oportunamente las situaciones que se puedan presentar con el sistema de
alcantarillado sanitario.

Debido que dentro de los diferentes sectores de la ciudad se da un mal uso de los
manholes, como el caso de abrir las tapas de los manholes para echar cualquier tipo
de desechos, lo que hace que todos los residuos sólidos se vayan a la alcantarilla,
generando que lo arrojado se devuelve más adelante. Por lo que se invita a la
ciudadanía a dar un buen uso al sistema de alcantarillado, en el sentido de no abrir
las tapas de los manholes porque esto lo que hace es colapsarlo. Teniendo en cuenta

19
De acuerdo con el artículo 177 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012, las resoluciones, circulares y conceptos de las
autoridades administrativas que se encuentren publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente no deberán
ser presentadas al proceso.

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lo anterior, se han realizado mantenimientos preventivos para mejorar y garantizar
servicio de alcantarillado en puntos críticos de la ciudad.

Ahora bien, en el caso concreto, su queja se direccionó al área de Alcantarillado, los
cuales indicaron que realizarán visita a campo para determinar cuales son las tapas
de los manholes que debe ser reemplazadas y/o instaladas por estar ausentes […]”.
(Negrilla fuera del texto).

42. En la audiencia de pruebas celebrada el 20 de febrero de 2024 el testigo Marco
Aurelio Toledo, director de alcantarillado de la empresa prestadora, afirmó lo
siguiente:

“[…] Testigo: [...] voy a hacer una reseña cómo es el sistema de del alcantarillado en
Cantilito. El sistema de alcantarillado de Cantilito depende de un EBAR a la cual está
conectado los barrios Timayui, Garagoa, partes A de los Alpes B, una parte de los
Alpes A, Timayui dos. Adicional, Cantilito también recibe unos aportes de aguas
residuales por falla en el servicio del barrio Once de Noviembre, que también carga
el EBAR.

Bueno, en su normal operación, la EBAR Cantilito trabaja sin ninguna novedad, pero
la EBAR tiene un problema radical a la cual hemos detectado que tiene unos
problemas de acumulación de sólido y se han planteado unas estrategias de hacer
una cámara para desalojarlos, pero no podemos porque la EBAR está invadida por
unos talleres, por un lavadero, a la cual nosotros hemos dialogado, pero no se ha
podido desalojar esa gente, porque nosotros necesitamos hacer unas cámaras de
gas para hacer un buen mantenimiento del EBAR.

Adicional también, ahora con las lluvias hay una calle canal que atraviesa el
barrio y cada vez que vienen esos afluentes de agua lluvia colapsa el sistema
de alcantarillado de Cantilito, porque Cantilito solamente el sistema pluvial que
tiene es la calle Canal, no tiene más. Entre todos los afluentes llegan a la calle
Canal y esa agua ingresan de manera rara al sistema de alcantarillado. Toda esa
situación obliga a que el sistema colapse. Y adicional, el sistema que operamos
nosotros es netamente sanitario doméstico, no es un sistema combinado que
reciba agua lluvia, entonces eso hace que colapse. Adicional también, la
problemática que tenemos en el Once de Noviembre, que si bien es sabido el
barrio Once de Noviembre se le da al sistema de alcantarillado inicial que tiene,
se le han conectado otros barrios como Nueva Colombia, que han afectado su
servicio, entonces, Once de Noviembre tiene un descargue que hizo la misma
comunidad que pasa por el canal que viene del Once a Cantilito, y esa agua
ingresa al sistema de alcantarillado de Cantilito y también lo colapsa. Como esto
es no es algo nuevo, algo que se va trabajando, se propusieron dos acciones,
las cuales una se está ejecutando, que es la ampliación del alcantarillado del
barrio Once de Noviembre, que se está construyendo un nuevo colector que lo
está realizando Aguas de Magdalena a través de la gobernación.

Nosotros, como Essmar, estamos haciendo una supervisión [...] hacemos la
supervisión de la obra más no del contrato, para que las obras queden bien hechas.
Ellos llevan un avance del setenta por ciento. Por otro lado, nosotros necesitamos
hacer unas obras de mejoras en la EBAR, pero no hemos podido por la situación que
les comenté que la EBAR está invadida. O sea, la EBAR, [..] si se puede hacer una
visita, podemos ver que la EBAR tiene un taller, cobran carros, no nos dejan el acceso,
cuando hacemos los desarenados es muy complicado, los operarios tienen temor de
orden público, porque a veces todo cae en la noche y es peligroso en la zona.
Entonces, esa es la limitante que hemos tenido para mejorar el servicio. Sin embargo,
nosotros nos hemos enfocado en los mantenimientos preventivos y correctivos.

11

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[…]

Testigo: […] Adicional, le estaba comentando de la obra de aguas del Magdalena.
¿Por qué? Porque cuando la EBAR Cantilito bombea al Once de Noviembre y como
ese colector se va a cambiar, esa descarga va a ser más eficiente y eso va a ayudar
también a la EBAR Cantilito.

Adicional, el otro problema que le comenté, que el sistema de Cantilito no tiene un
sistema eficiente de aguas lluvias. Y el sistema de Cantilito cuando caen eventos de
lluvias, eventos torrenciales, afecta el sistema de alcantarillado y lo colapsa.
Entonces, nos toca hacer mantenimiento nuevamente, desarenados, sacado de
arena, sacado de todo ese material que ingresa cada vez que llueve. O sea, son tres
condiciones, primero, que es la mejora del sistema de alcantarillado de Once de
Noviembre que ya está en ejecución. Segundo, las actividades de mejora que vamos
a hacer en la EBAR Cantilito. Y, tercero, que se debe también implementar un sistema
de aguas lluvias para que esas aguas lluvias no ingresen al sistema de alcantarillado.
Y, cuarto, aclaro, la EBAR solamente opera el sistema de alcantarillado sanitario tipo
doméstico por la licencia ambiental que tenemos, no podemos recibir otras aguas
residuales.

Y, adicional, como es una estación electromecánica, está expuesta a fallos de
energía, a fallos mecánicos, como cualquier carro, que toca atenderlos
inmediatamente. Sin embargo, tenemos medidas de contingencia, tenemos una
planta eléctrica cada vez que se va la energía, la planta eléctrica prende. Pero a
veces, ¿y por qué me enfoco en los invasores? Porque ellos hacen trabajos de
electromecánica, hacen trabajos eléctricos que a veces esos trabajos eléctricos
hacen indiferencia con los componentes electromecánicos la EBAR y nos falla el
sistema.

[…]

Apoderado demandante: Señor magistrado, yo creo que voy a hacer una sola
pregunta para ser breve. Manifieste, el señor declarante, si tiene precisión o identifica
exactamente si la situación de aguas servidas es por el problema que acaba de
mencionar, ¿se presenta a diario o simplemente ocurre cuando hay afectaciones al
sistema o por alguna otra actividad de los moradores que usted menciona no permiten
el uso de trabajos en ese sector?

Testigo: Bueno, para responder esa pregunta, doctor, voy a hacer una reseña
cronológica, si me permite. Cuando nosotros entramos a operar Essmar, porque
Essmar operó con Veolia, en 2017, esa situación era veinticuatro horas, ese
vertimiento de agua residual. Desde que nosotros implementamos a través de
las obras de mantenimiento preventivo y optimización de lavar, se ha
controlado ese vertimiento. Si se presenta en ciertas ocasiones cuando
presentan fallas en lavar, es una, la que he mencionado, que se daña una
bomba, hay un problema en el variador o cualquier problema electromecánica.
Segundo, cuando se presentan eventos de lluvia. Y tercero, que también, como
un sistema de alcantarillado, es un sistema que recoge las aguas residuales y
también se presenta mal uso, se presentan taponamientos puntuales que toca
intervenirlo. Pero en condiciones normales no hay rebosamiento, pero cuando
hay afectación en el servicio por una situación puntual, por una falla en la EBAR
o por el evento de lluvia se presenta esta situación, que nosotros la atendemos
en los tiempos estipulados.

[…]

12

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Apoderado demandante: Bueno, me refería a qué tan comunes son la ocurrencia
de esa falla, porque ya sabemos que hay unos moradores que no permiten que se
mantenga el sistema, pero entonces en esa ocasión ya sabemos que no se puede
hacer mantenimiento constante porel problema de los moradores. ¿Qué tan comunes
son esas fallas? Porque definitivamente eso es lo que afecta a la comunidad.

Testigo: Así es, como bueno, me vuelvo a repetir, para ser más preciso, estas fallas,
en sistema normal de operación no hay, pero se presenta cuando hay cuatro
situaciones, las vuelvo a repetir. Primero, cuando hay fallas electromecánicas en
el EBAR. Segundo, cuando se presenta una obstrucción puntual en cualquiera
de las calles del barrio Cantilito, que puede ser en los callejones o una
obstrucción que hay un sucio, cayó basura, cayó un saco, nos toca hacer
mantenimiento y lo sacamos. Y tercero, cuando se presentan los eventos de
lluvias torrenciales, que es de saber que cuando llueve, también se arrastra gran
material que anular al sistema y tapa el sistema de alcantarillado.

Pero en condiciones normales, pongamos que en el barrio alrededor de los treinta
días, en condiciones de verano se puede presentar una o tres veces, en condiciones
de lluvia se puede presentar una situación semanal cuando se presenta elementos
torrenciales […]”. (Negrilla fuera del texto).

43. Posteriormente, en el informe de 12 de febrero de 2025, la empresa prestadora
señaló que para determinar la capacidad de la red de alcantarillado es necesario un
trabajo de campo y administrativo que tendría duración de 2 meses y 20 días.
Además, manifestó que para “[…] poner a punto […]” la EBAR Cantilito se requiere
una inversión importante y, por esa razón, en este momento se encuentra en curso
una solicitud de financiamiento ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios.

44. La empresa de servicios públicos igualmente allegó el informe técnico de 19 de
febrero de 2025 en el cual manifestó que para solucionar la problemática de forma
definitiva es necesario determinar la capacidad de las redes de alcantarillado
sanitario del sector.

45. Adujo que ha adelantado una serie de medidas “[…] mientras se implementa una
solución definitiva […]” dentro de las cuales se encuentra el reemplazo de un tramo
de 1.30 metros de tubería en hierro de 6’’en la línea de impulsión de la Estación de
Bombeo de Agua Residual Cantilito debido a que se encontraba en mal estado y
presentaba fugas como se evidencia en estas imágenes:

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46. El mismo documento indicó que la empresa desarenó la EBAR con apoyo de
equipos de succión presión y cuadrillas manuales, y realizó limpieza y desinfección
de las calles afectadas. Adicionalmente, explicó que la medida necesaria para
solucionar los rebosamientos en el canal es la ampliación de la capacidad en
potencia de la bomba pasando de 20 hp a 75 hp y del caudal de salida del sistema
de bombeo de 30 l/s a 50 l/sm para reducir los niveles dinámicos de almacenamiento
de agua residual contenidos en el colector de la EBAR.

47. La empresa agregó que los problemas de este caso “[…] son consecuencia, en
gran medida, de la obsolescencia de las tuberías, ya que la infraestructura sanitaria
del sector ha superado su vida útil. Con el tiempo, los materiales que componen la
red han sufrido un desgaste progresivo, reduciendo su capacidad de conducción y
propiciando fisuras, obstrucciones y colapsos en el sistema, lo que genera
desbordamientos y filtraciones que afectan la salubridad del entorno […]”.
Finalmente, explicó que:

“[…] Adicionalmente, la infraestructura de alcantarillado en Cantilito fue diseñada para
atender una población significativamente menor a la actual. El crecimiento
demográfico y urbanístico del sector ha sobrepasado la capacidad hidráulica del
sistema, ocasionando rebosamientos constantes en las calles y afectaciones en la
prestación del servicio. Este desajuste entre la demanda y la capacidad de la red ha
intensificado las deficiencias operativas, dificultando la evacuación eficiente de las
aguas residuales generadas en la zona.

Desde su construcción, las redes de alcantarillado sanitario en Cantilito presentan
diámetros que oscilan entre 8 y 12 pulgadas, diseñadas exclusivamente para la
recolección y transporte de aguas residuales domésticas hacia la Estación de
Bombeo de Aguas Residuales EBAR Cantilito. Sin embargo, es importante destacar
que este sistema no está dimensionado para recibir caudales de aguas lluvias. La
infiltración de estas aguas en la red sanitaria compromete su eficiencia y sobrecarga
la infraestructura, afectando el adecuado funcionamiento de la planta de tratamiento.
Adicionalmente, el sector no cuenta con un sistema de drenaje pluvial independiente,
lo que agrava la situación durante la temporada de lluvias.

Aunado a lo anterior, existen otros agravantes que incrementan las incidencias
técnicas en el sector; tales como, la identificación de descargas de aguas residuales
generadas en el barrio 11 de noviembre, las cuales ingresan de manera irregular a la
red de Cantilito a través de una conexión fraudulenta realizada por la comunidad
sobre el canal de aguas lluvias. Esta interconexión no autorizada ha generado una
sobrecarga en el sistema de alcantarillado de Cantilito, comprometiendo su
operatividad y originando colapsos constantes debido a la insuficiente capacidad
hidráulica para manejar estos caudales adicionales. Otra situación que agrava el
problema presentado, es el incremento en el caudal de aguas residuales que llega a

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la EBAR Timayui, aumento que se generó, luego de las ampliaciones de las redes
húmedas realizadas en el sector de Timayui 2 y 3; situación que afecta directamente
la operatividad de la EBAR Cantilito, generando sobrecargas en el sistema y
reduciendo su eficiencia en horas pico. […]”.

48. El mencionado informe señala que el 6 y 18 de febrero de 2025 se realizaron
visitas de inspección en donde encontraron que no se habían presentado
novedades. Pero precisa que se encuentra en curso la solicitud de apoyo financiero
para la implementación de mejoras en la EBAR y aún no se ha solucionado la
conexión no autorizada del barrio Once de Noviembre, ni se ha determinado la
capacidad de las redes.

49. Esto significa que la empresa prestadora ha adelantado actividades en aras de
mejorar la prestación del servicio público de alcantarillado en el barrio Cantilito. Sin
embargo, en el proceso no se demostró la superación de la vulneración de los
derechos e intereses colectivos amparados por cuanto aún no se ha determinado la
suficiencia de las redes en época de lluvias, no se ha establecido la incidencia de la
combinación de aguas residuales domésticas y pluviales, ni se han resuelto todos
los inconvenientes que dieron lugar a la presente acción popular.

50. El servicio de alcantarillado en el barrio Cantilito presenta múltiples
inconvenientes que afectan los estándares de calidad en su prestación. Uno de los
más importantes consiste en que la red que depende de la Estación de Bombeo de
Aguas Residuales (EBAR) Cantilito no solo recibe las descargas de ese barrio sino
también de sectores cercanos como Timayui, Garagoa, Los Alpes y Once de
Noviembre. Ello aumenta la carga que soporta la infraestructura e incrementa la
posibilidad de colapso, especialmente por el estado deficiente de las redes.

51. La ausencia de un sistema eficiente y separado para el manejo de aguas lluvias,
junto con la ocupación ilegal del sector, dificultan el mantenimiento adecuado. La
única vía de drenaje pluvial, la calle canal, se ve sobrecargada durante las lluvias
torrenciales, provocando que el agua lluvia ingrese al sistema sanitario y ocasione
rebosamientos y colapsos.

52. Tambiénse demostró la existencia de conexiones erradas que agravan la
situación. Dichas conexiones han aumentado el caudal transportado,
sobrecargando la EBAR y reduciendo su eficiencia.

53. En este contexto fáctico, se advierte que, según lo dispuesto en el numeral 46
del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077 de 26 de mayo de 201520, el concepto de
servicio público domiciliario de alcantarillado abarca “[…] la recolección municipal
de residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por medio de tuberías y
conductos. Forman parte de este servicio las actividades complementarias de
transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos […]”. (Negrilla fuera del
texto).

20
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.

15

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54. Con fundamento en ese precepto normativo, esta Sección en las sentencias de
26 de julio de 201821 y 19 de junio de 202022, entre otras, explicó que el adecuado
funcionamiento del sistema de alcantarillado pluvial hace parte del servicio de
alcantarillado y, por ello, el numeral 8 del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077, define
la red secundaria o red local de alcantarillado como el “[…] conjunto de tuberías,
accesorios, estructura y equipos que conforman el sistema de evacuación y
transporte de las aguas lluvias, residuales o combinadas de una comunidad y al
cual descargan las acometidas de alcantarillado de los inmuebles y llega hasta la
red matriz o primara de alcantarillado […]”. (Negrilla fuera del texto).

55. Los artículos 28 de la Ley 142 de 11 de julio de 199423 y 2.3.1.3.2.4.19 del
Decreto 1077, precisan que el mantenimiento y reparación de las redes locales de
alcantarillado se encuentra a cargo de la entidad prestadora de servicios públicos,
para el caso, la empresa ESSMAR E.S.P. Además, a las empresas les asiste el
deber de corregir las conexiones erradas de alcantarillado definidas en el numeral
17 del artículo 2.3.1.1.1 del Decreto 1077, como “[…] Todo empalme de una
acometida de aguas residuales sobre la red de alcantarillado pluvial o todo empalme
de una acometida de aguas lluvias sobre la red de alcantarillado sanitario. […]”.

56. De acuerdo con la normativa vigente, la ESSMAR E.S.P. tiene la responsabilidad
de mantener y reparar las redes de alcantarillado local. Este deber incluye el
adecuado funcionamiento de las tuberías y conductos por donde se recolectan los
residuos líquidos y aguas lluvias en el municipio, así como la corrección de las
conexiones erradas.

57. Para la Sala el hecho de que el municipio tenga responsabilidades conjuntas en
el mejoramiento de la infraestructura de alcantarillado pluvial no exime a la empresa
de sus responsabilidades en la materia, máxime cuando las redes se encuentran
obsoletas, aún no conoce su capacidad real de funcionamiento, la infraestructura
presenta conexiones erradas y todavía no adelanta medidas para solucionar la
problemática.

58. Por lo tanto, al no acreditarse el cese real y verificable de la vulneración de los
derechos colectivos amparados, el cargo no prospera.

59. En este caso, la solución definitiva depende de diagnósticos pendientes sobre la
capacidad hidráulica de la red y de inversiones aún no ejecutadas, lo que impide
afirmar que la situación que motivó la acción popular haya desaparecido. Además,
persisten causas estructurales que siguen generando fallas del servicio y
rebosamientos, especialmente en temporada de lluvias por lo que las órdenes de
amparo resultan idóneas.

21
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 68001-33-31-009-2014-
00699-01 (AP).
22
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación núm. 50001-23-33-000-2012-00167-
01(AP).
23
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. […]”.

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60. Finalmente, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Magdalena
mediante auto de 28 de junio de 202324 rechazó la demanda respecto de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), y que en el acervo
probatorio no se demostró la superación de las causales 59.1 y 59.7 del artículo 59
de la Ley 142 de 1994 que motivaron la toma de posesión de la empresa
demandada.

61. Por lo tanto, conforme al último inciso del artículo 34 de la Ley 472, se modificará
el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia para comunicar la presente
decisión a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, entidad que, en
el marco de sus competencias25 legales y reglamentarias, deberá colaborar en
orden a lograr el cumplimiento del fallo.

V.3.2. Las cargas probatorias en el caso concreto

62. La empresa apelante alegó que el Tribunal Administrativo del Magdalena debió
ejercer sus facultades probatorias de oficio, practicar una inspección judicial y
recaudar los testimonios de los habitantes de la zona, en vez de conceder el amparo
de los derechos colectivos.

63. A efectos de resolver el reparo, se debe mencionar que, según lo dispuesto en
el artículo 30 de la Ley 472, el demandante en las acciones populares tiene el deber
de aportar las pruebas que demuestren la amenaza o vulneración de los derechos
colectivos invocados en el libelo petitorio. Sin embargo, la misma norma reconoció
que “[…] si por razones de orden económico o técnico, dicha carga no pudiere ser
cumplida, el juez impartirá las órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener
los elementos probatorios indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando
dichos experticios probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema
materia de debate y con cargo a ella […]” 26.

24
Cfr. Índice 11 del expediente digital de primera instancia. Las razones que funamentaron esa decisión son del siguiente
tenor: “[…] Ahora, contrario a la manifestado por la entidad demandante en escrito de subsanación, si bien al momento de
presentar la mentada reclamación administrativa, la empresa ESSMAR S.A. E.S.P. se encontraba intervenida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ello no implica per se que se hubiere agotada el requisito de
procedibilidad respecto de esta última entidad; lo anterior, toda vez que la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios es una entidad descentralizada con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial diferente al
ESSMAR.
Esto es, si bien, de conformidad con el numeral 10 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, para garantizar el ejercicio de sus
funciones, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puede intervenir las actividades desarrolladas por las
empresas de servicios públicos domiciliarios cuando estas ponen en peligro la continua y eficiente prestación de los mismos.
Sin embargo, pese a la existencia de la intervención sobre una empresa, esta no se convierte en una dependencia de la
Superintendencia, ni nace una relación jurídico-jerárquica entre una y la otra, pues cada una continuará detentando su
personalidad jurídica independiente. Igualmente, el agente especial o liquidador, que se designe dependiendo del tipo de
intervención, no se reputa, para ningún efecto, como ya se mencionó, empleado o contratista de la Superintendencia.
Colofón de lo anterior, deviene de forma diáfana la inferencia de que en el presente asunto deberá rechazarse la demanda
respecto de las entidades demandadas SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, y DISTRITO
DE SANTA MARTA - SECRETARÍA DE SALUD – DADSA, por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad. […]”
25
En especial los artículos 81 (numeral 81.7.) y 121 de la Ley 142 de 1994, 25 del Decreto 1369 de 18 de octubre de 2020
“[…] Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios […]”, y 291 y 295 del
Decreto 663 de 2 de abril de 1993 “[…] Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se
modifica su titulación y numeración […]”.
26
La Corte Constitucional en la sentencia C-215 de 1999 puntualizó que “[…] resulta admisible, lógico y necesario que la
demostración de los perjuicios sufridos por una persona en uno de sus derechos e intereses colectivos, le corresponda al
afectado […]”. Pero agregó que ello no inhibe al juez del deber de emplear su facultad probatoria de oficio cuando, por razones
económicas o técnicas, el demandante no pueda aportar ciertas pruebas que resultan indispensables para adoptar un fallo
de mérito.

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64. Del anterior precepto se desprende que el juez popular, por iniciativa propia y sin
que lo soliciten las partes, puede decretar pruebas de oficio y/o modificar la carga
de la prueba, siempre y cuando se acrediten dos circunstancias. La primera es que
exista una duda probatoria que impida adoptar una decisión de fondo. La segunda
es que el demandante no haya aportado la prueba pertinente por razones
económicas o técnicas.

65. Esta facultad se soporta en el principio de la verdad material, conforme al cual la
autoridad judicial busca la realidad fáctica, más allá de lo que aleguen las partes.

66. Esa intervención judicial debe considerar la naturaleza del derecho colectivo, la
posición de las partes, la disponibilidad de la prueba y el interés general, con miras
a garantizar un ejercicio imparcial de la administración de justicia27. Por ello, la
jurisprudencia de la Corporación28 ha sostenido que el juez establece en cada caso
cuál de las partes está en mejores condiciones de probar los hechos alegados.

67. En el caso concreto, a través de auto de 13 de febrero de 202429 en la primera
instancia se decretaron pruebas al interior del proceso de la referencia, y se denegó
la práctica de la inspección judicial, para en su lugar, decretar un dictamen pericial
a cargo de la empresa, por las siguientes razones:

“[…] DENEGAR la práctica de una inspección judicial “en la calle principal y las calles
secundarias del Barrio Cantilito para revisar la situación del rebosamiento de las
aguas residuales”, como quiera que el artículo 236 del Código General del Proceso,
aplicable a la contención por expresa remisión del artículo 306 de la ley 1437 de 2011,
estatuye que salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando
sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros
documentos, o mediante dictamen pericial, o por cualquier otro medio de prueba.
En efecto, considera el Despacho que resulta innecesaria la práctica de inspección
judicial solicitada por la parte accionante como quiera que el suscrito no cuenta con
los conocimientos necesarios en la materia, y por lo tanto se procederá a decretar
como prueba de oficio un dictamen pericial, en los términos que más adelante se
establecerán. […]

❖ DE OFICIO POR EL DESPACHO:
1. REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE
SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P. para que dentro del término improrrogable de
cinco (05) días contados a partir de la notificación del presente proveído, para que
remita con destino al plenario un informe en el cual haga constar los reportes, quejas,

27
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto de 2006, radicación núm. 68001-23-31-000-2000-09610-
01(15772).
28
Ver, entre otras, sentencia de 28 de julio de 2005. Radicación núm.: 68001-23-15-000-1996-01898-01. María Elena Giraldo
Gómez. Este principio fue recogido en el Código General del Proceso, en el artículo 167: “[…] Artículo 167. Carga de la
prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar
las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a
la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su
poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares […]”.
29
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia.

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reclamos y/o peticiones recibidos por dicha empresa por derramamiento de las aguas
residuales en el sector Cantilito. Para tal efecto, deberá remitir copia de dichos
reportes y el procedimiento que eventualmente hubiere adelantado la entidad para
dar solución a la problemática.
2. REQUERIR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE
SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P. para que dentro del término improrrogable de
cinco (05) días contados a partir de la notificación del presente proveído, para que
remita con destino al plenario un informe en el cual explique de manera detallada el
funcionamiento del sistema de alcantarillado del sector Cantilito en esta ciudad,
indicando la capacidad actual y la cobertura del mismo. […]”. (Negrilla del texto).

68. Una vez recaudadas las pruebas, mediante auto de 14 de marzo de 202430 se
dispuso: “[…] CORRER traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público, del
material probatorio recaudado al interior del proceso, por el término de tres (03) días
que empezarán a correr una vez surtida la notificación por estado electrónico de
esta providencia […]”.

69. Como puede apreciarse el a quo invirtió la carga de la prueba para que la
empresa demostrara técnicamente el estado de la infraestructura de saneamiento
cuestionada; decisión que, además de resultar acertada, se encuentra en firme.

70. En este orden de ideas, la Sala comparte el criterio del tribunal de primera
instancia conforme al cual las pruebas documentales incorporadas al proceso y las
recaudadas en la audiencia celebrada el 21 de febrero de 202431 eran suficientes e
idóneas para resolver el caso. Aunado a ello, se recuerda que, según el criterio
jurisprudencial vigente de esta Sección, el recurso de apelación contra la sentencia
no es la oportunidad prevista por el legislador para revivir términos precluidos o
proponer irregularidades procesales extemporáneas32.

71. Por ello, no es cierto que el a quo debía ejercer facultades probatorias adicionales
con el propósito de resolver el caso.

V.3.3. La conformación del comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia

72. El artículo 34 de la Ley 472 establece que el juez podrá conformar un comité
para la verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán además
del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés
colectivo, el Ministerio Público y una organización no gubernamental con
actividades en el objeto del fallo.

73. Esta Sección ha sostenido que “[…] es el Magistrado que adelantó la
sustanciación y proyección de la decisión en la anotada instancia como Ponente de

30
Cfr. Índice 44 del expediente digital de primera instancia.
31
Cfr. Índice 42 del expediente digital de primera instancia.
32
Consejo de Estado, sentencia de 15 de septiembre de 2016, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés,
sentencia de 15 de septiembre de 2016.

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Radicación núm. 47001-23-33-000-2023-00040-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Magdalena

la misma […] quien debía [o debe] presidirlo […]”33; función que no puede ser
delegada o atribuida a las partes, intervinientes o al Ministerio Público34.

74. Por lo tanto, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia
de primera instancia a efectos de integrar el comité de verificación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472 y la jurisprudencia de esta
Corporación.

75. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27 en
la providencia de 6 de agosto de 201935, no se condenará en costas en esta
instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 9 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia,
los cuales quedarán así:

“[…] TERCERO: En consecuencia, de lo anterior, se impondrán las siguientes
medidas:

3.1. Definitivas:

ORDENAR a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA
MARTA (ESSMAR E.S.P.), realizar las gestiones administrativas, presupuestales, de
contratación y de ejecución que sean necesarias para optimizar de manera definitiva
la operación de las redes de alcantarillado y de la Estación de Bombeo de Agua
Residual denominada EBAR Cantilito, si se requiere ampliarla o construir una nueva,
con el fin de evitar el desbordamiento de aguas residuales y, en general, en aras de
garantizar la adecuada prestación del servicio de alcantarillado. Para tal efecto, se
disponen los siguientes plazos:

1. Gestión administrativa, presupuestal, estudios técnicos y demás actuaciones
necesarias para cumplir con la orden emanada: seis (06) meses contados a partir de
la ejecutoria de la presente sentencia.

2. Proceso de contratación de las obras: seis (06) meses contados desde el
vencimiento del plazo anterior.

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 28 de junio de 2019. Consejero
Ponente, doctor Hernando Sánchez Sánchez. NUR: 520012333000-2018-00361-01(AP).
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 30 de mayo de 2024. Consejero
Ponente, doctor Oswaldo Giraldo López. NUR: 6300123330002020-00407-01 (AP).
35
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019. Radicación núm.: 15001-33-33-007-2017-00036-01. C.P. Rocío Araújo Oñate.

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Radicación núm. 47001-23-33-000-2023-00040-01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Magdalena

3. Ejecución del contrato y puesta en funcionamiento: dieciocho (18) meses contados
a partir del vencimiento del término anterior.

3.2. COMUNICAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la
presente decisión, para que, en el marco de sus competencias legales y
reglamentarias y mientras persista la toma de posesión, colabore en orden a obtener
el cumplimiento del fallo.

CUARTO: CONFORMAR el comité de verificación del cumplimiento de la presente
sentencia, el cual estará integrado por el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo del Magdalena, quien lo presidirá; por el actor popular; por el delegado
de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta ESP y por el agente
del Ministerio Público […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 9 de octubre de 2024.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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