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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 50001-23-33-000-2019-00125-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2019-00125-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 50001-23-33-000-2019-00125-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de mayo de 2025 y, en su lugar, AMPARAR los derechos colectivos al goce del ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad pública y a la realización de construcciones y desarrollos urbanos. En consecuencia, se dispone: a) ORDENAR a la sociedad ORF S.A. estructurar un plan para materializar el cese escalonado de su operación y el desmantelamiento y reubicación de la planta, que deberá incluir un cronograma de actividades encaminadas a culminar su proceso de traslado en el término improrrogable de un (1) año. Para la elaboración de este plan se concederá un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, al término del cual deberá ser presentado ante el MUNICIPIO y CORMACARENA. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 62 Número único de radicación: 50001-23-33-000-2019-00125-01 Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DENOMINADA COMPROMETIDOS CON LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE - REPRESENTANTE LEGAL MARTHA ISABEL BONILLA b) ORDENAR al MUNICIPIO y a CORMACARENA que, de forma conjunta y en el marco de sus competencias en materia de ordenamiento territorial y gestión y salvaguarda ambiental, respectivamente, durante la ejecución del plan estructurado para el cese de operaciones y traslado de la planta de ORF que no debe exceder de un (1) año, realicen un seguimiento periódico y riguroso de las actividades allí consignadas, así como de los impactos ambientales derivados de su operación que se extienden al entorno donde opera actualmente la planta. c) ORDENAR a CORMACARENA: i) realizar las gestiones que resulten pertinentes para que las autorizaciones concedidas para el aprovechamiento de recursos naturales en el funcionamiento de la empresa no excedan el término fijado para su traslado, habida cuenta que el plazo otorgado para ello en el Acuerdo 287 de 2015 se encuentra ampliamente superado; y ii) iniciar las gestiones de orden sancionatorio a que haya lugar ante las infracciones ambientales advertidas, como será dispuesto en la parte resolutiva de esta decisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 50001-23-33-000-2019-00125-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzón

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 50001-23-33-000-2019-00125-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DENOMINADA
COMPROMETIDOS CON LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE -
REPRESENTANTE LEGAL MARTHA ISABEL BONILLA

TESIS: SÍ SE PROBÓ LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS
COLECTIVOS Y, POR LO TANTO, SE REVOCA EL FALLO DE PRIMERA
INSTANCIA PARA EN SU LUGAR ACCEDER AL AMPARO
CONSTITUCIONAL DEPRECADO.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADO: AL GOCE
DE UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DEL EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y A LA SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte

actora contra la sentencia de 15 de mayo de 2025, proferida por el

Tribunal Administrativo del Meta1.

I.- ANTECEDENTES

I.1- La demanda

1 En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 50001-23-33-000-2019-00125-01
Actora: VEEDURÍA CIUDADANA DENOMINADA COMPROMETIDOS CON LA VIDA
Y EL MEDIO AMBIENTE - REPRESENTANTE LEGAL MARTHA ISABEL BONILLA

La VEEDURÍA CIUDADANA DENOMINADA COMPROMETIDOS

CON LA VIDA Y EL MEDIO AMBIENTE, a través de su

representante legal MARTHA ISABEL BONILLA, en ejercicio de la

acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política,

desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, instauró

demanda contra el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO3, la

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA

DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA4 y la ORGANIZACIÓN

ROA FLOR HUILA S.A.5 tendiente a la protección de los derechos

colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio

ecológico y a la seguridad y salubridad públicas.

I.2. Hechos

Indicó que en la comuna 8 del MUNICIPIO funciona la empresa

ORF S.A. quien, en el desarrollo de su actividad de producción de

arroz genera material particulado, exceso de ruido y vertimientos de

aguas residuales al caño Siete Vueltas.

2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación

con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones»
3 En adelante el MUNICIPIO.
4 En adelante CORMACARENA.
5 En adelante ORF S.A.

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Explicó que ORF S.A., anteriormente, para el proceso del

tratamiento de la cascarilla de arroz empleaba un método de secado

e incineración, el cual fue reemplazado por el depósito de la cascarilla

en bolsas de llenado manual a la salida de unos súper ciclones, que

fueron implementados como medida de mitigación de la afectación

ambiental.

Argumentó que, no obstante lo anterior, el proceso empleado

actualmente es más gravoso para la comunidad porque: i) expulsa

polvo, hollín y ceniza al ambiente que al mezclarse con el agua

generan lixiviados que son vertidos al suelo y luego al caño; ii)

produce contaminación atmosférica mayor a la generada por el

anterior proceso, en el que pasó de producir 300 toneladas al día en

el año 2016, a 1800 toneladas diarias en el 2017 con el nuevo

proceso; y iii) la cascarilla de arroz es utilizada para el

abastecimiento de combustible de los hornos para el secado, por lo

que la quema expulsa hollín y residuos de cascarilla que, a su vez,

generan carbono y material particulado altamente contaminante que

causa enfermedades respiratorias y cutáneas.

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Afirmó que la empresa no cuenta con alcantarillado idóneo para su

funcionamiento, sino que usa un pozo séptico que luego de llenarse

escurre sus aguas hacia el caño, en razón a la inclinación del terreno

y los canales naturales que se forman cuando llueve.

Refirió que la contaminación es sistemática y viene presentándose

desde hace más de diez (10) años, pese a que se han realizado

múltiples solicitudes a las accionadas para que adopten medidas

preventivas para mitigar el riesgo generado por el funcionamiento

de la empresa.

Precisó que, para obtener los respectivos permisos ambientales, la

empresa ha allegado estudios técnicos realizados en meses de

menor producción, razón por la que no se detecta una contaminación

superior a la permitida, y aunque tal hecho ha sido puesto de

presente ante las entidades competentes, han omitido realizar los

estudios en épocas de alta producción.

Destacó que el MUNICIPIO expidió un nuevo Plan de Ordenamiento

Territorial-POT en el que, por la modificación de los usos del suelo,

la empresa accionada debe ser reubicada a más tardar el 28 de

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diciembre de 2019, con la posibilidad de prorrogar el plazo por cinco

(5) años más.

I.3. Pretensiones

La parte actora solicitó:

«[…] PRIMERA: Condenar al Municipio de Villavicencio (Meta) por
violar los derechos e intereses colectivos: A UN AMBIENTE SANO,
EQUILIBRIO ECOLÓGICO, SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS
[...].

SEGUNDA: Declarar que por causa de la OMISIÓN ADMINISTRATIVA
de las entidades territoriales aquí demandadas, por no garantizar los
derechos colectivos ya mencionados, puesto que no se han llevado a
cabo las labores necesarias, para mitigar el impacto ambiental que
está generando la citada empresa.

TERCERO: Ordenar a la Alcaldía Municipal de Villavicencio (Meta) y
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo
Especial la Macarena “CORMACARENA”, adelantar inmediatamente
todas las diligencias administrativas, jurídicas, financieras y
operativas que sean necesarias, para expulsar de la comuna 8, a la
ORGANIZACIÓN ROA – FLORHUILA y suspender de manera
inmediata el funcionamiento de dicha empresa.

CUARTO: Ordenar todo lo que el Honorable Juez considere
pertinente para garantizar la protección de los derechos e intereses
colectivos vulnerados.

QUINTO: Condenar al accionado MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
[...], la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA “CORMACARENA” [...] y
la ORGANIZACIÓN ROA FLORHUILA [...] el pago de todos los gastos
y costas y agencias en derecho que ocasione la presente Acción
Popular [...]».

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I.4. Defensa

I.4.1. CORMACARENA adujo que no es responsable fáctica ni

jurídicamente de la vulneración de los derechos invocados en la

demanda, habida cuenta que ha expedido los permisos ambientales

una vez la empresa ha acreditado el cumplimiento de los requisitos

exigidos en el Decreto 1076 de 2015 y demás normas que rigen tales

asuntos.

Sostuvo que el concepto de suelo de ORF S.A., ubicada en el

kilómetro 3 vía Villavicencio – Acacías, es un asunto del ente

territorial; sin embargo, de la revisión de dicho documento concluye

que la actividad desarrollada por la citada empresa es compatible

con el uso del suelo del lugar donde opera, inclusive con el nuevo

POT.

Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones que

denominó “inexistencia de vulneración de los derechos colectivos” y

la “innominada”.

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I.4.2. El MUNICIPIO manifestó que desde que tuvo conocimiento

de la contaminación generada por ORF S.A., a través de la

Secretaría de Medio Ambiente, ha realizado la gestión administrativa

para proteger los derechos de la comunidad; no obstante, es

CORMACARENA quien tiene a su cargo expedir las licencias y

permisos para el funcionamiento de la empresa.

Afirmó que no ha puesto en peligro los intereses colectivos de la

comunidad, contrario a ello, está demostrado que ha protegido a la

comunidad al expedir en el año 2015 el POT en el cual se dio un

nuevo uso del suelo a la zona en la que actualmente ORF S.A.

desarrolla su actividad, al punto que está obligada a reubicar sus

instalaciones a más tardar el 28 de diciembre de 2019.

Adujo que la parte actora omitió cumplir la carga probatoria que le

asiste en relación con la vulneración de los derechos colectivos.

Propuso como excepciones:

«HECHO SUPERADO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO». Indicó que, si en gracia de discusión, se probará

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una omisión del ente territorial al permitir el funcionamiento de ORF

S.A., lo cierto es que para ese momento ya había sido expedido el

Decreto 287 de 2015, por el cual se aprobó el nuevo POT, en el que

se obligó a la empresa a relocalizarse según el concepto de uso del

suelo de 28 de noviembre de 2017, por lo que se configura un hecho

superado en lo que le respecta.

«FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR

PASIVA». Aseguró que las pruebas allegadas dan cuenta que ORF

S.A., con su actividad industrial realiza emisión de material

particulado en el proceso productivo del arroz, al tiempo que

CORMACARENA ha expedido los permisos para su funcionamiento,

de manera que no le asiste legitimación para ser vinculado al

proceso.

«INNOMINADAS». Solicitó declarar las excepciones que sean

probadas dentro de la actuación procesal.

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I.4.3. La sociedad ORF S.A. adujo que la actividad realizada en la

planta se ejecuta con altos estándares de calidad en materia

ambiental, conforme se puede evidenciar en los permisos vigentes

expedidos por CORMACARENA.

Sostuvo que cuenta con un sistema de alcantarillado idóneo para su

actividad, sin infracciones ambientales en materia de vertimientos

de líquidos, en tanto que el sistema séptico está autorizado por

CORMACARENA, conforme consta en Resolución núm.

GJ.1.2.6.18.1759 de agosto de 2018, en la que se le otorgó el

permiso de vertimiento de aguas residuales domésticas al suelo.

Afirmó que la producción de ruido y las emisiones atmosféricas

derivadas de la actividad de la planta se encuentran dentro de los

límites permitidos y autorizados en el ordenamiento jurídico, y no

existe evidencia técnica científica que permita respaldar las

afectaciones a la salud humana y, además, destacó que en materia

de ruido no existe un permiso, sino que realiza seguimiento en los

eventos en que los límites permitidos sean superados.

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Expuso que cuando adquirió el inmueble e inició su operación, el

predio estaba ubicado en suelo rural de expansión urbana, el cual,

mediante plan parcial, fue habilitado para uso industrial, por tanto,

la Curaduría Urbana Primera de Villavicencio concedió su licencia

urbanística para ese tipo de uso, junto con la respectiva licencia de

construcción.

Aseguró que en el POT actual, que cambió el uso del suelo, no se

hizo referencia al plazo de reubicación de las industrias instaladas

con anterioridad, solo fue hasta las actas de concertación ambiental

de noviembre de 2015 y la circular interpretativa de septiembre de

2017 que se fijó el plazo de reubicación de 4 años; sin embargo, en

consulta realizada al MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y

TERRITORIO, se estableció que tal reubicación debía llevarse a

cabo en el término de 12 años.

I.5. Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 9 de mayo

de 2023, declarándose fallida por la ausencia de fórmulas de acuerdo

entre las partes.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 15 de mayo de 2025, denegó el amparo

deprecado porque en las inspecciones judiciales practicadas el 22 de

julio de 2022 y el 29 de enero de 2024 se advirtió la inexistencia de

un riesgo o afectación ambiental que superara los límites permisibles

fijados legalmente que ameritara la intervención inmediata o bien a

mediano plazo.

Sostuvo que en las diligencias se evidenció que la planta cuenta con

sistemas de control de emisiones y ruido, opera dentro de los

estándares establecidos y sin contaminar los caños aledaños;

incluso, la misma parte actora reconoció que la empresa había

bajado considerablemente los niveles de contaminación.

Indicó que no fue acreditado que los niveles de ruidos percibidos en

la madrugada provengan de la operación de la planta, más aún

cuando la zona presuntamente afectada colinda con una avenida de

gran circulación de vehículos.

Adujo que si bien se aportaron registros fílmicos y fotográficos de

unas plantas con hollín o polvo, no se evidencia con certeza y

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fidelidad el lugar y la fecha en que se efectuaron, por tanto,

conforme con la jurisprudencia, tales fotografías por sí solas, no

acreditan que la imagen corresponda a los hechos que pretenden

probar, además, estas tampoco prueban un riesgo actual e

inequívoco para los derechos colectivos y su relación causal con la

actividad de ORF S.A.

Refirió que conforme con los informes técnicos, los permisos

administrativos y las actas de las inspecciones, la empresa ORF S.A.

realiza sus actividades dentro de los parámetros ambientales

exigidos y cuenta con las autorizaciones vigentes respecto de las

cuales CORMACARENA ha realizado el control correspondiente.

Destacó, en cuanto al uso del suelo, que el Plan Parcial aprobado por

el MUNICIPIO en el año 2004 habilitó a ORF S.A. para funcionar

en ese sector y, asimismo, para obtener licencia urbanística en

modalidad de saneamiento para el proyecto “Molinos Roa”, por

consiguiente, al haber iniciado operaciones de manera previas a

expedición del nuevo POT, la sociedad tiene permitido continuar su

actividad con el cumplimiento de los requisitos legales y

sometiéndose a monitoreos, evaluaciones y mantenimientos

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constantes, dado que respecto de ella se configura una situación

jurídica consolidada.

Precisó que conforme con el concepto emitido por el Ministerio de

Vivienda acerca del cambio de uso de suelo, los tiempos de

reubicación que deben surtirse es de 12 años, por tanto, el traslado

de la empresa no es exigible actualmente y, de ordenarlo, se estaría

actuando en contravía del principio de legalidad.

Expuso que dentro del plenario no se probaron acciones u omisiones

para atribuir responsabilidad al MUNICIPIO y CORMACARENA, así

como tampoco se acreditaron afectaciones para la salud de los

habitantes de la comuna 8, ni del recurso hídrico.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora alegó que el Tribunal no aplicó las facultades que

le permitían decretar pruebas de oficio para el monitoreo de la

calidad del aire o incluso ordenar al MUNICIPIO o CORMACARENA

que lo realizara, o bien requerir a los accionantes para que allegaran

sus historias clínicas.

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Aseguró que la Resolución 610 de 2010 fue desconocida porque las

emisiones de material particulado emanadas por la empresa ORF

S.A. pueden ser evidenciadas en el aire a simple vista en los

momentos de operación de la planta y, por tanto, el Tribunal debió

decretar pruebas de oficio para superar la incertidumbre probatoria

en cuanto a las concentraciones de PM10 en el área de influencia de

la empresa que, a su juicio, exceden los valores límite permitidos;

además, tampoco realizó un análisis a la clasificación, evaluación y

comparación de las concentraciones de los contaminantes

reportados y evaluados por parte de la empresa.

Destacó que el proceso sancionatorio adelantado por la autoridad

ambiental a la sociedad evidencia que las instalaciones de la planta

ubicada en el km 3 de la vía Villavicencio Acacias no cuentan con una

fuente fija puntual en la que pueda realizarse una medición directa

al ducto de descarga, así como la comparación directa de las

concentraciones obtenidas durante la medición con los valores

establecidos en la Resolución 909 de 2008.

Sostuvo que la vulneración de los derechos deviene asimismo del

acto administrativo por el cual se accedió a la solicitud de revocatoria

directa de la decisión de suspender la actividad de la empresa en

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mención, en el marco del proceso policivo iniciado contra esta,

permitiendo continuar su explotación comercial en contravía de las

normas ambientales y de ordenamiento territorial; sin embargo, el

Tribunal obvió proferir un auto de mejor proveer para que dicho

expediente fuera remitido a esta acción popular con el fin de

demostrar que en el trámite de revocatoria directa, no fueron tenidos

en cuenta los planteamientos de terceros interesados para revocar

la suspensión ordenada.

Aseguró que, contrario a lo considerado por el Tribunal, las

inspecciones judiciales y los informes técnicos dan cuenta de la

existencia de material particulado, emisión de ruidos y vertimientos

de aguas residuales al caño Siete Vueltas, en contravía de lo previsto

por el Ministerio de Ambiente en las Resoluciones 2254 de 2017, 627

de 2006 y 0631 de 2015.

Indicó que de acuerdo con la jurisprudencia, la afectación de la

calidad del aire, la emisión de material particulado y los niveles

excesivos de ruido en zona poblada configuran una vulneración

directa de los derechos colectivos, especialmente al goce de un

ambiente sano, la salubridad pública y la calidad de vida de las

comunidades expuestas, de manera que basta la existencia de un

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amenaza o afectación generalizada a la calidad ambiental para que

proceda la protección judicial.

Citó que la línea jurisprudencial se consolidó en la sentencia del 11

de abril de 2019, donde se reconoció que la contaminación auditiva

generada por establecimientos comerciales en el casco histórico del

municipio de San Juan de Girón vulneraba los derechos colectivos al

ambiente sano y a la tranquilidad ciudadana, al haberse probado que

los niveles de ruido superaban los límites permisibles establecidos

en la normativa ambiental nacional.

Expuso, en tal contexto, que existió una inadecuada valoración de

las pruebas y desconocimiento del principio de precaución, porque

no hubo una valoración integral y armónica del acervo, se ignoró el

contenido técnico de los informes de inspección judicial y las

denuncias persistentes de la comunidad, otorgando prevalencia a los

actos administrativos, en contravía de los artículos 29 y 30 de la Ley

472 de 1998 que prevén un régimen probatorio propio para las

acciones populares.

Afirmó que el POT adoptado mediante Acuerdo Municipal 287 de

2015 modificó el uso del suelo del sector donde opera ORF S.A.,

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fijando un plazo para su reubicación, el cual se encuentra

ampliamente vencido; no obstante, la empresa continúa operando.

A su juicio, el a quo desconoció que el principio de legalidad

urbanística, que obliga a respetar las condiciones del uso del suelo

vigente y que no existen derechos adquiridos frente a normas de

orden público como lo es el ordenamiento territorial, al tiempo que

infringió el artículo 33 de la Ley 9 de 1989 que obliga a la

administración municipal a ejercer control sobre el cumplimiento de

los usos del suelo, hechos que dan cuenta de la vulneración de los

derechos colectivos.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de 3 de octubre

de 2025, y dentro de su ejecutoria la sociedad ORF S.A. allegó

escrito pronunciándose respecto de los argumentos expuestos por la

parte actora, en los siguientes términos:

Adujo que lo expuesto en el recurso corresponde a lo alegado por la

parte actora desde la demanda, de manera que su principal

inconformidad radica en que el juez de primera instancia no decretó

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una prueba técnica de oficio, pese a que el material probatorio

recaudado es suficiente para demostrar que no ha vulnerado los

derechos colectivos invocados.

Sostuvo que la parte actora no acreditó ninguna de las afirmaciones

que le endilga, limitándose a realizar apreciaciones personales sobre

presuntas situaciones en la operación de la empresa que, en su

criterio, conllevan una afectación ambiental, aun cuando ha

cumplido con la normativa aplicable y las disposiciones urbanísticas

vigentes para el momento de su entrada en funcionamiento.

Reiteró los argumentos de defensa invocados en la contestación de

la demanda y los alegatos de conclusión de primera instancia que,

en síntesis, refieren que la planta opera bajo altos estándares de

calidad ambiental y cuenta con permisos expedidos por

CORMACARENA vigentes hasta el 2029, amén de que su actividad

industrial es de mediano impacto y que ha venido cumpliendo con

sus obligaciones ambientales como lo exige el ordenamiento jurídico.

V.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

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El delegado del Ministerio Público ante esta Corporación, dentro de

la oportunidad procesal otorgada en esta instancia, no emitió

concepto.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1.- Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para el amparo de derechos colectivos como los invocados en la

demanda, presuntamente transgredidos por la afectación ambiental

asociada a la actividad industrial desarrollada por la sociedad ORF

S.A. en el municipio de Villavicencio.

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VI.2.- Problemas jurídicos

En atención a lo argumentado en el recurso de alzada, a la Sala le

corresponde determinar si está probada la vulneración de los

derechos colectivos, derivada de la presunta contaminación

ocasionada por la emisión de partículas contaminantes, ruido y

vertimientos en el proceso de producción de arroz por parte de la

sociedad accionada, así como su compatibilidad con el uso del suelo

según el POT vigente.

VI.2.1.- De la vulneración de los derechos colectivos

Para resolver, a continuación, se relacionarán los elementos

probatorios que resultan relevantes a efectos de emitir el

pronunciamiento que corresponde en esta instancia.

-. Mediante Resolución núm. 26.05-164 de 14 de febrero de 2005,

expedida dentro del expediente 5.37.03.009, CORMACARENA

aprobó el Plan de Manejo Ambiental y otorgó permiso de emisiones

atmosféricas por cinco (5) años a la entonces sociedad Molinos Roa

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S.A. para el funcionamiento de la planta sub examine6, el cual fue

prorrogado por un término igual mediante Resolución núm. PM.GJ.

1.2.6.10.05737, de la cual se destaca:

«[...] [M]ediante el auto número PM-Gj.1.2.64.09.2355 de fecha 20
de noviembre de 2009, se inició trámite para la renovación del
permiso de emisiones atmosféricas para la-compañía Molino ROA SA.

Que funcionarios del grupo de aire y urbano de esta Corporación,
realizaron de la documentación allegada por MOLINOS ROA. S.A.

Que con ocasión a la evaluación sé emitió el concepto técnico número
PM-GA.3.44.10.047 de fecha 30 de enero de 2010, el cual determinó
lo siguiente:

CONCLUSIONES.

CALIDAD DE AIRE

Según los resultados del estudio de calidad de aire se
establece que en los tres puntos monitoreados se obtienen los
niveles de concentración diarias de Partículas Suspendidas
Totales (PSI) inferiores según lo establecido en 'la Resolución
601 de 2006 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, por lo tanto, el molino Roa S.A cumple con el rango
permitido [...].

Realizando la revisión del expediente y encontrando de que la
empresa ROA ha realizado todos los monitoreos anuales
solicitados según la Resolución 2.6.05-1.64 del 14 de febrero
de 2005 y realizó el pago y publicación solicitada en el Auto N°PM-
GJ.1.2.64.09.2355 del 20 de Noviembre de -2009; es viable otorgar
la renovación del permiso de emisiones atmosféricas [...]» (Negrillas
fuera del texto original)

6 Fls. 3 a 13, expediente digital del Tribunal,
«006RECIBEMEMORIAL_008SUBSANACIONDDAACT.pdf».
7Fls. 31 a 40, expediente digital del Tribunal
«4_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_00020190012500AN.pdf».

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-. Posteriormente, en Resolución núm. PS-GJ 1.2.6.17.0116 de 1o.

de marzo de 20178, la autoridad ambiental negó la prórroga del

permiso de emisiones atmosféricas solicitada el 9 de abril de 2015

por ORF S.A., argumentando que el Acuerdo 287 de 2015 cambió el

uso del suelo en la zona donde opera la planta.

De las consideraciones de dicha resolución se destaca lo siguiente:

8 Fls. 146 a 155, idem.

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En igual sentido, en Resolución núm. PS-GJ 1.2.3.17.1196 de 4 de

julio de 20179, CORMACARENA negó la concesión de aguas

subterráneas y el permiso de vertimientos de aguas residuales al

suelo.

9 Fls. 67 a 79,
«4_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_00020190012500AN.pdf».

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-. Ahora, en el concepto de uso del suelo núm. 1352-12.03/1402-

2017 de noviembre de 2017 que sirvió de sustento a la negativa de

los permisos se consignó lo siguiente:

-. Frente a dicha negativa la empresa interpuso recursos de

reposición a los cuales CORMACARENA accedió mediante

resoluciones PS-GJ 1.2.6.18.1529 de 27 de julio de 2018 10 y PS-GJ

10 Fls. 156 a 176, ídem.

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1.2.6.18.1759 de 1º de agosto de 201811, para, en su lugar, otorgar

los permisos con vigencia hasta el 28 de diciembre de 2019,

considerando lo establecido en la Circular 010 de 2017 en cuanto al

período de transición de cuatro (4) años para la reubicación de las

industrias incompatibles con el uso del suelo previsto en el Acuerdo

287 de 2015.

En las citadas resoluciones se consignaron una serie de

requerimientos a la empresa relacionados con el monitoreo de la

calidad del aire, los métodos específicos a seguir para la medición de

cada sustancia, la forma cómo debía llevarse a cabo el monitoreo de

la emisión de ruido, el manejo de las aguas residuales domésticas

sometidas a tratamiento y de las aguas captadas para su uso, entre

otros.

-. Durante el seguimiento a tales exigencias, mediante Auto núm.

PS-GJ 1.2.64.19.1797 de 3 de mayo de 201912 se estableció que el

monitoreo de las emisiones atmosféricas para los contaminantes

PM10 y PM2.5, bajo los parámetros y en los tiempos fijados por

CORMACARENA, no sobrepasaban los niveles máximos permitidos;

11 Fls. 177 a 214, ídem.
12 Fls. 215 a 308, ídem.

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sin embargo, en cuanto al monitoreo del ruido ambiental se

concluyó:

Respecto del permiso de concesión de aguas y permiso de

vertimientos se indicó:

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-. En las inspecciones judiciales llevadas a cabo se constató el

proceso de funcionamiento de la planta y su impacto, la

infraestructura que ha sido renovada consistente en la instalación de

super ciclones para mitigar las emisiones de partículas a la atmósfera

y de aspiradoras de polvo en zona de secado, además de verificar

los puntos de vertimientos indicados en la demanda; diligencia en

que la accionante reconoció expresamente que en los tres años

posteriores a la interposición de la demanda la operación había

presentado mejoras.

Asimismo, el Despacho afirmó que en el caño contiguo no se

evidenciaba contaminación, sino que por este circulaban aguas

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lluvias, indicando, además, que en ese sector colindante con el

Colegio Catumare Campestre el ruido estaba bastante controlado.

-. Ahora bien, en informe técnico suscrito por el Grupo Aire y Urbano

de CORMACARENA, allegado el 14 de noviembre de 2023 mediante

Oficio núm. PS-GJ.1.2.23.1304713, en cumplimiento del auto de 3 de

octubre de 2023, por medio del cual se dio apertura a la etapa

probatoria, se relacionaron las gestiones relacionadas con los

permisos y concesiones otorgadas a la empresa ORF S.A. para su

funcionamiento desde el año 2018, documento del cual se destaca:

«[...] Que, mediante radicado de entrada No. 015474 del 01 de
agosto de 2019, el señor Luis Alberto Acosta Gutiérrez, identificado
con cédula de ciudadanía …, en calidad de gerente de la empresa ORF
S.A., identificada con NIT. 891.100.445-6, presenta solicitud para la
renovación del permiso de emisiones atmosféricas otorgado a través
de la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.18.1529 del 27 de julio de 2018.

Que, bajo el radicado de entrada No. 015480 del 01 de agosto de
2019, el señor Luis Alberto Acosta Gutiérrez, identificado con cédula
de ciudadanía …, en calidad de gerente de la empresa ORF S.A.,
identificada con NIT. 891.100.445-6, presenta solicitud para la
renovación del permiso de vertimientos de aguas residuales otorgado
mediante la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.18.1759 del 01 de agosto de
2018.

Que, a través del radicado de entrada No. 015481 del 01 de agosto
de 2019, el señor Luis Alberto Acosta Gutiérrez, identificado con
cédula de ciudadanía …, en calidad de gerente de la empresa ORF
S.A., identificada con NIT. 891.100.445-6, presenta solicitud para la

13 Expediente digital del Tribunal: «[...]
068_MEMORIALALDESPACHO_APODCORMACARENA.pdf».

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prórroga de la concesión de aguas subterráneas otorgada mediante
la Resolución N° PS-GJ 1.2.6.18.1759 del 01 de agosto de 2018.

Que, esta autoridad ambiental mediante el Oficio PM.GA 3.19.8220
con radicado de salida 014731 del 23 de agosto de 2019, da respuesta
al radicado 015474 – 015480 – 015481 del 1 de agosto de 2019, e
informa al señor Luis Alberto Acosta Gutiérrez, identificado con cédula
de ciudadanía …, en calidad de gerente de la empresa ORF S.A., que
se abstiene de dar inicio a los trámites administrativos solicitados,
argumentando que de acuerdo al Acuerdo 287 del 2015 y la circular
interpretativa 010 de 2017, las industrias contaban con un período de
relocalización de cuatro (4) años, período que vencía el día 28 de
diciembre de 2019.

[...]

Que, bajo el radicado de entrada No. 0020204 del 3 de agosto de
2021, el señor Luis Alberto Acosta Gutiérrez, en calidad de gerente
de la empresa ORF S.A., identificada con NIT. 891.100.445-6, solicita
que se resuelva de fondo la solicitud de renovación de permisos de
emisiones atmosféricas, concesiones de aguas subterráneas y
permiso de vertimientos, argumentando que la respuesta dada a
través del Oficio PM.GA 3.19.8220 con radicado de salida 014731 del
23 de agosto de 2019, había sido expedida por un funcionario sin
competencia y que carecía de la ritualidad de un acto administrativo.
[...]

Que, bajo el radicado de entrada No. 29196 del 09 de noviembre de
2021, el señor Luis Alberto Acosta Gutiérrez, en calidad de gerente
de la empresa ORF S.A., identificada con NIT. 891.100.445-6, allega
información relacionada con concepto de uso de suelo N° CU2-
CUS -0415-21 del 05 de noviembre de 2021 expedido para el
predio identificado con cédula catastral N° 50001-00-06-
0232-0002-000 y con concepto de uso de suelo N° CU2-CUS -
0416-21 del 05 de noviembre de 2021 expedido para el predio
identificado con cédula catastral N° 50001-00-06-0232-0001-
000, concluye “Que el predio objeto de consulta cuenta con
Licencia Urbanística de Urbanización para el proyecto
denominado Molino Roa y Acto de Reconocimiento de unas
bodegas de almacenamiento expedida por la Curaduría Urbana
Primera de Villavicencio, la cual tendrá una destinación para
dos Bodegas para Almacenaje para el molino Roa” y decreto
de adopción del Plan Parcial, licencia de urbanización en la
modalidad de saneamiento para la Licencia N° 0006 de 09 de
octubre del 2008.

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Que, esta autoridad ambiental mediante el Oficio PM.GA 3.22.0819
con radicado de salida 001778 del 04 de febrero de 2022, da
respuesta al radicado 0029196 del 9 de noviembre de 2021, e informa
al señor Luis Alberto Acosta Gutiérrez, identificado con cédula de
ciudadanía …, en calidad de gerente de la empresa ORF S.A., que no
es viable dar inicio a los trámites administrativos solicitados,
argumentando que no cuenta con un uso de suelo compatible con la
actividad que se desarrolla código CIIU 1051 – Elaboración de
productos de molinería.

[...]

Que, esta corporación por medio del Oficio PM.GA 3.22.2195 con
radicado de salida 003933 del 03 de marzo de 2022, da respuesta al
radicado 003985 del 21 de febrero de 2022, e informa al señor Luis
Alberto Acosta Gutiérrez, identificado con cédula de ciudadanía No.
79.724.412, en calidad de gerente de la empresa ORF S.A., que se
elevó consulta a la secretaria de control físico del municipio de
Villavicencio respecto a la licencia de urbanización y reconocimiento,
por lo tanto una vez allegada la respuesta por la entidad se tomará
una decisión de fondo.

Que, mediante radicado de entrada No.5937 del 14 de marzo
de 2022, la Secretaría de Control Físico, dirección de control
urbano y construcciones de la Alcaldía de Villavicencio, allega
pronunciamiento referente a la licencia N° 0006 de 2008
Molino Roa; en el que se concluye: “En cuanto a que si la
licencia contempla la actividad molino de arroz o elaboración
de productos de molinería en las edificaciones reconocidas, se
debe tener en cuenta los actos administrativos que le
otorgaron derechos y obligaciones como el Plan Parcial y las
posteriores licencias urbanísticas. El Plan Parcial fue aprobado
mediante Resolución 0010 del 15 de marzo de 2004 y
adoptado mediante Decreto 054 del 6 de abril de 2004. En la
resolución de aprobación 0010 de 2004, se estableció en el
Capítulo V. Área de actividad y uso de suelo establece en el
Articulo 15. Área de Actividad: el área de actividad asignada
es Industrial. En el Articulo 16, en la unidad de Planeamiento
1 que corresponden a los predios de Molino Roa, el uso
asignado como principal es el industrial, del tipo que hoy está
establecido, o sea la molinería. En la licencia N° 006 de 2008,
en la parte del urbanismo se establece el uso industrial y en la
parte de reconocimiento establece el uso para las edificaciones a
reconocer como industrial grupo 1.”
[...]

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Que, bajo radicado No. 11591 del 09 de mayo de 2023, el señor Luis
Alberto Acosta Gutiérrez, en calidad de gerente de la empresa ORF
S.A., identificada con NIT. 891.100.445-6, hace entrega de concepto
de uso de suelo expedido por la Curaduría Urbana Segunda en el
cual se concluye: “Que de los documentos aportados se puede
concluir que el predio objeto de la consulta cuenta con un Plan
Parcial Resolución No. 0010 del 15 de marzo de 2004, en el
cual se establece en sus artículos 15 y 16 un Área de Actividad
Industrial y del tipo de molinería y una Licencia de
Urbanización en simultánea con acta de reconocimiento No.
0006 de octubre 9 de 2008 mediante la cual se aprueba y se
reconoce un uso Industrial para molinos Roa y bodegas de
almacenamiento.”

Conforme a lo anterior, esta autoridad ambiental da aplicación
a lo definido por las autoridades competentes en materia de
normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los
instrumentos que lo desarrollen.

[...]

Imperante resulta informar que esta autoridad ambiental, no
había dado inicio al trámite administrativo hasta que no
hubiera claridad respecto al concepto de uso de suelo;
teniendo en cuenta las respuestas dada por la alcaldía de
Villavicencio y el concepto de uso de suelo expedido por la
curaduría urbana segunda, se dio aplicación a lo definido por
las autoridades competentes en materia de normas
urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial y los
instrumentos que lo desarrollen y se procedió a proferir el Auto
No. PS-GJ 1.2.64.23.1980 del 02 de junio de 2023, mediante el cual
se inicia el trámite administrativo para la renovación del permiso de
emisiones atmosféricas, prórroga de la concesión de aguas
subterráneas y renovación del permiso de vertimientos de aguas
residuales domésticas, solicitado por la empresa ORF S.A.,
identificado con NIT. 891.100.445-6, a captar de fuentes hídricas
subterráneas, jurisdicción del municipio de Villavicencio,
departamento del Meta, para uso doméstico [...]».

-. En consideración al concepto de uso del suelo suscrito por la

Curaduría Urbana Segunda, referido en el citado informe, y los

informes de cumplimiento de los estándares de emisión y de las

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exigencias legales derivadas de la concesión de aguas y

vertimientos, CORMACARENA mediante Resolución PS-

GJ1.2.6.24.0128 de 7 de marzo de 2024 prorrogó por cinco (5) años

el permiso de emisiones atmosféricas concedido por Resolución PS-

GJ 1.2.6.18.1529 de 27 de julio de 2018 para el funcionamiento de

una fuente dispersa en la planta de ORF S.A., ubicada en el

kilómetro 3 vía Acacias, así como la concesión de aguas y el permiso

de vertimientos otorgados en el año 201814.

En este contexto, la Sala advierte que el análisis y valoración del

material probatorio que precedió a la decisión apelada no se llevó a

cabo de manera integral y armónica, al punto de obviarse datos

relevantes en relación con la presunta afectación de los derechos

colectivos.

En efecto, se destaca que aun cuando en los conceptos técnicos que

sirvieron de sustento a los permisos otorgados en los años 2005,

2010 y 2024 se evidenció que la actividad industrial de ORF S.A. se

ajustaba a los estándares permitidos de emisiones atmosféricas y

14 La concesión de aguas fue otorgada mediante Resolución PS-GJ 1.2.6.18.1759 del 01 de

agosto de 2018, mientras que el permiso de vertimientos fue concedido en Resolución PS-
GJ 1.2.6.18.1759 de 1º de agosto de 2018.

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presión sonora, lo cierto es que en el plenario reposan pruebas que

evidencian que tal cumplimiento no ha sido constante.

Así, en Resolución de 1o. de marzo de 2017 quedó consignado que

en el monitoreo de calidad del aire realizado por CORMACARENA,

a través de una empresa consultora, se evidenció que las

concentraciones de PM10 superaban los límites fijados en la

Resolución 610 de 2010, pese a que durante el período de la

medición la empresa operaba en un porcentaje inferior al 50%.

Acerca de los niveles de ruido, se estableció que estaban dentro del

rango permitido en el horario diurno; no obstante, en la jornada

nocturna superaban los límites legales en los tres puntos de

monitoreo, destacando, asimismo, que las mediciones se llevaron a

cabo en una época en que la empresa no opera con su capacidad

máxima.

Posteriormente, en el seguimiento realizado por CORMACARENA a

las medidas ordenadas en las resoluciones 1529 y 1759 de 2018,

se acreditó que si bien las emisiones atmosféricas no superaban el

rango permitido, no ocurría igual con los niveles de presión sonora

derivada de la operación de la planta, en tanto que en la jornada

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diurna se excedía el límite en uno de los puntos de monitoreo,

mientras que en el horario nocturno tal exceso se presentaba en los

tres puntos de medición, pese a que la verificación se llevó a cabo

en una temporada de baja operación de la planta.

Entonces, está demostrado con suficiencia que durante el tiempo

que la planta ha venido funcionando, se han presentado períodos en

que su proceso de producción han superado los rangos de emisiones

de agentes contaminantes a la atmósfera avalados jurídicamente,

comportamiento que se ha replicado en materia de ruido ambiental,

así como en los parámetros legales fijados para el aprovechamiento

del recurso hídrico subterráneo y el vertimiento de aguas residuales

al suelo, concretamente, en relación con la cantidad de agua objeto

de captación y el tratamiento de las aguas residuales domésticas.

Siendo ello así, para la Sala es claro que los hechos probados, y

concretamente las fluctuaciones advertidas en los monitoreos y el

cumplimiento parcial de las exigencias ambientales a las que está

condicionada su actividad industrial, son concluyentes para afirmar

que, contrario a lo considerado por el Tribunal, en el presente

asunto, existe una afectación cierta para los derechos colectivos

invocados, resultado de los factores ambientales generados por la

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planta, con la consecuente alteración de los procesos ecosistémicos

que se surten en ese entorno y de las condiciones de salubridad para

quienes han establecido sus viviendas en el área circundante.

Tal vulneración encuentra, asimismo, sustento en la prórroga de la

concesión de aguas subterráneas, el vertimiento de aguas residuales

al suelo y la emisión de sustancias atmosféricas por cinco (5) años,

esto es, hasta el año 2029, aun cuando bajo las disposiciones del

Acuerdo 287 de 2015 la actividad industrial desarrollada por ORF

S.A. en esa zona es un uso no conforme y, por tal razón, según lo

ordenado en el citado acto administrativo, su reubicación en una

zona compatible debió realizarse dentro de los cuatro (4) años

siguientes a la entrada en vigencia de dichas disposiciones, término

que se cumplió en diciembre de 2019.

Al respecto, el artículo 76 y 283 del POT prevén:

“[…] Artículo 76°. - Suelo Urbano. El suelo urbano está constituido
por las áreas destinadas a usos urbanos que dispongan de
infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y
alcantarillado en el cual se permita llevar a cabo actuaciones
urbanísticas de urbanización y construcción, se encuentra
delimitado en el Plano No. 10A “Clasificación del Suelo Urbano”.

Parágrafo. Serán objeto de incorporación al perímetro urbano
mediante la Actualización de la Cartografía Oficial definida en el

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presente Plan, los predios que cumplan con una de las siguientes
condiciones:
1. Todos aquellos predios que durante la vigencia del presente Plan
cuenten con la Plan Parcial aprobado y acrediten la calidad de áreas
urbanizadas, entendiendo por estas las áreas conformadas por los
predios que, de conformidad con las normas urbanísticas, hayan
culminado la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del
urbanizador sobre las áreas de cesión obligatoria contempladas en la
respectiva licencia y hayan hecho entrega de ellas a satisfacción del
Municipio así como de las empresas de servicios públicos
correspondientes.
2. Los asentamientos humanos desarrollados informalmente que
hayan sido objeto de procesos de legalización.

[…]

“Artículo 283°. - Clasificación de los Usos de Suelo. Los usos del suelo
urbano para el Municipio se clasifican en:
1. Vivienda
2. Comercial
3. Industria
4. Equipamientos” (Resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 236 idem estableció:

«[...] Artículo 236°. - Área de Actividad Moderada A.A.M. Es el área
que se caracteriza por tener un balance moderado de usos de bajo y
mediano impacto, asignada a áreas de transición entre la vivienda y
las centralidades definidas en el presente plan. El AAM se categoriza
en Corredor y Estratégica, así:

1. Área de Actividad Moderada Corredor.
Se define así al área cuyos usos principales son el Comercial y
Equipamiento, que se encuentra delimitada principalmente sobre vías
arterias y secundarias del Plan vial del Municipio, con permanente
actividad zonal de usuarios por encontrarse en áreas de transición de
alto flujo y presenta el siguiente régimen de uso:

Principal (PL): Comercio Grupo II y Equipamientos Categoría 2.
Complementario (CR): Vivienda, Equipamientos categoría 1 y 3
Comercio Compatibles (CB): Comercio I, Industrial Tipo 1.
Restringidos (R):
Prohibidos (PH): Industria Tipo 2 y 3 y Actividades Especiales.

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Parágrafo. Los lavaderos de vehículos livianos podrán localizarse en
los corredores de las áreas de actividad modera, cumpliendo con lo
establecido en la normatividad vigente y tendrán un régimen de
transición de cuatro (4) años para su adecuación y relocalización en
las áreas establecidas para el desarrollo de dicha actividad […]».

En relación con este asunto y, concretamente acerca de las

industrias que debía reubicarse, en el Acta de Concertación

Ambiental se dispuso:

Con fundamento en lo anterior, el MUNICIPIO emitió el concepto

de uso del suelo el 28 de noviembre de 2017 a solicitud del

representante legal de la sociedad, indicando que, según la

información de los planos 10 A, 11C y 11D referente a la clasificación

del suelo, áreas y categorías de estas destinadas a actividades de

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suelo urbano, vigentes para ese momento, la actividad industrial

desarrollada constituía un uso prohibido en esa zona y, por tanto,

ORF S.A. contaba con un período para su relocalización de cuatro

(4) años que se cumplían el 28 de diciembre de 2019, según la

Circular Interpretativa expedida en 201715.

En esa línea, el MUNICIPIO al contestar la demanda alegó la

configuración de un hecho superado, argumentando al efecto:

«[...]

[...]».

Entonces, de la información reseñada en líneas anteriores es dable

concluir razonablemente que, en efecto, a la luz de la normativa

expedida en el año 2015 el uso del suelo en la zona en la que venía

operando ORF S.A. una década atrás, fue objeto de modificación y,

15
En la sentencia del Tribunal se expuso que fue declarada nula mediante sentencia de 19 de mayo de 2022, proferida
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Villavicencio, dentro del radicado 50001333300920210005900.

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bajo las nuevas condiciones la actividad industrial desarrollada por

la sociedad se tornó prohibida, conllevando a la necesidad de

reubicarse.

Ahora, frente a los argumentos expuestos por el Tribunal y la

empresa para justificar la permanencia de la planta en la zona sub

examine, la Sala advierte lo siguiente:

El a quo concluyó que no debía ordenar la reubicación porque

mediante la Resolución 50001-2-19-0485 de 23 de diciembre de

201916, expedida por la Curaduría Segunda Urbana de Villavicencio,

la incompatibilidad sobreviniente del uso del suelo fue subsanada y,

de manera consecuente, se validó jurídicamente por parte de la

Administración la permanencia y continuidad de la actividad

económica de ORF S.A. en la zona en que viene funcionando. A juicio

de la Sala, dicha lectura no está acorde con el alcance de los efectos

del citado acto administrativo.

16 «Por la cual se aprueba Licencia de Urbanización en la modalidad de Saneamiento para

la Licencia No. 0006 de 09 de octubre del 2008, mediante la cual se aprobó la urbanización
Molinos Roa», obrante en el expediente digital del Tribunal,
«45_AGREGARMEMORIAL_DRASTELLAMERCEDES.pdf», archivo cargado en el link
proporcionado, fls. 3 a 7.

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En efecto, mediante la citada Resolución se otorgó licencia

urbanística de saneamiento17 para culminar las obras que le fueron

impuestas en la licencia de concedida en el año 2004, esto es, de las

cargas que le fueron impuestas como contraprestación a los

beneficios otorgados por la Administración para el aprovechamiento

del suelo a urbanizar, por tanto, el fin del saneamiento es servir de

instrumento legal para que ORF S.A. acredite el cabal cumplimiento

de las obligaciones adquiridas en una licencia de urbanización que

ha perdido su vigencia, concretamente la entrega formal de las obras

que son de su resorte al ente territorial para el uso y goce público.

Entonces, cabe precisar que contrario a lo considerado por el

Tribunal, el acto administrativo en mención no otorga nuevos

derechos a ORF S.A. en materia de aprovechamiento del suelo, sino

que facilita el cumplimiento de las obligaciones pendientes del

urbanizador, de suerte que bajo ninguna consideración constituye

un título legalmente admisible para legitimar la continuidad de una

actividad industrial con uso de suelo no compatible, en detrimento

del interés general que subyace al POT vigente desde el año 2015.

17 En los términos establecidos en el numeral 2 del artículo 2.2.6.1.1.4 del Decreto 1077

de 2015.

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En esa misma línea, lo afirmado por el Tribunal en cuanto a la

validación de la actividad económica de ORF S.A. mediante el Plan

Parcial para el desarrollo del sector agroindustrial Molino ROA

aprobado por Resolución 0010 de 15 de marzo de 2004, con el

consecuente surgimiento de derechos adquiridos y una situación

jurídica consolidada para la empresa respecto del uso que ha venido

haciendo del suelo, sugiere un carácter inmutable del régimen de

usos del suelo que no se acompasa con la dinámica evolutiva que

caracteriza a la facultad de ordenación del territorio.

Sobre el particular, respecto del cargo que atribuye al Tribunal un

razonamiento errado en cuanto al deber de reubicar la actividad

industrial de ORF S.A., otorgando prevalencia a, lo que denominó,

una situación jurídica consolidada derivada de las licencias de

urbanización otorgadas en ejecución del Plan parcial expedido en el

año 2004 y la Resolución 50001-2-19-0485 de 2019, la Sala destaca

que el desarrollo del territorio y su ordenación física es un asunto de

naturaleza dinámica que impone a las autoridades locales transitar

hacia modelos de planificación y formas de ocupación,

aprovechamiento y transformación del suelo que respondan a las

nuevas realidades del territorio, tal como se advierte de la lógica en

que fue estructurada la Ley 388 de 1997 y, en especial, de los

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procesos de revisión y ajuste periódico de los instrumentos de

planificación territorial.

Siendo ello así, en la situación descrita no es dable hablar de

derechos inmutables, blindados ante cambios normativos

relacionados con la destinación del suelo que condicionen el ejercicio

de la facultad constitucional en materia de ordenación y desarrollo

de su territorio, como en efecto se puntualizó por esta Corporación18

en los siguientes términos:

«[...] No puede perderse de vista que las normas sobre el uso del
suelo son de orden público y tienen un efecto general inmediato,
como sucedió con el Acuerdo 27 de 1995, por medio del cual se
declaró al cerro de La Conejera como reserva natural, ambiental y
paisajística. Al respecto esta Corporación ha considerado, sobre este
tipo de regulación urbanística y los usos del suelo, lo siguiente: “Sobre
el particular, esta Sección ha sostenido que el otorgamiento de una
licencia de funcionamiento no constituye un derecho adquirido a
continuar con el establecimiento de comercio, pues las normas sobre
el uso del suelo son cambiantes, de modo que, por ejemplo, lo que
hoy es una zona exclusivamente residencial mañana puede no serlo
y viceversa. También ha sostenido que dado que las normas sobre
uso del suelo son de orden público y de efecto general inmediato, no
es posible a sus destinatarios aducir derechos adquiridos para obviar
su aplicación, y que cuando las autoridades de policía exigen su
observancia cumplen con el deber de vigilar que se dé aplicación a la
normativa sobre usos de suelo”. Igualmente, de conformidad con el
artículo 2 de la Ley 388 de 1997, el ordenamiento del territorio tiene
como principios: i) la función social y ecológica de la propiedad, ii) la
prevalencia del interés general sobre el particular y iii) la distribución
equitativa de las cargas y los beneficios. Por su parte, el artículo 6 de

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 15 de marzo de 2018, radicación: 25000232400020060017802, actora:
Margarita Castaño Bohórquez; Sección Primera, sentencia de 10 de mayo de 2007,
sentencia de 26 de noviembre de 2024, radicado: 25000-23-24-000-2002-0136-02.

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la misma ley, prevé que “El ordenamiento del territorio municipal y
distrital tiene por objeto complementar la planificación económica y
social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones
sobre el territorio y orienta su desarrollo y aprovechamiento
sostenible…” De manera que, la normatividad legal e incluso
constitucional, propenden por la regulación del uso del suelo y el
desarrollo urbanístico bajo un adecuado equilibrio y conservación, no
solo en función de la propiedad privada sino del interés común, social
y ambiental [...]».

Asimismo, en sentencia de 29 de abril de 201519, esta Sección

consideró:

«[...] Como se deriva de los anteriores razonamientos, haciendo
abstracción de las particularidades de los distintos reglamentos que
se han ocupado de puntualizar el régimen de esta figura en el
Derecho colombiano, se puede afirmar que la licencia de
construcción es un acto administrativo (i) que encierra una
autorización de la autoridad competente, (ii) sujeto a un
plazo establecido por las normas aplicables y (iii) a unas
condiciones determinadas para el caso concreto, (iv) que
habilita el desarrollo de esta particular actuación urbanística
(…), (v) que origina una situación jurídica de carácter
individual, (vi) cuya validez está supeditada al ordenamiento
jurídico en conjunto. En esa medida cuando una licencia
carece de algunos de los elementos axiológicos de todo acto
administrativo o contraviene lo dispuesto en la ley o en el
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) respectivo es
susceptible de declararse nula por el Juez de lo Contencioso
Administrativo.

Dada la relevancia de esta última normativa, la Sala debe
resaltar la importancia del respeto del POT por las licencias
expedidas por las autoridades urbanísticas. En efecto, en tanto
que instrumento básico para la ordenación del territorio municipal,
el POT prefigura un modelo de ciudad y establece las reglas
particulares para el aprovechamiento y transformación de las
diferentes porciones del suelo municipal, contribuyendo así a la
definición del estatuto jurídico de la propiedad urbana. Al ser

19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
radicado:25000-23-24-000-2011-00329-01(AP).

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expresión de la función social de la propiedad y perseguir la
realización de fines de interés general como la protección del medio
ambiente, el derecho a gozar del espacio público, la protección del
patrimonio histórico cultural, la prevención de desastres, la
salubridad pública, el derecho a la vivienda digna y, entre otros, al
acceso a una infraestructura de servicios públicos adecuada, las
normas del POT fijan con carácter de orden público las
condiciones generales esenciales que deben ser atendidas
por los particulares al ejercer el ius aedificandi que les otorga
su derecho de propiedad y condiciona el contenido y la
validez de las licencias de construcción.

En esa medida, una licencia urbanística puede ser revocada o
anulada total o parcialmente por ser contraria a las normas
del respectivo POT o, en su caso, a las disposiciones de la UPZ
(…) (Unidad de Planeación Zonal) que desarrollan el
planeamiento general. O puede también suceder que una
licencia se otorgue para una obra específica y ello sea
legítimo, pero que con posterioridad el uso que se le da al
inmueble no sea compatible con las normas urbanísticas que
se expidan con posterioridad; evento en el cual se tendrá que
ajustar la actividad o realizarla en otro sector. Y también podría
suceder que un inmueble legítimamente construido y aprovechado
por un tiempo, por virtud de los cambios en la dinámica de los usos
de suelo y de los ajustes a las normas urbanísticas que los regulan,
termine contraviniendo dicha reglamentación de usos, supuesto en
el cual tendrá que ajustarse a ellos o desplazarse a un sector en el
cual dicha actividad sea admisible. En síntesis, las licencias son
actos que se encuentran subordinados al interés público en
general y al cumplimiento del POT y de las específicas
condiciones indicadas en ellas en particular. Por lo tanto,
conforme se ha explicado de manera precedente, los
derechos o situaciones jurídicas particulares nacidas con
ocasión de una licencia urbanística no son absolutas ni
inmodificables en el tiempo.” (Negrillas no hacen parte del texto
original) [...]».

En ese mismo sentido la Corte Constitucional, en sentencia C-192

de 2016 determinó:

«[...] 8.10. La Corte reitera que no existe un derecho a la
intangibilidad de las reglas que definen el uso del suelo en los POTD,
ni aun cuando ello afecte el alcance de licencias otorgadas o la

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destinación de edificaciones efectuadas conforme a estas licencias, en
tanto, la modificación de las mismas se funda en el interés social y,
como lo ha destacado este Tribunal, “la legislación urbana
constituye una fuente legítima de relativización del contenido
del derecho de propiedad sobre los inmuebles.”[42] Conforme a
ello “la correcta ordenación y el desarrollo equilibrado de las ciudades,
particularmente en lo que respecta a los usos del suelo,
incesantemente introduce exigencias de orden social que gravitan
sobre las titularidades privadas, lo que no puede considerarse
excepcional y externo al derecho de propiedad sino por el contrario
connatural a éste e incorporado a su núcleo esencial.”[43]

8.11. El enfoque general, desde el punto de vista constitucional, con
el cual esta Corte ha abordado y definido, en los términos atrás
reseñados, los alcances de la cuestión dilucidada coincide con el que
el Consejo de Estado, máximo Tribunal de la Jurisdicción Contencioso
Administrativo, ha esbozado, en diversas oportunidades, frente a
controversias análogas. En efecto si se hace seguimiento a lo que
reiteradamente ha expresado dicha Corporación sobre el punto,
fácilmente se evidencia tal convergencia de pareceres, aserto que se
comprueba a partir de lo siguiente: En sentencia de fecha 12 de
agosto de 1999, el Consejo de Estado[44] se ocupó de establecer si era
o no procedente la anulación parcial de un decreto expedido por el
Alcalde Mayor de Bogotá en el que se asignó a un inmueble el
tratamiento de conservación arquitectónica, no obstante que
previamente esa declaración le había sido concedida una licencia de
construcción para la edificación de un edificio y el inmueble
preexistente había sido demolido. En la demanda se solicitaba, a título
de restablecimiento del derecho, declarar que el citado inmueble
carecía de las condiciones para ser considerado de tratamiento de
conservación arquitectónica y, en adición a ello, que se repararan los
perjuicios que se derivaban de la imposibilidad de iniciar las obras.
Dicha Corporación sostuvo al respecto lo siguiente:

“La Sala observa que las razones esgrimidas por el a quo en cuanto
al derecho de propiedad se refiere, reclamado como violado en el
tercero de los cargos consignados en la demanda, no son acertadas,
puesto que la licencia de construcción aludida, si bien hace
viable el ejercicio del mismo, lo cierto es que nada le agrega a
sus elementos o atributos, y menos genera derecho adquirido
en favor de sus beneficiarios, habida consideración de que se
trata de un medio propio del poder de policía, como es el
permiso o la autorización, que tiene fundamento en el
mantenimiento o guarda del orden público.

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Los actos administrativos que confieren permisos, licencias,
autorizaciones y similares, son actos provisionales, subordinados al
interés público y, por lo tanto, a los cambios que se presenten en el
ordenamiento jurídico respectivo, cuyas disposiciones, por ser de
índole policiva, revisten el mismo carácter, como ocurre con las
normas pertinentes al caso, esto es, las relativas al uso del
suelo y desarrollo urbanístico. Quiere decir ello que los derechos
o situaciones jurídicas particulares nacidos de la aplicación del
derecho policivo, no son definitivos y mucho menos absolutos, de allí
que como lo ha sostenido la Sala, no generen derechos adquiridos.

Ello tiene fundamento, entre otras disposiciones, en la segunda parte
del primer inciso del artículo 58 de la Constitución, al establecer
que "Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos
de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los
derechos de los particulares con la necesidad por ella
reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social". Y bien es sabido que las normas de contenido
policivo, como las del ordenamiento urbano y uso del suelo, se
expiden consultando el interés social.

(…)

Lo anterior no quiere decir que tales actos queden sujetos al arbitrio
y capricho de los funcionarios o autoridades pertinentes, ni que sus
beneficiarios estén privados de las garantías procesales y de la
protección de los derechos patrimoniales que eventualmente resulten
lesionados cuando deban ceder ante el interés común, sino que su
vigencia o eficacia queda dependiendo de las circunstancias fácticas
y jurídicas propias de la materia de cada momento.

(…)

Una de tales formas de limitación es precisamente la de declarar
determinados inmuebles como patrimonio cultural, histórico,
arquitectónico o artístico, por autorización constitucional dada a los
municipios en el artículo 313, numeral 9 de la Carta, en tanto faculta
a sus concejos para dictar las normas necesarias para el control, la
preservación y defensa de su patrimonio cultural, por lo cual ello por
sí mismo no entraña violación del derecho de propiedad que sobre
ellos se tenga.

El ejercicio de esta atribución de las autoridades
administrativas es ciertamente reglada, pero no está previsto
en forma alguna que el mero hecho de que se hubiera otorgado
una licencia de construcción las inhiba de ejercerla respecto

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del inmueble correspondiente, claro está bajo el supuesto de que
aún exista el inmueble, supuesto fundamental de hecho para
ejercerla, adicionado con la existencia de las características que la ley
prevea para que amerite ser declarado como patrimonio
arquitectónico, cultural, histórico o artístico. Tampoco cabe asumir
que los derechos derivados de una licencia de construcción escapen
a las limitaciones o efectos que puedan surgir de la aplicación de
normas policivas o de orden público.

De modo que el decreto demandado, en cuanto incluyó como bien de
conservación arquitectónica (lo cual es un componente del patrimonio
cultural de los municipios) el inmueble de propiedad del
causahabiente de los actores, no ha violado tal derecho por la
circunstancia de que antes se le hubiera otorgado una licencia de
construcción y la consecuente autorización para demolerlo, toda vez
que dicha licencia no crea derecho adquirido, como tampoco implica
que el inmueble de que se trate no tenga los atributos o condiciones
necesarias para ser sometido a tratamiento especial por cualquiera
de las razones previstas en la ley.

La administración bien puede, con posterioridad al otorgamiento de
la licencia, detectar o establecer la existencias de dichas condiciones
y proceder, en consecuencia, con lo cual ha de entenderse que la
situación jurídica del inmueble se modifica, de manera que puede
ocasionar incluso, que la licencia de construcción decaiga por
desaparición de sus fundamentos de derecho, sí esta implica su
demolición, como en el presente evento, por la sencilla razón de que
se estaría ante un inmueble que no es permitido demoler.” (Negrillas
no hacen parte del texto original)

8.12. En sentencia de fecha 23 de marzo de 2000, la Sección Primera
del Consejo de Estado[45] se pronunció sobre la validez de un acuerdo
adoptado por el Concejo Municipal de Sibaté en el que se regulaban
los usos del suelo y se establecían algunas modificaciones a los usos
del suelo en lo relativo a los cultivos de bajo invernadero. Afirmaban
los demandantes, entre otras cosas, que dichas disposiciones se
aplicaban incluso a cultivos anteriores y, en esa medida, tenían
efectos retroactivos y vulneraban derechos adquiridos. Dijo entonces
el Consejo de Estado al confirmar la sentencia de primera instancia
que había negado las pretensiones:

“Si en un área o zona específica no se permiten determinados usos
del suelo, lo consecuencial es que las actividades correspondientes
pasen a desarrollarse donde sí lo son. Es una carga que deben asumir
quienes exploten tales actividades, toda vez que así lo prescribe la
propia normatividad constitucional al señalar en el artículo 333 que la

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actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los
límites del bien común, que las mismas suponen responsabilidades y
que pueden ser delimitadas cuando así lo exijan el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.

Dicho de otra forma, tales libertades no son absolutas, sino que
pueden estar sujetas a limitaciones, como las que se desprenden de
la regulación del uso del suelo que hagan las autoridades municipales,
de la cual forman parte, en efecto, las disposiciones acusadas.”

8.13. En sentencia de fecha 26 de noviembre de 2004, la Sección
Primera del Consejo de Estado[46] se ocupó de una demanda
interpuesta por una sociedad comercial que impugnaba la decisión de
una alcaldía de disponer el cierre del establecimiento de comercio
debido a que no se ajustaba a las normas sobre usos del suelo.
Alegaba que ello desconocía el artículo 58 de la Constitución. En esa
oportunidad negó las pretensiones planteadas y para el efecto
sostuvo:

“En esencia, la actora considera que las licencias de funcionamiento
que en alguna oportunidad le otorgó la Alcaldía Local de Usaquén
(para los años 1994 y 1995) le confieren un derecho adquirido a
continuar con la actividad desarrollada hasta antes del cierre
definitivo, esto es, serviteca y lavadero de autos.

Sobre el particular, esta Sección ha sostenido (…) que el
otorgamiento de una licencia de funcionamiento no constituye
un derecho adquirido a continuar con el establecimiento de
comercio, pues las normas sobre el uso del suelo son
cambiantes, de modo que, por ejemplo, lo que hoy es una zona
exclusivamente residencial mañana puede no serlo, o
viceversa.

También ha sostenido que dado que las normas sobre uso del
suelo son de orden público y de efecto general inmediato, no
es posible a sus destinatarios aducir derechos adquiridos para
obviar su aplicación, y que cuando las autoridades de policía
exigen su observancia cumplen con el deber de vigilar que se
dé aplicación a la normativa sobre usos del suelo.

Fluye de lo anterior que para que procediera la nulidad de los actos
acusados debió la actora demostrar que de conformidad con el
Acuerdo 6 de 1990 y sus Decretos Reglamentarios 323 de 1992 y 735
de 1993 la actividad desarrollada por ella es permitida en la zona
donde se encontraba ubicado el establecimiento cuyo cierre fue
ordenado, cuestión que le era imposible hacer, pues lo cierto es que

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de acuerdo con las normas en cita, la actividad comercial relativa al
servicio de automotores, estaciones de servicio completo, servitecas
y talleres de reparación automotriz se encuentra comprendida en la
Clase II B comercio zonal de mayor impacto, no contemplada para la
Zona Residencial Especial 02 en donde se encuentra ubicado el
establecimiento de la actora.”[47] (Negrillas fuera del texto original).
[...]».

Adicionalmente, la Sala advierte que el razonamiento del Tribunal

sustentado en la Ley 2079 de 2021, comporta claramente un juicio

de legalidad del Acuerdo 287 de 2015 y, concretamente, de la

decisión del Concejo Municipal de ordenar la reubicación de las

industrias con uso incompatible sobreviniente en zonas del territorio

aptas para el desarrollo de este tipo de actividades económicas bajo

las disposiciones vigentes a partir del año 2015, asunto que

desborda las facultades del juez popular y debe ventilarse a través

de los medios de control de legalidad ordinarios previstos para

controvertir las decisiones de la Administración.

Finalmente, el Tribunal expuso que, de acuerdo con el concepto

emitido por el Ministerio de Vivienda, el período de transición y, por

ende, para el traslado de la planta de ORF S.A., se extendía por doce

(12) años, por tratarse de una modificación del componente

estructural relacionado con el régimen de uso del suelo.

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Sobre el particular, la Sala advierte que el concepto consignado en

el Oficio 2017EE0032877 de 19 abril de 201720 no versó acerca del

caso particular que se estudia, como lo adujo la sociedad en su

contestación de la demanda, sino a un concepto de carácter general

respecto de situaciones en las cuales el instrumento de planificación

territorial modificatorio no prevé el período de transición para la

entrada en vigencia de las nuevas disposiciones, emitido a petición

de un particular en los siguientes términos:

20
Expediente digital del Tribunal,
«10_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_LINLS000201900125.pdf», «CD Folio 244», «12. OFICIO
EE0032877 DE ABRIL 19 DE 2017.pdf».

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Siendo ello así, la Sala concluye que en el caso sub examine, no

existe vacío en cuanto al período de transición aplicable, habida

cuenta que en el Acta de Concertación Ambiental que hace parte

integrante del sustento técnico del Acuerdo 287 de 2015, se

estableció con suficiente nivel de claridad que este correspondía a

cuatro (4) años, contados a partir de la entrada en vigencia de dicho

acto administrativo; entonces ha de prevalecer lo dispuesto en la

citada acta, como instrumento vinculante que concreta y valida la

adecuación del ordenamiento del territorio a las exigencias legales

en materia ambiental, en contraposición al carácter orientador que

reviste el concepto suscrito por la cartera ministerial.

Así las cosas, queda desvirtuada la procedencia del cargo de

apelación según el cual la reubicación de la planta de ORF S.A.

fenece en el año 2027.

De acuerdo con lo expuesto, es dable concluir que el reparo atinente

a la indebida valoración probatoria del Tribunal está llamado a

prosperar, habida cuenta que del análisis conjunto de los medios de

convicción debidamente incorporados al expediente, a la luz de los

criterios objetivos que impone la lógica y la sana crítica al juez, está

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suficientemente acreditada la afectación de los derechos alegada y,

en consecuencia, lo procedente en esta instancia es revocar el fallo

apelado para en su lugar acceder al amparo constitucional

deprecado.

Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto al deber que, a juicio del

apelante, le asistía al Tribunal de decretar pruebas de oficio, la Sala

considera pertinente precisar que, en el marco de las acciones

populares, el ejercicio de tal facultad es procedente ante la

insuficiencia de pruebas que impida resolver de fondo el asunto

sometido a su conocimiento y que el material probatorio necesario

para ello no se encuentre al alcance del actor popular por razones

técnicas o económicas21.

No obstante, tales presupuestos no concurren en el caso sub

examine, pues, como se expuso en líneas precedentes, la negativa

de conceder el amparo tuvo origen en la ausencia de un análisis y

valoración probatoria integral, no así en la falta de elementos de

21 Así lo ha precisado de forma reiterada esta Sección en providencias de 27 de marzo de

2025, radicado 52001-23-33-000-2022-00282-01; 9 de octubre de 2025, radicado: 85001
23 33 000 2022 00136 01; 22 de enero de 2026, radicado: 47001-23-33-000-2023-00040-
01.

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convicción respecto de los cuales la accionante estuviera en

imposibilidad de aportar.

VI.2.2.- De la responsabilidad de los accionados

Sobre el particular la Sala destaca que si bien es cierto dentro del

plenario se acreditaron las acciones de mejora llevadas a cabo por

la empresa, también lo es que la variabilidad de emisiones

evidenciada en los respectivos monitoreos, la no correspondencia

entre la cantidad de recurso hídrico autorizado para captación, las

falencias detectadas en el tratamiento de aguas residuales a ser

vertidas y la ausencia de un plan para el desmonte de sus

instalaciones con fines de reubicación en suelo compatible, pese a

que su representante legal al recurrir la decisión de negar los

permisos en el año 2017, admitió la obligación a su cargo de

trasladar la planta, constituyen factores determinantes para endilgar

responsabilidad a ORF S.A. por la vulneración advertida.

Bajo tal entendido, resulta asimismo procedente atribuir

responsabilidad a CORMACARENA en razón a que aun cuando en

diferentes períodos evidenció el incumplimiento de las exigencias

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ambientales para el funcionamiento de la actividad industrial, no

existe dentro del acervo prueba alguna acerca de las gestiones de

orden sancionatorio desplegadas por dicha autoridad, enfocando su

intervención a ordenar medidas correctivas de los factores de

deterioro evidenciados, y en las oportunidades que se abstuvo de

tramitar las prórrogas de los respectivos permisos su motivación

obedeció a asuntos de orden urbanístico y no por razones de

afectación ambiental.

Aunado a lo anterior, aunque desde la concertación ambiental del

Acuerdo 28722, tenía conocimiento de la incompatibilidad

sobreviniente de la actividad industrial con el uso del suelo de la zona

donde actualmente funciona, con ocasión de la densificación

poblacional que transformó la vocación de ese espacio físico, en el

año 2024 prorrogó los permisos de emisiones atmosféricas,

vertimientos y concesión de aguas más allá de la fecha en la cual

fenece el término para la reubicación de la planta.

Entonces, el actuar de CORMACARENA no solo demuestra la falta

de rigor en el ejercicio de sus facultades como autoridad ambiental,

22 Obrante a folios 40 a 62, expediente digital del Tribunal,
«4_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_00020190012500AN.pdf».

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sino en el cumplimiento de los deberes que le fueron impuestos por

el legislador como administradora de los recursos naturales del área

bajo su jurisdicción, con miras a garantizar su aprovechamiento

adecuado y sostenible, tal y como se concluye del examen de la

realidad acreditada a la luz de la lectura armónica del artículo 31,

numerales 2, 12 y 17 de la Ley 99 de 1993.

Asimismo, toda vez que la interpretación armónica del Acuerdo 287,

el acta de concertación ambiental, el concepto de uso del suelo 1352-

12.03/1402-2017 de noviembre de 2017 y lo afirmado por el

MUNICIPIO en la audiencia de pacto de cumplimiento en cuanto a

la fórmula de acuerdo propuesta23 y los procesos policivos

adelantados contra la ORF S.A. por incumplir con las normas

referentes al uso reglamentado del suelo, ofrece certeza acerca del

fenecimiento del plazo para culminar la reubicación de la planta ORF

23 En el acta de la audiencia de pacto de cumplimiento se indicó que en acta del comité de

conciliación allegada por el MUNICIPIO se expuso: «En el plenario, obra acta del COMITÉ
DE CONCILIACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, de la sesión celebrada el 7
de marzo de 2023, aprobó de manera unánime la siguiente fórmula de pacto: “(…) de
acuerdo a la información técnica recibida por parte de la Secretaría de Planeación a través
de la Dirección de Ordenamiento Territorial, para efectos de minimizar un riesgo de condena
frente a presente caso, se recomienda proponer pacto de cumplimiento en los términos
establecidos por la misma secretaría. Es decir, como Municipio de Villavicencio 1. Plantearle
a la organización Roa Florhuila – ORF sucursal Villavicencio, que dentro del mes siguiente
a la presente diligencia, se le remitirá plano de las áreas según Acuerdo 287 de 2015, donde
se determinan las zonas de actividad de suelo industrial en las que podrá realizar efectivo
el traslado de su organización. 2. Proponer que se inicie concertadamente con la
organización Roa Flor Huila – ORF sucursal Villavicencio, un proceso de reubicación a las
zonas identificadas según el Acuerdo 287 de 2015». Obrante en el expediente digital,
«057_ACTADEAUDIENCIA_AUDIENCIA_500012333000201900.pdf (PROTEGIDO)».

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S.A. en el mes de diciembre de 2019, y que pese a ello en el plenario

no se evidencian gestiones para el efectivo traslado de la empresa,

resulta incuestionable la responsabilidad del MUNICIPIO por la

afectación de los derechos colectivos.

Lo anterior, en consideración a las funciones que le asisten al

MUNICIPIO en cabeza de su alcalde como primera autoridad de

policía para garantizar la observancia de la normativa orientada

ordenar de forma adecuada y sostenible el territorio y,

concretamente en este asunto, del régimen del suelo vigente, como

en efecto, es dable concluirlo del ejercicio de interpretación

sistemática y armónica de los artículo 315, numerales 1 y 3 de la

Constitución Política; 92, numeral 1224; 198, numeral 325; 20426; y

205, numeral 227 de la Ley 1801 de 2016.

24
"[…] ARTÍCULO 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad
que afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con el
cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben realizarse:
[…] 12. Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las disposiciones de ubicación,
destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación […].
25
“[…] Artículo 198. Autoridades de Policía. Corresponde a las autoridades de Policía el
conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana.
Son autoridades de Policía:
1. El Presidente de la República.
2. Los gobernadores.
3. Los Alcaldes Distritales o Municipales.
4. Los inspectores de Policía y los corregidores.
26
"[…] Artículo 204. Alcalde distrital o municipal. El alcalde es la primera autoridad de Policía del
Distrito o Municipio
27
Artículo 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde:
[…]. 2. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas,
así como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas
[…]".

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VI.2.3.- De las órdenes de amparo

Dilucidada la procedencia del amparo constitucional y con el fin de

salvaguardar de manera efectiva los derechos colectivos, la Sala

ordenará a la sociedad ORF S.A. estructurar un plan para el cese

escalonado de su operación y el desmantelamiento y reubicación de

la planta, que deberá incluir un cronograma de actividades

encaminadas a culminar su proceso de traslado en el término

improrrogable de un (1) año.

Para la elaboración de este plan se concederá un mes, contado a

partir de la ejecutoria de esta providencia, al término del cual deberá

presentarse ante el MUNICIPIO y CORMACARENA para que de

forma conjunta y en el marco de sus competencias en materia de

ordenamiento territorial y gestión y salvaguarda ambiental,

respectivamente, durante la ejecución del citado plan realicen un

seguimiento periódico y riguroso de las actividades consignadas allí,

así como de la operación de ORF S.A. y los impactos ambientales

derivados que se manifiestan en el entorno donde opera actualmente

la planta, tal y como se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

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De igual manera, se ordenará a CORMACARENA llevar a cabo las

gestiones pertinentes para que las autorizaciones concedidas para el

aprovechamiento de recursos naturales en el funcionamiento de la

empresa no excedan el término fijado para su traslado, habida

cuenta que el plazo otorgado para ello en el Acuerdo 287 de 2015

está ampliamente superado; asimismo deberá iniciar las gestiones

de orden sancionatorio a que haya lugar ante las infracciones

ambientales advertidas, como será dispuesto en la parte resolutiva

de esta decisión.

VI.2.4.- De la condena en costas

En consideración a las reglas fijadas en la sentencia de unificación

proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta

Corporación el 6 de agosto de 201928, en la que se precisó el alcance

del artículo 38 de la Ley 472, en el presente asunto no se condenará

en costas, pues aunque se accedió a lo pretendido en la alzada,

dentro del plenario no obra prueba de su causación en el trámite de

esta instancia.

28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Consejera ponente Rocío Araújo
Oñate, providencia de 6 de agosto de 2019, expediente núm. 15001-33-33-007-2017-00036-
01(AP)REV-SU.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 15 de mayo de 2025 y, en su

lugar, AMPARAR los derechos colectivos al goce del ambiente sano,

la existencia del equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad

pública y a la realización de construcciones y desarrollos urbanos.

En consecuencia, se dispone:

a) ORDENAR a la sociedad ORF S.A. estructurar un plan para

materializar el cese escalonado de su operación y el

desmantelamiento y reubicación de la planta, que deberá

incluir un cronograma de actividades encaminadas a culminar

su proceso de traslado en el término improrrogable de un (1)

año.

Para la elaboración de este plan se concederá un (1) mes,

contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, al término

del cual deberá ser presentado ante el MUNICIPIO y

CORMACARENA.

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b) ORDENAR al MUNICIPIO y a CORMACARENA que, de

forma conjunta y en el marco de sus competencias en materia

de ordenamiento territorial y gestión y salvaguarda ambiental,

respectivamente, durante la ejecución del plan estructurado

para el cese de operaciones y traslado de la planta de ORF que

no debe exceder de un (1) año, realicen un seguimiento

periódico y riguroso de las actividades allí consignadas, así

como de los impactos ambientales derivados de su operación

que se extienden al entorno donde opera actualmente la

planta.

c) ORDENAR a CORMACARENA: i) realizar las gestiones que

resulten pertinentes para que las autorizaciones concedidas

para el aprovechamiento de recursos naturales en el

funcionamiento de la empresa no excedan el término fijado

para su traslado, habida cuenta que el plazo otorgado para ello

en el Acuerdo 287 de 2015 se encuentra ampliamente

superado; y ii) iniciar las gestiones de orden sancionatorio a

que haya lugar ante las infracciones ambientales advertidas,

como será dispuesto en la parte resolutiva de esta decisión.

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SEGUNDO: CONFORMAR un Comité de Verificación para la

constatación de la ejecución de las órdenes contenidas en la

presente sentencia, en los términos del artículo 34 de la Ley 472

de 1998, el cual estará integrado por la actora popular, el

representante legal de la sociedad ORF S.A. o su delegado, el

representante legal del MUNICIPIO o su delegado, el

representante legal de CORMACARENA o su delegado, el

Delegado del Ministerio Público ante el Tribunal, el Defensor del

Pueblo Regional del Meta o su delegado y la Magistrada Ponente

de la decisión de primera instancia, quien lo presidirá.

TERCERO: NO CONDENAR en costas, por lo expuesto en las

consideraciones.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 23 de abril de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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