Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2022-00136-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2022-00136-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2022-00136-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
9 de octubre de 2025
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Radicado: 85001 23 33 000 2022 00136 01
Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente (E): GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación núm.: 85001 23 33 000 2022 00136 01
Actor: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
Demandados: Nación – Ministerio de las Tecnologías de la Información, Agencia
Nacional del Espectro, Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A., Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., UNE EPM Telecomunicaciones, Partners TELECOM
Colombia S.A.S., WOM Colombia y Telefónica Colombia – Movistar
Tesis: No es cierto que, a partir de la valoración del testimonio rendido por el técnico de
COMCEL S.A., era posible concluir que la prestación del servicio de telefonía móvil, datos
e internet en el corregimiento de Tacarimena y sus veredas es deficiente y afecta los
derechos colectivos de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente
y oportuna.
El Tribunal no desconoció la regla sobre la carga dinámica de la prueba y tampoco omitió
decretar pruebas de oficio que esclarecieran las deficiencias denunciadas en la
prestación del servicio de telecomunicaciones en las zonas rurales del Municipio de Yopal
(Casanare).
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del
Pueblo Regional Casanare, en contra de la sentencia del 14 de noviembre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. La parte actora presentó acción popular1 en contra del Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante Mintic), la Agencia
Nacional del Espectro (en adelante la Agencia), COMCEL S.A., Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P., UNE EPM Telecomunicaciones, Partners TELECOM
Colombia S.A.S., WOM Colombia y Telefónica Colombia – Movistar, al estimar
1 Índice núm. 2 de Samai.
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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
vulnerados los derechos colectivos de acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, por la deficiencia en la prestación del servicio de
telefonía celular, datos móviles e internet en el Corregimiento Tacarimena, veredas
Sirivana, Palomas, Tacarimena, La Calceta y La Manga del Municipio de Yopal.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: DECLARAR que las entidades accionadas y quienes resulten
vinculadas en el presente asunto vulneraron el derecho colectivo al acceso a los
servicios públicos y a que a su prestación sea eficiente y oportuna, por la deficiente
prestación de los servicios de telefonía e internet móviles.
SEGUNDA: ORDENAR a las entidades accionadas:
a. Disponer las medidas necesarias, verificables, medibles, efectivas y eficientes
para garantizar la prestación del servicio público de telecomunicaciones en el
CORREGIMIENTO TACARIMENA, VEREDAS SIRIVANA, PALOMAS,
TACARIMENA, LA CALCETA y LA MANGA DEL MUNICIPIO DE YOPAL.
b. Apropiar los recursos necesarios y suficientes para la instalación de nuevos
equipos tecnológicos de mayor potencia en las antenas existentes y/o nuevas
antenas que amplíen el espectro radioeléctrico y los niveles de calidad, cobertura,
tráfico de datos y emisión de ondas electromagnéticas en internet en el sector
antes mencionado.
c. Conformar un Comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, con
participación de personas pertenecientes a la comunidad afectada.
d. Las demás medidas que se estimen necesarias para la protección de los
derechos colectivos invocados»2.
1.2. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:
Las comunicaciones de la población residente en el sector objeto de la litis se realizan
principalmente a través de equipos móviles, mediante servicios de telefonía móvil
prepago o pospago, datos móviles e internet.
El servicio en esta zona resulta deficiente debido a la falta de accesibilidad adecuada,
lo que restringe los derechos de los habitantes, así como de las instituciones
educativas y establecimientos comerciales ubicados en esta área rural y apartada del
Municipio de Yopal.
2 Ibidem.
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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
En el sector se registra un alto índice de accidentalidad, asociado a la constante
afluencia de turistas, ciclistas y población en general. Estas situaciones no pueden ser
atendidas oportunamente debido a las deficiencias en los sistemas de comunicación.
El 28 de junio de 2022, solicitó a las entidades accionadas la adopción de medidas
administrativas y técnicas orientadas a subsanar las falencias en la red, así como a
mejorar los niveles de calidad y cobertura del servicio.
El 11 de julio del mismo año, el Municipio de Yopal informó que únicamente la empresa
CLARO presta servicios en la zona, con disponibilidad total en tecnología 2G, pero con
señal y potencia bajas en tecnologías 3G y 4G.
El 13 de julio de 2022, la empresa Partners Telecom Colombia S.A.S. manifestó que
no presta servicios móviles en el área referida en la demanda.
No se evidencia gestión alguna encaminada a la instalación de nuevas antenas de
telecomunicaciones, ni a la optimización de las ya existentes, con el fin de mejorar los
servicios de telefonía móvil, datos móviles e internet en el sector.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. La demanda se radicó el 16 de diciembre de 2022. Mediante auto del 2 de marzo
de 2023, el Tribunal Administrativo de Casanare admitió y ordenó las notificaciones de
rigor.
2.2. La Agencia Nacional del Espectro3 presentó oposición a las pretensiones de la
demanda argumentando que no vulneró los derechos colectivos invocados y que
carece de competencia de vigilancia y control sobre los asuntos relacionados con la
cobertura y calidad de los servicios de telefonía móvil e internet. Agregó que no apropia
recursos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.
Señaló que, sus funciones son de vigilancia y control y se limitan al espectro
radioeléctrico, es decir, no a la cobertura y la calidad del servicio de conformidad con
3 Ibidem.
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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
la Ley 1341 de 2009, el Decreto 4169 de 2011, la Ley 1978 de 2019, la Ley 1753 de
2015 y el Decreto 1078 de 2015.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.3. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones4 informó
que no le corresponde construir la infraestructura a que se refiere la demanda ni puede
obligar o conminar a que otras entidades o particulares procedan a ello, que existen
dificultades de acceso y geográficas para que se pueda solucionar la problemática
expuesta por el actor popular, que corresponde a los operadores realizar la incursión
en esos territorios apartados; y, que el servicio de energía en esa zona es deficiente.
Propuso como excepciones las que denominó:
Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. Sustentó el medio exceptivo
en que la parte actora no demostró la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos, razón por la cual la afirmación de que el servicio de
telecomunicaciones no se presta de forma eficiente no pasaba de ser un hecho
subjetivo carente de respaldo probatorio.
Falta de legitimación en la causa por pasiva. Arguyó que no es el titular de la obligación
que sustenta las pretensiones de la demanda y que la ubicación de torres y antenas
de comunicaciones en un lugar específico del municipio, es un asunto de ordenamiento
y no de regulación por parte del Ministerio.
No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Explicó que para
decidir el asunto de la referencia era indispensable la vinculación de la
Superintendencia de Industria y Comercio, comoquiera que era la entidad competente,
por medio de la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios
de Comunicaciones, de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores de los
servicios de telefonía móvil y datos. Además, entendió necesario que al presente
asunto se vinculara al secretario de infraestructura o de obras públicas de la Alcaldía
4 Ibidem.
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Demandante: Defensoría del Pueblo Regional Casanare
de Yopal, a la Empresa de Energía de Casanare – ENERCA S.A. E.S.P. y todos los
operadores que prestan el servicio referido de forma directa o indirecta.
2.4. COMCEL S.A.5 señaló que el actor popular desconoció el precedente
jurisprudencial del Consejo de Estado con el que se han resuelto casos como el
presente exonerando de responsabilidad a las empresas prestadoras de servicios de
telefonía móvil e internet. Expresó que en la demanda no se identificó claramente la
vulneración alegada, que viene prestando los servicios a su cargo, que el servicio móvil
no es la única y más adecuada alternativa de comunicación en el sector rural y que no
es viable que se le impongan obligaciones económicas y logísticas que no sea posible
recuperar vía tarifa, de conformidad con las condiciones reales del mercado o que
vayan en contravía de la disponibilidad logística, física o normativa del municipio.
En su defensa planteó las siguientes excepciones:
Inexistencia de derechos colectivos vulnerados. Manifestó que ha prestado los
servicios que tiene a cargo en forma continua y eficiente, teniendo en cuenta las
circunstancias propias de la zona en temas como orden público, dificultades
geográficas y aislamiento.
Alegó que las fallas que eventualmente puedan ocurrir no son selectivas, sino
derivadas de las circunstancias propias del municipio.
Precisó que no tiene capacidad jurídica ni facultades legales para incidir en las
decisiones de las entidades que figuran como demandadas, ni para modificar las
normativas estatales, mucho menos los modelos de negocio de los contratistas
estatales o las condiciones de mercado que rigen el desarrollo de la infraestructura de
servicios públicos en una determinada región del País.
Indicó igualmente que no es procedente imponer obligaciones económicas o logísticas
a los operadores del servicio, especialmente en materia de ampliación de
infraestructura, que no sea posible recuperar vía tarifas o que no responden a las
condiciones reales del mercado.
5 Ibidem.
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Falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que imponerle obligaciones
relacionadas con la ampliación de infraestructura de servicios públicos, sin determinar
los costos de la decisión, sería un abuso y conllevaría desconocimiento de las
competencias en la materia. Además de confusión entre los alcances de las relaciones
entre el Estado y los particulares que prestan servicios en nombre de este.
Protección a la libre empresa y la estabilidad jurídica. Dijo que so pretexto de la
protección de los derechos colectivos no podían ser desconocidos los principios
esenciales de la economía nacional, como la libre empresa y la estabilidad jurídica,
que se verían amenazados si se obliga a los operadores del servicio a asumir mayores
costos.
Improcedencia de la acción. Afirmó que no estaban identificados los intereses
colectivos en juego y que la telefonía celular y los datos móviles no constituían
servicios públicos domiciliarios. Agregó que el proceso de implementación de las
tecnologías de la información no se basa en el simple querer de los operadores, sino
que se encuentra limitado, entre otras causas, por las condiciones geográficas,
económicas y sociales de los sitios donde se pretenden desarrollar los proyectos.
Legalidad de las actuaciones de COMCEL. Explicó que como operador del servicio
varias veces señalado ha ajustado sus actuaciones al ordenamiento jurídico y al
cumplimiento de sus obligaciones. Añadió que los hechos de la demanda popular no
evidenciaban que hubiese incurrido en alguna irregularidad. Aclaró que los defectos
en la prestación del servicio de energía eléctrica inciden de forma directa en la calidad
de la señal de la telefonía celular y del internet.
2.5. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.6 se opuso a las pretensiones de la
demanda argumentando que carecen de sustento jurídico y fáctico, pues se basan en
solas conjeturas.
6 Ibidem.
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Propuso las excepciones que denominó inexistencia de vulneraciones a los derechos
colectivos, carencia de pruebas, falta de legitimación por pasiva, legalidad de las
actuaciones de Colombia Telecomunicaciones y hecho de un tercero.
Todas las fundamentó en la carencia de prueba respecto de la vulneración alegada o
que está fuere imputable a Colombia Telecomunicaciones, empresa que ha cumplido
con la prestación del servicio atendiendo las condiciones dispuestas para el efecto.
2.6. COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.7
adujeron que no se encuentran legitimadas para responder por las supuestas
vulneraciones de los derechos colectivos invocados en la demanda.
Propusieron las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
improcedencia de la acción popular, ausencia de vulneración de derechos colectivos
y buena fe.
La primera la sustentaron en que la prestación del servicio de telecomunicaciones
móviles se efectúa por medio del roaming automático nacional de la empresa CLARO,
por lo que la calidad en la prestación del servicio a sus usuarios depende directamente
de ese operador. Agregaron que las obligaciones contraídas por ellas no contemplan
las de ampliar la red en el Municipio de Yopal.
La segunda la fundamentaron en que el actor se limitó a aducir a la presunta
vulneración de derechos, pero incumplió el deber procesal de probar la deficiencia que
alegó.
La tercera la respaldaron en que sus actuaciones siempre han sido acordes con las
normas sobre la materia y han buscado lograr el cumplimiento de sus obligaciones.
2.7. PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.8 expresó que el servicio de
telecomunicaciones está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos y
condiciones complejos que deben ser verificados por el Ministerio demandado, así
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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como a condiciones de operación; que a esa compañía no le corresponde instalar
infraestructura en la zona objeto del litigio máxime cuando no tiene usuarios en ese
sector.
Además, trajo a colación el fallo del 23 de abril de 2020, proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado dentro de la acción popular interpuesta por la
Personería Municipal de Chámeza, con radicado núm. 85001-23-33-000-2018-00146-
01, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.
Propuso las excepciones de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad, falta
de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia de vulneración, obligación del
Estado de dirigir las políticas públicas del sector telecomunicaciones y la genérica.
2.8. La Superintendencia de Industria y Comercio9 manifestó que no ha incurrido
en acción u omisión que constituya una vulneración de los derechos colectivos
invocados en la demanda. Que dentro de las funciones asignadas no se encuentra
ninguna relacionada con la garantía de la prestación eficiente del servicio público de
telecomunicaciones. Asimismo, aclaró que los procedimientos a cargo de la SIC se
enmarcan en la existencia de una relación contractual entre las empresas prestadoras
del servicio y los usuarios.
En consecuencia, dado que lo reclamado en este proceso excede dicho ámbito, la
entidad no tiene competencia para intervenir ni para ofrecer una solución a la
problemática.
Finalmente, señaló que el actor popular no cumplió con la carga de probar la afectación
de los derechos colectivos presuntamente vulnerados. En virtud de lo anterior, solicitó
la desvinculación del presente trámite.
2.9. El Departamento de Casanare10 indicó que ha realizado las actuaciones que le
competen en relación con la prestación del servicio público objeto de la demanda y
que no es de su competencia efectuar las intervenciones que se solicitan con las
9 Ibidem.
10 Ibidem.
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pretensiones del actor popular. Con fundamento en ello propuso como excepción la
falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.10. El Municipio de Yopal11 informó que no incurrió en afectación de los derechos
colectivos invocados por el actor popular. Además, sostuvo que no es de competencia
de esa entidad territorial realizar la apertura y ampliación de la cobertura del servicio
de telecomunicaciones.
2.11. La EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.12 señaló que el actor
popular no dirigió ninguna pretensión en su contra, y que no obra en el expediente
prueba alguna que demuestre que haya incurrido en acción u omisión generadora de
riesgo o vulneración de derecho colectivo alguno.
Indicó que la responsabilidad en la prestación del servicio objeto de la demanda recae
exclusivamente en los operadores de telefonía celular e internet, y no en esta empresa.
Así mismo, citó precedentes jurisprudenciales que advierten la improcedencia de este
tipo de acciones para reclamar la prestación de los servicios mencionados por el actor.
Con fundamento en lo anterior, propuso como excepción la de falta de legitimación por
pasiva.
2.12. Por acta del 31 de enero de 2024, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró
fallida la audiencia de pacto de cumplimiento ante la ausencia de ánimo entre las
partes para llegar a un acuerdo conciliatorio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo de Casanare dictó sentencia el 14 de noviembre de
202413, en cuya parte resolutiva dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de INEPTITUD DE LA
DEMANDA POR REQUISITOS FORMALES, NO COMPRENDER LA DEMANDA
A TODOS LOS LITISCONSORTES NECESARIOS, FALTA DE LEGITIMACIÓN
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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EN LA CAUSA POR PASIVA SUSTANCIAL propuestas por el MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES “MINTIC”;
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA formulada por la
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO “ANE”; AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN
MATERIAL POR PASIVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE propuesta por
el DEPARTAMENTO DE CASANARE; FALTA DE LEGITIMIDAD POR PASIVA
formulada por la EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S. A. E. S. P.; FALTA
DE LEGITIMACIÓN EN PASIVA e IMPROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN
POPULAR propuestas por COMUNICACIÓN CELULAR S. A. “COMCEL S. A”;
FALTA DE AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL INCISO
3 DEL ARTÍCULO 144 DEL C. P. A. C. A. y FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA
CAUSA POR PASIVA propuesta por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S. A. S.;
y EXISTENCIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA POR
PARTE DE UNE EPM Y COLOMBIA MÓVIL e IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
POPULAR formulada por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. A. “UNE EPM”
y COLOMBIA MÓVIL S. A. E. S. P.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADOS los medios exceptivos de INEXISTENCIA
DE LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS MENCIONADOS POR
PARTE DEL MUNICIPIO propuesta por el MUNICIPIO DE YOPAL;
INEXISTENCIA DE DERECHOS COLECTIVOS VULNERADOS, PROTECCIÓN
DE LA LIBRE EMPRESA Y ESTABILIDAD JURÍDICA y LEGALIDAD DE LAS
ACTUACIONES DE MI PODERDANTE formuladas por La sociedad
COMUNICACIÓN CELULAR S. A. “COMCEL S. A”; FALTA DE ACREDITACIÓN
DE LA EXISTENCIA DE INMINENTE PELIGRO DE OCURRIR PERJUICIO
IRREMEDIABLE CONTRA LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS,
INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS y
OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE DIRIGIR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL
SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES propuestas por PARTNERS
TELECOM COLOMBIA S. A. S.; INEXISTENCIA DE VULNERACIONES A LOS
DERECHOS COLECTIVOS IMPETRADOS POR PARTE DE COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, CARENCIA DE PRUEBAS y LEGALIDAD DE LAS
ACTUACIONES DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES PARA LA
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES formuladas por la
EMPRESA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E. S. P. “TELEFÓNICA”;
y, AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS POR PARTE
DE COLOMBIA MÓVIL y UNE EPM, y BUENA FE propuestas por UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. “UNE EPM” y COLOMBIA MÓVIL S. A. E. S. P.
“COLOMBIA MÓVIL”.
TERCERO: DECLARAR que el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES “MINTIC”: la AGENCIA NACIONAL
DEL ESPECTRO “ANE”, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, el DEPARTAMENTO DE CASANARE, el MUNICIPIO DE YOPAL, la
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S. A. E. S. P. “ENERCA”, y las
sociedades COMUNICACIÓN CELULAR S. A. “COMCEL S. A.”, PARTNERS
TELECOM COLOMBIA S. A. S., EMPRESA COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E. S. P. “TELEFÓNICA”, UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A. “UNE EPM” y COLOMBIA MÓVIL S. A. E. S. P.
“COLOMBIA MÓVIL” no transgredieron el derecho e interés colectivo de acceso a
los servicios públicos y a que a su prestación sea eficiente y oportuna por la
deficiente prestación de los servicios de telefonía e internet móviles en las veredas
Sirivana, Palomas, Tacarinema, La Calceta y La Manga del MUNICIPIO DE
YOPAL, de acuerdo con razones señaladas en parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
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QUINTO: Sin costas en esta instancia».14
3.2. El Tribunal Administrativo de Casanare, al resolver sobre las excepciones
propuestas por las partes demandadas, comenzó por desestimar la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva. Para ello, acudió al marco normativo que regula
las competencias de las entidades y empresas accionadas: explicó que el artículo 115
de la Ley 1341 de 2009 confiere al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones la facultad de otorgar los permisos de uso del espectro radioeléctrico,
mientras que a la Agencia Nacional del Espectro, según el artículo 2 del Decreto 93 de
2010, le corresponde su vigilancia, control, gestión técnica y la imposición de
sanciones por infracciones al régimen regulatorio correspondiente.
Indicó además que el Departamento de Casanare tiene, por disposición del numeral 3
del artículo 2 de la misma Ley 1341, la obligación de facilitar el desarrollo de
infraestructura en telecomunicaciones, mientras que los operadores de servicios —
COMCEL S.A., UNE EPM, COLOMBIA MÓVIL y PARTNERS TELECOM — deben
prestar sus servicios en condiciones de mercado, con utilidad razonable y niveles de
calidad conforme a sus títulos habilitantes. Finalmente, respecto a ENERCA, destacó
que fue vinculada por la presunta incidencia de las fallas en el servicio eléctrico sobre
la prestación de los servicios móviles, razón por la cual no prosperó esta excepción
frente a ninguna de las accionadas.
Respecto a las excepciones de ineptitud de la demanda por falta de requisitos
formales, improcedencia de la acción popular y no integración del litisconsorcio
necesario, formuladas por el Ministerio, COMCEL, UNE EPM y COLOMBIA MÓVIL,
concluyó que ninguna estaba llamada a prosperar. Afirmó que la demanda sí cumplía
con los requisitos legales, pues señalaba de manera clara los derechos colectivos
presuntamente vulnerados —acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente
y oportuna—, así como el vínculo fáctico y jurídico entre los accionados y la supuesta
afectación.
En cuanto a la falta de integración de los litisconsortes necesarios, recordó que tanto
la Superintendencia de Industria y Comercio como el Municipio de Yopal y ENERCA
14 Ibidem.
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fueron vinculados al proceso mediante auto del 25 de mayo de 2023, por lo que no se
advertía una indebida conformación del extremo pasivo.
También descartó la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad
propuesta por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S., al constatar que la
Defensoría del Pueblo Regional Casanare sí había adelantado el requerimiento previo.
3.3. En cuanto al fondo del asunto el Tribunal inició su análisis haciendo una relación
de los elementos probatorios obrantes en el expediente. Señaló que COMCEL S.A.
presta servicios móviles con tecnologías 2G, 3G y 4G en algunas veredas del
corregimiento de Tacarimena del Municipio de Yopal, aunque con intensidad variable
y limitada principalmente al casco urbano. De forma semejante, evidenció que
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. presta servicios en la zona urbana,
pero no en la vereda La Manga, mientras que COLOMBIA MÓVIL no presta servicios
en ninguna de las veredas mencionadas. A su vez, PARTNERS TELECOM no tiene
obligación de prestar servicios en dicha zona conforme a la Resolución 330 de 2020 y
no cuenta con usuarios en esas veredas.
Respecto a ENERCA, comprobó que no garantiza un 100% de continuidad en el
suministro de energía en la zona rural, sugiriendo el uso de fuentes alternativas en
infraestructuras sensibles como las antenas de telecomunicaciones.
En cuanto al testimonio técnico de Orlando Eurípides Landinez Rojas, a pesar de ser
empleado de COMCEL, aplicó las reglas de la sana crítica para valorarlo,
considerando su experticia y corroborando sus afirmaciones con otras pruebas. Este
testigo expuso que COMCEL cubre cerca del 70% de las veredas en 2G y 80% en 3G,
aunque con deficiencias en la tecnología 4G, y que factores como el suministro de
energía, actos de vandalismo, la ubicación geográfica y la tecnología de los
dispositivos de los usuarios influyen en la calidad del servicio.
Asimismo, el Tribunal acogió los criterios jurisprudenciales fijados por el Consejo de
Estado en relación con la vulneración del derecho colectivo al acceso a los servicios
públicos, precisando que esta solo puede establecerse cuando se demuestre la
negligencia de las autoridades o empresas en el cumplimiento de sus funciones, lo
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cual no se acreditó en el presente caso. Por el contrario, del acervo probatorio se
concluyó que:
• Los operadores están prestando los servicios dentro de las condiciones técnicas
y jurídicas que les han sido asignadas.
• Las zonas objeto de análisis son de baja densidad poblacional y presentan
condiciones topográficas y económicas que dificultan una cobertura uniforme.
• No se evidenció omisión por parte de las entidades accionadas, ni desatención
a sus obligaciones funcionales.
En consecuencia, al no demostrarse la actuación negligente de los demandados ni la
afectación real, concreta e inminente de los derechos colectivos invocados, negó las
pretensiones de la demanda.
3.4. En lo referente a las costas procesales, el Tribunal se abstuvo de imponerlas al
no encontrar prueba de su causación ni conducta temeraria o de mala fe por parte de
la entidad actora.
IV. RECURSO DE APELACIÓN15
La Defensoría del Pueblo Regional Casanare16 presentó recurso de apelación en
contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare por las razones que se expondrán a continuación.
Sostuvo que Comunicación Celular S.A. —COMCEL S.A.— no garantiza un servicio
eficiente y de calidad en el corregimiento de Tacarimena y las veredas Sirivana,
Palomas, La Calceta y La Manga del Municipio de Yopal, incumpliendo con lo
dispuesto en el artículo 365 de la Constitución Política.
15 El Tribunal concedió recurso de apelación con auto del 18 de diciembre de 2024. En segunda
instancia, el Despacho Sustanciador lo admitió con providencia de 23 de abril de 2025.
16 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.
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En respaldo de esta afirmación destacó la declaración del testigo Orlando Landinez,
técnico de la propia empresa, quien reconoció que la calidad del servicio mejoraría con
medidas técnicas mínimas —como la optimización de torres, la implementación de
nuevas estaciones base o la instalación de soluciones de celda indoor—, las cuales
no han sido adoptadas por el operador.
De igual manera, señaló que la única estación existente en la zona (El Triunfo) se
encuentra desde hace más de seis meses sin baterías, lo que afecta la prestación del
servicio ante cualquier fluctuación o ausencia de energía.
Añadió que la infraestructura en la región resulta atrasada frente a las necesidades del
territorio y que otros operadores, con presencia posterior, utilizan la infraestructura de
COMCEL S.A. mediante acuerdos económicos, lo que refuerza el deber de este último
de garantizar niveles adecuados de cobertura y calidad.
Adujo que, tratándose de una acción popular, rige la carga dinámica de la prueba y
que de cualquier forma el juez tiene un amplio poder oficioso para decretar pruebas
cuando resulte necesario esclarecer los hechos.
En lo normativo, resaltó que la Resolución 331 del 20 de febrero de 2020 del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la cual se otorgó a
COMCEL S.A. permiso de uso del espectro radioeléctrico, impuso, entre otras, las
obligaciones de: (i) prestar el servicio en forma continua, eficiente y cumpliendo con
los requisitos mínimos de calidad definidos por la CRC; (ii) ampliar la cobertura en las
localidades del Anexo 1 y no reducirla salvo en casos de fuerza mayor; (iii) someterse
al seguimiento y verificación del MinTIC; y (iv) modernizar tecnológicamente sus redes
móviles en un plazo máximo de cuatro años contados desde la firmeza del acto.
Igualmente, invocó la Ley 2108 de 2021, que califica el acceso a internet como servicio
público esencial y universal, cuya adecuada prestación contribuye a la efectividad de
otros derechos fundamentales.
El apelante resalta que el área afectada corresponde a una zona turística y de alta
concurrencia, en la cual se ubican diversas instituciones educativas oficiales y
privadas, lo que hace indispensable garantizar la conectividad para el desarrollo social
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y educativo de la comunidad. Con ello, cuestionó que la solicitud de vinculación de
dichas instituciones educativas fuera negada bajo el argumento de haberse surtido la
comunicación por edicto, y que la petición de escuchar a rectores y presidentes de
juntas de acción comunal fuera pospuesta hasta antes de proferir sentencia, sin que
finalmente se practicara.
Con el escrito de apelación allegó comunicaciones de la Junta de Acción Comunal de
Sirivana y un video en el que presuntamente se evidencian las fallas en el acceso a
voz, datos e internet, solicitando que se valoraran como prueba o, en su defecto, que
se decretaran oficiosamente diligencias adicionales para verificar la afectación del
servicio en las zonas señaladas.
En consecuencia, solicitó revocar la decisión del Tribunal y, en su lugar, amparar los
derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y
oportuna, imponiendo a las autoridades competentes el deber de realizar seguimiento
al cumplimiento de las obligaciones de cobertura y calidad, y ordenando al operador
COMCEL S.A. la implementación de las medidas técnicas necesarias, verificables,
medibles y eficaces para garantizar una adecuada prestación de los servicios de
telefonía móvil, datos e internet en el corregimiento de Tacarimena y las veredas
Sirivana, Palomas, La Calceta y La Manga del Municipio de Yopal (Casanare).
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA17
Por medio de auto del 23 de abril de 2025, el Despacho sustanciador (i) admitió el
recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del Pueblo Regional del Casanare,
(ii) negó el decreto de la prueba solicitada y (iii) prescindió del traslado para alegar de
conclusión en aplicación de lo previsto en el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
aplicable al presente asunto por la remisión que autoriza el artículo 44 de la Ley 472
de 1998.
VI. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público se abstuvo de emitir concepto en este proceso.
17 Todo el trámite obra en el expediente digital en Samai.
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VII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
7.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.
7.2. Planteamiento
La Sala advierte que la discrepancia entre el Tribunal y la Defensoría del Pueblo
Regional Casanare se contrae a la valoración del testimonio del técnico de COMCEL
S.A. y la suficiencia del acervo probatorio recaudado en el proceso, respecto de la
vulneración de los derechos e intereses colectivos de acceso a los servicios públicos
y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
En efecto, para el Tribunal, el testimonio técnico rendido por el funcionario de COMCEL
S.A. y demás medios de convicción resultaron suficientes para establecer que los
operadores de telecomunicaciones prestan sus servicios dentro de las condiciones
técnicas y jurídicas previstas en sus títulos habilitantes, y que las deficiencias
advertidas en la cobertura obedecen principalmente a factores externos como la
topografía de la región, la densidad poblacional, el suministro de energía y las
características de los dispositivos de los usuarios. Con fundamento en ello concluyó
que no se acreditó una actuación negligente de las entidades accionadas ni la
afectación real, concreta e inminente de los derechos colectivos invocados.
Por el contrario, para el apelante, el testimonio del técnico de la empresa no solo da
cuenta de falencias estructurales en la prestación del servicio —limitación y deficiencia
de las tecnologías 3G y 4G, ausencia de baterías en la única estación del sector y falta
de adopción de medidas técnicas mínimas—, sino que, en conjunto con el deber de
decretar pruebas de oficio y la aplicación del principio de la carga dinámica de la
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prueba, era dable esclarecer plenamente las deficiencias denunciadas. A su juicio, las
omisiones de estos aspectos derivaron en una decisión apoyada en un material
probatorio insuficiente, lo que condujo al desconocimiento de los derechos colectivos
cuya protección se reclama.
7.3. De la presunta vulneración de los derechos colectivos
7.3.1. La Sala establecerá si es cierto que, a partir de la valoración del testimonio
rendido por el técnico de COMCEL S.A. era posible concluir que la prestación del
servicio de telefonía móvil, datos e internet en el corregimiento de Tacarimena y sus
veredas es deficiente y afecta los derechos colectivos invocados por la parte actora,
o, por el contrario, si el material probatorio era suficiente para sostener, como lo hizo
el Tribunal, que los operadores cumplen con las condiciones técnicas y jurídicas
previstas en sus títulos habilitantes y que las deficiencias identificadas obedecen a
factores externos ajenos a una actuación negligente de las entidades demandadas.
De forma previa, la Sala resalta que es cuando menos contradictorio que la parte
actora sustente parte de sus inconformidades en contra del fallo de primera instancia
en el testimonio técnico del señor Orlando Eurípides Landinez Rojas, cuando en su
momento formuló tacha18 respecto de dicha declaración por provenir de un empleado
de COMCEL S.A., empresa accionada en el proceso de la referencia. Este
comportamiento procesal revela una falta de coherencia en la argumentación, en tanto
se pretendió descalificar una prueba para luego señalarla como fundamento probatorio
de la presunta vulneración de los derechos colectivos.
Ahora bien, en primer lugar, conviene destacar que las pruebas documentales y
testimoniales coinciden en que COMCEL S.A. presta servicios de voz y datos móviles
en el corregimiento de Tacarimena y sus veredas, aunque con variaciones en la
intensidad de la señal según la tecnología disponible.
18 Así quedó señalado en la audiencia de pruebas del 23 de julio de 2024. «Gracias, señora magistrada.
Sí, vamos a hacerle unas preguntas al testigo señor, pero antes quiero manifestarle, señora magistrada,
que conforme al artículo 211 del Código General del Proceso, y dado que el señor Orlando está en
relación de dependencia con Comcel, S.A. se tacha el testigo por imparcialidad, dada la dependencia
que él tiene respecto de quien lo citara y pues la clara situación de subordinación que existe entre el
testigo y Comcel, para que su señoría en el momento oportuno proceda a resolver al respecto.
Efectivamente, la tacha se resolverá al momento de proferir sentencia como lo ordena el Código General
del Proceso».
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Así, se acreditó que la empresa cubre aproximadamente el 70% del territorio con 2G
y el 80% con 3G, mientras que la cobertura en 4G resulta más limitada, especialmente
en las zonas rurales de difícil acceso. Tales cifras fueron aportadas directamente por
el técnico de la empresa, Orlando Eurípides Landinez Rojas, en un testimonio19 que el
Tribunal valoró conforme a las reglas de la sana crítica. Veamos la prueba:
«Señor Orlando, usted ha sido citado por COMCEL, que es una de las partes
demandadas dentro de la presente acción popular. Comparece hoy para rendir
testimonio encaminado fundamentalmente a establecer si, en el lugar donde se
echa de menos el servicio de telefonía celular de voz y datos móviles, este existe
o no, y en qué condiciones se presta.
Las preguntas que se le formularán se refieren exclusivamente a estos hechos.
Usted rendirá su declaración bajo la gravedad del juramento, razón por la cual lo
insto a decir la verdad y nada más que la verdad sobre lo que se le va a preguntar.
Tenga presente que responder “no sé” o “no me consta” es totalmente válido.
Voy a tomarle el juramento y acto seguido haré el interrogatorio correspondiente.
Señor Orlando Landinez, por favor levante su mano derecha. ¿Jura decir la verdad
y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir?
Sí, juro.
Gracias. Baje la mano, por favor. Tenga lista su cédula de ciudadanía, colóquela
frente a la cámara y manténgala allí durante al menos diez segundos. Indíquele al
Despacho el número de su cédula y el lugar de expedición.
(…)
En la zona contamos con servicios. Tenemos cuatro estaciones que brindan
cobertura; no están instaladas precisamente para este territorio, porque unas se
ubican en el límite de la ciudad y otras a cierta distancia de las veredas. El tema
es que se trata de una zona bastante extensa y la comunidad está muy dispersa;
no es una comunidad agrupada, sino fincas. Por eso el servicio resulta un poco
dificultoso. Pero sí, como tal, hay servicio en la zona.
Solamente en la mitad del área tenemos una estación; las otras tres están fuera,
un poco retiradas, aunque de todos modos alcanzamos a brindar cobertura.
Respecto de lo afirmado en la demanda, en la que se sostiene que en esa zona el
servicio es prácticamente nulo, debo precisar que nosotros tenemos cubrimiento
en 2G, 3G y 4G. La cobertura de 4G no llega a todas las veredas, por la distancia,
pero 3G y 2G sí cubren toda la zona. Incluso, si lo permiten, podría hacer una
presentación para mostrar cómo está la cobertura.
(…)
19 Ver video de la audiencia de pruebas del 23 de julio de 2024, que obra en el índice 124 del proceso
de primera instancia de Samai. El testimonio de Orlando Eurípides Landinez Rojas comenzó en el
minuto 53:22 y finalizó en el minuto 1:54:04.
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Bajo la gravedad del juramento responda: en la zona del corregimiento de
Tacarimena —que abarca las veredas Sirivana, Palomas, Tacarimena, La Calceta
y La Manga— se presta el servicio
Sí, tenemos cobertura en la zona. Sobre la calidad del servicio: en el casco urbano
de Yopal tenemos un 100% de cobertura. En las veredas de Tacarimena, en 3G la
cobertura alcanza aproximadamente un 80% y en 2G un 70%. En 4G no es bueno
el servicio, salvo en Sirivana, que está más cerca de la ciudad.
¿La señal 2G y 3G es suficiente para que los usuarios tengan buena cobertura?
Sí, claro que sí. Hemos hecho recorridos de prueba y el servicio es bueno, aunque
la comunidad está dispersa. Uno de los problemas identificados es que muchos
usuarios todavía tienen SIM Cards antiguas, que solo permiten 2G y no se
conectan a 3G ni 4G. Eso genera fallas percibidas, que no obedecen a falta de
cobertura, sino a limitaciones del dispositivo. Además, la alta vegetación atenúa la
señal. En recorridos hemos comprobado que, en lugares con árboles de 25 o 30
metros de altura, la velocidad de navegación puede pasar de 20 megas a 5 megas.
Quiero aclarar que, legalmente, la obligación de la compañía es garantizar
cobertura 4G en el casco urbano del municipio. Sin embargo, actualmente
alcanzamos aproximadamente un 55% de cobertura en la zona rural de Yopal,
incluyendo parte del corregimiento de Tacarimena, a pesar de no existir obligación
legal de hacerlo.
La información está disponible en la página web de la empresa, de acceso público
para todos los usuarios.
En cuanto a las estaciones, destaco que en la zona de Sirivana tenemos una torre
cercana (“El Deseo”), que brinda 2G y 3G. Las otras estaciones que dan cobertura
son El Triunfo, Yopal Oriente y CAS Vía Chaparrera. Estas antenas cuentan con
2G, 3G y, en algunos casos, 4G, y han sido optimizadas para ampliar el alcance
de la señal en zonas rurales.
El comportamiento de la demanda es diferente entre semana y fines de semana.
Entre semana, cuando solo están los trabajadores de finca, la ocupación es del
30%. Los fines de semana, por la presencia de restaurantes y clubes en Sirivana,
la demanda puede llegar al 60-80%.
Sobre la vereda Palomas: recibe cobertura de la estación “El Deseo” (2G y 3G) y
de Vía Chaparrera (2G, 3G y 4G), aunque con limitaciones por la distancia y la
vegetación.
La vereda La Calceta recibe servicio principalmente de “El Deseo” y Vía
Chaparrera. Allí los problemas técnicos son similares: dispersión de la población y
vegetación abundante. La vegetación funciona como obstrucción física que atenúa
la señal y puede afectar la calidad de llamadas y navegación.
En la vereda La Manga, la cobertura proviene de la torre “El Deseo” (2G y 3G) y
de “La Patimena” (3G y 4G). Esta última se instaló específicamente para atender
un molino y parte de esa vereda, y también alcanza a brindar señal allí.
En la vereda Tacarimena propiamente dicha, la cobertura depende de la estación
“El Deseo” (2G y 3G). Allí, la señal es buena y continua gracias a esa torre.
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En relación con los planes de mejora, se han instalado nuevas portadoras de 850
y 2600 MHz en 4G, nuevas baterías de litio y ampliaciones de sectores. Todo esto
para mejorar la cobertura y la capacidad, dado que frecuentemente las estaciones
son objeto de vandalismo: se roban baterías, cables, acometidas eléctricas y
gabinetes, lo que genera interrupciones que no siempre pueden solucionarse en
un solo día.
En noviembre de 2023, además, se presentaron cortes de fibra óptica que dejaron
aislada la transmisión de Yopal hacia Bogotá. La fibra es indispensable para que
las antenas transmitan la señal; si la cortan, el servicio se interrumpe. En esa época
hubo varias fallas por vandalismo contra la red de fibra, lo cual es un factor ajeno
a la voluntad de la empresa.
Finalmente, reitero que COMCEL presta servicios de voz y datos en el
corregimiento de Tacarimena y sus veredas, con coberturas de alrededor del 70%
en 2G, 80% en 3G y limitada en 4G, aunque esta última supera el 50% en zonas
rurales, sin obligación legal de hacerlo. Los problemas de señal obedecen
principalmente a factores técnicos como la dispersión de la población, la
vegetación densa, el uso de equipos obsoletos por parte de algunos usuarios, el
vandalismo y los cortes de fibra óptica.
(…)
Se concede el uso de la palabra a la señora apoderada de la Defensoría del Pueblo
Regional Casanare, para que, si lo considera pertinente, interrogue al testigo.
Gracias, señora Magistrada. Sí, vamos a hacerle unas preguntas al testigo. Pero
antes quiero manifestarle al Despacho que, conforme al artículo 211 del Código
General del Proceso, y dado que el señor Orlando Landinez está en relación de
dependencia con COMCEL S.A., tacho al testigo por imparcialidad, dada la
subordinación que mantiene con la entidad que lo citó. Para que su señoría, en el
momento oportuno, proceda a resolver sobre la tacha.
Efectivamente, la tacha se resolverá al momento de proferir sentencia, como lo
ordena el Código General del Proceso.
Gracias, señora Magistrada. Señor Orlando, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la presentación que usted aún tiene en pantalla, sobre todo en las diapositivas
iniciales, ¿podría regresarse a alguna de ellas?
Sí, ya está. ¿Lo están viendo?
Sí, señor. Gracias. Estas diapositivas que usted está mostrando, donde aparecen
diferentes colores y zonas, ¿son las que están en la página oficial de Claro
(COMCEL)? ¿Son las que se muestran al público en general?
Sí, claro que sí. Estas diapositivas se descargan de la página oficial. Nosotros las
tomamos y debemos documentarlas con nombres, pero corresponden a la
información pública oficial.
Gracias. Hago esta acotación porque cuando la señora Magistrada le preguntó al
inicio de la audiencia sobre la calidad del servicio y lo instó a hablar del área
correspondiente en cuanto a cobertura 2G, 3G y 4G, usted textualmente dijo que
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no había servicio de 4G, salvo en Sirivana. Pero después, al mostrar las
diapositivas, aseguró que había aproximadamente un 50% de cobertura en 4G.
¿Por qué dio esas dos respuestas distintas?
Lo que ocurre es que los colores representan potencia de señal. En la zona urbana
estamos al 100%, mientras que en las áreas rurales la cobertura llega al 55%
aproximadamente. Eso no significa que la señal sea excelente, sino que sí existe
algo de cobertura en 4G, aunque en veredas la señal es muy débil, casi nula.
Usted explicó que en 3G se puede llamar y navegar, pero que en 2G solo se
pueden realizar llamadas. Teniendo en cuenta que actualmente los servicios que
se prestan son de voz y datos, ¿qué intensidad de señal se necesita para
garantizar ambos?
Con UMTS (3G) se cumplen los requisitos de voz y datos. En 2G también hay voz
y datos, pero a una velocidad muy baja que no permite, por ejemplo, ver un video.
En 3G sí se puede llamar y navegar adecuadamente.
Gracias. Ahora, indíquele al Despacho qué distancia hay, desde el límite del casco
urbano de Yopal hasta el final del corregimiento de Tacarimena, incluyendo las
veredas Palomas, Sirivana, Tacarimena, La Manga y La Calceta.
Aproximadamente entre 15 y 18 kilómetros.
Usted manifestó que existen unas torres que prestan el servicio o potencian la
señal. ¿A qué distancia deberían estar esas torres para que exista una cobertura
adecuada de 3G y 4G?
Entre 3 y 5 kilómetros.
¿Y actualmente de cuánto es la distancia?
Dependiendo de la tecnología. Por ejemplo, entre Vía Chaparrera y El Deseo hay
9 kilómetros, lo que implica que cada estación cubre unos 4,5 kilómetros. Entre El
Deseo y Yopal, la distancia es de unos 10 kilómetros, pero cada estación cubre
parcialmente, formando una especie de triángulo. Ninguna torre cubre todas las
veredas por sí sola; la cobertura es complementaria.
En una respuesta anterior mencionó que la señal se atenúa por la cantidad de
árboles. ¿Cómo se supera técnicamente ese problema?
Una solución es instalar más estaciones o implementar soluciones “indoor” (celdas
internas) en puntos específicos, como escuelas o sitios comunitarios, cuando la
señal está demasiado atenuada.
¿Se ha contemplado instalar este tipo de soluciones en el sector que es objeto de
la acción popular?
No, que yo tenga conocimiento.
En respuesta anterior usted indicó que la estación El Triunfo se encuentra sin
baterías porque fue vandalizada. ¿Desde cuándo está así?
Aproximadamente hace seis meses. Se instalaron nuevas baterías, pero fueron
nuevamente robadas. Por eso debemos primero implementar medidas de
seguridad, pues la Policía solo nos sugiere reforzar la vigilancia.
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¿A qué distancia está esa estación de Yopal?
Aproximadamente a un kilómetro, en la salida hacia Sirivana.
¿Esa estación irradia al colegio El Triunfo ubicado en el sector?
No, esa cobertura la presta otra estación en la zona urbana.
¿Cuánto tiempo estima que permanecerá sin funcionar la estación El Triunfo?
La estación está operativa, pero cuando hay fluctuaciones de energía superiores
a cuatro horas se ve afectada, pues carece de baterías y planta de respaldo.
Usted mencionó que son quienes atienden en campo las reclamaciones. ¿Qué tipo
de quejas reciben de los usuarios en este sector?
Principalmente, que la señal falla o se interrumpe. En muchos casos revisamos y
encontramos que es por corte de energía, cortes de fibra o problemas de SIM Card.
A veces el celular está en 4G y no baja automáticamente a 2G, según la zona.
¿Llevan estadísticas de estas reclamaciones?
Sí, claro, pero no las manejo directamente. Eso corresponde a otra área de la
empresa. Nuestro trabajo es mantener las estaciones operativas.
Según su experiencia, ¿cuántas interrupciones de señal han ocurrido en los
últimos dos años en el sector?
La más crítica fue en noviembre de 2023 por el vandalismo de la fibra óptica.
Además, en promedio, se presentan entre diez y quince interrupciones al año. Sin
embargo, las fallas no superan dos horas, porque estamos entrenados para
resolverlas rápidamente.
Gracias, señora Magistrada. No tengo más preguntas.
¿Algún otro apoderado desea interrogar al testigo?
Sí, señora Magistrada. Una sola pregunta. Señor técnico de COMCEL, de acuerdo
con su experiencia y la presentación que hizo, ¿cuál sería su sugerencia para
prestar una mejor cobertura en este corredor vial, objeto de la acción popular,
incluyendo las veredas desde Palomas hasta La Manga?
La propuesta sería instalar al menos una nueva estación base en la zona. Nosotros
hemos optimizado las torres existentes, pero la mejor solución sería una torre
adicional. Para eso necesitamos el apoyo de la comunidad, pues muchas veces
enfrentamos dificultades para conseguir la autorización de instalación».
De manera concordante, los documentos20 remitidos por el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y por otros operadores de telecomunicaciones
evidencian que la cobertura en las zonas rurales de Yopal está condicionada por la
20 Visibles en el expediente digital que reposa en el iíndice núm. 2 de Samai.
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baja densidad poblacional y por factores topográficos que dificultan la propagación de
la señal. Por ejemplo, Colombia Telecomunicaciones reportó la imposibilidad de
prestar servicio en la vereda La Manga debido a la distancia de 22 kilómetros respecto
de la antena más cercana y a las condiciones del terreno; Colombia Móvil no ofrece
servicio en las veredas del corregimiento; y Partners Telecom no tiene obligación de
cobertura en la zona conforme a la Resolución 330 de 2020, ni usuarios reportados.
En segundo lugar, el testimonio del técnico de COMCEL también dejó en claro que las
fallas en el servicio obedecen a factores externos, como el suministro inestable de
energía eléctrica en las veredas —aspecto corroborado por la empresa ENERCA21,
que no puede garantizar continuidad del 100%— y actos de vandalismo consistentes
en el hurto de baterías y cortes en las redes de fibra óptica. De hecho, el propio testigo
señaló que, si bien existe una estación en la vereda Tacarimena, la zona también
recibe señal de otras estaciones en Yopal, lo que demuestra que la cobertura existe,
pero está sujeta a condiciones de infraestructura, seguridad y energía que exceden la
simple voluntad de gestión y capacidad de la empresa operadora.
En tercer lugar, la Sala advierte que el acervo probatorio permite concluir que las zonas
de mejor cobertura corresponden al casco urbano de Yopal, en tanto que las áreas
rurales, como las veredas objeto de esta acción, reciben la capacidad residual de la
red. Este fenómeno no es atribuible a un incumplimiento de los títulos habilitantes por
parte de COMCEL, sino a un esquema de prestación del servicio basado en criterios
de densidad poblacional, demanda efectiva y disponibilidad tecnológica, que es el que
regula el marco normativo vigente.
Así las cosas, la valoración conjunta de las pruebas evidencia que el testimonio del
técnico no demuestra la negligencia que le atribuye el apelante a COMCEL S.A. Por
el contrario, corrobora la existencia de cobertura en voz y datos, aunque variable según
la tecnología y afectada por factores exógenos, como la energía, el vandalismo, la
topografía y las características de los equipos de los usuarios.
En lo que respecta a las comunicaciones y el video aportados junto con la apelación,
la Sala precisa que, mediante auto de 23 de abril de 2025, el Despacho sustanciador
21 Ibidem.
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negó su decreto como prueba en segunda instancia, al constatar que no se cumplían
los requisitos legales para su admisión. Dicha providencia se encuentra en firme, de
manera que tales elementos no integran el acervo probatorio.
De esta manera, lo acreditado en el expediente armoniza con la jurisprudencia de esta
Sección que, en providencias de 23 de abril de 202022, 3 de marzo de 202323, 30 de
noviembre de 202324 y 1 de febrero de 202425, precisó que la sola constatación de
deficiencias en la prestación del servicio de telefonía móvil en zonas rurales no implica,
por sí misma, la vulneración del derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y
a su prestación eficiente y oportuna. Ello solo ocurre cuando se demuestra que las
entidades públicas o los operadores han actuado con negligencia en el cumplimiento
de sus deberes legales. Por el contrario, cuando la limitación obedece a factores
geográficos, técnicos o económicos, el amparo no procede, aunque sí resulte
pertinente instar a las autoridades para que, de manera progresiva, adopten medidas
de mejora en la infraestructura y cobertura del servicio.
Aunado a lo anterior, la Sala advierte que este caso guarda similitud con lo resuelto en
la sentencia del 5 de septiembre de 202426, en la que se examinó la prestación del
servicio en la zona rural del Municipio de Paz de Ariporo (Casanare). Allí, la Sala
concluyó que no se configuraba la vulneración de los derechos colectivos, dado que
las limitaciones técnicas y de infraestructura excedían la responsabilidad inmediata de
los operadores y respondían a un proceso progresivo de expansión de las redes.
En ese orden, al igual que en aquella oportunidad, en el presente asunto se constató
que COMCEL S.A. prestaba efectivamente los servicios en las veredas objeto de
debate, que existen coberturas diferenciales según la tecnología (2G, 3G y 4G), y que
las deficiencias registradas obedecen a condiciones exógenas, como el suministro
22 Consejo de Estado. Sección Primera. Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón. Núm. único
de radicación: 85001-23-33-000-2018-00146-01. Actor: Personería Municipal de Chámeza.
23 Consejo de Estado. Sección Primera. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Núm.
único de radicación: 88001-23-33-000-2018-00021-01.
24 Consejo de Estado. Sección Primera. Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López. Núm. único de
radicación: 85001 23 33 000 2021 00141 01. Actor: Personería Municipal de Nunchía.
25 Consejo de Estado. Sección Primera. Consejero Ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Núm.
único de radicación: 63001-23-33-000-2021-00102-01. Actor: Personería Municipal de Génova y Otro.
26 Consejo de Estado. Sección Primera. Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez. Núm. único
de radicación: 850012333000201800025-01. Actor: Luis Alejandro López Ríos.
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eléctrico, los factores topográficos y los actos de vandalismo, lo que descartó una
conducta negligente de las entidades accionadas.
Finalmente, en lo relativo a la Resolución 331 de 2020 del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y de la Ley 2108 de 2021, la Sala advierte que
en el expediente no obra prueba de que COMCEL S.A. haya incumplido de manera
específica las obligaciones allí previstas, ni de que el Ministerio, en ejercicio de sus
funciones de seguimiento, hubiese verificado tal incumplimiento. En consecuencia,
tales disposiciones, si bien relevantes para definir el marco de deberes de los
operadores y el carácter esencial del acceso a internet, no permiten por sí solas derivar
la configuración de una vulneración en el presente caso, en ausencia de acreditación
probatoria concreta.
En conclusión, la Sala coincide con el Tribunal en que las deficiencias identificadas en
el servicio no obedecen a una omisión de las entidades accionadas, sino a
circunstancias técnicas y contextuales propias de la prestación del servicio en zonas
rurales de baja densidad poblacional.
En consecuencia, no se configura la vulneración de los derechos colectivos invocados
y este cargo carece de vocación de prosperidad.
7.4. De la controversia sobre la carga de la prueba y las pruebas de oficio
7.4.1. La Sala determinará si el Tribunal (i) desconoció la regla sobre la carga dinámica
de la prueba y (ii) omitió decretar pruebas de oficio que esclarecieran las deficiencias
denunciadas en la prestación del servicio de telecomunicaciones en las zonas rurales
del Municipio de Yopal (Casanare), y si tales circunstancias pudieron llegar a
comprometer la protección de los derechos colectivos al acceso a los servicios
públicos y a su prestación eficiente y oportuna.
Al respecto, se pone de presente que en las acciones populares el demandante tiene
el deber de aportar las pruebas que demuestren la amenaza o vulneración de los
derechos colectivos invocados en el libelo introductorio.
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Sin embargo, el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 reconoció que «si por razones de
orden económico o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las
órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios
probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate».
El juez popular, por iniciativa propia y sin que lo soliciten las partes, puede decretar
pruebas de oficio y/o modificar la carga de la prueba, siempre y cuando se acrediten
dos circunstancias. La primera es que exista una duda probatoria que impida adoptar
una decisión de fondo. La segunda es que el demandante no haya aportado la prueba
pertinente por razones económicas o técnicas. Esa intervención probatoria judicial
debe considerar la naturaleza del derecho colectivo, la posición de las partes, la
disponibilidad de la prueba y el interés general, con miras a garantizar un ejercicio
imparcial de la administración de justicia27.
En este punto es indispensable precisar que la carga dinámica de la prueba no
constituye una regla automática de inversión, sino un mecanismo de corrección
excepcional que se aplica únicamente cuando una de las partes está en mejor posición
de allegar la evidencia y la otra demuestra una imposibilidad real de hacerlo. En otras
palabras, no puede asumirse que el juez supla la inactividad del actor, pues ello
rompería el equilibrio procesal.
En ese orden, no son de recibo los argumentos relacionados con la inversión de la
carga de la prueba y la presunta omisión frente al ejercicio de facultades
jurisdiccionales oficiosas en términos probatorios, toda vez que, conforme con el
artículo 167 del Código General del Proceso28, aplicable al presente asunto por la
27 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 18 de julio de 2024. Consejero Ponente: Germán
Eduardo Osorio Cifuentes. Radicación núm.: 52001-23-33-000-2020-00873-01.
28 “Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir,
la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar,
exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para
aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición
para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de
prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que
dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la
contraparte, entre otras circunstancias similares.
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remisión dispuesta en el artículo 44 de la Ley 472 de 198829, incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen. Además, pese a que el Juez cuenta con la atribución de decretar pruebas
con miras a resolver la controversia, lo cierto es que dicha opción de ninguna forma
puede ser utilizada para subsanar las falencias probatorias de las partes, pues ello
implicaría un desequilibrio en las cargas procesales en detrimento del derecho al
debido proceso del otro extremo de la litis.
Al respecto, vale la pena recoger en esta providencia el criterio esgrimido por la
Sección Quinta sobre el particular, al analizar, en sede de tutela contra providencia
judicial, un cargo de defecto fáctico en el que se indicó que el Juez Popular, estando
obligado a hacerlo, no las ordenó. En la anotada providencia se indicó lo siguiente:
“[C]on relación al decreto oficioso de pruebas dentro de los trámites de las acciones
populares, es necesario traer a colación la remisión expresa que realiza la Ley 472
de 1998 en su artículo 44 respecto de los aspectos no regulados a las
disposiciones contenidas en el Código General del Proceso “En los procesos por
acciones populares se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento
Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicción que
le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente Ley, mientras no se
oponga a la naturaleza y a la finalidad de tales acciones.”
Por su parte el artículo 167 del Código General del Proceso prevé:
“Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio
o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su
práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más
favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos.
La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su
cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba,
por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente
en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de
incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias
similares. (…)”
Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, otorgará a la parte
correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la respectiva prueba, la cual se someterá
a las reglas de contradicción previstas en este código.
Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.” (Subrayas de la
Sala).
29 “Articulo 44. Aspectos no regulados. En los procesos por acciones populares se aplicarán las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo dependiendo
de la jurisdicción que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se
opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones”.
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En presente caso, la carga de la prueba se encuentra a cargo de la parte
accionante como interesada en las pretensiones de la acción de modo que sobre
ella recaía la obligación de aportar al proceso todo el material probatorio con miras
a demostrar los hechos expuestos en la acción y en consecuencia el amparo
solicitado.
De acuerdo con el escrito de la demanda presentada en el proceso de la acción
popular, se advierte que la parte actora presentó un derecho de petición a través
del cual solicitó al municipio de Floridablanca información que tenía por objeto
conocer si la prestación del servicio público esencial se había garantizado a la
comunidad.
De este modo, la parte actora aportó como única prueba el mencionado derecho
de petición y precisó que el municipio guardó silencio sin emitir un pronunciamiento
de fondo a su solicitud. Al respecto, es preciso tener en cuenta que la parte
accionante no solicitó el decreto de otras pruebas con miras a soportar las
pretensiones de su demanda ni en este momento del trámite ni en otra etapa
procesal.
En este sentido, el Tribunal indicó: “En este orden de ideas, no puede pasar por
alto esta colegiatura que la parte actora no hizo ningún esfuerzo para demostrar la
vulneración de los derechos colectivos por parte del Municipio de Floridablanca,
por cuanto, los argumentos de vulneración esgrimidos dentro del escrito
demandatorio solo giran entornó (sic) a señalar que no fue dada respuesta (sic)
una petición presentada ante ese ente territorial, si bien es cierto, dentro de los
escritos de apelación y alegaciones la accionante encamina su argumentación a
la vulneración del derecho colectivo, no direccionó sus esfuerzos a probar dicha
situación, esto en atención a que máxime el único elemento probatorio allegado
para acreditar dicha circunstancia fue la petición dirigida en tal sentido, no solicitó
pruebas a fin de que el Juzgador esclareciera la real situación acontecida, lo cual
coadyubado con el hecho que el Juez de Instancia en su facultad oficiosa no
solicitó pruebas conllevó a que prescindiera de la etapa probatoria.”
De esta manera, la Sala encuentra que no es de recibo el defecto fáctico
argumentado por la parte actora, en el sentido de considerar que el juez de
conocimiento estaba en la obligación de decretar las pruebas necesarias para
emitir un fallo en derecho y justicia dado que tal como lo establece la norma, se
trata de una facultad, que de ninguna manera puede convertirse en una
subrogación de las cargas procesales que les corresponden a las partes de la litis
para perseguir sus intereses, y en ese entendido en lo atinente a este aspecto el
cargo no tiene vocación de prosperidad”30. (Negrillas y subrayas de la Sala)
En conclusión, la carga de la prueba recaía sobre la parte actora, quien no acreditó la
vulneración de los derechos colectivos ni demostró imposibilidad técnica o económica
para allegar la evidencia necesaria.
De otro lado, en cuanto al cuestionamiento del apelante por la negativa de vinculación
de instituciones educativas y juntas de acción comunal, la Sala observa que la
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Consejera ponente: Rocío
Araújo Oñate, sentencia del 19 de septiembre de 2018, radicación número: 11001 03 15 000 2017 01023
01.
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apelación no constituye la oportunidad procesal para reabrir etapas ya concluidas ni
para controvertir autos interlocutorios debidamente ejecutoriados, frente a los cuales
existían recursos idóneos. En ese sentido, los reproches planteados no recaen en
estricto sentido contra la sentencia de primera instancia, sino contra decisiones
procesales autónomas y anteriores. Aun si se prescindiera de lo anterior, la falta de
vinculación de esas instituciones no hace inconsistente la decisión del a quo, pues la
participación ciudadana fue garantizada mediante la publicación prevista en el artículo
21 de la Ley 472 de 1998.
En consecuencia, no era exigible al Tribunal asumir oficiosamente esa carga, de modo
que no puede imputársele desconocimiento de la regla de la carga dinámica ni omisión
probatoria alguna.
Por tanto, este cargo no tiene vocación de prosperidad.
7.5. No obstante lo anterior, la Sala no puede dejar de advertir que, en la actualidad,
el sector de las telecomunicaciones se encuentra en un proceso constante de
modernización tecnológica, lo cual impone a las autoridades la obligación de
propender por incrementar el alcance y la calidad de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, en especial en aquellas poblaciones que, por sus condiciones
geográficas, ven supeditado el goce efectivo de algunos derechos fundamentales en
el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
En ese contexto, la Sala estima necesario instar al Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones para que, en el marco de sus competencias, cumpla
de manera progresiva con el deber de desplegar los esfuerzos institucionales
requeridos a fin de promover el mejoramiento de los mencionados servicios en dichos
territorios.
Esta conclusión reitera el criterio de esta Sección31, en pronunciamientos en donde ha
considerado que, aun cuando no se acredite plenamente la vulneración o amenaza de
31 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
abril de 2020 en proceso identificado con núm. único de radicación 850012333000201800146-01, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón; sentencia de 30 de noviembre de 2023 en proceso identificado con núm.
único de radicación 850012333000202100141-01, C.P. Oswaldo Giraldo López; sentencia de 1 de
febrero de 2024 en proceso identificado con núm. único de radicación 630012333000202100102-01,
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los derechos colectivos, resulta pertinente impartir exhortos a las entidades, con el fin
de que continúen desarrollando de manera progresiva las acciones necesarias para
garantizar que la prestación del servicio de telefonía móvil en las zonas urbanas y
rurales del país se lleve a cabo en condiciones óptimas de calidad y cobertura. En esa
misma dirección, corresponde al Estado adoptar políticas y adelantar gestiones que
incentiven la inversión en infraestructura por parte de los operadores del servicio, de
manera que se logre avanzar en el cierre de la brecha digital que aún afecta a sectores
de la población.
Por lo expuesto, la Sala instará al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en los términos señalados.
7.6. Finalmente, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales 1º
y 8º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas en
esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: INSTAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones para que adelante las acciones pertinentes que incentiven y
promuevan la inversión en infraestructura por parte de los operadores del servicio de
telefonía móvil celular y datos, con el fin de que la zona rural del Municipio de Yopal
cuente progresivamente con dicho servicio en óptimas condiciones.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes; sentencia de 5 de septiembre de 2024 en proceso identificado
con núm. único de radicación 850012333000201800025-01, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado (E)
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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