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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2021-00141-01

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2021-00141-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada. SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 85001-23-33-000-2021-00141-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

30 de noviembre de 2023

1

Radicado: 85001 23 33 000 2021 00141 01
Demandante: Personería Municipal de Nunchía

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D. C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación núm.: 85001 23 33 000 2021 00141 01
Actor: Personería Municipal de Nunchía
Demandados: Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Agencia Nacional del Espectro, Comunicación Celular S.A. y Colombia de
Telecomunicaciones S.A. E.S.P.
Tesis: No es cierto que, al resolver la acción popular de la referencia, el Tribunal aplicara
como precedente judicial la sentencia de 23 de abril de 2020, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el expediente con radicado número 85001-23-33-000-
2018-00146-01.
No es cierto que la prestación del servicio de telefonía celular y datos móviles en el
Municipio de Nunchía sea deficiente y eso genere afectación de derechos colectivos
invocados por la parte actora, si en el plenario reposan declaraciones de usuarios de
ese servicio que así lo afirman y al mismo tiempo constan testimonios técnicos que
aducen que las entidades demandadas están cumpliendo con las obligaciones que les
fueron impuestas en los actos administrativos en los cuales se les otorgó licencia para
el uso del espectro radioeléctrico.
No se vulneró el principio de congruencia por una presunta falta de relación entre la
parte motiva de la sentencia del Tribunal, que determinó que la empresa demandada
cumplió con sus obligaciones, lo cual acreditó que no existió vulneración de los
derechos colectivos invocados por la parte actora y, pese a ello, en la parte resolutiva
de la providencia, se le instó a realizar las actividades necesarias para observar sus
deberes.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Personero
Municipal de Nunchía y el recurso de apelación adhesiva presentado por

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Radicado: 85001 23 33 000 2021 00141 01
Demandante: Personería Municipal de Nunchía

Comunicación Celular S.A. (en adelante COMCEL), en contra de la sentencia del 29
de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Casanare.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. La parte actora presentó acción popular1 en contra del Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante Mintic), la Agencia
Nacional del Espectro (en adelante la Agencia), COMCEL y Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P, al estimar vulnerados los derechos colectivos de
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna y los
derechos de los consumidores y usuarios, por la deficiencia en la prestación del
servicio de telefonía celular, datos móviles e internet en el Municipio de Nunchía.

Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO. Que se declare que las entidades y sociedades demandadas y/o
quienes resultaren vinculados dentro del trámite procesal, son responsables de la
vulneración de los derechos colectivos de acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna y los derechos de los consumidores, por la
deficiente prestación de los servicios de telefonía móvil, datos móviles e internet.

SEGUNDO. Que se ordene a las entidades y sociedades demandadas y/o quienes
resultaren vinculados dentro del trámite procesal, la apropiación de recursos
necesarios y suficientes para la instalación de nuevas antenas que amplíen el
espectro radioeléctrico y los niveles de calidad, cobertura, tráfico de datos y
emisión de ondas electromagnéticas en el área urbana y rural del Municipio de
Nunchía – Casanare.

TERCERO. Que se ordene a las entidades y sociedades demandadas y/o quienes
resultaren vinculados dentro del trámite procesal, la apropiación de recursos
necesarios y suficientes para la instalación de equipos tecnológicos de mayor
potencia en las antenas existentes con el fin de que se amplie el espectro
radioeléctrico y los niveles de calidad, cobertura, tráfico de datos y emisión de
ondas electromagnéticas en el área urbana y rural del Municipio de Nunchía –
Casanare.

CUARTO. Que se ordene a la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. –
COMCEL S.A., la apropiación de los recursos necesarios y suficientes para la
reubicación o traslado de la antena que se encuentra ubicada en el centro del
pueblo a una zona alta de la vereda La Palmita u otro lugar alto o contiguo al casco
urbano, con el fin de que se amplie el espectro radioeléctrico y los niveles de
calidad, cobertura, tráfico de datos y emisión de ondas electromagnéticas en el
área urbana y rural del Municipio de Nunchía – Casanare.”

1 Índice núm. 2 de Samai.

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Demandante: Personería Municipal de Nunchía

1.2. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:

Mencionó que según la última encuesta realizada por el Departamento Nacional de
Estadística – DANE, el Municipio de Nunchía tiene una población aproximada de ocho
mil cuatrocientos sesenta y nueve (8.469) habitantes, de los cuales dos mil ciento doce
(2.112) residen en el área urbana.

Aseguró que el cien por ciento (100%) de los pobladores de ese ente territorial tiene
equipo móvil para comunicarse mediante el servicio de telefonía celular y que algunos
usuarios cuentan con servicio de datos móviles e internet.

Expuso que el único operador que presta estos servicios es COMCEL, el cual tiene
instalada una antena en el centro urbano y otra en la zona limítrofe con el Municipio
de Yopal.

Sostuvo que actualmente el servicio de telefonía celular, datos móviles e internet es
deficiente, circunstancia que impide la comunicación de los residentes de Nunchía,
especialmente en actividades laborales y educativas que luego de la pandemia por
COVID-19 pasaron a realizarse de forma virtual.

Indicó que ha requerido a cada una de las entidades accionadas con el fin de que
optimicen la prestación de los servicios mencionados. Sin embargo, han presentado
diferentes talanqueras que evitan la destinación de recursos para la realización de las
obras y actividades que pueden contribuir a mejorar la comunicación y conectividad de
los vecinos de la señalada municipalidad.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. La Agencia Nacional del Espectro2 presentó oposición a las pretensiones de la
demanda argumentando que no vulneró los derechos colectivos invocados y que
carece de competencia de vigilancia y control sobre los asuntos relacionados con la
cobertura y calidad de los servicios de telefonía móvil e internet. Agregó que no apropia
recursos para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones.

2 Ibidem.

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Señaló que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1341 de 2009,
le corresponde la vigilancia y control del espectro radioeléctrico, es decir, verificar que
sea utilizado con el correspondiente permiso del Mintic, de la Autoridad Nacional de
Televisión, de la Aerocivil o de la DIMAR; de acuerdo con los parámetros técnicos
establecidos en la licencia concedida.

Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2.2. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones3 informó
que la prestación del servicio de telefonía móvil en el Municipio de Nunchía se provee
con la infraestructura desplegada por el Proveedor de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones (en adelante PRST), que es COMCEL, sociedad que cuenta con
dos (2) Estaciones Base (2G/3G/4G).

Añadió que TELEFÓNICA y la UT TIGO-ETB prestan sus servicios a través de
acuerdos de roaming automático nacional, suscritos con COMCEL.

Respecto de los indicadores de calidad explicó que de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución CRC 5050 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5078 del mismo
año, se realizan reportes de calidad mensualmente. Así mismo, los operadores están
obligados a medir y reportar los indicadores de calidad de voz y datos móviles 3G en
dieciséis (16) de los diecinueve (19) municipios de Casanare (Resolución CRC 5321
de 2018) y están exentos de hacerlo en tres (3), entre ellos Nunchía.

Sostuvo que la cabecera del Municipio de Nunchía fue beneficiada con el despliegue
de cobertura con tecnología 4G, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 449
de 2013 y los proveedores COMCEL, TELEFÓNICA y la UT TIGO-ETB cumplieron
con las obligaciones de despliegue de infraestructura y cobertura; mientras que
AVANTEL y DIRECTV cumplieron parcialmente sus obligaciones y debido a ello, en
uso de sus facultades de vigilancia, inspección y control, adelantó las actuaciones
administrativas con los radicados 2823 y 2824.

3 Ibidem.

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Dijo que sus funciones están orientadas a la consecución de los objetivos de que trata
el artículo 17 de la Ley 1341 de 2009, los cuales, en general, se encausan a promover
el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del
sector, así como impulsar su desarrollo y fortalecimiento.

Precisó que el acceso al espectro radioeléctrico en Colombia se produce previo
proceso de selección objetiva, sin que exista competencia alguna que faculte al Mintic
para imponer a los operadores la extensión de la cobertura en el área rural del
Municipio del Nunchía. Agregó que el asunto no tiene solución inmediata, debido a las
características técnicas, orográficas exógenas y endógenas que lo rodean porque la
instalación de antenas depende de diversos aspectos que incluso raramente pueden
determinarse por los planes de ordenamiento territorial.

Comentó que el 20 de diciembre de 2019, inició el proceso para asignar permisos de
uso del espectro radioeléctrico en las bandas 700MHz, 1.900MHz y 2.500 MHz,
mediante el mecanismo de subasta, desarrollado de acuerdo con las reglas fijadas en
la Resolución 3078 de 2019. Como resultado de ese proceso, otorgó permisos para el
uso del espectro radioeléctrico a los participantes ganadores de los bloques
subastados, los cuales tendrán la obligación de ampliar cobertura de servicios de
telecomunicaciones móviles en tres mil seiscientos cincuenta y ocho (3.658)
localidades de áreas rurales de todo el país que hoy no tienen ningún tipo de
conectividad.

Expresó que COMCEL debe efectuar actualización tecnológica de las redes de
telecomunicaciones móviles en los municipios de menos de cien mil (100.000)
habitantes que hacen parte de la obligación, en un plazo máximo de cuatro (4) años y
según la información reportada con corte a 22 de junio de 2021, la actualización
tecnológica para el Municipio de Nunchía está incluida en el cronograma que finaliza
en el mes de mayo de 2024, es decir, dentro del plazo otorgado.

Propuso como excepciones las que denominó:

Falta de legitimación en la causa por pasiva. Arguyó que no es el titular de la obligación
que sustenta las pretensiones de la demanda y que la ubicación de torres y antenas

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de comunicaciones en un lugar específico del municipio, es un asunto de ordenamiento
territorial debe ser atendido por la Alcaldía de Nunchía.

Ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales. Sustentó el medio exceptivo
en que la parte actora no demostró la vulneración o amenaza de los derechos e
intereses colectivos, razón por la cual la afirmación de que el servicio de
telecomunicaciones no se presta de forma eficiente no pasaba de ser un hecho
subjetivo carente de respaldo probatorio.

No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios. Explicó que para
decidir el asunto de la referencia era indispensable la vinculación del Municipio de
Nunchía, de la Empresa de Energía de Casanare – ENERCA S.A. E.S.P. y de todos
los operadores que prestan el servicio referido de forma directa o indirecta.

Desconocimiento de la jurisprudencia vigente en materia de acciones populares sobre
derechos colectivos a la prestación de servicios en materia TIC. Señaló que el Consejo
de Estado en un caso de similares condiciones fácticas y jurídicas emitió un
pronunciamiento en el que revocó una sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare que había amparado el derecho colectivo a la prestación
oportuna y eficiente del servicio público de telefonía celular (voz y datos, en lo referente
a calidad y cobertura), en la zona rural del Municipio de Chámeza, por parte del Mintic,
de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones y de la Agencia. Sin embargo,
no precisó datos del pronunciamiento que trajo a colación.

2.3. COMCEL S.A.4 en su defensa planteó las siguientes excepciones:

Inexistencia de derechos colectivos vulnerados. Manifestó que ha prestado los
servicios que tiene a cargo en forma continua y eficiente, teniendo en cuenta las
circunstancias propias de la zona en temas como orden público, dificultades
geográficas y aislamiento.

Alegó que las fallas que eventualmente puedan ocurrir no son selectivas, sino
derivadas de las circunstancias propias del municipio.

4 Ibidem.

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Precisó que no tiene capacidad jurídica ni facultades legales para incidir en las
decisiones de las entidades que figuran como demandadas, ni para modificar las
normativas estatales, mucho menos los modelos de negocio de los contratistas
estatales o las condiciones de mercado que rigen el desarrollo de la infraestructura de
servicios públicos en una determinada región del País.

Indicó igualmente que no es procedente imponer obligaciones económicas o logísticas
a los operadores del servicio, especialmente en materia de ampliación de
infraestructura, que no sea posible recuperar vía tarifas o que no responden a las
condiciones reales del mercado.

Falta de legitimación en la causa por pasiva. Juzgó que imponerle obligaciones
relacionadas con la ampliación de infraestructura de servicios públicos, sin determinar
los costos de la decisión, sería un abuso y conllevaría desconocimiento de las
competencias en la materia. Además de confusión entre los alcances de las relaciones
entre el Estado y los particulares que prestan servicios en nombre de este.

Protección a la libre empresa y la estabilidad jurídica. Dijo que so pretexto de la
protección de los derechos colectivos no podían ser desconocidos los principios
esenciales de la economía nacional, como la libre empresa y la estabilidad jurídica,
que se verían amenazados si se obliga a los operadores del servicio a asumir mayores
costos.

Improcedencia de la acción. Afirmó que no estaban identificados los intereses
colectivos en juego y que la telefonía celular y los datos móviles no constituían
servicios públicos domiciliarios. Agregó que el proceso de implementación de las
tecnologías de la información no se basa en el simple querer de los operadores, sino
que se encuentra limitado, entre otras causas, por las condiciones geográficas,
económicas y sociales de los sitios donde se pretenden desarrollar los proyectos.

Legalidad de las actuaciones de COMCEL. Explicó que como operador del servicio
varias veces señalado ha ajustado sus actuaciones al ordenamiento jurídico y al
cumplimiento de sus obligaciones. Añadió que los hechos de la demanda popular no
evidenciaban que hubiese incurrido en alguna irregularidad. Aclaró que los defectos

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en la prestación del servicio de energía eléctrica inciden de forma directa en la calidad
de la señal de la telefonía celular y del internet.

2.4. Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.5 se opuso a las pretensiones de la
demanda argumentando que carecen de sustento jurídico y fáctico pues se basan en
solas conjeturas.

Propuso las excepciones que denominó inexistencia de vulneraciones a los derechos
colectivos, carencia de pruebas, falta de legitimación por pasiva, legalidad de las
actuaciones de Colombia Telecomunicaciones y hecho de un tercero.

Todas las fundamentó en la carencia de prueba respecto de la vulneración alegada o
que está fuere imputable a Colombia Telecomunicaciones, empresa que ha cumplido
con la prestación del servicio atendiendo las condiciones dispuestas para el efecto.

2.5. COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.6
Adujeron que no se encuentran legitimadas para responder por las supuestas
vulneraciones de los derechos colectivos invocados en la demanda.

Propusieron las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
improcedencia de la acción popular, ausencia de vulneración de derechos colectivos
y buena fe.

La primera la sustentaron en que la prestación del servicio de telecomunicaciones
móviles se efectúa por medio del roaming automático nacional de la empresa CLARO,
por lo que la calidad en la prestación del servicio a sus usuarios depende directamente
de ese operador. Agregaron que las obligaciones contraídas por ellas no contemplan
las de ampliar la red en el Municipio de Nunchía.

La segunda la fundamentaron en que el actor se limitó a aducir a la presunta
vulneración de derechos, pero incumplió el deber procesal de probar la deficiencia que
alegó.

5 Ibidem.
6 Ibidem.

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La tercera y última la respaldaron en que sus actuaciones siempre han sido acordes
con las normas sobre la materia y han buscado lograr el cumplimiento de sus
obligaciones.

2.6. PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.7 Expresó que el 20 de febrero de
2020, el Mintic expidió nueve (9) resoluciones mediante las cuales asignó permiso de
uso del espectro en diferentes bloques a diferentes operadores. En el caso de WOM
lo hizo para un (1) bloque en la banda de 700 MHz y dos (2) bloques en la banda de
2500 MHz. Respecto a la cobertura geográfica, precisó que el Mintic la estableció en
seiscientos setenta y cuatro (674) localidades a desplegar entre el 2020 y 2021, entre
las cuales no se encontraba el Municipio de Nunchía. Sin embargo, dijo que sí prestaba
sus servicios en ese territorio mediante roaming automático nacional, a través de las
redes móviles de otros operadores.

Además, trajo a colación el fallo del 23 de abril de 2020, proferido por la Sección
Primera del Consejo de Estado dentro de la acción popular interpuesta por la
Personería Municipal de Chámeza, con radicado núm. 85001-23-33-000-2018-00146-
01, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón.

2.7. Coadyuvantes8. Concejales del Municipio de Nunchía y Defensor del Pueblo
Regional Casanare, reiteraron la situación fáctica planteada en la demanda.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo de Casanare dictó la sentencia del 29 de septiembre
de 20229, cuya parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva desde el punto de vista procesal, falta de integración de
litisconsorcio necesario y falta de agotamiento del requisito de procedibilidad,
según lo indicado en la motivación.

7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem.

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SEGUNDO: DECLARAR que no se acreditó la vulneración de los derechos
colectivos invocados por la Personería Municipal de Nunchía, por las razones
señaladas en las consideraciones.

TERCERO: INSTAR a los accionados, principales al MINTIC y a COMCEL, que es
la propiedad de la infraestructura que se utiliza en Nunchía, que, dentro de sus
competencias, ejecuten las actividades necesarias para mejorar la calidad del
servicio en ese ente territorial.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en la instancia.

QUINTO: ORDENAR la publicación de la parte resolutiva de esta sentencia en un
diario de amplía circulación nacional a costa de la parte accionante dentro de los
cinco días hábiles siguientes a su ejecutoria y que acredite tal situación ante esta
Corporación dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del plazo anterior.

Para el efecto, la Secretaría expedirá la correspondiente copia.

SEXTO: ORDENAR a la Secretaría que remita copia de la demanda, del auto
admisorio y de este fallo, a la Defensoría del Pueblo para los fines previstos en el
artículo 80 de la Ley 472 de 1998, relacionados con el registro público centralizado
de acciones populares y acciones de grupo.

NOVENO: Si el fallo no fuere apelado, MANTÉNGASE el expediente en Secretaría
por el término y para los efectos establecidos en el artículo 36 A de la Ley 270 de
1996, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 1437 de 2011, en su artículo
272 y siguientes.”.

3.2. El Tribunal descartó la configuración de la excepción de falta de integración del
litisconsorcio necesario al considerar que era la parte actora, de conformidad con los
hechos, las pretensiones y las competencias constitucionales y legales, la encargada
de determinar los demandados. Además, que no se probó que para tramitar el proceso
se requiriera de la comparecencia de otras entidades diferentes a las que ya
conformaban el extremo pasivo.

Agregó que de llegar a ser necesario la intervención del municipio para otorgar
permisos para la colocación de infraestructura para la prestación de los servicios
comentados, ese trámite lo debía adelantar la empresa encargada de esa actividad,
sin que ello constituyera un motivo para vincular al ente territorial al proceso.

De la misma forma procedió con la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, formulada por la mayoría de los accionados, que desestimó al observar que
solo era posible establecer si estos debían responder o no por los perjuicios
reclamados, una vez se acreditara la vulneración de los derechos colectivos.

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3.3. Al estudiar el fondo del asunto comenzó por hacer referencia de manera extensa
a la situación fáctica y a los argumentos jurídicos que sustentaron el pronunciamiento
proferido en segunda instancia en la acción popular con radicado núm. 85001-23-33-
000-2018-00146-01.

Luego, señaló que si bien la sentencia de 23 de abril de 2020, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado, no tenía el carácter de precedente judicial, lo cierto
era que contenía razones que resultaban aplicables para decidir la actual controversia.

Del estudió del acervo probatorio concluyó que los testigos técnicos coincidieron en
afirmar que las empresas accionadas estaban cumpliendo con las obligaciones que
les fueron impuestas y que el Municipio de Nunchía cuenta con dos (2) estaciones
base por medio de las cuales obtiene cobertura 2G, 3G y 4G. Esta última no se
prestaba en la zona montañosa debido a la topografía, que impide que la señal llegue
en óptimas condiciones.

Explicó que de conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en el fallo
referido, debía analizarse si el Estado en su calidad de administrador del espectro
electromagnético y, por ende, radioeléctrico, permite a los particulares su utilización a
cambio de una contraprestación económica y que estos sean los que procuren la
inversión en infraestructura y maximización del bienestar social.

Sostuvo que aunque los servicios públicos invocados son esenciales, su garantía,
dadas las condiciones geográficas del Municipio de Nunchía y otros entes territoriales
del Departamento de Casanare, tal como, lo señaló el Consejo de Estado, son de
satisfacción gradual en la medida en que los recursos económicos y técnicos lo
permitan.

Recordó que la obligación de garantizar esos servicios está en cabeza del Estado,
específicamente del Mintic, entidad que administra el espectro y se encarga de emitir
las políticas para que las empresas estatales y/o particulares hagan las inversiones
necesarias para lograr un servicio público eficiente en materia de comunicaciones.

Agregó que la citada cartera ministerial inició el proceso de selección objetiva mediante
subasta para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional.

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Afirmó que asistía razón a las entidades demandadas y llamadas al proceso en cuanto
indicaron que ellas están cumpliendo con lo dispuesto en los actos administrativos a
través de los cuales se les otorgó la licencia para el uso del espectro y las obligaciones
que deben cubrir en desarrollo de ella.

También aceptó el argumento expuesto por esas entidades, en cuanto a que, si bien
deben cumplir un objeto social respecto de la comunidad en general, no pueden ni
deben asumir gastos e inversiones sino hasta donde obtengan un margen de
rentabilidad económica.

De tal forma, concluyó que no se acreditó la vulneración de los derechos colectivos.

Por último, señaló que no proferiría condena en costas en tanto no encontraba
configurada temeridad o mala fe por parte de la entidad actora.

IV. RECURSOS DE APELACIÓN

4.1. La Personería Municipal de Nunchía10 presentó recurso de apelación en contra
de la sentencia de primera instancia en el que indicó que el Tribunal desconoció que,
de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1564 de 2012, era viable que se apartara de la
doctrina probable siempre y cuando presentara de forma clara y razonada argumentos
que justifiquen la decisión.

Alegó que la situación fáctica objeto de estudio en el pronunciamiento del 23 de abril
de 2020, de la Sección Primera del Consejo de Estado, no guardaba estricta relación
con los hechos planteados en la acción de la referencia. Empero, no precisó las
diferencias.

Manifestó que la deficiente prestación del servicio de telefonía celular y datos móviles,
tanto en el sector urbano como en el rural, estaba probada por cada uno de los testigos
que aportó, por lo que no existía concordancia entre las pruebas técnicas que
presentaron los demandados y la realidad.

10 Ver expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai.

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Radicado: 85001 23 33 000 2021 00141 01
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Indicó que el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las entidades
demandadas resultaba insuficiente para conjurar la vulneración de los derechos
colectivos invocados en la demanda en favor de los habitantes de Nunchía, quienes
no podían verse sometidos a soportar de forma indefinida la mala calidad en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones con la excusa de la topografía del
municipio.

4.2. COMCEL S.A.11 interpuso recurso de apelación adhesiva por medio del cual
discutió la orden dada por el Tribunal en el numeral tercero de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia. Explicó que ese aparte era improcedente pues no
guardaba relación con la parte considerativa del fallo donde se afirmó que COMCEL
S.A. estaba cumpliendo con sus obligaciones legales, máxime cuando demostró la
observancia de los indicadores de calidad.

Señaló que la medición de la calidad en la prestación del servicio era objetiva y
respondía a los indicadores establecidos por las entidades públicas competentes en
las normas respectivas. Y que la atención de esos estándares fue corroborada al
interior del proceso por Carlos Eduardo Santana Ríos y Rodolfo Martínez Abuadura,
expertos en la materia.

Afirmó que la percepción de calidad del usuario no era semejante a la prueba de
calidad objetiva del servicio, como se demostró en el contra interrogatorio a los testigos
que aportó el personero, cuyo conocimiento sobre tecnología, en términos generales,
era muy precario, al punto que no conocían ni tenían activado el roaming automático
nacional, que permite el uso de la infraestructura de los diferentes operadores.
También dijo que ninguno de esos testigos pudo demostrar que hubiese presentado
alguna queja por mala calidad del servicio en contra de alguno de los operadores.

Finalmente, aseveró que instar de forma genérica a COMCEL era un “castigo
injustificado” para la empresa, que afectaba su buen nombre y que podía llegar a
desestimular su presencia en otras regiones y municipios, cuyas condiciones, sociales,

11 Ibidem.

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económicas, geográficas o jurídicas no permitan garantizar los costos que este tipo de
demandas les genera.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA12

Por medio de auto del 4 de noviembre de 2022, el Despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por el Personero Municipal de Nunchía y prescindió
del traslado para alegar de conclusión en aplicación de lo previsto en numeral 5 del
artículo 247 del CPACA, aplicable al presente asunto por la remisión que autoriza el
artículo 44 de la Ley 472 de 1998.

Mediante proveído del 20 de enero de 2023, el Despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación adhesiva interpuesto por COMCEL S.A.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo
de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de
los recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos en las acciones populares.

6.2. Planteamiento

La Sala advierte que la Personería Municipal de Nunchía difiere de la decisión
adoptada por el Tribunal en dos aspectos: el primero tiene que ver con el alcance de
la sentencia de 23 de abril de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado, pues, a su juicio, no resultaba aplicable al trámite constitucional de la
referencia y era viable que el juez se apartara del mencionado pronunciamiento; en
tanto que el a quo entendió que, aunque el citado fallo no constituía en estricto sentido

12 Todo el trámite obra en el expediente digital en Samai.

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precedente vinculante para resolver el caso, contenía motivos que resultaban válidos
para definir la controversia.

El segundo recae sobre la conducencia de las pruebas practicadas, dado que para el
recurrente era posible llegar a una conclusión distinta a partir de los testimonios que
solicitó y que se practicaron; mientras que para COMCEL y el Tribunal, el concepto de
los expertos era totalmente conducente para probar si era deficiente o no la prestación
del servicio de telefonía móvil y datos, pues los usuarios no ostentan el conocimiento
técnico y con base en su dicho no podría concluirse si hay o no prestación deficiente.

Por último, la Sala observa discrepancia en la congruencia, comoquiera que para
COMCEL S.A. el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 29 de
septiembre de 2022, no guarda relación con lo dicho por el juez de primera instancia
en la parte motiva, toda vez que pese a evidenciar el cumplimiento de sus obligaciones,
la instó a realizar las actividades necesarias para observar sus deberes, de tal suerte
que ese tipo pronunciamientos desestimulan la prestación del servicio en otras
regiones y afectan su buen nombre.

6.3. Generalidades de la acción popular

De acuerdo con su definición constitucional - artículo 88 de la Constitución Política- y
legal -artículo 2, inciso 2 de la Ley 472 de 1998, las acciones populares se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración o
agravio sobre los derechos e intereses colectivos consagrados por la Constitución y la
ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Se trata, según lo dispuesto por el artículo 9 de la precitada ley, de acciones que
proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o particulares que
hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Por ende, a la
luz de lo dispuesto por los artículos 2 y 9 ejusdem, la acción popular se ha calificado
como un medio procesal de carácter preventivo, reparativo, correctivo o restitutorio,
dependiendo de las particularidades del caso.

6.4. De las consideraciones expuestas por el Tribunal sobre el alcance de la
sentencia proferida por esta Sección el 23 de abril de 2020.

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6.4.1. En primer lugar, la Sala determinará si al resolver la acción popular de la
referencia en primera instancia, era viable que el Tribunal se apartara del precedente
judicial contenido en la sentencia de 23 de abril de 2020, proferida por la Sección
Primera del Consejo de Estado en el expediente con radicado número 85001-23-33-
000-2018-00146-01, que citó in extenso en dicho fallo.

Pues bien, el problema así planteado parte del supuesto de que el Tribunal aplicó la
mencionada providencia como precedente, de modo que antes de resolver la anterior
cuestión debe la Sala determinar si ello ocurrió así.

En el fallo recurrido el Tribunal se refirió a la sentencia de 23 de abril de 2020, de la
siguiente forma:

“Los accionados para sustentar la falta de vulneración que alegan indicaron que
existe precedente judicial refiriéndose al fallo emitido por la Sección Primera del
Consejo de Estado el 23 de abril de 2020 dentro de la radicación
85001233300020180014601. Al analizar este fallo se establecen los siguientes
aspectos relevantes:

El objeto de esa acción popular era la protección de los derechos colectivos al goce
del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público y al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna por
parte de algunas de la NACIÓN – MINISTERIO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES “MINTIC”; COMISIÓN DE
REGULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES “CRC”; AGENCIA NACIONAL DEL
ESPECTRO “ANE” y COMCEL S.A. por las condiciones en que se presta el
servicio de telefonía celular(voz y datos) en el municipio de Chámeza.

Este Tribunal mediante fallo del 1 de agosto de 2019 emitió sentencia declarando
la vulneración de derechos y emitiendo órdenes para su protección, porque
encontró acreditado lo siguiente:

(…)

La sentencia fue apelada y el Consejo de Estado la revocó con fundamento en lo
siguiente:

(…)

En el caso concreto se acreditaron los siguientes aspectos relevantes:

a.- Aunque UNE en la contestación de la demanda argumenta que únicamente
presta servicios de telefonía fija, en el plenario no obra prueba que acredite tal
situación si se tiene en cuenta que en el certificado de existencia y representación
su objeto social figura en los siguientes términos:

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(…)

Sin embargo, según lo que consta en el plenario, esta empresa no presta servicios
de telefonía móvil, ni internet en el municipio de Nunchía.

b.- El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantó
proceso de selección objetiva y según lo informó otorgó permiso para el uso del
espectro radioeléctrico a las empresas demandadas.

Aunque únicamente obran en el proceso los actos administrativos respecto de
PARTNERS y de COMCEL, se evidencia que en ellos se plasman idénticas
obligaciones a cargo del asignatario del permiso:

(…)

De manera específica se destacan los siguientes aspectos:

En el trámite del proceso popular se practicaron las declaraciones que se sintetizan
a continuación:

(…)

Analizada la situación decidida por el Consejo de Estado en la sentencia
transcrita parcialmente en relación con el caso que nos ocupa, debe
señalarse que:

Dicho fallo sí es una decisión de carácter obligatorio respecto de la situación que
conoció en apelación el Superior Funcional.

En la sentencia C-836 de 2001, la Corte Constitucional trató lo relacionado con los
precedentes y el fallo indicado en el literal anterior no reúne las condiciones para

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constituir precedente judicial pues no contiene reglas de carácter obligatorio erga
omnes.

En aquella providencia, la Corte distinguió entre la decisión en sí y los argumentos
que la fundamentan, los cuales clasificó en ratio decidendi y obiter dictum, son de
carácter obligatorio los primeros, pero no los segundos.

También en ese fallo de constitucionalidad, la Corte dio el carácter de aceptabilidad
relativa a los obiter, teniendo en cuenta, entre otras situaciones, el órgano que la
profiere, la jerarquía del mismo respecto de las demás autoridades, el carácter
decantado y la fundamentación misma.

No obstante que, por los motivos señalados, la sentencia que citan las entidades
demandadas no tiene el carácter de precedente judicial para los demás casos
similares, lo cierto es que las razones expuestas por el Consejo de Estado para
revocar la decisión de este Tribunal sí resultan aceptables.”

(Énfasis fuera del texto original).

Y para resolver el caso concreto aludió al acervo probatorio, así:

“De otra parte, analizadas en conjunto las pruebas antes relacionadas se
establece que, tal como lo indicaron las accionadas, tanto en las contestaciones
de la demanda como en los alegatos de conclusión, el caso que aquí se analiza
tiene similares particularidades al decidido por el Consejo de Estado en la
sentencia proferida dentro de la acción popular radicada con el número
850012333000201800146 y que se trajo a colación en precedencia, por las
siguientes razones:

a.- La comunidad percibe que el servicio de telefonía celular e internet presenta
fallas, incluso lo catalogan como deficiente.

b.- Tanto los testigos técnicos como el MINTIC, que es la entidad que otorga
el permiso de uso del espectro radioeléctrico, coincidieron en que las
empresas accionadas están cumpliendo las obligaciones que les fueron
impuestas y no obra prueba en contrario.

c.- En el municipio de Nunchía, al igual que en el de Chámeza, hay cobertura 2G,
3G y 4G, este último no se presta en la zona montañosa debido a la topografía del
municipio, la cual no permite que la señal llegue en óptimas condiciones.

d.- El municipio de Nunchía cuenta con dos estaciones base, pero tiene acceso a
5 estaciones en total.

e.- Como se señaló, de conformidad con lo expuesto por el Consejo de Estado en
el fallo referido, lo que debe analizarse es si el Estado en su calidad de
administrador del espectro electromagnético y, por ende, radioeléctrico, permite a
los particulares su utilización a cambio de una contraprestación económica y que
estos sean los que procuren la inversión en infraestructura y maximización del
bienestar social, lo cual le permitirá al Estado atender su deber constitucional.

Se conoce que el MINTIC a inicios de este año inició el proceso de selección
objetiva mediante subasta para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico
a nivel nacional.

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f.- Hay analogía fáctica y jurídica en ambos casos, es decir, entre el resuelto por el
Consejo de Estado y el que se analiza en el presente fallo.

g.- Las zonas donde residen las personas respecto de quienes se aduce la
violación de los derechos colectivos invocados están ubicadas en Casanare y
tienen similitud geográfica (montañosa), con deficiencias en energía (a ambas les
presta el servicio ENERCA), y vías carreteables de acceso, tal como lo indicaron
varios de los declarantes.

h.- Tampoco puede dejarse de lado que, aunque los servicios públicos deprecados
son esenciales, su garantía, dadas las condiciones del municipio de Nunchía y
otros entes territoriales de Casanare, tal como lo señaló el H. Consejo de Estado,
son de satisfacción gradual en la medida en que los recursos económicos, técnicos
y otros, lo permitan.

i.- La obligación de garantizar esos servicios está en cabeza del Estado en general
y específicamente en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, a quienes corresponde la titularidad y administración del
espectro y emitir las políticas para que las empresas estatales y/o particulares
hagan las inversiones necesarias para lograr un servicio público eficiente en
materia de comunicación celular, datos e internet.

j.- Les asiste la razón a las entidades demandadas y llamadas al proceso en
cuanto indicaron que ellas están cumpliendo con lo dispuesto en los actos
administrativos a través de los cuales se les otorga la licencia para el uso del
espectro y las obligaciones que deben cubrir en desarrollo de ella, tal como lo
aseveró MINTIC, que es la entidad que otorga la licencia y vigila el cumplimiento
de las obligaciones fijadas.

k.- También se acepta el argumento expuesto por esas entidades a lo largo del
proceso, en cuanto que, si bien deben cumplir un objeto social respecto de la
comunidad en general, no pueden ni deben asumir gastos e inversiones sino hasta
donde les permita un margen de rentabilidad económica.

En consecuencia, contrario a lo indicado por la parte actora, el agente del Ministerio
Público y la Defensoría del Pueblo, no se acreditó la vulneración de derechos
alegada y por lo mismo no hay lugar a acceder al amparo solicitado.

Sin embargo, se instará tanto al MINTIC, como a las empresas que prestan el
servicio en el municipio de Nunchía, principalmente a COMCEL, que es la que
tiene infraestructura, que dentro de sus competencias, ejecuten las actividades
necesarias para mejorar la calidad del servicio”. (Énfasis de la Sala).

En ese orden, la Sala advierte que si bien el Tribunal trajo a colación la sentencia
proferida por esta Sección, por constituir un pronunciamiento que resolvió un asunto
en términos de hecho y derecho similar a la controversia actual, lo cierto es que fundó
su decisión en las pruebas que encontró en el expediente de la referencia,
especialmente en las testimoniales técnicas, al tiempo que de forma expresa descartó
que existiera un precedente judicial que obligatoriamente debiera seguir.

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La Sala resalta que, entre las páginas 37 a 56 del fallo de 29 de septiembre de 2022,
el a quo expuso de forma detallada la totalidad del acervo probatorio que recaudó y el
análisis correspondiente. Además, que para negar la aplicación del precedente
distinguió la ratio decidendi del obiter dictum, con lo cual entendió que la sentencia del
23 de abril de 2020, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el
expediente con radicado número 85001-23-33-000-2018-00146-01, no contenía una
regla vinculante para resolver la acción popular instaurada por la Personería Municipal
de Nunchía.

Pese a que el Tribunal afirmó que existía “analogía fáctica y jurídica en ambos casos”,
utilizó una serie consideraciones del fallo popular de esta Sección que estaban
relacionadas con conceptos generales sobre la prestación del servicio público de
telecomunicaciones y las obligaciones estatales derivadas de la administración del
espectro radioeléctrico. Bajo esa perspectiva, en el mejor de los casos, sería viable
entender que el juez de primera instancia empleó el fallo precitado como un
antecedente jurisprudencial, pero no como precedente judicial.

Sumado a ello, es importante destacar que para dar alcance a una sentencia como
precedente judicial el juez debe desarrollar un ejercicio argumentativo que precisa de
rigurosidad al momento de plantear el juicio de comparación entre el asunto
previamente decidido y aquél que le corresponde resolver. No basta con señalar de
forma genérica que comparten tales rasgos o con presentar de manera extensa los
apartes del pronunciamiento sin exponer la subregla que procede aplicar.

Por lo anterior, dado que el juez de primera instancia no aplicó la citada decisión como
precedente es evidente que el supuesto así construido para formular el cargo carece
de sustento y por ende deberá ser negado.

6.5. De la conducencia de los testimonios técnicos como prueba que ofrece al
juez popular herramientas para desestimar la afectación de los derechos
colectivos

La Sala establecerá si es cierto que la prestación del servicio de telefonía celular y
datos móviles en el Municipio de Nunchía es deficiente y eso genera afectación de
derechos colectivos invocados por la parte actora, si en el plenario reposan

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declaraciones de usuarios de ese servicio que así lo afirman y al mismo tiempo constan
testimonios técnicos que aducen que las entidades demandadas están cumpliendo
con las obligaciones que les fueron impuestas en los actos administrativos en los
cuales se les otorgó licencia para el uso del espectro radioeléctrico.

Según se observa, existe un conflicto de relevancia respecto de los testimonios que se
practicaron en el proceso, dado que para la Personería debieron valorarse con más
rigor aquellos que ese ente solicitó, mientras que para el Tribunal y Comcel tal
ponderación no era determinante pues el conflicto era de orden técnico y en esa
medida, la forma de resolverlo dependía de conceptos emitidos por sujetos que
tuvieran esa formación.

Bajo tal contexto y habida cuenta que el objeto de la demanda radica en la presunta
vulneración de derechos colectivos por la prestación deficiente de un servicio de
telefonía móvil, es menester indicar que la prueba conducente para verificar si tal
aserto es veraz depende de una experticia técnica que así lo verifique, de tal suerte
que se demuestre que de acuerdo con los parámetros que establece el orden jurídico
el servicio en Nunchía no cuenta con un servicio que observe esos lineamientos.

En esa medida, aun cuando las declaraciones de Dany Yolanda Albarracín Araque,
administradora de empresas y de Juan Vicente Cuevas Rodríguez, Secretario de
Planeación de la entidad territorial, residentes en el casco urbano del Municipio de
Nunchía y quienes expresaron ser usuarios del servicio en cuestión, indicaron que era
de mala calidad, lo cierto es que con fundamento en tales apreciaciones no era viable
determinar el alcance de la deficiencia denunciada.

Entre tanto, se registraron los testimonios de Rodolfo Martínez Abuadura, ingeniero de
diseño celular, responsable de supervisar el despliegue de nuevas estructuras y el
mantenimiento de las redes existentes en el Departamento de Casanare y de Carlos
Eduardo Santana Ríos, ingeniero electricista con especialización en
telecomunicaciones. Este último forma parte del equipo encargado de verificar el
cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.

Así, el primero de los expertos, tras analizar detenidamente el expediente, explicó el
funcionamiento de dicho servicio en el Municipio de Nunchía. En su declaración,

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señaló que el municipio cuenta con dos (2) estaciones base, pero tiene acceso a un
total de cinco (5) estaciones, con cobertura de voz y una red 3G, destacando que la
obligación del Ministerio era proporcionar 3G. Además, indicó que el servicio 4G no
está disponible en la zona montañosa debido a la topografía. También manifestó que
la antena del casco urbano fue instalada en el año 2005. En relación con los factores
limitantes, el ingeniero mencionó la inestabilidad de la red eléctrica, condiciones
climáticas adversas, la ubicación geográfica de las torres altas, que las hace más
propensas a los hurtos y posibles fallas en la fibra óptica13.

Por su parte, el ingeniero Santana Ríos comentó que empleaban una metodología
específica para evaluar el cumplimiento de los indicadores de calidad. Según los
análisis resultantes de estos estudios, afirmó que, en el Municipio de Nunchía,
COMCEL S.A. se ajusta a los umbrales establecidos por la autoridad competente para
la prestación de servicios de voz y datos14.

Ante lo expuesto, la Sala advierte que las declaraciones de los usuarios del servicio
son inconducentes para respaldar la afirmación de la demanda en relación con las
falencias de la señal de telefonía celular y datos móviles, ya que su contenido no
permite determinar aspectos técnicos y el juicio de valoración de los usuarios del
servicio no proporciona el conocimiento necesario para tal efecto; mientras que el
testimonio de los especialistas en el área ofrece herramientas para desestimar la
afectación de derechos colectivos y, en consecuencia, el cargo no prospera.

6.6. De la presunta vulneración del principio de congruencia con la orden
proferida por el Tribunal con la cual instó a COMCEL S.A. a realizar las
actividades necesarias para mejorar la calidad del servicio

En este punto, tendrá que dirimirse si, en palabras del recurrente, se vulneró el
principio de congruencia por una presunta falta de relación entre la parte motiva de la
sentencia del Tribunal, que determinó que la empresa demandada cumplió con sus
obligaciones, lo cual acreditó que no existió vulneración de los derechos colectivos

13 Ver en el expediente digitalizado que obra en el índice núm. 2 de Samai los videos de la audiencia de

pruebas. El contenido de las declaraciones de los testimonios técnicos también se puede consultar en
el acta de la audiencia de pruebas (primera sesión) del 18 de julio de 2022.
14 Ibidem.

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invocados por la parte actora y, pese a ello, en la parte resolutiva de la providencia, se
le instó a realizar las actividades necesarias para observar sus deberes.

De la revisión del fallo del 29 de septiembre de 2022, la Sala observa que,
efectivamente, en las consideraciones se concluyó que la empresa recurrente cumplió
con sus obligaciones y, por tal razón, que no fueron desconocidos los derechos
colectivos de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna y los derechos de los consumidores y usuarios:

“Tanto los testigos técnicos como el MINTIC, que es la entidad que otorga el
permiso de uso del espectro radioeléctrico, coincidieron en que las empresas
accionadas están cumpliendo las obligaciones que les fueron impuestas y no obra
prueba en contrario.

(…)

Les asiste la razón a las entidades demandadas y llamadas al proceso en cuanto
indicaron que ellas están cumpliendo con lo dispuesto en los actos administrativos
a través de los cuales se les otorga la licencia para el uso del espectro y las
obligaciones que deben cubrir en desarrollo de ella, tal como lo aseveró MINTIC,
que es la entidad que otorga la licencia y vigila el cumplimiento de las obligaciones
fijadas.

También se acepta el argumento expuesto por esas entidades a lo largo del
proceso, en cuanto que, si bien deben cumplir un objeto social respecto de la
comunidad en general, no pueden ni deben asumir gastos e inversiones sino hasta
donde les permita un margen de rentabilidad económica.

En consecuencia, contrario a lo indicado por la parte actora, el agente del Ministerio
Público y la Defensoría del Pueblo, no se acreditó la vulneración de derechos
alegada y por lo mismo no hay lugar a acceder al amparo solicitado.”

De igual forma, de la lectura de la anotada providencia, la Sala evidencia que en el
numeral tercero de la parte resolutiva se dijo:

“TERCERO: INSTAR a los accionados, principales al MINTIC y a COMCEL, que
es la propiedad de la infraestructura que se utiliza en Nunchía, que, dentro de sus
competencias, ejecuten las actividades necesarias para mejorar la calidad del
servicio en ese ente territorial.”

Sin embargo, no le asiste razón a COMCEL S.A. respecto a que ello implique un
desconocimiento del principio de congruencia, comoquiera que en las acciones
populares dicho concepto es más flexible dada la naturaleza de los derechos que se
encuentran concernidos y el límite lo marca la garantía del derecho al debido proceso,
concretamente, el derecho de defensa, en lo que atañe al extremo pasivo del litigio,

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esto es, que haya contado con la oportunidad de pronunciarse sobre los hechos que
se ventilan, de tal suerte que no se vea sorprendido por la decisión adoptada al definir
la controversia.

La Sala considera que el planteamiento de la memorialista sobre la trasgresión del
principio de congruencia no resulta consonante con la naturaleza de la figura, pues al
definir el fondo del asunto no se emitieron pronunciamientos del juez ajenos o que
extrapolan la causa petendi y con violación de los derechos de defensa y contradicción
de la contra parte .

Al margen de lo expuesto y con la sabida consideración de la no trasgresión del
principio que se invoca por el memorialista, también resulta menester indicar que en
anterior oportunidad15, esta Sección señaló que aunque no se accediera a las
pretensiones del actor popular por la inexistencia de riesgo, amenaza o vulneración de
los derechos colectivos alegados, el juez constitucional puede pedirle a las entidades
competentes que adopten las medidas que eviten poner en peligro los intereses de la
comunidad.

De hecho, en la ya mencionada sentencia de 23 de abril de 2020, luego de constatar
los esfuerzos desplegados por los demandados para garantizar los derechos cuya
protección se reclamó, esta Sección indicó que las entidades públicas accionadas
debían continuar desplegando los trabajos necesarios, para que, de manera
progresiva, el servicio de telefonía móvil se prestara en óptimas condiciones en las
zonas rurales de la geografía colombiana y, de esa forma, en la parte resolutiva instó
al Mintic a adelantar acciones que incentivaran la inversión en infraestructura por parte
de los operadores del servicio.

En consecuencia, el cargo no prospera.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

15 SECCION PRIMERA. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Sentencia de 30

de junio de 2011. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP). Actor: IVAN ORLANDO
BRICEÑO Y OTRO. Demandado: EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL Y OTRO.

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.

SEGUNDO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 30 de noviembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Ausente con excusa

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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