Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2018-00025-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 85001-23-33-000-2018-00025-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 85001-23-33-000-2018-00025-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
5 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Núm. único de radicación: 850012333000201800025-01
Actor: Luis Alejandro López Ríos
Demandados: Nación - Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, Comisión de Regulación de las Comunicaciones - CRC, Agencia
Nacional del Espectro y Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.1
Vinculados: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. (Movistar), Colombia Móvil
S.A. ESP. (Tigo), Avantel S.A.S. en reorganización, Directv de Colombia Ltda. y
Unión Temporal Colombia Móvil ETB2
Coadyuvantes: Sinibaldo Chávez Morales y otros3
Terceros con interés: Municipio de Paz de Ariporo y Municipio de Hato Corozal4
Asunto: Resuelve los recursos de apelación y la adhesión al recurso de apelación
interpuestos contra una sentencia proferida en un proceso de protección del
derecho e interés colectivo al acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna.
SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por la Nación -
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia
Nacional del Espectro, Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., Avantel S.A. en
reorganización, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, Colombia
Móvil S.A. ESP. y la adhesión al recurso de apelación presentada por el Municipio
de Paz de Ariporo contra la sentencia de 10 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare.
1
Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 2_ED_CARATULA(.PDF) NroActua 2.
2 Junto a Alba María Burgos Cuevas, Pedro Manuel Ojeda, Zeneida Sogamoso Forero, Melquisided Morales,
Arnoldo Alexis Vásquez Landaeta, Luis Antonio Barreto Coba, Orlando Mendivelso Ávila, Rubiela Medina
Ferreira, Miguel Ángel Moreno Vera, Luis Emilio Hurtado Mota, Marco Antonio Aguilar, Silvestre Mendivelso
Fuentes y Luis Antonio Jiménez Tuay. Vinculados mediante auto proferido el 27 de junio de 2011.
3 Vinculados mediante auto proferido el 22 de marzo de 2018.
4 Vinculados en audiencia de pacto de cumplimiento celebrada el 16 de julio de 2018.
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La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El señor Luis Alejandro López Ríos presentó demanda5 contra la Nación -
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Comisión
de Regulación de las Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro y
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., en ejercicio del respectivo medio de
control, con el objeto de obtener la protección del derecho e interés colectivo al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Pretensiones
2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] 1) Solicito respetuosamente del Tribunal Administrativo de Casanare amparar
los derechos colectivos consagrados en el artículo 78, y 365 de la Constitución
Política, en concordancia con lo señalado en el Literal J del Articulo 4 de la Ley 472
de 1998 (El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna), en relación con la prestación deficiente, falta de acceso, potencia,
capacidad de la red, calidad y cobertura del servicio público de telecomunicaciones
prestado a través de telefonía móvil celular en el área rural del Municipio de Paz de
Ariporo.
2) Que se ordene a las demandadas, al Ministerio de Las Tecnologías de La
Información y las Comunicaciones Min(sic) tic, La Comisión De Regulación de Las
Comunicaciones, La Agencia Nacional del Espectro Y Claro Móvil S.A, elaborar y
ejecutar un plan de expansión de la red de telefonía móvil vía celular para el área
rural del Municipio de Paz de Ariporo (Casanare).
3) Que se ordene en un plazo prudencial mejorar y ampliar la cobertura, capacidad
y potencia de la señal de telefonía celular a través de la instalación de la
infraestructura que permita la recepción y trasmisión de datos, y el servicio de
voz […]”6.
Presupuestos fácticos
3. La parte actora indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones:
3.1. El Municipio de Paz de Ariporo tiene aproximadamente 38.838 habitantes, de
los cuales el 28%, es decir, 10.874 personas, viven en el área rural. Asimismo, de
5 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 6_ED_02DEMANDA(.PDF)
NroActua 2.
6 Cfr. índice 43 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 40_ED_CUADERNO1P(.PDF)
NroActua 43. Páginas 5-6.
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conformidad con el artículo 69 del Acuerdo 500.02-06 de 18 de agosto de 2011, el
Municipio está compuesto por cincuenta y cuatro (54) veredas y cuatro (4) centros
poblados con las siguientes denominaciones: El Totumo, Caño Chiquito, Las
Guamas y La Hermosa.
3.2. Indicó que la falta de cobertura, la prestación deficiente, la falta de estaciones
radioeléctricas, de equipos trasmisores y de receptores son motivo de la vulneración
al derecho colectivo al acceso a los servicios públicos de manera eficiente y
oportuna, así como la igualdad de oportunidades en el acceso al uso del espectro
electromagnético de la población rural del Municipio.
3.3. Agregó que, de acuerdo con el mapa de cobertura de la empresa Claro Móvil
S.A.7, tal compañía ofrece un deficiente rango de cobertura en servicios de voz,
datos, internet y SMS en la red de 3G, denotando los rangos de 93 a 105 decibelios,
sin cobertura en el 90% del área rural del Municipio.
3.4. Manifestó que la telefonía móvil es importante debido a que mejora las
condiciones sociales y económicas de la población rural por cuanto estimula los
ingresos e incentiva el consumo. Asimismo, conecta al campesinado con los
mercados urbanos permitiéndoles una comunicación efectiva.
3.5. Señaló que la ejecución de la política, regulación, vigilancia y control de las
tecnologías corresponde al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, junto a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, la
Agencia Nacional del Espectro y Claro Móvil S.A.; a quienes hicieron requerimientos
previos sin obtener respuesta sobre las medidas tendientes a mejorar la
presentación del servicio.
Contestaciones de la demanda
4. La Agencia Nacional del Espectro8 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos9:
4.1. Manifestó que, de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Ley 1341 de
30 de julio de 200910, le corresponde la atribución, vigilancia y control del espectro
radioeléctrico revisando que sea usado bajo las indicaciones del permiso otorgado
7
https://www.claro.com.co/personas/soporte/mapas-de-cobertura
8 Por intermedio de apoderado.
9 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
38_ED_18CONTESTACIONANE(.PDF) NroActua 2.
10 “[…] Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se
dictan otras disposiciones […]”.
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por las autoridades pertinentes: para este caso y para televisión concedido por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; para
radionavegación aérea concedido por la Aeronáutica Civil de Colombia; para
radionavegación marítima y fluvial concedido por la Dirección General Marítima;
dependiendo el caso.
4.2. Indicó que adoptar medidas tendientes a mejorar la prestación del servicio de
telecomunicaciones o prestar el servicio, en cualquier modalidad, excede sus
competencias.
5. Comunicación Celular Comcel S.A.11 contestó la demanda y se opuso a
las pretensiones formuladas, así12:
5.1. Señaló que no era parte demandada, si bien la marca que utiliza es “Claro”,
la sociedad demandada era la “[…] Empresa de Telecomunicaciones Claro […]”.
5.2. Indicó que cumple con las obligaciones de calidad y cobertura en las zonas
que le corresponde, no tiene compromiso de cobertura en la zona rural del Municipio
de Paz de Ariporo sino en el corregimiento La Hermosa y, de conformidad con un
plan de expansión denominado CAS San José, en el resguardo indígena San José.
5.3. Afirmó que en la mitad del territorio rural del Municipio se garantiza cobertura
con calidad aceptable de 2G en voz, no se garantizan datos 2G ni cuentan con
cobertura 3G ni 4G.
5.4. Propuso como excepciones las denominadas “falta de legitimación por
pasiva”, “inexistencia de obligación a cargo de Comcel de cobertura en zona rural
del Municipio de Paz de Ariporo”, “existencia de otros servicios de
telecomunicaciones”, “inexistencia de pruebas”, “inexistencia de pruebas del
derecho colectivo vulnerado”, “improcedibilidad para ordenar obras por la vía judicial
escogida ni para modificar las obligaciones asumidas por Comcel”, “las eventuales
deficiencias en la prestación o cobertura de servicios públicos no violan
necesariamente derechos colectivos”, “inexistencia de violación a derechos
colectivos”, “prescripción y/o caducidad” y “compensación y confusión”.
11 Por intermedio de apoderado.
12 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
55_ED_27CONTESTACOMCEL(.PDF) NroActua 2.
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6. La Comisión de Regulación de Comunicaciones13 contestó la demanda y
se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes
argumentos14:
6.1. Indicó que no existe una aseveración probada de la incidencia que pueda
tener alguna acción u omisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones en
una afectación a los derechos e intereses colectivos.
6.2. Manifestó que en sus funciones se encuentra promover la competencia,
evitar el abuso de posición dominante, regular los mercados de las redes y los
servicios de comunicaciones.
6.3. Señaló que no tiene competencia en el caso concreto. Indicó que en lo
referente a la construcción, instalación u operación de redes de telecomunicaciones
tiene dos funciones: i) resolver los recursos de apelación contra actos que se
refieran a ese tema, presentados ante la autoridad urbanística correspondiente; y ii)
expedir conceptos técnicos y jurídicos en torno a la persistencia de barreras para el
despliegue de infraestructura para servicios de comunicaciones, dentro de esta
función no se incluye ampliar cobertura del servicio ni exigir a los proveedores la
instalación de nuevos equipos o reparación de redes.
6.4. Advirtió que la Ley 1341 de 30 de julio de 200915 estableció que el Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tiene competencias para
definir, adoptar y promover las políticas, planes y programas tendientes a
incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional a las
tecnologías de la información y las comunicaciones. Igualmente, dicha entidad tiene
la facultad de sancionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las
concesiones, licencias o permisos.
6.5. Resaltó que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones –
PRST cuentan con absoluta libertad para determinar las zonas en las que
despliegan infraestructura para la prestación del servicio, ciñéndose a las
obligaciones de la subasta de espectro.
6.6. Afirmó que ha adelantado actuaciones tendientes a establecer condiciones
técnicas para la instalación de nueva infraestructura a cargo del proveedor
13 Por intermedio de apoderado.
14 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 63_ED_31CONTESTACRC(.PDF)
NroActua 2.
15 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan
otras disposiciones”.
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Comunicación Celular Comcel S.A.; por ejemplo, expidió el “Código de Buenas
Prácticas para el despliegue de redes de comunicaciones”, adoptado mediante
Circular 121 de 27 de septiembre de 2016 para facilitar el desarrollo de los
elementos que permitan mayor acceso al servicio público.
6.7. Presentó las excepciones denominadas “falta de legitimación en la causa por
pasiva – la Comisión de Regulación de Comunicaciones no tiene competencia para
intervenir de manera directa en la ampliación de cobertura del servicio de telefonía
móvil, ni para exigir a los proveedores la instalación de nuevos equipos, la
ampliación o reparación de las redes que permitan esa cobertura”, “la CRC no es
responsable, por acción y omisión que se hubiese probado o se pueda probar, de
la violación o amenaza a los derechos colectivos / la CRC cumple con proponer la
aprobación de planes y normas técnicas aplicables al sector de las comunicaciones”
y “la CRC no es responsable, por acción y omisión que se hubiese probado o se
pueda probar, de garantizar el acceso de los habitantes colombianos al servicio
público de telecomunicaciones / la CRC no tiene competencias para cumplir las
pretensiones del actor popular”.
7. La Nación - Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones16 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones formuladas
con fundamento en los siguientes argumentos17:
7.1. Manifestó que ya garantiza la prestación del servicio de telefonía móvil celular
en aplicación a lo establecido en las disposiciones normativas, cumpliendo con lo
de su competencia, extendiendo la cobertura de telecomunicaciones como no ha
hecho casi ningún país del mundo.
7.2. Advirtió que ha gestionado adelantos en materia de infraestructura con el fin
de llevar las TIC a todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por lo que
se debe tener en cuenta que tomar una decisión con condiciones especiales
solamente para la zona rural del Municipio de Ariporo vulneraría dicha igualdad,
sobre todo resaltando que dicho Municipio ya cuenta con cobertura.
7.3. Señaló que el juez no puede asumir el papel que corresponde al sector
ejecutivo, destacando que no hay norma que faculte al Ministerio para imponer a los
operadores la extensión de la cobertura en condiciones de 4G en la extensa zona
rural del Municipio de Paz de Ariporo, teniendo en cuenta que son 13.793,5 km2 de
16 Por intermedio de apoderado.
17 Cfr. índice 43 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
5_ED_02CONTESTAMINTIC(.PDF) NroActua 2.
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territorio con particularidades, como un resguardo indígena, que requiere
tratamiento especial de consulta previa.
7.4. Indicó que ya cuenta con un listado de solicitudes de extensión de cobertura
en el cual se incluyen veinticuatro (24) veredas del Municipio de Paz de Ariporo.
7.5. Presentó la excepción denominada “improcedencia de la acción popular”.
8. Avantel S.A.S. en reorganización18 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos19:
8.1. Manifestó que las condiciones de prestación de servicios de telefonía móvil
de esa compañía están definidas en actos administrativos expedidos por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, debido a que es
la autoridad encargada de otorgar los permisos para el uso del espectro
radioeléctrico.
8.2. Indicó que se le otorgó permiso para el acceso, uso y explotación del espectro
radioeléctrico mediante Resolución MINTIC 2627 de 26 de julio de 2013, corregida
mediante Resolución MINTIC 4120 de 25 de octubre de 2013. En dichos actos
administrativos se obligó a la sociedad que debería desplegar su red en una serie
de municipios, en los cuales no se encuentra incluido Paz de Ariporo; por lo tanto,
no tiene competencia en los términos de la presente acción popular.
8.3. Señaló que no tiene obligación de cobertura en tal Municipio, a diferencia del
prestador Claro, por ello no sería responsable de implementar medidas para
garantizar el servicio en una zona que no tiene autorizada.
8.4. Advirtió que no se encuentra probado, ni siquiera de forma sumaria, que en
el Municipio de Paz de Ariporo se ofrezca un deficiente rango de cobertura en la
prestación del servicio de telefonía móvil.
8.5. Presentó las excepciones denominadas “cumplimiento de las obligaciones
legales, reglamentarias y regulatorias”, “inexistencia de vulneración de los derechos
colectivos alegados en la acción por parte de Avantel”, “falta de legitimación en la
causa por pasiva de Avantel en la presente acción” e “inexistencia de prueba de
vulneración a los derechos colectivos”.
18 Por intermedio de apoderado.
19 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
10_ED_04CONTESTAAVANTEL(.PDF) NroActua 2.
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9. Colombia Móvil S.A. ESP.20 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos21:
9.1. Mencionó que no le es imputable la vulneración de algún derecho e interés
colectivo, no tiene obligaciones de ejecutar un plan de expansión de la red de
telefonía móvil vía celular, ni ampliar la cobertura, capacidad y potencia para la zona
rural del Municipio de Ariporo.
9.2. Manifestó que decidió constituir una unión temporal con la Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. ESP. para participar en una subasta
destinada a otorgar permisos para el uso del espectro radioeléctrico. El Ministerio
otorgó permiso a la Unión Temporal Colombia Móvil - ETB mediante la Resolución
2623 de 26 de julio de 2013, estableciendo ciertas obligaciones para la unión
temporal.
9.3. Adujo que interpuso un recurso de reposición contra la Resolución 2623 de
2013 y el Ministerio expidió la Resolución 3806 de 2013 corrigiendo la anterior
Resolución. La Resolución 3806 señaló que, para el proceso de adjudicación de
permisos del uso del espectro, los miembros de la Unión Temporal conservarían su
personalidad propia e independiente y las sanciones serían determinadas según la
participación de cada miembro en el contrato.
9.4. Explicó que el permiso mencionado en la demanda no se relaciona con las
obligaciones de Colombia Móvil, en cuanto a que la Resolución 2623 y su
modificación solo hacen referencia a la cabecera municipal del Municipio de Paz de
Ariporo, excluyendo su área rural.
9.5. Señaló que no está obligada a cumplir con la solicitud del actor, dado que el
permiso para el uso del espectro requiere autorización expresa del Ministerio y las
condiciones impuestas no incluyen la expansión de la red a zonas rurales. Reiteró
que sus responsabilidades se limitan a las cabeceras municipales según la
Resolución 3806 de 2013.
9.6. Advirtió que el espectro radioeléctrico es un bien público bajo la gestión del
Estado y que la obligación de garantizar derechos colectivos recae en el Estado, no
en el prestador. Destacó que el actor no ha probado un daño concreto o amenaza
20 Por intermedio de apoderado.
21 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
19_ED_09CONTESTACOLOMBIA(.PDF) NroActua 2.
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real, limitándose a solicitar mejoras generales sin demostrar una vulneración
efectiva de derechos.
9.7. Insistió en que debía decretarse la falta de legitimación en la causa por parte
de Colombia Móvil, teniendo en cuenta que las resoluciones pertinentes solo exigen
cobertura en las cabeceras municipales y no en el área rural, aduciendo que la
empresa debe cumplir con las condiciones de rentabilidad y protección a la inversión
privada establecidas por el Ministerio.
9.8. Agregó que las obligaciones impuestas en las resoluciones vigentes no
incluyen el despliegue de red en zonas rurales, por lo que no corresponde exigir a
la empresa una expansión que no ha sido contemplada en las condiciones
establecidas por las autoridades competentes.
9.9. Enfatizó que la ejecución de un plan de expansión para el área rural no es
viable sin una infraestructura adecuada y condiciones mínimas de rentabilidad, las
cuales no fueron aceptadas por Colombia Móvil al momento del otorgamiento del
permiso, por lo que rechazó la obligación de cubrir áreas no incluidas en las
resoluciones emitidas por el Ministerio.
9.10. Presentó las excepciones denominadas “existencia de falta de legitimación
en la causa por pasiva por parte de Colombia Móvil”, “improcedencia de la acción
popular”, “ausencia de vulneración de derechos colectivos por parte de Colombia
Móvil” y “buena fe”.
10. Directv Colombia Ltda.22 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos23:
10.1. Informó que, aunque el Ministerio autorizó el uso del espectro 4G LTE para
Directv, esta compañía no presta servicios de telefonía móvil, solo ofrece servicios
de acceso a internet fijo o inalámbrico, a través de una red 4G LTE, y no servicios
móviles como telefonía móvil.
10.2. Indicó que brinda acceso a internet a través de una red fija, con tecnología
similar a la usada por los operadores móviles, pero sin ofrecer servicios móviles.
Resaltó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en un concepto de 3
de agosto de 2017, concluyó que el servicio de Directv es un servicio fijo, no móvil.
22 Por intermedio de apoderado.
23 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
28_ED_13CONTESTADIRECTV(.PDF) NroActua 2.
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10.3. Explicó que el Ministerio investigó a Directv en 2017 por presunto
incumplimiento de obligaciones de proveedores de servicios móviles. Detalló que la
entidad archivó las investigaciones de acuerdo a varias resoluciones expedidas en
noviembre del mismo año, basándose en el concepto de la Comisión que clasificaba
los servicios de Directv como fijos.
10.4. Destacó que, además de no ofrecer servicios de telefonía móvil, Directv no
incluye dicho servicio en su oferta a los consumidores. Refirió que esto puede
corroborarse en la página web de la empresa, que muestra claramente los
productos disponibles en el mercado.
10.5. Mencionó que no existe fundamento alguno, ni en hechos ni en derecho, que
justifique la vinculación de Directv en la presente acción, no hay razones válidas
para incluir a la compañía en esta demanda, dado que no proporciona servicios de
telefonía móvil.
11. El Municipio de Hato Corozal24 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos25:
11.1. Mencionó que ratificaba todo el interés de las pretensiones de la demanda,
en especial la expansión de la red telefónica móvil rural hasta el Municipio a través
de antenas.
12. El Municipio de Paz de Ariporo26 contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones formuladas con fundamento en los siguientes argumentos27:
12.1. Mencionó que a corte de abril de 2018 en el DANE la población del Municipio
asciende a 39.100 habitantes, 27.117 en área urbana y 11.983 en área rural.
12.2. Manifestó que no se opone a las pretensiones debido a que la ampliación de
cobertura de las redes de telefonía celular redundaría en beneficio de la comunidad
en general ante la inexistencia de otros medios de comunicación.
24 Por intermedio de apoderado.
25 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
92_ED_04PRONUNCIAMIENTOH(.PDF) NroActua 2 .
26 Por intermedio de apoderado.
27 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
99_ED_06CONTESTAPAZDEA(.PDF) NroActua 2.
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Audiencia de pacto de cumplimiento
13. El Tribunal Administrativo de Casanare celebró la audiencia de Pacto de
Cumplimiento los días 16 de julio de 201828 y 18 de septiembre de 201829, sin que
existiera propuesta de acuerdo, por lo cual declaró fallida la posibilidad de pacto de
cumplimiento.
Sentencia proferida, en primera instancia
14. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 10 de junio
de 2021, resolvió:
“[…] 1º DECLARAR falta de legitimación material en la causa por pasiva de DIRECTV
COLOMBIA LTDA., COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (MOVISTAR)
y UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA MÓVIL – ETB, por las razones indicadas en la
motivación.
2º DECLARAR vulnerado el derecho a la prestación oportuna y eficiente del servicio
público de telefonía celular (voz y datos) en cuanto a calidad y cobertura en zona rural
del municipio de Paz de Ariporo, por parte del Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones – MINTIC, Agencia Nacional del Espectro – ANE y
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, por omisión de los deberes de
Estado para promover efectivo desarrollo progresivo del servicio, según se indicó en
motivación.
3º ORDENAR a título de medidas judiciales para la protección efectiva del derecho
colectivo a la prestación oportuna y eficiente del servicio público de telefonía celular
(voz y datos) en la zona rural del municipio de Paz de Ariporo, las siguientes:
3.1 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC)
3.1.1 Corto plazo (fase 1)
Con base en los resultados, asignaciones, contratos y compromisos adjudicados en
la subasta convocada por la Resolución 2752 de 2019, modificada por la Resolución
2796 de 2019, concertar, si fuere posible, o disponer que los operadores que deben
prestar el servicio de telefonía móvil celular (TMC), en sus modalidades voz, datos o
voz y datos, definan plan de desarrollo concreto para ampliar cobertura y optimizar
calidad en los sitios poblados, veredas y zonas rurales del municipio de Paz de
Ariporo, mediante los convenios de compartición, instalación de infraestructura,
estaciones radio base, equipos, tecnologías o medios que se requieran para lograr
esa expansión, dentro de los plazos fijados por el Gobierno, con prioridad para esos
territorios apartados de las cabeceras urbanas.
Término: para convenir o disponer y aprobar los planes de desarrollo progresivo,
hasta tres (3) meses siguientes a ejecutoria. Se consideran cierre de subasta hace
más de un año y duración previsible de segunda instancia.
3.2 Mediano plazo (fase dos) MINTIC, ANE y CRC (en colaboración armónica,
concurrencia y complementariedad), según precisiones de la motivación.
3.2.1 Realizar los estudios necesarios, bajo los principios de coordinación,
concurrencia y complementariedad con la Agencia Nacional del Espectro – ANE y la
28 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
61_ED_30ACTAAUDPACTO1(.PDF) NroActua 2.
29 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
127_ED_14ACTAAUDPACTO1(.PDF) NroActua 2.
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Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, para determinar opciones
viables para aplicar tecnologías que permitan el acceso al servicio de telefonía móvil
celular de manera eficiente y en condiciones de calidad en la zona rural del municipio
de Paz de Ariporo.
Especialmente, sin excluir otras zonas igualmente rurales, las siguientes veredas,
sitios poblados y corregimientos: Rincón Hondo, La Mesa, La Motuz, Canalete,
Playita, Barranca, Bocas de La Hermosa, Cañadotes, El Vecia, Las Mercedes, La
Aguada, El Caribe, La Palma, Palosantal, La Candelaria, La Esperanza, Caño
Mochuelo, Risaralda Aguas Claras, Los Palones, Bendiciones de los Troncos,
Normandía, Las Guamas, La Colombina y Las Gaviotas.
3.2.2 Formular plan de expansión, que incluya opciones y medidas estatales de
fomento u otras similares a los operadores del sector de las telecomunicaciones y
telefonía móvil celular para que sea atractiva la prestación del servicio en las zonas
rurales del municipio de Paz de Ariporo, indicada en precedencia.
3.2.3 Realizar nuevas subastas acorde con las necesidades del servicio para lograr
la comparecencia de los prestadores del servicio de telefonía móvil celular en el
municipio de Paz de Ariporo y estructurar las modalidades que garanticen la
ampliación de cobertura; en especial, para la zona rural objeto de este fallo.
Productos esperados: plan de expansión de cobertura; convocatoria de subasta;
asignación de espectro, conforme a las regulaciones que estén vigente para
entonces; iniciación de la prestación efectiva del servicio en dichas zonas rurales, con
estándares de calidad.
Término: común y global hasta de dos (2) años, siguiente a ejecutoria de fallo.
Preliminarmente: i) dentro de los tres (3) primeros meses someterá a consideración
del comité de verificación, con destino al proceso, plan de trabajo con ruta crítica para
orientar acciones hacia esos resultados; y ii) dentro del primer año, realizar los
estudios integrales que deban preceder a nuevas subastas con ese objetivo.
3.3 Municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal:
Conocidos los resultados de los estudios que deberán realizarse por MINTIC, con el
apoyo técnico de ANE y CRC, en los que se identifiquen las necesidades de
infraestructura adicional en sus respectivas jurisdicciones y con base en las
solicitudes concretas de los operadores a los que corresponda ejecutar, montar, poner
en funcionamiento y preservarlas, deberán:
3.3.1 Los alcaldes, con sus dependencias técnicas de planeación, deben identificar
estado de las regulaciones urbanísticas y de uso de suelo que tengan vigentes y dar
a conocer las reglas de juego, requisitos, protocolos para obtener permisos, licencias
u otras autorizaciones.
Término: hasta un (1) mes siguiente a la radicación de las solicitudes de
operadores.
3.3.2 Los alcaldes, presentar a los respectivos concejos municipales los proyectos de
acuerdo de actualización o modificación de sus planes de ordenamiento territorial o
equivalentes (POT, PBOT o EOT), para establecer reglas de juego claras que
propicien el desarrollo tecnológico de la TMC y la progresiva ampliación de cobertura
en la zona rural de sus jurisdicciones. Término: hasta dos (2) meses siguientes al
producto del ordinal que precede (6.2.3.1).
3.3.3 Los concejos municipales, adelantar los procesos decisorios de su competencia,
acerca de las iniciativas que les sometan los alcaldes para ocuparse de uso de suelo
y producir los acuerdos a que haya lugar. Término: hasta tres (3) meses siguientes
a la radicación de los proyectos de acuerdo.
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3.3.4 Los alcaldes y sus equipos o dependencias de planeación, decidir de fondo,
expedir si se cumplen requisitos legalmente exigibles o proveer lo que corresponda,
las solicitudes de permisos, licencias u otras autorizaciones administrativas a que
haya lugar, que presenten los operadores de la TMC para ampliar cobertura o prestar
el servicio en sus jurisdicciones, especialmente en las zonas rurales. Término: hasta
tres (3) meses siguientes a la radicación de las solicitudes, con los anexos
legalmente previstos.
3.4 Operadores de los servicios de telefonía móvil: las órdenes se imparten a los que
son parte en el proceso y no se les acoge la excepción de falta de legitimación por
pasiva, a saber: COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. (operador de CLARO);
COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P. (operador de TIGO) y AVANTEL S.A.S.
3.4.1 Cada operador, conforme a las asignaciones de espectro, contratos y
obligaciones vigentes en fecha de ejecutoria de fallo, deberá someter a las
autoridades regulatorias, iniciando con MINTIC, los planes concretos de expansión
de cobertura y para optimizar calidad del servicio de TMC en las zonas rurales de Paz
de Ariporo que tenga asignadas, en concordancia con la orden que se imparte al
MINTIC en la consideración 6.2.1.1 (corto plazo – fase 1). Término: paralelo con el
fijado a MINTIC y su desarrollo, conforme lo defina esa autoridad.
4° EXHORTAR a los operadores aludidos en el acápite que precede, a identificar
oportunidades técnicas, comerciales, financieras y regulatorias en general, explorar
la posibilidad de celebrar acuerdos entre ellos o con otros agentes del mercado para
concertar mecanismos de compartición de infraestructura (ver pericia ANE) u otras
estrategias similares, que permitan a corto plazo ampliar las coberturas en sus
respectivas zonas de asignación y optimizar los servicios de la TMC en Paz de
Ariporo.
5° ORDENAR la conformación de comité de verificación de cumplimiento de fallo, con
los integrantes, reglas básicas de funcionamiento y responsabilidades indicadas en la
consideración séptima (7ª) de la motivación.
6° Sin costas en la instancia.
7º Denegar las demás pretensiones de la demanda popular de la referencia.
8º En firme, líbrense las demás comunicaciones de rigor a los representantes legales
de las entidades y dependencias estatales concernidas por las órdenes de fondo
impartidas; igualmente, a la Defensoría del Pueblo, que se ocupará de la inserción en
el registro público previsto en el art. 80 de la Ley 472 de 1998. Para ello, remítase
copia auténtica y completa de este pronunciamiento, con constancia de ejecutoria
[…]”30.
Consideraciones del Tribunal
15. El Tribunal planteó el siguiente problema jurídico:
“[…] ¿Se vulnera el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos de manera
eficiente y oportuna (literal j del art. 4 de la Ley 472 de 1998), por el deficiente
servicio de telefonía móvil celular (voz y datos) y ausencia de cobertura de la red de
comunicaciones en la zona rural de un municipio? […]”31.
16. El Tribunal adujo que el Estado debe promover prioritariamente el acceso a
las tecnologías de la información para todos los habitantes de las zonas rurales y
30 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
169_ED_24FALLO10JUNIO2021(.PDF) NroActua 2. Páginas 36-40.
31 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
169_ED_24FALLO10JUNIO2021(.PDF) NroActua 2. Página 23.
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apartadas del país, así como garantizar el uso eficiente de la infraestructura e
igualdad de oportunidades en el acceso a dichos recursos, en busca de expansión
de cobertura hacia zonas de difícil acceso.
17. Indicó que se logró demostrar que, en primer orden, Comcel S.A. tiene
cobertura completa en la zona urbana del Municipio Paz de Ariporo con tecnología
2G, 3G y 4G. En la zona rural únicamente cubre, con tecnología 2G y 3G, las
siguientes veredas: Las Azucenas, El Capricho, El Porvenir, Los Aceites, El Corozo,
La Palmita, La Yeguita, La Verduga, El Totumo, Los Palmeares, Centro Gaitán, Los
Toros, Varsovia y La Bendición. En segundo orden, Movistar y Tigo tienen cobertura
completa en la zona urbana con tecnología 2G y 3G mas no tienen cobertura en la
zona rural; en tercer orden, Avantel tiene cobertura completa en la zona urbana con
tecnología 3G; y, en cuarto orden, Directv no tiene cobertura alguna en el Municipio.
18. En ese sentido, aseveró que el dictamen concluyó que es necesaria la
presencia de operadores diferentes a Claro que aprovechen la infraestructura
instalada en zona rural, la cual se podría usar por los acuerdos de compartición.
19. Aclaró que el Ministerio hizo subasta de bandas de frecuencia para la
prestación del servicio de telefonía móvil celular a nivel nacional y, por neutralidad
tecnológica, no exige qué tipo de tecnologías deba implementar, ni con qué marcas
de equipos; sin embargo, podría exigir condiciones técnicas respecto de la calidad
de las redes de telecomunicaciones que conminen a los operadores a desplegar
infraestructura de telecomunicaciones de última generación, con altas velocidades
de conexión y buenos índices de cobertura. Para ellos, la asignación de las bandas
de frecuencias deja en libertad para que extiendan su red según su necesidad de
acuerdo con los lineamientos de las entidades territoriales en cuanto a despliegue
de infraestructura.
20. Agregó que ante la mencionada necesidad de ampliación de cobertura en la
zona rural del Municipio de Paz de Ariporo, la problemática radica en que ya se
agotaron los mecanismos de subasta abierta por la Resolución 2752 de 10 de
octubre de 201932, expedida por el Ministerio de las Tecnologías y las
Comunicaciones, la cual no tuvo oferentes interesados ni asignación de espectro
respecto a bandas y frecuencias para superar las carencias probadas de las
comunidades rurales del Municipio de Paz de Ariporo.
32 “[…] Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para participar en el proceso
de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta, para otorgar permisos de uso del espectro
radioeléctrico a nivel nacional, en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz […]”. El proceso de selección
objetiva se declaró desierto mediante la Resolución 2697 de 8 de noviembre de 2019.
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21. Respecto a ello, precisó que el Ministerio expidió la Resolución 2796 de 18
de octubre de 201933 y se ofreció en subasta el proceso de asignación del espectro
que efectivamente se otorgó a los operadores Comcel S.A., Colombia Móvil y
Partners. Asimismo, para consolidar el listado de localidades con necesidad de
ampliación de cobertura se tuvieron en cuenta variables y factores
socioeconómicos, de los cuales se contemplaron 25 potenciales y elegibles centros
poblados por parte de los participantes que, una vez materializada la subasta,
únicamente fueron ofertadas 8 localidades, las demás veredas y centros poblados
no están incluidos dentro de la obligación de cobertura en la asignación realizada el
20 de diciembre de 2019, aun así están registradas en la base de datos global que
incluye las localidades que tienen deficiencia en la prestación del servicio de
telecomunicaciones para que en un futuro se puedan establecer obligaciones a los
proveedores de redes.
22. Por lo mencionado, consideró que la ampliación de cobertura y mejora del
servicio de telefonía móvil celular en la zona rural del Municipio seguía siendo “[…]
una necesidad actual, concreta, con pluralidad de habitantes del territorio que
requieren acceso efectivo a la TMC [telefonía móvil celular], cuya satisfacción no
puede continuar a la espera de un futuro incierto y absolutamente indeterminado,
con diferenciación negativa (discriminación pura y simple) frente a otras zonas
rurales pobladas o frecuentadas por usuarios del servicio, para las que ya llegaron
las políticas públicas […]”.
23. El Tribunal manifestó que es importante que las autoridades regulatorias del
sector de las Tecnologías de la Información actúen proactivamente, de manera
armónica, concurrente y complementaria para hacer del negocio una oportunidad
atractiva para el mercado; por tal razón, le corresponde al Estado idear incentivos,
propiciar la expansión, maximizar los beneficios del bienestar social con una
planeación a la cual se le pueda hacer seguimiento judicialmente.
24. Agregó que, por su conocimiento directo de las realidades de Casanare con
fundamento en la evidencia documental y en la pericia, consideró que la condición
geográfica del Municipio de Paz de Ariporo es en casi todo el territorio llano y llanura,
contrario a las montañas que afectaban las comunicaciones en Chámeza donde se
configuró un caso similar en el cual se negó la vulneración.
33 “[…] Por la cual se modifica la Resolución No. 2752 de 2019 […]”.
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Recursos de apelación
25. Colombia Móvil S.A. ESP34 interpuso recurso de apelación contra la
sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó revocatoria de los
ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto, con fundamento en los siguientes
argumentos:
25.1. Señaló que no ha vulnerado derechos e intereses colectivos, además que no
está legitimada materialmente por pasiva debido a que el Estado tiene a cargo la
gestión y control del espectro electromagnético, al ser un bien público.
25.2. Advirtió que el artículo 16 de la Resolución 2752 de 2019 estableció que el
participante que resulte asignatario del permiso de uso del espectro radioeléctrico
en la banda de 700 MHz, deberá cumplir con la puesta en funcionamiento del
servicio móvil terrestre de los Sistemas de Telecomunicaciones Móviles
Internacionales - IMT en las localidades ofertadas dentro del índice, teniendo en
cuenta las condiciones ofertadas. Es decir, está obligado única y exclusivamente a
prestarlo en esas localidades y no en otras.
25.3. Adujo que en subasta le asignaron porción de espectro radioeléctrico 20MHz
en las bandas de 700 MHz, la cual se realizó mediante Resoluciones 000332 y
000333. A pesar que en dichas Resoluciones se indicó que los operadores que se
conviertan en asignatarios tienen la obligación de actualizar tecnológicamente las
redes de servicio móvil y ampliación de cobertura en servicios de
telecomunicaciones móviles en 3658 localidades de áreas rurales que hoy no tienen
conectividad, según las ofertas realizadas por cada operador a Colombia Móvil no
se le otorgó banda para prestar el servicio público de telecomunicaciones en el área
rural del Municipio de Paz de Ariporo.
25.4. Mencionó que es una empresa de servicios públicos mixta y descentralizada
indirecta del Municipio de Medellín con un capital 50,000012% público y
49,999988% privado.
25.5. Destacó que el Estado es quien debe incentivar la inversión para la
construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las Tecnologías de
la Información; atendiendo a que el espectro electromagnético es un bien público
cuya gestión y control se encuentra a cargo del Estado, el cual debe velar para que,
bajo su vigilancia especial, todos los particulares puedan acceder a este en igualdad
34 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
199_ED_32RECURSODEAPELAC(.PDF) NroActua 2.
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de condiciones. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones debe revisar que al proponer la subasta existan condiciones
mínimas de rentabilidad y protección a la inversión privada.
25.6. Manifestó que, en razón de lo anterior, no se le deben poner cargas
adicionales a las ya evaluadas y asumidas, teniendo en cuenta que en sus
responsabilidades no se encuentra prestar el servicio público de
telecomunicaciones a través de telefonía móvil celular en el área rural del Municipio
de Paz de Ariporo.
26. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones35
interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia,
en el que solicitó la revocatoria de los ordinales segundo, tercero parcial, quinto y
octavo con fundamento en los siguientes argumentos:
26.1. Adujo que los servicios de comunicaciones móviles en el Municipio de Paz
de Ariporo, son prestados por los Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones Móviles y cuentan con la siguiente infraestructura para prestar
sus servicios:
26.2. Aunado a ello, los proveedores Avantel S.A.S. en reorganización y Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. ESP. prestan los servicios móviles a
través de Roaming Automático Nacional, el cual se trata de una instalación esencial
asociada a las redes de telecomunicaciones con acceso móvil que permite, sin
intervención directa de los usuarios, proveer servicios aun cuando se encuentren
fuera de la cobertura de los servicios de su red de origen, es decir, un proveedor
puede utilizar la red de otro proveedor cuando no dispone de cobertura o de
infraestructura propia. Asimismo, los Operadores Móviles Virtuales como Éxito
Móvil, Suma, Flash y Virgin Mobile son servicios que se han soportado en la
infraestructura instalada por los Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones Móviles en el Municipio.
35 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
196_ED_31RECURSODEAPELAC(.PDF) NroActua 2.
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26.3. Advirtió que, de conformidad con la Resolución 5050 de 10 de noviembre
de 201636 expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, los
operadores deben reportar al Ministerio los indicadores de calidad de los servicios
de comunicaciones, que para el caso del Municipio de Paz de Ariporo se debe
reportar en el ámbito denominado “[…] Casanare - resto de departamento [...]”.
26.4. Agregó que los operadores miden y reportan los indicadores de calidad de
voz y datos móviles; sin embargo, Paz de Ariporo se encuentra incluido en el
catálogo de municipios en los cuales los proveedores de redes no están obligados
a cumplir con indicadores mínimos de calidad. Dicha excepción se promovió con la
intención de generar un incentivo para que en dichos municipios se brinde cobertura
con mayores facilidades y, de esta manera, el alcance de los servicios de
tecnologías de la información y las comunicaciones aumente, permitiendo que la
población de esas zonas pueda acceder a ellos.
26.5. Indicó que, como ejemplo de su gestión, otorgó, mediante Resolución 331
de 20 de febrero de 2020, “[…] un permiso para el uso del espectro radioeléctrico a
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. […]”, en virtud del cual dicho
operador debe llevar cobertura en distintas localidades del Municipio de Paz de
Ariporo.
26.6. Aseveró que los servicios públicos pueden ser prestados por particulares y
en razón de ello se consagró un régimen de habilitación general para la prestación
del servicio público de telecomunicaciones a través de la Ley 1341 de 30 de julio de
200937, en ese sentido, el Ministerio no tiene dentro de sus competencias la
prestación directa del servicio, como erróneamente se planteó en la sentencia
proferida en primera instancia.
26.7. Señaló que el Tribunal no es acertado cuando indicó que las subastas han
sido infructuosas, en la subasta realizada el 20 de diciembre de 2019 para asignar
permisos de uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 700 MHz, 1.900 MHz
y 2.500 MHz, debido a que sí se otorgaron permisos para el uso del espectro
radioeléctrico mediante Resoluciones 330, 331, 332 y 333 del 20 de febrero de
2020. Las obligaciones relacionadas con ampliación de cobertura de servicios de
telecomunicaciones móviles derivadas de dicha subasta no le corresponden al
Ministerio sino a los asignatarios.
36 “[...] Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de
Regulación Comunicaciones […]”.
37 “[...] Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan
otras disposiciones […]”.
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26.8. Afirmó que las Resoluciones 330, 331, 332 y 333 del 20 de febrero de 2020
contienen la descripción precisa de las bandas de espectro asignadas, el valor a
pagar, la forma de pago, las condiciones de uso y ejercicio del derecho otorgado,
así como las localidades en las cuales debería cumplir la obligación de ampliación
de cobertura que trata el literal b) del artículo 23 de la Resolución 3078 de 25 de
noviembre de 201938. Respecto a esta última, consideró que entra en contradicción
con la orden de la sentencia impugnada en cuanto a que pone al Ministerio como
supervisor para constreñir a los proveedores de red para dar total cobertura cuando
ellos no estaban obligados a hacerlo si no lo consideran viable por condiciones de
mercado u otras.
26.9. Informó que para el Municipio de Paz de Ariporo la ampliación de
conectividad llegará a 8 localidades con un plazo máximo hasta 5 años para el
despliegue, las cuales son: Las Gaviotas, Rincón Hondo, La Mesa, La Motuz,
Canalete, Boca de la Hermosa, Elvecia y La Candelaria.
26.10. Señaló que las localidades que hacían parte del listado de potenciales
elegibles para la ampliación de cobertura que no fueron seleccionadas en el proceso
de dicha subasta, podrán ser incluidas en futuras ofertas; por lo tanto, no quedarán
descuidadas; ello teniendo en cuenta que la masificación es progresiva
dependiendo de ciertas recomendaciones y avances tecnológicos al ritmo que los
mismos vayan ocurriendo.
26.11. Manifestó que el proceso de selección objetiva, mediante el cual se concede
a una persona la facultad de usar parte del espectro radioeléctrico, no constituye un
acuerdo entre las partes y, por esa razón, no se trata de un contrato sino de una
potestad conferida por la administración.
26.12. Adicionó que el cierre de la brecha digital no se da como pretende el
Tribunal, de forma inmediata, sino requiere de cierta envergadura jurídica, técnica,
económica, gubernamental y de otras aristas.
26.13. Solicitó tener en cuenta que, debido a la importancia de la calidad del
servicio, el artículo 3 de la Resolución 3121 de 28 de noviembre de 201939 planteó
la obligación de actualización tecnológica de las redes de forma que los asignatarios
38 “[...] Por la cual se declara la apertura y se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para
participar en el proceso de selección objetiva mediante el mecanismo de subasta, para otorgar permisos de uso
del espectro radioeléctrico a nivel nacional, en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz […]”.
39 “[...] Por la cual se modifica el artículo 7o., el artículo 21 y el artículo 23 de la Resolución 3078 de 2019 […]”.
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de la banda de 700MHz en municipios de menos de 100.000 habitantes en los que
hubiera redes 2G y 3G para que se actualizaran a 4G en un máximo de 4 años.
26.14. Adujo que no es posible para el Ministerio realizar modificaciones de la
subasta cuando los usos de espectro ya han sido asignados, tampoco puede
establecer tarifas de mercado, solamente realiza el ejercicio de valoración de
espectro con el apoyo de la Agencia Nacional del Espectro - ANE. Además, no
puede obligar a los operadores, que son sociedades de carácter privado, a que
desplieguen una mayor infraestructura y realicen la serie de proyectos que imparte
la orden de la sentencia proferida, en primera instancia.
26.15. Resaltó que el Tribunal Administrativo desconoció las normas aplicables al
caso concreto por error grave en la interpretación y desconocimiento del precedente
judicial; por lo tanto, solicitó enmarcar las órdenes en el sentido de considerar que
el Ministerio tiene funciones de vigilancia y control sin que ello implique convertir a
la entidad pública en una empresa prestadora para garantizar un mejor servicio
cuando ya hay operadores que permitirán resultados progresivamente.
26.16. Manifestó que el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria
debido a que i) las conclusiones relacionadas con las condiciones geográficas del
lugar objeto de esta acción popular se desprendieron de opiniones provenientes del
conocimiento privado del magistrado sustanciador con ausencia de sustento
probatorio; y ii) consideró que el Estado tiene responsabilidad absoluta por
garantizar el acceso en condiciones óptimas a todos los residentes del país sin tener
consideración de los obstáculos técnicos o de limitaciones presupuestales,
asumiendo cargas que no le corresponden.
27. La Comisión de Regulación de Comunicaciones40 interpuso recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su
revocatoria con fundamento en los siguientes argumentos:
27.1. Adujo que no hay prueba que demuestre la afectación del derecho e interés
colectivo ni por acción ni por omisión de alguna competencia de la entidad, debido
a que escapa la esfera de lo que le corresponde. No tiene competencia para
intervenir de forma directa en la ampliación de cobertura del servicio, ni de exigir a
los proveedores la instalación de nuevos equipos; por lo que, en ningún caso, es
responsable por una prestación deficiente del servicio.
40 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
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27.2. Indicó que es el organismo regulador del mercado de telecomunicaciones
en Colombia, con la función principal de promover un marco regulatorio acorde con
los propósitos de promoción de la competencia y protección de los usuarios.
27.3. Señaló que es competente para i) resolver los recursos de apelación en la
actuación administrativa contra actos que se refieran a la construcción, instalación
u operación de redes de telecomunicaciones, donde debe tener en cuenta las
normas del Plan de Ordenamiento Territorial del lugar; y ii) expedir conceptos en
torno a la persistencia de barreras para el despliegue de infraestructura para
servicios de comunicaciones en áreas determinadas de una entidad territorial.
27.4. Manifestó que no es competente para realizar estudios que permitan
determinar opciones viables para aplicar tecnologías que habiliten el acceso
eficiente al servicio de telefonía móvil celular, ni para realizar la ampliación
progresiva de cobertura, ni de adoptar soluciones tecnológicas, ni de promover la
entrada de operadores.
27.5. Agregó que adelantó un proyecto regulatorio denominado “[…]
[r]estricciones territoriales al despliegue de infraestructura […]” que culminó con la
expedición del documento titulado “Código de Buenas Prácticas para el despliegue
de redes de comunicaciones”, adoptado mediante Circular 131 de 2020, con el
objeto de facilitar el despliegue de infraestructura requerida para permitir el acceso
de la población a los servicios públicos de telecomunicaciones que prestan los
respectivos proveedores, indicando las condiciones que se requieren para instalar
nueva infraestructura.
27.6. Adicionó que la calidad del servicio de telefonía celular mejoraría si los
proveedores de redes instalaran más antenas de telecomunicaciones y dicha
circunstancia excede las competencias de la Comisión de Regulación de
Comunicaciones.
28. Avantel S.A.S.41 interpuso recurso de apelación contra la sentencia
proferida, en primera instancia, en el que solicitó la revocatoria de los numerales 1,
3.4 y 3.4.14, con fundamento en los siguientes argumentos:
28.1. Adujo que carece de legitimación por pasiva para cumplir con las
pretensiones de la demanda, las órdenes impartidas por el Tribunal respecto a
establecer un plan de expansión en distintas zonas rurales de los Municipios de Paz
41 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
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de Ariporo y Hato Corozal no se encuentran en la concesión del espectro otorgada
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
28.2. Indicó que ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones adquiridas por
los permisos que ha otorgado el Ministerio a través de las Resoluciones 2627 y 4120
de 2013 para el uso de bandas destinadas para las Telecomunicaciones Móviles
Internacionales - IMT en Colombia respecto a la prestación de servicios soportados
en tecnología 4G, agregando que en la primera Resolución se afirmó que Avantel
tiene permiso “[…] para el acceso, uso y explotación de 30 MHz de espectro
radioeléctrico para la operación de servicios de radio comunicaciones móviles
terrestres en el rango de las frecuencias 1.710 MHz a 1.725 MHz pareada con 2.110
MHz a 2.125 MHz […]”.
28.3. Señaló que los servicios en 2G y 3G en los Municipios de Paz de Ariporo y
Hato Corozal son prestados mediante Roaming Automático Nacional, el plan de
despliegue de red estaba presupuestado para el segundo semestre de 2021; por lo
tanto, a partir de esa fecha se realizaría con antenas propias.
28.4. Manifestó que se debe tener en cuenta que los particulares son
responsables únicamente cuando incumplen la ley, circunstancia que no es
oponible a esa sociedad.
29. Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.42 interpuso recurso de apelación
contra la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó su revocatoria
con fundamento en los siguientes argumentos:
29.1. Adujo que no ha vulnerado el derecho e interés colectivo al acceso a
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, asegurando que
las autoridades accionadas han desplegado esfuerzos para garantizar la prestación
del servicio, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que desplegar esfuerzos
para ampliar la cobertura demanda elementos que, en ocasiones, por las
condiciones propias del mercado no son posibles de asumir.
29.2. Agregó que el Tribunal no puede desconocer arbitrariamente que el Estado
tiene la obligación de desarrollar la normativa necesaria para que, en virtud del
principio de razonabilidad, se puedan tomar decisiones tendientes a la satisfacción
de la prestación del servicio. Teniendo en cuenta que el uso del espectro
42 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
181_ED_27RECURSODEAPELAC(.PDF) NroActua 2.
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radioeléctrico por parte de los particulares está orientado a que estos inviertan en
infraestructura y maximizar el bienestar social, previa valoración económica.
29.3. Indicó que se debió aplicar lo considerado en la sentencia de 23 de abril de
2020 cuando la Sección Primera indicó que el alcance del derecho de prestación
del servicio de telefonía móvil debe hacerse de manera progresiva y dentro del
marco de sostenibilidad fiscal. Así como el Estado debe incentivar la inversión para
la construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las TIC, siendo
una función propia de las autoridades administrativas del sector, por lo que
redireccionar las ordenes de garantizar la cobertura del servicio hacia los
operadores implica desconocer la realidad técnica y económica del sector, así como
investir al juez de una competencia que no le corresponde.
29.4. Aseveró que el juez popular no es competente para suplir el criterio técnico
de la administración e impartir órdenes orientadas a modificar el criterio de los actos,
contrario a ello, las entidades autorizadas para ordenar a los proveedores de
telecomunicaciones que den cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la
cobertura del servicio son el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Comisión de Regulación y la Agencia Nacional del Espectro.
29.5. Señaló que impartir órdenes en el sentido en que lo hizo el Tribunal
desconoce las limitaciones económicas y técnicas del Estado, así como su función
de adopción y promoción de programas en el Sector TIC, pasando por alto la
realidad misma del mercado y del país en sus proyectos de expansión de
tecnologías.
29.6. Afirmó que, de conformidad con las Resoluciones 1716 y 1187 de 2016,
Comcel está obligada únicamente a dar cobertura al Resguardo Indígena San José
y al corregimiento La Hermosa. Igualmente, según el dictamen pericial rendido por
la Agencia Nacional del Espectro, Comcel es el único operador que presta servicio
de comunicación móvil en la zona rural del Municipio y la única manera de ampliar
la cobertura es con modificaciones en la infraestructura.
29.7. Informó que ha ido cumpliendo sus obligaciones contractuales, adquiridas
por los Contratos de Concesión 004, 005 y 006 de 1994, en los cuales no se dispuso
que la zona rural del Municipio de Paz de Ariporo fuera de obligatorio cumplimiento
dentro del plan mínimo de expansión. Así que, al ordenar la instalación de
infraestructura de telecomunicaciones se invaden competencias de autoridades
administrativas que son quienes determinan las zonas de espectro a subastar.
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29.8. Señaló que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva en
tanto no ha adquirido obligaciones contractuales de cubrir las zonas rurales del
Municipio de Paz de Ariporo; en ese sentido, solicitó ser excluido de los ordinales
segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia proferida, en primera instancia.
30. La Agencia Nacional del Espectro43 interpuso recurso de apelación contra
la sentencia proferida, en primera instancia, en el que solicitó la revocatoria del
ordinal segundo y de los numerales 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 y 3.3 con fundamento en los
siguientes argumentos:
30.1. Adujo que su objeto es brindar el soporte técnico para la gestión,
planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico; en ese sentido, debe
planear y verificar el uso adecuado bajo los parámetros técnicos otorgados en el
permiso concedido al operador como frecuencia, ancho de banda y potencia. Se
trata de ese espectro exclusivamente y no del servicio de telecomunicaciones, por
ende, no puede ejercer funciones sobre temas relacionados con cobertura y calidad
del servicio, en tanto que se configuraría en una extralimitación de funciones.
30.2. Manifestó que tiene la función de reglamentar lo relacionado con los
elementos de transmisión y recepción que hacen parte de la infraestructura de los
proveedores de las redes y servicios de telecomunicaciones, tales como pico celdas
o micro celdas, que por sus características en dimensión y peso puedan ser
instaladas sin la necesidad de obra civil para su soporte. Tiene la obligación de
reglamentar las características de la infraestructura activa a ser desplegada por los
operadores sin que se requiera licencia o autorización de uso del suelo, dicha
obligación se encuentra cumplida mediante Resolución 387 de 13 de junio de
201644, hoy Resolución 774 de 27 de diciembre de 201845.
30.3. Adicionó que nadie está obligado a lo imposible ni a soportar consecuencias
adversas por hechos ajenos a sus posibilidades reales, sobre todo cuando se tiene
que son actividades que exceden sus competencias.
43 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
176_ED_26RECURSODEAPELAC(.PDF) NroActua 2.
44
“Por la cual se reglamentan las condiciones que deben cumplir las estaciones radioeléctricas, con el objeto
de controlar los niveles de exposición de las personas a los campos electromagnéticos y se dictan disposiciones
relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones, en virtud de lo establecido en los
artículos 43 y 193 de la Ley 1753 de 2015”.
45 “Por la cual se adoptan los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos, se
reglamentan las condiciones que deben reunir las estaciones radioeléctricas para cumplirlos y se dictan
disposiciones relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones”.
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31. El Municipio de Paz de Ariporo46 presentó recurso de apelación adhesivo a
los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia proferida, en primera
instancia, en el que solicitó su revocatoria con fundamento en los siguientes
argumentos:
31.1. Adujo que se pretende imponer una serie de obligaciones al ente territorial
desconociendo que el legislador ha otorgado a los municipios la facultad de expedir
las licencias, permisos y control sobre la infraestructura de telecomunicaciones, por
lo que resulta contraproducente que pretenda el despacho entrar a regular a través
de una sentencia competencias que ya se encuentran previamente señaladas en la
normatividad.
31.2. Adicionó que las entidades territoriales solo deben velar por las licencias
que se requieren para el buen funcionamiento de los servicios y controlar la
infraestructura que garantiza la prestación de estos; no están a cargo de garantizar
la prestación del servicio de telecomunicaciones.
Actuaciones en segunda instancia
32. El Magistrado Sustanciador del Tribunal Administrativo de Casanare profirió
auto de 6 de septiembre de 202147 mediante el cual se concedieron, en efecto
suspensivo, los recursos de apelación interpuestos por la Nación - Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia Nacional del
Espectro, Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., Avantel S.A. en reorganización,
la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC y Colombia Móvil S.A. ESP.
contra la sentencia proferida, en primera instancia.
33. El Despacho sustanciador, en segunda instancia, profirió auto de 3 de
diciembre de 202148 mediante el cual ajustó al efecto devolutivo los recursos de
apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, la Agencia Nacional del Espectro, Comunicación Celular S.A.
• Comcel S.A., Avantel S.A. en reorganización, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones - CRC y Colombia Móvil S.A. ESP.
46 Cfr. índice 29 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
304_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_APELACIONADHESIVAP(.pdf) NroActua 29.
47 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
70_ED_35AUTOCONCEDEAPE(.PDF) NroActua 2.
48 Cfr. índice 5 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
270_AUTOQUEORDENAASECRETARIA(.PDF) NroActua 5.
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34. El Despacho sustanciador profirió auto de 3 de mayo de 202449 mediante el
cual admitió los recursos de apelación interpuestos por la Nación – Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia Nacional del
Espectro, Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., Avantel S.A. en reorganización,
la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC y Colombia Móvil S.A. ESP.
contra la sentencia de 10 de junio de 2021 proferida, en primera instancia, por el
Tribunal Administrativo de Casanare.
35. El Despacho sustanciador profirió posteriormente el auto de 22 de julio de
202450 a través del cual admitió el recurso de apelación adhesiva presentado por el
Municipio de Paz de Ariporo. Las partes no presentaron alegaciones, ni el Ministerio
Público allegó concepto, en segunda instancia.
II. CONSIDERACIONES DE SALA
36. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna; y v) el análisis del caso concreto.
Competencia de la Sala
37. Vistos: i) el artículo 16 de la Ley 472, sobre competencia para conocer de las
acciones populares en segunda instancia; ii) el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de
12 de marzo de 201951, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, sobre la
distribución de asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y iii) el 15052 de
la Ley 1437, sobre competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia; esta
Sección es competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de
apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera instancia,
por los tribunales administrativos en el trámite de las acciones populares.
49 Cfr. índice 51 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 337Auto que admite_AP-a-2018-
25-01 Luis(.pdf) NroActua 51.
50
Cfr. índice 62 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 347Auto que
admite_APa20182501LuisAleja(.pdf) NroActua 62.
51 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
52 Modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 y por el artículo 26 de la Ley 2080 de 25 de enero de 2021 “[...]
[p]or medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
-Ley 1437 de 2011-y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan
ante la jurisdicción [...]”; aplicable en virtud del artículo 86 de la Ley 2080.
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Núm. único de radicación: 850012333000201800025-01
38. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.
39. En ese orden, la Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los
argumentos expuestos en los recursos de apelación interpuestos por la Nación -
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Agencia
Nacional del Espectro, Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., Avantel S.A. en
reorganización, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, Colombia
Móvil S.A. ESP y de la adhesión al recurso de apelación presentada por el Municipio
de Paz de Ariporo contra la sentencia de 10 de junio de 2021 proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, de conformidad con los artículos 32053 y 32854
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201255, norma aplicable al presente caso, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472.
Problemas jurídicos
40. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos de los recursos
de apelación, determinar:
40.1. Si se encontró probada o no la existencia de deficiencia en el servicio público
de telecomunicaciones y, en consecuencia, eso genera una vulneración o amenaza
de los derechos e intereses colectivos.
40.2. Si las entidades y prestadores del servicio son o no responsables de la
vulneración o amenaza del derecho e interés colectivo de acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; y, consecuencialmente, si
estas entidades y sociedades son o no competentes para tomar medidas orientadas
a la superación de la situación de vulneración de los derechos e intereses colectivos.
41. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia de 10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en primera instancia.
53 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
54 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”.
55 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos
42. Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.
43. El legislador, en desarrollo de esta norma constitucional, expidió la Ley 472
que, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se
ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas
a su estado anterior cuando fuere posible […]”.
44. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo
judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos
colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la
procedencia del amparo.
45. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses.
46. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […]”56.
47. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.°, 2.°, 4.° y 9.° de la citada Ley
472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener
56 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla
Moreno, sentencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 250002327000200190479-01(AP).
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la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como
tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no
tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando
con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo
se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de
acudirse a las acciones pertinentes.
48. Finalmente, es importante resaltar que la lesión o puesta en peligro de los
derechos colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho e interés colectivo
de acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna
49. Visto el artículo 365 de la Constitución Política, los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su
prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios
públicos podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por
comunidades organizadas, o por particulares; en todo caso, el Estado mantendrá la
regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.
50. La Corte Constitucional ha considerado que la prestación eficiente y oportuna
de los servicios públicos garantiza otros derechos y principios como la vida, la
dignidad y la igualdad. Al respecto, entre otros pronunciamientos, en la sentencia
C-172 de 2014 la Corte precisó lo siguiente:
“[…] [L]o primero que hay que destacar es la consagración expresa de los servicios
públicos como ‘inherentes a la finalidad social del Estado’, a quien le asignó la tarea
de ‘asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional’ (art.
365). Se caracterizan además porque efectivizan otros derechos como la
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dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad; tienen vocación
de universalidad; pueden ser prestados por el Estado, de manera directa o
indirecta, por intermedio de comunidades organizadas o por particulares; se
consideran un asunto de Estado por cuanto se encuentran en la esfera de lo público
ante la obligación que recae en él de asegurar su prestación eficiente […]”57
(Destacado fuera de texto).
51. El derecho e interés colectivo de acceso a los servicios públicos y a su
prestación eficiente y oportuna implica adicionalmente el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población, así como la garantía de otros derechos y principios como la
vida, la dignidad y la igualdad. Es por esto que La Sección Primera, en sentencia
reciente58, consideró que la acción u omisión por parte de las autoridades que
conlleven a la falta de oportunidad en la prestación de los servicios públicos o la
deficiencia en la administración o prestación de los recursos destinados a garantizar
el servicio público representa, según sea, una vulneración o amenaza del derecho
colectivo.
Análisis del caso concreto
52. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine:
52.1. Copia de Resolución 001187 de 28 de junio de 201659, expedida por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la cual
se renovó el permiso temporal para uso del espectro radioeléctrico en el rango de
frecuencias comprendido entre 1865MHz a 1867.5 MHz Y 1945 MHz a 1947.5 MHz
otorgado a Comunicación Celular Comcel S.A. por el periodo comprendido entre el
1 de junio de 2016 a el 30 de junio de 2017. Igualmente señala que “[…] [b]ajo
ninguna circunstancia Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. reducirá la cobertura
del servicio con que cuenta a la fecha de firmeza de la presente resolución […]”.
52.2. Copia de Resolución 001716 de 14 de septiembre de 201660, expedida por
el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la
cual se resolvió un recurso de reposición presentado por Comunicación Celular
Comcel S.A. contra la Resolución 0001187 de 28 de junio de 2016. En este
57
Corte Constitucional, sentencia C-172 de 13 de marzo de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
58 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, número único de radicación:
170012333 000201800493-01.
59 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
59_ED_29ANEXOSCOMCELPD(.PDF) NroActua 2. Páginas 37-45.
60 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
59_ED_29ANEXOSCOMCELPD(.PDF) NroActua 2. Páginas 22-36.
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documento se señaló que se concedían dieciocho (18) meses para adecuar y
ajustar su infraestructura para la ampliación de cobertura del servicio en las
localidades en las que se habían identificado dificultades para la penetración del
mercado móvil terrestre en donde se incluía el resguardo indígena San José del
Municipio de Paz de Ariporo.
52.3. Copia del contrato de arrendamiento de 26 de julio de 201761, suscrito
entre el representante legal de Comunicación Celular Comcel S.A. y el
representante de las comunidades indígenas del Cabildo Indígena del Resguardo
Caño Mochuelo de los Municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo, mediante el
cual se concedió el uso y goce de cuatrocientos metros cuadrados del predio rural
correspondiente a la reserva indígena para que se pudiera desarrollar el proyecto
de telecomunicaciones.
52.4. Copia del Oficio 220.109 de 20 de marzo de 201862 mediante el cual el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dio respuesta al
Tribunal, indicando que el Ministerio ha otorgado permisos de uso del espectro
radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles
terrestres con cobertura a nivel nacional a los siguientes:
“[…] a. COMUNICACIÓN CELULAR S.A. — COMCEL S.A. (Claro).
b. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (Movistar).
c. COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. (Tigo).
d. AVANTEL S.A.S.
e. DIRECTV DE COLOMBIA LTDA.
f. UNIÓN TEMPORAL COLOMBIA MOVIL — ETB.
En la actualidad, tenemos reporte de que en la zona rural de Paz de Ariporo
presta servicio el operador COMCEL S.A. […]”.
52.5. Copia de la Resolución 002623 de 26 de julio de 201363 expedida por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante la cual
se otorgó un permiso para el uso de la banda de 1.710 MHz a 1.755 MHz pareada
con 2.110MHz a 2.155 MHz para la operación y prestación de servicios móviles
terrestres a la Unión Temporal Colombia Móvil – ETB.
52.5.1. En dicha Resolución se indicó que i) el permiso tendría término de duración
de diez (10) años; ii) que la Unión Temporal tiene la obligación de permitir la
compartición activa de elementos, capacidades de red para la itinerancia móvil
61 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
59_ED_29ANEXOSCOMCELPD(.PDF) NroActua 2. Páginas 52-57.
62 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
22_ED_10RESPUESTAMINTIC(.PDF) NroActua 2.
63 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
23_ED_11ANEXOSCOLOMBIAM(.PDF) NroActua 2. Páginas 1-18.
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automática digital a nivel nacional -roaming nacional- y de soporte; asimismo, iii) que
deberá demostrar que cuenta con red instalada y deberá poner en operación el
servicio en todas las cabeceras municipales asignadas antes del quinto (5) año,
dentro del cual se encuentra el Municipio de Paz de Ariporo.
52.5.2. Igualmente, en los literales “c”, “d” y “e” se señala que hay condiciones
específicas para infraestructura para despliegue de red, servicio para despliegue de
red y la obligación de cobertura.
52.6. Copia de la Resolución 003806 de 27 de septiembre de 201364 expedida
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante
la cual se corrigió la Resolución 2623 de 2013 y se indicó que las obligaciones que
surjan de la misma serán cumplidas por los miembros de la Unión Temporal
Colombia Móvil – ETB en forma solidaria.
52.7. Dictamen pericial de 20 de septiembre de 201965 suscrito por el
Profesional Especializado de la Subdirección de Vigilancia y Control de la Agencia
Nacional del Espectro, en el cual se analizaron las responsabilidades de los
prestadores y se relacionó una serie de recomendaciones para mejorar la calidad
en la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles.
53. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.
Solución a los problemas jurídicos
54. En ese orden de ideas, la Sala limitará su pronunciamiento a los precisos
argumentos expuestos por los apelantes, con la claridad de que no se abordarán
asuntos o materias que no fueron controvertidas.
55. La Sala procederá a estudiar la existencia de una eventual afectación y las
competencias de las autoridades recurrentes con el objeto de determinar su
64 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
23_ED_11ANEXOSCOLOMBIAM(.PDF) NroActua 2. Páginas 21-30.
65 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 81_ED_02PERITAJE(.PDF)
NroActua 2.
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responsabilidad en torno a la superación de la vulneración o amenaza de los
derechos e intereses colectivos.
56. Para resolver el argumento de algunos apelantes, relacionado con la
ausencia de amenaza o vulneración del derecho e interés colectivo la Sala analizará
el servicio público de telefonía móvil celular con el propósito de determinar si
efectivamente se están presentando afectaciones en su prestación.
Análisis del nivel de cobertura del servicio público de telefonía móvil celular
en la zona rural del Municipio de Paz de Ariporo, las eventuales fallas del
servicio, en el caso concreto
57. Respecto al análisis de la prestación del servicio público de telefonía móvil
celular en la zona rural del Municipio de Paz de Ariporo, se recibió el dictamen
pericial de 20 de septiembre de 201966 suscrito por un Profesional Especializado de
la Agencia Nacional del Espectro, en el cual se analizaron las responsabilidades de
los prestadores y se relacionó una serie de recomendaciones para mejorar la
calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles.
58. En dicho documento el perito expuso las responsabilidades que tenía cada
operador con relación a los mapas de cobertura publicados en la página web de la
Comisión de Regulación de Comunicaciones, de conformidad con la obligación
impartida en la Resolución 5050 de 10 de noviembre de 201667, y de allí destacó lo
siguiente:
“[…] [L]as tecnologías de telecomunicaciones móviles, en función de su generación
y arquitectura de acceso al espectro radioeléctrico, se clasifican en:
Generación Tecnológica Acceso radioeléctrico
2G (Segunda Generación) GSM
3G (Tercera Generación) UMTS, HSPA, HSPA+
4G (Cuarta Generación) LTE
Es de aclarar que estos tipos de tecnología pueden operar en cualquiera de las
bandas de frecuencias asignadas […]”.
59. En el dictamen se plasmaron imágenes de los mapas de cobertura de los
operadores Claro, Movistar y Tigo Une con la distinción de la tecnología que brindan
en las distintas zonas. Se mencionó que Avantel no presta el servicio de
comunicaciones móviles en 2G ni 4G y que la conexión de 3G la realiza mediante
66 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado: 81_ED_02PERITAJE(.PDF)
NroActua 2.
67 “Por la cual de compilan las Resoluciones de Carácter General vigentes expedidas por la Comisión de
Regulación Comunicaciones”.
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acuerdo de Roaming Nacional utilizando las redes de Tigo y/o Movistar, de Directv
no hay prestación de servicio de comunicaciones móviles.
60. Allí mismo, en comparación entre lo anotado en los mapas de cobertura y las
mediciones realizadas por el experto, se registró el siguiente cuadro:
61. Respecto al argumento del operador Avantel S.A.S., la Sala considera que al
no tener la concesión no reporta cobertura con antenas propias en dichos
Municipios sino en aplicación de Roaming y, por lo tanto, no ha incurrido en omisión
por no prestar el servicio público de telefonía celular en ese sector.
62. Ahora bien, en respuesta al requerimiento que hizo el Tribunal, el Municipio
Hato Corozal remitió Oficio 100-05-01-607 de 18 de octubre de 201868 indicando
que, de conformidad con los artículos 3 y 4 del Decreto 100.13.168 de 14 de
noviembre de 201769, se determinó que “[…] [l]a infraestructura TIC podrá instalarse
en todas las clasificaciones y usos del suelo […]” y que “[…] la localización,
instalación y despliegue de la infraestructura y redes propias para la prestación de
los servicios soportados en las Tecnologías de la [I]nformación y las
68 Cfr. índice 2 del sistema de gestión judicial, SAMAI. Archivo denominado:
180_ED_27INFORMEHATOCOROZ(.PDF) NroActua 2.
69 “[…] Por medio del cual se reglamenta la localización, instalación y regularización de la infraestructura y redes
de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones en el Municipio de Hato Corozal […]”.
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Comunicaciones (TIC) […]” deben cumplir una serie de lineamientos específicos;
por ejemplo, la obligación de solicitar licencia de intervención y ocupación cuando
se construya infraestructura en ocupación del espacio público. Aunque hay
elementos que pueden ser instalados sin necesidad de obra civil para su soporte
como las picoceldas o microceldas, por lo cual serán autorizadas sin previa licencia
de autorización de uso del suelo expedida por la administración municipal.
63. En ese sentido, no habría impedimento para proceder a la instalación de
antenas y demás elementos de infraestructura necesarios para la mejoría en la
prestación del servicio público de telefonía móvil debido a que la Sala no desconoce
que el servicio tiene amplias oportunidades de mejora, las cuales deben ser
promovidas de conformidad con la normativa que regula la materia, tal como se
señala más adelante.
64. Con relación a las circunstancias de cobertura en el Municipio de Paz de
Ariporo, el informe de 9 de noviembre de 2018 allegado por Comunicación Celular
Comcel S.A. señaló que los equipos en funcionamiento son los siguientes:
65. Lo anterior indica que cuentan con antenas en ejercicio de la prestación del
servicio. Asimismo, vislumbró las zonas en las que tiene cobertura aportando los
siguientes mapas:
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66. En atención a lo mencionado previamente, a partir de los elementos
probatorios que se allegaron como el dictamen pericial junto a su aclaración o los
mapas de cobertura de los operadores en el Municipio de Paz de Ariporo, la Sala
encuentra que los prestadores han dado cumplimiento a los permisos que el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones les han otorgado,
cada una respondiendo a sus condiciones específicas; teniendo en cuenta que el
principal proveedor de red es Comunicación Celular Comcel S.A., la población
urbana y rural del Municipio habitan en un contexto factico distinto, de manera que
el alcance de la cobertura también es disímil. A la fecha, debido a que no se han
otorgado permisos distintos, la ausencia de cobertura del servicio en algunos
sectores de la zona rural, al tenor de la Ley 1341, no permite corroborar una
vulneración del derecho e interés colectivo al acceso a los servicios públicos y a que
su prestación sea eficiente y oportuna.
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67. De esa forma, se declarará que no hay vulneración a los derechos e intereses
colectivos, en consecuencia, se modificará el ordinal segundo y se revocarán los
ordinales tercero y quinto de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el
Tribunal, en primera instancia.
Análisis de las competencias de las entidades y prestadores apelantes
relacionadas con el servicio de Telefonía Móvil Celular - TMC, en el caso
concreto
68. Visto el artículo 75 de la Constitución Política, donde se establece que el
espectro electromagnético es un bien público inajenable e imprescriptible sujeto a
la gestión y control del Estado, quien debe garantizar la igualdad de oportunidades
y evitar las prácticas monopolísticas en el acceso a su uso.
69. En el espectro electromagnético se da la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, como lo es la telefonía móvil, por lo que su análisis debe
enmarcarse dentro del concepto de servicio público, así como lo explicó la Corte
Constitucional cuando precisó que se define como “[…] [la] franja de espacio
alrededor de la tierra a través de la cual se desplazan las ondas radioeléctricas que
portan diversos mensajes sonoros o visuales. Su importancia reside en ser un bien
con aptitud para transportar información e imágenes a corta y larga distancia […]”70.
70. Asimismo, señaló que dicho espectro “[…] tiene una relación de conexidad
de carácter esencial con los servicios públicos vinculados al desarrollo de las
telecomunicaciones, como la telefonía móvil y el servicio de comunicación personal
(PCS) […]”71.
71. Igualmente, la Corte Constitucional aclaró el concepto de espectro
radioeléctrico cuando indicó que es “[…] una noción que hace parte del concepto de
espectro electromagnético, referido particularmente al segmento de frecuencias
ubicado en el rango de ondas electromagnéticas que van de 3KHz a 3000GHz. Por
ende, el espectro radioeléctrico es una porción del espectro electromagnético
y es precisamente en esa porción en donde operan las emisoras de radio (AM y
FM), las de televisión abierta (por aire) y microondas, de telefonía celular, los
sistemas satelitales, los radioaficionados, las comunicaciones vía Internet, […] entre
otros servicios de telecomunicaciones […]”72.
70 Corte Constitucional, Sentencia C-423 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz.
71 Corte Constitucional, Sentencia C-815 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
72 Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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72. Respecto al servicio de telefonía móvil celular, el artículo 2 del Decreto 741
de 20 de abril de 199373 precisó que:
“[…] [Es] un servicio público de telecomunicaciones, no domiciliario, de ámbito y
cubrimiento nacional, que proporciona en sí mismo capacidad completa para la
comunicación telefónica entre usuarios de la red de telefonía móvil celular y, a través
de la interconexión con la Red Telefonía Pública Conmutada (RTPC), entre aquellos,
y usuarios de la Red Telefónica Pública Conmutada, haciendo uso de una red de
telefonía móvil celular, en la que la parte del espectro radioeléctrico asignado
constituye su elemento principal […]”.
73. En ese sentido, para la Sala está claro que el servicio de telefonía móvil
celular es considerado como un servicio público no domiciliario que se encuentra
regulado como parte del área de las telecomunicaciones a cargo del Estado.
74. Dentro de su regulación, establecida en la Ley 1341, se relacionan los
principios orientadores de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
en los cuales se encuentra el principio de prioridad al acceso y uso de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, en virtud del cual el Estado y
todos sus agentes, dentro del marco de sus obligaciones, deben promover la
disponibilidad de esas tecnologías en la producción de bienes y servicios
priorizando el acceso de las mismas para población vulnerable.
75. Otro principio relevante es el de neutralidad tecnológica, desarrollado en el
numeral 6 del artículo 2 ibidem en el cual se señala que “[…] [e]l Estado garantizará
la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos
y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la
materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y
aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y
garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con el
desarrollo ambiental sostenible […]”.
76. Así bien, la Sala destaca que la Ley 1978 de 25 de julio de 201974 modificó
el artículo 10 de la Ley 1341 manteniendo a la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones como un servicio público bajo la titularidad del Estado.
77. Asimismo, el numeral 10 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 establece lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de garantizar el ejercicio y goce efectivo de los derechos
constitucionales a la comunicación, la vida en situaciones de emergencia, la
educación, la salud, la seguridad personal y el acceso a la información, al
73 “[…] Por el cual se reglamenta la telefonía móvil celular […]”.
74 “Por la cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se
distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones”.
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conocimiento, la ciencia y a la cultura, así como el de contribuir a la masificación de
los trámites y servicios digitales, de conformidad con la presente Ley, es deber de la
Nación asegurar la prestación continua, oportuna y de calidad de los servicios
públicos de comunicaciones, para lo cual velará por el despliegue de la
infraestructura de redes de telecomunicaciones, de los servicios de televisión abierta
radiodifundida y de radiodifusión sonora, en las entidades territoriales […]”
(Destacado fuera de texto).
78. En esa línea, el artículo 4 de la misma Ley determinó que unos de los
propósitos de la intervención del Estado en el sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones consiste en promover la oferta de mayores
capacidades en la conexión, garantizar el uso adecuado del espectro radioeléctrico,
promover la ampliación de la cobertura del servicio e incentivar la inversión para la
construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones.
79. Por ello, el artículo 5 señala que “[…] [l]as entidades del orden nacional y
territorial promoverán, coordinarán y ejecutarán planes, programas y proyectos
tendientes a garantizar el acceso y uso de la población, las empresas y las
entidades públicas a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para
tal efecto, dichas autoridades incentivarán el desarrollo de infraestructura,
contenidos y aplicaciones, así como la ubicación estratégica de terminales y
equipos que permitan realmente a los ciudadanos acceder a las aplicaciones
tecnológicas que beneficien a los ciudadanos, en especial a los vulnerables y de
zonas marginadas del país […]” (Destacado fuera de texto).
80. Dando continuidad a esas directrices, el artículo 8 de la Ley 197875 contiene
las indicaciones relacionadas con el acceso al uso del espectro radioeléctrico
señalando:
“[…] El uso del espectro radioeléctrico requiere permiso previo, expreso y
otorgado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
El permiso de uso del espectro respetará la neutralidad en la tecnología siempre y
cuando esté coordinado con las políticas del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, no generen interferencias sobre otros servicios,
sean compatibles con las tendencias internacionales del mercado, no afecten la
seguridad nacional, y contribuyan al desarrollo sostenible. El Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones adelantará mecanismos de
selección objetiva, que fomenten la inversión en infraestructura y maximicen
el bienestar social, previa convocatoria pública, para el otorgamiento del permiso
para el uso del espectro radioeléctrico y exigirá las garantías correspondientes. En
aquellos casos, en que prime la continuidad del servicio, el Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones podrá otorgar los permisos de uso del
espectro de manera directa, únicamente por el término estrictamente necesario para
75 El cual modificó el artículo 11 de la Ley 1341 de 2009.
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asignar los permisos de uso del espectro radioeléctrico mediante un proceso de
selección objetiva.
[…]
PARÁGRAFO 1. Para efectos de la aplicación de presente artículo, se debe
entender que la neutralidad tecnológica implica la libertad que tienen los
proveedores de redes y servicios de usar las tecnologías para la prestación de todos
los servicios sin restricción distinta a las posibles interferencias perjudiciales y el uso
eficiente de los recursos escasos […]”.
81. Es así que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones no tiene funciones como prestador directo del servicio; sin
embargo, sí puede adelantar políticas públicas tendientes a promover la
conectividad de la población, entre las cuales se encuentra la posibilidad de imponer
obligaciones de hacer a los Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones – PRTS.
82. En Oficio 202000954 de 13 de enero de 202076, expedido por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se indicó información respecto
a un proceso para asignar espectro en las bandas de 700, 1900 y 2500 MHz, la
subasta se realizó el 20 de diciembre de 2019 que resultó en la siguiente asignación:
No
Operador Ganador Banda Porción espectro
Bloque
Partners 700 MHz 1 20MHz
Comunicación Celular S.A. (Claro) 700 MHz 2 20MHz
Colombia Móvil (Tigo) 700 MHz 3 20MHz
Colombia Móvil (Tigo) 700 MHz 4 20MHz
Comunicación Celular S.A. (Claro) 2500 MHz 1 10MHz
Operador Partners 2500 MHz 2 10MHz
Comunicación Celular S.A. (Claro) 2500 MHz 3 10MHz
Comunicación Celular S.A. (Claro) 2500 MHz 4 10MHz
Partners 2500 MHz 5 10MHz
Partners 2500 MHz 6 10MHz
83. En el mismo documento se señaló que en la Resolución 3078 de 2019 se
priorizaron esfuerzos estatales para llevar conectividad a las zonas que carecen de
ella, bajo criterios socioeconómicos se estableció un listado de localidades para
ampliación de cobertura y en el caso de Municipio de Paz de Ariporo se incluyeron
25 centros poblados potenciales y elegibles por los participantes; sin embargo, el
día de la subasta fueron ofertadas solo 8 localidades, haciendo la salvedad que los
demás centros poblados no están incluidos en las obligaciones de cobertura en esa
asignación aunque eso no impide que en un futuro puedan serlo.
76Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 188_ED_29INFORMEMINTICP(.PDF)
NroActua 2.
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Núm. único de radicación: 850012333000201800025-01
84. Asimismo, informó que “[…] el [M]unicipio Paz de Ariporo de encuentra
excluido del cumplimiento de valores objetivos de calidad77, por lo que la verificación
de cumplimiento de los indicadores y presentación de planes de mejora se realizan
dentro del ámbito geográfico ‘Casanare - Resto de Departamento’ y sobre los
últimos reportes, no se evidencian presuntos incumplimientos para dichos
indicadores por parte de los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones. No obstante, este Ministerio realiza un monitoreo
permanente para validar el estado de los servicios móviles que son provistos por las
empresas con presencia en la zona […]”.
85. En consideración de lo mencionado, la Sala advierte que el Ministerio ha
certificado que no evidenció incumplimiento por parte de los proveedores de redes
y servicios, por lo que no han incurrido en omisión de las obligaciones a ellos
atribuidas por los permisos otorgados para el uso del espectro radioeléctrico.
86. Igualmente, en el recurso de apelación, el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones insistió que ha adelantado trámites que
corresponden a: i) obligaciones jurídicas en cuanto a la vigilancia semestral del
cumplimiento de las garantías exigidas a los proveedores de redes y servicios; ii)
obligaciones financieras debido a que supervisó el pago de los asignatarios respecto
al uso del espectro; iii) obligaciones técnicas correspondientes a la verificación de
la ampliación de cobertura y a la actualización tecnológica del servicio móvil en las
localidades definidas, realizada mediante visitas en campo o verificaciones remotas
de conformidad con los plazos establecidos, para lo cual aportó la siguiente tabla:
77 Resolución CRC 5321 de 2018.
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87. En vista del referido acervo probatorio, la Sala evidencia que el Municipio
cuenta con cobertura de la tecnología 2G, 3G y 4G a través de infraestructura
ubicada en su territorio, en virtud del permiso de aprovechamiento del espectro
otorgado por parte del Ministerio, en el que se estableció que la distribución de las
condiciones de la red debía ser en las cabeceras municipales, entre ellas la del
Municipio de Paz de Ariporo.
88. Asimismo, se observa que aun cuando en la zona rural del Municipio se logró
detectar señales de telefonía móvil de empresas, entre las cuales se encuentra
Comunicación Celular Comcel S.A., los niveles de tecnología van disminuyendo en
relación con la cabecera municipal y, de conformidad con el dictamen mencionado
supra, para aumentar la cobertura de telefonía celular es necesario desplegar
infraestructura.
89. Con fundamento en lo anterior, a juicio de la Sala, pese a que se constató
que la prestación del servicio de telefonía móvil en la zona rural del Municipio de
Paz de Ariporo es deficiente, lo cierto es que no puede predicarse la vulneración del
derecho colectivo amparado por cuanto dicha insuficiencia obedece, entre otras
causas, a distintas condiciones que escapan a responsabilidades inmediatas de los
proveedores de red, como el aumento de la cobertura mediante el despliegue de
infraestructura y que requieren acciones progresivas a corto, mediano y largo plazo.
90. Asimismo, la Sala destaca que, en el Municipio de Paz de Ariporo, de
conformidad con los mapas de cobertura, los operadores Claro, Movistar, Avantel y
Tigo se encuentran obligados respecto de la cabecera urbana de dicho territorio, en
la que el servicio es prestado en buenas condiciones.
91. A juicio de la Sala, las entidades públicas accionadas han actuado
diligentemente en el marco de sus competencias asignadas en las Leyes 1341 y
1978, igualmente han garantizado el derecho colectivo en la medida de lo posible,
sino que, por cuestiones propias del diseño de la prestación del servicio, su garantía
depende en gran medida de las condiciones del mercado y de los operadores del
servicio.
92. Aunado a lo anterior, la Sala reitera que el Ministerio, mediante Resolución
2752 de 10 de octubre de 201978, estableció los requisitos, condiciones y
78 “Por la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el procedimiento para participar en el proceso de
selección objetiva mediante el mecanismo de subasta, para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico
a nivel nacional, en las bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz”.
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Núm. único de radicación: 850012333000201800025-01
procedimiento para participar en el proceso de selección objetiva mediante subasta
para otorgar permisos de uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional, en las
bandas de 700 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz. De la parte motiva de dicho acto, la
Sala destaca lo siguiente:
“[…] Que desde 2013 Colombia no ha realizado procesos de selección objetiva para
asignación de permisos de uso del espectro radioeléctrico para servicios móviles,
por lo cual el presente proceso de asignación, que incluye la banda de 700 MHz, se
convierte en una alta prioridad, debido a las potencialidades que presenta para la
masificación de la cobertura a zonas rurales y apartadas, así como para el aumento
de la capacidad de todas las redes; circunstancias que permiten un mayor avance
en el cierre de la brecha digital. Esto, en línea con lo dispuesto en la Ley 1978 de
2019, modificatoria de la Ley 1341 de 2009, y en la Ley 1955 de 2019 del Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022.
[…]
Que las velocidades pico teóricas que se pueden alcanzar en la operación de las
Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) dependen del tamaño del bloque
de espectro utilizado, siendo mayores con bloques de espectro con tamaños más
grandes. Por tanto, puede hacerse un uso más eficiente del espectro y maximizarse
el bienestar social, si los asignatarios disponen de bloques de 2x10 MHz (20 MHz).
Esto es particularmente importante para la banda de 700 MHz, porque es la única
banda baja para subastar en el presente proceso, y la que posee las características
de propagación más eficientes para cerrar la brecha digital en las zonas rurales y
alejadas del país, e incentivar que la población en estas zonas pueda contar con la
misma experiencia que en las zonas urbanas.
Que el hecho de contar con bloques de 2x10 MHz (20 MHz) en la banda de 700
MHz genera mayor certidumbre para que todos los operadores obtengan la cantidad
mínima de espectro en bandas bajas que les permita ofrecer al mercado mayores
velocidades de acceso a Internet, particularmente en las zonas rurales y alejadas
del país. A este se suma que la configuración de la subasta de la banda de 700 MHz
en bloques de 2x10 MHz (20 MHz), resulta en cuatro bloques de 2x10 MHz (80 MHz)
y un bloque de 2x5 MHz (10 MHz), lo que permite a los operadores adquirir
cantidades de espectro flexibles, promueve la competencia y un aprovechamiento
más eficiente del recurso escaso.
[…]
Que con arreglo a lo previsto por el artículo 13 de la Ley 1341 de 2009, modificado
por el artículo 10 de la Ley 1978 de 2019, la contraprestación económica por el uso
del espectro radioeléctrico podrá pagarse parcialmente, hasta un 60% del monto
total, mediante la ejecución de obligaciones de hacer, “para ampliar la calidad,
capacidad y cobertura del servicio, que beneficie a población pobre y vulnerable, o
en zonas apartadas, en escuelas públicas ubicadas en zonas rurales y otras
instituciones oficiales como centros de salud y bibliotecas públicas, así como prestar
redes de emergencias”. Así mismo, la norma dispone que el cumplimiento de las
obligaciones de hacer asumidas por los asignatarios de permisos de uso del
espectro radioeléctrico contará con una supervisión o interventoría técnica,
administrativa y financiera a cargo del ministerio. Lo anterior, en el marco de la
reglamentación que al efecto expida el ministerio.
Que según lo previsto por el artículo 310 de la Ley 1955 de 2019, “por la cual se
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022”, el Gobierno nacional, por medio
del ministerio, “diseñará e implementará planes, programas y proyectos que
promuevan en forma prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones (TIC)”.
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Que la Ley 1955 de 2019, “por la cual se expide el Plan Nacional del Desarrollo
2018- 2022”, en su artículo 310 modificó el artículo 194 de la Ley 1753 de 2015, y
estableció en su numeral 1 que el ministerio priorizará las iniciativas de acceso
público a Internet, en beneficio de la población pobre y vulnerable, o en zonas
apartadas.
Que dados los enormes retos de conectividad antes señalados y teniendo como
objetivo esencial de este proceso la masificación de la conectividad a Internet en el
país, el ministerio realizó la priorización de las localidades bajo criterios
socioeconómicos (que tiene en cuenta entre otras variables población, programa de
desarrollo con enfoque territorial (PDET), zonas estratégicas de intervención integral
(ZEII), comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rom,
Acceso a servicios públicos, desempeño municipal medido por el DNP y puntaje
promedio del Sisbén), y criterios técnicos (que tiene en cuenta entre otras variables
índice de penetración a internet fija, despliegue de infraestructura de servicios
móviles y estimaciones sobre la penetración de servicios móviles por departamento),
priorización que se ve reflejada en el “Listado de localidades para la ampliación de
cobertura”, el cual se incorpora como anexo IV de la presente resolución.
Que la determinación de obligaciones de ampliación de cobertura es un mecanismo
eficiente para promover el acceso y servicio universal, el uso y la masificación de
las TIC, por medio del diseño y la ejecución de planes de expansión y cobertura de
servicios de telecomunicaciones, aprovechando la eficiencia operativa y las
economías de escala de los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones.
[…]
Que para lograr cobertura para la población pobre y vulnerable, en zonas rurales y
apartadas del país, y contribuir al cierre de la brecha digital, tal como se establece
en el artículo 2º de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 3º de la Ley 1978
de 2019, es necesario incentivar el acceso a las bandas bajas por parte de quienes
con anterioridad al presente proceso de selección no han sido asignatarios de dichas
bandas. Esto, en consideración a las diferencias objetivas derivadas de las
propiedades de propagación de cada una de las bandas. Así, el espectro por debajo
de 1 GHz genera una ventaja sobre las frecuencias más altas en términos de
cobertura geográfica, porque se requiere un menor número de sitios para obtener el
mismo despliegue comparado con bandas más altas. Por tanto, los operadores sin
bandas bajas requieren de mayores inversiones para lograr la misma cobertura que
un operador con bandas bajas. La existencia de estos incentivos, en aplicación del
mandato constitucional de la igualdad material en el acceso al espectro
radioeléctrico, es una herramienta estratégica de política pública para facilitar que
los operadores sin bandas bajas tengan más posibilidades de acceder a estas,
generando de esta forma incentivos a la competencia que se reflejen en mayores
opciones de acceso al servicio para los usuarios […]”79.
93. Con esta subasta, se pretende conectar a 3.658 localidades de las zonas
rurales en los 32 departamentos del país. Dicho proceso culminó con la expedición
de las Resoluciones 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 y 333 de 20 de febrero
de 2020, a través de las cuales el Ministerio asignó los permisos de uso de los
bloques de espectro a las empresas Claro, Tigo y Partners.
94. Lo anterior pone de manifiesto los esfuerzos desplegados por las autoridades
accionadas para la garantía del derecho cuya protección se reclama; sin embargo,
79 Esta Resolución puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
106196_resolucion_2752_2019.pdf
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lo precedente no obsta para enfatizar en que las entidades públicas accionadas
deben continuar desplegando los esfuerzos necesarios, para que, de manera
progresiva, el servicio de telefonía móvil sea prestado en óptimas condiciones en
las zonas rurales de la geografía colombiana.
95. Teniendo en cuenta que en la actualidad se hace evidente la constante
modernización en las tecnologías, en aras de dar cumplimiento a la normativa
relacionada con la materia frente a que se debe propender por incrementar el
alcance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sobre todo a
poblaciones vulnerables, la Sala considera necesario instar al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que cumpla
progresivamente el deber de desplegar los esfuerzos necesarios en aras de
promover el mejoramiento del servicio de telefonía móvil celular en los Municipios
de Hato Corozal y Paz de Ariporo.
96. Esta sentencia reitera las consideraciones y decisiones adoptadas por esta
Sección80, en anteriores ocasiones, en las cuales se señaló que, si bien, no estaba
probada la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos, era
necesario instar a las entidades públicas accionadas con el propósito de que, en
forma progresiva, continuaran desplegando las labores necesarias para garantizar
que la prestación del servicio de telefonía móvil en las zonas urbanas y rurales de
la geografía colombiana se realice en óptimas condiciones; y, en ese sentido, se
deben adelantar acciones que incentiven la inversión en infraestructura por parte de
los operadores del servicio.
97. Por lo mencionado, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida por el Tribunal, en primera instancia, por considerar que la
medida de incentivar y promover la inversión en infraestructura por parte de los
operadores del servicio debe estar a cargo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
98. Finalmente y de conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 y los numerales
1.° y 8.º del artículo 365 de la Ley 1564, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, en atención a que no está probada su causación.
80 Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de abril de
2020 en proceso identificado con núm. único de radicación 850012333000201800146-01, C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón; sentencia de 30 de noviembre de 2023 en proceso identificado con núm. único de radicación
850012333000202100141-01, C.P. Oswaldo Giraldo López; sentencia de 1 de febrero de 2024 en proceso
identificado con núm. único de radicación 630012333000202100102-01, C.P. Germán Eduardo Osorio
Cifuentes.
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Conclusiones de la Sala
99. En suma, la Sala revocará los ordinales segundo, tercero y quinto; modificará,
en los términos indicados supra, el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida en primera instancia; y, por último, confirmará en lo demás la
sentencia de 10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia
de 10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en
primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia,
el cual quedará de la siguiente manera:
2° DECLARAR que no hay vulneración del derecho e interés colectivo al acceso y
prestación eficiente y oportuna del servicio público de telefonía móvil celular, por las
razones señaladas en parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de
10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, en primera
instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual
quedará de la siguiente manera:
4° INSTAR al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
para que adelante las acciones pertinentes que incentiven y promuevan la inversión
en infraestructura por parte de los operadores del servicio de telefonía móvil celular
y datos, con el fin de que la zona rural del Municipio de Paz de Ariporo cuente
progresivamente con dicho servicio en óptimas condiciones, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: REVOCAR los ordinales tercero y quinto de la parte resolutiva de la
sentencia de 10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de 10 de junio de 2021 proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
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QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.
SÉPTIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
Administrativo de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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