República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03202-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: requisitos generales de
procedibilidad. Subtema 2: defecto fáctico. Subtema 3: carga dinámica de la
prueba.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver,
en segunda instancia, la acción de tutela interpuesta por Inversiones y Asesorías
Maos S.A.S. contra la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa promovido contra la
Nación – Rama Judicial.
1. Síntesis del caso
Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. interpuso acción de tutela contra la sentencia
del 17 de octubre de 2025 proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa promovido contra la
Nación – Rama Judicial (exp. 25000-23-36-000-2020-000011-02), en el que se
pretendía obtener la indemnización de los perjuicios ocasionados por la
permanencia y abandono de vehículos en un predio administrado por la sociedad
accionante. En la providencia cuestionada se revocó la decisión favorable de
primera instancia y se negaron las pretensiones, al considerar que no se acreditó
suficientemente la vinculación de los vehículos con procesos judiciales y, por tanto,
la imputación del daño a la administración de justicia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
De conformidad con los documentos que obran en el expediente, es posible
reconstruir los siguientes hechos jurídicamente relevantes:
2.
El 1 de julio de 2014, Parqueadero El Paradero Ltda. celebró un contrato de
arrendamiento con BU Storage and Parking S.A.S., mediante el cual le entregó en
uso un área aproximada de 5.000 m² ubicada en la carrera 123 No. 12A-21 de
Bogotá. El inmueble fue destinado exclusivamente a la guarda y custodia de
vehículos inmovilizados como consecuencia de medidas cautelares decretadas por
autoridades judiciales. En el contrato se estableció que la seguridad y vigilancia del
área arrendada estaría a cargo exclusivo de BU Storage and Parking S.A.S.
3.
El 15 de diciembre de 2015, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial, Seccional Bogotá, expidió la Resolución No. 8916, por medio de la cual
conformó el registro de parqueaderos autorizados para la vigencia 2016. Dentro de
dicho registro fue incluida la empresa BU Storage and Parking S.A.S.,
identificándose como sedes de operación, entre otras, el inmueble ubicado en la
carrera 123 No. 12A-21 de Bogotá.
4.
La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, el 8 de
enero de 2016, informó a los despachos judiciales adscritos a su jurisdicción la
conformación del registro de parqueaderos autorizados para la vigencia 2016 y
dispuso que los vehículos inmovilizados por orden judicial fueran remitidos a los
establecimientos inscritos en dicho registro, entre ellos BU Storage and Parking
S.A.S.
5.
El 1 de febrero de 2016, Parqueadero El Paradero Ltda., e Inversiones y
Asesorías Maos S.A.S. celebraron un contrato de asociación en virtud del cual se
acordó que los contratos de arrendamiento, consultoría e inmobiliarios asumidos
por Parqueadero El Paradero Ltda. serían cedidos a Inversiones y Asesorías Maos
S.A.S., que asumiría los derechos y obligaciones derivados de ellos.
6.
El 1 de agosto de 2016, Parqueadero El Paradero Ltda. cedió formalmente a
Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. el contrato de arrendamiento celebrado con
BU Storage and Parking S.A.S. respecto del inmueble ubicado en la carrera 123 No.
12A-21 de Bogotá, quedando esta última sociedad en la posición contractual de
arrendadora.
7.
El 16 de diciembre de 2016, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial abrió la convocatoria para conformar el registro de parqueaderos
autorizados para la vigencia 2017. En dicha convocatoria se establecieron
obligaciones para los establecimientos inscritos relacionadas con la recepción,
inventario, custodia y reporte de los vehículos inmovilizados por orden judicial.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
8.
Durante el año 2017, BU Storage and Parking S.A.S. dejó de ejercer
actividades de vigilancia y custodia sobre los vehículos depositados en el área
arrendada y cesó su presencia permanente en el predio. Según la información
posteriormente suministrada por el arrendador, la sociedad adeudaba cánones de
arrendamiento y había dejado en el lugar numerosos vehículos respecto de los
cuales aparentemente existían medidas cautelares decretadas por diversas
autoridades judiciales.
9.
El 15 de febrero de 2017, mediante Resolución No. 619, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial adelantó un procedimiento administrativo
sancionatorio contra BU Storage and Parking S.A.S. y dispuso su exclusión del
registro de parqueaderos autorizados, así como la imposición de una sanción a su
representante legal.
10.
El 26 de octubre de 2017, el representante legal de Parqueadero El Paradero
Ltda. dirigió una petición a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá informando que BU Storage and Parking S.A.S. había
abandonado vehículos en el inmueble arrendado. En esa comunicación manifestó
que la empresa le había entregado un listado de vehículos que permanecían en el
predio, estimados en más de doscientos cuarenta automotores, y solicitó que se le
informara el procedimiento a seguir respecto de dichos bienes y de su situación
como arrendador del terreno.
11.
Junto con esa comunicación se aportó un documento denominado «inventario
e identificación de los rodantes automotores», en el cual se relacionaban 248
vehículos mediante información sobre las respectivas placas, marcas, líneas,
clases, modelos y colores.
12.
El 27 de diciembre de 2017, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial dio respuesta a la petición. En dicha comunicación indicó que los vehículos
permanecían a disposición exclusiva de los despachos judiciales que habían
ordenado su inmovilización y señaló que debía informarse a cada juzgado
correspondiente para que dispusiera el traslado de los automotores a un
parqueadero autorizado.
13.
El 11 de julio de 2019, Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. informó al SENA
que el vehículo identificado con placas SFT-222 se encontraba en sus instalaciones
debido a que había sido dejado allí por BU Storage and Parking S.A.S. junto con
otros automotores, y precisó que no podía autorizar su entrega por carecer de
facultades para ello.
14.
El 12 de agosto de 2019, Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. presentó una
petición ante el Consejo Superior de la Judicatura en la que solicitó información
acerca del procedimiento aplicable cuando un parqueadero autorizado abandona
vehículos bajo su custodia y cuál era la autoridad encargada de ejercer vigilancia e
inspección sobre dichos establecimientos.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
15.
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 27 de agosto de 2019,
respondió la solicitud e indicó que, mientras estuvo vigente el artículo 167 de la Ley
769 de 2002, las Direcciones Ejecutivas Seccionales de Administración Judicial
fueron las encargadas de conformar los registros de parqueaderos autorizados para
la custodia de vehículos inmovilizados por orden judicial. Asimismo, señaló que las
direcciones seccionales debían continuar ejerciendo control sobre los
establecimientos registrados durante las vigencias correspondientes.
16.
En el expediente obra un documento denominado “Inventario de
vehículos/Storage and Parking”, en el que se relacionan 171 automotores mediante
información sobre placa, marca, línea, clase, modelo, color y fecha de
inmovilización.
17.
El 30 de septiembre de 2019 fue elaborado un dictamen pericial por el contador
público Luis Eduardo Carrillo Villamizar, cuyo propósito consistió en estimar los
perjuicios materiales derivados de la ocupación del inmueble por los vehículos
abandonados. El perito realizó una visita al predio, verificó la presencia de 248
automotores, elaboró un inventario detallado de estos y anexó un registro
fotográfico.
18.
El 10 de junio de 2019, el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía requirió a
BU Storage and Parking S.A.S. para que informara la ubicación de la motocicleta
de placas NOG-60C, inmovilizada dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el
número 2014-0009.
19.
El 31 de octubre de 2019, Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. informó al
Juzgado Primero Civil Municipal de Chía que la motocicleta de placas NOG-60C se
encontraba en sus instalaciones debido a que había sido abandonada allí por BU
Storage and Parking S.A.S. junto con otros vehículos.
20.
El 17 de enero de 2020, Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación -
Rama Judicial y BU Storage and Parking S.A.S. en liquidación. Posteriormente, la
demanda fue reformada el 14 de julio de 2020 y el 24 de marzo de 2021.
21.
Durante los años 2021, 2022 y 2023 distintos despachos judiciales expidieron
órdenes relacionadas con la entrega de vehículos ubicados en las instalaciones
administradas por Inversiones y Asesorías Maos S.A.S., entre ellos la motocicleta
de placas NOG-60C, el microbús de placas BIS-581 y el vehículo de placas XFA-
403.
22.
El 27 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, profirió sentencia de primera instancia dentro del proceso
de reparación directa, en la que declaró la responsabilidad de la Nación - Rama
Judicial y de BU Storage and Parking S.A.S. en liquidación, ordenó el retiro de los
vehículos existentes en el predio y dispuso la condena en abstracto por perjuicios
materiales.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
23.
Contra dicha decisión la Nación - Rama Judicial interpuso recurso de
apelación.
24.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, el 17 de octubre de
2025, profirió sentencia de segunda instancia dentro del expediente No. 25000-23-
36-000-2020-000011-02 (72.872), mediante la cual revocó la declaratoria de
responsabilidad de la Nación - Rama Judicial y confirmó la responsabilidad de BU
Storage and Parking S.A.S. en liquidación.
25.
La sentencia de segunda instancia fue notificada el 21 de noviembre de 2025.
2.2. Argumentos y pretensiones de la tutela
26.
Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. interpuso el recurso de amparo contra la
sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. Adujo que la providencia vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, el derecho a la prueba, a la igualdad, el acceso a
la administración de justicia y a la reparación del daño antijurídico (arts. 13, 29, 90
y 229 de la Constitución), al revocar la condena impuesta en primera instancia
contra la Rama Judicial y negar su responsabilidad por los daños derivados de la
ocupación del inmueble.
27.
Como fundamento de procedibilidad, la accionante invoca la jurisprudencia
sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, especialmente la Sentencia
C-590 de 2005 y decisiones posteriores, y afirma que el caso cumple con el requisito
general de relevancia constitucional porque, según aduce, la sentencia atacada
habría impuesto una carga probatoria imposible de satisfacer para un particular
respecto de información que se encontraba bajo control de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (Deaj). Según la demanda, el Consejo de Estado desconoció
las reglas de distribución dinámica de la carga de la prueba previstas en el artículo
167 del Código General del Proceso, así como los principios de igualdad de armas
y tutela judicial efectiva, al exigirle acreditar la vinculación judicial de los vehículos
abandonados sin requerir la información que, a su juicio, debía reposar en poder de
la propia administración judicial.
28.
La tutela estructura su acusación principal en varios defectos fácticos. En
primer lugar, alega omisión de valoración probatoria, porque la sentencia habría
omitido la valoración de pruebas que evidenciaban la relación de algunos vehículos
con procesos judiciales, en particular respecto de los automotores de placas BIS-
581 y XFA-403. En segundo lugar, denuncia una indebida distribución de la carga
de la prueba, por haber exigido a la demandante demostrar hechos que la Deaj se
encontraba en mejor posición de acreditar. En tercer lugar, sostiene que se vulneró
el debido proceso por la omisión de lo que para la actora es un deber y un poder del
operador jurídico: decretar pruebas de oficio.
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Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
29.
Efectivamente, según la acción de tutela, al no decretarse pruebas que
permitieran esclarecer la trazabilidad de los vehículos, el Consejo de Estado habría
incumplido tal deber. Finalmente, se invoca un exceso ritual manifiesto, derivado del
rechazo del documento denominado «Inventario de vehículos/Storage and Parking»
por razones formales relacionadas con su autoría, así como de la exigencia de
allegar expedientes judiciales cuya obtención no dependía de la accionante.
30.
Adicionalmente, la tutela sostiene que la providencia incurrió en una inferencia
probatoria contraevidente al utilizar la existencia de un vehículo asociado a un
trámite administrativo (placa SFT-222) para debilitar la hipótesis de que los rodantes
abandonados tenían origen judicial. También reprocha que la sentencia no hubiera
examinado suficientemente los deberes institucionales de la Deaj frente al control
de los parqueaderos autorizados y frente a la situación generada tras la exclusión
de BU Storage del registro correspondiente. Por estas razones, solicita dejar sin
efectos la sentencia de segunda instancia y ordenar la expedición de una nueva
decisión que revalore integralmente las pruebas, aplique la carga dinámica de la
prueba y adopte medidas probatorias adicionales para establecer la relación entre
los vehículos abandonados y la actividad de la administración de justicia.
31.
Finalmente, y con base en lo anterior, la parte solicitante pretende lo siguiente:
PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.),
al acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.) y a la reparación del daño
antijurídico (Art. 90 C.P.) de INVERSIONES Y ASESORÍAS MAOS SAS, vulnerados
por la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 y notificada el 21 de noviembre
de 2025, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el expediente
No. 25000-23-36-000-2020-000011-02 (72.872).
SEGUNDA: Como consecuencia del amparo, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del
17 de octubre de 2025 en cuanto: (i) revocó la declaratoria de responsabilidad
patrimonial extracontractual de la Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; (ii) revocó la condena en costas impuesta a la entidad
demandada en primera instancia; y (iii) condenó en costas de segunda instancia a la
parte demandante.
TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
dentro de cuarenta (40) días contados a partir de la notificación del fallo de tutela
profiera nueva sentencia de segunda instancia en la que: (i) valore de manera
conjunta e integral los tres vehículos con vinculación judicial acreditada (NOG-60C,
BIS-581 y XFA-403) como indicios graves y concordantes de la naturaleza judicial del
conjunto de los rodantes abandonados en el predio; (ii) aplique la carga dinámica de
la prueba prevista en el artículo 167 inciso 2 del CGP, distribuyendo a la Nación —
Rama Judicial la carga de demostrar que los vehículos no guardaban relación con su
habilitación; (iii) valore el "Inventario de vehículos/Storage and Parking" (fls. 71-74
cdno. pruebas) conforme a las reglas de la sana crítica, considerando en particular el
significado del término "fecha de inmovilización" como indicio de vinculación judicial;
(iv) decrete de oficio, al amparo del artículo 213 del CPACA, la remisión del
expediente del proceso No. 2014-0009 del Juzgado Primero Civil Municipal de Chía
y de los expedientes de los procesos relacionados con los vehículos BIS-581 y XFA-
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403; (v) analice los deberes institucionales de la Deaj tras la exclusión de BU Storage
en febrero de 2017, a la luz de las obligaciones previstas en el Acuerdo 2586 de 2004;
y (vi) se ajuste a los parámetros constitucionales establecidos en la Sentencia SU-
157 de 2022 y el Auto A-663 de 2023 de la Corte Constitucional.
2.3. Trámite procesal
32.
La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela a través
de providencia del 27 de abril de 2026, en la que adicionalmente ordenó la
vinculación, como terceros con interés, del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B; de la Nación, Rama Judicial,
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; de la sociedad BU Storage and
Parking en liquidación (en su calidad de extremo demandado en el asunto ordinario);
de la Procuradora 6 Judicial II delegada para asuntos administrativos; y de todas
aquellas personas naturales o jurídicas que hubiesen intervenido en el medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-000-2020-
00011-00/02.
2.4. Intervenciones
2.4.1. Informe del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
33.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
informó1 que dentro del proceso de reparación directa No. 25000-23-36-000-2020-
000011-00 profirió sentencia de primera instancia el 27 de febrero de 2025,
mediante la cual declaró la responsabilidad patrimonial y solidaria de la Nación-
Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de BU Storage and
Parking S.A.S. en liquidación por los perjuicios ocasionados a Inversiones y
Asesorías Maos S.A.S. Como consecuencia, ordenó el retiro de los 248 vehículos
abandonados en el predio ubicado en la carrera 123 No. 12A-21 de Bogotá, dispuso
que la Deaj identificara cuáles de esos automotores estaban a disposición de
despachos judiciales y condenó a las demandadas al pago de perjuicios materiales
y costas.
34.
La magistrada ponente explicó que dicha decisión se fundamentó en la
configuración de un supuesto de responsabilidad estatal por defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, al considerar acreditada una falla
del servicio atribuible a la Rama Judicial por incumplimiento de sus deberes de
inspección, vigilancia y control respecto de la prestación del servicio de parqueadero
autorizado para la custodia de vehículos sometidos a medidas judiciales. Señaló
que esa conclusión fue adoptada con fundamento en las pruebas documentales
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-00, índice 19, certificado DEE1857F01ACEE68
76FB5B149552E88B 18705B6823821242 0CA50D57C4AF527B. Por otra parte, mediante memorial del 29 de
abril de 2026, el mismo Tribunal hizo llegar las pruebas solicitadas con el auto admisorio, en Samai, exp. 11001-
03-15-000-2026-03202-00, índice 13, certificado 105817E4D5F07402 EA337ED2B911F887
F7061130D8AB4FEA A876378F31AFBF76.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
obrantes en el expediente y dentro del ámbito de competencia del Tribunal como
juez de primera instancia.
35.
No obstante, el informe destacó que la sentencia fue apelada y posteriormente
revisada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, autoridad que
modificó la decisión en segunda instancia, razón por la cual cualquier inconformidad
formulada en la acción de tutela recae exclusivamente sobre la providencia proferida
por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa y no sobre las
actuaciones del Tribunal. En consecuencia, manifestó que carece de competencia
para controvertir, modificar o desconocer lo resuelto por el Consejo de Estado y
solicitó ser desvinculado del trámite constitucional.
2.4.2. Informe del presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá
36.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por conducto de su
presidente, intervino en el trámite de tutela para solicitar su desvinculación por falta
de legitimación en la causa por pasiva2. Sostuvo que las pretensiones de la
accionante se dirigen a cuestionar actuaciones relacionadas con la administración
de parqueaderos judiciales, la custodia de vehículos inmovilizados y la decisión
adoptada por el Consejo de Estado dentro del proceso de reparación directa,
materias respecto de las cuales el Consejo Seccional no tiene competencia
funcional. Con apoyo en la jurisprudencia constitucional sobre legitimación en la
causa por pasiva, afirmó que no existe conducta atribuible a dicha corporación que
pueda considerarse vulneradora de los derechos fundamentales invocados.
37.
Para sustentar su posición, explicó que las funciones del Consejo Seccional de
la Judicatura, previstas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, se relacionan con
la administración de la carrera judicial, la vigilancia judicial, el control de gestión de
despachos y otras competencias administrativas, pero no comprenden la gestión de
parqueaderos judiciales ni la inmovilización o devolución de vehículos. Precisó que
las actuaciones mencionadas por la accionante corresponden, en todo caso, a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a sus Direcciones Seccionales, y
que los hechos objeto de la tutela tampoco fueron puestos previamente en
conocimiento del Consejo Seccional mediante petición o actuación administrativa
alguna.
38.
Finalmente, el informe indicó que las pretensiones de la accionante guardan
relación con vehículos vinculados a procesos judiciales y con decisiones que
corresponden a los despachos competentes y a la administración judicial encargada
de los registros de parqueaderos autorizados. Del mismo modo, explicó la evolución
normativa del artículo 167 de la Ley 769 de 2002 y señaló que, tras la Sentencia C-
440 de 2020, la competencia para conformar registros de parqueaderos y fijar tarifas
corresponde nuevamente a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
través de las Direcciones Seccionales. Con fundamento en estas consideraciones,
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-00, índice 16, certificado BF5B9A719E358540
2112BE2FD0A6EFF8 4AE19182C7ACCD98 FEA0BFF9B9F38BD6.
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Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
solicitó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá fuera desvinculado del
trámite de tutela.
2.4.3. Intervención de la Procuradora Sexta Judicial II para Asuntos
Administrativos
39.
La Procuradora Sexta Judicial II para Asuntos Administrativos no se pronunció
sobre el fondo de la acción de tutela ni sobre los cargos formulados contra la
sentencia cuestionada3. Su intervención se limitó a cuestionar su vinculación al
trámite, al señalar que la sola participación del Ministerio Público en el proceso
judicial que antecedió a la tutela no le otorga la condición de tercero con interés
legítimo dentro de esta acción constitucional. Con fundamento en el artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991 y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
figura de la coadyuvancia, sostuvo que los terceros solo pueden intervenir cuando
acrediten una afectación actual e inmediata de una situación jurídica propia derivada
de la decisión que se adopte en la tutela.
2.4.4. Informe de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
40.
La División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, el 4 de mayo de 2026, presentó su respectivo
informe4, en el que concluye, con fundamento en las normas constitucionales y los
desarrollos de la jurisprudencia constitucional alrededor de la autonomía judicial,
que la autoridad judicial impugnada realizó una interpretación razonable, orientada
a la aplicación e interpretación de los principios del ordenamiento jurídico superior,
que le hicieron concluir que, para el presente caso, no debía reconocerse la
responsabilidad de la Rama Judicial y que, en consecuencia, no podía condenársele
a pagar perjuicios por el presunto daño causado a la parte actora.
41.
Adicionalmente, insiste en el hecho de que la carga de la prueba le correspondía
a la parte accionante, de conformidad con el principio general del derecho descrito
en el artículo 167 del Código General del Proceso. Por tal motivo, al considerar que
la hoy tutelante no probó que los vehículos «abandonados» en el parqueadero
estuvieran allí por orden judicial, no podía el juez ordinario hallar acreditado el nexo
causal entre la presencia de los 248 rodantes y la presunta omisión de la Rama
Judicial.
2.4.5. Contestación de la acción de tutela por parte de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado
42.
El magistrado Fredy Ibarra Martínez, en representación de la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, solicitó declarar improcedente o negar la
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-00, índice 15, certificado E131D8332FC38619
3F13BDA95AF5305E 13C510EA4706B836 77467FD2B34CE544.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-00, índice 20, certificado 6393516A64B6081F
1FB91B1CA60118C3 24E26D219F48BC35 660E4211C496CCE4.
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Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
acción de tutela al considerar que no cumple el requisito de relevancia constitucional
y que, en realidad, pretende reabrir como una instancia adicional un debate ya
resuelto en el proceso de reparación directa5. Manifestó que la sentencia del 17 de
octubre de 2025 fue producto de una valoración integral, razonada y jurídicamente
sustentada de las pruebas, en la que se reconoció la existencia del daño derivado
de la ocupación del predio, pero se concluyó que no estaba acreditado el elemento
indispensable para imputar responsabilidad a la Nación-Rama Judicial: que los
vehículos abandonados estuvieran efectivamente vinculados a medidas cautelares
judiciales y, por tanto, bajo la órbita de control de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
43.
Frente a los cargos de la tutela, explicó que el documento denominado
«Inventario de vehículos/Storage and Parking» sí fue valorado, pero se le restó
eficacia probatoria porque carecía de elementos que permitieran identificar su
autoría y no demostraba la vinculación de los vehículos a órdenes judiciales
específicas. También indicó que el dictamen pericial fue apreciado para acreditar la
existencia de los automotores abandonados, aunque no resultaba suficiente para
establecer la responsabilidad estatal. Agregó, adicionalmente, que las
comunicaciones dirigidas a la Deaj en 2017 y 2019 contenían únicamente consultas
generales sobre el procedimiento a seguir frente al abandono de vehículos y no
solicitudes concretas para identificar los despachos judiciales responsables o
activar actuaciones administrativas específicas.
44.
Respecto de la alegada omisión en la valoración de los vehículos BIS-581 y
XFA-403, adujo que los oficios relativos a esos automotores no integraban
formalmente el acervo probatorio del proceso de reparación directa, pues fueron
aportados en el trámite de una medida cautelar y nunca fueron incorporados como
prueba dentro del litigio principal. En todo caso, afirmó que esos documentos
tampoco tenían la entidad suficiente para alterar el sentido de la decisión, ya que
únicamente acreditaban la existencia de medidas cautelares sobre dos vehículos,
pero no demostraban conocimiento, intervención u omisión de la Rama Judicial
frente a su situación. De igual manera, defendió la exigencia de contar con el
expediente judicial correspondiente al vehículo NOG-60C para verificar si existió
alguna conducta omisiva del despacho que conocía del proceso.
45.
Finalmente, rechazó los argumentos relacionados con la carga dinámica de la
prueba y el deber de decretar pruebas de oficio. Señaló que el artículo 167 del CGP
no releva a las partes de acreditar los hechos que sustentan sus pretensiones ni
autoriza al juez a suplir su inactividad probatoria. Asimismo, afirmó que las
facultades oficiosas previstas en el CPACA son potestativas y no obligatorias, por
lo que no existía deber de decretar nuevas pruebas cuando la Sala consideró que
contaba con elementos suficientes para decidir. Con base en ello concluyó que la
tutela no evidencia una actuación arbitraria o caprichosa de la Sección Tercera, sino
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-00, índice 17, certificado 462F16C7E2A5218E
8DB45D1213BEC3CA 6EC673FFAE96120A B119DC977AC9EEDE.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
un desacuerdo con la valoración judicial realizada, razón por la cual solicitó
mantener incólume la sentencia cuestionada y declarar improcedente el amparo.
2.5. Sentencia de primera instancia
46.
Mediante sentencia del 14 de mayo de 20266, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela promovida por Inversiones y
Asesorías Maos S.A.S. contra la sentencia de segunda instancia dictada por la
Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso de reparación directa
relacionado con el abandono de vehículos por parte de BU Storage and Parking
S.A.S. La Sala consideró que el asunto no superaba el requisito de relevancia
constitucional.
47.
La sentencia destacó que los cargos formulados por la accionante se dirigían
esencialmente a cuestionar la valoración de las pruebas, la distribución de la carga
probatoria, la decisión de no decretar pruebas de oficio y las conclusiones
alcanzadas por el juez natural respecto de la responsabilidad de la Rama Judicial.
Para la Sección Quinta, estas inconformidades correspondían a un debate de
legalidad propio del proceso contencioso administrativo y no evidenciaban por sí
mismas una vulneración iusfundamental manifiesta. En particular, señaló que la
providencia cuestionada había expuesto razones suficientes para concluir que no
se acreditó que los vehículos abandonados estuvieran efectivamente vinculados a
medidas cautelares judiciales ni que la demandante hubiera solicitado de manera
concreta la colaboración de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para
identificarlos.
48.
Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente
las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022, la Sala concluyó que la tutela
pretendía reabrir una discusión probatoria ya resuelta por el juez competente y
convertir el amparo constitucional en una tercera instancia. Por ello, al considerar
que no se acreditó una afectación grave y directa de derechos fundamentales ni una
actuación arbitraria de la autoridad judicial demandada, declaró improcedente la
acción de tutela.
2.6. Impugnación contra la sentencia de primera instancia
49.
A través de memorial fechado el 22 de mayo de 2026, Inversiones y Asesorías
Maos S.A.S. presentó impugnación contra la sentencia de tutela de primera
instancia. En su recurso, la parte actora cuestiona que se haya declarado
improcedente la tutela por la supuesta ausencia del requisito de relevancia
constitucional.
50.
En ese sentido, sostiene que la Sección Quinta confundió un debate de validez
constitucional de la providencia judicial con una mera discrepancia sobre la
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-00, índice 22, certificado 0F29CCDE2A103E93
D8F4228AA1703423 53CDE16C09BC623C 7FABFC85BE63455E.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
valoración de las pruebas. Según el recurrente, la tutela no pretendía reabrir el litigio
como una tercera instancia, sino demostrar que la sentencia de la Sección Tercera,
Subsección B, fue construida sobre defectos constitucionalmente relevantes, tales
como la omisión de valoración de pruebas decisivas, una distribución irrazonable de
la carga probatoria, la inactividad frente al deber de decretar pruebas de oficio, el
exceso ritual manifiesto y la utilización de inferencias probatorias injustificadas.
51.
El apoderado afirma que la decisión impugnada ignoró la dimensión
iusfundamental de los cargos planteados, pues estos involucraban directamente los
derechos al debido proceso, a la igualdad material, al derecho a la prueba y al
acceso efectivo a la administración de justicia. En particular, sostiene que la
sentencia cuestionada impuso a la demandante una carga desproporcionada para
reconstruir la trazabilidad judicial de los 248 vehículos, pese a que la información
relevante reposaba en la órbita institucional de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, lo que habría generado una afectación a la igualdad de
armas y a la tutela judicial efectiva.
52.
La impugnación resalta que, al reconstruir los cargos de la tutela, la propia
Sección Quinta dejó consignado que la accionante reprochaba que la providencia
ordinaria se hubiera referido al vehículo NOG-60C, pero no a los documentos
relativos a BIS-581 y XFA-403. Según la recurrente, la existencia de ese
cuestionamiento concreto sobre una posible omisión de valoración probatoria
demostraba, cuando menos, que el asunto planteaba un problema constitucional
susceptible de estudio de fondo y no una simple discrepancia con el peso otorgado
a las pruebas.
53.
De igual forma, resalta que la tutela denunció otros defectos, como la imposición
de cargas probatorias excesivas, la omisión del deber probatorio oficioso, el exceso
ritual manifiesto y la falta de análisis de los deberes institucionales de la Deaj,
aspectos que no podían ser reducidos a una discusión probatoria ordinaria.
54.
Con fundamento en lo anterior, solicita revocar la decisión de improcedencia,
declarar que la acción de tutela sí satisface el requisito de relevancia constitucional
y, en consecuencia, proceder al estudio de fondo de los defectos alegados contra
la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por la Sección Tercera, Subsección
B, del Consejo de Estado.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer, en
segunda instancia, de la impugnación interpuesta contra la sentencia del 14 de
mayo de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
3.2. Legitimación en la causa de las partes
55.
La legitimación en la causa por activa de Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
está acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del medio de control de
reparación directa con radicación núm. 25000-23-36-000-2020-000011-02, en el
que se profirió la sentencia cuestionada y, por tanto, es la titular de los derechos
fundamentales cuya vulneración alega.
56.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva recae en el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, autoridad judicial que profirió la sentencia
del 17 de octubre de 2025, mediante la cual revocó la declaratoria de
responsabilidad de la Nación – Rama Judicial y respecto de la cual la sociedad
accionante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.
3.3. Problema jurídico
57.
Se contrae a determinar lo siguiente: ¿Cumple la presente acción de tutela los
requisitos generales de procedibilidad y, en caso afirmativo, incurrió la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado en un defecto fáctico y en un exceso
ritual manifiesto al resolver el debate probatorio sobre la procedencia de los
vehículos abandonados en el predio de la sociedad accionante, con vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia?
3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
58.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado7 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencias judiciales procede de
manera excepcional bajo el cumplimiento de unos requisitos generales y
específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un
uso abusivo de este mecanismo constitucional8.
59.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
8 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
60.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 11 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
61.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución9.
3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad para el caso
concreto
62.
En el presente asunto, la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por las razones
que se exponen a continuación.
63.
En primer lugar, el asunto reviste relevancia constitucional, porque la sociedad
accionante no se limita a cuestionar la conclusión alcanzada por el juez ordinario
acerca de la responsabilidad patrimonial de la Nación – Rama Judicial, ni pretende
que el juez de tutela efectúe una nueva valoración integral del proceso de reparación
directa. Su reproche se dirige a controvertir la estructura constitucional del
razonamiento probatorio empleado en la sentencia del 17 de octubre de 2025,
particularmente la forma en que se valoraron las pruebas, se distribuyeron las
cargas probatorias y se resolvió la incertidumbre acerca de la procedencia de los
vehículos abandonados.
64.
En concreto, Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. sostiene que la providencia
cuestionada omitió o valoró irrazonablemente elementos relevantes para determinar
quién se encontraba en mejor posición de reconstruir la trazabilidad de los
automotores. Entre ellos, destaca el documento que imponía a BU Storage and
Parking S.A.S. el deber de entregar a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá el inventario de los vehículos vinculados a
procesos judiciales, así como los actos mediante los cuales esa entidad autorizó,
reguló y supervisó el funcionamiento del parqueadero. Según la tutela, esos
elementos permitían advertir que la información no se encontraba exclusivamente
9 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
en poder de la demandante, sino también en la órbita institucional de la Rama
Judicial.
65.
La controversia comprende, además, la posible aplicación del inciso segundo
del artículo 167 del Código General del Proceso. Al respecto, la accionante
cuestiona que la sentencia hubiera resuelto la insuficiencia probatoria íntegramente
en su contra, pese a la asimetría existente entre las partes y a la posición
privilegiada de la Deaj para aportar registros, inventarios y demás datos
relacionados con la habilitación y operación de BU Storage and Parking S.A.S.
También reprocha que no se hubieran empleado las facultades probatorias oficiosas
para esclarecer hechos determinantes, aun cuando el expediente contenía indicios
sobre la vinculación judicial de algunos vehículos y mostraba que la información
necesaria para completar su trazabilidad podía hallarse en dependencias de la
propia administración judicial.
66.
A ello se suma que la sentencia cuestionada consideró indispensable demostrar
que cada uno de los automotores estaba afectado por una medida cautelar
decretada por un despacho judicial y que había sido formalmente entregado a BU
Storage and Parking S.A.S. como parqueadero autorizado. La tutela plantea que
esa exigencia constituyó un estándar probatorio excesivo y desproporcionado,
porque trasladó a un particular ajeno a los respectivos procesos judiciales la
obligación de individualizar la procedencia procesal de todos los vehículos, sin
ponderar suficientemente los indicios disponibles ni la mayor facilidad de la Rama
Judicial para acceder a esa información y para realizar esa tarea.
67.
Estos cuestionamientos comprometen, al menos en principio, los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad procesal y al acceso efectivo a la
administración de justicia. En ese orden de ideas, el problema planteado no consiste
simplemente en determinar si una prueba merecía mayor o menor credibilidad, sino
en establecer si era constitucionalmente admisible absolver a la entidad estatal con
fundamento en una incertidumbre cuya superación dependía, en buena medida, de
información vinculada con el sistema institucional que ella misma había creado,
autorizado, regulado y supervisado.
68.
Resulta importante aclarar que esta conclusión no supone que el juez de tutela
deba tener por demostrado que la presencia de los 248 vehículos en el parqueadero
provenía de sendos procesos judiciales, ni que la habilitación de BU Storage and
Parking S.A.S. pruebe, por sí sola, la situación jurídica de cada automotor. Tampoco
implica anticipar la configuración de los defectos alegados. Significa únicamente que
los reproches permiten examinar si la autoridad accionada valoró razonablemente
los elementos relacionados con el deber de rendir inventarios, atendió la asimetría
probatoria, aplicó adecuadamente las reglas sobre distribución de la carga de la
prueba y justificó de manera suficiente el estándar exigido a la demandante.
69.
Asimismo, se cumple el requisito de subsidiariedad. La controversia fue
tramitada mediante el medio de control de reparación directa y contó con dos
instancias. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Subsección B, declaró la responsabilidad de la Nación – Rama Judicial y de BU
Storage and Parking S.A.S. en liquidación; posteriormente, al resolver la apelación
presentada por la entidad estatal, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, revocó la condena respecto de la Rama Judicial y mantuvo la
responsabilidad de la sociedad privada.
70.
Contra esta última providencia no procedía recurso ordinario, y los reparos
formulados en la tutela (relacionados con la valoración de pruebas determinantes,
la distribución dinámica de la carga probatoria, el estándar de acreditación impuesto
y el ejercicio de las facultades oficiosas) no corresponden a las causales propias del
recurso extraordinario de revisión, como lo sugiere la intervención de la Unidad de
Asistencia Legal de la Deaj10.
71.
También se satisface el requisito de inmediatez. La sentencia cuestionada fue
proferida el 17 de octubre de 2025 y notificada el 21 de noviembre siguiente. La
acción de tutela, por su parte, fue radicada el 24 de abril de 202611. Por tanto, entre
la notificación de la providencia y la interposición del amparo transcurrió un término
inferior a seis meses, que resulta razonable y proporcionado para controvertir una
decisión judicial.
72.
Aunque los reparos no se plantean como una irregularidad meramente procesal,
los defectos alegados tendrían, de demostrarse, incidencia directa en el sentido de
la providencia cuestionada. En efecto, la absolución de la Nación – Rama Judicial
se fundamentó en que no se acreditó la vinculación de los vehículos con órdenes
judiciales específicas. Por ello, si se concluyera que se omitió valorar una prueba
determinante, que la carga de acreditar la trazabilidad debía distribuirse atendiendo
a la mayor facilidad probatoria de la Deaj o que se impuso a Maos S.A.S. una
exigencia excesiva, podría variar la conclusión sobre la imputación del daño y, por
consiguiente, el sentido de la sentencia ordinaria.
73.
De igual manera, la solicitud de amparo identifica suficientemente los hechos
generadores de la presunta vulneración, la providencia cuestionada y los derechos
fundamentales afectados.
74.
Finalmente, la decisión cuestionada no fue proferida dentro de otro trámite de
tutela, sino en el marco del medio de control de reparación directa promovido por
Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. contra la Nación – Rama Judicial y BU Storage
and Parking S.A.S. en liquidación. Por tanto, no se trata de una acción de tutela
contra una sentencia de la misma naturaleza.
75.
En conclusión, la Sala considera cumplidos los requisitos generales de
procedibilidad y, en consecuencia, abordará el estudio del defecto fáctico y del
exceso ritual manifiesto atribuidos a la sentencia del 17 de octubre de 2025,
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-01, índice 20, certificado 678CF9B5B0E6F21C
D67A5028860C7610 F238D16322C7EF2C 6E502DACA40AD399.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-01, índice 2, certificado 0D4AE6277EB4E2EA
3A712DA0A06AC618 FFD45671E661A4B2 66EAAEE304C9277F.
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
incluidos los reproches relacionados con la distribución dinámica de la carga de la
prueba, el estándar probatorio impuesto a la parte demandante y el ejercicio de las
facultades probatorias oficiosas.
3.6. Consideración preliminar
76.
Antes de abordar el estudio de fondo, la Sala considera necesario precisar que
los reproches formulados por la sociedad accionante, aunque estrechamente
relacionados, plantean tres cuestiones diferenciadas dentro del razonamiento
probatorio de la sentencia cuestionada.
77.
La primera se refiere al posible defecto fáctico derivado de la valoración del
documento que imponía a BU Storage and Parking S.A.S. el deber de entregar a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá el inventario de
los vehículos vinculados a procesos judiciales que permanecían en el parqueadero.
La relevancia de ese elemento no consiste en demostrar, por sí solo, el origen
judicial de cada automotor, sino en evidenciar que la información necesaria para
reconstruir su trazabilidad debía reposar, al menos parcialmente, en la órbita
institucional de la Rama Judicial.
78.
La segunda cuestión concierne a la distribución de las cargas probatorias
conforme al inciso segundo del artículo 167 del Código General del Proceso. En
este punto deberá establecerse si, dadas la asimetría informativa entre las partes y
la posición privilegiada de la Deaj para acceder a registros, inventarios y
antecedentes relacionados con el funcionamiento del parqueadero autorizado, era
admisible resolver la incertidumbre probatoria íntegramente en perjuicio de
Inversiones y Asesorías Maos S.A.S., sin exigir a la entidad demandada la
aportación de la información que estaba en mejores condiciones de suministrar.
79.
Finalmente, deberá examinarse si la sentencia impuso a la parte demandante
un estándar probatorio excesivo y desproporcionado al exigirle acreditar, de manera
individual, el proceso judicial y el despacho de procedencia de cada uno de los
vehículos. Este análisis no supone relevar a Maos S.A.S. de su deber de aportar
elementos suficientes sobre el daño y su imputación, sino determinar si resultaba
constitucionalmente razonable exigirle una reconstrucción exhaustiva de
información que no se encontraba exclusivamente bajo su control. Estas tres
cuestiones serán examinadas de manera articulada, pues permiten establecer si la
providencia cuestionada desconoció las garantías constitucionales que rigen la
valoración y distribución de la prueba.
3.7. Defecto fáctico y distribución dinámica de las cargas probatorias
80.
El Consejo de Estado se ha pronunciado previamente sobre la eventual
vulneración del debido proceso derivada de la falta de distribución de las cargas
probatorias conforme al inciso 2º del artículo 167 del Código General del Proceso,
respecto del cual, en términos generales, ha sostenido que la aplicación de la carga
dinámica de la prueba no es automática ni su omisión configura, por sí sola, un
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
defecto en sede de tutela, pues corresponde al juez determinar, según las
circunstancias concretas, cuál de las partes se encuentra en mejores condiciones
de probar un hecho.
81.
En ese sentido, cuando el medio de convicción ya obra en el expediente, la
parte interesada tenía facilidad para aportarlo o la redistribución únicamente
pretende subsanar su inactividad procesal, resulta razonable mantener la regla
ordinaria de la carga probatoria, a saber, que «[i]ncumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen». Esta conclusión ha sido examinada como defecto fáctico y, en otros
casos, como defecto sustantivo por la supuesta inaplicación del artículo 167 del
CGP12.
82.
Del mismo modo, la Corporación ha precisado que la autonomía e
independencia judicial comprenden la potestad de examinar la pertinencia, utilidad
y conducencia de las pruebas y de asignarles distinto peso demostrativo, siempre
que su apreciación sea integral, racional y conforme con las reglas de la sana crítica;
de modo que la tutela no puede emplearse para imponer una valoración alternativa
simplemente porque resulte más favorable a una de las partes13.
83.
Sin embargo, esa autonomía no es absoluta ni convierte la distribución de la
carga probatoria en una potestad inmune al control constitucional, pues el Consejo
de Estado también ha reconocido que, cuando existe una marcada asimetría en el
acceso a la información, una de las partes se encuentra institucionalmente en mejor
posición para aportar los medios de convicción y la aplicación rígida de la regla
ordinaria impone a la contraparte una carga excesiva o prácticamente imposible de
ejecutar, la falta de consideración de la carga dinámica puede contribuir a configurar
un defecto fáctico14.
84.
La Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, lo ha señalado de
la siguiente manera15:
Esta Corporación, en determinadas ocasiones, ha aplicado la citada regulación de la
carga dinámica de la prueba, conforme a la cual el juez debe determinar, en cada caso
concreto, cuál de las partes se encuentra en mejor posición para probar los elementos
que configuran la responsabilidad reclamada. No obstante, el empleo de esta previsión
12 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de julio de 2022, exp. 11001-03-15-000-2022-02514-
00, M. P. Rocío Araújo Oñate; Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de febrero de 2024, exp.
11001-03-15-000-2023-06675-01, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 11 de abril de 2024, exp. 11001-03-15-
000-2024-00515-00, M. P. Jorge Portocarrero Banguera.
14 Así ocurrió en un asunto relativo a una ejecución extrajudicial, en el que se concedió el amparo porque el juez
ordinario valoró las pruebas sin atender el estándar flexible aplicable a casos de graves violaciones a los
derechos humanos, no otorgó la relevancia correspondiente a los indicios y omitió considerar que la entidad
estatal estaba en mejores condiciones de desvirtuar las imputaciones. Allí se precisó que el artículo 167 del
CGP no establece una presunción automática de responsabilidad ni releva totalmente a la parte actora de probar
sus afirmaciones, pero sí exige evitar que las reglas probatorias se conviertan en una ventaja desproporcionada
para quien controla la información que es determinante dentro del proceso. Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 16 de abril de 2026, exp. 11001-03-15-000-2025-07887-01, M. P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
En ese mismo sentido, ver Corte Constitucional, sentencia T-117 de 2022.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2025, exp. 17001-23-
33-000-2019-00089-02 (73.066), M. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
18
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
se ha limitado a aquellos eventos en los que se evidencien dificultades para que la
parte que alega un hecho pueda demostrarlo, y ante la constatación de que su
contraparte esté en una condición más idónea para aportar los elementos de prueba
que por su conducencia permitan acreditar lo alegado por el demandante.
De este modo, se ha matizado el principio de la carga de la prueba en aquellas
situaciones en las que el demandante se encuentra en una posición más desfavorable
para probar un hecho, debido a que su contradictora es quien se encuentra en una
mejor condición para acreditarlo. Conforme a lo establecido en el citado artículo 167
del CGP, esto último ocurre “en virtud de su cercanía con el material probatorio, por
tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber
intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de
indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras
circunstancias similares”. En tales eventos, es posible trasladar dicha carga probatoria
a la contraparte en el proceso, sin que ello conlleve relevar al demandante del deber
de solicitar en tiempo aquellas pruebas a las que no tiene acceso, con la finalidad de
que sean decretadas por el juzgador en el momento oportuno durante el proceso
judicial.
85.
En similar sentido, la Sección Primera ha caracterizado la carga dinámica como
un «mecanismo de corrección excepcional», y no como una regla automática de
inversión. Su aplicación exige establecer que una de las partes se encuentra en
mejor posición para allegar la evidencia y que la otra afronta una imposibilidad real
para hacerlo; análisis en el que deben considerarse la posición efectiva de los
sujetos procesales y la disponibilidad de la prueba. La misma providencia advirtió
que la intervención del juez no puede convertirse en un instrumento para suplir la
inactividad del interesado, pues ello rompería el equilibrio procesal16.
86.
De estas decisiones se desprende que, para distribuir dinámicamente las cargas
de la prueba, el elemento determinante no es la naturaleza particularmente grave
del daño debatido, sino la existencia comprobada de una asimetría probatoria que,
además, sea relevante. Por otra parte, la distribución dinámica no exonera a la parte
interesada de acreditar los hechos que razonablemente se encuentran a su alcance
ni autoriza al juez para remediar su negligencia, pero tampoco permite asignarle las
consecuencias adversas de la falta de una prueba cuando demuestra que esta se
encuentra bajo el control, la custodia o la disponibilidad institucional de su
contraparte y que desplegó oportunamente la actividad procesal que
razonablemente podía exigírsele.
3.7.1. El defecto fáctico
87.
La jurisprudencia constitucional ha reiterado que, en virtud del principio de
autonomía e independencia judicial, los jueces tienen una considerable libertad para
valorar las pruebas presentadas en el proceso, siguiendo las reglas de la sana
crítica. Sin embargo, también ha señalado que este principio tiene un límite, ya que
no otorga un poder absoluto ni debe usarse para vulnerar derechos fundamentales.
16 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 9 de octubre de 2025, exp. 85001-23-33-000-2022-00136-
01, M. P. (E) Germán Eduardo Osorio Cifuentes.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Según la jurisprudencia, al valorar las pruebas, el juez debe aplicar criterios
objetivos y racionales, es decir, debe evaluar cuidadosamente la relevancia e
impacto de cada prueba, sin caer en suposiciones personales. La Corte
Constitucional ha explicado que un defecto fáctico ocurre cuando «la irregularidad
en el juicio valorativo sea ostensible, flagrante y manifiesta, es decir, de tal magnitud
que incida directamente en el sentido de la decisión proferida»17.
88.
En este punto es importante señalar que existen dos dimensiones del defecto
fáctico: una positiva y una negativa. La dimensión positiva consiste en que el juez
estudia aquellas pruebas que no ha debido estudiar, esto es, se basa en elementos
probatorios que no son aptos para llegar a la conclusión. Así, se recuerda que,
aunque existe una libertad en ese ejercicio de valoración por parte del operador
jurídico, el mismo no puede ser irracional18.
89.
Por otro lado, la dimensión negativa del defecto fáctico se refiere a la omisión
en la valoración de elementos probatorios. Esto puede manifestarse de diversas
formas: la falta de decreto de una prueba, la ausencia de valoración de una prueba
que ya fue decretada, o una valoración inadecuada de la misma. En cualquiera de
estos casos, la omisión implica un defecto en la apreciación de las pruebas dentro
del proceso judicial19.
3.7.2. Sobre el análisis de las pruebas efectuado en la sentencia del 17 de
octubre de 2025
90.
Siguiendo lo expuesto anteriormente, y considerando que la acción de tutela se
dirige contra la sentencia del 17 de octubre de 2025, resulta necesario identificar
cuáles fueron los elementos probatorios que analizó dicha providencia para revocar
la sentencia de primera instancia y negar la responsabilidad de la Nación-Rama
Judicial:
Cuadro 1. Pruebas analizadas por la sentencia del 17 de octubre de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Fuente: Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-00, índice 13, certificado 105817E4D5F07402
EA337ED2B911F887 F7061130D8AB4FEA A876378F31AFBF76
Nº Prueba Objeto de la prueba Tema que acredita
17 Corte Constitucional, sentencia T-008 de 2022.
18 Según la Sentencia T-018 de 2023, el juez de tutela debe evaluar la calidad y la valoración de las pruebas.
Para establecer si se vulneró el debido proceso, el juez constitucional debe verificar si la decisión es irracional
(conclusión opuesta a la lógica del expediente y evidente para un juicio medio), subjetiva (basada en el capricho
del juzgador), no integral (sin valorar el conjunto probatorio ni justificar el peso dado a cada elemento) o si se
fundamenta en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas.
19 Corte Constitucional, sentencia SU-448 de 2016, que señala: «(…) la dimensión negativa puede dar lugar a
tres circunstancias: (i) por omisión o negación del decreto o la práctica de pruebas determinantes, (ii) por
valoración defectuosa del material probatorio y (iii) por omitir la valoración de la prueba y dar por no probado el
hecho que emerge claramente de ella».
20
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Que BU Storage and Parking
Contrato de S.A.S. recibió el uso del área
arrendamiento del 1 de Demostrar la existencia de para la guarda y custodia de
julio de 2014 entre la relación contractual sobre vehículos inmovilizados por
1 Parqueadero El una porción del predio orden judicial y que la
Paradero Ltda y BU ubicado en la Carrera 123 seguridad y vigilancia del
Storage and Parking No. 12A-21 de Bogotá. espacio arrendado era
S.A.S. responsabilidad exclusiva del
arrendatario.
Que BU Storage and Parking
Comunicación de la
S.A.S. se encontraba
Dirección Ejecutiva Acreditar la conformación
oficialmente inscrita y
Seccional de del registro de
2 autorizada para custodiar
Administración parqueaderos autorizados
vehículos embargados o
Judicial del 8 de enero para 2016.
inmovilizados por orden
de 2016
judicial.
Contrato de Que los contratos y
asociación del 1 de obligaciones de Parqueadero
febrero de 2016 entre El Paradero Ltda serían
Probar el vínculo jurídico
3 Parqueadero El asumidos por Inversiones y
entre ambas sociedades.
Paradero Ltda e Asesorías Maos S.A.S.
Inversiones y mediante cesión de
Asesorías Maos S.A.S. posiciones contractuales.
Que Inversiones y Asesorías
Demostrar la cesión del Maos S.A.S. sustituyó a
Contrato de cesión del
contrato de arrendamiento Parqueadero El Paradero
4 arrendamiento del 1 de
celebrado con BU Storage Ltda en la posición de
agosto de 2016
and Parking S.A.S. arrendador del terreno donde
permanecían los vehículos.
Convocatoria de la Que los parqueaderos
Dirección Ejecutiva de registrados asumían deberes
Administración Probar el régimen jurídico específicos de custodia,
5 Judicial del 16 de aplicable a los inventario, información y
diciembre de 2016 parqueaderos autorizados. responsabilidad sobre los
para el registro de vehículos inmovilizados por
parqueaderos 2017 orden judicial.
Que BU Storage and Parking
S.A.S. habría abandonado los
vehículos y que el arrendador
Informar a la Rama Judicial solicitó orientación sobre el
Petición presentada el sobre el abandono de procedimiento a seguir. El
26 de octubre de 2017 vehículos en el predio documento anexo relacionaba
6
por Parqueadero El arrendado e identificar los 248 rodantes por placa,
Paradero Ltda automotores que marca, línea, clase, modelo y
permanecían en el lugar. color; sin embargo, la
sentencia señaló que no
constaba quién lo elaboró ni a
quién estaba dirigido.
Que BU Storage and Parking
S.A.S. había sido sancionada
Respuesta de la y excluida del registro;
Dirección Ejecutiva además, que los vehículos
Determinar la posición
Seccional de permanecían a disposición
7 oficial de la entidad frente a
Administración exclusiva de los jueces que
los vehículos abandonados.
Judicial del 27 de ordenaron su inmovilización y
diciembre de 2017 que debían gestionarse
traslados mediante orden
judicial.
21
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Que existían vehículos
cautelados cuyo paradero
Oficio del Juzgado debía ser reportado por BU
Solicitar información sobre
Primero Civil Storage and Parking S.A.S.,
8 la ubicación de una
Municipal de Chía del evidenciando la continuidad
motocicleta embargada.
10 de junio de 2019 de situaciones relacionadas
con los automotores
custodiados.
Que el vehículo de placas
SFT-222 permanecía en las
Comunicación de
instalaciones de la
Inversiones y
Informar sobre la ubicación demandante por haber sido
9 Asesorías Maos S.A.S.
de un vehículo específico. abandonado por BU Storage
al SENA del 11 de julio
and Parking S.A.S. y que no
de 2019
podía ser entregado sin
autorización judicial.
Comunicación de
Inversiones y
Que dicho automotor estaba
Asesorías Maos S.A.S. Responder el requerimiento
en sus instalaciones debido al
10 al Juzgado Primero judicial acerca de la
abandono de BU Storage and
Civil Municipal de Chía motocicleta NOG-60C.
Parking S.A.S.
del 31 de octubre de
2019
Derecho de petición Que la sociedad buscó
de Inversiones y establecer el procedimiento
Asesorías Maos S.A.S. Solicitar orientación aplicable frente al abandono
11
al Consejo Superior de institucional. de vehículos y determinar
la Judicatura del 12 de quién ejercía vigilancia sobre
agosto de 2019 los parqueaderos autorizados.
Que, pese a la derogatoria del
artículo 167 de la Ley 769 de
Respuesta de la 2002, las Direcciones
Dirección Ejecutiva de Ejecutivas Seccionales
Precisar el marco normativo
12 Administración debían continuar ejerciendo
y competencial aplicable.
Judicial del 27 de control respecto de los
agosto de 2019 parqueaderos registrados
durante la vigencia
correspondiente.
Que existían 171 vehículos
Documento
identificados por placa y
denominado
Registrar los automotores características; sin embargo,
13 “Inventario de
ubicados en el predio. su fuerza probatoria era
vehículos/Storage and
limitada al desconocerse
Parking”
quién elaboró el documento.
Que el aprovechamiento
económico del lote se habría
visto afectado por la
Dictamen pericial del
ocupación con vehículos
30 de septiembre de Cuantificar los perjuicios
abandonados; además,
14 2019 elaborado por el materiales reclamados por
verificó físicamente la
contador Luis Eduardo la demandante.
existencia de 248
Carrillo Villamizar
automotores e incorporó
inventario y registro
fotográfico.
91.
Del anterior recuento se desprende que la sentencia cuestionada tuvo por
acreditado que BU Storage and Parking S.A.S. había sido autorizada por la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial para custodiar vehículos
22
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
inmovilizados por orden judicial en el predio de la carrera 123 n.º 12A-21 de Bogotá,
y que, posteriormente, en ese lugar se verificó la presencia de 248 automotores
abandonados. Sin embargo, el juez de segunda instancia consideró que esos
elementos no permitían establecer, de manera individual, cuáles vehículos habían
ingresado al parqueadero en cumplimiento de órdenes judiciales ni a disposición de
qué despachos se encontraban. Esta última incertidumbre constituyó la razón
determinante para revocar la condena impuesta a la Nación-Rama Judicial.
92.
La Resolución 8916 del 15 de diciembre de 2015 resulta especialmente
relevante para determinar la posición probatoria de las partes, pues mediante dicho
acto, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial incluyó
expresamente a Storage and Parking S.A.S. en el registro de parqueaderos
autorizados para la vigencia de 2016 e identificó como una de sus sedes el inmueble
en el que posteriormente fueron encontrados los vehículos20. A su vez, la circular
del 8 de enero de 2016 instruyó a los despachos judiciales para que remitieran los
automotores inmovilizados a los establecimientos incluidos en ese registro. Por
tanto, la Deaj no era un tercero ajeno a la operación del parqueadero, sino la
autoridad que lo habilitó dentro del sistema institucional y comunicó su disponibilidad
a los jueces.
93.
El Acuerdo 10136 de 2014 también evidencia que la intervención de la
administración judicial no se agotaba en una habilitación inicial, pues el registro
estaba sujeto al mantenimiento de determinadas condiciones y su incumplimiento
podía producir la revocatoria de la inscripción. Aunque este acto no demuestra la
procedencia judicial de cada vehículo, sí confirma que la relación entre la Deaj y los
parqueaderos registrados era reglada y que la entidad conservaba atribuciones
relacionadas con la permanencia de las condiciones de autorización.
94.
En el mismo sentido, la convocatoria expedida para conformar el registro
correspondiente a 2017 imponía a los parqueaderos autorizados la obligación de
presentar a la Dirección Ejecutiva Seccional, una vez finalizado el periodo de
registro o cuando aquella lo requiriera, un inventario de todos los rodantes que
permanecieran bajo su custodia. Esta previsión no permite afirmar, por sí sola, que
BU Storage and Parking S.A.S. hubiera entregado efectivamente dicho inventario ni
que continuara inscrita al finalizar esa vigencia. Sin embargo, sí demuestra que el
sistema diseñado por la propia Deaj contemplaba la circulación de información
individualizada sobre los vehículos hacia la entidad y que esta podía requerirla para
el ejercicio de sus funciones.
95.
A ello se agrega que, mediante la petición del 26 de octubre de 2017,
Parqueadero El Paradero Ltda. puso directamente en conocimiento de la Dirección
Ejecutiva Seccional la situación de abandono y le remitió un listado con la
identificación de 248 automotores. La entidad, por tanto, no solo conocía que BU
20 En dicha resolución se determinó: «Conformar el Registro de Parqueaderos a donde deberán ser remitidos
los vehículos inmovilizados por orden de autoridad judicial en la ciudad de Bogotá, para la vigencia 2016 (…) 3.
Storage and Parking S.A.S., con Nit. No. 900.495.111-8 (…)». En Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-03202-
00, índice 13, certificado 105817E4D5F07402 EA337ED2B911F887 F7061130D8AB4FEA
A876378F31AFBF76.
23
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Storage and Parking S.A.S. había sido excluida del registro y posteriormente
sancionada, sino que recibió información individualizada acerca de los rodantes que
permanecían en el predio. Pese a ello, respondió que correspondía al particular
identificar a cada uno de los despachos judiciales que había ordenado las medidas
y solicitarles el traslado de los respectivos vehículos.
96.
Estas circunstancias permiten advertir una asimetría probatoria concreta.
Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. tenía acceso material a los automotores y
podía establecer sus placas, características físicas y ubicación; pero no era parte
en los procesos judiciales de los cuales eventualmente provenían, no administraba
los expedientes ni los sistemas de información de los despachos y tampoco había
intervenido en su aprehensión o entrega al parqueadero. La Rama Judicial, en
cambio, había conformado el registro, autorizado la sede, instruido a los juzgados
para remitir allí los vehículos, adelantado el procedimiento sancionatorio contra BU
Storage and Parking S.A.S. y establecido un régimen en el que los inventarios
debían ser presentados a la Dirección Ejecutiva Seccional o suministrados cuando
esta los requiriera.
97.
Incluso, aun si se admitiera que la sociedad demandante podía dirigir solicitudes
a los distintos despachos judiciales, esa posibilidad no la situaba en condiciones
equivalentes a la Rama Judicial para reconstruir la trazabilidad de los vehículos.
Para formular tales requerimientos debía conocer previamente cuáles juzgados
habían ordenado las medidas y dentro de qué procesos, información que
precisamente constituía el objeto de la incertidumbre probatoria. Además, el artículo
123 del Código General del Proceso somete el examen de los expedientes a
condiciones específicas y no reconoce a cualquier interesado un acceso general e
irrestricto a ellos. Si bien los abogados inscritos pueden consultarlos una vez
notificada la parte demandada, esta facultad presupone haber identificado
previamente el despacho y el proceso correspondiente. En consecuencia, la
posibilidad abstracta de remitir oficios o consultar expedientes individualizados no
desvirtuaba la posición institucionalmente más favorable de la Rama Judicial para
reconstruir, a partir de las placas y demás datos disponibles, la procedencia y
situación jurídica de los automotores.
3.7.3. La actividad probatoria desplegada por la parte demandante
98.
La distribución dinámica de la carga de la prueba no podía utilizarse para relevar
completamente a la demandante de acreditar la imputación del daño ni para suplir
una conducta procesal negligente. Sin embargo, el expediente muestra que
Inversiones y Asesorías Maos S.A.S. no se limitó a formular una afirmación genérica
sobre la procedencia judicial de los vehículos. Aportó el contrato que destinaba el
inmueble a la guarda de automotores inmovilizados por orden judicial; la
comunicación que acreditaba que BU Storage and Parking S.A.S. era un
parqueadero oficialmente autorizado; la petición acompañada del listado de 248
rodantes; el inventario de 171 vehículos con sus respectivas fechas de
inmovilización; el dictamen pericial que verificó físicamente la presencia de 248
24
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
automotores; y las comunicaciones que demostraban la vinculación judicial de la
motocicleta NOG-60C.
99.
Asimismo, antes de acudir a la jurisdicción, la parte actora informó a la Deaj
sobre el abandono de los vehículos y solicitó orientación acerca del procedimiento
que debía seguir. Posteriormente preguntó qué autoridad ejercía la inspección y
vigilancia sobre los parqueaderos autorizados. En consecuencia, no resulta exacto
equiparar su conducta con la de quien permanece inactivo y pretende que el juez
sustituya por completo su carga probatoria. La sociedad aportó la información que
razonablemente se encontraba a su alcance y acudió a la autoridad que, por su
intervención en el sistema, podía colaborar en la reconstrucción de la trazabilidad
faltante.
3.7.4. Configuración del defecto fáctico en el presente caso
100.
Pese a lo anterior, la sentencia cuestionada exigió a la demandante identificar,
respecto de cada vehículo, el proceso judicial, el despacho que había decretado la
medida y las actuaciones adelantadas frente a su custodia. Además, resolvió la
ausencia de esa información exclusivamente en su contra, con el argumento de que
habría podido solicitar pruebas dentro del proceso o requerir expresamente la
colaboración de la Deaj para identificar la procedencia de todos y cada uno de los
vehículos y demás rodantes ubicados en el parqueadero21.
101.
Sin embargo, la providencia no examinó si, conforme al inciso segundo del
artículo 167 del CGP, la Rama Judicial se encontraba en mejores condiciones
institucionales para aportar o reconstruir esa información, ni explicó por qué la
totalidad de las consecuencias de la incertidumbre debía recaer sobre el particular.
102.
La Sala reconoce que las pruebas no permitían afirmar, sin más, que todos los
vehículos abandonados provenían de procesos judiciales. En efecto, BU Storage
and Parking S.A.S. también podía custodiar automotores de otras entidades
públicas o privadas. De hecho, la comunicación remitida al SENA (destacada en el
análisis de la sentencia cuestionada) mostraba que, al menos, uno de ellos estaba
relacionado con una actuación administrativa. Sin embargo, esa circunstancia no
permitía descartar en conjunto los demás elementos de prueba. Lo procedente era
esclarecer cuáles vehículos habían ingresado por orden judicial y cuáles no, y para
realizar esa verificación, la Rama Judicial se encontraba en mejores condiciones
que Inversiones y Asesorías Maos S.A.S., pues tenía acceso institucional a la
información sobre los despachos, procesos y medidas cautelares que podían
explicar la presencia de los automotores en el parqueadero.
21 Esta lectura del asunto, por otra parte, contraviene lo dispuesto por el artículo 84 de la Constitución Política,
desarrollado, para el caso, por el artículo 9º del Decreto Ley 019 de 2012, según el cual «[c]uando se esté
adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias,
certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva
actuación».
25
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
103.
La misma consideración resulta aplicable al documento denominado «Inventario
de vehículos/Storage and Parking». La ausencia de firma y la falta de certeza sobre
su autoría justificaban actuar con cautela respecto de su valor demostrativo, pero
no bastaban para restarle toda utilidad dentro del análisis conjunto del material
probatorio. Según relata la sentencia impugnada, el documento individualizaba 171
vehículos e incluía sus fechas de inmovilización, información que guardaba
correspondencia con la actividad para la cual había sido autorizado el parqueadero
y con los deberes de inventario previstos en el sistema administrado por la Deaj. En
ese contexto, la duda acerca de su origen era objetivamente susceptible de
esclarecimiento mediante el contraste con los archivos institucionales, el
procedimiento sancionatorio o la información de los despachos judiciales.
104.
La irregularidad constitucional no consiste, entonces, en que la autoridad judicial
haya asignado a las pruebas un mérito distinto del pretendido por la demandante,
ni en que estuviera obligada a tener por demostrado que los 248 vehículos
provenían de procesos judiciales. El defecto se configura porque, ante un conjunto
probatorio que acreditaba una vinculación institucional significativa y una asimetría
real en el acceso a la información decisiva, la sentencia aplicó rígidamente la regla
ordinaria de carga de la prueba, sin examinar la procedencia de su distribución
dinámica y sin adoptar medidas razonables para esclarecer una incertidumbre que
podía ser superada con la intervención de la entidad mejor situada.
105.
Esta omisión tuvo un efecto determinante en la decisión, pues la revocatoria de
la condena impuesta a la Nación-Rama Judicial se sustentó precisamente en la falta
de prueba individual sobre la procedencia judicial de los automotores. De haberse
analizado la posición probatoria de las partes y aplicado el inciso segundo del
artículo 167 del CGP, la autoridad judicial habría debido, cuando menos, requerir a
la entidad demandada para que aportara los inventarios, registros, actuaciones
sancionatorias y demás información disponible, o explicara razonadamente su
inexistencia, antes de asignar a la parte actora la totalidad de las consecuencias
adversas de la incertidumbre.
106.
En consecuencia, la Sala concluye que la providencia del 17 de octubre de 2025
incurrió en defecto fáctico, no porque necesariamente debiera declarar la
responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial, sino porque omitió valorar la
controversia conforme a las reglas constitucionales y legales de distribución de las
cargas probatorias. Por ello, deberá proferirse una nueva sentencia en la que se
examine integralmente el material probatorio, se determine cuál de las partes se
encuentra en mejores condiciones de acreditar la trazabilidad de los vehículos y, de
ser necesario, se adopten las medidas probatorias pertinentes, sin que el juez de
tutela anticipe el sentido de la decisión ordinaria.
3.8. Sobre los demás defectos alegados en la acción de tutela
107.
Al margen del defecto fáctico identificado por la aplicación rígida de la carga de
la prueba, la Sala no encuentra acreditados los demás reproches formulados en la
tutela. En primer lugar, no se configuró una omisión de valoración respecto de los
26
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
vehículos BIS-581 y XFA-403, porque los oficios relacionados con estos
automotores fueron allegados durante el trámite de una medida cautelar, no fueron
decretados ni incorporados formalmente como pruebas del proceso principal y la
parte interesada no controvirtió esa circunstancia en la oportunidad
correspondiente.
108.
Tampoco fue contraevidente la inferencia extraída de la comunicación dirigida
al SENA, pues la sentencia no concluyó, a partir de ese solo documento, que todos
los vehículos ubicados en el parqueadero se encontraran allí como consecuencia
de procedimientos administrativos. Al contrario, se limitó a señalar que BU Storage
and Parking S.A.S. también custodiaba bienes cuya procedencia era distinta a los
procesos judiciales y que, por ello, no podía presumirse que la totalidad de los
automotores encontrados en el predio proviniera de órdenes judiciales.
109.
De igual manera, no se acreditó el exceso ritual manifiesto, ya que el inventario
de 171 vehículos no fue excluido por una simple formalidad, sino valorado con
menor fuerza demostrativa debido a que se desconocía su autoría y no permitía
identificar los procesos o despachos de procedencia. Del mismo modo, la exigencia
del expediente relacionado con la motocicleta NOG-60C respondía a la necesidad
sustancial de verificar si el juzgado, una vez enterado de su ubicación, había
adoptado alguna medida.
110.
Finalmente, la falta de decreto de pruebas de oficio no configura un defecto
autónomo, pues dicha potestad no sustituye las cargas procesales de las partes y,
en este caso, su relevancia queda comprendida en el defecto ya constatado,
consistente en que la sentencia resolvió la incertidumbre sin examinar previamente
la distribución dinámica de la carga probatoria. Los cuestionamientos relativos a los
deberes institucionales de la Deaj y a la persistencia de la afectación tampoco
constituyen causales independientes de procedencia de la tutela, sino asuntos de
fondo que deberán ser nuevamente examinados por el juez natural al proferir la
decisión de reemplazo.
4. Conclusión
111.
La Sala concluye que la sentencia del 17 de octubre de 2025 incurrió en defecto
fáctico, porque resolvió la incertidumbre sobre la procedencia judicial de los
vehículos mediante una aplicación rígida de la carga de la prueba, sin considerar la
marcada asimetría existente entre las partes ni la posición institucionalmente más
favorable de la Rama Judicial para contribuir a esclarecer su trazabilidad. Es
importante destacar que esta conclusión no supone tener por acreditada la
responsabilidad patrimonial del Estado ni anticipar el sentido de la decisión
ordinaria, sino constatar que la controversia probatoria no fue examinada conforme
a las exigencias del artículo 167 del CGP y del debido proceso.
112.
En consecuencia, se revocará la sentencia de tutela de primera instancia y, en
su lugar, se ampararán los derechos fundamentales de Inversiones y Asesorías
27
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Maos S.A.S. Se dejará sin efectos la providencia cuestionada y se ordenará a la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado proferir una nueva decisión,
en la que valore integralmente el material probatorio y examine expresamente la
distribución dinámica de las cargas de la prueba, con plena autonomía para resolver
nuevamente el litigio.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Revocar la sentencia del 14 de mayo de 2026, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud
de amparo presentada por Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Segundo: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de Inversiones y Asesorías Maos S.A.S., por las razones
expuestas en esta providencia.
Tercero: Dejar sin efectos la sentencia del 17 de octubre de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, dentro del proceso de
reparación directa con radicación núm. 25000-23-36-000-2020-000011-02 (72.872).
Cuarto: Ordenar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que, dentro
de los treinta (30) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
nueva sentencia en la que valore integralmente el material probatorio y examine
expresamente la distribución dinámica de las cargas de la prueba, de conformidad
con el inciso segundo del artículo 167 del Código General del Proceso y las
consideraciones expuestas en este fallo.
Quinto: Notificar esta decisión a las partes y a los demás interesados por el medio
más expedito, en los términos del artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Sexto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
28
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-01 (7098)
Accionante: Inversiones y Asesorías Maos S.A.S.
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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