Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03202-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-03202-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-03202-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
14 de mayo de 2026
Demandante: Inversiones y Asesorías MAOS SAS
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., catorce [14] de mayo de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-00
Demandante: INVERSIONES Y ASESORÍAS MAOS SAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito general de relevancia
Constitucional. Declara improcedencia de la acción.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA SOLICITUD
Resuelve la Sala la solicitud de amparo formulada por Inversiones y Asesorías MAOS
SAS contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, de conformidad
con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
Mediante escrito presentado el 23 de abril de 2026, la entidad Inversiones y Asesorías
MAOS [en adelante Maos SAS], por conducto de apoderado, instauró acción de tutela
contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con el fin de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad y «a la prueba».
La vulneración de las referidas garantías constitucionales fue atribuida a la providencia
de 17 de octubre de 2025, a través de la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, modificó la decisión de 27 de febrero de 2025 dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que había declarado
la responsabilidad patrimonial de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y de la sociedad BU Storage and Parking SAS en liquidación,
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Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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Demandante: Inversiones y Asesorías MAOS SAS
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
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dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 25000-
23-36-000-2020-00011-02, para, en su lugar, asignar la referida responsabilidad a la
última persona jurídica y condenar en costas a Inversiones y Asesorías MAOS SAS.
1.2. Pretensiones
La parte actora planteó las siguientes peticiones:
PRIMERA: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.), al
acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.) y a la reparación del daño
antijurídico (Art. 90 C.P.) de INVERSIONES Y ASESORÍAS MAOS SAS, vulnerados por
la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 y notificada el 21 de noviembre de 2025,
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el expediente No. 25000
23-36-000-2020-000011-02 (72.872).
SEGUNDA: Como consecuencia del amparo, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 17
de octubre de 2025 en cuanto: (i) revocó la declaratoria de responsabilidad patrimonial
extracontractual de la Nación — Rama Judicial — Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial; (ii) revocó la condena en costas impuesta a la entidad demandada en primera
instancia; y (iii) condenó en costas de segunda instancia a la parte demandante.
TERCERA: ORDENAR al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
dentro de cuarenta (40) días contados a partir de la notificación del fallo de tutela profiera
nueva sentencia de segunda instancia en la que: (i) valore de manera conjunta e integral
los tres vehículos con vinculación judicial acreditada (NOG-60C, BIS-581 y XFA-403)
como indicios graves y concordantes de la naturaleza judicial del conjunto de los
rodantes abandonados en el predio; (ii) aplique la carga dinámica de la prueba prevista
en el artículo 167 inciso 2 del CGP, distribuyendo a la Nación — Rama Judicial la carga
de demostrar que los vehículos no guardaban relación con su habilitación; (iii) valore el
"Inventario de vehículos/Storage and Parking" (fls. 71-74 cdno. pruebas) conforme a las
reglas de la sana crítica, considerando en particular el significado del término "fecha de
inmovilización" como indicio de vinculación judicial; (iv) decrete de oficio, al amparo del
artículo 213 del CPACA, la remisión del expediente del proceso No. 2014-0009 del
Juzgado Primero Civil Municipal de Chía y de los expedientes de los procesos
relacionados con los vehículos BIS-581 y XFA-403; (v) analice los deberes
institucionales de la DEAJ tras la exclusión de BU Storage en febrero de 2017, a la luz
de las obligaciones previstas en el Acuerdo 2586 de 2004; y (vi) se ajuste a los
parámetros constitucionales establecidos en la Sentencia SU-157 de 2022 y el Auto A-
663 de 2023 de la Corte Constitucional2.
De otro lado, solicitó las siguientes medidas provisionales:
PRIMERA. ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, o a la Dirección Seccional competente que corresponda por
reparto funcional y territorial, que dentro del término de cinco (5) días contados a partir
de la notificación del auto que decrete la medida, realice una verificación institucional
integral del listado de vehículos individualizados en el dictamen pericial obrante en el
expediente de reparación directa, contrastándolo con la información histórica y actual
que obre en sus archivos, actos administrativos de registro de parqueaderos autorizados,
expedientes sancionatorios, comunicaciones oficiales, bases de datos y demás soportes
institucionales pertinentes, con el fin de establecer cuáles vehículos estuvieron o están
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Cita del texto original con posibles errores.
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vinculados a inmovilizaciones, depósitos, embargos, secuestros, medidas cautelares u
órdenes impartidas por despachos judiciales.
SEGUNDA. ORDENAR a la misma entidad que, dentro del mismo término, rinda al
despacho un informe detallado bajo juramento, con soporte documental, en el que
clasifique el universo de vehículos del listado en, por lo menos, las siguientes categorías:
a) vehículos cuya vinculación a despacho judicial se encuentre plenamente confirmada;
b) vehículos respecto de los cuales exista coincidencia parcial, trazabilidad incompleta o
información institucional indicativa de posible vinculación judicial; y c) vehículos respecto
de los cuales, luego de la verificación inicial, no se haya encontrado aún trazabilidad
suficiente.
TERCERA. ORDENAR que, respecto de los vehículos comprendidos en las categorías
b) y c), la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o la Dirección Seccional
competente, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación del informe anterior,
adelante de manera inmediata las gestiones de corroboración faltantes, incluyendo el
requerimiento a los despachos judiciales o dependencias judiciales que razonablemente
aparezcan vinculados según la trazabilidad disponible, y allegue al proceso un informe
complementario con el resultado de esa gestión.
[…]
1.3. Hechos
Los supuestos que a continuación se relacionan, son relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:
La parte actora indicó que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Bogotá [en adelante DEAJ] expidió la resolución 8916 de 15 de diciembre de 2015,
mediante la cual incorporó a la empresa BU Storage and Parking SAS [en adelante BU
Storage] en el registro de parqueaderos autorizados para la vigencia 2016, y designó
como sede de operación el predio ubicado en la carrera 123 n. ° 12A-21 del barrio
Fontibón de Bogotá.
En circular de 8 de enero de 2016, la DEAJ instruyó a todos los despachos judiciales
adscritos para que remitieran los vehículos inmovilizados por orden judicial a los
parqueaderos del registro, entre ellos BU Storage, en observancia estricta del acuerdo
2586 de 2004.
El 1. ° de julio de 2014, el establecimiento de comercio Parqueadero El Paradero Ltda.
[en adelante el parqueadero], hoy Inversiones y Asesorías Maos SAS, celebró contrato
de arrendamiento con BU Storage mediante el cual le cedió el uso de un área de
aproximadamente 5.000 m² ubicada en la Carrera 123 No. 12A-21, destinada
exclusivamente a la guarda y custodia de vehículos inmovilizados por medidas
cautelares judiciales. La posición de arrendadora fue cedida al accionante mediante
contrato de asociación del 1. ° de febrero de 2016 y cesión expresa del 1. ° de agosto
de 2016.
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4. A partir del primer trimestre de 2017, BU Storage cesó presencia en el predio y
abandonó los vehículos que tenía a su cargo. Como consecuencia de un proceso
administrativo, la DEAJ expidió la resolución 619 de 15 de febrero de 2017, mediante
la cual excluyó a BU Storage del registro de parqueaderos autorizados y sancionó a
su representante legal por el término de cinco años.
El 26 de octubre de 2017, el representante legal del parqueadero le informó a la DEAJ
sobre el abandono de los vehículos, adjuntó un listado de 248 rodantes, le advirtió que
sobre estos pesaban presuntas medidas cautelares y que el representante legal de BU
Storage había sido cobijado con medida de aseguramiento por la Fiscalía General de
la Nación, por hechos relacionados con la pérdida de vehículos embargados.
Al respecto, mediante oficio de 27 de diciembre de 2017, la DEAJ respondió en el
sentido de indicar que los vehículos estaban exclusivamente a disposición de los
juzgados que ordenaron las medidas cautelares y que correspondía al parqueadero
informar a cada despacho para que ordenara el traslado.
Inconforme con la respuesta, Maos ejerció el medio de control de reparación directa,
asunto que le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, autoridad que mediante sentencia de
27 de febrero de 2025 declaró la responsabilidad patrimonial y solidaria de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de BU Storage and
Parking SAS en liquidación, ordenó el retiro de los 248 vehículos, condenó en abstracto
a las demandadas al pago de los perjuicios materiales y de agencias en derecho. Lo
anterior, con sustento en que, en el artículo 65 de la Ley 270 de 1996 se impone la
responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, en tanto el acuerdo 2586 de 2004 le atribuía a la DEAJ deberes concretos de
inspección, vigilancia y control sobre los parqueaderos inscritos, y que la respuesta del
27 de diciembre de 2017 impuso a la empresa accionante una carga irrazonable y
generadora de perjuicios.
La alzada ejercida por la Nación, Rama Judicial fue desatada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B en proveído de 17 de octubre de 2025, a través del
cual revocó la declaratoria de responsabilidad de la entidad apelante, confirmó la de
BU Storage y condenó en costas en segunda instancia a MAOS3.
La resolutiva respecto a la Nación, Rama Judicial obedeció, en síntesis, a que no se
acreditó que los vehículos abandonados en el parqueadero administrado por la
demandante tuvieran alguna relación con la entidad, en los siguientes términos:
La demandante buscó demostrar que los vehículos sí estaban a órdenes de alguna
autoridad judicial con fundamento en el documento titulado “Inventario de
vehículos/Storage and Parking” en el que se relacionan la placa, marca, clase, modelo,
color y fecha de inmovilización de ciento setenta y un (171) automotores; empero, dicho
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Sentencia notificada en 21 de noviembre de 2025.
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documento carece de firma, no presenta constancia de su autoría y no acredita que los
vehículos estuvieran vinculados a órdenes judiciales específicas, circunstancias por las
cuales no tiene el valor probatorio requerido.
Asimismo, el contrato de arrendamiento suscrito con BU Storage and Parking SAS, junto
con su cesión, y el certificado de existencia y representación legal de dicha empresa14,
únicamente acreditan la existencia de un vínculo contractual entre la demandante y la
sociedad de carácter privado, mas no prueban que los automotores ubicados en el
parqueadero estuvieran a disposición de algún despacho judicial, máxime cuando del
propio objeto social de BU Storage and Parking SAS se advierte que aquella también
podía encargarse de vehículos pertenecientes a entidades públicas o privadas distintas
de la Rama Judicial.
En esa misma línea, es relevante resaltar la comunicación remitida al SENA el 11 de
julio de 2019 que da cuenta de que BU Storage and Parking SAS tenía bajo su custodia
vehículos vinculados a actuaciones adelantadas en el marco de procesos de jurisdicción
coactiva, lo que evidencia que la empresa también recibía bienes provenientes de
autoridades administrativas no judiciales. […]
Por otro lado, la parte actora sostuvo que la Nación - Rama Judicial tenía conocimiento
del estado de abandono en que se encontraban los vehículos y que pese a ello omitió
adoptar medidas para remediar la situación; empero, el análisis del material probatorio
no permite corroborar dicha afirmación.
En efecto, la comunicación de 26 de octubre de 2017 fue dirigida a la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, pero no fue presentada por la sociedad demandante
Inversiones y Asesorías Maos SAS sino por el representante legal de Parqueadero El
Paradero Ltda; en todo caso, en ese escrito únicamente se informó, de manera genérica,
que en el lote arrendado a BU Storage and Parking SAS permanecían un sinnúmero de
vehículos que se presumía estaban vinculados a procesos judiciales.
Es preciso advertir que el alcance de dicha petición se limitó a solicitar información sobre
el procedimiento que debía adelantarse frente a los vehículos abandonados, ante lo cual
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial indicó que los automotores
inmovilizados en parqueaderos autorizados estaban exclusivamente a disposición de los
despachos judiciales que habían ordenado la medida cautelar […].
Pese a esta respuesta, la parte actora no solicitó colaboración alguna para identificar los
despachos judiciales responsables ni para establecer la procedencia, situación jurídica
o estado procesal de los automotores sino que años después, en 2019, Inversiones y
Asesorías Maos SAS presentó una nueva petición en la que se limitó a formular
consultas generales sobre el procedimiento aplicable cuando un parqueadero autorizado
abandona vehículos y sobre qué entidad ejerce la supervisión de dichos
establecimientos.
Frente a ello, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial respondió que tras la
derogatoria del artículo 167 de la Ley 769 de 2002 por el artículo 336 de la Ley 1955 de
2019 ya no tenía competencia para conformar el registro de parqueaderos ni para
disponer de los vehículos, y que el deber de guarda recaía en los jueces y secuestres
conforme a lo previsto en el Código General del Proceso. […].
Se insiste en que para establecer si la entidad demandada incurrió en una falla del
servicio, era necesario que la demandante acreditara que los automotores abandonados
se encontraban efectivamente a disposición de despachos judiciales en virtud de
medidas cautelares vigentes o que, cuando menos, hubiese solicitado de manera
concreta y formal la colaboración de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
para identificarlos, circunstancias que no fueron demostradas en el expediente.
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La Sala estima que la mera alegación de desconocimiento no exime a la actora de su
deber procesal de probar los hechos en los que sustenta sus pretensiones, puesto que
permitir la falta de diligencia en la recolección y aporte del material probatorio se
convertiría en fundamento para declarar la responsabilidad del Estado, lo cual resulta
contrario a los principios que rigen el proceso contencioso administrativo y las normas
procesales que regulan la carga probatoria que tienen las partes en el proceso.
1.4. Fundamentos de la solicitud4
1.4.1. La parte actora indicó que, la solicitud de amparo presenta una evidente
relevancia constitucional en los términos exigidos por la sentencia SU-128 de 2021,
por tres razones convergentes: (i) el asunto tiene entidad para desarrollar el alcance
de los derechos fundamentales invocados; (ii) la controversia no se limita a una
discusión meramente legal ni a un contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas, pues trasciende a un universo de terceros
afectados; y (iii) se justifica razonablemente una afectación desproporcionada de
derechos fundamentales derivada de una exigencia probatoria inconstitucional y de la
selectividad con que se valoró el acervo.
1.4.2. Defecto fáctico
Adujo que, de conformidad con lo artículos 29 y 229 de la Constitución, se incumplió
el deber de valoración integral de las pruebas que estipula el artículo 176 del CGP, en
tanto omitió prueba específica de que al menos tres vehículos estaban vinculados a
procesos judiciales, por cuanto «[…] el Juzgado Primero Civil Municipal de Chía
expidió el oficio 820 del 29 de abril de 2021 ordenando la entrega de la motocicleta de
placas NOG-60C, que había sido embargada en el proceso ejecutivo No. 2014-0009
(fl. 66 y 67 cdno. 1); el Juzgado Cuarenta Penal del Circuito con Función de
Conocimiento expidió el oficio RU-O1691 del 20 de enero de 2022, de carácter urgente,
ordenando la entrega inmediata del microbús de placas BIS-581, correspondiente al
proceso de la carpeta No. 11001600000201702550, NI. 311494, con actor Hugo
Ernesto Fernández Arias; y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de
Sentencias de Bogotá expidió el oficio OCCES23-JR2950 ordenando la entrega del
vehículo de placas XFA-403 […]».
En ese sentido, precisó que, si bien en la sentencia reprochada se advirtió la situación
del primer vehículo, lo cierto es que no se pronunció respecto de los otros dos pese a
que estaba obligada a ofrecer una justificación sobre el por qué los soportes relativos
a las placas BIS-581 y XFA-403 no alteraban la premisa de la insuficiencia probatoria
sobre la cual edificó su decisión.
En cuanto al vehículo de placa SFT-222, frente al cual en la sentencia se indicó que el
SENA había informado que sobre este pesaba una medida dictada en un proceso de
jurisdicción coactiva, reprochó que la autoridad judicial tomara este dato para inferir
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Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener errores.
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que los demás automotores no precedían a una relación judicial, sustituyendo así la
valoración integral del acervo por una inferencia aislada y descontextualizada.
Lo anterior, a su juicio, es indicativo de la imposibilidad de una absolución frente a la
Nación, Rama Judicial, por cuanto se demostró la vinculación jurídica y real con el
predio, de manera tal que, le implicaba a la autoridad valorar integralmente el total del
acervo probatorio, ponderar el inventario y el dictamen pericial en ese contexto, o, en
su defecto, tomar medidas para el esclarecimiento «frente a una duda decisiva».
Además, aseguró que se incurrió en este yerro fáctico al imponerle a Maos una carga
probatoria desproporcionada en atención a que no fue parte en ningún proceso judicial;
era la arrendadora del lugar en el que BU Storage dejó en abandono 248 vehículos, y
pese a que la DEAJ se encontraba en una mejor posición para acreditar o descartar la
vinculación a causas judiciales de esos automotores abandonados en su predio, no
fue requerido por la autoridad judicial para que aportara los medios probatorios
necesarios, lo que conllevó el desconocimiento del artículo 167 del CGP que establece
que, la distribución de la referida carga debe realizarse según las particularidades del
caso.
Refirió que la judicatura accionada inobservó su deber oficioso en materia probatoria
contenido en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011 y por remisión en el artículo 170
del CGP, habida cuenta de que la prueba de oficio no es una mera potestad
«ornamental, sino un instrumento al servicio de la verdad material», lo que derivó en
la absolución del Estado frente a una duda decisiva, superable y ligada a la información
que reposaba en poder de la entidad demandada.
Así, agregó que la Sentencia SU-768 de 2014 fijó tres supuestos en los cuales la
intervención oficiosa se activa constitucionalmente: «(i) cuando, a partir de los hechos
narrados por las partes y de las pruebas aportadas, surge la necesidad de esclarecer
espacios oscuros de la controversia; (ii) cuando la ley marca un derrotero claro; o (iii)
cuando existen razones fundadas para considerar que la inactividad del juez puede
apartar la decisión del sendero de la justicia material».
Finalmente, manifestó que en la sentencia también se omitió analizar de manera
suficiente los deberes institucionales de la DEAJ «frente a la situación creada por la
exclusión de BU Storage y, en conexión con ello, la persistencia actual del daño que
continúa soportando mi representada» como se advirtió en el salvamento de voto, en
virtud de que la ocupación del predio constituye una afectación prologada en su
disponibilidad material.
1.4.3. Exceso ritual manifiesto en cuanto al tratamiento de la prueba, al darle
prevalencia a las exigencias formales sobre el esclarecimiento de hechos decisivos,
por cuanto descartó el inventario de vehículos porque carecía de firma y no se podía
determinar su autoría, y, porque, pese a que reconoció la vinculación judicial del
vehículo NOG-60C, negó toda consecuencia frente a la Nación, Rama Judicial debido
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a que no se aportó el expediente completo del proceso ejecutivo al que solo el juez
podía acceder a esa información.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Con proveído de 27 de abril de 2026 se admitió la acción de tutela, se dispuso tener
como parte accionada al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y se
vinculó en calidad de terceros con interés al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a la sociedad BU Storage and Parking en liquidación y a todas
aquellas personas naturales o jurídicas que hubiesen intervenido en el medio de
control de reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-000-2020-
00011-00/02.
De otro lado, se requirió al extremo actor para que aportara un certificado de existencia
y representación legal de la empresa Inversiones y Asesorías MAOS expedido
recientemente, con el fin de acreditar el presupuesto de la legitimación en la causa por
activa.
Finalmente, se negó la solicitud de medidas provisionales y se ordenó a la oficina de
sistemas de la corporación que realizara una publicación en la página web con la
información de este trámite tutelar.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, se recibieron los siguientes
memoriales:
1.6.1. La DEAJ solicitó que se declare la improcedencia de la acción por cuanto no se
acreditó el cumplimiento de las causales generales y especiales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencia judicial, en consecuencia, tampoco se demostró
la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
1.6.2. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B solicitó la declaratoria
de improcedencia de la solicitud de amparo en atención a que carece de relevancia
constitucional por cuanto con este mecanismo se pretende agotar una tercera instancia
del proceso ordinario.
Ello, por cuanto los reproches planteados en la demanda de tutela ya fueron zanjados
por el juez natural, en el sentido de precisar que los elementos probatorios aportados
a la causa de reparación directa no permitían establecer el elemento esencial para
imputar la responsabilidad de la Nación, Rama Judicial, particularmente, el inventario
que no presentaba constancia de autoría ni permitía acreditar la vinculación de los
automotores a órdenes judiciales, aunado a que se evidenció que la empresa BU
Storage también custodiaba vehículos provenientes de actuaciones administrativas.
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También, porque, frente al argumento según el cual la Nación, Rama Judicial tuvo
conocimiento del abandono de los vehículos y omitió adoptar medidas, se concluyó
que «las comunicaciones allegadas al proceso, en particular las del 26 de octubre de
2017 y 12 de agosto de 2019, no contenían solicitudes concretas de Inversiones y
Asesorías Maos SAS dirigidas a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
encaminadas a establecer si los bienes dejados en el predio estaban sujetos a medidas
cautelares judiciales; por el contrario, se limitaron a formular consultas de carácter
general sobre el procedimiento aplicable en estos eventos, tales como el trámite a
seguir frente al abandono de automotores en parqueaderos autorizados para su
custodia», razón por la cual no se podía exigir a la demandada el despliegue de
actuaciones específicas tendientes a coordinar su traslado, la reasignación de la
custodia o el retiro de los vehículos del inmueble.
De otro lado, indicó que, en la providencia se precisó que aunque respecto de la
motocicleta de placas NOG-60C se acreditó su vinculación a un proceso ejecutivo,
«mediante el oficio del 10 de junio de 2019, por el cual el Juzgado Primero Civil
Municipal de Chía (Cundinamarca) requirió a BU Storage and Parking SAS para que
informara su ubicación por el hecho de haber sido embargada y secuestrada en el
marco del proceso con radicación número 2014-0009, así como la comunicación del
31 de octubre de 2019 en la que Inversiones y Asesorías Maos SAS informó a dicha
autoridad que el vehículo se encontraba en sus instalaciones porque fue abandonado
por la empresa encargada de su custodia, no era posible derivar responsabilidad
estatal sin contar con el expediente respectivo que permitiera verificar si el despacho
judicial, una vez informado de dicha situación, adoptó o no las actuaciones necesarias
para su recuperación o disposición».
En relación con la omisión en la valoración de los oficios números RU-O1691 del 20
de enero de 2022 y OCCES23-JR2950, resaltó que «dichos documentos no hacían
parte del acervo probatorio del proceso de reparación directa, toda vez que no fueron
aportados con la demanda ni con su subsanación sino allegados en el trámite de la
medida cautelar, con ocasión del recurso de apelación interpuesto por la parte actora
en contra del auto del 2 de octubre de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el cual negó la medida solicitada consistente en el retiro de
doscientos cuarenta y un (241) vehículos abandonados en el predio administrado por
la parte actora (índice 13 SAMAI)3; cabe precisar que dicho recurso no fue concedido
de manera que no dio lugar a pronunciamiento alguno por parte del superior».
Por ello, adujo que la audiencia inicial se limitó al material que se hubiere aportado con
la demanda y con su respectiva subsanación, sin que los mencionados documentos
hubieren sido decretados o incorporados de manera formal al expediente, decisión que
no fue objetada por la parte interesada.
En cuanto a la carga dinámica de la prueba, señaló que no exonera a la parte
demandante del cumplimiento de su carga mínima, ni traslada automáticamente a la
entidad demandada la obligación de reconstruir el soporte fáctico del litigio, en tanto el
9
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artículo 167 del Código General del Proceso dispone que incumbe a las partes probar
los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.
En ese sentido, aseguró que «no le es dable al juez suplir la inactividad, descuido o
negligencia de los apoderados judiciales de las partes en el cumplimiento de sus
cargas procesales, máxime cuando no se acreditó una imposibilidad real de acceso a
la prueba».
1.6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B solicitó su desvinculación al argumentar que cualquier inconformidad relacionada
con el contenido, alcance o efectos de las decisiones adoptadas por el Consejo de
Estado no le resulta atribuible, por lo que carece de competencia para intervenir,
modificar o incluso desconocer lo resuelto en segunda instancia.
1.6.4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá informó que no es la entidad
competente para conocer ni resolver las solicitudes de inmovilización y devolución de
vehículos, razón por la cual solicitó su desvinculación del trámite de la referencia.
1.6.5. La procuradora Sexta Judicial II en Asuntos Administrativos indicó que, en
atención a las competencias asignadas, en el caso de la tutela de la referencia, las
pretensiones se refieren a la sentencia de segunda instancia proferida el 17 de octubre
de 2025, por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado y no a la de
primera instancia de la Sección Tercera, Subsección B del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca13, autoridad judicial a la cual se encuentra asignada la suscrita.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la empresa
Inversiones y Asesorías Maos SAS contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 20195 de la
Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1 En relación con las solicitudes de desvinculación elevadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá, la Sala anuncia que se despacharán
negativamente, habida cuenta de que presentan interés en el resultado que se adopte
en esta acción de tutela, por cuanto la autoridad judicial fungió como juez de primera
instancia del proceso ordinario, y la seccional fue vinculada al trámite ordinario.
5
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
10
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2.2.2. De otro lado, se le reconocerá personería al abogado Duván Giussephi Solís
Arrieta como apoderado de la empresa Maos, habida cuenta de que, si bien no atendió
a lo requerido en el auto admisorio de la tutela de la referencia consistente en aportar
un certificado de existencia y representación legal actualizado, la Sala pudo constatar
en la página web del Registro Único Empresarial y Social [RUES], que actualmente el
representante legal es el señor Mauricio Arias Acuña, es decir, quien otorgó el poder
especial al abogado para ejercer este mecanismo constitucional.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso concreto se presenta la vulneración de
las garantías fundamentales de la parte accionante con ocasión de la providencia 17
de octubre de 2025 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado a través de la cual se resolvió la segunda instancia del medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 25000-23-36-000-2020-000011-02.
Para resolver el anterior planteamiento, se analizarán los siguientes temas: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) el caso concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento
jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela -
Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth García
González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Relevancia constitucional
Para la Sala resulta necesario anunciar que el requisito de relevancia constitucional
no se advierte superado en el asunto de la referencia, marco en el cual la solicitud
de amparo elevada por la empresa Inversiones y Asesorías Maos SAS no cumple con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 215
de 16 de junio de 2022.
2.5.1.1. En el referido fallo la alta Corte señaló que en tratándose del ejercicio de
acciones de tutela contra providencia judicial, implica que el interesado proponga un
debate que gire en torno a la validez de la decisión que considera vulneradora de sus
garantías fundamentales, más no en un juicio de corrección del fallo reprochado por
cuanto esta circunstancia excluye «su formulación para la discusión de asuntos de
interpretación que dieron origen a la controversia judicial».
Tal criterio es reiteración del contenido en la sentencia SU-128 de 2021, oportunidad
en la que se concretó que el referido enfoque «impide que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir
los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial».
En ese sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre en materia constitucional ha
hecho énfasis en la necesidad de que este medio especial esté revestido de relevancia
constitucional, debido a que está ligado al carácter subsidiario de la acción y en la
especialidad de los jueces competentes de las causas ordinarias con el fin de evitar
que en esta sede se emitan pronunciamientos que comprenden la esfera funcional de
otras autoridades judiciales.
Corolario, es menester que, como primera medida, el accionante cumpla con la carga
de exponer con suficiencia la «restricción desproporcionada» a las garantías
superiores invocadas con ocasión del fallo censurado, puesto que no es viable el
estudio del fondo del caso a partir del «simple alegato de la vulneración a los derechos
fundamentales».
En la mencionada sentencia SU-128 de 2021, sobre el particular se expuso:
El juez constitucional no puede estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada
importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
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de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.
Luego, en la SU-215 de 2022 se advirtió que la exigencia que se analiza debe cumplir
con las siguientes finalidades:
(i) El respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) La protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) La preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y
(iv) La prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal10.
Igualmente, en el citado fallo unificador se fijaron las siguientes reglas que el juez de
tutela debe verificar al momento de analizar si el caso objeto de su atención satisface
el requisito de relevancia constitucional. Para tal efecto, se puntualizó que:
a) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, el reclamo debe ser
«trascendente para la interpretación del estatuto superior, su aplicación y
desarrollo eficaz y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales»12.
b) La controversia no debe girar en torno a una discusión meramente legal y/o
económica, esto es, cuando se limita a: (1) la determinación de aspectos legales
como la correcta interpretación o aplicación de una norma, con la excepción de
los casos en que de esta se «desprendan violaciones a los derechos y deberes
constitucionales»; y/o (2) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, que no representen un interés
general”13. En este orden, el examen de la relevancia constitucional exige que
la solicitud de amparo trascienda la simple inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales.
c) En la acción de tutela se deben exponer argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la decisión judicial afectó de manera grave una prerrogativa
fundamental, debido a que es necesaria «la acreditación de esta exigencia, más
allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación
10
Parafraseo de la SU 2015 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-573 de 2019.
13
Ibídem.
13
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con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»14.
d) Finalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra decisiones
proferidas por una alta Corte, el examen de este requisito debe ser más
riguroso15, es decir, se debe constatar la existencia de una actuación u omisión
arbitraria por parte de la autoridad judicial que derive en la violación de derechos
fundamentales, toda vez que estas colegiaturas actúan como tribunales de
cierre.
2.5.1.2. En ese orden, este juez constitucional, al descender al análisis de los
argumentos planteados por Maos, advierte que el asunto carece de la carga
argumentativa desde la perspectiva constitucional para que proceda su análisis en
sede de tutela contra providencia judicial.
En síntesis, la empresa accionante manifestó que con la sentencia de 17 de octubre
de 2025 dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado se
configuró un defecto fáctico y un exceso ritual manifiesto, en síntesis, con ocasión de
la indebida valoración probatoria realizada por la referida judicatura que, a su juicio,
omitió que algunas documentales acreditaban que la Nación, Rama Judicial se
encontraba vinculada a la litis ordinaria y, por ende, debía ser declarada como
responsable por falla en el servicio por no haber desplegado sus atribuciones de
cuidado y vigilancia respecto de la tenencia de los vehículos que se encontraban en
custodia de BU Storage en el predio que le arrendó Maos, y, en consecuencia, ser
condenada al pago de los perjuicios causados por la ocupación del inmueble.
En otras palabras, el extremo actor alegó que la autoridad judicial no aplicó
correctamente las reglas de la sana crítica y el deber oficioso en materia de decreto
de pruebas, lo que derivó en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y «a la prueba».
De conformidad con lo anterior, se advierte diáfano que el debate planteado en esta
sede por la sociedad Maos se contrae a un análisis meramente legal y probatorio a
partir del cual se pretende usar la tutela como una especie de tercera instancia del
proceso ordinario en la que se recabe sobre la forma en que se debían apreciar los
elementos de convicción debidamente aportados, en virtud de lo estipulado en los
artículos 170 y 176 del CGP, así como el artículo 213 del CPACA, relacionados con el
análisis integral y el decreto oficioso de pruebas.
Al respecto, esta colegiatura investida como juez de tutela no advierte, a priori, que la
decisión reprochada sea arbitraria o irrazonable, pues explicó con suficiencia los
motivos que impidieron tener por acreditada la responsabilidad de la Nación, Rama
14
Sentencias SU-573 de 2019 y SU-128 de 2021.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
14
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Judicial en la controversia ordinaria, al resaltar que era indispensable que la parte
demandante cumpliera con la carga de acreditar que los automotores abandonados
en su propiedad se encontraban efectivamente a disposición de despachos judiciales
en virtud de medidas cautelares vigentes o que, «cuando menos, hubiese solicitado
de manera concreta y formal la colaboración de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial para identificarlos, circunstancias que no fueron demostradas
en el expediente».
Ello, conlleva que se demuestre que el caso, lejos de ameritar un análisis a partir de
los postulados constitucionales, se limita al estudio de la legalidad de la decisión del
juez competente en materia contenciosa, la cual fue adoptada en el marco de los
principios de autonomía e independencia judicial.
En ese orden, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la decisión
judicial se transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es
menester que quien se considera afectado, cumpla con el deber de argumentar el
concepto de la violación que se deriva de una providencia judicial en abierta
contradicción de los postulados constitucionales, que implique por parte de este juez
un pronunciamiento respecto al análisis que ha efectuado la judicatura cuestionada.
Básicamente, los cargos, al enmarcarse en la acción de tutela contra providencia
judicial, que además fue proferida por un órgano de cierre, requiere con mayor énfasis
que el extremo accionante ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre de
forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.
Así las cosas, es completamente evidente que esta solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, comoquiera que no se acredita la violación iusfundamental
alegada, a partir de un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le permita al juez de
esta sede advertir una prominente transgresión de las prerrogativas superiores de la
entidad accionante con ocasión de la expedición de la providencia dictada por la
autoridad censurada.
En resumen, la Sala no evidencia un argumento sólido que demuestre la vulneración
de garantías constitucionales que permita superar el requisito de relevancia
constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial; ello, habida
cuenta de que el debate gira en torno a un asunto de interpretación meramente legal
y de índole probatoria que le corresponde al juez natural, y en el cual no se evidencia
una vulneración palmaria que amerite la intervención del juez de tutela 16. Todo lo
16
Ver las siguientes decisiones: (i) sentencia de 29 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-
000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil; (ii) sentencia de 6 de septiembre de 2022,
expediente 11001-03-15-000-2022-03065-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; (iii) sentencia de 28
de abril de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01880-00, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra; y (iv)
sentencia de 21 de noviembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2024-04391-01, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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anterior, da lugar a que esta Sala declare la improcedencia de la solicitud de amparo
de la referencia.
2.6. Conclusión
La Sala declarará improcedente la acción de tutela promovida por la sociedad
Inversiones y Asesorías Maos SAS contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B y el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá.
SEGUNDO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Duván Giussephi Solís
Arrieta para actuar como apoderado del extremo accionante.
TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por
Inversiones y Asesorías Maos SAS contra el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: en el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-03202-00
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
(Aclara voto)
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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