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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 52001-23-33-000-2020-00873-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2020-00873-01

Fecha
18 de julio de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 52001-23-33-000-2020-00873-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 21 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo de Nariño. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. 91 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2019, CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01. 55 Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01 Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 52001-23-33-000-2020-00873-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

18 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: CABILDO INDÍGENA TELAR LUZ DEL AMANECER
Demandados: EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A.,
MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES, CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL SUR DE LA AMAZONÍA, AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, MUNICIPIO
DEL VALLE DEL GUAMUEZ, MUNICIPIO DE ORITO, BAKER HUGHES
COLOMBIA, WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED, TGT GAMMAS
S.A.S., FEPCO S.A.S., TUCKER ENERGY SERVICES S.A., NABORS
DRILLING INTERNATIONAL LIMITED BERMUDA, JAM INGENIERÍA Y
MEDIO AMBIENTE S.A.S., RESERVOIR GROUP SETS CORING,
HALLIBURTON LATÍN AMÉRICA S.R.L. SUCURSAL COLOMBIA,
SCHLUMBERGER SUNERCO S.A., ULTERRA LATÍN AMÉRICA
SUCURSAL COLOMBIA, NOV DOWNHOLE DE COLOMBIA Y
TRANSQUINTAL S.A.S.
Vinculada: DEFENSORÍA DEL PUEBLO - REGIONAL NARIÑO

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la Defensoría del
Pueblo - Regional Nariño, en contra de la sentencia de 21 de abril de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Nariño.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1.El cabildo indígena Telar Luz del Amanecer demandó a la Empresa Colombiana
de Petróleos S.A. (Ecopetrol), al Ministerio del Interior, al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), a
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía
(Corpoamazonía), a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al departamento
del Putumayo, al municipio del Valle del Guamuez, al municipio de Orito y a las
sociedades Baker Hughes Colombia, Weatherford Colombia Limited, TGT Gammas
S.A.S., Fepco S.A.S., Tucker Energy Services S.A., Nabors Drilling International
Limited Bermuda, Jam Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S., Reservoir Group Sets
Coring, Halliburton Latín América S.R.L. sucursal Colombia, Schlumberger Sunerco
S.A., Ulterra Latín América sucursal Colombia, Nov Downhole de Colombia y
Transquintal S.A.S., en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo 88

2

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Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

de la Constitución Política y en las leyes 472 de 5 de agosto de 19981 y 1437 de 18
de enero de 20112.

2. En la demanda se solicitó la protección de los derechos colectivos previstos en
los literales a) y l) del artículo 4.° de la Ley 4723, así como la salvaguarda de los
derechos “[…] a la identidad cultural, derecho a la protección de sitios sagrados,
derecho a la participación en la utilización, explotación y conservación de los
recursos naturales renovables existentes en el territorio, derecho a los recursos
naturales y del subsuelo, derecho a la vida digna por falta de garantías de seguridad
y prevención de desastres y accidentes antrópicos previsibles, derecho a la
integridad personal, participación, territorio, libre desarrollo de la personalidad, libre
determinación compatible con nuestros derechos a la identidad cultural y derecho a
la consulta previa […]”.

3. En el libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Solicitamos al señor Juez, se protejan nuestros derechos e
interés colectivo (…). Se protejan de manera especial todos estos derechos en
favor de nuestros niños y niñas; siendo necesario y urgente se ordene la
CONSULTA PREVIA CON NUESTRA COMUNIDAD INDIGENA (sic) cuyos
fundamentos legales ya se sustentó.

SEGUNDO: Hasta mientras tanto (sic) no se garanticen los derechos
fundamentales de nuestros niños, niñas y los (sic) todos nuestros derechos, y
la CONSULTA PREVIA se suspenda el uso de la vía carreteable: La Hormiga
• Inspección El Placer - Sector Las Brisas-Siberia Orito, por parte de las
empresas contratistas del orden nacional y/o internacional de ECOPETROL
S.A.

TERCERO: Ordenar a las (sic) Defensoría del Pueblo y a la Personería
Municipal del Valle del Guamuez que en cumplimiento de su misión primigenia
de velar por la protección y garantía de los derechos humanos, revise, analice
y haga las respectivas observaciones y recomendaciones a la Resolución que
Autoriza el uso de la vía carreteable La Hormiga - Inspección El Placer Sector
Las Brisas - Siberia Orito, por parte de ECOPETROL SA y sus empresas
contratistas, la cual debió ser expedida por la entidad competente.

CUARTO: Que se ordene al Ministerio del Interior - ANLA - Agencia Nacional
de Licencias Ambientales que las empresas BAKER HUGHES Colombia,
Weatherford Colombia Limited, TGT Gammas SAS, FEPCO SAS, TUCKER
ENERGY SERVICES SA, Nabors Drilling International Limited Bermuda, JAM
Ingeniería y Medio Ambiente SAS, Reservoir Group Sets Coring, Halliburton
Latín América S.R.L. Sucursal Colombia, Schlumberger Sunerco SA, Ulterra
Latín América Sucursal Colombia, NOV DOWNHOLE DE COLOMBIA Y
TRANSQUINTAL SAS; supervisadas y vigiladas por ECOPETROL y el estado
(sic), se ordene la CONSULTA PREVIA y se reconozca a la Comunidad
Indígena Telar Luz del Amanecer - Pueblo Pastos, todos los derechos
inherentes como son: Que (sic) se contrate a los miembros de su comunidad la
mano de obra no calificada del cien por ciento (100%) y mano de obra calificada
mínimo el 40 por ciento (40%), así como también el porcentaje sobre los valores
totales de la perforación que corresponden mínimo al uno por ciento (1%) con

1
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
3
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano […];
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.

3

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Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

el fin que nuestra comunidad pueda tener derecho al trabajo de sus asociados
y a los recursos para poder realizar obras en salud, vías, educación entre otros,
derechos que a otras comunidades afros e indígenas les han reconocido como
es de público conocimiento, dejando CONSTANCIA que nuestra comunidad
heredera de un Título- Colonial Escritura Pública 509 de 1.906, sobre el área
donde actualmente se está realizando obras (sic) producción, perforación y
transporte de hidrocarburos.[…]”4.

4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante indicó que la
comunidad indígena Telar Luz del Amanecer se inscribió en el registro de
comunidades mediante Resolución 001 de 16 de enero de 2019, expedida por la
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior.

5. Dicha comunidad, perteneciente a la etnia Pastos, heredó una parte del territorio
sagrado legalizado bajo el título 509 de 13 de enero de 1906, el cual se encuentra
situado en los municipios de Orito y Valle del Guamuez en el departamento de
Putumayo.

6. Adujo que el puente situado sobre el río Guamuez, a la altura de la vereda
Floresta del municipio de Orito, colapsó en el año 2018. Desde entonces, la vía
carreteable La Hormiga-El Placer-Las Brisas-Siberia-Orito comenzó a ser utilizada
por Ecopetrol y sus empresas contratistas para el tránsito de vehículos ligeros y
pesados.

7. Señaló que la comunidad notificó a Ecopetrol el 14 de marzo de 2019 que el
paso de vehículos de carga por la vía carreteable les generó afectaciones directas.
En consecuencia, el 12 de abril de 2019 las autoridades del cabildo y los
funcionarios de la empresa celebraron una reunión, en la que se programó una “[…]
minga de pensamiento para darles a conocer los impactos y perjuicios que estaban
generando […]”.

8. Mencionó que la minga se celebró el 8 de junio de 2019 y, como resultado de la
misma, se identificaron los siguientes impactos: i) dificultad en la circulación por
transitar en medio del paso continuo de los vehículos de Ecopetrol y sus
contratistas; ii) riesgo de la vida de niños, niñas y adultos mayores; iii) afectación en
la audición y concentración en las escuelas; iv) contaminación del aire por el
material particulado; v) intranquilidad física y psicológica las 24 horas del día; y vi)
afectaciones espirituales en el “[…] territorio sagrado porque ahí se encuentran
descansando nuestros Ancestros Espirituales Mayores […]”.

9. Precisó que el 18 de julio de 2019, se realizó una segunda minga de pensamiento
con la participación de Ecopetrol, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, la Personería Municipal del Valle del Guamuez y la Organización de
Naciones Unidas (ONU). En esa oportunidad se acordó que el ministerio emitiría un
concepto y Ecopetrol informaría a la comunidad las acciones que adelantaría en la
materia. Sin embargo, las citadas entidades no acataron sus compromisos.

4
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0001Expediente(.pdf)”.

4

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10. Agregó que Ecopetrol se movilizó por la vía carreteable que atraviesa el territorio
sagrado, en diciembre del 2019, con un taladro de perforación y maquinaria pesada.
Como consecuencia, la comunidad interpuso una acción de tutela ante el Juzgado
Promiscuo Municipal del Valle del Guamuez; autoridad judicial que la declaró
improcedente, mediante sentencia de 19 de febrero de 2020, por cuanto la vía
judicial para la protección de los derechos colectivos reclamados era la acción
popular.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto de 25 de agosto de 20205,
admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a los
accionados para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran o solicitaran
la práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público y a la
Defensoría del Pueblo, y comunicó la acción de la referencia a los miembros de la
comunidad.

12. En providencia de 3 de junio de 20226, el a quo desvinculó a las empresas Baker
Hughes y Reservoir Group Sets Scoring, al no contar con la información necesaria
para su notificación.

13. Por auto de 4 de octubre de 20227, se declaró fallida la audiencia especial
prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló proyecto de
pacto de cumplimiento ante la inasistencia de varios de los convocados.

14. Posteriormente, mediante auto de 27 de febrero de 20238, se reconoció a la
empresa National Oilwell Varco de Colombia (NOVDC), como sucesora procesal de
Nov Downhole de Colombia.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. El apoderado judicial de la Empresa Colombiana de Petróleos S.A.
(Ecopetrol), mediante escrito de 9 de septiembre de 20209, se opuso a las
pretensiones de la demanda, tras proponer la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva.

15. Precisó que la empresa y sus contratistas utilizan la vía carreteable del proceso,
en igualdad de condiciones con otros usuarios del servicio de transporte, en
cumplimiento de las medidas adoptadas por el Consejo de Gestión del Riesgo y de
Desastres del municipio; entidad que prohibió el paso por los puentes de las veredas
Primavera y Brisas del Guamuez.

5
Ibidem, documento denominado “0007Auto admisorio.pdf”.
6
Ibidem, documento denominado “0059. Auto NOTIF ANH y OTRAS DISPOS OKLU.pdf”.
7
Cfr. Índice 57 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“106_ACTAAUDIENCIA_20873ACTAPACTODE(.pdf) NroActua 57”.
8
Cfr. Índice 116 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“178_AUTORESUELVESOLICITUD(.pdf) NroActua 116”.
9
Cfr. Índice 29 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño documento denominado
“40_MEMORIALESSECRETARIA_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 29”.

5

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16. Insistió que la vía “[…] no es de uso exclusivo de Ecopetrol S.A. (…) por lo que
no se puede exponer válidamente por la parte accionante que ahora, en razón de la
utilización de la vía en mención por parte de Ecopetrol, se estén vulnerando
derechos de carácter colectivo a las familias que integran la comunidad indígena
Telar Luz del Amanecer […]”. Por el contrario, puso de presente que Ecopetrol
realizó acciones de mantenimiento a la vía, lo que beneficia a los usuarios del
servicio y a los miembros de la comunidad indígena.

17. Señaló que la parte actora no demostró la afectación de los derechos colectivos.
El proceso de consulta previa solo sería pertinente si se pretendiera la construcción
de una obra que genere impactos en la comunidad. Sin embargo, esta carretera ha
sido utilizada sin interrupciones por un largo período.

18. Agregó que “[…] la operación de Ecopetrol S.A. no se circunscribe al área donde
se ubica la Comunidad Telar Luz del Amanecer conforme lo dispuesto en la
Resolución No. 001 del 16 de enero de 2019 […]”, y en el mapa georreferenciado
de la actividad licenciada.

19. Informó que esa entidad y sus contratistas cumplen las medidas exigidas en las
guías de Ecopetrol, en materia de mantenimiento, capacitación, restricciones de
carga y operación máxima, al usar los vehículos durante la operación de los
proyectos petroleros. Además, se estructuró un Plan Vial que fue objeto de
socialización con la comunidad y las autoridades competentes.

20. Consideró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a través de la
Resolución 257 de 2014, determinó las medidas preventivas, correctivas y
compensatorias de los impactos causados por el tránsito de los vehículos.

I.3.2. El apoderado judicial del Ministerio del Interior, mediante escrito de 10 de
septiembre de 202010, afirmó que esa entidad no quebrantó ningún derecho
colectivo y, además, carece de legitimación en la causa por pasiva. Indicó que la
situación fáctica descrita en la demanda no constituye una afectación directa a la
comunidad demandante, por lo que no resulta pertinente adelantar el procedimiento
de consulta previa.

21. En su criterio, la consulta previa “[…] sólo debe agotarse en aquellos eventos en
que el proyecto, obra o actividad afecte directamente una comunidad étnica
resultando exigible el proceso consultivo (…) (al) alterar el estatus de la persona o
de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el
contrario, le confiere beneficios […]”. Este trámite rogado inicia por solicitud del
interesado en ejecutar un proyecto obra o actividad.

22. Sin embargo, la vía sobre la cual la comunidad indígena solicitó el procedimiento
de consulta es del orden nacional y existía antes que Ecopetrol y sus contratistas la
utilizaran. Dicha vía es un bien de uso público de la Nación, destinado al uso común

10
Cfr. Índice 30 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “49_MEMORIALES
SECRETARIA_TRIBUNALADMINISTRAT(.docx) NroActua 30”.

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de los habitantes o la comunidad en general, por lo cual “[…] no es dable afirmarla
existencia de una afectación directa a las comunidades étnicas […]”.

23. Finalmente, aclaró que los proyectos de rehabilitación, mantenimiento y/o
mejoramiento vial no requieren de licencia ambiental, conforme a lo reglado por el
artículo 44 de la Ley 1682 de 201311, porque no generan un impacto o afectación
grave a los recursos naturales, al ser una intervención temporal sobre obras
preexistentes.

I.3.3. La apoderada judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
mediante escrito de 5 de abril de 202212, se opuso a las pretensiones de la
demanda, al considerar que no tiene injerencia en la presunta vulneración de los
derechos colectivos, y tampoco es responsable de la infraestructura vial o del
procedimiento de consulta previa.

24. Consideró que, conforme a “[…] las pretensiones enmarcadas, le (sic)
corresponde a los gobernadores, alcaldes, y demás entidades cabezas de la
administración local, la responsabilidad de materializar el Estado Social de Derecho,
en conjunto con la empresa ECOPETROL, ente que supervisa y controla a las
empresas encomendadas para su desarrollo […]”.

25. Finalmente, solicitó su desvinculación del proceso, tras proponer las excepciones
de falta de legitimación, inexistencia de un nexo causal y culpa exclusiva de la
víctima.

I.3.4. El apoderado judicial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH),
mediante escrito de 21 de junio de 202213, alegó que “[…] no tiene las facultades
para adelantar una consulta previa, ni mucho menos para realizar contrataciones de
mano de obra de los demandantes ya que su función no es la de explotación del
recurso Hidrocarburífero, sino únicamente la de la administración de los mismos
[…]”

26. Precisóque la ANH es responsable de hacer seguimiento y verificar el
cumplimiento de los contratos de asociación, suscritos con anterioridad al 31 de
diciembre de 2003, de conformidad con el Decreto 1760 de 26 de junio de 200314,
modificado por el Decreto 714 de 10 de abril de 201215.

27. Consideró que en la demanda no “[…] se aporta prueba alguna de daño o
amenaza que invoca respecto de derechos colectivos que “enuncia” pues su
exposición se centra en la descripción de una serie de situaciones y temores que al
estaré (sic) desprovistos del necesario y real sustento de hecho y derecho que las

11
“Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden
facultades extraordinarias.”
12
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0049. Contestación Acción
Popular.pdf”.
13
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, carpeta 0069. Contestación demanda AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBURO, documento denominado “CONTESTACIÓN-AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS.pdf”.
14
“Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crean la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de Colombia S. A.”
15
“Por el cual se establece la estructura de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, y se dictan otras disposiciones.”

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pueda soportar, bien podría consistir no más que en una percepción sobre tales
circunstancias […]”.

28. Recalcó que la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior interviene
en los procesos consultivos como garante de la participación efectiva de las
comunidades étnicas, conforme a los principios de buena fe y transparencia,
encaminados a garantizar el respeto por la identidad cultural, social y económica de
tales comunidades.

29. Indicó que 4 de los 17 puntos referenciados en la Resolución 001 de 2019,
proferida por el Ministerio del Interior, coinciden con contratos petroleros. Sin
embargo, agregó que, en el convenio de explotación Área Sur y en el Convenio de
Explotación Orito, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior certificó
la no presencia o no afectación de grupos étnicos. Y, respecto del proyecto a cargo
de la empresa Petro Caribbean Resources LTD, ya se surtió el proceso de consulta
previa con las comunidades indígenas Awá La Unión la dorada y Awá Tatchánm,
de conformidad con el certificado de la Dirección de Consulta Previa.

30. Finalmente, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva, cumplimiento del marco normativo, inexistencia del daño a los derechos
colectivos y falta de imputación de responsabilidad a la ANH.

I.3.5. El apoderado judicial de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), mediante escrito de 19 de abril de 202216, explicó que, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 1076 de 26 de mayo de 201517, esa entidad no es
responsable de determinar la procedencia o no de la consulta previa.

31. Indicó que las funciones de la ANLA se circunscriben a “[…] otorgar o negar las
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizar el seguimiento de las licencias, permisos
y trámites ambientales, administrar el Sistema de Licencias, Permisos y Trámites
Ambientales -SILA- y, adelantar y culminar el procedimiento de investigación,
preventivo y sancionatorio en materia ambiental […]”.

32. Consideró que la Autoridad Nacional de Consulta Previa es quien deberá
pronunciarse respecto de la procedencia de la consulta previa. Las autoridades de
tránsito municipales serán las responsables de suspender o definir
condicionamientos para el uso de la vía. Y la Unidad Administrativa Especial del
Servicio Público de Empleo es la encargada de establecer las medidas para facilitar
y fortalecer la contratación de mano de obra local en los municipios en los que se
desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos.

33. Cuestionó la procedencia de la petición de “[…] destinación del valor del 1% del
costo de la perforación para realizar obras en salud, vías y educación entre otros
[…]”, al considerar que se trata de un acuerdo que debe hacerse con la empresa y

16
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, carpeta 0051. Contestación Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales – ANLA, documento denominado “Respuesta Acción Popular Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales – ANLA.pdf”.
17
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

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procede cuando el desarrollo del proyecto, obra o actividad tenga impactos dentro
del territorio de la comunidad, situación que no se presenta según los hechos
señalados en la acción popular.

34. Finalmente, propuso las excepciones de: i) ausencia de responsabilidad; ii)
improcedencia de la acción al no existir amenaza o vulneración a los derechos
colectivos; iii) falta de legitimación en la causa por pasiva; y iv) insuficiencia de las
pruebas aportadas por los demandantes para determinar la necesidad del amparo
solicitado.

I.3.6. La apoderada judicial de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), mediante escrito de 8 de junio de 202218,
planteó que carece de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con los
fundamentos fácticos alegados por la comunidad indígena.

35. Relató que a la Autoridad Nacional de Consulta Previa le corresponde comunicar
o convocar a las autoridades ambientales, cuando sea procedente adelantar el
trámite de consulta previa, lo que significa que no puede intervenir de manera
autónoma en dicho procedimiento.

I.3.7. La apoderada judicial del Municipio del Valle de Guamuez, mediante escrito
de 21 de abril de 202219, sostuvo que el ente territorial no amenazó los derechos
colectivos de la comunidad indígena y solicitó su desvinculación del proceso.

36. Argumentó que el Ministerio del Interior reconoció a la comunidad indígena Telar
Luz del Amanecer mediante Resolución 001 de 16 de enero de 2019. Mientras que
la vía carreteable del proceso se construyó “[…] años atrás […]” y ha sido utilizada
por Ecopetrol y sus contratistas desde el año 2018.

37. Sostuvo que, conforme a la Ley 21 de 199120 y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la consulta a los pueblos indígenas y tribales procede cuando se
planteen medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente.

38. Aseveró que, para el caso planteado, no es viable adelantar el proceso de
consulta previa, pues no se han adoptado o ejecutado decisiones que afecten el
territorio que ocupa la comunidad.

39. Adicionó que “[…] el tránsito de vehículos por esa vía, obedece a la imposibilidad
de poder transitar por el puente ubicado sobre el río Guamuez, la vía en mención
no es utilizada para el desarrollo de un proyecto específico, por el contrario es
utilizada para adelantar las operaciones autorizadas y en desarrollo de los permisos
con los que cuenta la gerencia de operaciones de desarrollo y producción
Putumayo, en específico para el desarrollo del área de occidente de la gerencia,

18
Cfr. Índice 22 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “21_RECEPCIONRECURSO
REPOSICION_RESPUESTAACCIONPOP(.pdf) NroActua 22”.
19
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, carpeta 0052, documento denominado “01 Contestación
Acción Popular-Municipio Valle del Guamuez.pdf”.
20
“Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes,
adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989”.

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esto es la operación de la baterías churuyaco y sucumbíos (sic) con sus respectivos
campos, que se han adelantado desde los años 80 […]”.

I.3.8. La apoderada judicial del Municipio de Orito, mediante escrito de 7 de
septiembre de 202021, se opuso a las pretensiones de la demanda. Añadió que
paralizar, suspender o limitar el uso de la vía no solo a afectaría Ecopetrol, sino a
toda la comunidad por los mismos hechos descritos por el demandante.

40. Aseguró que la consulta previa debe desarrollarse “[…] cuando se vayan a tomar
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las
comunidades, cuando se vayan a adoptar decisiones respecto de la explotación de
recursos naturales en territorios indígenas y de comunidades negras, es decir, antes
de iniciar o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los
recursos (mineros o recursos naturales) existentes en los territorios de los pueblos,
cuando se vaya a realizar la determinación de las áreas indígenas restringidas al
interior de las zonas mineras indígenas, en el caso de traslado o reubicación de los
pueblos de sus territorios tradicionales, previamente a diseñar y ejecutar programas
de formación profesional dirigida a los pueblos, en el caso de adopción de menores
indígenas, y cuando se pretenda realizar investigaciones de acceso a recursos
genéticos y conocimiento tradicional (permisos de investigación científica) […]”.

41. Alegó que la consulta previa no es procedente, y en todo caso, “[…] quien decide
en últimas es la autoridad y esta tiene la obligación de establecer los mecanismos
necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la
autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad o de sus
miembros. […]”.

I.3.9. El apoderado judicial de la sociedad Transportes Quintero Almeida S.A.S.
(TRANSQUINTAL), mediante escrito de 25 de abril de 202222, consideró que la
demanda carece de fundamentos legales y fácticos. A su juicio, esa empresa no
debe satisfacer las solicitudes de la comunidad indígena, dado que no se demostró
la vulneración o desconocimiento de los derechos alegados.

42. Insistió
que no es posible prohibir el derecho a libre locomoción en las
condiciones solicitadas por la comunidad, pues debe transitar por el corredor vial La
Hormiga – El placer – Siberia, para cumplir las obligaciones y servicios derivados
del contrato 5221287, así como lo hacen las empresas de trasporte municipal e
intermunicipal, los particulares, las empresas de servicios públicos y los miembros
del grupo étnico.

43. Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, y que la afirmación
de la parte demandante sobre las supuestas afectaciones a sus derechos carece
de respaldo probatorio.

21
Cfr. Índice 34 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “69_AGREGACONTES
TACIONADEMANDA_CONTESTACIONACCION(.pdf) NroActua 34”.
22
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, carpeta 0055, documento denominado “01.Contestación
y anexos TRANSQUINTAL S.A.S.pdf”.

10

Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

I.3.10. El apoderado judicial de la sociedad Nabors Drilling International Ltd.,
mediante escrito de 25 de abril de 202223, afirmó que no existe un nexo causal entre
sus actividades y la presunta vulneración a los derechos invocados por la
comunidad.

44. Precisó que el municipio de Orito prohibió a todos los usuarios el paso por los
puentes situados en las veredas Primavera y Brisa del Guamuez, mediante Decreto
131 de 2019, ante los daños ocasionados a la infraestructura vial por la temporada
de lluvias (abril a julio de esa anualidad).

45. Aclaró que la vía en cuestión, conforme a la Resolución 1240 de 25 de abril de
2013, es una carretera secundaria del nivel departamental, cuyo uso comprende el
tráfico de todo tipo de vehículos. A partir de lo anterior, consideró que la solicitud
encaminada a prohibir o limitar el uso de la vía pública desconoce los derechos
fundamentales de terceros a la libre circulación y al trabajo.

46. Planteó que la demandante no acreditó ningún impacto, ni preciso cuál es la
frecuencia de su uso por parte de Ecopetrol y sus empresas contratistas.
Específicamente, señaló que esa empresa solo utilizó la vía durante los meses de
enero y diciembre de 2020, de ahí que su intervención fue mínima.

I.3.11. La apoderada judicial de la sociedad Weatherford Colombia Limited,
mediante escrito de 25 de abril de 202224, destacó que la demanda no cumple con
los requisitos de procedibilidad. También alegó que a esa sociedad no le compete
pronunciarse sobre los derechos de las comunidades indígenas.

47. Expuso que, en todo caso, no es procedente adelantar un proceso de consulta
previa, porque la situación fáctica descrita en la demanda no comprende la adopción
de medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a la comunidad
demandante

48. Consideró que la decisión del municipio de Orito de prohibir la circulación por los
puentes de las veredas Brisas y Primavera del Guaméz, obligó a todos los usuarios
de la vía a utilizar esa ruta, lo que demuestra que no existe una afectación directa a
la comunidad indígena.

49. Puso de presente que “[…] pese a que la comunidad indígena afirma que el
tránsito por LA VIA (sic) afecta su cosmogonía, derechos colectivos y
fundamentales, no incluye pretensiones preventivas ni restitutorias respecto de mi
representada, sino que se trata de pretensiones de tipo eminentemente económico,
que no propenden por la restitución de las cosas a su estado anterior y tampoco
busca que se eviten daños a los miembros de la comunidad […]”.

I.3.12. El representante legal de la sociedad JAM Ingeniería y Medio Ambiente
S.A.S., mediante escrito de 12 de abril de 202225, se opuso a las pretensiones de

23
Cfr. Ibidem, carpeta 0054, documento denominado “01 Contestación y anexos NABORS DRILLING INTERNATIONAL
LTD.pdf”.
24
Cfr. Ibidem, carpeta 0053, documento denominado “01. Contestación y anexos Weatherford.pdf”.
25
Ibidem, carpeta 0050, documento denominado “contestación y escrito de excepción previa.pdf”.

11

Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

la demanda, e indicó que no cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el
asunto.

50. Destacó que la sociedad JAM Ingeniería S.A.S., es distinta a la sociedad JAM
Ingeniería y Medio Ambiente S.A.S. El objeto de la sociedad que representa
corresponde a la elaboración de consultorías e interventorías de proyectos en el
sector de infraestructura vial, urbano, ambiental y gobierno. Además, durante sus
15 años de experiencia no ha celebrado contratos con Ecopetrol, ni ha manejado
actividades petroleras.

I.3.13. El apoderado judicial de la sociedad TGT Gamas S.A.S., mediante escrito
de 8 de marzo de 202226, declaró que se acogía a los argumentos de defensa
propuestos por las demás entidades demandadas, pero comentó que no le constan
los hechos de la demanda.

51. Precisó que la acción popular es improcedente para perseguir la protección del
derecho a la consulta previa. Además, esa empresa se transportó por la vía terciaria
desde junio de 2019 (momento del derrumbe del puente), hasta que cesó totalmente
su operación a inicios de 2020.

52. Adujo que la vía se utilizaba cada 10 días para efectos de relevar el personal en
la zona, por medio de vehículos que cumplen la normatividad de seguridad vial y
respetan las medidas de tránsito sobre: i) velocidad igual o menores a 30km / hora;
ii) uso de silenciadores en exhostos; iii) riego de vías no pavimentadas para reducir
material particulado; y iv) mantenimiento preventivo.

53. Afirmó que la empresa no realizó ninguna actividad que impacte directamente
a la comunidad indígena en ese periodo. Incluso en el contrato suscrito con
Ecopetrol se pactó el cumplimiento de “[…] las especificaciones aplicables a las
movilizaciones y transporte, fijando los lineamientos que deben cumplir los
vehículos que trasportan personal del servicio y materiales para dar cumplimiento a
las prestaciones contempladas en el contrato […]”.

I.3.14. La apoderada judicial de la sociedad Halliburton Latin America SRL
Sucursal Colombia, mediante escrito de 9 de septiembre de 202027, consideró que
la acción popular era improcedente y que esa sociedad no afectó ningún derecho
colectivo o fundamental. En su criterio, la demanda incluyó un listado de derechos
vulnerados, sin indicar las razones o aportar pruebas de su presunto
desconocimiento por la empresa.

I.3.15. El apoderado judicial de la sociedad Schlumberger Sunerco S.A., mediante
escrito de 11 de septiembre de 202028, se opuso a las pretensiones de la demanda,
tras sostener que la parte demandante no demostró la vulneración de los derechos
colectivos.

26
Ibidem, carpeta 0042, documento denominado “002. Contestación de la demanda.pdf”.
27
Ibidem, carpeta 0026, documento denominado “003 CONTESTACION HALLIBURTON 2020-00873.pdf”.
28
Ibidem, carpeta 0022, documento denominado “003 Contestación Acción Popular.pdf”

12

Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

54. Estimó que es inconstitucional limitar el derecho a la locomoción, más aún
cuando la vía se utiliza con ocasión de una calamidad pública. Afirmó que “[…] en
la zona donde se encuentra ubicada la Comunidad Indígena Telar Luz del
Amanecer, Pueblo Pastos, no realiza obras de producción, perforación y transporte
de hidrocarburos, tal y como el Jefe del Departamento de Producción de
ECOPETROL, mediante oficio del 09 de junio de 2019, dirigido al Gobernador del
Cabildo, dejó certificado y que la accionante debidamente acompañó […]”.

I.3.16. El representante legal de la sociedad Tucker Energy Services S.A.,
mediante escrito de 11 de septiembre de 202029, consideró que la acción popular
era improcedente porque no se demostró la transgresión o amenaza de los
derechos colectivos de la comunidad indígena.

55. Finalmente, propuso las excepciones que denominó “[…] falta de legitimación por
pasiva y libertad de circulación e imposibilidad de acudir a otras vías alternas para
el cumplimiento del objeto contractual contraído por Tucker […]”.

I.3.17. El representante legal de la sociedad Ulterra Latín América Sucursal
Colombia, en escrito de 6 de noviembre de 2022, se opuso a las pretensiones, tras
alegar que no quebrantó ningún derecho colectivo. Indicó que, como contratista de
Ecopetrol S.A., presta los servicios y materiales necesarios para la perforación y
completamiento de las operaciones de dicha entidad, a través de vehículos livianos.

II. La sentencia de primera instancia

56. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 21 de abril de 202330,
negó las pretensiones de la demanda.

57. Para arribar a esa decisión, el a quo explicó que los demandantes solicitaron la
defensa de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la prevención
de riesgos previsibles técnicamente, pero sus pretensiones se centraron en la
salvaguarda del derecho fundamental a la consulta previa, transgredido con ocasión
del uso de la vía La Hormiga - El Placer - Las Brisas - Siberia - Orito, por parte de
Ecopetrol y sus empresas contratistas.

58. Anotó que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el medio
judicial idóneo para la protección del derecho fundamental a la consulta previa es la
acción de tutela. Sin embargo, reconoció que la acción popular era procedente en
este caso por cuanto el juez de la tutela, mediante sentencia de 19 de febrero de
2020, declaró que la problemática debía resolverse a través del medio de control de
defensa de derechos e intereses colectivos.

59. Señaló que el Decreto 1320 de 13 de julio 199831, mediante el cual se regula la
consulta previa frente a las comunidades indígenas y negras para la explotación de

29
Cfr. Índice 35 ibidem, documento denominado “75_AGREGACONTESTACIONADEMANDA_CONTESTACIO´
NACCIO´(.pdf) NroActua 35”.
30
Cfr. Índice 143 ibidem, documento denominado “206_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 143”.
31
“Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos
naturales dentro de su territorio.”

13

Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

los recursos naturales dentro de su territorio, establece la relevancia de esta
garantía en relación con estas poblaciones debido a los impactos económicos,
ambientales, sociales y culturales que pueden ocasionar esos proyectos en su
identidad y territorio.

60. Explicó que el debate planteado en el caso concreto corresponde “[…] de una
parte, que la comunidad accionante refiere como hecho transgresor de sus
prerrogativas colectivas y fundamentales, el uso que se ha venido realizando por
parte de Ecopetrol y sus empresas contratistas, del tramo vial La Hormiga -
Inspección El Placer-Sector Las Brisas - Siberia Orito; y de otra parte, se encuentra
que, con ocasión de la disposición gubernamental sobre la necesidad de usar el
aludido carreteable, se desplegó una serie de actividades que redundaron en la
mejora de las condiciones de dicha infraestructura […]”.

61. Precisó que el uso de la vía objeto de debate se originó en la emergencia
declarada por el municipio de Orito, mediante Decreto 131 de 2019, en virtud del
colapso de los puentes ubicados entre el municipio de Orito y Valle del Guamuez.
Advirtió que esa vía pública funciona como un trayecto alternativo para la
comunicación del sector y es transitada por diversos actores, lo que significa que
las empresas del sector petrolero no son las únicas que utilizan el camino.

62. Resaltó que la comunidad demandante no demostró la permanencia de sus
integrantes en las zonas aledañas a la vía. Tampoco cumplió las cargas probatorias
porque, de la Resolución núm. 001 de 2019, de los testimonios y de las fotografías,
no era posible determinar la presunta afectación directa. En palabras del tribunal,
“[…] no obra prueba indicativa de las afectaciones puntuales que presuntamente
padece o padeció la comunidad indígena del cabildo Telar Luz del Amanecer,
motivo que impide a la Sala, emitir cualquier orden tendiente a la salvaguarda de
derechos que no aparecen conculcados […]”.

63. Explicó que las pretensiones de la demanda, relacionadas con la contratación de
los miembros de la comunidad en proyectos extractivos y el acceso al “[…] 1% del
costo de la perforación para realizar obras en salud, vías y educación entre otros
[…]”, no eran procedentes porque ese tipo de acuerdos se realizan en el marco de
una consulta previa y, en el caso, no se cumplen los presupuestos para tal efecto.

64. Concluyó que la Corte Constitucional, en sentencia T - 154 de 2021, amparó los
derechos fundamentales de la comunidad demandante, transgredidos con ocasión
del proyecto denominado “[…] Mejoramiento de Vías Terciarias en los municipios
de Orito y Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo […]”.

III. Fundamentos del recurso de apelación

65. El apoderado judicial de la Regional Nariño de la Defensoría del Pueblo, mediante
correo electrónico de 7 de julio de 202332, consideró que la sentencia de 21 de abril
de 2023 ignoró la naturaleza preventiva de la acción popular.

32
Cfr. Índice 147 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “210_RECIBEMEMORIALES
_RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 147”.

14

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66. Explicó que la parte demandante no solicitó únicamente la protección del derecho
a “[…] la consulta previa, sino otros derechos como el medio ambiente sano y vida
digna por falta de garantías de seguridad y prevención de desastres y accidentes
antrópicos previsibles […]”. A su juicio, la sentencia de primera instancia transgrede
los derechos a la integridad física, a la identidad cultural, a la propiedad colectiva y
a la consulta previa de los grupos étnicos, los cuales deben ser protegidos por el
Estado.

67. Sobre el derecho “[…] a la integridad física y cultural y a la existencia como
pueblos […]”, señaló que:

“[…] Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas no deben
confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La
comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de
sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o
colectivos. En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos
fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a
la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las
acciones populares correspondientes. Entre otros derechos fundamentales, las
comunidades indígenas son titulares del derecho fundamental a la
subsistencia, el que se deduce directamente del derecho a la vida consagrado
en el artículo 11 de la Constitución (Sentencia T- 380 de 1993) […]”.

68. En lo atinente al derecho al territorio, adicionó que “[…] los artículos 63 y 329 de
la Constitución Política establecen que los Resguardos son propiedad colectiva,
constituyéndose en una garantía para evitar su disolución (como sucedió en épocas
pasadas en que fueron vendidas las tierras de resguardo a terratenientes y a otras
personas no indígenas) y tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e
inembargables […]”. También mencionó que los artículos 13, 14 y 16 reconocen el
derecho fundamental a la propiedad colectiva de los grupos étnicos.

69. Adujo que el derecho a la consulta previa permite a las comunidades indígenas
estar informadas y ser partícipes en las decisiones legales o administrativas que
impacten directamente en ellas, especialmente en casos que “[…] impliquen el
traslado o desplazamiento de las comunidades por la obra o el proyecto […]”.

70. En su criterio, las decisiones administrativas adoptadas por las entidades
accionadas, en especial por Ecopetrol, afectan de manera directa a la comunidad
indígena demandante. Esas sociedades tenían que adelantar un proceso de
concertación y diálogo con la comunidad, antes de utilizar el camino. Como
fundamento de lo anterior, mencionó las sentencias T- 745 de 2010, T- 693 de 2012,
T- 660 de 2015 y T- 436 de 2016, en las que la Corte Constitucional tuteló los
derechos fundamentales de los pueblos indígenas en escenarios de construcción y
mejoramiento de vías públicas.

71. Manifestó que “[…] el concepto de afectación directa de las comunidades
indígenas sobrepasa la concepción formal de territorio y se articula con una
denotación que incluye los lugares económicos, sociales, rituales y espirituales que
requiere la comunidad para mantener su identidad […]”. Insistió en que “[…] los
proyectos de infraestructura vial tienen la posibilidad de afectar de manera directa

15

Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

a las comunidades que se encuentran en su zona de influencia, de modo que las
colectividades deben ser consultadas sobre esas medidas. […]”.

72. Respecto de la prueba relacionada con la afectación directa, consideró que los
testigos María Mercedes Pardo y Harold Zapata reconocieron que “[…] en la vía
habían algunos asentamientos de población […]”. Sin embargo, resaltó que “[…]
dichos testimonios deben considerarse sospechosos en virtud de lo dispuesto en el
artículo 211 del CGP, que regula el tema de la imparcialidad del testigo, según el
cual cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas que se
encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón
del parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes
[…]”.

73. Alegó que, “[…] en virtud del artículo 167 del Código General del Proceso, cuando
se refiere al principio de la carga de la prueba, las afirmaciones o negaciones
indefinidas no requieren prueba […]”. Solicitó valorar las pruebas fotográficas, aun
cuando no mencionan fecha, lugar y autor, en aplicación del principio previsto en el
artículo 228 de la Constitución Política, sobre la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal.

74. Argumentó que “[…] en el expediente no está demostrado que se trate de una
población indígena pequeña o minoritaria y si así lo fuera, la parte demandada tiene
la obligación de respetar sus derechos e intereses colectivos, en especial los
derechos a su integridad física y cultural y a la existencia como pueblos, el derecho
al territorio y el derecho a la consulta previa […]”.

75. A su juicio,“[…] el Despacho debió decretar prueba de oficio (…) con el fin de
determinar el objeto materia del debate, en aplicación de lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley 472 de 1998, para demostrar la existencia o presencia de comunidades
indígenas en los lugares adyacentes a la vía que fue objeto de adecuación y
mantenimiento; demostrar el tipo de perjuicios y daños causados a la comunidad
indígena tanto materiales como extrapatrimoniales a saber: daño espiritual, daño a
la vida en relación, daño moral, etc. […]”.

76. Finalmente, consideró que el caso tenía que resolverse, con fundamento en “[…]
el principio pro homine o pro persona, de precaución y prevención cultural
consagrado en el derecho legislado como la Ley 99 de 1993 en materia ambiental
y la Ley 1523 de 2012, en materia de gestión de riesgo de desastres, cuando se
trata de personas de especial protección constitucional como los pueblo (sic)
indígenas, en nuestro caso el Cabildo Indígena Telar Luz del Amanecer […]”.

IV. Trámite en segunda instancia

77. Mediante auto de 30 de agosto de 202333, el Tribunal Administrativo de Nariño
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por la
Regional Nariño de la Defensoría del Pueblo.

33
Cfr. Índice 148 del expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño. Decisión confirmada mediante proveído de 27 de
octubre de 2023, índice 163 ibidem.

16

Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

78. En escrito de 30 de noviembre de 202334, el Consejero de Estado, doctor
Oswaldo Giraldo López puso de presente a la Sala su impedimento para conocer
del proceso de la referencia.

79. Con auto de 21 de marzo de 202435, la Sala declaró fundado el impedimento
manifestado por el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López para
intervenir en el proceso de la referencia y, como consecuencia, se le separó del
conocimiento del asunto.

80. Esta autoridad judicial, a través de auto de 26 de abril de 202436, admitió el
recurso de apelación, informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse en
relación con la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión y advirtió que no había
lugar a dar traslado para alegar de conclusión. Igualmente, informó al Ministerio
Público que podía emitir concepto en la presente causa, hasta que el proceso
ingresara al despacho para dictar sentencia.

IV.1. La sociedad Tucker Energy Services S.A., a través de memorial de 3 de
mayo de 202437, afirmó que “[…] no se probó dentro de la práctica probatoria la
ubicación de la comunidad en el lugar, y mucho menos la vulneración de sus
derechos” y, además, “la carga de la prueba reside en quien alega una pretensión
[…]”.

IV.2. La sociedad TGT Gamas S.A.S., mediante memorial de 6 de mayo de 202438,
señaló que “[…] el fin principal de la acción interpuesta por la Comunidad Indígena
Telar Luz del Amanecer no consistía en garantizar la protección de sus derechos e
intereses colectivos sino que, se pretendía (…) la realización de la consulta previa
con ocasión del uso de la vía la Hormiga - Inspección El Placer - Sector Las Brisas-
Siberia Orito, por parte de Ecopetrol y sus empresas contratistas […]”.

81. A su juicio, “[…] la comunidad accionante no probó que concurriera ninguna
circunstancia que alterara las condiciones de salud, ambiente, o la estructura social,
espiritual, cultural u ocupacional, derivados del uso que la comunidad en general,
realiza sobre la vía La Hormiga - Inspección El Placer-Sector Las Brisas - Siberia
Orito […]”.

82. Mencionó que la consulta previa no es procedente porque la situación fáctica gira
en torno al uso de una vía pública, actuación que no conlleva una afectación directa
a ese grupo étnico. El uso de esta vía se debe al colapso del puente del sector como
circunstancia de fuerza mayor, y no se trata de una obra nueva “[…] por ser una vía
que existía previo al asentamiento y reconocimiento de la autoridad competente de
la comunidad indígena […]”.

34
Cfr. Índice 4 del expediente digital Consejo de Estado.
35
Cfr. Índice 17 del expediente digital Consejo de Estado.
36
Cfr. Índice 25 del expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “131AUTOQUEADMITE_
ADMITE_AP20200087301CABILDO(.pdf) NroActua 25”.
37
Cfr. Índice 33 del expediente digital Consejo de Estado.
38
Cfr. Índices 34 y 13 del expediente digital Consejo de Estado.

17

Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

IV.3. La apoderada judicial de Halliburton Latin America SRL sucursal Colombia,
mediante memorial de 6 de mayo de 202439, insistió que la parte actora no demostró
“[…] que se afectaran las condiciones de salud, social, espiritual, cultural de la
comunidad indígena derivadas del uso de la vía La Hormiga - Inspección El Placer
• Sector Las Brisas - Siberia Orito […]”; por el contrario, “[…] la sentencia recurrida
se fundamentó en el acervo probatorio […]”.

83. Indicó que “[…] el recurrente mal interpreta las declaraciones de los señores
Maria Marcela Pardo y Harold Zapata, siendo que con estas se logró corroborar que
debido a la caída del puente Brisas en el rio Guamuez fue necesario el uso de esta
vía alterna, la cual se venía utilizando desde hace más de 30 años, único corredor
vial disponible […]”.

IV.4. El apoderado de la sociedad Nabors Drilling International LTD Bermuda, en
el oficio de 7 de mayo de 202440, reiteró que “[…] la acción popular no es el
mecanismo idóneo para la protección al derecho de consulta previa […]”, y tampoco
se demostró la afectación a los derechos fundamentales de la comunidad indígena
actora porque el objeto del proceso atañe a una “[…] vía pública del orden
departamental, catalogada por su uso como vía secundaria a la luz de lo dispuesto
por la Resolución 1240 de 2013 y Resolución 411 del 2020 […]”. En su sentir, la
pretensión de privación del uso de la vía por los diferentes actores de la zona vulnera
otros derechos fundamentales que se deben proteger.

IV.5. La apoderada judicial de Ecopetrol S.A., a través de memorial de 7 de mayo
de 2024, alegó que la comunidad demandante no aportó “[…] pruebas para verificar
la existencia de una afectación directa o indirecta en la comunidad Indígena Telar
de luz […]”. Por el contrario, esa empresa “[…] realizó intervenciones dirigidas a
lograr la adecuación del tramo La Hormiga – Inspección el Placer – Sector Las
Brisas – Siberia – Orito, con el fin de garantizar las condiciones de transitabilidad y
en beneficio de los usuarios de dicha vía […]”.

IV.6. La apoderada judicial de WEATHERFORD COLOMBIA LTDA, mediante
escrito de 8 de mayo de 202441, consideró que el fallo apelado no desconoce la
naturaleza de la acción popular e insistió en que la parte demandante no cumplió
con la carga probatoria.

IV.7. El apoderado judicial de la ANH, a través de oficio de 9 de mayo de 202442,
concluyó que “[…] la sentencia de primera instancia realizó un extenso análisis de
los posibles escenarios facticos en donde podían verse vulnerados los derechos
humanos de los miembros de la comunidad Indígena Telar de Luz, pero posterior a
toda la valoración de las pruebas, y en garantía del debido proceso, se determinó
que no existe prueba alguna que demuestre la existencia de las presuntas
afectaciones alegadas […]”.

39
Cfr. Índice 36 del expediente digital Consejo de Estado.
40
Cfr. Índice 39 del expediente digital Consejo de Estado.
41
Cfr. Índice 45 del expediente digital Consejo de Estado.
42
Cfr. Índice 45 del expediente digital Consejo de Estado.

18

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Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

IV.8. Mediante concepto de 8 de mayo de 202443, el Procurador Quinto Delegado
ante el Consejo de Estado solicitó la confirmación del fallo de primera instancia.
Afirmó que la amenaza a los derechos colectivos no se acreditó en el plenario, ni la
procedencia de la consulta previa. Señaló que las partes deben acreditar los
supuestos fácticos que fundamentan sus pretensiones.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

84. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011 y en el
artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 201944, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia los recursos
de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera
instancia por los Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

85. La comunidad indígena Telar Luz del Amanecer atribuyó a las entidades públicas
y particulares demandados la vulneración de los derechos colectivos previstos en
los literales a) y l) del artículo 4.° de la Ley 47245, así como la salvaguarda de los
derechos “[…] a la identidad cultural, derecho a la protección de sitios sagrados,
derecho a la participación en la utilización, explotación y conservación de los
recursos naturales renovables existentes en el territorio, derecho a los recursos
naturales y del subsuelo, derecho a la vida digna por falta de garantías de seguridad
y prevención de desastres y accidentes antrópicos previsibles, derecho a la
integridad personal, participación, territorio, libre desarrollo de la personalidad, libre
determinación compatible con nuestros derechos a la identidad cultural y derecho a
la consulta previa […]”.

86. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Nariño, autoridad judicial que negó las súplicas de la demanda, al
evidenciar que la comunidad indígena Telar Luz del Amanecer no demostró la
procedencia de la consulta previa, ni la afectación de un derecho colectivo.

87. El apoderado judicial de la Regional Nariño de la Defensoría del Pueblo,
inconforme con la anterior decisión, presentó recurso de apelación. En la alzada
afirmó que: (i) el juez desconoció la naturaleza preventiva de la acción popular; (ii)
en la demanda se solicitó el amparo de los derechos colectivos previstos en los
literales a) y l) del artículo 4.° de la Ley 472; (iii) en el proceso se demostró la
transgresión de los derechos a la integridad física, a la identidad cultural, a la
propiedad colectiva y a la consulta previa de los grupos étnicos; (iv) el juez no

43
Ibidem, índice 43, documento denominado “Memorial_JDV_152Concepto(.pdf) NroActua 43”.
44
“Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado”.
45
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano […];
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente […]”.

19

Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

cumplió lo reglado por el artículo 30 de la Ley 472 sobre la carga dinámica de la
prueba y el decreto oficioso de pruebas; y (v) tampoco valoró las pruebas
fotográficas y testimoniales que acreditaban la transgresión de los citados derechos.

88. Para resolver cada uno de estos interrogantes, la Sala revisará: (i) la procedencia
de la acción popular a efectos de obtener el amparo de derechos fundamentales de
las comunidades indígenas; (ii) la prueba sobre la transgresión de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano y a la prevención de desastres previsibles
técnicamente; (iii) la aplicación del artículo 30 de la Ley 472 en el caso concreto; y
(iv) los reparos sobre la valoración probatoria del juez de primera instancia.

V.2.1. La procedencia de la acción popular a efectos de obtener el amparo de
los derechos fundamentales de las comunidades indígenas

89. La Defensoría del Pueblo afirmó en la alzada que la demanda no solo busca la
protección del derecho a “[…] la consulta previa, sino otros derechos como el medio
ambiente sano y vida digna por falta de garantías de seguridad y prevención de
desastres y accidentes antrópicos previsibles, entre otros […]”.

90. Aun así, el agente del Ministerio Público no argumentó en que consiste dicha
transgresión, sino que centró su fundamentación jurídica y jurisprudencial en el
quebrantamiento de los derechos fundamentales a la integridad física, a la identidad
cultural, a la propiedad colectiva y a la consulta previa de la comunidad indígena
“Telar Luz del Amanecer”. De ahí que resulte pertinente precisar cuál es el objeto
de la acción popular de la referencia.

91. Para tal efecto, se pone de presente que la defensa de los derechos e intereses
colectivos puede influir, en algunos casos, en el ejercicio de los derechos
individuales. Este fenómeno ha sido denominado por la jurisprudencia del Consejo
de Estado y de la Corte Constitucional como derechos de naturaleza
multidimensional46.

92. Sin embargo, ello no significa que el juez de la acción popular pueda
desnaturalizar el objeto de este medio de control judicial para pronunciarse de fondo
sobre las presuntas afectaciones a los derechos subjetivos sean o no de naturaleza
fundamental.

93. La Corte Constitucional47 y esta corporación48 han reiterado que el uso y goce
de los derechos colectivos se encuentra a disposición de cualquier persona, sin
obedecer, en principio, a algún tipo de condición. Mediante sentencia de 18 de
marzo de 201049, la Sección Primera explicó que “[…] los derechos colectivos son
aquellos mediante los cuales aparecen comprometidos los intereses de la

46
Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-632 del 24 de agosto de 2011; Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Marco
Antonio Velilla Moreno, radicación núm. 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).
47
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 (M. P: Rodrigo Escobar Gil).
48
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005. C.P: María Elena Giraldo Gómez, radicación
núm. 25000-23-25-000-2003-00254-01(AP); Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010. C.P. (E): María Claudia
Rojas Lasso. radicación núm. 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC), entre otras.
49
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P.(E) María Claudia Rojas Lasso, radicación núm. 44001-23-31-000-2005-
00328-01(AC).

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Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

comunidad, y cuyo radio de acción va más allá de la esfera de lo individual o de los
derechos subjetivos previamente definidos por la ley […]” y, por lo tanto, “[…] no
deben confundirse los derechos colectivos con los individuales comunes a un grupo
de personas determinadas o determinables […]”.

94. A partir de este concepto, se concluyó que “[…] la diversidad étnica y cultural, el
territorio, la participación y consulta de las comunidades indígenas, no es un
derecho o interés colectivo, susceptible de protección por vía de la acción popular
[…]”.

95. Valga mencionar que los pueblos indígenas son “sujetos colectivos” titulares de
derechos fundamentales50, a quienes se les reconoce un estatus de especial
protección junto con una serie de garantías individuales tendientes a fomentar su
supervivencia, la continuidad de su cultura y la permanencia de sus modos de vida.

96. Los derechos de los pueblos indígenas, en palabras de la Corte Constitucional,
“[…] no deben ser confundidos con los derechos colectivos de otros grupos
humanos […]”, dado que “[…] ciertamente, cada comunidad indígena es un
verdadero sujeto colectivo y no una sumatoria de individuos particulares que
comparten una serie de derechos o intereses difusos […]”51.

97. Este criterio no desconoce que el juez popular, en algunas ocasiones, estudia
situaciones fácticas en las que existe una correlación entre la transgresión de un
derecho colectivo y el quebrantamiento de un derecho fundamental de los grupos
étnicos.

98. En las sentencias de 15 de noviembre de 201952, 2 de marzo de 2023 y 22 de
febrero de 202453, se precisó que la acción popular es admisible en este tipo de
escenarios, en el evento en que la transgresión del derecho fundamental igualmente
comporte el daño de un derecho propiamente colectivo.

99. Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la comunidad indígena “Telar
Luz del Amanecer” promovió el 11 de febrero de 2020 una acción de tutela contra
el Consorcio Craing, los Ministerios del Interior y de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, la ANLA, Corpoamazonía, el departamento del Putumayo y los
municipios de Valle del Guamuez y de Orito, a quienes atribuyó la afectación de los
derechos a la consulta previa, a la vida digna, a la salud en conexidad con la vida,
a la integridad personal, a la participación, al territorio, así como los derechos de
petición y a la “[…] libre determinación compatible con nuestros derechos a la
identidad cultural y [al] ambiente sano […]”, con ocasión de la puesta en marcha del
proyecto denominado “[…] Mejoramiento de Vías Terciarias en los municipios de
Orito y Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo […]”.

50
Cfr. Sentencias T-380 de 1993, T-795 de 2013 y SU-217 de 2017.
51
Al respecto ver la sentencia C-063-10.
52
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm.: 44001-23-33-000-2013-
00160-01 (AP).
53
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm.: 88001-23-33-000-
2021-00041-02.

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Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

100. Este proyecto coincide con la vía que es objeto de la presente acción popular y
surgió para dar respuesta al aumento del tráfico vial en el sector.

101. La demanda de tutela señaló que las citadas autoridades no permitieron la
participación del grupo étnico en el inicio, ejecución y desarrollo del proyecto, pese
a que la comunidad indígena informó a las entidades demandadas que el aumento
del transporte en su territorio los impactaba directamente.

102. El Juzgado Promiscuo Municipal de Valle del Guamuez, a través de sentencia
de 19 de febrero de 2020, declaró improcedente esa solicitud de amparo, al deducir
que el mecanismo judicial idóneo era la acción popular. Sin embargo, la Corte
Constitucional seleccionó para revisión dicha providencia, y mediante sentencia T-
154 de 2021, resolvió lo siguiente:

“[…] Primero. REVOCAR el fallo proferido el 19 de febrero de 2020 por
el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle del Guamuez, que declaró
improcedente el amparo constitucional. En su lugar, CONCEDER la
protección a los derechos fundamentales de petición, a la consulta previa y
a la identidad cultural de la comunidad indígena “Telar Luz del Amanecer”,
de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

Segundo. ORDENAR al Ministerio del Interior, a la Alcaldía de Orito y al
Consorcio Craing que, en el marco de sus competencias constitucionales y
legales, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
providencia, emprendan las gestiones relacionadas con el proceso de
consulta previa y convoquen a la comunidad indígena “Telar Luz del
Amanecer” al desarrollo de la misma, en relación con el proyecto
vial denominado “Mejoramiento de Vías Terciarias en los municipios de
Orito y Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo”. En este
ejercicio, el proceso de consulta previa estará coordinado por el Ministerio
del Interior. Para su avance y desarrollo, las entidades públicas y, en
especial, el Consorcio Craing deberán proporcionarle a la comunidad, toda
la información relacionada con el estado del proyecto vial y deben guiarse
por los siguientes propósitos:

(i) Determinar los impactos ambientales, espirituales, culturales,
económicos y sociales del proyecto vial sobre la comunidad indígena “Telar
Luz del Amanecer”, (a) que ya fueron generados con las fases culminadas
del proyecto para el momento de la notificación de esta decisión y (b) prever
los futuros en relación con las etapas del proyecto que aún no se hayan
ejecutado o se encuentran en ejecución;

(ii) Crear mecanismos que aseguren el diálogo permanente y efectivo
en el lapso de ejecución del proyecto, entre las entidades públicas y el
particular sobre los que pesa esta orden y la comunidad indígena “Telar Luz
del Amanecer”; y,

(iii) Proponer e implementar medidas de diversa índole, entre ellas de
infraestructura, dirigidas a prevenir, mitigar, corregir, recuperar o restaurar
los efectos del proyecto de intervención vial denominado “Mejoramiento de
Vías Terciarias en los municipios de Orito y Valle del Guamuez, en el
departamento del Putumayo” sobre la comunidad indígena “Telar Luz del
Amanecer”. Tales medidas deben procurar la armonización de los valores
culturales mayoritarios y minoritarios y, en el evento en que no sea posible,
deberán precisar (a) los motivos de la imposibilidad; y, (b) la forma en que
la opción adoptada también respeta los esquemas culturales de la
comunidad indígena.

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La consulta debe desarrollarse con sujeción a las directrices
jurisprudenciales recogidas en esta decisión, y de conformidad con los
requisitos legales y reglamentarios en la materia, en lo que corresponda. En
caso de no llegar a un acuerdo entre las partes, las decisiones a adoptar
deben ser ponderadas y razonadas. Una vez delimitados los impactos
generados para la comunidad indígena “Telar Luz del Amanecer”, las
entidades públicas se orientarán por la mitigación de estos de conformidad
con las particularidades culturales de ese pueblo tribal.

Tercero. ORDENAR a CORPOAMAZONIA que, a través de su
representante legal, en el término de los veinte (20) días siguientes a la
notificación de esta decisión, determine y efectúe los ajustes necesarios en
los instrumentos de planeación y protección ambiental asociados al proyecto
vial “Mejoramiento de Vías Terciarias en los municipios de Orito y Valle del
Guamuez, en el departamento del Putumayo” y al contrato de obra N°221
de 2019, con el fin de darle una respuesta a la afectación directa que la obra
ha generado sobre la comunidad indígena “Telar Luz del
Amanecer”. Adicionalmente, durante el curso del proceso de consulta previa
del que trata la orden anterior, deberá participar y adoptar las decisiones a
las que haya lugar, como autoridad ambiental concernida, conforme el
fundamento jurídico 88 de esta providencia.

Cuarto. ORDENAR a la Alcaldía de Orito (Putumayo) que, a través de su
representante legal, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación
de esta providencia, efectúe un acto simbólico con el objetivo de que se
excuse con la comunidad indígena “Telar Luz del Amanecer”, por la
adopción de la postura conforme la cual, la consulta previa no tiene
relevancia práctica y se trata de un mero requisito formal sin incidencia en
los asuntos públicos. Los registros documentales y/o fílmicos asociados a
dicho acto deberán publicarse en el dominio web de la alcaldía.

Quinto. ORDENAR a la Alcaldía de Orito (Putumayo) que, a través de su
representante legal, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación
de esta providencia, consolide y haga circular en su jurisdicción, las
directrices constitucionales en materia de consulta previa, con el objetivo de
que, en el futuro, la entidad se abstenga de reproducir la concepción
conforme la cual aquella no tiene relevancia práctica y se trata de un mero
requisito formal sin incidencia en los asuntos públicos.

Sexto. ORDENAR a la Gobernación del Putumayo que, a través de su
representante legal, dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de
esta providencia, responda, en forma clara, precisa, completa y congruente,
la solicitud escrita radicada por el gobernador de la comunidad accionante
en sus dependencias.

Séptimo. COMPULSAR COPIAS de este expediente a la Procuraduría
General de la Nación para que, (i) de conformidad con el artículo 31 de la
Ley 1755 de 2015, determine si existe mérito para iniciar una investigación
disciplinaria, por las omisiones de la Gobernación del Putumayo en relación
con la petición formulada por la comunidad accionante, a la que hizo
referencia esta providencia; y (ii) de conformidad con los mandatos
superiores que le imponen el resguardo del ambiente, corrobore la actuación
de CORPOAMAZONÍA como autoridad ambiental a cargo del proyecto vial
denominado “Mejoramiento de Vías Terciarias en los municipios de Orito y
Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo”, en atención con sus
competencias constitucionales y legales. Asimismo, para que determine si
existe mérito para investigar la falta de respuesta de esa entidad ante los
requerimientos efectuados por esta Corporación, dentro del expediente de
la referencia. […]”

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103. La Corte Constitucional consideró que el Juzgado Promiscuo Municipal de Valle
del Guamuez “[…] entendió equivocadamente que la reclamación de la comunidad,
al estar compuesta por una pluralidad de individuos y al versar sobre bienes como
el ambiente sano, tenía otra vía judicial de reclamo, como es la acción popular. Por
ende, declaró improcedente el amparo, pero sin respaldo constitucional, legal y
jurisprudencial. […]”.

104. También precisó que, “[…] si bien en el Tribunal Administrativo de Nariño cursa
una acción popular promovida por la accionante, esta no guarda relación con el
presente caso […]”. Para la Corte, “[…] el origen de las afectaciones denunciadas
ante el juez administrativo es muy diferente, al punto en que el objeto de las
verificaciones -transporte pesado de empresas específicas del sector de
hidrocarburos- y de las medidas por adoptar frente al debate -decisiones
relacionadas con ese tipo de tráfico y su impacto-, no puedan tener el mismo sentido
que las que busca la comunidad accionante en sede de tutela […]”.

105. El máximo tribunal constitucional aclaró que:

“[…] en la acción popular que se tramita actualmente ante el Tribunal
Administrativo de Nariño, la comunidad debate el derecho a la consulta
previa y la protección de derechos colectivos, con ocasión del paso
continuo de vehículos de carga pesada de las empresas de
hidrocarburos demandadas, por la vía que atraviesa los sectores de La
Hormiga - Inspección El Placer - Sector Las Brisas – Siberia – Orito. Lo
que contrasta con la presente acción, cuyo objetivo es otro. Como se dijo, lo
que aquí se propone es el debate sobre los derechos a la consulta previa
y de petición presuntamente vulnerados, dada la falta de participación
que tuvo la comunidad en la concreción y desarrollo del proyecto
vial “Mejoramiento de Vías Terciarias en los municipios de Orito y Valle
del Guamuez, en el departamento del Putumayo”. Si bien ambas
acciones presentan cierto grado de convergencia, sus similitudes no son
suficientes para asumir que el asunto que concentra aquí la atención de la
Sala es objeto de debate judicial ante otro juez y que, por ese motivo, no sea
susceptible de ser definido por la Corte. […]”. (Negrilla fuera del texto)

106. Como puede apreciarse, la Corte Constitucional se pronunció, mediante
sentencia T-154 de 2021, sobre la transgresión de los derechos fundamentales a
la consulta previa, a la vida digna, a la integridad personal, a la participación, al
territorio y a la “[…] libre determinación compatible con nuestros derechos a la
identidad cultural y [al] ambiente sano […]” de la comunidad aquí demandante, con
ocasión a la puesta en marcha del proyecto denominado “[…] Mejoramiento de Vías
Terciarias en los municipios de Orito y Valle del Guamuez, en el departamento del
Putumayo […]”.

107. Esto quiere decir que, al juez popular no le corresponde emitir un
pronunciamiento sobre los asuntos que fueron objeto de análisis por la Corte
Constitucional.

108. La labor de esta autoridad judicial se circunscribe a verificar si las entidades
demandadas vulneraron o no los derechos previstos en los literales a) y l) del

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artículo 4.° de la Ley 472, por cuenta de la causa petendi descrita en la demanda,
en la medida en que “[…] unos mismos hechos pueden generar vulneración de
derechos fundamentales y afectación, amenaza o vulneración de derechos
colectivos; y en (…) en ese evento procede examinarlos tanto por la vía de acción
popular como de acción de tutela […]”54.

109. En otras palabras, en este proceso se estudiará la presunta afectación de los
derechos colectivos por el uso dado a una infraestructura vial pública por parte de
las empresas del sector de hidrocarburos, la cual colinda con el territorio del cabildo
indígena Telar Luz del Amanecer; pero no se estudiará los impactos directos
derivados del proyecto de mejoramiento de esa vía, aspecto que fue analizado por
la Corte Constitucional.

V.2.2. La prueba sobre la transgresión o amenaza de los derechos colectivos
por el uso de la vía carreteable por las empresas del sector de hidrocarburos

110. Según el apelante, el tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta que la
acción popular esta instituida para prevenir, restituir o indemnizar los derechos
colectivos del Cabildo Indígena Telar Luz del Amanecer, y no requiere para su
ejercicio la acreditación de un daño o perjuicio.

111. Frente a este planteamiento, la Sala coincide en que la prosperidad de la acción
popular no depende de que exista un daño material a los derechos o intereses
colectivos55. La amenaza por sí misma es razón suficiente para que el juez conceda
la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se
presente. Sin embargo, el hecho consistente en que la acción popular proceda en
la modalidad preventiva no significa que el juez pueda adoptar una decisión carente
de respaldo probatorio.

112. El amparo de los derechos colectivos previstos en los literales a) y l) del artículo
4.° de la Ley 472 en el caso concreto, solo es procedente si se demostró una
amenaza o afectación de esas prerrogativas, aspecto que se valorará a
continuación:

V.2.2.1. La presunta transgresión o amenaza del derecho colectivo a la
prevención de desastres previsibles técnicamente

113. La parte demandante considera que el uso de la vía carreteable La Hormiga -
El Placer - Las Brisas – Siberia - Orito, por parte de Ecopetrol y sus empresas
contratistas, desconoce el derecho a la prevención de riesgos previsibles
técnicamente, porque el tránsito de vehículos ligeros y pesados dificulta la movilidad
de la comunidad y pone en riesgo la vida de los niños, niñas y adultos mayores.

54
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de abril de 2011. Rad.
N.° 76001-23-31-000-2004-02843-01 (AP). C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
55
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, C.P. María Elena Giraldo Gómez,
radicación núm. 2002-2693-01. Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

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114. En este punto, se debe tener en cuenta que el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SNGRD), conforme a la Ley 1523 de 24 de abril de 201256,
es el “[…] proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos,
medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y
para el manejo de desastres […]”. En este proceso participan todas las autoridades
y los habitantes del territorio colombiano, en los términos del artículo 2.° de la ley
ibidem.

115. La corresponsabilidad al interior del SNGRD se basa en los principios de
protección, solidaridad social, autoconservación, diversidad cultural, seguridad
territorial, prevalencia del interés público y vulnerabilidad, los cuales se caracterizan
por:

“[…] 2. Principio de protección: Los residentes en Colombia deben ser
protegidos por las autoridades en su vida e integridad física y mental,
en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la
tranquilidad y la salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano,
frente a posibles desastres o fenómenos peligrosos que amenacen o
infieran daño a los valores enunciados.

3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y
jurídicas, sean estas últimas de derecho público o privado, apoyarán con
acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida
o la salud de las personas.

4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien
sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas
necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito
personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición
necesaria para el ejercicio de la solidaridad social. […].

6. Principio de diversidad cultural: En reconocimiento de los derechos
económicos, sociales y culturales de las personas, los procesos de la
gestión del riesgo deben ser respetuosos de las particularidades culturales
de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos culturales de la
misma.

7. Principio del interés público o social: En toda situación de riesgo o de
desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular.
Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al
interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del
individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales. […].

26. Seguridad territorial: La seguridad territorial se refiere a la
sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la
dinámica de las comunidades en un territorio en particular. Este concepto
incluye las nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o
institucional, seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad
social.

56
“Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.

26

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27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica,
social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser
afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico
peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas
o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de
sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser
afectados por eventos físicos peligrosos. […]”57. (Negrilla fuera del texto).

116. Como puede observarse, al Estado le corresponde realizar acciones oportunas
de prevención, mitigación y corrección de las amenazas y desastres, provenientes
de causas naturales y antrópicas, que afecten los bienes jurídicos fundamentales
de los individuos.

117.También es responsabilidad de los individuos involucrarse en el proceso de
gestión de riesgos, ya que tienen el deber de tomar las precauciones necesarias
para proteger su propia vida, seguridad personal y bienes.

118. Todos los actores del SNGRD (institucionales, privados y comunitarios) deben
contribuir con acciones humanitarias para ayudar a aquellos que enfrentan
situaciones de emergencia o peligro. Dicho de otro modo, el derecho de los
ciudadanos a la seguridad territorial conlleva una responsabilidad de solidaridad y
autoprotección. Esto refleja los principios de autoconservación y supremacía del
interés general, aspectos clave en la gestión de riesgos.

119. Ahora bien, en el proceso se acreditó que la vía colindante al territorio de la
comunidad indígena Telar Luz del Amanecer, después del derrumbe de 2018 de los
puentes ubicados en las veredas El Quebradón y Brisas del Guamuez, es la única
infraestructura de transporte de propiedad pública que comunica a 28 veredas del
municipio de Orito y a las comunidades del municipio de Ipiales.

120. Las actas de 21 y 24 de enero, 20 de febrero, 24 de abril y 7 y 8 de mayo de
2018 de las reuniones celebradas por el Comité municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres de Orito, demuestran el seguimiento que se le hizo al proceso de
inestabilidad de los puentes de la vereda “El Quebrandón” y “Brisas del Guamuez”.

121. En esas reuniones las autoridades locales del municipio de Orito (alcalde,
secretario de planeación, secretario de gobierno y secretario de infraestructura), los
Bomberos, la Cruz Roja, la Policía Nacional, el Ejercito Nacional, la empresa de
servicios públicos Emporito ESP, Parques Nacionales Naturales, la personería
municipal, Ecopetrol y los líderes de las veredas El Achiote, Primavera del Guamuez
y Brisas Del Guamuez evaluaron el nivel de riesgo y adoptaron diversas medidas
de manejo58.

122. Se demostró que, mediante Decreto 067 de 24 de abril de 201859, el alcalde de
Orito efectúo una declaratoria de urgencia manifiesta, por las siguientes razones:

57
Artículo 3.
58
Cfr. Ibidem
59
“Por el cual se declara una urgencia manifiesta por declaratoria de emergencia de desastre en el municipio de Orito y se
dictan otras determinaciones”.

27

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“[…] Que el día 24 de abril de 2018, se recibió llamado por parte de la
comunidad de la vereda El Quebradón, informando que el puente peatonal
que conecta la vía principal con la institución educativa del sector había
colapsado, aclarando que por fortuna no había víctimas humanas o personas
lesionadas. (…)

Que el puente colapsado es de vital importancia para las comunidades de
este sector porque conecta la vía principal desde el municipio de Orito
con la institución educativa y las demás fincas que están al otro lado del
rio.

Que con el colapso del puente se impide que los estudiantes puedan ir a recibir
sus clases y que las personas saquen sus productos principalmente la leche
que se produce en ese sector. por tal razón, es prioritario que se reconstruya
este puente para el beneficio de la estas personas.

Que una de las alternativas que tiene las personas para cruzar es arriesgando
su vida pasando por el rio, el cual puede crecerse de manera súbita generando
un riesgo altísimo para la comunidad, principalmente los estudiantes.

Que la segunda alternativa para transitar es utilizar otro puente peatonal
que está aproximadamente a un kilómetro de distancia aguas abajo del
puente colapsado, sin embargo, este segundo puente no está en las
mejores condiciones y para ser utilizado mientras se reconstruye el
colapsado es necesario hacer unas mejoras considerables, las cuales se
deben hacer de manera inmediata para que sirva como medio de
transporte mientras se termina el afectado, el cual va a tardar mucho más
tiempo para que esté en funcionamiento Que el segundo puente a
intervenir para habilitarlo como paso provisional, también es vital
importancia para el beneficio de las familias que están al otro lado del rio
y que necesitan cruzar constantemente hacia el municipio de Orito.

Que hasta la fecha tanto la Administración Municipal como el CMGRD no
habían recibido ninguna solicitud de intervención a este puente o alerta sobre
algún tipo de riesgo.

Que el dia24 de abril de 2018 se realizó reunión extraordinaria con el Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo, con el objetivo de revisar y evaluar la situación
presentada e informar sobre las determinaciones emanadas desde la
Administración Municipal para la intervención de los dos puentes antes
mencionados, de manera inmediata.

Que el día 24 de abril de 2018, la directora de la Institución Educativa Rural Sinaí
presentó oficio ante la Secretaria de Educación del Municipio, solicitando se
adelanten las gestiones pertinentes ante la emergencia presentada, dado que se
están afectando 7 estudiantes y la docente que tiene su jornada escolar con los
demás estudiantes de la vereda el Quebradón, los cuales deben hacer uso del
puente para llegar a sus clases. […]”. (Negrilla fuera del texto).

123. Se acreditó que los miembros del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres
ordenaron una inspección al sector el 7 de mayo de 2018, para evaluar la
emergencia y definir medidas correctivas. Veamos:

“[…] Eduardo coro (Alcalde Municipal): Informa que hoy efectivamente se
realizó visita en compañía de Ecopetrol y la comunidad del sector de Primavera
del Guamuez para ver de primera mano la situación que fue avisada por la
comunidad; de igual forma menciona la situación es bien delicada porque en el
momento se afectan muchas comunidades que a diario deben cruzar este
puente para realizar sus actividades cotidianas, así mismo recalca que el

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estado crítico del puente no es reciente, que es una situación que ya se había
elevado al departamento y al nivel nacional, sin embargo. hasta el
momento no se ha recibido algún tipo de apoyo para la intervención, se
habían realizado un sin número de visitas en las cuales se plantearon
alternativos de solución que al final no se llevaron a cabo es importante
mencionar que la solución definitiva al problema de socavación que ha
venido presentando el rio en los estribos del puente, supera la capacidad
financiera del municipio, por tal razón el tema se elevó a Ecopetrol y a las
demás instituciones competentes. De todas maneras la situación de hoy es
que se ha afectado la vía en la rampa de acceso al puente y esto hace que
necesariamente se deba hacer una intervención inmediata para habilitar el
paso de las personas y vehículos pequeños. Porque el día de hoy fue necesario
acordonar el lugar para que las personas no corran algún tipo de riesgo
al cruzar el puente. Es importante mencionar que en el mes de enero del
presente año la administración municipal mediante decreto restringió el
tráfico de carga pesada por este puente, de igual forma de destinaron
algunos recursos para hacer algún tipo de intervención buscando apoyo
del Ejército. Ecopetrol y la Gobernación del Putumayo.

El objetivo era en primera instancia contratar los estudios y diseños o apoyar
con combustible para que con la maquinara del ejército se hiciera algún tipo de
dragado que disminuyera el impacto de agua en los estribos del puente, sin
embargo, la gobernación mencionó que va a contratar lo consultorio y de esta
monera realizar una solo intervención entre todas las instituciones. La realidad
es que el dio de hoy hay que tomar medidas inmediatas para afrontar esta
situación, de esta monera por pare de la administración municipal se
cuenta con unos recursos que se pueden ejecutar de manera inmediata
por medio de una urgencia manifiesta de acuerdo a la orientación jurídica
que se recibió.

El segundo tema a tratar en esta reunión es la situación de emergencia
del puente sobre el rio Guamuez en el sector de la vereda Brisas del
Guamuez de la siguiente manera:

Eduardo Ocoro (Alcalde Municipal): Menciona que esta situación es similar y
quizá un poco más delicada que la descrita anteriormente, dado que el
problema de socavación en dicho sector ha caudado mayor impacto en la
estructura del puente, menciona que este puente comunica a las
comunidades de Orito y Valle del Guamuez, de esta manera es importante
articular los esfuerzos entre los dos municipios y la gobernación del
Putumayo y actuar de manera inmediata dado que en el momento está
restringido totalmente el paso para las comunidades de esta sector. los
cual es muy delicado. Menciona que de los recursos que se tienen
destinados por el municipio para la intervención de los puentes, se debe
hacer el mismo procedimiento de la contratación de los estudios y
diseños para luego buscar los recursos y dar una solución definitiva a
esta situación. (…)

Édison Ramírez (Secretario de Gobierno): informa que el día de mañana se
realizará visita puente de Brisas del Guamuez con el acompañamiento de
Infraestructura departamental, Infraestructura municipal Orito,
organismos de socorro, Planeación y gestión del riesgo de Valle del
Guamuez con el objetivo de revisar desde el sitio una alternativa de solución
inmediata y una solución definitiva a esta problemática un parte de tranquilidad
a estas comunidades que tanto necesitan este medio de transporte para
realizar sus actividades diarias y sacar sus productos a la zona urbana.

También de ser necesaria se incluirá la tubería que ofreció Ecopetrol para este
puente. De acuerdo a los dos temas mencionados anteriormente, el secretario
de gobierno como coordinador del CMGRD, pone a consideración de los

29

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participantes del comité que tiene voz y voto para que respalden la decisión de
la administración municipal para hacer la declaratoria del urgencia manifiesta
con el objetivo de ejecutar de manera directa los recursos que el municipio tiene
disponibles para atender esta dos situaciones; de esta manera los 10 asistentes
a esta reunión con voz y voto, de los 16 que conforman el comité. […]” 60
(Negrilla fuera del texto).

124. En esa reunión, se adoptaron estos compromisos:

“[…] Prohibir el paso de manera total por el día de hoy, y hasta que se
habilite el paso de manera segura por dicho puente.

Con el apoyo del ejército nacional se realizará el control del paso en el puente.

Informar por medios radiales la prohibición del paso e informar a los
profesores de Siberia que los alumnos de las veredas que deben posar el
puente, no podrán asistir a sus clases hasta nueva orden.

Para el caso de Brisas del Guamuez de acuerdo a la visita que se realizará
el día de mañana, se tomaran las decisiones pertinentes y prioritarias para
atender la situación de la mejor manera. […]” (Negrilla fuera del texto).

125. El acta de 8 de mayo 2018 recopila los resultados de la visita técnica, así:

“[…] De igual forma en la visita ocular realizada se puede mencionar de manera
preliminar que la situación de esta estructura es muy grave dado la socavación
que se está presentando debido a la fuerza del rio (sic). en la margen derecha
aguas abajo del lado de la vereda Las Delicias del municipio de Valle del
Guamuez, en este punto donde está la estructura de soporte del puente se
observa también el desplazamiento de material desde la parte alta de la
montaña que cae sobre la plataforma del puente, de acuerdo a los testimonios
de la comunidad en la última semana se desmoronaron cerca de 4 metros de la
peña donde está el estribo del puente, este material ocasionó fuertes averías a
los pasamanos y pendolones del mismo, se evidencio algunos pendolones
totalmente fracturados, lo cual indica un riesgo total para usar este
puente. Se puede decir que si la fuerza del rio continua (sic) socavando de esta
manera, hay un alto riesgo de que la estructura que soporta el puente colapse
en su totalidad. También se evidencio que un poste que sostiene las cuerdas
del fluido eléctrico de la zona está a punto de colapsar debido la socavación del
talud en toda el área paralela al rio, esto sería fatal para estas familias porque
se quedarían sin el servicio de la energía, las personas de la comunidad
mencionan también un riesgo inminente para las dos casas que se encuentran
cercanas al talud del rio (sic).

En el momento se están afectando las comunidades de 8 veredas del municipio
de Orito que deben usar este puente diariamente para transportar los productos
que sacan, principalmente leche y sus derivados, también está afectando los
estudiantes que ya no pueden llegar hasta la institución educativa a recibir sus
clases, las familias que deben salir hasta el casco urbano de Orito y Valle del
Guamuez a realizar diligencias personales y proveerse de alimentos, insumos
agrícolas, etc.

(…) El estado actual del puente indica que se debe prohibir totalmente el paso
de toda clase de vehículos, el día 07 de mayo de 2018 se había plantado la
posibilidad de instalar una rampa de acceso metálico al puente para habilitar el
paso de manera provisional, sin embargo, dadas las condiciones del puente, del

60
Cfr. Índice 100 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado
“157_RECIBEMEMORIALES_PARTE1(.pdf) NroActua 100”.

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estado de la vía en el acceso y el peso de dicha estructura, el área de la
infraestructura municipal recomienda que esta rampa no se instale ya que lo
único que haría es generar más peso y vibración sobre el puente, aumentando
el riesgo de colapso o de agigantar el cráter que ya se presenta en la banca en
el tramo de acceso al puente.

(…) Con la prohibición del paso por el puente, se están afectando más de 30
veredas de las inspecciones de Siberia y Churruyaco del municipio de Orito,
además de las veredas del corregimiento Jardines de Sucumbios del municipio
de piales que también hacen uso de esta importante vía; se está afectando el
transporte escolar de los estudiantes que deben 'llegar hasta las instituciones
educativas a su jomada escolar. se están afectando el transporte de víveres que
entran y salen a estas inspecciones, se está afectando el transporte de
personas enfermas que deben llegar hasta el hospital de Orito. y las demás
actividades cotidianas de las familias que viven esos sectores.

(…) 3. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS
• Cierre total del puente de Brisas del Guamuez.
• Prohibir el paso de toda clase de vehículos sobre el puente de
Primavera del Guamuez.
• Realizar el acto administrativo que permita ejecutar los recursos de manera
inmediata para afrontar estas dos situaciones de emergencia.
• Que se realice Comité Extraordinario Departamental del (sic) Gestión del
Riesgo, para articular acciones institucionales e intervenir de manera
inmediata estos dos puentes.
• Enviar copia de la presente acta y del acto administrativo que se firme a las
intuiciones (sic) del orden departamental y nacional para que realicen los
apoyos necesarios. […]”. (Negrilla fuera del texto).

126. Esta situación de emergencia se trató nuevamente en el Comité Extraordinario
de Gestión del Riesgo de Desastres de 18 de mayo. En esa reunión se subrayó que
era urgente que el alcalde decretara la respectiva calamidad pública. Aunado a ello,
se solicitó la creación de un plan de acción por parte de las autoridades
respectivas61. Del acta de esa reunión, se destaca el siguiente apartado:

“[…] Eduardo Ocoro (Alcalde Municipal): Recalca que las situaciones de
emergencia antes mencionadas con la ola invernal de 2018 se agudizaron en
gran manera, para el caso del puente de Primavera del Guamuez, las ultimas
crecientes del rio se llevaron los bolsacretos que protegían el estibo del puente
y además estas mismas crecientes afectaron la rampa de acceso al puente
por lo cual en el momento no hay paso vehicular por el puente y se debe
intervenir de inmediato, igual pasa con el puente en Brisas del Guamuez
que al ser el mismo rio también las crecientes han afectado el talud que
sostiene la base del puente y amenaza llevársela en su totalidad.

Para el caso de la socavación en la vereda Buenos Aires y los Ríos, la fuerte
ola invernal de 2018 ha agudizado estos escenarios de riesgo. Informa que el
día de hoy se realizó Comité Departamental de Gestión del Riesgo en el cual
se socializaron los resultados de la visita técnica realizada la semana pasada
a estos sitios (puentes), y por parte de la gobernación se informó de la
destinación de recursos por más de 2.000 millones para la descolmatación de
estos dos sitios de rio Guamuez como medida inmediata para mitigar las
afectaciones ocurridas en los puentes, sin embargo, la propuesta de los
municipios tanto Orito como Valle del Guamuez es que estos recursos no
solo se inviertan en descolmatación sino que se puedan contratar los
estudios diseños y construcción de las obras de mitigación para

61
Cfr. Ibidem – fls, 15 a 20

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optimizar dicho recursos, la idea es una voz se tengan los estudios
involucra las demás instituciones de orden nacional para que aporten los
recursos necesarios y poder dar soluciones definitivas para beneficio de
esta comunidades.

De acuerdo a lo anterior es necesario que por parte del municipio de Orito se
declare la calamidad pública y se presente el respetivo plan de acción (…)

De acuerdo a la votación anterior con un total de 11 votos a favor, por
parte de CMRD se da la viabilidad a la administración municipal para
declarar la calamidad pública. […]”. (Negrilla fuera del texto).

127. El acta de 7 de agosto de 2018 del citado comité describe el nivel de riesgo
existente, así:

“[…] Con el acompañamiento de ingenieros civiles de la alcaldía de Orito, Valle
del Guamuez, Ecopetrol, ingenieros de firmas contratistas del municipio.
Ejército Nacional, Secretaria de Gobierno, presidente de Asojuntas, J.A.C
Siberia, Primavera del Guamuez, Nogales y demás comunidad afectada, se
realizó visita de campo para verificar en terreno la condición del paso
provisional que dio sobre el puente del rio Guamuez en el sector de Primavera
y de esta manera dar viabilidad a dicha decisión o por el contario nuevamente
cerrar el paso para vehículos. En la visita se pudo observar que la estructura
metálica podría continuar la afectación del talud que la soporta, también
se evidencia que la socavación es constante y empeora día a día tanto el
acceso como el estribo del puente, de esta manera con el paso de
vehículos dicha socavación podría llegar hasta los muertos de anclaje
que sostienen el puente a su vez afectarían una vivienda y un poste de
energía próximo al puente; por otra parte de evidencia el paso de
vehículos con carga y con pasajeros los cuales pasan sin importar el tema
del riesgo que corren y el compromiso de únicamente pasar los vehículos
vacíos, lo cual se convierte en un riesgo muy alto tanto para las personas
como para la infraestructura. La comunidad también menciona que otra
preocupación es que si llegara a colapsar el puente, podría haber una
contaminación al rio dado que el oleoducto OCHO está ligado a la estructura
del puente.

(…) se realizó nueva visita para revisar la afectación al puente sobre el rio
Guamuez en el sector de Brisas, con el ánimo de en conjunto buscar
alternativas de solución técnicamente viables y en el menor tiempo posible. A
pesar de que es un puente peatonal, en el momento hay más de 10
veredas de los dos municipios afectadas por dicha situación, se pudo
evidenciar que la fuerza del rio continua la socavación y el talud que sostiene
la base del puente sobre la margen derecha aguas abajo, cada día se debilita
más y de esta menar podría llegar a colapsar el puente en su totalidad. A
continuación se presenta el registro fotográfico de la visita. […]”. (Negrilla fuera
del texto).

128. El acta de 19 de octubre de 2018 compiló las siguientes observaciones:

“[…] Edinson Ramírez (Secretario de Gobierno): Acerca de la situación del
Puente sobre el rio Guamuez en la vereda Primavera, informa que por parte de
la administración municipal desde el día que se presentó la afectación en la
rampa de acceso al puente y se decretó la calamidad pública, se han
adelantado todas las gestiones pertinentes para dar una solución
prioritaria a estas comunidades afectadas, el limitante principal ha sido la
falta de un concepto técnico que avale la inversión de recursos en esta
estructura, no obstante, los estudios ya se están adelantando con el

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Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
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apoyo de Ecopetrol y con la contratación de un ingeniero estructural
experto en la materia, se espera contar con el aval técnico lo más pronto
posible para realizar la respectiva intervención. Es importante mencionar
que se ha gestionado apoyo con la Gobernación del Putumayo.

Sin embargo, los recursos comprometidos para esta problemática no se han
ejecutado a la fecha y solo se utilizarán para obras de mitigación. […]”.
(Negrilla fuera del texto).

129. Más adelante, el alcalde municipal de Orito, mediante Decreto 131 de 25 de
junio de 201962, resolvió: (i) declarar “[…] la existencia de situación de calamidad
pública en la jurisdicción del municipio de Orito - Putumayo, en razón de la
inclemente ola invernal en el año 2019, lo cual ha afectado algunos sectores del
municipio […]”; (ii) ordenar la elaboración del “[…] plan de acción específico, el cual
será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que
deban contribuir a su ejecución […]”; y (iii) ejecutar el citado plan “[…] por el CMGRD,
(…) junto con las demás dependencias de orden municipal, departamental o
nacional, así como por las entidades del sector privado que se vinculen a quienes
se les fijarán tareas respectivas en el documento, este plan de acción será avalado
por el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres […]”.

130. La parte resolutiva de ese acto administrativo explicó lo siguiente:

“[…] Que el día 21 de junio el IDEAM emitió los boletines de las condiciones
hidrometereológicas actuales, número 0718, 0719 y 0721, generando la alerta
naranja por probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta y media del
rio Putumayo y sus afluentes, especialmente los ríos San Miguel, Sucio,
Guineo y Guamuez, se recomienda especial atención en los municipios
de Puerres (Nariño), Santiago, Villagarzón, Orito y Puerto Asís
(Putumayo).

Que el día 21 de junio de 2019 se realizó reunión extraordinaria con el
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde se analizaron las
diferentes situaciones de emergencia que se están presentando en el
municipio a causa de la fuerte ola invernal que se ha suscitado durante el
año 2019.

Que el día 22 de junio el IDEAM emitió los boletines de las condiciones
hidrometereológicas actuales, número 0722, 0723, 0724 y 0725, generando la
alerta naranja por Probabilidad de crecientes súbitas en afluentes de la cuenca
media del río Putumayo. Se mantienen los niveles en ascenso en el rio
Putumayo, a la altura de Puerto Leguízamo.

Que por el colapso del puente de Primavera del Guamuez cerca de A mil
personas se ven afectadas, dado que el puente comunica a dos
municipios y dos departamentos (22 veredas de la inspección Siberia y 6
de la inspección Churuyaco en Orito, y comunidades del corregimiento
de Jardines de Sucumbíos de piales Nariño, que únicamente tienen salida
por el municipio de Orito); se está afectando el transporte escolar de los
estudiantes que deben llegar hasta las instituciones educativas a su jornada
escolar, se están afectando el transporte de víveres que entran y salen a estas
inspecciones, se está afectando el transporte de personas enfermas que deben
llegar hasta el hospital de Orito, y las demás actividades cotidianas de las
familias que viven esos sectores. Además, por la búsqueda ESP situación de

62
“Por el cual se declara una situación de calamidad pública en el municipio de Orito y se dictan otras disposiciones”.

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riesgo del caserío de la vereda Primavera del Guamuez, se hace necesario
reubicar las 30 familias de manera prioritaria.

Que por el colapso del puente de Brisas del Guamuez ocurrido el día 22
de junio a eso de las 3:00 pm, dado que la socavación del rio derribó una
de las torres, se tiene 6 veredas del municipio de rito y 3 de Valle del
Guamuez totalmente incomunicadas que deben usar este puente
diariamente para transportar los productos que sacan, principalmente
leche y sus derivados, también está afectando los estudiantes que no
podrán llegar hasta la institución educativa a recibir sus clases, las
familias que deben salir hasta el casco urbano de Orito y Valle del
Guamuez a realizar diligencias personales y proveerse de alimentos,
insumos agrícolas, etc.

Que el día 23 de junio el IDEAM emitió los boletines de las condiciones
hidrometereológicas actuales, número 0726, 0727, y 0729, generando la alerta
naranja por Probabilidad de crecientes súbitas en afluentes de la cuenca media
del rio Putumayo. Se mantienen los niveles en ascenso en el rio Putumayo, a
la altura de Puerto Leguizamo.

Que el día 23 de junio de 2019 se realizó reunión extraordinaria con el Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para dar viabilidad de manera
democrática a la administración municipal, para hacer la declaratoria de la
calamidad pública en el municipio, con el ánimo de gestionar los recursos
necesarios y realizar las acciones correspondientes para afrontar las diferentes
situaciones de emergencia presentadas, definidas en un plan de acción para
atención a corto, mediano y largo plazo. con aspectos como movilidad, salud,
educación, alimentación, arrendamiento, reubicación, etc.

Que el día 24 de junio el IDEAM emitió los boletines de las condiciones
hidrometereológicas actuales, número 0730, 0731, 0732 y 0733, generando la
alerta roja por probabilidad de crecientes súbitas en la parte alta y media del
río Putumayo y sus afluentes, especialmente los ríos San Miguel, Sucio, Guineo
y Guamuez, se recomienda especial atención en los municipios de Puerres
(Narino), Santiago, Villagarzón, Orito y Puerto Asís (Putumayo).

Que el día 25 de junio el IDEAM emitió los boletines de las condiciones
hidrometereológicas actuales, número 0734 y 0736, generando la alerta
naranja el cumplimiento del estándar PDF/A y se ha abierto en modo de
solo lectura para evitar que se modifique por probabilidad de crecientes
súbitas en la parte alta y media del rio Putumayo y sus afluentes,
especialmente los ríos San Miguel, Sucio, Guineo y Guamuez, se
recomienda especial atención en los municipios de Puerres (Nariño),
Santiago, Villagarzón, Orito y Puerto Asís (Putumayo). […]”. (Negrilla fuera
del texto).

131. El plan de acción establecido en el Decreto 131 de 2019 incluyó dentro del
componente de movilidad y transporte, la actividad correspondiente a la “[…]
habilitación vía alterna para comunicación de 28 veredas de ORITO y comunidades
de Ipiales […]”, veamos:

RECU
RESPONSABLES RSOS
(millo
MILLONES DE PESOS nes)

MUNICIPIO ECOPETROL
ACTIVIDADES METAS INDICADOR
DPTO

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Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
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Estudios y
diseños para el Estudios y
nuevo puente 1 diseños 1.000 1.000
en Primavera entregados
del Guamuez
Gestión de
recursos para
Proyecto
la Construcción
presentado
del nuevo 1
ante la
puente en
UNGRD
Primavera del
Guamuez
Habilitación vía
alterna para
comunicación
de 28 veredas 1 Vía adecuada 160 200
25 15
de Orito y
comunidades
de Ipiales.
Movilidad y Habilitación
Transporte puente Puente
peatonal en 1 peatonal
Primavera del instalado
Guamuez
Habilitación
Puente
puente
1 peatonal 25
peatonal La 25
habilitado
piraña
Estudios y
diseños para el Estudios y
nuevo puente 1 diseños 700 700
en Brisas del entregados
Guamuez
Gestión de
recursos para
Proyecto
la Construcción
presentado
del nuevo 1
ante la
puente en
UNGRD
Brisas del
Guamuez

132. Para garantizar la seguridad de la vía alterna, el municipio de Orito y el
Consorcio Craing celebraron el contrato de obra 221 de 2019, que involucró, entre
sus objetivos, el deber de pavimentar la vía carreteable que colinda con el resguardo
mencionado. Dicho proyecto se denominó “[…] Mejoramiento de Vías Terciarias en
los municipios de Orito y Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo […]”.

133. El informe núm.3 del citado contrato, elaborado en octubre 2022, demuestra
que la obra cuenta con un plan vial enfocado a garantizar el derecho colectivo a la
prevención de desastres previsibles técnicamente, tal y como se deduce de los
siguientes apartados:

“[…] 3. INFORMACIÓN GENERAL
El proyecto N° 221 del 2019 contempla el mejoramiento de vías urbanas
mediante pavimentación concreto rígido, MR3=4.2 MPa con un ancho de
calzada de 8m, incluyendo berma con un ancho de 1m en ambos márgenes de
la vía, con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes

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Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
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contando con estándares óptimos de movilidad. El proyecto en mención se
ubica sobre la vía que conduce Siberia – El Placer, en zona rural de Orito.

(…) 4.1. Contexto frente de obra
La implementación del plan de manejo de tránsito tiene como objetivo mitigar
el impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías o en las zonas
aledañas a éstas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil
y cómodo a los conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos
del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación
del tránsito.
En el periodo reportado se encuentra activo un frente de obra, ubicado en la
vía que, de la inspección de Siberia conduce al Placer, donde se adelanta la
construcción de las obras

correspondientes a mejoramiento de vías urbanas mediante pavimentación
concreto rígido, MR3=4.2 MPa con un ancho de calzada de 8m, incluyendo
berma con un ancho de 1m en ambos márgenes de la vía
4.2. Plan de manejo de tránsito PMT
Para realizar un manejo adecuado del tránsito en las vías intervenidas por la
obra, se ha diseñado un Plan de manejo de tránsito orientado bajo lineamientos
del capítulo 4, SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y CARRETERAS AFECTADAS
POR OBRAS del manual de señalización vial, NORMAS INVIAS.

4.3. Implementación de PMT
4.3.1 Disposición de señalización
La señalización dispuesta se ha realizado de acuerdo a las condiciones
particulares de la obra y lo establecido en el manual de señalización 2015,
capítulo 4 “señalización de calles y carreteras afectadas por obras”. Donde se
ha dispuesto los siguientes tipos de señalización:
Señalización reglamentaria (…)
Señales Preventivas (…)
Señal informativa (…)
4.3.2 Dispositivos para la canalización del tránsito.
Conos, delineadores tubulares: Estos dispositivos nos ayudan a delinear
carriles temporales de circulación, en la formación de carriles de tránsito que
entran a zonas de reglamentación especial y en general en la desviación
temporal del tránsito por una ruta.
Barreras plásticas flexibles o metálicas: Las barreras plásticas se utilizan
para restringir y canalizar el tránsito vehicular, cuando se genera un cierre total
o parcial de la vía. (ver fotografía 10)

4.3.3 Dispositivos manuales
Paletas (…)
Radios de comunicación (…)
4.3.4 Auxiliares de tránsito
Personal encargado de guiar en forma segura los conductores y trabajadores
y estarán en contacto directo con la ciudadanía; es personal debidamente
capacitado con conocimientos de las normas básicas de tránsito, este personal
corresponde a mujeres de la zona de influencia del proyecto. Ellas están
dotadas de paletas con los mensajes PARE y SIGA (una por cada cara),
barreras plásticas flexibles, conos, sombrillas, radio de frecuencia punto a
punto para lograr una comunicación efectiva y facilitar el tránsito de vehículos.
Este personal también se encarga de realizar las movilizaciones de
señalización en las áreas de trabajo con el objetivo de lograr un despliegue de
señalización adecuada y que el tránsito vehicular se oriente al pasar por estos
sitios de intervención. (véase en fotografía 12). […]”.

134. El informe además acredita que la cifra de accidentalidad es de 0, conforme a las
siguientes consideraciones:

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“[…] 5. CONCLUSIONES
El avance de actividades presentado en el informe número uno muestra la
gestión adelantada para la adecuada implementación del Plan de manejo de
tránsito, esto debido a que en este periodo se desarrolló actividades en la
vereda el jardín con miras hacia construcción de vías terciarias en concreto
rígido.
Las cifras de accidentalidad se reducen a 0%, lo que confirma la eficacia
de la implementación de señalizaciones de tipo reglamentarias,
informativas, preventivas, entre otras. Adicionalmente estas señales
brindan la posibilidad de que tanto el contratista, así como la comunidad
circundante por este corredor vial desarrollen sus actividades sin
percances.
Se identifica y se señalizan las áreas que se están interviniendo definiendo
áreas clasificadas y de alto riesgo, evitando la generación de accidentes con
vehículos y maquinaria de acuerdo al desarrollo de actividades simultaneas.
Se debe continuar con las actividades de señalización y adecuado control
de tráfico con el objetivo de avanzar en la ejecución de las actividades sin
generar accidentes tanto para el personal de la empresa como para
terceros que transitan por la vía. […]”. (Negrilla fuera del texto).

135. De la lectura del material probatorio supra, la Sala concluye que las entidades
demandadas han actuado conforme a los principios de protección y vulnerabilidad
aplicables en materia de gestión de riesgos de desastres, al adoptar medidas
oportunas y efectivas para proteger la vida, la seguridad y la movilidad de las
comunidades afectadas por la ola invernal que causó el derrumbe de los puentes
ubicados en las veredas El Quebradón y Brisas del Guamuez.

136. El Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres realizó varias sesiones
entre enero y octubre de 2018, en las que evaluó el nivel de riesgo, definió acciones
correctivas, solicitó estudios técnicos y solicitó la declaratoria de calamidad pública.
Así mismo, el alcalde de Orito expidió los Decretos 067 de 2018 y 131 de 2019, en
los que ordenó la elaboración y ejecución de un plan de acción específico, que
incluyó la habilitación de una vía alterna para comunicar a las 28 veredas de Orito
y a las comunidades de Ipiales.

137. Para garantizar la seguridad del nuevo tramo vial el municipio de Orito y el
Consorcio Craing suscribieron el contrato de obra 221 de 2019, con el fin de
pavimentar esa vía carreteable. Ese contrato contó con un plan de manejo de
tránsito, basado en las normas del INVIAS, para evitar accidentes o inconvenientes
durante la ejecución de la obra.

138. De esta manera, se puede afirmar que las entidades accionadas están
respetando el derecho colectivo a la prevención de riesgos previsibles
técnicamente, al demostrar un compromiso en la gestión del desastre natural que
afectó la movilidad del sector, y al buscar soluciones integrales (temporales y
permanentes) que permitan superar la crisis generada por el colapso de los dos
puentes.

139. Sin duda alguna Ecopetrol, sus contratistas y los miembros de la comunidad en
general, deben utilizar la ruta cuestionada como único trayecto seguro hasta que se
adopte la medida definitiva de construcción de la infraestructura vial. En este caso,
el principio de prevalencia del interés general debe primar para que toda la

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comunidad pueda acceder a la ruta alterna, la cual es indispensable para garantizar
el acceso a bienes y servicios básicos, como la salud, la educación, el comercio y
la seguridad.

140. Se destaca que este camino está siendo utilizado desde hace más de 30 años
por los usuarios de la vía (públicos, privados y comunitarios) y, en los últimos 2 años
no se presentó ningún incidente grave que afecte su integridad. Por ello, no es cierto
que, en el contexto de la causa petendi, se haya demostrado la transgresión o
amenaza del derecho previsto en el literal l) del artículo 4.° de la Ley 472.

141. Finalmente, teniendo en cuenta el alcance limitado de la causa petendi
propuesto en la demanda de la referencia, tampoco es posible efectuar un
pronunciamiento sobre el deber de las entidades demandadas relacionado con la
reconstrucción de los mencionados puentes, pues ello excede el debate judicial
propuesto por la parte demandante.

V.2.2.2. La presunta transgresión o amenaza del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano por el uso de la vía carreteable por las empresas del sector
de hidrocarburos

142. La parte demandante sostiene que el uso de la vía carreteable La Hormiga - El
Placer - Las Brisas – Siberia - Orito, por parte de Ecopetrol y sus empresas
contratistas, desconoce el derecho al goce de un ambiente sano, porque: (i) no se
agotó el trámite de consulta previa; (ii) el ruido de los carros afecta la audición, la
concentración en las escuelas y la tranquilidad física y psicológica de los miembros
de la comunidad; y (iii) el material particulado contamina el aire.

143. Para resolver, es pertinente indicar que uno de los componentes del derecho
colectivo al goce de un ambiente sano, conforme al artículo 79 de la Constitución
Política, es “[…] la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo […]”. Igualmente, según el artículo 22 de la Declaración de Río sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, las comunidades locales tienen un papel esencial
en la gestión ambiental por sus conocimientos y prácticas tradicionales. Por este
motivo, los Estados deben garantizar su participación efectiva en la consecución del
desarrollo sostenible.

144. También la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado que, en el
contexto de las acciones populares, la consulta previa se convierte en uno de los
mecanismos que pueden utilizar los grupos étnicos para participar en las decisiones
que puedan impactar ambientalmente sus territorios.

145. Este mecanismo de participación se soporta en los artículos 1º, 7º, 70, 171, 176,
246, 286, 329 y 330 de la Constitución Política, en el Convenio 169 de la OIT “Sobre
pueblos indígenas y tribales en países independientes”, en la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, y en otras
normas e instrumentos de orden interno y supranacional.

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146. El Convenio 169 de la OIT63 exige que los pueblos indígenas y tribales sean
consultados en relación con las medidas legislativas o administrativas susceptibles
de afectarles directamente64. Frente al concepto de “afectación directa”, la Corte
Constitucional ha precisado que ese criterio refiere al evento en que el grupo étnico
sea objeto de una intromisión intolerable en sus dinámicas sociales, económicas y
culturales65.

147. La Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, mediante concepto de
20 de junio de 2017, enlistó los siguientes criterios reconocidos por la Corte
Constitucional en la sentencia C-1051 de 2012, a efectos de determinar cuándo una
decisión o actividad afecta a un grupo étnico directamente:

“[…] i) La regulación de materias contenidas en el Convenio 169 de la OIT
da lugar a una afectación directa. En este sentido, se ha indicado que sería
necesario realizar la consulta previa cuando se trate de medidas
relacionadas con: a) la prospección o explotación de los recursos existentes
en los territorios de los pueblos indígenas o tribales, b) el traslado o
reubicación de estos de las tierras que ocupan, c) la capacidad de enajenar
sus tierras o de transmitir sus derechos sobre estas por fuera de la
comunidad, d) la organización y funcionamiento de programas especiales
de formación profesional, e) las condiciones para crear instituciones de
educación y autogobierno, y f) la enseñanza y conservación de la lengua.

(…) Sin embargo, la simple referencia temática a estos asuntos no es
suficiente por sí misma para establecer una afectación directa; se requiere
analizar en cada caso el alcance y contenido específico de cada medida
como tal, para efectos de establecer su impacto y su nivel de afectación
sobre el derecho, o los derechos, relevante(s) en cada caso”.

ii) Debe tenerse en cuenta el significado que para las comunidades tengan
los bienes o prácticas sociales afectadas con la medida.

iii) Así mismo debe revisarse si la medida afecta los intereses de las
comunidades: “La gravedad de la afectación de la medida legislativa debe
igualmente evaluarse, teniendo en cuenta “aquellas políticas que en razón
de su contenido o implicaciones interfieran directamente con los intereses
de las comunidades diferenciadas”.

iv) Puede existir una afectación directa cuando la medida tiene como
propósito principal regular una o varias comunidades étnicas o tiene
mayores efectos en estas que en el resto de la población.

v) Se presenta una afectación directa si la medida legislativa regula materias
sobre las cuales los pueblos indígenas tienen derechos constitucionales
específicos.

vi) Puede existir también una afectación directa cuando se trata de asuntos
relacionados con los territorios de los grupos étnicos, tales como el territorio

63
Aprobado por el Congreso de la República a través de la Ley 21 de 1991, el cual forma parte del bloque de
constitucionalidad.
64
Si bien es cierto el Convenio 169 de la OIT constituye el principal instrumento internacional, lo cierto es que existen otros
instrumentos internacionales donde se reconoce dicho derecho, como son: el Pacto Internacional sobre los Derechos, Civiles
y Políticos –en adelante PIDCP–, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, PIDESC-, y la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, CADH, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas aprobada por la Resolución 61 de 295 y la Convención para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial.
65
Cfr. Sentencias C-418 de 2002, C-891 de 2002, C-208 de 2007, C-030 de 2008, C-461 de 2008, C-175 de 2009, C-615 de
2009, C-702 de 2010, C-196 de 2012, C-389 de 2016 y C-007 de 2018

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en sí mismo, el aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la explotación
de recursos naturales en las zonas en que se asientan las comunidades.

vii) Para determinar la afectación directa de una medida legislativa debe
tomarse en consideración si esta es de aplicación directa, o si por el
contrario consagra un marco normativo general que tiene que ser
desarrollado posteriormente a través de otros actos jurídicos, como leyes y
actos administrativos.

viii) Finalmente, la ocurrencia de una afectación directa puede establecerse
teniendo en cuenta los antecedentes históricos de la medida.

Ahora bien, también es importante destacar la importancia que tiene en el
estudio del requisito de la afectación directa la materia objeto de la medida,
especialmente cuando se trata de medidas de naturaleza general no
dirigidas de forma particular o concreta a las comunidades étnicas […]”

148. Del anterior extracto se deduce que la consulta previa procede cuando las
medidas legislativas o administrativas regulan materias contenidas en el Convenio
169 de la OIT, o afectan directamente los derechos, intereses, bienes o prácticas
sociales de los pueblos indígenas o tribales.

149. Para determinar lo anterior, se debe analizar: (i) el alcance, contenido e impacto
de cada medida, así como el significado que para las comunidades tengan los
asuntos involucrados; (ii) si la medida tiene como propósito principal o efectos
mayores regular una o varias comunidades étnicas; (iii) si regula materias sobre las
cuales estos grupos tienen derechos constitucionales específicos; (iv) si se refiere a
asuntos relacionados con sus territorios o recursos naturales; y (v) si es de aplicación
directa, requiere de desarrollo posterior o tiene antecedentes históricos relevantes.

150. Sin embargo, al revisar el cumplimiento de estos supuestos en el caso concreto,
frente al uso que Ecopetrol y sus contratistas hacen de la ruta que colinda con el
territorio de la comunidad indígena, no se observa que sea procedente el ejercicio
de dicho mecanismo de participación por 5 razones jurídicas.

i) La propiedad de la vía carreteable

151. El artículo 63 de la Constitución Política, el artículo 674 del Código Civil 66, el
artículo 5° de la Ley 9ª de 11 de enero de 198967 y el artículo 5° del Decreto 1504
de 4 de agosto de 199868, compilado en el artículo 2.2.3.1.5 del Decreto 1077 de 26

66
“ARTÍCULO 674. <BIENES PUBLICOS Y DE USO PUBLICO>. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio
pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas,
puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio”.
67
“Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras
disposiciones”.
“Artículo 5º. Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas
colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, (…)
las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías”.
68
“Artículo 5º. (…) El espacio público está conformado por el conjunto de los siguientes elementos constitutivos y
complementarios: (…) 2. Elementos constitutivos artificiales o construidos:
a) Ares integrantes de los sistemas de circulación peatonal y vehicular, constituidas por:
i) Los componentes de los perfiles viales (…)
ii) Los componentes de los cruces o intersecciones”.

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de mayo de 201569, reconocen que la vía del proceso es un bien de uso público
destinado a la utilización y disfrute colectivo.

152. Conforme a la certificación de 14 de octubre de 2022, elaborada por el jefe de
Desarrollo Urbano de la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Orito, la
ruta se catalogó al interior de esa jurisdicción como una vía terciaria de propiedad
del municipio.

“[…] Una vez revisada la cartografía que hace parte integral del PBOT, y en
especial lo contenido en el anexo 3/16 División veredal, se evidencio que la vía
comprendida entre el centro poblado Siberia - el placer y específicamente hasta
el punto, descrito con coordenadas latitud 0.535011°; longitud -77.024500°; en
una ruta aproximada de 1.925 ml hasta el punto denominado "puente roto" es
una vía terciaria, que hace parte del inventario de vías terciarias del Municipio,
en material asfaltado en regular estado.

Es importante mencionar que, posterior a la coordenada antes descrita, la vía
se integra al Municipio de Valle del Guamuez. […]”

153. Según la certificación 130-07-058 de 5 de febrero de 2020, expedida por la
Secretaría de Obras Públicas del Valle de Guamuez, la ruta se categoriza en esa
jurisdicción como de segundo orden. El respectivo documento señala:

“[…] Que, de acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT)
(acuerdo No 17 del 12 de diciembre de 2003, Componente Rural, Articulo 4.5
ÁREA DE CORREDORES VIALES numeral4.5.3 ÁREA DE CORREDOR VIAL
INTERMUNICIPAL, la vía que comunica La Hormiga (Valle del Guamuez) con
Siberia (Orito); esta categorizada como vías de SEGUNDO ORDEN. […]”

154. La citada infraestructura vial, además de hacer parte del Sistema Nacional de
Transporte, justamente está diseñada y regulada con el propósito de garantizar la
materialización de los intereses de la colectividad relacionados con la libre
circulación por el territorio nacional, el acceso a los bienes afectados para el uso y
goce público, el acceso y expansión del comercio, el desarrollo social y económico,
y la prosperidad general, entre otras garantías difusas o supraindividuales.

155. Finalmente, la Sala recuerda que la Ley 105 consagró el principio de “[…] acceso
al transporte […]”, según el cual se debe garantizar que el usuario “[…] pueda
transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas condiciones de
acceso, comodidad, calidad y seguridad […]” 70.

ii) El uso de la vía carreteable es una obligación que se desprende del
funcionamiento del SNGRD

156. Se debe tener en cuenta que la decisión de utilizar la ruta del debate procesal
por parte de Ecopetrol, las empresas demandadas, los usuarios de las 28 veredas
del municipio de Orito y los usuarios del municipio de Ipiales, da cumplimiento a la
decisión adoptada por los miembros del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres

69
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”.
70
Ley 105 de 1993, artículos 2.°, literal e., y 3.° y Ley 769 de 2002, artículos 1°. y 7.°.

41

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del municipio de Orito los días 7 y 8 de mayo de 2018, en donde se ordenó el cierre
total de los puentes ubicados en la vereda “El Quebrandón” y “Brisas del Guamuez”.

157. El alcalde municipal de Orito, mediante Decreto 131 de 2019, declaró “[…] la
existencia de situación de calamidad pública en la jurisdicción del municipio de Orito
• Putumayo, en razón de la inclemente ola invernal en el año 2019, lo cual ha
afectado algunos sectores del municipio […]”.

158. También ordenó la elaboración del “[…] plan de acción específico, el cual será de
obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban
contribuir a su ejecución […]”. Es decir por el “[…] CGRD (…) junto con las demás
dependencias de orden municipal, departamental o nacional, así como por las
entidades del sector privado que se vinculen a quienes se les fijarán tareas
respectivas en el documento, este plan de acción será avalado por el Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres […]”.

159. Nótese entonces que la decisión adoptada por ese comité y por el respectivo
alcalde recayó sobre un bien público e impactó a todos los particulares y entidades
que deben transportase entre los municipios de Orito Valle del Guamuez e Ipiales.

iii) Las empresas del sector de hidrocarburos se transportan temporalmente
por la ruta, pero sus proyectos extractivos no se superponen con el área de
influencia del territorio del Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

160. En tercer lugar, la Sala pone de presente que Ecopetrol S.A. y las sociedades
demandadas, no ejecutan proyectos extractivos en el área de influencia del territorio
de la parte demandante que los afecten directamente.

161. Concretamente, el oficio de 9 de julio de 2019, elaborado por la Gerencia de
Operaciones de Desarrollo y Producción – Putumayo de Ecopetrol S.A. precisó que:

“[…] - La empresa Ecopetrol S.A. Y/o sus contratistas no tienen en la actualidad
proyectos que se estén ejecutando en el área de influencia donde se asienta la
comunidad en mención.

• El paso de vehículos de carga liviana y/o pesada por la ruta La Hormiga
• Inspección El Placer - Sector Las Brisas - Siberia, Orito, como se señaló
antes, es un paso alterno a la vía natural normalmente utilizada al efecto
por parte de Ecopetrol S.A. para su operación en la zona, y obedece única
y exclusivamente a la imposibilidad de poder transitar sobre el puente
ubicado sobre el Río Guamuez (hoy colapsado).

• La vía en mención no es utilizada para un proyecto específico al día de hoy,
por el contrario es utilizada para adelantar las operaciones autorizadas y en
desarrollo de los permisos con los que cuenta la Gerencia de Operaciones de
Desarrollo y Producción Putumayo, en específico para el desarrollo del área
Occidente de la Gerencia, esto es la operación de las baterías Churuyaco y
Sucumbíos con sus respectivos campos, que se viene adelantando desde los
años 80.

De allí que la ruta utilizada esto es Orito - La Hormiga - Inspección El Placer
• Sector Las Brisas - Siberia, se utilice como el mecanismo alterno para

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poder llegar hacia las baterías Churuyaco y Sucumbíos y poder desarrollar
las actividades aprobadas dentro de nuestra normal operación.

• Finalmente en lo que corresponde al tiempo durante el cual se seguirá
utilizando por parte de Ecopetrol S.A. o sus contratistas la mencionada vía,
debe precisarse que es un asunto que no depende de manera exclusiva
y/o directa de esta organización, pues el mismo depende únicamente del
tiempo que tomen las autoridades correspondientes para rehabilitar,
restablecer y autorizar nuevamente el paso habitual por el puente ubicado
sobre el Río Guamuez a la altura de vereda La Floresta.

Así las cosas, no siendo otro el motivo de la presente quedamos atentos a
cualquier quietud adicional que surja al respecto no sin antes dejar de reiterar
que en lo que corresponde a Ecopetrol S.A. y sus empresas contratistas se
toman las medidas correspondientes tendientes a minimizar cualquier tipo
de impacto en el uso a este nuevo corredor vial, que sea de paso decirlo,
es una vía de uso público utilizado por varios sectores y/o gremios con
interés en la zona. […]”71. (Negrilla fuera del texto).

162. Además, el apoderado judicial de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, junto
con el escrito de contestación de la demanda de 29 de junio de 2022 72, allegó los
actos administrativos que demuestran que la Gerencia de Operaciones de
Desarrollo y Producción Putumayo (GPY) de Ecopetrol S.A. surtió con el Ministerio
del Interior el procedimiento de verificación de presencia de comunidades indígenas,
en los puntos de operación cercanos a la vía objeto del debate, sin que en esos
procedimientos se evidenciara la afectación directa de la comunidad indígena Telar
Luz del Amanecer73.

163. Al respecto, el memorial de 29 de junio de 2022 aclara lo siguiente:

“[…] Ahora bien, de acuerdo a la información remitida por Geomática, en
torno a los datos de localización de los puntos de referencia que fueron
registrados en la resolución n°. 001 de 2019 del Ministerio del Interior,
evidenciamos que cuatro (4) de los diecisiete (17) puntos se encuentran
ubicados en tres (3) contratos, a saber: convenio de explotación Área Sur;
Convenio de Explotación Orito; PUT 6.

En este sentido, la empresa Ecopetrol realizó una solicitud de certificación de
presencia el día 16 de abril de 2019, para la modificación del plan de manejo
ambiental del convenio Área Sur – polígono sur sur. A efectos de emitir un acto
administrativo con todas las garantías para las partes, programó visitas de

71
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño – carpeta 0052. Contestación Municipio Valle del Guamuez
documento denominado “01 Contestación Acción Popular-Municipio Valle del Guamuez.pdf”.
72
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño – carpeta 0069. Contestación demanda AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBURO, documento denominado “CONTESTACIÓN-AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS.pdf”.
73
En el acervo reposa: (i) el acta de minga de pensamiento de Protocolización con la comunidad indígena del resguardo
Nuevo Horizonte y la empresa Petro Caribbean Resources Ltd. en el marco del proyecto sísmico PUT 6 3D-11, llevado a cabo
el 20 de mayo de 2012; (ii) el acta de Protocolización de Acuerdos entre la comunidad de La Cristalina II y la empresa
Petrocaribbean proyecto sísmico 3D-PUT 6, llevado a cabo los días 10 y11 y 12 de diciembre de 2012; (iii) el acta de
Protocolización con la comunidad indígena Tierra Linda, asociado a la mesa permanente y la empresa Petro Caribbean en el
marco del proyecto sísmico 3D “PUT 6”, llevada a cabo el 18 de septiembre de 2013; el acta de reunión de Consulta Previa
en etapa de formulación de acuerdos y protocolización, con la parcialidad indígena Awa La Unión La Dorada de la étnia Awa,
en el marco del proyecto “programa de prospección sísmica PUT 6 3D-11” de la empresa Petro Caribbean Resources Ltd.,
llevado a cabo el 17 de diciembre de 2017; la certificación núm. 950 de 30 de mayo de 2012, “Sobre la presencia o no de
comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse” (Programa de prospección sísmica PUT 6
3D-11 localizado en jurisdicción de los municipios de San Miguel -La Dorada y Valle del Guamuez -La Hormiga), departamento
de Putumayo); (iv) la certificación núm. 1331 de 25 de octubre de 2016, “Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en
las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse” (Programa de prospección sísmica PUT 6 3D-11 localizado en
jurisdicción de los municipios de San Miguel y Valle del Guamuez), departamento de Putumayo); (v) la Resolución núm. 0036
de 18 de marzo de 2020, “Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, otras y
actividades”.

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verificación en territorio, a fin de levantar la información cartográfica y social
necesaria, para posteriormente emitir la resolución. La resolución de
certificación se encuentra en elaboración por parte del Ministerio del
Interior.

De igual manera, para el contrato de exploración y producción PUT-6 a cargo
de la empresa Petro Caribbean Resources LTD, realizó la solicitud de
certificación de presencia el día 12 de julio de 2019, para el proyecto: Estudio
de Impacto Ambiental – EIA y el pozo exploratorio A3, para la cual también se
realizó visita de verificación en territorio. El acto administrativo de la
Dirección de consulta previa manifestó que se registra presencia de
comunidades indígenas (Adjunto resolución). Para el programa de
prospección sísmica 3D se realizó proceso de consulta previa con la
comunidad indígena Awá La Unión la dorada y Awá Tatchán (Adjunto
resolución), garantizando así la participación de las comunidades en las
decisiones que presuntamente los podría afectar y así formular medidas
de manejo que logren mitigar, compensar, corregir o reparar los posibles
impactos en su territorio ancestral y colectivo.

En cuanto al convenio de explotación Orito, la Dirección de Consulta Previa del
Ministerio del Interior realizó visita de verificación de presencia en territorio
durante los días 26 al 30 de mayo de 2019. A este espacio, la Agencia Nacional
de Hidrocarburos asistió como acompañante del proceso, por solicitud expresa
del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Gobierno de Orito. Finalmente,
la Dirección de Consulta Previa emitió informe de visita manifestando la
no presencia o no afectación de grupos étnicos dentro del área de
influencia del proyecto. Razón por la cual no se adelantó ningún proceso de
consulta previa. (Se adjunta documento de informe de visita).

(…) Partiendo de lo anterior, se hace necesario señalar y a su vez informar al
H. Despacho que de acuerdo con la información suministrada por Gerencia de
Seguridad, Comunidades y Medio Ambiente de la Agencia Nacional de
Hidrocarburos en cumplimiento de sus funciones manifestó respecto de cada
uno de los contratos que traslapan con la demanda en cuestión que:

• Convenio de Explotación Área Sur:

La empresa Ecopetrol realizó una solicitud de certificación de presencia el día
16 de abril de 2019, para la modificación del plan de manejo ambiental del
convenio Área Sur – polígono sur. Para efectos de emitir un acto administrativo
con todas las garantías para las partes, el Ministerio del Interior realizó dos
visitas de verificación en el área con el fin de verificar la afectación de algunos
cabildos que, si bien no están dentro del polígono a certificar, están muy cerca.

Por lo anterior, el Ministerio del Interior emitió la Resolución 0036 del 18 de
marzo de 2020 (adjunto resolución), radicada en Ecopetrol el 30 de marzo de
2020, mediante la cual indica que procede la consulta previa con 10
comunidades:

o Resguardo indígena Santa Rosa del Guamuez
o Parcialidad San Fidel Kimsayaco
o Resguardo indígena Yarinal San Marcelina
o Parcialidad Awa Im
o Parcialidad Awa La Unión La Dorada
o Parcialidad Alto Comboy
o Resguardo Nuevo Horizonte
o Parcialidad Awa Tatchan
o Parcialidad Tierra Linda (Kiwe Zxicxkwe)
o Parcialidad Cristalina II

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Una vez realizada la revisión de la certificación y la verificación de las
comunidades certificadas se encontró que, según el mapa de las veredas de
Colombia, DANE-2017, la vereda Alto Comboy, donde se encuentra localizado
el cabildo Alto Comboy del pueblo Awá, se encuentra por fuera del área de
influencia del proyecto “MODIFICACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
DEL AREA SUR POLÍGONO SUR SUR”, por lo que se le solicitó al Ministerio
del Interior la aclaración de la certificación mediante el radicado EXTMI2020-
15319 del 29 de abril de 2020.

Mediante oficio OFI2020-15605-DCP-2500, la Dirección de Consulta Previa dio
respuesta a la comunicación, indicando que realizaría una visita a campo, una
vez se cuente con las condiciones de movilidad, teniendo en cuenta la situación
de pandemia. (…)”

Por todo lo anterior, no se evidenció que el Ministerio del Interior haya
determinado la procedencia de la consulta previa con la comunidad
indígena Telar Luz del Amanecer para el proyecto: “MODIFICACION DEL
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL AREA SUR POLÍGONO SUR SUR”, de
la empresa ECOPETROL.

• Contrato de Exploración y Producción PUT – 6:

De igual manera, para el contrato de exploración y producción PUT-6 a cargo
de la empresa Petro Caribbean Resources LTD, realizó la solicitud de
certificación de presencia el día 12 de julio de 2019, para el proyecto: Estudio
de Impacto Ambiental – EIA y el pozo exploratorio A3, para la cual también se
realizó visita de verificación en territorio y se expidió la certificación 0923 del 18
de diciembre de 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, no se llevó a cabo la consulta previa para la
certificación 0923 del 18 de diciembre de 2019, relacionada con el EIA. Además,
la comunidad Nuevo Horizonte ya se encontraba identificada en el programa
sísmico. Por otro lado, el Ministerio del Interior emitió las siguientes
certificaciones conformes al Programa Sísmico:

• Certificación No. 950 del 30 de mayo de 2012: mediante la cual se certificó
la presencia del Resguardo Indígena: NUEVO HORIZONTE, perteneciente
a la etnia Pastos, legalmente constituido mediante la Resolución No. 0035
del 10 de abril de 1998; y las comunidades por fuera de Resguardos:
CRISTALINA II, perteneciente a la etnia Awá y TIERRA LINDA,
perteneciente a la étnica Páez, inscritas en la Base de Datos de la Dirección
de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, en la zona
de influencia directa para el proyecto: “PROGRAMA DE PROSPECCIÓN
SÍSMICA PUT-6 3D-11”, localizado en jurisdicción de los municipios de San
Miguel (La Dorada) y Valle del Guamuez (La Hormiga), departamento del
Putumayo.
• Certificación No. 1331 del 25 de octubre de 2016: Mediante la cual se
certificó la presencia de la Parcialidad Indígena Awá La Unión La Dorada de
la etnia Awá, registrada mediante la Resolución No. 0127 del 22 de
septiembre de 2014, de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
del Ministerio del Interior, adicionales a las comunidades étnicas ya
certificadas en el Acto Administrativo No. 950 del 30 de mayo de 2012, en
el área del proyecto: “PROGRAMA DE PROSPECCIÓN SÍSMICA PUT 6-
3D- 11”, localizado en jurisdicción de los municipios de San Miguel y Valle
del Guamuez, departamento del Putumayo.

En virtud de las certificaciones anteriores, PETRO CARIBBEAN RESOURCES
solicitó a la Dirección de Consulta Previa el inicio del Proceso de Consulta
Previa con las comunidades certificadas, llevando a cabo las siguientes
Consultas Previas:

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Con base en lo indicado, se puede evidenciar que el Ministerio Interior NO
certificó en el área del programa sísmico PUT-6 3D la presencia de la
Comunidad Indígena Telar Luz del Amanecer.

Convenio de Explotación Orito:

La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior realizó visita de
verificación de presencia en territorio durante los días 26 al 30 de mayo de 2019.
A este espacio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos asistió como
acompañante del proceso, por solicitud expresa del Ministerio del Interior y de
la Secretaría de Gobierno de Orito. Finalmente, la Dirección de Consulta Previa
emitió informe de visita manifestando la no presencia o no afectación de grupos
étnicos dentro del área de influencia del proyecto. Razón por la cual no se
adelantó ningún proceso de consulta previa. (Se adjunta documento de informe
de visita).

De igual manera, revisada la información de los IES 2019, 2020 y 2021,
ECOPETROL no reportó a la ANH información respecto del desarrollo de
un proceso consultivo certificado por el Ministerio del Interior para
proyectos en el área del Convenio Área Orito, relacionada con la
comunidad indígena Telar Luz del Amanecer. […]” (Negrilla fuera del texto).

164. Incluso en el proceso se acreditó que Ecopetrol S.A. y el Ministerio del Interior
informaron a la comunidad accionante las razones por las que no es procedente
surtir el procedimiento de consulta previa frente a la problemática aquí estudiada.

165. El 14 marzo de 2019, la referida comunidad informó a Ecopetrol S.A., las
dificultades generadas por el tránsito de vehículos y maquinaria pesada por la vía
que comunica La Hormiga – Inspección El Placer – Sector Las Brisas – Siberia. En
virtud de lo anterior, se solicitó la realización de una reunión con la comunidad, en
aras de “[…] concertar el paso de trasporte pesado por nuestro territorio indígena a
través del derecho al debido proceso mediante la Consulta Previa […]”74.

166. El acta de 8 de junio de 201975, acredita que se adelantó la reunión en la que
los funcionarios de Ecopetrol S.A. advirtieron que no era procedente ejecutar el
proceso de consulta previa, toda vez que la vía cuestionada es de propiedad pública,
y además, no es de uso exclusivo de la empresa.

167. Mediante memorial de 14 de junio de 201976 la comunidad solicitó la intervención
de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior. El 3 de julio de 2019,
se programó un encuentro con el fin de dar continuidad “[…] al proceso de
acercamiento entre Ecopetrol y la Comunidad Indígena Telar Luz del Amanecer para

74
Cfr. Índice 9 Expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, Pdf 01 fl. 34
75
Cfr. Índice 9 Expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño Fl. 190-192. Carpeta 54
76
Cfr. Ibidem Fl. 38. Pdf 01.

46

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Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

evaluar los impactos y perjuicios ocasionados por el paso de maquinaria pesada por
el Territorio Sagrado de esta Comunidad e iniciar el debido proceso a la Consulta
Previa […]”. En esa oportunidad nuevamente se le informó a la parte demandante
que el escenario participativo era improcedente.

168. Todo lo anterior prueba que existió un proceso de acercamiento interinstitucional
entre Ecopetrol S.A., el Ministerio del Interior y la parte demandante en el que se
aclaró que esa empresa y las sociedades demandadas no ejecutan proyectos
extractivos que los afecten directamente.

iv) El Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer no demostró alguna afectación
a un área sagrada o de especial importancia ritual, en virtud del tráfico
vehicular en la vía carreteable que colinda con su territorio

169. En cuarto lugar, la Sala reconoce que al apelante le asiste la razón cuando
afirma que el cabildo indígena Telar Luz del Amanecer cuenta con derechos
territoriales que no solo ejerce en el respectivo resguardo, sino que se extienden a
otras áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, las cuales no tienen
que coincidir con la propiedad colectiva.

170. La Corte Constitucional indicó, en sentencia T-009 de 2013, que el concepto de
territorio indígena no debía ser exclusivamente geográfico, sino que adquiere la
connotación dinámica, a efectos de proteger jurídicamente los derechos culturales
de estos grupos relacionados con la práctica de rituales en sectores externos a los
resguardos, por las siguientes razones:

“[…] Dada la relación de las comunidades con el hábitat, su concepto
de territorio es dinámico, pues para ellas comprende, como indica la
doctrina, “todo espacio que es actualmente imprescindible para que un
pueblo indígena acceda a los recursos naturales que hacen posible su
reproducción material y espiritual (…) || De ahí, la importancia de ampliar
el concepto de territorio de las comunidades étnicas a nivel jurídico, para
que comprenda no sólo las áreas tituladas, habitadas y explotadas por
una comunidad –por ejemplo bajo la figura del resguardo-, sino también
aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y
económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual
y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de
las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras […]”77.
(Negrilla fuera del texto).

171. Sin embargo, en este proceso, los actores no demostraron que el uso de la vía
que colinda con el territorio ancestral genere efectos en los miembros de la
comunidad, para sus instituciones, pobladores, economía, tradiciones, ritos,
ceremonias, medios de transporte tradicionales o la práctica de su medicina
ancestral. Ni si quiera se demostró cuáles son los lugares más representativos de
su cultura y sus tradiciones que se han visto alterados por el uso de una obra pública
por parte de las empresas de la industria extractiva.

77
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-009 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, 21 de enero de 2013.

47

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Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

172. En este punto es importante diferenciar el amparo que la Corte Constitucional
confirió en la sentencia T-154 de 2021 a la comunidad indígena por los impactos
ocasionados por el desarrollo de las obras proyectadas en el proyecto
denominado “[…] Mejoramiento de Vías Terciarias en los municipios de Orito y Valle
del Guamuez, en el departamento del Putumayo […]”, frente al uso que hacen los
usuarios de una ruta pública. Esta última situación fáctica no puede ser considerada
como una afectación directa, máxime cuando la vía pública opera desde hace 30
años.

v) No se demostró la transgresión o amenaza del derecho colectivo al goce
de un ambiente sano por el uso de la vía carreteable por parte de las empresas
del sector de hidrocarburos

173. En quinto lugar, se advierte que las pretensiones de la parte demandante,
asociadas a que se lleve a cabo el proceso de consulta previa, no buscan la
protección del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, sino que tienen el
siguiente alcance:

“[…] SEGUNDO: Hasta mientras tanto (sic) no se garanticen los derechos
fundamentales de nuestros niños, niñas y los (sic) todos nuestros derechos, y
la CONSULTA PREVIA se suspenda el uso de la vía carreteable: La
Hormiga - Inspección El Placer - Sector Las Brisas-Siberia Orito, por parte
de las empresas contratistas del orden nacional y/o internacional de
ECOPETROL S.A. (…)

CUARTO: Que se ordene al Ministerio del Interior - ANLA - Agencia Nacional
de Licencias Ambientales que las empresas BAKER HUGHES Colombia,
Weatherford Colombia Limited, TGT Gammas SAS, FEPCO SAS, TUCKER
ENERGY SERVICES SA, Nabors Drilling International Limited Bermuda, JAM
Ingeniería y Medio Ambiente SAS, Reservoir Group Sets Coring, Halliburton
Latín América S.R.L. Sucursal Colombia, Schlumberger Sunerco SA, Ulterra
Latín América Sucursal Colombia, NOV DOWNHOLE DE COLOMBIA Y
TRANSQUINTAL SAS; supervisadas y vigiladas por ECOPETROL y el estado
(sic), se ordene la CONSULTA PREVIA y se reconozca a la Comunidad
Indígena Telar Luz del Amanecer - Pueblo Pastos, todos los derechos
inherentes como son: Que (sic) se contrate a los miembros de su
comunidad la mano de obra no calificada del cien por ciento (100%) y
mano de obra calificada mínimo el 40 por ciento (40%), así como también
el porcentaje sobre los valores totales de la perforación que
corresponden mínimo al uno por ciento (1%) con el fin que nuestra
comunidad pueda tener derecho al trabajo de sus asociados y a los
recursos para poder realizar obras en salud, vías, educación entre otros,
derechos que a otras comunidades afros e indígenas les han reconocido como
es de público conocimiento, dejando CONSTANCIA que nuestra comunidad
heredera de un Título- Colonial Escritura Pública 509 de 1.906, sobre el área
donde actualmente se está realizando obras (sic) producción, perforación y
transporte de hidrocarburos. […]”78. (Negrilla fuera del texto).

174. La comunidad demandante afirmó que el uso de la vía carreteable genera
contaminación acústica y atmosférica, por cuanto los carros afectan la audición, la
concentración en las escuelas, la tranquilidad física y psicológica de la comunidad,
así como la calidad del aire. Sin embargo, ninguna prueba soporta sus afirmaciones.

78
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0001Expediente(.pdf)”.

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175. Por el contrario, Ecopetrol S.A. y las compañías demandadas demostraron que,
en el ejercicio de su objeto social, cumplen obligaciones contractuales y legales
relacionadas con el uso, mantenimiento y supervisión del parque automotor, lo que
asegura la mitigación de esos impactos.

176. En el proceso se demostró, a través del oficio 2-2020-044-110 de 23 de enero
de 2020, elaborado por el jefe de departamento de producción de Ecopetrol S.A.,
que la única empresa que presta el servicio de transporte de crudo y combustible
es la Empresa Transporte Quintero Almeida -TRANSQUINTAL S.A.S.79.

177. Respecto de esa empresa, el contrato 5221287 de 9 de enero de 201580,
suscrito con Ecopetrol, en la cláusula sexta contempla las siguientes obligaciones:

“[…] El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del Contrato, por lo cual
tendrá las siguientes obligaciones, además de las que se desprendan de otras
cláusulas consignadas en este documento, en los DPS o en la propuesta:

1. EL CONTRATISTA deberá ejecutar el objeto del contrato, con sujeción a las
especificaciones técnicas y el manual de operaciones para el transporte de
sustancias peligrosas en ECOPETROL; documentos que son vinculantes y
son parte integral del presente Contrato. (…)

4. El CONTRATISTA está obligado durante todo el Contrato a ejercer una
debida diligencia razonable para suministrar los equipos en condiciones
aptas y seguras para prestar el servicio de transporte, y especialmente, se
obliga a preparar, habilitar, adecuar y poner en excelente estado los
tanques (bodegas y superficie exterior) en donde se transportarán los
productos, de manera que se garantice una segura, limpia y adecuada
recepción, preservación, custodia, integridad, transporte y entrega de los
mismos en el punto de destino o descargue.

38. Realizar a su cargo y bajo su propio costo, el mantenimiento integral
predictivo, preventivo y correctivo de todos los equipos, oficinas,
elementos y vehículos utilizados en la operación del servicio de
transporte, objeto del presente contrato.

39.En el evento que se presenten fallas en los vehículos, en magnitud tal que
evidencien o interrumpan el adecuado, idóneo y la operación segura del equipo
y del servicio, aquél, deberá ser reemplazado por el CONTRATISTA, en un
término no mayor a veinticuatro (24) horas.

40. Divulgar y velar por el cumplimiento de lo contenido Manual de
Operaciones de transporte de sustancias peligrosas de ECOPETROL
anexo 29 y Especificaciones técnicas anexo 02. […]”. (Negrilla fuera del texto).

178. También se identificó, a través del oficio 2-2020-044-110 de 23 de enero de
202081 que las empresas que realizan actividades de perforación y utilizan la vía
cuestionada son “[…] BAKER HUGHES Colombia, Weatherford Colombia Limited,
TGT Gammas S A S., FEPCO S AS, TUCKER S A , Nabors Drilling International Ltd
, JAM Ingenieria S.A.S, Reservoir Coring, Halliburton, Schlumberger, Ulterra Latin

79
Ibidem, folio 54.
80
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “01. Contestación y anexos
TRANSQUINTAL S.A.S”, folio 14 y ss.
81
Cfr. Índice 9 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documento denominado “0001Expediente(.pdf)”., folio 54.

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America Sucursal Colombia, NOV y TOTAL […]”. Esas empresas deben aplicar el
“[…] procedimiento para el uso y operación de vehículos automotores Sistema de
Gestión HSE […]”.

179. El citado procedimiento regula los requisitos para: (i) la operación de cualquier
vehículo automotor; (ii) la selección de conductores (experiencia de conductores,
capacitación y entrenamiento); (iii) la adquisición de vehículos (documentos legales
y normativos de operación, especificaciones técnicas de vehículos, consideraciones
de las especificaciones y excepciones a especificaciones); y (iv) la gestión de
riesgos (requisitos generales, movimientos de tierra, recepción y/o aval de vehículos
automotores, mantenimiento de vehículos automotores, autorización para conducir
vehículos en operaciones de Ecopetrol, informes mensuales de seguimiento de
conductores y vehículos).

180. Las citadas pruebas sugieren que Ecopetrol S.A. y las demás empresas
cumplen con obligaciones contractuales y legales relacionadas con el uso, gestión
y mantenimiento del parque automotor. No se observa que el uso de la vía
carreteable afecte negativamente el entorno natural, ni que el propósito de agotar el
mecanismo participativo sea la salvaguarda del derecho al goce de un ambiente
sano.

181.Todo esto significa que el argumento de la Defensoría del Pueblo relacionado
con la amenaza que se cierne sobre este derecho colectivo, no cuenta con vocación
de prosperidad.

V.2.3. La valoración probatoria del juez de primera instancia

182. La Defensoría del Pueblo Regional Nariño estimó que el tribunal de primera
instancia, al no decretar pruebas de oficio ni aplicar el principio de inversión de la
carga de la prueba, incumplió la obligación legal prevista en el artículo 30 de la Ley
472.

183. Al respecto, se pone de presente que el demandante en las acciones populares
tiene el deber de aportar las pruebas que demuestren la amenaza o vulneración de
los derechos colectivos invocados en el libelo petitorio.

184. Sin embargo, el artículo 30 ibidem reconoció que “[…] si por razones de orden
económico o técnico, dicha carga no pudiere ser cumplida, el juez impartirá las
órdenes necesarias para suplir la deficiencia y obtener los elementos probatorios
indispensables para proferir un fallo de mérito, solicitando dichos experticios
probatorios a la entidad pública cuyo objeto esté referido al tema materia de debate
y con cargo a ella […]” 82.

La Corte Constitucional en la sentencia C-215 de 1999 puntualizó que “[…] resulta admisible, lógico y necesario que la
82

demostración de los perjuicios sufridos por una persona en uno de sus derechos e intereses colectivos, le
corresponda al afectado […]”. Pero agregó que ello no inhibe al juez del deber de emplear su facultad probatoria de oficio
cuando, por razones económicas o técnicas, el demandante no pueda aportar ciertas pruebas que resultan indispensables
para adoptar un fallo de mérito.

50

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185. El juez popular, por iniciativa propia y sin que lo soliciten las partes, puede
decretar pruebas de oficio y/o modificar la carga de la prueba, siempre y cuando se
acrediten dos circunstancias. La primera es que exista una duda probatoria que
impida adoptar una decisión de fondo. La segunda es que el demandante no haya
aportado la prueba pertinente por razones económicas o técnicas.

186. Esa intervención probatoria judicial debe considerar la naturaleza del derecho
colectivo, la posición de las partes, la disponibilidad de la prueba y el interés general,
con miras a garantizar un ejercicio imparcial de la administración de justicia83.

187. Bajo este contexto, al descender en el caso concreto se observa que el
Tribunal Administrativo de Nariño, mediante auto de 5 de octubre de 202284, tuvo
como pruebas las aportadas con el escrito de la demanda, luego de precisar que la
parte actora no formuló solicitudes adicionales. Acto seguido, adoptó las siguientes
pruebas de oficio:

“[…] 1. ORDENAR a los municipios de Valle del Guamuez y Orito, con el fin de
que, en el término de 3 días, remitan a este despacho judicial, en lo
concerniente a los territorios bajo su jurisdicción: a. copia del Plan de
Ordenamiento Territorial respectivo, vigente durante los años 2019 y hasta la
presente anualidad, en los que se establezca la categorización del tramo vial
objeto del presente proceso, y que comprende la ruta “La Hormiga – Inspección
El Placer – Sector Las Brisas – Siberia - Orito”. b. certificación en la que se
especifique si el tramo vial “La Hormiga – Inspección El Placer – Sector Las
Brisas – Siberia - Orito”, atraviesa territorio de pertenencia al resguardo
indígena demandante, o cualquier otra comunidad minoritaria.

2. ORDENAR a los municipios de Valle del Guamuez y Orito, y la gobernación
del Putumayo, con el fin de que informen a este despacho judicial sobre: a. Las
medidas adoptadas como directores de prevención y gestión de riesgo de
desastres, con ocasión de las afectaciones presentadas en la vía principal que
comunica los municipios de Valle del Guamuez y Orito, tales como la restricción
de tránsito, la ejecución de obras, y demás novedades que hayan impactado
en la normal circulación en dicho eje vial. b. Las obras que se han adelantado
en el tramo vial “La Hormiga – Inspección El Placer – Sector Las Brisas –
Siberia – Orito”, y de ser el caso, los responsables de dichos trabajos, así como
el reporte de posibles afectaciones a la comunidad y/o medio ambiente del
aludido sector.

3. ORDENAR al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que, dentro de
los 3 días siguientes a la notificación de esta providencia, allegue al expediente
la siguiente información: a. Copia del Plan de Desarrollo municipal de Orito
2020- 2023. b. Copia del Plan de Desarrollo municipal de Valle del Guamuez
2020- 2023. c. Copia del Plan de Ordenación y manejo de la Cuenca alta del
Rio Putumayo d. Copia de los Determinantes y asuntos ambientales para el
ordenamiento territorial en el departamento del Putumayo, por cuenta de
CORPOAMAZONIA. 4. REQUERIR al Juzgado Promiscuo Municipal para que
informe si en relación con los hechos materia del presente proceso, se han
tramitado acciones de tutela ante dicho despacho judicial. En caso afirmativo
se requerirá que aporte las constancias pertinentes dentro del término de 3 días
siguientes a la notificación de esta providencia. (…)

83
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia de 31 de agosto de 2006, radicación núm. 68001-23-31-000-2000-09610-
01(15772).
84
Cfr. Índice 60 Expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño.

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Con las respuestas a los anteriores numerales, se allegarán los soportes que
les den sustento. […]”

188. Posteriormente, mediante auto de 12 de enero de 202385, el tribunal de primera
instancia resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- INCORPORAR al expediente, la respuesta otorgada por el
municipio Valle del Guamuez, a la solicitud de informe, que obra a fls. 2 y 3,
índice 73; además: 1.1. ORDENAR, por secretaría, requerir nuevamente, al
municipio de Orito y la gobernación del Putumayo y, con el fin de que se sirvan
cumplir la orden emitida por este despacho en auto del 5 de octubre de 2022,
comunicada mediante oficios no. 2388 y 2390, respectivamente. 1.2.
ADVERTIR que de no cumplir la anterior orden a persona, se procederá a
aplicar el art. 41 de la ley 472 de 1989 que establece sanción de multa hasta
de cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, conmutables en arresto hasta
de seis (6) meses, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.
1.3. ORDENAR a los apoderados de las entidades oficiadas, presten su
colaboración con el fin de obtener respuesta a la solicitud señalada. 1.4.
ADVERTIR que las pruebas que se alleguen antes de dictar sentencia serán
consideradas según lo dispone el inciso final del artículo 173 del C.G.P.

(…) TERCERO.- ORDENAR al municipio de Orito, a fin de que en término de
cinco (5) días siguientes a su notificación, allegue a este proceso, copia del
plan de acción específico adoptado en virtud de lo previsto en el Decreto No.
131 del 25 de junio de 2019, por medio del cual dicho ente territorial declaró la
situación de calamidad pública, aunado a lo cual deberá informar las medidas
que se adoptaron en orden a garantizar la integridad de la comunidad indígena
Telar Luz del Amanecer, como consecuencia de las decisiones adoptadas en
el aludido decreto. Se anexarán los soportes pertinentes. ADVERTIR que de
no cumplir la anterior orden a persona, se procederá a aplicar el art. 41 de la
ley 472 de 1989 que establece sanción de multa hasta de cincuenta (50)
salarios mínimos mensuales, conmutables en arresto hasta de seis (6) meses,
sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. […]”.

189. La precitada gestión judicial demuestra que el a quo ejerció sus facultades
oficiosas en materia probatoria, en el sentido de aplicar la teoría de la carga
dinámica de la prueba. Según este postulado, cuando una parte está en mejor
posición para probar un hecho relevante para el proceso, le corresponde hacerlo,
independientemente de si es demandante o demandado.

190. Por ello, ante la supuesta trasgresión de los derechos colectivos previstos en
los literales a) y l) del artículo 4.° de la Ley 472, el a quo decretó las pruebas
necesarias para resolver los puntos dudosos del proceso relacionados con la
afectación del interés general. Estas decisiones no fueron cuestionadas por las
partes, quienes tampoco solicitaron el decreto de una prueba testimonial, pericial o
documental adicional en las etapas previstas para tal efecto. Consecuentemente,
no es procedente plantear reparos sobre el particular en la alzada, cuando ya
precluyó la oportunidad prevista por el legislador. Se debe tener en cuenta que el
decreto de una prueba es una potestad del juez de la acción popular.

191. Se debe aclarar que el principio de inversión de la carga de la prueba se usa
para facilitar la realización de la justicia material y evitar que se produzcan fallos

85
Cfr. Ibidem, índice 85.

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inhibitorios por falta de pruebas. Sin embargo, cuando en un proceso no se
demostró la transgresión de los derechos colectivos, el juez no puede ejercer
facultades adicionales que desequilibren las condiciones procesales de las partes.

V.2.4. Los reparos sobre el análisis probatorio.

192. La apelante cuestionó la valoración probatoria del tribunal de primera instancia
por 4 razones. En primer lugar, adujo que la prueba testimonial rendida por María
Mercedes Pardo y Harold Zapata se debió valorar teniendo en cuenta que esos
testigos sospechosos de Ecopetrol S.A. reconocieron que existen asentamientos
colindantes con la vía cuestionada. En segundo lugar, adujo que las afirmaciones
o negaciones indefinidas no requieren prueba. En tercer lugar, solicitó valorar las
pruebas fotográficas a la luz el principio de la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal. Y, en cuarto lugar, alegó que, “[…] en el expediente no está
demostrado que se trate de una población indígena pequeña o minoritaria y si así
lo fuera, la parte demandada tiene la obligación de respetar sus derechos e
intereses colectivos […]”.

193. Sobre el primer punto, es pertinente mencionar que las personas que en
concepto del juez se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o
imparcialidad, en razón de dependencias o de interés con las partes o sus
apoderados, son sospechosas para declarar, en los términos del artículo 211 del
Código General del Proceso86. Sin embargo, esta Corporación judicial ha
establecido que no pueden descartarse de plano las versiones de esos testigos,
sino que deben valorarse de manera más rigurosa con todo el acervo probatorio87.

194. En consecuencia, en el acápite V.2.2 la Sala estudió las demás pruebas
allegadas al proceso bajo parámetros objetivos, sin que se advierta la transgresión
de los derechos al goce de un ambiente sano o a la prevención de desastres
previsibles técnicamente. Conjuntamente, la Sala pone de presente que el recurso
de apelación no es la oportunidad procedente para efectos de presentar tachas de
testigos que no se propusieron oportunamente en las respectivas audiencias88.

195. Frente al segundo argumento, se debe tener en cuenta que la teoría de la
prueba diferencia las afirmaciones definidas de las indefinidas. La Corte
Constitucional en la sentencia C-070 de 199389 explicó que las afirmaciones
indefinidas son “[…] aquellos hechos que por su carácter fáctico ilimitado hacen
imposible su prueba para la parte que los aduce. Las negaciones o afirmaciones
indefinidas no envuelven proposiciones que puedan ser determinadas por
circunstancias de tiempo, modo o lugar. La imposibilidad lógica de probar un evento

86
“ARTÍCULO 211. IMPARCIALIDAD DEL TESTIGO. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de las personas
que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias,
sentimientos o interés en relación con las partes o sus apoderados, antecedentes personales u otras causas.
La tacha deberá formularse con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de
fallar de acuerdo con las circunstancias de cada caso.”
87
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 20 de noviembre de 2019, C.P. Marta Nubia Velásquez, radicación
núm. 08001233300020120048901.
88
Cfr. Índices 106 y 122 expediente digital Tribunal Administrativo de Nariño, documentos denominados
"167_ACTAAUDIENCIA_20873ACTAPBAS20(.pdf) NroActua 106" y "183_ACTAAUDIENCIA_20873ACTAPRUEBAS(.pdf)
NroActua 122", respectivamente.
89
Cfr. Expediente radicación núm. D-134. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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o suceso indefinido (…) radica en que no habría límites a la materia o tema a
demostrar […]”. Por el contrario, las afirmaciones definidas tienen por objeto hechos
concretos delimitados en tiempo y lugar.

196. En este caso, los argumentos relacionados con la afectación directa causada
al Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer en el marco de la causa petendi, no
constituyen una afirmación o negación indefinida, sino una apreciación del
demandante a quien le corresponde probar el supuesto de hecho de la norma
jurídica cuya aplicación se discute en el proceso. Dicho juicio de valoración de las
pruebas, sin duda alguna, es susceptible de ser controvertido por las partes y
revisado por el juez.

197. En tercer lugar, el apelante solicitó valorar las fotografías aportadas con el
escrito de la demanda que ilustran distintos vehículos de carga ligera y pesada
transportándose por una ruta, sin precisar fecha, autor o lugar. Sobre este punto, la
Sección Primera pacíficamente ha sostenido que “[…] las fotografías anexadas por
el actor por sí solas no evidencian que la imagen capturada corresponda al lugar
de los hechos de la demanda, es decir, las imágenes por sí solas no acreditan la
vulneración de los derechos colectivos a los que aducen el demandante, como
quiera que no brinden certeza de la ubicación exacta del sitio en que se tomó la
fotografía […]”90.

198. Esto significa que la valoración de estas fotografías debía efectuarse en
contexto con todo el acervo probatorio. De modo que se prohíjan las razones
expuestas en el apartado V.2.2.2 para concluir que el tránsito de los usuarios por
una infraestructura vial pública no acredita la configuración de una afectación
directa, en los términos expuestos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

199. Finalmente, frente al último argumento, es pertinente recalcar que en el
escenario judicial de las acciones populares se debaten problemas sociales que
afectan a todos los habitantes del territorio nacional y, por eso, en el evento de
emitir una sentencia condenatoria, las medidas de amparo están llamadas a
beneficiar a la comunidad en general.

200. En otras palabras, las decisiones del juez popular no se ven influenciadas por
el número de miembros que integran la parte actora, como lo sugiere el apelante.

201. Del material probatorio no se puede concluir que la comunidad indígena Telar
Luz del Amanecer pretenda ejercer el derecho a la consulta previa, con el propósito
de participar en proyectos o actividades que impacten directamente de forma
negativa su territorio (ancestral y geográfico); o que, en el marco de dicha
participación, se pretenda la salvaguarda del entorno natural.

202. En criterio de la Sala, la parte demandante confundió las afectaciones que
sufrió a sus derechos fundamentales con ocasión del proyecto denominado “[…]
Mejoramiento de Vías Terciarias en los municipios de Orito y Valle del Guamuez,

90
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 8 de julio de 2010, C.P.. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta,
radicación núm. 41001-23-31-000-2004-01275-01(AP).

54

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en el departamento del Putumayo […]”, las cuales fueron objeto de amparo por la
Corte Constitucional en sentencia T-154 de 2021, con el inexistente daño o
amenaza a los derechos colectivos atribuible al uso dado por diferentes actores a
una infraestructura pública.

203. En este caso, las empresas demandadas del sector de hidrocarburos, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio del Interior, ejercieron sus
competencias en la materia, en el sentido de verificar que se surta el trámite de
consulta previa con los grupos étnicos afectados directamente por los proyectos de
petroleros desarrollados en la zona, sin que esa comunidad cumpla los supuestos
exigidos para ello, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.

204. Asimismo, el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres y el municipio de
Orito adoptaron una decisión proporcional y necesaria para atender un desastre
local, cuyo cumplimiento es exigible a toda la comunidad en general. Esta medida
desarrolla el derecho colectivo a la prevención de riesgos de desastres previsibles
técnicamente.

205. Por ello, las pruebas estudiadas, a la luz del principio de prevención y de las
Leyes 99 de 1993 y 1523 de 2012, conducen a no acceder al amparo. Maxime
cuando la Defensoría del Pueblo no explicó cómo la aplicación esos postulados y
de los principios pro homine y de precaución, afectarían el presente análisis.

206. En ese orden, como la Sala comparte la valoración probatoria del tribunal de
primera instancia, confirmará la sentencia de 21 de abril de 2023, en tanto negó las
pretensiones del presente medio de control.

207. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 del Código
General del Proceso y atendiendo el criterio de unificación sostenido en providencia
del 6 de agosto de 201991, no se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, la sentencia proferida el 21 de abril de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

91
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6 de agosto de 2019,
CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01.

55

Radicación: 52001-23-33-000-2020-00873-01
Demandante: Cabildo indígena Telar Luz del Amanecer

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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