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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2022-00013-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 88001-23-33-000-2022-00013-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, cuarto, quinto, noveno, undécimo y duodécimo de la parte resolutiva de la sentencia de 24 de abril de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán así: “[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación propuesta por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Capítulo San Andrés, Providencia y Santa Catalina de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO). DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada parcial, conforme a las consideraciones expuestas en precedencia. […] CUARTO: ORDENAR al Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, como principal responsable desde sus competencias constitucionales y legales de prestar el servicio público de saneamiento básico, y a Aguas de San Andrés S.A E.S.P. en virtud de sus obligaciones contractuales, que en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, realicen un estudio técnico especializado que permita obtener un diagnóstico actual sobre el funcionamiento, la capacidad, y la problemática que se ha detectado en este proceso respecto del sistema de red de alcantarillado en el sector de North End de la isla de San Andrés, e indiquen cuáles son las soluciones a dicha problemática, junto con los plazos de ejecución de las medidas respectivas. QUINTO: ORDENAR que la empresa prestadora-operadora con el apoyo del departamento y de Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., en el marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ejecuten las actividades que el estudio técnico concluya como necesarias para superar la afectación de los 87 “[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”. 88 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, radicación: 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. 57 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 88001-23-33-000-2022-00013-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: ALEX BARRIOS LLANES Y OTROS
Demandados: DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y OTROS
Coadyuvantes: LEANDRO PÁJARO BALSEIRO Y OTRO

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación presentados por Aguas de San Andrés
S.A. E.S.P., Trash Busters S.A. E.S.P. y la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios contra la sentencia de 24 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina1.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

1. Los señores Alex Barrios Llanes, Calburn Wellington Pomare Powell y Neal
Osorio Gómez Bent, en ejercicio del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos, presentaron demanda contra el departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Archipiélago (CORALINA), la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SSPD), la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD),
la Defensoría del Pueblo2, el Capítulo San Andrés, Providencia y Santa Catalina de
la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (COTELCO), Aguas de San Andrés
S.A. E.S.P., Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P.3 y Trash Busters S.A.
E.S.P., con el propósito de obtener la salvaguarda de los derechos colectivos

1
De conformidad con la constancia secretarial de 9 de septiembre de 2025, el proceso fue remitido a este Despacho en
atención a la compensación de expedientes. Cfr. Índice 19 del expediente digital del Consejo de Estado.
2
Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
3
Antes denominada Proactiva Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P. (Proactiva S.A. E.S.P.).

2

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

establecidos en los literales a), c), g), h) y j) del artículo 4.°4 de la Ley 472 de 5 de
agosto de 19985.

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Se declare la vulneración de los derechos colectivos a un ambiente sano y la
salubridad pública, por parte de las entidades accionadas.

2. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la
protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas claves y
los situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses colectivos
relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.

3. Que se establezca un plan de choque que garantice la salubridad pública, la
prestación de los servicios y la compensación por los daños al pueblo étnico raizal,
como dueño del territorio.

4. Que las entidades involucras (sic) realicen un estudio de la capacidad hidráulica,
estado de la infraestructura y la proyección de futuras proyecciones del sistema de
acueducto y alcantarillado.

5. Que se realice la renovación de las redes de alcantarillado, considerando la vía
(sic) útil de la infraestructura instalada, la cual está agotada; junto al plan de
recuperación de la maya (sic) vial que se interviene con este tipo de trabajos.

6. Que se suspenda (sic) de inmediato los permisos de conexión al sistema de
acueducto y alcantarillado, hasta no tener claridad sobre la capacidad hidráulica de
red y se garantice la no repetición de los hechos que generan esta acción
constitucional.

7. Que se implementen estrategias de monitoreo, control y seguimiento, que
garanticen el normal funcionamiento efectivo de la red, sin contaminación o más
rebosamientos.

8. Que se presente una propuesta alternativa para reemplazar los tramos de
alcantarillado, que por vetustez y/o obsolescencia funcional hayan cumplido su vida
útil.

9. Que se garantice la recolección de residuos ordinarios y especiales en el tiempo.

10. Que se establezca y ponga en marcha un plan de contingencia que cobije las
necesidades inmediatas y futuras de la Isla en materia de servicios públicos
(acueducto, alcantarillado y recolección, transporte y disposición adecuada de
residuos sólidos tanto especiales o (sic) como ordinarios).

4
“[…] Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
[…]
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la
protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los
demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; […]”.
5
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.

3

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

11. Que se nos exonere del requisito de requerimiento previo por ser éste un tema de
conocimiento público y evidencias notoriamente visibles.

12. Que se nos conceda el amparo de pobreza para los costos económicos de las
pruebas a practicar, y en su defecto se realicen con cargo al Fondo para la Defensa
de los Derechos e Interés Colectivo (sic).

13. Que se disponga por parte de su señoría, todas las demás órdenes y obligaciones
en cabeza de los accionados tendientes a la recuperación del medio ambiente,
salubridad pública y demás derechos colectivos que se están vulnerando a la
colectividad […]”6.

3. Indicaron que en “[…] los principales sectores de North End […]” del departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se presentan vertimientos de aguas
residuales que generan malos olores, peligro a la salud y riesgo a la vida humana.

4. Manifestaron que algunos reboses se deben a conexiones ilegales al sistema de
drenaje pluvial, mal manejo de residuos y vertimientos de trampas de grasas y
desarenadores. Otra causa que incide en la problemática es la proliferación de
construcciones legales e ilegales, razón por la cual consideran que se debe analizar
el aumento de la expedición de licencias urbanísticas para construcciones en los
sectores mayormente afectados.

5. Adujeron que esta problemática no solo afecta al comercio sino también a los
ciudadanos que están obligados a transitar por estos lugares, toda vez que dichas
conexiones clandestinas han generado contaminación parcial del sistema de
acueducto y ponen en riesgo a los usuarios que consumen el agua contaminada.

6. Señalaron que la renovación del sistema de acueducto no ha sido eficiente por
cuanto las obras inconclusas han generado traumatismos a los usuarios y alto
riesgo a los transeúntes.

7. Agregaron que se evidencia una acumulación de residuos ordinarios y especiales
en diferentes sectores del departamento, ocasionada por fallas o demoras en el
servicio de recolección, por parte de la empresa prestadora del servicio de aseo.
Ello se convierte en foco de roedores, malos olores, proliferación de vectores,
lixiviados, descomposición y, por ende, se desarrollan enfermedades que afectan a
la comunidad.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

8.El Juzgado Único Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante auto de 23 de marzo de 20227, inadmitió la
demanda con radicación núm. 88001-33-33-001-2022-00041-00 por no acreditar el
cumplimiento del requisito de procedibilidad. Posteriormente, mediante auto de 20
de abril de 20228, declaró su falta de competencia y remitió el proceso al Tribunal

6
Cfr. Índice 3 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
7
Cfr. Índice 2 del expediente digital de primera instancia en el juzgado.
8
Cfr. Índices 5 y 7 del expediente digital de primera instancia en el juzgado.

4

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

9. Mediante auto de 27 de abril de 20229, el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina avocó conocimiento del proceso que recibió la radicación núm. 88001-23-
33-000-2022-00013-00. En la misma providencia admitió la demanda, ordenó la
notificación y el traslado correspondiente a las accionadas, notificó al agente del
Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, y dispuso comunicar la acción de la
referencia a los miembros de la comunidad.

10. Mediante auto de 29 de julio de 202210, el a quo negó la solicitud cautelar, luego
de establecer que no se evidenciaba un peligro inminente.

11. Eldía 4 de agosto de 202211, se llevó a cabo la audiencia de pacto de
cumplimiento, la cual se declaró fallida. En la audiencia el a quo accedió a la petición
de la Defensoría Regional del Pueblo para ser tenida como coadyuvante y decidió
sobre las pruebas del proceso.

12. Mediante auto de 11 de agosto de 202212, el tribunal ordenó notificar a la empresa
Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P.

13. El tribunal, mediante auto de 3 de septiembre de 2023 13, decretó la nulidad del
proceso a partir del auto de 8 de mayo de 2023, por el cual se ordenó el cierre
probatorio debido a que no había pronunciamiento respecto a las pruebas
solicitadas por Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P.

14. A través de auto de 30 de octubre de 202314, se decretó una prueba documental
solicitada por Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina15

15. La entidad territorial se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento
en la excepción de “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA
[…]”.

16. Sostuvo que ha realizado todas las gestiones y actividades que le corresponden
para resolver la problemática de acuerdo con sus competencias. Concretamente,
desarrolló brigadas de control y vigilancia para detectar posibles fallas en la
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado operado por la empresa Veolia

9
Cfr. Índices 5 y 14 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
10
Cfr. Índice 46 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
11
Cfr. Índice 63 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
12
Cfr. Índice 58 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
13
Cfr. Índice 117 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
14
Cfr. Índice 124 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
15
Cfr. Índice 35 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.

5

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Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P. Además, organizó varias reuniones,
incluyendo la reunión del Comité Interinstitucional de Seguimiento a Vertimientos
realizada el 2 de marzo de 2022.

17. Señaló que la empresa Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P. está a cargo
de mantener la infraestructura destinada a dicha prestación y de construir las obras
adicionales de saneamiento en la medida en que sea necesario. Por ello, la presunta
responsabilidad por la vulneración de los derechos colectivos mencionados en la
demanda recae sobre dicha empresa.

I.3.2. Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P.16

18. La entidad señaló que no ha vulnerado los derechos colectivos cuestionados y
que ha cumplido sus responsabilidades como operadora de las redes de acueducto
y alcantarillado. Explicó que no otorga disponibilidad del servicio de alcantarillado a
los grandes proyectos ubicados en zonas críticas. Además, los problemas de
vertimientos y rebosamientos de aguas residuales se deben al uso inadecuado del
sistema, principalmente por la acumulación de arena o residuos.

19. Complementó que en el distrito sanitario 2 los vertimientos ocurren de manera
puntual y son causados principalmente por el mal uso de las redes por parte de
terceros. Esto sucede porque las trampas de grasa no funcionan bien, los
desarenadores presentan fallas, hay daños en las tapas de los pozos o se
encuentran objetos extraños como telas o bolsas.

20. Presentó la excepción de “[…] COSA JUZGADA […]” respecto de la acción
popular con radicación núm. 88001-33-31-001-2007-00324-00, porque ese proceso
comparte las mismas pretensiones y hechos. Adicionalmente, el Juzgado
Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas
ordenó en la sentencia de 27 de marzo de 2009 la adopción de los planes de choque
y controles operacionales solicitados por los accionantes, por lo que ha entregado
reportes periódicos al juzgado acerca del cumplimiento de esas obligaciones
judiciales.

21. Expresó que las obras de renovación del colector principal del distrito sanitario 2
permitirán una mayor vida útil para el sistema debido a la tecnología sin uso de
zanjas. Las fases 1 y 2 de dichas obras fueron financiadas por la Financiera para el
Desarrollo Territorial (FINDETER) y ya se terminaron.

22. Señaló que cuenta con estrategias de monitoreo, control y seguimiento para
garantizar el normal funcionamiento de la red de alcantarillado. En caso de
rebosamientos se activa un protocolo en el que: i) se acercan al lugar con un equipo
vactor para succionar las aguas residuales o, si es necesario destapar, se utiliza
agua a presión; ii) mientras se determina la razón del rebose, las personas
encargadas evalúan la zona para identificar cuál pudo ser el lugar que originó el
taponamiento; iii) si se logra identificar el usuario responsable, se le envía un

16
Cfr. Índice 71 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.

6

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comunicado, con copia a CORALINA, a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría
General de la Nación, para que realice la limpieza inmediata de sus trampas de
grasa; y iv) se desinfecta el lugar con cloro.

23. Indicó que Aguas de San Andrés S.A. E.S.P. tiene la obligación de gestionar
recursos del nivel nacional y departamental y entregarlos con destino a la
optimización de la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, según
lo señalado en las cláusulas 10 (numeral 2.2), 11, 26 y 27 del contrato de operación,
así como en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento
Básico adoptado en la Resolución 330 de 8 de junio de 201717, expedida por el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio18.

I.3.3. Aguas de San Andrés S.A. E.S.P.19

24. La empresa supervisora explicó que fue creada tras una intervención de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, según lo dispuesto en el
numeral 6.4 del artículo 6 de la Ley 142 de 11 de julio de 199420 y el Decreto 398
de 200221. El objetivo de esta creación fue permitir, bajo un esquema operacional,
la contratación de un operador especializado y la supervisión del contrato para esa
actividad.

25. Indicó que el proceso de selección terminó con la firma del contrato de operación
el 8 de septiembre de 2005, el cual fue prorrogado mediante el Otrosí 9 de 22 de
enero de 2019. Este contrato fue suscrito para que Veolia Aguas del Archipiélago
S.A.S. E.S.P. se encargue directamente de la operación del acueducto y el
alcantarillado.

26. Señaló que solo la autoridad competente puede certificar si se presenta un
colapso en el sistema. Además, aclaró que corresponde al operador demostrar la
existencia de conexiones ilegales o desbordes que le sean atribuibles. El operador
también es responsable de tareas como el mantenimiento, la limpieza, la reposición
de infraestructura, el control de calidad, la atención de fallas y el manejo de
estaciones de bombeo. Por su parte, los usuarios deben encargarse del
mantenimiento de las acometidas internas y de las trampas de grasa.

27. Agregó que los reboses de la zona rosa se superaron con la intervención técnica
del operador, bajo seguimiento permanente del departamento y del contratante. Los
reboses en el sector norte, especialmente en el paseo peatonal entre diciembre de
2021 y enero de 2022, fueron atendidos por el operador teniendo en cuenta que
muchos vertimientos provenían de usos indebidos de particulares.

28. Mencionó que la problemática en la vía pública obedece a los taponamientos
internos, las conexiones erradas, el mal uso comunitario por destapar las
alcantarillas para evacuar las aguas lluvia, las fallas operativas, el impacto de la

17
“[…] Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan
las Resoluciones números 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009 […]”.
18
Hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de conformidad con la Ley 1444 de 4 de mayo de 2011.
19
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
20
“[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. […]”.
21
“[…] Por el cual se reglamenta el inciso 3º del numeral 6.4 del artículo 6º de la Ley 142 de 1994 […]”.

7

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pandemia e incluso afectaciones estructurales derivadas de los huracanes ETA e
IOTA.

29. Señaló que Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P. expidió el oficio 220975
de 17 de mayo de 2022, mediante el cual dio respuesta a las pretensiones de los
accionantes.

I.3.4. Trash Buster S.A. E.S.P.22

30. La empresa presentó las excepciones de “[…] INEXISTENCIA DE UN
‘PERJUICIO IRREMEDIABLE’ DENTRO DEL ASUNTO QUE JUSTIFIQUE LA
INOBSERVANCIA DEL AGOTAMIENTO DEL REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
[…]”, “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA […]”, “[…]
INEXISTENCIA DE LA TRANSGRESIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS […]
DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DEL
DECRETO 2981 DE 2013 […]” e “[…] INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA
PRUEBA NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR […]”.

31. Adujo que las pretensiones carecen de fundamento fáctico y jurídico, por lo que
solicitó declarar no probados los hechos y condenar en costas a los accionantes.
Además, mencionó que las pretensiones no guardan relación con la operación de
la empresa y aportó una documentación sobre la prestación del servicio de aseo, y
un reporte con los puntos críticos dirigido a la Secretaría Departamental de Servicios
Públicos.

32. Destacó que ha prestado el servicio de aseo de forma adecuada. La acumulación
de residuos especiales es responsabilidad del departamento, mientras que la
acumulación indebida de basura se debe a factores externos como conexiones
ilegales o malas prácticas por parte de la comunidad.

33. Señaló que la acción debía ser declarada improcedente porque el demandante
no demostró que existía un peligro inminente de daño a los derechos colectivos, lo
cual es necesario para no exigir el requisito de haber presentado previamente una
reclamación. Además, consideró innecesario ordenar la prueba dirigida a obtener
las licencias urbanísticas otorgadas en los últimos siete años, ya que esa
información podía ser solicitada mediante un derecho de petición.

I.3.5. Superintendencia de Servicios Públicos23

34. La entidad solicitó ser desvinculada del proceso y presentó las excepciones de
“[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA POR PARTE DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS […]” e “[…]
INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS POR
PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS […]”.

22
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
23
Cfr. Índice 28 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.

8

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

35. Indicóque no es responsable de la supuesta vulneración de los derechos
colectivos debido a que no presta servicios públicos domiciliarios ni tiene
competencia para expedir licencias urbanísticas o controlar los vertimientos,
conforme a la Constitución Política y la Ley 142.

36. Manifestó que no está legitimada como parte pasiva en este proceso, ya que, de
acuerdo con el Decreto 990 de 21 de mayo de 200224 y los artículos 79 y 159 de la
Ley 142 de 1994, modificada por la Ley 689 del 28 de agosto de 2001 25, se encarga
de ejercer vigilancia y control, pero no tiene a su cargo la prestación directa de los
servicios públicos domiciliarios, ni la ejecución de obras o trámites urbanísticos,
pues estas actividades corresponden a las entidades territoriales.

I.3.6. Capítulo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de la Asociación
Hotelera y Turística de Colombia26

37. La organización presentó la excepción de “[…] falta de legitimación en la causa
por pasiva […]” porque los hoteles afiliados cumplen con la normativa de trampas
de grasa y areneros, están plenamente identificados y reciben constantes visitas de
control.

38. Solicitó ser desvinculada debido a que: i) no existe conexión entre los hechos
alegados y la actividad del gremio hotelero formal, el cual opera bajo vigilancia
permanente y cumple regulaciones ambientales y sanitarias; y ii) el control de la
problemática corresponde a Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P. y la oficina
de planeación del departamento.

39. Explicó que los alojamientos informales han desbordado la capacidad instalada
sin cumplir exigencias legales, incrementan la carga de servicios y que las
conexiones ilegales, vertimientos, colapso de alcantarillado y proliferación de
construcciones debían probarse.
I.3.7. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina27

40. Laautoridad ambiental se opuso a las pretensiones de la demanda con
fundamento en las excepciones de “[…] FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA RESPECTO DE CORALINA […]” y “[…] INEXISTENCIA DE LA
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS POR PARTE DE CORALINA
[…]”.

41. Manifestó que no ha cometido ninguna omisión ni acción que cause la
vulneración de derechos colectivos. Por el contrario, realizó inspecciones técnicas
en diferentes zonas de la isla en las que verificó vertimientos al mar, reboses de
sistemas sanitarios, daños en el emisario submarino y puntos críticos de
acumulación de residuos. A raíz de estos hallazgos, inició varios procesos

24
“[…] Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. […]”. Derogado por el
artículo 31 del Decreto 1369 de 2020.
25
“[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994. […]”.
26
Cfr. Índice 30 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
27
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.

9

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

sancionatorios tanto a usuarios como a la empresa responsable del sistema de
acueducto y alcantarillado. Entre los años 2011 y 2022, elaboró más de veinte
informes técnicos e implementó medidas preventivas contra Veolia Aguas del
Archipiélago S.A.S. E.S.P, Trash Busters S.A. E.S.P. y otros comercios de la zona.

42. Afirmó que ha efectuado seguimiento técnico a las problemáticas asociadas a la
gestión inadecuada de los residuos ordinarios, especiales y vertimientos, aunque
aclaró que no existe certeza de que toda la actividad hotelera genere impactos
ambientales, siendo ello un aspecto que deberá probarse en el trámite.

43. Expuso que la problemática es evidente y requiere del trabajo articulado de las
entidades competentes, razón por la cual ha recomendado la declaratoria de alerta
amarilla para mitigar los riesgos ambientales y sanitarios observados.

I.3.8. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres28

44. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las
excepciones de “[…] Falta de legitimación en la causa por pasiva […]”, “[…]
Responsabilidad de los municipios frente a la prestación de servicios públicos de
manera eficiente y oportuna que garantice la salubridad pública […]”, “[…]
Competencia y responsabilidad de los municipios y de las corporaciones autónomas
regionales frente a la protección del medio ambiente […]”, “[…] Inexistencia de
violación al derecho colectivo de seguridad y salubridad por parte de la UNGRD […]”
e “[…] Inexistencia de vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención
de desastres técnicamente previsibles, por parte de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres […]”.

45. Enfatizóque no ha vulnerado ningún derecho colectivo y que carece de
legitimación en la causa por pasiva porque no le corresponde la aprobación de las
licencias urbanísticas ni supervisar las redes de alcantarillado o las rutas de
recolección de residuos.

46. Mencionó que el adecuado manejo de las aguas residuales y pluviales y de los
residuos sólidos y especiales debe ser controlado por los municipios y por la
autoridad ambiental teniendo en cuenta que el Decreto 1076 de 26 de mayo de
201529 prohíbe los vertimientos en vía pública y exige planos de desagüe para
construcciones. Adicionalmente, los artículos 5.º de la Ley 142 de 1994 y 65 de la
Ley 99 de 22 de diciembre de 199330, señalaron que los entes territoriales son
garantes de la prestación eficiente de ambos servicios públicos domiciliarios.

47. Finalmente, planteó que esa entidad coordina el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo, según el Decreto 4147 de 3 de noviembre de 2011 31, pero ninguna de las
problemáticas mencionadas refiere al ámbito de sus competencias.

28
Cfr. Índice 34 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
29
“[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. […]”.
30
“[…] Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y
se dictan otras disposiciones. […]”.
31
“[…] Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se establece su objeto y estructura.
[…]”. Derogado parcialmente por el Decreto 1081 de 26 de mayo de 2015.

10

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

48. ElTribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia de 24 de abril de 202432, resolvió:

“[…] PRIMERO: Declárese probada la excepción de falta de legitimación propuesta
por La (sic) Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD y la
Asociación Hotelera y Turística de Colombia-COTELCO Capítulo San Andrés.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la
seguridad y salubridad pública y acceso a una infraestructura de servicios que
garanticé la salubridad pública, todos invocados en la presente acción popular, por
las razones dichas en este fallo.

TERCERO: DECLARAR responsables al Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., Veolia Aguas del
Archipiélago S.A. (sic) E.S.P., Trash Busters S.A. E.S.P., por la violación de los
derechos invocados y en consecuencia, se DISPONE la protección de los mismos.

CUARTO: ORDÉNESE al Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia
y Santa Catalina, como principal responsable desde sus competencias
constitucionales y legales de prestar el servicio público de saneamiento básico y a
Aguas de San Andrés S.A E.S.P. en virtud de sus obligaciones contractuales,
realizar un estudio técnico especializado que permita obtener un diagnóstico actual
sobre el funcionamiento, la capacidad, y la problemática que se ha detectado en este
proceso respecto del sistema de red de alcantarillado en el sector de North End de la
isla de San Andrés y que indique cuáles son las soluciones a dichas problemática de
la red de alcantarillado y su infraestructura.

QUINTO: Mientras se adelantan las acciones contenidas en el numeral anterior, la
entidad territorial a través de la Secretaría de Planeación se abstendrá de expedir
nuevas licencias de construcción para grandes edificaciones en el sector de North
End.

SEXTO: Veolia Aguas del Archipiélago S.A. (sic) E.S.P. deberá prestar el soporte
técnico requerido a la entidad territorial de orden departamental, para llevar a cabo el
estudio respectivo, esto es, le brindará la información detallada del funcionamiento
del sistema de alcantarillado en la isla de San Andrés, el capital humano capacitado
para su operación que apoyen y asesoren las actividades que se realicen para el
estudio técnico-especializado, equipos tecnológicos necesarios, etc.

SÉPTIMO: Mientras se adelantan las acciones tendientes a solucionar la
problemática objeto de la presente acción la empresa operadora, además de realizar
los mantenimientos cotidianos a la red de alcantarillado, adoptará como medida
transitoria, el uso de carrotanques y los equipos que sean necesarios para evitar los
reboses y/o para conjurarlos y dar apoyo a las estaciones de bombeo de aguas
residuales (Ebar).

OCTAVO: ORDÉNESE a la Corporación Ambiental para el Desarrollo Sostenible-
CORALINA, en ejercicio de sus funciones como máxima autoridad ambiental en el
archipiélago, realizar el control y vigilancia sobre todas las actividades necesarias
para dar cumplimiento a las órdenes dirigidas al Departamento y a Veolia Aguas del
Archipiélago S.A. (sic) E.S.P.

De igual manera, la Corporación deberá llevar a cabo procesos de capacitación a los
usuarios del servicio, de manera coordinada con las empresas Aguas de San Andrés

32
Cfr. Índice 147 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.

11

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

S.A E.S. P. y Veolia Aguas del Archipiélago S.A. (sic) E.S.P., para que se optimice el
uso de las redes.

NOVENO: ORDÉNESE a Trash Buster S.A. E.S.P. realizar campañas de
sensibilización en el sector comercial y hotelero de North End y disponer de un grupo
específico que vigile, inspeccione e informe periódicamente a la base Central de la
empresa operadora, sobre el estado de las rejillas donde se conducen las aguas
fluviales con el fin de que no se obstaculice el paso de las mismas con los desechos
no deseables para el alcantarillado.

DÉCIMO: EXHORTAR a la Superintendencia de Servicios Públicos, para que, desde
sus competencias de vigilancia y control, haga el seguimiento a las tareas asignadas
a la entidad territorial y a las empresas prestadoras del servicio dentro del presente
asunto.

NOVENO: (sic) COMPULSAR copias a la Procuraduría y la Fiscalía, para lo de su
competencia.

DECIMO: (sic) CONFÓRMESE un Comité de Verificación de esta sentencia integrado
por el Magistrado Ponente, los accionantes, un representante de la Superintendencia
se (sic) Servicios Públicos Domiciliarios, un representante de la entidad territorial-
Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de las empresas Veolia
Aguas del Archipiélago S.A. (sic) E.S.P., Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., Tras (sic)
Busters S.A. E.S.P. y de la Corporación para el Desarrollo Sostenible- CORALINA.
[…]” (negrilla del texto).

49. El tribunal explicó que no se configuró el fenómeno de agotamiento de la
jurisdicción ni de cosa juzgada respecto de los procesos con radicación núm. 88001-
23-33-000-2016-00022-0033, 88001-23-33-000-2014-00040-0034, 88001-23-33-
000-2017-00011-0035, 88001-23-31-000-2012-00001-0036 y 88001-23-33-000-

33
El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia
de 6 de diciembre de 2016, estudió la presunta vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al acceso
a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna. Los demandados eran el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y
la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. El objeto del proceso era la construcción del alcantarillado sanitario
y pluvial para los sectores de School House y Swamp Ground, correspondientes al distrito 4 del alcantarillado sanitario.
34
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm. 88001-23-33-000-2014-00040-
01. La Sección Primera en la sentencia de 8 de junio de 2017 resolvió los recursos de apelación interpuestos CORALINA, el
Ministerio de Minas y Energía y la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia S.A. E.S.P. (Sopesa S.A.
E.S.P.) en contra de la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2015 por el Tribunal del Departamento Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. En ese proceso se estudió la presunta vulneración de los derechos colectivos al goce
de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico, a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público,
a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y los derechos de los consumidores y usuarios. Los
demandados eran el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA, el Ministerio de
Minas y Energía, Sopesa S.A. E.S.P. y la Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
S.A. E.S.P. (EEDAS S.A. E.S.P.). El objeto del proceso era la inadecuada disposición final de residuos sólidos, incluyendo la
planificación de una política de manejo con separación desde la fuente y la definición de puntos de acopio o disposición final,
con acciones coordinadas con el prestador del servicio de aseo.
35
El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia
de 2 de octubre de 2017, amparó los derechos colectivos al medio ambiente sano, a la salubridad pública, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna. La parte demandada era el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El objeto del proceso consistió en garantizar el mantenimiento adecuado
de los sistemas de alcantarillado instalado en los sectores de Sally Taylor, Schooner Bight y Ground Road, así como asegurar
la implementación de proyectos permanentes que garantizaran el saneamiento básico de dichas zonas.
36
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. María Claudia Rojas Lasso, radicación núm. 88001-23-31-000-2012-00001-01.
La Sección Primera en la sentencia de 15 de agosto 2013 resumió la causa petendi así: “[…] El actor señala que en las
inmediaciones de los barrios Morris Landing y la Rocosa, ubicados en la circunvalar al norte de la Isla de San Andrés, se halla
ubicado un antiguo depósito de basuras a cielo abierto, así como el vertimiento al mar de aguas residuales putrefactas sin
previo tratamiento, lo cual representa un grave daño para el ecosistema y para la salubridad de los habitantes de la zona […]”.
La parte demandada en este caso era el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, CORALINA
y Proactiva S.A. E.S.P. Se reclamó la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la salubridad
pública.

12

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

2018-00032-0037, porque en esos casos se adoptó sentencia definitiva pero no
existía identidad de objeto con la presente problemática.

50. Advirtió que en la acción popular con radicación núm. 88001-33-31-001-2007-
00324-00, tramitada ante el Juzgado Contencioso Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina Islas, se profirió sentencia de 27 de marzo de 2009,
en la que se impartieron órdenes a Proactiva Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P.
orientadas a la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano,
a la salubridad pública y a que la prestación de los servicios públicos se realice de
manera eficiente y oportuna.

51. Frente a dicha sentencia concluyó que no se configura el fenómeno de cosa
juzgada porque el objeto y la causa fáctica eran distintos. El objeto de este proceso
es más amplio pues se relaciona con los constantes vertimientos de aguas
residuales en el sector principal de North End de San Andrés asociados al aumento
de construcciones y/o edificaciones legales e ilegales, la deficiente prestación del
servicio de acueducto y alcantarillado, la contaminación ambiental y el inadecuado
manejo de los residuos sólidos.

52. Argumentó que en la sentencia de 27 de marzo de 2009 se ordenó construir la
infraestructura de alcantarillado cuestionada en este proceso. Sin embargo, “[…] el
objeto no es el mismo respecto de la Sentencia del 27 de marzo de 2009 y en
consecuencia, las pretensiones en este caso particular no guardan similitud con el
precedente, siendo este trámite constitucional una oportunidad de replantear los
compromisos de la empresa prestadora del servicio de alcantarillado pero a su vez,
determinar la participación de la entidad territorial, del ente de control-
Superintendencia, autoridad ambiental y demás accionadas en esta ocasión en la
solución a la problemática que afecta sin duda los derechos aquí invocados […]”..

53. Encontró probado que el servicio público de alcantarillado presenta fallas en su
operación por rebosamientos, malos olores y cámaras de inspección con
sedimentos. Específicamente, las afectaciones del sector norte de la isla se deben
a la deficiente operación del mencionado sistema, sobre todo porque la autorización
en las construcciones urbanísticas de la zona no requiere certificado de capacidad,
cobertura y disponibilidad del servicio público de alcantarillado.

54. Sostuvo que la red de alcantarillado sanitario en la isla se divide en 4 distritos
sanitarios y cada uno de estos distritos cuenta con su respectiva estación de
bombeo y es independiente del resto. La problemática se presenta debido a que las
aguas de los Distritos 1 y 2, que comprende gran parte del sector hotelero y
comercial, se recogen en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales núm. 2 que
no cuenta con capacidad suficiente ante la magnitud del caudal recibido.

37
El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, mediante sentencia
de 29 de mayo de 2019, amparó los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, vulnerados por la Empresa
Interaseo del Archipiélago S.A.S. E.S.P. y el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El
objeto del proceso consistió en la adopción de estrategias y campañas periódicas de prevención del riesgo de emergencias
propias de un sitio de disposición final, así como en la implementación de brigadas y campañas en salud pública dirigidas a
la población aledaña al relleno sanitario Magic Garden, incluyendo los residentes del barrio Schooner Bight y el centro
penitenciario y carcelario Nueva Esperanza.

13

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

55. Agregó que, ante la falta de gestión de las partes para la práctica del dictamen
pericial decretado, basó su decisión en los argumentos presentados por Veolia
Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P., entidad que indicó que renovar el colector
núm. 2 mediante tecnologías sin apertura de zanja permitirá reducir de forma
significativa los desbordamientos.

56. Respecto de la responsabilidad de las entidades demandadas en la vulneración
de los derechos colectivos amparados, indicó que la entidad territorial es la primera
encargada de garantizar la prestación del servicio de alcantarillado, pero no ha
ejercido sus funciones como se advierte del estado crítico en el que se encuentra el
alcantarillado del sector de North End hace varios años. La empresa Aguas de San
Andrés S.A. E.S.P. actúa como supervisora de Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S.
E.S.P., quien ejecuta las actividades de la prestación de los servicios públicos de
alcantarillado y aseo.

57. Agregó que en el proceso no se demostró si el origen de la problemática se
relaciona exclusivamente con la recolección inadecuada de los residuos sólidos.
Aun así, ordenó a la empresa encargada de la prestación del servicio público de
aseo en el departamento que implemente estrategias para que los usuarios realicen
un mejor manejo de esos residuos.

58. Finalmente, manifestó que, aunque no se probó la transgresión del derecho
colectivo a la moralidad administrativa, era pertinente compulsar copias a los entes
de control y al ente territorial para que ejerzan sus competencias en materia de
vigencia, ejecución y cumplimiento del contrato de operación del servicio.

59. Mediante auto de 4 de junio de 202438, el a quo resolvió la solicitud de aclaración
del ordinal quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 24 de abril de 2024,
presentada por el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

60. El a quo consideró que, aunque procedía aclarar el alcance de la orden dada a
la Secretaría de Planeación para evitar confusiones respecto de las nuevas licencias
de construcción para “grandes edificaciones” en el sector North End, no era
admisible hacerlo en los términos propuestos por la entidad territorial 39, porque no
correspondía al juez clasificar las construcciones conforme a las categorías propias
del trámite administrativo, al ser una competencia de la autoridad territorial según
su POT y su reglamentación especial. En consecuencia, la aclaración no podía
convertirse en una reformulación técnica de la orden judicial ni en la adopción de
criterios normativos que la propia administración debe aplicar para cumplir el fallo.

61. En ese contexto, el tribunal resolvió:

“[…] PRIMERO: ACLARAR el numeral quinto de la Sentencia de fecha 24 de abril
de 2024, en el sentido de precisar que por su contenido, se trata de una medida

38
Cfr. Índice 164 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
39
La entidad sostuvo que ese término no corresponde a una categoría prevista en el Decreto 1077 de 2015 y que, para poder
cumplir adecuadamente la orden judicial, era necesario que el Tribunal precisara a cuál categoría de complejidad de licencia
urbanística hacía referencia dicha expresión

14

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

cautelar y que para su cumplimiento debe entenderse “grandes edificaciones”, toda
construcción con área mayor a 300 metros cuadrados en “North End”, área central
de la zona urbana que corresponde técnicamente a los Distritos 1, 2 y 3, y se extiende
por el suroeste desde la “y” del Bolivariano hasta “la rocosa” sobre la carrera 20 y
cubre también, una pequeña franja paralela al costado occidental de la pista del
aeropuerto.

En todo caso, cualquier construcción en el departamento archipiélago deberá hacerse
estrictamente de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial-POT
y previa aseguranza de la disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios en
particular, acueducto y alcantarillado. Lo anterior, deberá tenerse en cuenta por la
entidad competente para el trámite de licencias, en cumplimiento a lo ordenado por
este Tribunal. […]” (negrilla y subraya del texto).

III. RECURSOS DE APELACIÓN

III.1. Aguas de San Andrés S.A. E.S.P.40

62. La empresa prestadora solicitó la revocatoria de la sentencia de primera
instancia, por cuanto no se demostró que haya vulnerado los derechos colectivos
amparados, carga de la prueba que correspondía a la parte demandante.
63. Sostuvo que Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P. es la entidad
responsable de corregir las dificultades existentes en la operación del sistema de
alcantarillado, según lo dispuesto en las cláusulas 2, 3, 10, 14 y 43 del contrato de
operación suscrito el 8 de septiembre de 2005 con esa compañía, así como lo
señalado los otrosíes 6 y 9 del mencionado acuerdo.

64. Señaló que ha cumplido con las obligaciones establecidas en la cláusula 11 del
contrato, las cuales no incluyen la operación del sistema de alcantarillado, el
mantenimiento de la infraestructura, la apropiación de recursos ni la realización de
estudios técnicos especializados. Su responsabilidad se limita únicamente a la
supervisión del contrato de operación.

65. Agregó que no cuenta con los recursos suficientes para adelantar un proceso de
contratación para la realización de un estudio técnico especializado debido a que
solo recibe la remuneración establecida en el numeral 7 de la cláusula 10 y la
cláusula 14 del contrato de operación, es decir, veinticinco millones de pesos
mensuales que se actualizarán anualmente con el IPC de la respectiva vigencia.
Este ingreso se utiliza para el pago de los servicios de la supervisión del contrato
de operación, así como para cubrir los costos del normal funcionamiento de la
empresa.

66. Mencionó que el departamento presentó el proyecto denominado “Optimización
colector principal del sistema de alcantarillado sanitario Distrito 2 San Andrés” ante
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el propósito de conseguir recursos
para su ejecución.

40
Cfr. Índice 160 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.

15

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
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III.2. Trash Busters S.A. E.S.P.41

67. La empresa prestadora del servicio de aseo solicitó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia porque no se demostró su responsabilidad en la presunta
afectación a los derechos colectivos incoados. Explicó que el dictamen pericial
elaborado por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM E.S.P.) y el registro
fotográfico obrante en el plenario no acredita la veracidad de todos los hechos
expuestos en la demanda porque esas pruebas solo se relacionan con el
funcionamiento de la red de alcantarillado.

68. Señaló que las pruebas no demuestran que los residuos sólidos causen
taponamientos al sistema de alcantarillado, como lo afirmó el a quo. Tampoco se
probó una omisión por parte de la empresa, ni se mencionó dónde estaban los
residuos y de qué tipo eran. Complementó que Trash Busters S.A. E.S.P. se
encarga de gestionar los residuos sólidos ordinarios, pero no le corresponde la
limpieza de las rejillas del sistema de alcantarillado y, además, la recolección de los
residuos especiales es una responsabilidad del departamento.

69. Explicó que el a quo en la sentencia de 24 de abril de 2024 admitió no haber
examinado las pruebas documentales obrantes en el plenario. Específicamente, el
fallo de primera instancia señala que sólo fue posible visualizar uno de los archivos
aportados por Trash Busters S.A E.S.P. como prueba.

70. Adujo que esos archivos, junto con el reporte efectuado a la Secretaría de
Servicios Públicos del departamento, acreditaban la correcta y oportuna prestación
del servicio de aseo. Por lo tanto, el tribunal vulneró su derecho al debido proceso,
profirió una sentencia sin motivación adecuada y no tuvo en cuenta que la empresa
cumplió con la identificación de los puntos críticos en cumplimiento de los artículos
2 y 46 del Decreto 2981 de 20 de diciembre de 201342.

III.3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios43

71. La entidad adujo que no vulneró los derechos colectivos amparados y que no
debió ser vinculada al proceso porque sus competencias están establecidas en el
artículo 79 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 6 del Decreto 1369 de 18 de octubre
de 202044, entre las cuales no se encuentra el seguimiento de las órdenes
impartidas en la sentencia de primera instancia.

72. Explicó que la función de inspección y vigilancia se realiza únicamente sobre las
entidades que prestan servicios públicos domiciliarios, con el objetivo de garantizar
que dichos servicios se presten correctamente. Por ello, no le corresponde la
formación de comités de seguimiento ni supervisar a la entidad territorial, ya que no
presta de forma directa de esos servicios públicos.

41
Cfr. Índice 155 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
42
“[…] Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. […]”.
43
Cfr. Índices 154 y 156 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
44
“[…] Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. […]”.

16

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73. Señaló que no es posible realizar seguimiento a la empresa Aguas de San Andrés
S.A. E.S.P. en lo relacionado con la ejecución de los contratos celebrados para el
funcionamiento y la capacidad del sistema de alcantarillado, ni respecto a la
expedición de licencias de construcción, o la ejecución de campañas de
sensibilización porque son actividades que no se encuentran dentro de sus
funciones.

IV.TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

74. Mediante auto de 11 de julio de 202445, el magistrado ponente del tribunal
concedió ante el Consejo de Estado los recursos de apelación presentados por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Aguas de San Andrés S.A.
E.S.P. y Trash Busters S.A. E.S.P.

75. A través de auto de 30 de agosto de 20246, se admitieron los recursos de
apelación. Además, se consideró que el documento aportado por la Empresa Aguas
de San Andrés S.A. E.S.P. ya obraba en el expediente, en consecuencia, no se
realizó pronunciamiento frente al mismo y se le informó al Ministerio Público que
podía emitir concepto.

76. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

77. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en el
artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201147 y en el artículo 13 del Acuerdo
080 de 12 de marzo de 201948, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento de los problemas jurídicos

78. Los demandantes atribuyeron al departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, a CORALINA, a la SSPD, a la UNGRD, a COTELCO,
a Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., a Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P.
y a Trash Busters S.A. E.S.P., la trasgresión de los derechos colectivos previstos
en los literales a), c), g), h) y j) del artículo 4.° de la Ley 472, debido a las fallas en
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado y aseo
presentadas en la zona de North End del citado departamento.

79. En la sentencia de 24 de abril de 2024, el a quo amparó los derechos colectivos
al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad pública, y al acceso a una

45
Cfr. Índice 171 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
46
Cfr. Índice 8 del expediente digital de segunda instancia.
47
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […]”.
48
Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

17

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infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública. En consecuencia,
ordenó al departamento y a Aguas de San Andrés S.A. E.S.P. que ejecuten un
estudio técnico especializado para obtener un diagnóstico claro sobre la situación
en el sector North End. Además, durante el tiempo en que se realice dicho estudio,
como medida cautelar allí no podrán otorgarse nuevas licencias de construcción
para grandes edificaciones.

80. Precisó que Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P. tiene la responsabilidad
de brindar el soporte necesario para la elaboración del estudio y, adicionalmente,
mientras se adelantan acciones para solucionar la problemática, debe apoyar el
funcionamiento de las estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR),
mantener la red de alcantarillado y, como medida transitoria, utilizar carrotanques y
otros equipos para evitar reboses.

81. Por su parte, CORALINA debe ejercer control y vigilancia sobre todas las
actividades realizadas para cumplir las órdenes anteriores, además de capacitar a
los usuarios en el correcto uso de las redes. Trash Buster S.A. E.S.P. tiene la tarea
de liderar campañas de sensibilización en el sector comercial y hotelero de North
End, asignar un grupo para supervisar el estado de las rejillas y entregar informes
periódicos a la empresa prestadora del servicio de alcantarillado. Finalmente, la
Superintendencia de Servicios Públicos debe realizar el seguimiento
correspondiente, desde sus competencias de vigilancia y control, a todas las labores
desarrolladas tanto por la entidad territorial como por las empresas prestadoras.

82. Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., Trash Busters S.A. E.S.P. y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios presentaron recurso de
apelación contra esa decisión.

83. Aguas de San Andrés S.A. E.S.P. afirmó que Veolia Aguas del Archipiélago
S.A.S. E.S.P. es la empresa responsable de la vulneración de los derechos
colectivos amparados. Adujo que no cuenta con recursos para realizar un estudio
técnico especializado y que el departamento solicitó apoyo financiero al Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio para desarrollar el proyecto denominado
“Optimización colector principal del sistema de alcantarillado sanitario Distrito 2 San
Andrés”.

84. Trash Busters S.A. E.S.P. insistió en que no se demostró su responsabilidad en
la vulneración de los derechos colectivos amparados. Además, el a quo señaló que
no pudo abrir algunos documentos del expediente probatorio, lo que significa que
tomó una decisión sin revisar esas pruebas, vulnerando así el debido proceso, ya
que esos documentos demostraban que el servicio de recolección de residuos
sólidos se prestó correctamente.

85. LaSuperintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mencionó que las
órdenes de amparo no respetan su margen funcional.

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

V.3. Análisis del caso concreto

86. Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará: i) la configuración del
fenómeno de cosa juzgada; ii) la presunta transgresión de los derechos colectivos
mencionados en la demanda; iii) las competencias de las entidades apelantes en el
caso concreto; y iv) la adopción de medidas cautelares en las sentencias.

V.3.1. Análisis de oficio de la configuración del fenómeno de cosa juzgada

87. La cosa juzgada es una institución de naturaleza procesal, en virtud de la cual
los asuntos decididos por los jueces no pueden controvertirse nuevamente, una vez
sus sentencias quedan ejecutoriadas, salvo expresa excepción legal. En virtud de
las características de imperatividad, coercibilidad e inmutabilidad de las sentencias,
la cosa juzgada constituye una excepción previa que, en caso de encontrarse
acreditada, debe ser decretada de oficio, teniendo por efecto la terminación del
proceso.

88. Los requisitos previstos para la configuración de este fenómeno, conforme al
artículo 303 de la Ley 1564 de 201249 y a la jurisprudencia de esta Sección50,
refieren a la identidad de parte demandada, objeto y causa petendi.

89. Esto significa que a la Sala le corresponde verificar si la sentencia de 27 de
marzo de 2009, proferida por el Juzgado Único Contencioso Administrativo del
circuito de San Andrés en la acción popular con radicación núm. 88001-33-31-001-
2007-00324-00, comparte las mismas partes demandadas, derechos colectivos y
hechos a los que motivaron la presente acción popular, conforme al siguiente cuadro
comparativo:

Acción popular radicación núm. Acción popular radicación núm. 88001-23-33-
88001-33-31-001-2007-00324-00 000-2022-00013-01
Parte demandada
Demandados: Demandados:
PROACTIVA S.A. E.S.P. 1. Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P.
(antes PROACTIVA S.A. E.S.P.)
2. Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
3. CORALINA
4. SSPD
5. UNGRD
6. COTELCO
7. Aguas de San Andrés S.A. E.S.P.
8. Trash Busters S.A. E.S.P.
Hechos relevantes

En la sentencia se resumieron los En la presente demanda se explicó lo siguiente:
hechos de ambas demandas, así:
“[…] En los principales sectores de North End
“[…] Relataron los actores que la de la Isla de San Andrés se viene presentando
empresa PROACTIVA AGUAS DEL un constante vertimiento de aguas residuales,

49
Aplicable por la remisión contenida en el artículo 306 del CPACA y en el artículo 44 de la Ley 472.
50
Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, sentencia de 18 de abril de 2007, radicación
núm. 54001-23-31-000-2005-00118-01(AP).

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P. que generan malos olores, peligro a la salud y
mediante contrato de operación de alto riesgo a la vida humana.
septiembre de 2005, celebrado con
Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., Al parecer las causas de algunos vertimientos se
empresa oficial de carácter debe a conexiones ilegales al sistema de drenaje
departamental asumió el manejo y pluvial, mal manejo de residuos y vertimientos de
operación en la prestación de los trampas de grasas y desarenadores, proliferación
servicios públicos de acueducto y de construcciones ilegales e ilegales.
alcantarillado en la isla de San
Andrés, en su condición de Lo cierto es que la red de alcantarillado de la Isla,
operador privado. se encuentra colapsada.

Que se ha constatado de manera Esta problemática viene afectando no solo al
continua y repetitiva, y aún en la comercio, sino también a los ciudadanos que están
actualidad, la presencia de obligados a transitar por estos lugares críticos.
vertimientos, reboses,
filtraciones y similares, de aguas Que las conexiones clandestinas, presuntamente,
residuales provenientes de la red han generado contaminación por infiltración del
de alcantarillado del sector de sistema de acueducto de la Isla, con lo que se
North End, en diversos puntos coloca en altísimo riesgo a los usuarios, por uso de
como Av. Newball, edificio Bahía líquido vital contaminado.
Fragata, Av. Providencia,
Almacén Ovni y Minirey, Av. La renovación del sistema de acueducto, no ha
Atlántico frente al sido eficiente, y genera traumatismos a los
establecimiento de comercio usuarios y alto riesgo a los transeúntes, por obras
denominado Accellular, Sector inconclusas.
del Barrio El Bight que se
realizan en las estaciones de Consideramos que el aumento en la expedición de
bombeo, ubicadas en el sector de licencias urbanísticas de forma amplia, y
Sarie Bay- Estación de Bombeo especialmente, las nuevas construcciones que se
No. 2 y La Rocosa- Estación de están erigiendo en el sector de North End, donde
Bombeo No. 3. más colapsada se encuentra la red de
alcantarillado, está influyendo de manera negativa
Agregan que esos vertimientos han y adversamente en la problemática y que
generado quejas de la comunidad gradualmente se tiende a expandirse a otros
afectada. Habiéndose realizado por sectores.
parte de ellos, las acciones
tendientes a la búsqueda de una En los diferentes sectores de la Isla, zona turística,
solución. residencial y comercial, se evidencia una constante
acumulación de residuos ordinarios y especiales
Que los informes técnicos dan ocasionados por fallas o demoras, al parecer, en el
cuenta en reiteradas oportunidades servicio de recolección por parte de la empresa
de los vertimientos de aguas prestadora del servicio de aseo.
residuales hacia la vía pública en
los sitios donde se han presentado Los puntos críticos de acumulación de residuos
los mismos, ocasionando todo tipo sólidos ordinarios y especiales por disposición
de molestias a las personas que inadecuada, son lugares en el espacio público o
habitan y transitan por la zona. ecosistemas claves, donde se ve afectado al
concepto de área limpia de la zona urbana y
Donde además, que es evidente el estructura ecológica.
retraso de las obras de
construcción del alcantarillado en la En el espacio público, se está arrojando de manera
isla, entre ellas los tramos de la Av. clandestina y sin ningún control de la autoridad
Newball y el Barrio Los Almendros, competente, escombros, residuos sólidos
los que se encuentran en un estado ordinarios y especiales, y son foco (sic)
lamentable y prácticamente generadores de roedores.
abandonados, generando afección
a la comunidad, riesgo de La contaminación e impactos por inadecuada
problemas sanitarios y de disposición de residuos sólidos domiciliarios, así
contaminación ambiental, lo que ha mismo, los residuos especiales, al ser dispuestos

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
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motivado la iniciación de procesos en espacios públicos, cuerpos de agua o cerca de
sancionatorios por parte de la ellos, está generando impactos conexos, tales
Corporación Ambiental Coralina. como olores ofensivos, proliferación de vectores,
lixiviados y descomposición y por ende al
Finalizan afirmando que es desarrollo de enfermedades que han alcanzado en
constante y reiterado observar en población general.
diversos puntos de la isla la
presencia de escorrentías de El déficit en la prestación de estos servicios
considerable caudal, de agua públicos de alcantarillado y recolección de
potable proveniente de la red de servicios sólidos ordinarios y especiales, ha
acueducto operada por la firma conllevado al aumento de puntos críticos,
accionada, lo que es menester afectando la calidad de vida de los habitantes del
corregir, entre otras cosas, por el territorio insular y del ambiente.
escaso acceso del preciado líquido,
ya que en algunos sectores de la El gremio hotelero, los comerciantes y grandes
isla el mismo es desperdiciado por construcciones, no están dando cumplimiento a la
roturas e ineficiencia en la normatividad, y no están garantizando una
prestación del servicio y otros infraestructura adecuada que permita alivianar la
sectores existen quejas de la problemática, sino que, por el contrario, no toman
comunidad por la falta de su las medidas pertinentes con sus areneros, trampas
oportuna provisión. […]” (negrilla de grasa y demás; incluso, algunos hacen
fuera de texto). vertimientos de manera ilegal a pesar de existir
sanciones económicas considerables. […]”
(negrilla fuera de texto).

Pretensiones

"[…] Solicitamos que se declaren “[…] 1. Se declare la vulneración de los derechos
vulnerados por parte de la empresa colectivos a un ambiente sano y la salubridad
accionada los siguientes derechos pública, por parte de las entidades accionadas.
colectivos:
2. La existencia del equilibrio ecológico y el
• Seguridad y salubridad
manejo y aprovechamiento racional de los
públicas. recursos naturales para garantizar su desarrollo
• El acceso a una sostenible, su conservación, restauración o
infraestructura de servicios sustitución. La conservación de las especies
que garantice la salubridad animales y vegetales, la protección de áreas de
pública. especial importancia ecológica, de los
ecosistemas claves y los situados en las zonas
• El acceso a los servicios
fronterizas, así como los demás intereses
públicos y a que su colectivos relacionados con la preservación y
prestación sea eficiente y restauración del medio ambiente.
oportuna.
• El goce de un ambiente 3. Que se establezca un plan de choque que
sano. garantice la salubridad pública, la prestación de
los servicios y la compensación por los daños al
Por consiguiente, estos deben ser
pueblo étnico raizal, como dueño del territorio.
protegidos; a la vez que se conmine
a la empresa responsable a tomar 4. Que las entidades involucras (sic) realicen un
las acciones, realizar las estudio de la capacidad hidráulica, estado de la
reparaciones u obras necesarias infraestructura y la proyección de futuras
para que cese de manera definitiva proyecciones del sistema de acueducto y
su vulneración y sea obligado a alcantarillado.
prevenir que en el futuro
5. Que se realice la renovación de las redes de
situaciones como las presentadas, alcantarillado, considerando la vía (sic) útil de la
que atenten contra el bienestar de infraestructura instalada, la cual está agotada;
la comunidad. junto al plan de recuperación de la maya (sic) vial
De igual forma se solicita conminar que se interviene con este tipo de trabajos.
a la empresa PROACTIVA AGUAS

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
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DEL ARCHIPIÉLAGO S.A., a que 6. Que se suspenda (sic) de inmediato los
se realice un diagnóstico serio, real permisos de conexión al sistema de acueducto y
y completo del estado de todo el alcantarillado, hasta no tener claridad sobre la
capacidad hidráulica de red y se garantice la no
sistema de redes, tuberías, y
repetición de los hechos que generan esta acción
sistemas de impulsión, etc., que constitucional.
permita priorizar los sectores más
vulnerables, y de esa forma poder 7. Que se implementen estrategias de monitoreo,
prevenir y corregir oportunamente control y seguimiento, que garanticen el normal
los daños que existan; y por su funcionamiento efectivo de la red, sin
parte crear un programa de contaminación o más rebosamientos.
mantenimiento preventivo a toda la
8. Que se presente una propuesta alternativa
red, que garantice su correcta para reemplazar los tramos de alcantarillado, que
operación. […]". por vetustez y/o obsolescencia funcional hayan
cumplido su vida útil.

9. Que se garantice la recolección de residuos
ordinarios y especiales en el tiempo.

10. Que se establezca y ponga en marcha un
plan de contingencia que cobije las necesidades
inmediatas y futuras de la Isla en materia de
servicios públicos (acueducto, alcantarillado y
recolección, transporte y disposición adecuada
de residuos sólidos tanto especiales o (sic) como
ordinarios).

11. Que se nos exonere del requisito de
requerimiento previo por ser éste un tema de
conocimiento público y evidencias notoriamente
visibles.

12. Que se nos conceda el amparo de pobreza
para los costos económicos de las pruebas a
practicar, y en su defecto se realicen con cargo al
Fondo para la Defensa de los Derechos e Interés
Colectivo (sic).

13. Que se disponga por parte de su señoría,
todas las demás órdenes y obligaciones en
cabeza de los accionados tendientes a la
recuperación del medio ambiente, salubridad
pública y demás derechos colectivos que se
están vulnerando a la colectividad […]”.

90. Vistos en paralelo los elementos esenciales de ambas acciones populares, se
observa que, frente a la acción con radicación núm. 2007-00324-00, el conflicto de
la referencia encuentra identidad de parte demandada en cuanto a la empresa
Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P.

91. Igualmente, existe identidad parcial en las pretensiones pues en ambos
procesos se demandaron los derechos colectivos a la seguridad y salubridad
públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna y al goce de un ambiente sano.

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
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92. La “[…] identidad de pretensiones debe predicarse respecto de los derechos
objeto de protección, y no sobre lo que pide el actor que el juez ordene para su
amparo en el fallo […]”51, e incluso las pretensiones específicas propuestas en la
acción con radicación núm. se subsumen en las solicitadas en la presente acción
popular 2007-00324-00.

93. En lo referente a la causa petendi, en el proceso decidido mediante sentencia
de 27 de marzo de 2009, se estudió la problemática de vertimientos, rebosamientos
y filtraciones de aguas residuales provenientes de la red de alcantarillado del sector
North End en los lugares denominados “[…] Av. Newball, edificio Bahía Fragata, Av.
Providencia, Almacén Ovni y Minirey, Av. Atlántico frente al establecimiento de
comercio denominado Accellular, Sector del Barrio El Bight […]”.

94.Concretamente, el Juzgado Único Contencioso Administrativo del circuito de
San Andrés en la sentencia de 27 de marzo de 2009 resolvió lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO TERCERO. ORDENAR al operador especializado PROACTIVA
AGUAS DEL ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P. adelantar las gestiones necesarias durante
la presente anualidad con el fin de iniciar la ejecución del alcantarillado sanitario del
tramo correspondiente a la Avenida Newball, desde la Av. Hell Gate hasta la calle 9
(SENA), conectando este punto a la estación de bombero n° 1, incluyendo el tramo
restante en la Avenida Newball desde edificio bahía fragata hasta la Av. Hell Gate, obra
que deberá iniciarse a más tardar en el mes de febrero del año 2010. para lo cual
deberá allegar a este despacho un informe trimestral de las gestiones adelantadas para
los inicios del desarrollo de la obra.

CUARTO: ORDENAR al operador especializado PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIÉLAGO S.A. ESP, adelantar las gestiones de coordinación pertinentes con
los grandes generadores de la Av. Colombia-Hotel Aquarium, que efectúan las
sobrecargas a la red de alcantarillado sanitario de dicho punto, estableciendo horarios
de descarga los cuales deben ser vigilados y controlados por la empresa en aras de
minimizar las afectaciones hasta una vez se encuentre completada la solución definitiva
contemplada en el numeral anterior. Para lo cual, deberá allegar a este despacho los
horarios de descarga coordinados, así como el área y las personas responsables de
verificación del cumplimiento del mismo.

QUINTO: ORDENAR al operador especializado PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIÉLAGO S.A. ESP, implementar un plan de mantenimiento preventivo a la red
de alcantarillado en la Av. Peatonal-diagonal al Hotel Calypso Beach y establecer un
cronograma distrital de ejecución. Para lo cual deberá allegar trimestralmente a este
despacho dicho plan, el cual deberá contener un cronograma con fechas precisas de
ejecución de las actividades a desarrollarse, herramientas y equipos a implementar,
áreas y personal responsable del desarrollo de las actividades. Cualquier cambio en el
cronograma deberá ser informado y justificado a este despacho.

SEXTO: ORDENAR al operador especializado PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P., implementar herramientas u equipos más artesanales
(ejemplo rotosonda) que puedan ser utilizados sobre la vía peatonal para efectuar un
mantenimiento preventivo permanente sobre dicha vía.

SEPTIMO: ORDENAR al operador especializado PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P., continuar adelantando las gestiones pertinentes con el

51
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 31 de julio de 2008, radicación
núm. 25000-23-26-000-2005-00240-01, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
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fin de dar uso de equipos más tecnificados para el mantenimiento preventivo de la Vía
Peatonal-Diagonal Hotel Calypso. Constancia de dichas gestiones adelantadas
deberán adjuntarse junto con el plan y cronograma de mantenimiento preventivo
trimestral.

OCTAVO: ORDENAR al operador especializado PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P., adelantar los trámites y gestiones pertinentes para
efectuar las conexiones del barrio El Bight al sistema de alcantarillado sanitario
conducentes al barrio obrero y Av. Newball que culmina en la estación de aguas
residuales domésticas No 1. Dichas conexiones deberán ser efectuadas antes de
finalizar el primer semestre de año en curso, es decir, 30 de Junio de 2009.

NOVENO: ORDENAR al operador especializado PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P., efectuar la eliminación y/o sellado del tanque Inhoff del
barrio El Bight y de la estación elevadora, una vez haya sido efectuada la conexión del
barrio El Bight al sistema de alcantarillado sanitario conducentes a la estación de aguas
residuales No 1, de que trate el numeral anterior.

ARTÍCULO DÉCIMO. ORDENAR al operador especializado PROACTIVA AGUAS
DEL ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P., elaborar planes de contingencia para atender
situaciones de rebose del sistema de alcantarillado sanitario, ya sea generados por
fallas del sistema de bombeos, colapso de la red por colmatación, entre otros factores.
dichos planes de contingencia deben contener como mínimo lo siguiente para cada tipo
de contingencia posible:
• Acciones operativas a implementar para atender la situación (acción principal,
secundaria, o si se requiere apoyo externo),
• Personas y áreas de la empresa responsables para atender la contingencia,
• Organización en sitio, soporte logístico requerido para implementar las acciones
(equipo, herramientas, apoyo humano, etc.),
• Riesgos posibles y medidas necesarias para subsanarlos, y
• Plan de acción y tiempos de acción.

DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR al Operador PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P, que se realicen revisiones a la operación y
mantenimiento que se efectúa de las estaciones de bombeo, así como las
rehabilitaciones pertinentes de la infraestructura física de las estaciones, aplicando las
recomendaciones establecidas en el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento
Básico (RAS- título D) y sus normas técnicas en lo concerniente a las medidas a
implementar, para minimizar los malos olores y gases. Para lo cual deberá allegar a
este despacho un informe trimestral evaluatorio de la operación y mantenimiento de las
medidas de rehabilitación necesarias para la minimización de olores.

DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR al Operador especializado PROACTIVA AGUAS
DEL ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P, elaborar un manual de operación y mantenimiento
de las estaciones de bombeo que establezcan las labores de inspección,
mantenimiento y reparación de los equipos de bombeo y sus accesorios, para cada
una de las estaciones a instalar. Este deberá contar con información sobre el monitoreo
de fallas del funcionamiento del sistema de bombeo. Dicho manual deberá estar
ajustado a los estándares establecidos por el operador y deberá ser entregado al
despacho competente para su aprobación antes del treinta (30) de junio de Dos Mil
Nueve (2009).

DÉCIMO TERCERO: ORDENAR a PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIÉLAGO S.A.
E.S.P, ejercer estricto control documental y físico sobre el tiempo de operación de las
estaciones de bombeo, el cual deberá realizarse mediante informes de registro de
tiempo de operación y los resultados generados para la optimización del proceso de
evacuación de aguas residuales. Mantener registros de tiempo de operación de las
estaciones de bombeo disponibles en el despacho para inspección de las autoridades
competentes, y allegar un informe pormenorizado de ello a este despacho judicial
trimestralmente.

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

DÉCIMO CUARTO: ORDENAR AL OPERADOR ESPECIALIZADO PROACTIVA
AGUAS DEL ARCHIPIÉLAGO S.A. E.S.P, efectuar adecuaciones a la infraestructura
física que conforman los pozos húmedos de las estaciones de aguas residuales
relacionadas en la presente acción popular, con el fin de verificar la hermeticidad y/o
sellado de los mismos; de igual forma evaluar la necesidad de implementar sistemas
de ventilación artificial (filtros de aireación) según las necesidades del sistema. Remitir
informe trimestral evaluativo y de implementación de las medidas correspondientes.

DÉCIMO QUINTO: CONFORMAR un comité de verificación de cumplimiento de la
presente sentencia, para que una vez vencidos los plazos otorgados a la parte
accionada, informe al despacho las diligencias efectuadas en pro de la efectividad de
los derechos colectivos invocados en esta acción. El mencionado comité estará
integrado por las partes y el agente del Ministerio Público delegado ante este Despacho
Judicial y el suscrito titular de este Despacho Judicial. […]” (Negrilla del texto).

95. Estas mismas situaciones son nuevamente alegadas en la presente acción en
tanto los señores Alex Barrios Llanes, Calburn Wellington Pomare Powell y Neal
Osorio Gómez Bent indicaron que “[…] En los principales sectores de North End de
la Isla de San Andrés se viene presentando un constante vertimiento de aguas
residuales, que generan malos olores, peligro a la salud y alto riesgo a la vida
humana. […]”.

96. Esto significa que la problemática asociada al funcionamiento de la red de
alcantarillado se plantea en la presente acción popular en un marco territorial y
fáctico más amplio, pues no se circunscribe a lugares concretos52, sino que alude
de manera general a los principales sectores de North End. Además, se incorporan
explicaciones adicionales sobre las causas del fenómeno, al atribuirlo no solo a
reboses o vertimientos, sino también a la no finalización de obras, la proliferación
de construcciones legales e informales y la inadecuada gestión de los residuos
sólidos.

97. Por lo tanto, aunque el objeto del segundo proceso es más extenso por abarcar
también la inadecuada recolección de residuos sólidos, la insuficiencia de
capacidad del sistema y la participación de otras entidades demandadas; lo anterior
no impide concluir que se configure el fenómeno de cosa juzgada parcial respecto
de la empresa de servicios públicos domiciliarios.

98. Dicha declaratoria al ser parcial quiere decir que la participación de Veolia
Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P., dada su condición de operadora del sistema
de acueducto y alcantarillado, es necesaria en este proceso en cuanto a la
problemática de rebosamiento de las aguas residuales en otros puntos del
alcantarillado del sector de North End, así como en la evaluación de la capacidad
del sistema de alcantarillado por el aumento de construcciones legales e ilegales.

99. En ese orden de ideas, se modificará el ordinal primero de la parte resolutiva de
la sentencia de primera instancia para declarar de oficio la excepción de cosa
juzgada parcial, conforme a las consideraciones expuestas en precedencia.

52
La problemática resuelta en la sentencia de 27 de marzo de 2009 se relacionó con los vertimientos provenientes de la red
de alcantarillado en 6 puntos del sector North End (avenida Newball, el edificio Bahía Fragata, la avenida Providencia, los
establecimientos Ovni y Minirey, la avenida Atlántico frente al establecimiento Accellular y el sector del barrio El Bight).

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

V.3.2. La presunta transgresión de los derechos colectivos mencionados en
la demanda

100.El Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina concluyó en la sentencia de 24 de abril de 2024 que
las condiciones en las que se prestan los servicios públicos de alcantarillado y aseo
en San Andrés vulneran los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al
acceso a una infraestructura de servicios que garanticé la salubridad pública y a la
seguridad y salubridad pública, por las siguientes razones:

“[…] La Sala observa que, en cumplimiento de lo requerido por el Despacho
sustanciador, a través de los registros fotográficos y archivos fílmicos allegados al
proceso en debida forma por la Defensoría Regional del Pueblo, lo manifestado por los
demandantes en cuanto al estado grave aparente del sistema de alcantarillado en el
sector norte de la isla, es cierto. El Despacho destaca alguna de las fotografías:

Lo anterior se corrobora cuando en cumplimiento de la prueba técnica que fue decretada
de oficio por el Despacho, las Empresas Públicas de Medellín-EPM, rindieron un Informe
que permite concluir que “el sistema de alcantarillado presenta dificultades en su
operación y existen afectaciones reales, debido a reboses en algunas cámaras de
inspección y malos olores, redes trabajando a flujo lleno y cámaras de inspección con
sedimentos”.

[…]

Sobre este hecho cabe decir que no solo los registros fotográficos traídos por la
Defensoría del pueblo en cumplimiento a la prueba decretada de oficio demuestran el
estado actual del sector norte de la isla respecto al mal manejo de los residuos sólidos
sino, también en el informe rendido por EPM luego de un recorrido por la zona realizado
por la ingeniera designada para la práctica de dicha prueba, se puso de presente que
además de las aguas servidas, algunos desechos o residuos sólidos en las calles y vías
públicas ocasionan malos olores, riesgo de contraer enfermedades a causa de la
proliferación de vectores y una contaminación ambiental al verse en algunos casos
lixiviados que se unen a las aguas residuales y que corren por las calles, cerca del mar
y en algunos puntos donde se encuentran ubicadas las tapas del alcantarillado. […]”
(negrilla fuera de texto).

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

101. En contraposición, Trash Busters S.A. E.S.P. sostuvo que no se demostró su
responsabilidad en la presunta afectación a los derechos colectivos amparados y
que el tribunal vulneró su derecho al debido proceso al tomar una decisión sin
valorar todo el material probatorio.

102. Para resolver los argumentos, la Sala pone de presente que los supuestos
sustanciales para la procedencia de las acciones populares son, en primer lugar,
que se demuestre la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza o
vulneración de los derechos colectivos53. En segundo orden, la acreditación de una
acción u omisión por parte de las autoridades públicas o de los particulares, en
relación con el cumplimiento de sus deberes legales54. Y, en tercer lugar, la relación
de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses
mencionados55.

103. Frente al primer supuesto de procedencia, se destaca que CORALINA entre los
años 2016 a 2021 elaboró varios informes técnicos que evidencian el estado
deficiente en el que se encuentra el sistema de alcantarillado del departamento de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

104. En el Informe Técnico núm. 410 de 29 de julio de 2016 56 CORALINA compiló
los siguientes hallazgos de la visita realizada el 5 de julio de 2016:

“[…] El día 05 de Julio del 2016, durante recorrido hecho por el Grupo de Control y
Vigilancia de la Corporación, se detectó un hecho presuntamente violatorio de normas
ambientales consistentes en el vertimiento y empozamiento de aguas residuales en
el canal de agua lluvias ubicado frente del ‘Supermercado Mini Rey’,
provenientes de la red de alcantarillado sanitario.

Como se puede observar en las Fotos A, B, C, D, E se observó a las 9:15 AM sobre la
avenida Providencia. En el recorrido, se presenció (sic) olores ofensivos
característicos del agua residual cruda rebosada. Cabe anotar que el vertimiento
realizado es conducido mediante el canal de agua lluvia del sector hacia aguas
marino costeras.

Adicionalmente, se conversó con habitantes del sector y empleados del ‘Supermercado
Mini Rey’, que manifestaron que el vertimiento, mal olor y empozamiento en el canal
de lluvia enfrente de ‘Supermercado Mini Rey’, es constante llueva o no. Los olores
ofensivos y el empozamiento están empeorando considerablemente con la época de
lluvias por la que estamos pasando.

[…] V. CONCEPTO TÉCNICO

Considerando que se evidencio (sic) vertimientos y empozamiento de aguas residuales
sobre la vía pública, asimismo olores ofensivos provenientes del sistema de
canalización de aguas lluvias; frente al ‘Almacén Mini rey’ que afectan finalmente los
ecosistemas marino costeros y los transeúntes.

53
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de marzo de 2015, radicación
núm. 15001-23-33-000-2013-00086-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. El artículo 9. ° de la Ley 472 previó que: “[…]
Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan
violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos […]”.
54
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de junio de 2011, radicación
núm. 25000-23-27-000-2005-00654-01(AP), C.P. María Elizabeth García González.
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de junio de 2011, radicación
núm. 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno.
56
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 127-130.

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

De igual forma, la acumulación y estancamiento de aguas residuales generan
gases de mal olor debido a la descomposición orgánica. Estas condiciones
también generan la proliferación de vectores como: (moscas, mosquitos,
cucarachas y roedores) que generan numerosos microorganismos patógenos
que son causantes de enfermedades o problemas de salud perturbando la
tranquilidad de la comunidad residencial, comercial y los transeúntes del sector.

Se concluye que Proactiva Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P. como administrador y
responsable de este sistema de alcantarillado, ha incumplido con la normatividad
ambiental […]” (negrilla fuera de texto).
105. En el Informe Técnico núm. 024 de 22 de febrero de 2017 57, realizado dentro
de un proceso sancionatorio, se reportó lo evidenciado en recorrido de 21 de febrero
de 2017 respecto a los vertimientos de aguas procedentes de excavación y
construcción hacia el canal de aguas lluvias que descola en el borde costero en el
sector centro. Al respecto se afirmó:

“[…] Primeramente la visita fue atendida por el gremio de comerciantes del sector
quienes manifestaron que la emisión de olores provenientes del vertimiento de aguas
realizados por la empresa PROACTIVA S.A. era insoportable. De igual manera que de
el (sic) mismo olor del agua en mención les producía ardor en los ojos.

El […] Gerente de operaciones de PROACTIVA S.A. […] expresó que en el momento
de la visita se está realizando unas actividades de mejoramiento de la red de agua
potable y al excavar encontraron como una especie de ‘caverna’ en el subsuelo, por lo
cual procedieron a instalar una bomba de succión en el mismo para bombear dichas
aguas hacia la vía pública, con el fin de que dichas aguas NO obstruyeran la
remodelación en concreto que se adelantaba en dicho procesos de adecuación de la
red de agua potable.

Se pudo evidenciar que la excavación desarrollada por los operarios de PROACTIVA
S.A. se encontraba cubierta con material de suelo arcilloso y el paso a seguir era
colocar mezcla de cemento para su respectiva pavimentación. Se observa que las
aguas provenían de un costado de la vía pública hacia el andén por lo cual la
comunidad manifiesta que en dicho sitio se encontraba un ubicado un pozo séptico.

De igual manera se observa una bomba de succión de la propiedad de la empresa en
mención, bombeando aguas de color oscuro de olor ofensivo con características de
aguas residuales hacia la vía pública las cuales se dirigían por la pendiente de la vía
pública hacia el canal de aguas lluvias que conduce dicho liquido hacia la zona costera
y la Mar. (AMP Áreas Marinas Protegidas) […].

[…] Teniendo en cuenta lo observado en campo se procedió a imponer el Acta de
Imposición de una medida preventiva en caso de flagrancia No 002 del 21 de Febrero
2017, para la suspensión inmediata de la actividad de vertimiento de aguas producto
de la excavación hacia el canal de aguas lluvias que conduce hacia el borde costero.
De igual manera el retiro de los elementos utilizados para tal fin (tubos, mangueras,
bomba) hasta realizar los trámites de permisos necesarios

[…] V. CONCEPTO TÉCNICO

[…] Queda claro que la actividad que se viene desarrollando viene generando un
vertimiento a las aguas marinas del departamento sin haber tramitado los
permisos necesarios evidenciando un incumplimiento de lo establecido en la
normatividad.

57
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 84-87.

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

[…] Teniendo en cuenta que el sector donde se viene realizando la actividad de
vertimiento tiene sistema de alcantarillado para aguas lluvias (canales) de manera
separada al sistema de alcantarillado sanitario, es evidente el incumplimiento del
artículo en mención del Decreto en comento.

Adicional a lo anterior cabe mencionar que el vertimiento de aguas cuyas
características fisicoquímicas se desconoce al cuerpo de agua superficial (mar) de la
isla puede generar afectaciones y alteraciones a los ecosistemas marinos (corales,
pastos marinos etc.) por aumento de sedimento, y materia orgánica.

En virtud de lo expuesto, es claro que el vertimiento de las aguas generadas por la
actividad de excavación de por (sic) adecuación de red de agua potable que se viene
realizando contraviene la normatividad ambiental una vez que es un claro
incumplimiento del Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015. […]” (negrilla del texto).

106. Más adelante, en el Informe Técnico núm. 363 de 3 de agosto de 2017 58 se
informó lo percibido en el recorrido de 1 y 2 de agosto de 2017 sobre el vertimiento
de agua residual proveniente de un registro de alcantarillado en el barrio La Rocosa:

“[…] Mediante inspección ocular realizada, se observó el vertimiento de aguas
residuales hacia la vía pública que se extiende aproximadamente de 5 a 6
metros del punto de vertimiento estacándose en la zona y produciendo olores
ofensivos. De acuerdo a lo observado en campo el vertimiento proviene de manhole
ubicado en la vía pública, posiblemente este se encuentra taponado y por tal motivo
se genera el estancamiento y vertimiento de las aguas residuales. […] Las aguas
presentaban coloración oscura y alta emisión de olores ofensivos, estas dificultan el
tránsito de comunidad por el sector.

[…] V. CONCEPTO TÉCNICO

El vertimiento de aguas residuales que actualmente se genera en el sitio, además
de producir olores ofensivos y estancamiento de estas, contribuyen al
deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad y aledaños,
debido a que el estancamiento de dichas aguas se considera como un foco de
propagación y proliferación de mosquitos y fuente de bebedero de roedores.

Teniendo en cuenta lo analizado en el numeral III del presente informe (informe de
visita), el Grupo de Control y Vigilancia concluye que el vertimiento derivado del mal
estado del registro del alcantarillado en el barrio La rocosa, va en contra de las
normas ambientales vigentes […]

Considerando lo anterior, se requiere imponer medida preventiva a la […]
representante legal de PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P o
quien haga sus veces, para que suspenda de inmediato toda actividad de
vertimiento de aguas residuales sobre la vía pública. […]”. (Negrilla del texto).

107. En Informe Técnico núm. 575 de 19 de diciembre de 2017 59, la autoridad
ambiental legalizó el acta de medida preventiva en caso de flagrancia núm. 16
impuesta el 19 de diciembre de 2017 por vertimiento de agua residual directamente
al mar. Allí adujo lo siguiente:

“[…] Mediante recorrido realizado el día domingo 17 y lunes 18 de diciembre
personal del área técnica de la corporación detecto una presunta infracción
ambiental consistente en el vertimiento de agua residual directamente al mar sin
tratamiento técnico a través de una ruptura de la tubería del emisario submarino.

58
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 120-122.
59
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 135-139.

29

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

En consecuencia a lo anterior se procedió a la imposición de acta de imposición de
medida preventiva en caso de Flagrancia No. 016 de diciembre 18 2017, mediante
el cual se requiere a la empresa PROACTIVA S.A la suspensión inmediata del
vertimiento de agua residual domestica proveniente del sistema de alcantarillado
sanitario mediante el emisario submarino hacia el mar.

[…] V. CONCEPTO TÉCNICO

El emisario submarino de la isla de San Andrés se realizó en tubería de Polietileno
de Alta Densidad (PEHD) de diámetro nominal de 500mm tipo PECC 63 que cumple
con la norma DIN 8074, con presión nominal PN6 y espesor de pared de 28,3mm.
Con las siguientes longitudes del emisario submarino son:

• 42m de tramo en zanja terrestre
• 430m de tramo submarino

Para una longitud total de 472 metros con cinco difusores ubicados en los últimos
100 metros cada boca de difusor consta de una “tee” bridada sobre la tubería
separada cada 25m. Con dos salidas, diámetro del orificio de 20 cm. El proyecto fue
aprobado con un anclaje hecho con collarines en concreto reforzado de 805kg cada
uno, separados 6 metros entre ejes, a todo lo largo de la tubería con lastres son en
forma de anillo circular, de base plana, para instalar alrededor de la tubería. Están
compuestos de dos mitades (superior e inferior) que se unirán mediante 6 pernos
de acero galvanizado de forma a garantizar el torque necesario para no permitir su
deslizamiento a lo largo de la tubería. Sobre cada perno, de cada collarín, se aplicará
una resina epóxica que permitirá ofrecer una protección adicional a los pernos ante
la corrosión.

El emisario submarino estará en capacidad de evacuar un caudal de aguas
residuales de 300 l/s y hasta 380 l/s como máximo.

[…] Una vez analizada (sic) las observaciones realizadas en campo, el material
fotográfico recopilado es evidente que el emisario submarino de carácter oceánico
de la isla de San Andrés, sufrió desprendimiento situación que viene generando
vertimiento de las aguas residuales recolectadas del alcantarillado sanitario e
impulsadas a través de la tubería de impulsión hacia el emisario submarino, las
cuales están siendo descargadas a menos de 10 metros de la línea de costa y a una
profundidad de aproximadamente 3 metros situación que no garantiza la disolución
de dichas aguas en el cuerpo de agua marino, igualmente genera que la pluma
emerja a la superficie rápidamente pues por la poca profundidad de la descarga se
puede considerar casi superficial.

Abonado a lo anterior esta la cercanía de la descarga a la línea costera
aproximadamente 10 metros lo que hace que dichas aguas residuales por la
acción del oleaje retornen a la línea de costa generando afectación.

De acuerdo a los documentos entregados a esta corporación por la empresa
PROACTIVA AGUAS DE EL ARCHIPIELAGO S.A E.S.P., durante el proceso de
modificación de la licencia ambiental y las premisas bajo las cuales se realizó la
modificación de la licencia ambiental del emisario submarino, es evidente que en
este momento dichas condiciones operacionales del emisario submarino no se están
dando. Esto permite inferir que la operación del relleno sanitario ni está cumpliendo
con las medidas y lineamientos técnicos necesarios para garantizar el cumplimiento
de la normatividad vigente y de esta forma no generar afectación a los ecosistemas
del área de influencia.

Teniendo en cuenta todo lo anterior el área técnica conceptúa que el
vertimiento de agua residual que se vine realizando a través del emisario
submarino descargando a menos de 10 metros de la línea costera y

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

profundidad inferior a 3 metros no cumple con condiciones técnicas ni
ambientales y es una clara infracción a la normatividad ambiental vigente.
Adicional a lo anterior es evidente el impacto que el vertimiento de dichas
aguas viene generando en la zona.

VI. OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES

Imponer medida preventiva a la empresa PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIELAGO S.A E.S.P. de suspensión inmediata del vertimiento directo de
agua residual proveniente del sistema de alcantarillado sanitario sin las condiciones
técnicas a través del desprendimiento del emisario submarino de carácter oceánico
de la isla de San Andrés.

La empresa PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A E.S.P deberá tomar
las medidas correctivas necesarias que garanticen la disposición de las aguas
residuales y operación del emisario submarino de acuerdo a los parámetros
técnicos aprobados por CORALINA mediante la resolución 423 del 07 de Junio
de 2007, por medio la cual se modifica la Licencia Ambiental otorgada
mediante Resolución No. 507 de noviembre 20 de 1997, modificada por las
Resoluciones No. 540 del 15 de junio de 2005 y 609 del 07 de julio de 2005. […]”
(negrilla fuera de texto).

108. En el Informe Técnico núm. 119 de 23 de abril de 201860 se plasmó lo percibido
en el recorrido de 20 de abril de 2018, en el cual se encontraron vertimientos de
aguas residuales en el sector de Avenida Costa Rica, veamos:

“[…] Continuando con la visita se procedió a destapar los canales de aguas
lluvias y las trampas de grasa de dichos locales donde encontramos
estancamiento de aguas negras de la acometida interna del centro comercial,
las cuales generan taponamiento del canal y vertimiento de dichas aguas hacia la
vía pública ocasionando molestias a los peatones de la zona así como a otros
comerciantes de dicho sector.

[…] V. CONCEPTO TÉCNICO

Una vez concluida la visita realizada y de haber evaluado los hallazgos detectados
en campo, el Grupo de Control y Vigilancia de esta Corporación, considera que el
vertimiento de agua residual que actualmente se genera en el sitio, ocasiona por la
acometida interna del centro comercial crea estancamiento de agua en el sector,
estos hechos contribuyen al deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la
comunidad y aledaños, ya que el estancamiento de aguas negras se consideran
como un foco de propagación y proliferación de mosquitos.

Y por tanto, se puede conceptuar que el CENTRO COMERCIAL TROPICANA […]
ha estado realizando la actividad de vertimiento de aguas residuales a la vía pública
contraviniendo así la normativa ambiental vigente contenida en el decreto 3930 de
2010, capitulo IV, artículo 24, prohibiciones en el cual:

• No se admite vertimiento en calles, calzadas y canales o sistemas de
alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera que existan en forma
separada o tengan esta única destinación.

Y ocasionando afectaciones y molestias a la comunidad del sector en especial a los
transeúntes de la vía.

60
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 116-118.

31

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

[…] Imponer medida preventiva de suspensión inmediata de la actividad de
vertimiento de aguas residuales al CENTRO COMERCIAL TROPICANA. […]”
(negrilla fuera de texto).

109. En el Informe Técnico núm. 451 de 28 de febrero de 2018 61 se registró el
hallazgo de vertimiento de aguas residuales procedentes de un registro ubicado
sobre espacio público en la vía peatonal diagonal al Hotel Tiuna. Al respecto se
señaló:

“[…] El vertimiento de aguas residuales que actualmente se genera en el sitio en
mención, además de producir olores fuertes y estancamiento de estas, contribuyen al
deterioro de la calidad de vida de los habitantes y transeúntes del sector y aledaños,
debido a que el estancamiento de dichas aguas se considera como un foco de
propagación y proliferación de mosquitos y fuente de bebedero de roedores. Teniendo
en cuenta lo analizado en el numeral IlI del presente informe (informe de visita). el
Grupo de Control y Vigilancia concluye que el vertimiento derivado del mal estado del
Registro en el sector del centro, sobre la Peatonal de la Avenida Colombia diagonal al
Hotel Tiuna, va en contra de las normas ambientales vigentes, en especial:

• Se incumple el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto único 1076 del 26 de mayo de
2015, en el cual se prohíbe verter aguas residuales en calles, calzadas y sistemas
de alcantarillados para aguas lluvias.

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Imponer medida preventiva a la empresa PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P […] para que suspenda de inmediato toda actividad
de vertimiento de aguas residuales. […]” (negrilla fuera del texto).

110. Enel Informe Técnico núm. 086 de 23 de marzo de 2018 62, la autoridad
ambiental detectó el vertimiento de aguas residuales hacia el borde costero
proveniente de la estación de bombeo núm. 3, en los siguientes términos:

“[…] El día 28 febrero de 2018, siendo aproximadamente las 5:00 horas, se realizó
recorrido en el sector de Sarie Bay, con el fin de detectar infracciones y establecer
medidas correctivas y preventivas según corresponda.

Mediante inspección ocular realizada, se observó el vertimiento de aguas residuales
hacia el borde costero, derivado de un tubo plástico de 3" proveniente de la estación
de bombeo de aguas residuales No. 3 en Sarie Bay, el cual atraviesa por debajo de
la capa asfáltica vehicular hasta la piedra croalina (sic).

Una vez en el sitio, se observó acumulación de agua residual sobre la roca coralina,
la cual puede generar procesos erosivos (inestabilidad de la matriz calcárea) y
afectación a la biodiversidad (crustáceos y molusco y otros) […].

[…] VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

• Imponer medida preventiva a la Empresa Proactiva Aguas del Archipiélago
S.A. E.S.P. […] para que se suspenda de manera inmediata las actividades de
vertimiento de agua hacia borde costero. […]” (negrilla del texto).

61
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 80-82.
62
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 113-115.

32

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

111. En el Informe Técnico núm. 206 de 9 de julio de 201863, producto de la visita de
15 de mayo de 2018, CORALINA encontró un vertimiento de agua de la planta
desalinizadora de la empresa sin los permisos necesarios:

“[…] Durante la visita no se observó presencia de ningún funcionario de la empresa
PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A. E.S.P en el lugar donde se
presentan los hechos, se evidencio un vertimiento de aguas de rechazo por medio
de tres tuberías de 8 pulgadas de diámetro, procedentes de una planta
desalinizadora, ubicada en las instalaciones de la empresa en mención, de igual
manera se observó un vertimiento sobre el borde costero, producto del rebose de
una caja de registro presente en la parte frontal de la entrada del Elefante
Blanco en la vía Circunvalar, la cual conduce las aguas de rechazo hacia el
mar, esto sin permiso de vertimiento alguno.

[…] Imponer medida preventiva a PROACTIVA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO
S.A.E.P. […] para que se suspenda de manera inmediata las actividades de
vertimiento de Agua de rechazo de la planta desalinizadora hasta contar con los
permisos para tal fin […]” (negrilla fuera del texto).

112. En el Informe Técnico núm. 235 de 24 de noviembre de 202064, relacionado con
los hallazgos posibles vertimientos de aguas residuales domesticas por el rebose
de un manhole, se destacó:

“[…] El día 22 de noviembre de 2020 […] se evidencio un vertimiento de aguas
residuales hacia la vía pública la cual se encontraba diluida con aguas lluvias
generando una inundación de la carretera, adicionalmente, estas aguas presentaban
coloración oscura, olores fuertes y alteran el flujo vehicular y peatonal de la comunidad
residente del sector en mención […].

Se cree que las aguas residuales que se desbordaron en los manholes, son producto
de la ruptura de la tubería de impulsión siendo que las aguas pudieron ser represadas
para ser descargas por rebose en la estación de bombeo No. 3 de la empresa Veolia
Aguas del Archipiélago, por otra parte, se evidencia que posiblemente los residuos
sólidos producto de los vientos taponaron los registros del alcantarillado.

[…] V. CONCEPTO TÉCNICO

El vertimiento de aguas residuales que actualmente se genera en el sitio, además de
producir olores y estancamiento de estas, contribuyen al deterioro de la calidad de vida
de los habitantes de la comunidad y aledaños, debido a que el estancamiento de dichas
aguas se considera como un foco de propagación y proliferación de mosquitos y fuente
de bebedero de roedores.

[…] VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Imponer medida preventiva a la empresa VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO S.A.
E.S.P. […] para que se suspenda de manera inmediata las (sic) actividad generadora
de vertimiento.

Se debe realizar el mantenimiento y evacuación de las aguas residuales del área
mencionada en este informe. (Sector Sarie Bay frente al edificio Jhonny Cay) […]”.
(negrilla del texto).

113. La autoridad ambiental en el Informe Técnico núm. 266 de 2021 determinó que
se configuraba un riesgo sanitario y ambiental en la isla por el déficit en la operación

63
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 123-125.
64
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 131-134.

33

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de la prestación del servicio público de aseo, por la existencia de puntos críticos de
residuos especiales, y por la no recolección de residuos sólidos ordinarios por parte
de la empresa Trash Busters S.A. E.S.P.

114. En memorial de 21 de febrero de 2022 la empresa prestadora identificó los
siguientes puntos críticos que evidencian residuos de escombros junto con residuos
ordinarios, tal y como puede apreciarse65:

“[…] De conformidad con lo establecido en el Programa de Recolección, Transporte y
Transferencia de Residuos Sólidos, contemplado dentro del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos - PGIRS del Departamento, lo enunciado en el Artículo 46 del Decreto
2981 de 2013 y las responsabilidades de nuestra Empresa, para los fines pertinentes,
remito a su Despacho el Censo de Puntos Críticos de la Isla de San Andrés para la
vigencia en curso.

Vale la pena destacar que, a la fecha de captación del registro adjunto, se había iniciado
por parte de la Secretaría a su cargo, la ejecución de las actividades de identificación y
recolección de residuos sólidos especiales, por lo que a esta fecha algunos de dichos
puntos ya fueron atendidos.

[…]

65
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Documento denominado
“27_CONTESTACION_TRASHBUST_ANEXO2(.rar) NroActua 29”.

34

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[…]”.

115. En el Informe Técnico núm. 491 de 5 de octubre de 202166 se reportaron los
hallazgos del recorrido de 20, 21, 22 y 23 de septiembre de 2021 relacionados con
vertimientos de aguas residuales por el desprendimiento del emisario submarino y
tubería de impulsión a cargo de la empresa Veolia:

“[…] La Corporación para el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina CORALINA, en sus acciones de proteger y velar por
el estado del ecosistema marino se ha visto en la obligación de monitorear y evaluar
el entorno marino a través de la red de monitoreo REDCAM, (Red de Vigilancia de
la Calidad Ambiental Marina), el cual busca tomar, recopilar, sistematizar y analizar
información sobre la calidad de las aguas marinas y costeras, considerando una
serie de variables fisicoquímicas y microbiológicas (Salinidad, temperatura, pH,
oxígeno disuelto, DBO, SST, nitratos, nitritos, amonio, ortofosfatos, C. totales, C,
termo tolerantes y e. fecales, las cuales permiten llegar a conclusiones y presentar
o no alertas a la comunidad.

Para evaluar la calidad de las aguas marinas y costeras, para el caso del
Archipiélago de San Andrés islas, la REDCAM cuenta con 15 estaciones de
muestreo […]

66
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 140-152.

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Las estaciones son monitoreadas semestralmente, es decir en época seca y en
época de lluvia y los monitoreos son realizados por personal técnico de CORALINA
en conjunto con personal del INVEMAR.

Considerando lo anterior y la actividad realizada el día 22 de septiembre, en
simultaneo, se llevó a cabo un recorrido marino costero, donde se procedió a tomar
muestras de agua y georreferenciar la zona de influencia del vertimiento para
determinar el área de afectación marítimo costera […]. Cabe resaltar, que se hizo la
toma de muestra en dos (2) puntos, el primero corresponde a aproximadamente 5
metros del borde costero y el segundo pertenece a la toma directamente del borde
costero.

Los resultados fisicoquímicos generados por el laboratorio de la Corporación fueron
comparados con la estación denominada Cabañas Altamar, la cual se encuentra en
la red de la Zona Norte de la isla; estación más cercana al punto de vertimiento, por
lo que se toma como referencia para determinar lo siguiente:

Fuente: Resultados Coralina - REDCAM

Para los parámetros in situ, conductividad, Oxígeno disuelto, pH y temperatura se
puede apreciar que los rangos son típicos para este tipo de agua en esta estación.

Para el caso de C. Totales y fecales se observa un incremento considerable en las
concentraciones, siendo que en la estación de Cabañas altamar la concentración
está por debajo del 2 conteo estimado mientras que en el punto "Blue Reef" hay un
crecimiento exponencial en estas variables indicando presencia de contaminación
por materia orgánica y microorganismos de origen fecal producto del vertimiento de
aguas residuales en este punto.

Cabe resaltar, que la alta carga de estos contaminantes, producen que las masas
de agua pierdan sus condiciones naturales, deteriorando el medio ambiente, ya sea
por la apariencia física o la capacidad de sustentar una vida acuática adecuada,
afectando la flora y fauna.

[…]

V. CONCEPTO TÉCNICO

[…] Teniendo en cuenta el recorrido de seguimiento realizado en el sector de Morris
Landing y cabañas altamar, de la Isla de San Andrés, el Grupo de Calidad y
Ordenamiento Ambiental en acompañamiento del grupo de Control y Vigilancia y
mares y costas de esta Corporación, detecto vertimiento de aguas residuales por
ruptura o fuga de la tubería de impulsión en tierra del emisario submarino,
específicamente en el sector de cabañas al frente del hotel One vacation Blue Reef,
este con presencia de olores característicos de agua residual en el área de influencia
del mismo. A su vez, al menos dos de las tuberías de impulsión en reparadas y/o
cambiadas en diferentes sectores de la isla, se encontraban descubiertos, sin
resguardo de la acción de terceros.

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Cabe resaltar que los vertimientos de aguas residuales, generan impactos
conexos como lo son, generación de olores ofensivos, proliferación de
vectores, amenazas en la salud de la población, contaminación de cuerpos
hídricos, procesos de contaminación del suelo y subsuelo (contaminación de
los litorales rocosos), así como una gran afectación por contaminación visual
en consideración no solo a los habitantes locales, sino también por el alto flujo
turístico, poniendo en riesgo la integridad y la vida de ciudadanos que habitan
y conviven alrededor de la zona (sector de cabañas al frente del hotel One
vacation Blue Reef).

Asimismo, los litorales rocosos son ambientes con características muy particulares
que propician el desarrollo de comunidades de organismos que presentan
adaptaciones para sostenerse y sobrevivir en superficies verticales, para resistir
periodos prolongados de desecación, para soportar cambios fuertes de salinidad y
temperatura, y aguantar el fuerte impacto de las olas (INVEMAR, 2014).

[…] La importancia de los litorales rocosos para el hombre radica principalmente en
los organismos que de ellos se obtienen para consumo, como es el caso de varias
especies de moluscos, crustáceos, algas y peces. A nivel ecológico son el hábitat
exclusivo de muchas especies de invertebrados y algunos peces, y muchas veces
se establecen comunidades ricas en especies y abundantes en número de
individuos por especie (INVEMAR, 2014). Por lo tanto, la afectación directa de los
litorales rocosos, generan modificaciones en la estructura física y en el desarrollo de
la fauna y flora de los mismos, causando daños ecológicos y colocando en riesgo la
supervivencia de las especies que habitan en la zona.

[…] VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

• Una vez revisado las evidencias, así como las afectaciones con sujeción a las
normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables, se
recomienda evaluar la procedencia de ordenar el inicio del procedimiento
sancionatorio ambiental en contra de VEOLIA AGUAS DEL ARCHIPIELAGO
S.A. ESP [...] Fundamentado en el decreto Ley 2811 de 1974, Ley No. 1333 de
2009, en su artículo 5to, reza “Una infracción ambiental toda acción u omisión
que constituya violación de las normas ambientales y actos administrativos
emanados de la autoridad ambiental competente”, Decreto No. 1076 de 2015,
el cual indica en uno de sus artículos “Requerimiento de permiso de
vertimiento. Toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere
vertimiento a las aguas superficiales, marinas o al suelo, deberá solicitar y
tramitar ante la Autoridad Ambiental competente, el respectivo permiso de
vertimiento”, así mismo, reza: “Se prohíbe la actividad de vertimiento en
calles, calzadas y canales o alcantarillados para aguas lluvias, cuando quiera
que existan en forma separada o tengan única destinación”.

• Se deberá presentar ante esta Autoridad Ambiental en un periodo máximo
de 30 días calendario, un plan de contingencia con las alternativas para mitigar
posibles eventos como el presentado el pasado 20 de septiembre de 2021 y
los generados en tiempo de huracán, relacionados con vertimientos al mar,
por ruptura de la tubería de impulsión y tubería de descarga del emisario
submarino.

• Se deberá presentar ante esta Corporación en un tiempo no mayor a 30 días
calendario, informe de las actividades de saneamiento realizado sobre la matriz
calcárea impactada, esta sin utilizar cloro, ni agentes químicos que potencien el
deterioro del mismo.

• Se deberá presentar ante esta Corporación en un tiempo no mayor a 30 días
calendario, informe de las actividades de saneamiento realizado sobre la estructura
de drenaje de aguas luvias denominada Box culvert.

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

• Realizar una jornada de limpieza del área de influencia del emisario en
tierra, donde se retiren todos los residuos presentes en el lugar, así como, las
tuberías sobrantes de las obras de saneamiento realizadas.

• Cubrir las tuberías de impulsión que se encuentran a la intemperie para evitar
posibles riesgos de ruptura por acción de personal no autorizados para su
manipulación. […]” (negrilla fuera de texto).
116. Enel Informe Técnico núm. 017 de 20 de enero de 202267, la autoridad
ambiental detectó una presunta infracción ambiental, consistente en el vertimiento
de aguas residuales proveniente del barrio School House, por parte de la empresa
prestadora del servicio público. Allí mencionó que:

“[…] En el momento de realizar la inspección, había presencia de olores ofensivos,
se evidenció el vertimiento de aguas residuales por reboce que salía de los orificios
de la tapa del manhole, el cual se encuentra localizado frente del taller Solomofles,
en el Barrio School House. El agua residual presente escurre y se estanca en el
punto de canalización de aguas lluvias, en la esquina de School House, los cuales
escurren por gravedad, hasta cierto punto a la parte baja del sector y atraviesa la
plataforma de la pista del aeropuerto, mediante unas motobombas manejadas por
la secretaria de infraestructura y obras públicas de la Gobernación Departamental,
finalmente desemboca al mar en el sector del pescadero.

[…] VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Imponer a compañía VEOLIA Aguas del Archipiélago S. A. E. S. P […] medida
preventiva de suspensión inmediata de la actividad de vertimiento de aguas
residuales provenientes del registro del alcantarillado, localizada frente del
taller Solomofles, en el Barrio School House, en la Isla de San Andrés.

Así mismo la compañía VEOLIA Aguas del Archipiélago S. A. E. S. P, deberá realizar
limpiezas y mantenimiento necesarios a la estructura física (Manhole), a fin de evitar
los vertimientos, lo cual genera emisión de olores ofensivos al medio ambiente y
deterioro, a la calidad de vida de las personas circundantes al sector. […]” (negrilla
del texto).

117. En el Informe Técnico núm. 023 de 1 de febrero de 202268 se inició un proceso
sancionatorio contra Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P. debido a la
siguiente problemática de vertimientos:

“[…] Mediante recorridos efectuados los 1;7 (sic) febrero de 2022, por parte del
inspector del grupo de técnico de Control y vigilancia de la subdirección de Calidad
y Ordenamiento Ambiental, se efectuó recorrido en el sector del centro exactamente
en juan XXIII frente al cay (sic) de la policía nacional de la isla de San Andrés, en la
cual se evidencia vertimiento de aguas residuales procedente del Manhol, que está
a cargo de la empresa Veolia aguas del archipiélago […] se observan burbujas o
flujo / constante de aguas residuales que ocurre hacia la red de recolección y
conducción de aguas lluvias, que son bombeadas en la estación de Swamp Ground
[…] que desemboca esta agua (lluvias) hacia el mar en el sector de Spratt Bight

[…] VI. CONCEPTO TÉCNICO

• durante (sic) lo observado en el desarrollo de la visita de inspección; el inspector
del grupo de Control y Vigilancia conceptúa se viene cometiendo violación a la
normatividad ambiental, ya que se evidencia el vertimiento de aguas residuales, que

67
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 92-96.
68
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 98-99.

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

está generando olores ofensivos afectando el desarrollo social de la comunidad,
colocando en riesgo, la salud humana, degradando el paisaje estético y generando
proliferación de vectores en sector. Se incumple el artículo 2.2.3.3.4.3 del Decreto
único 1076, del 26 de mayo de 2015, en el cual se prohíbe verter aguas residuales
en calles, calzadas y sistemas de alcantarillados para aguas lluvias.

• Se incumple el artículo 2.2.3.2.20.5 del Decreto único 1076 del 26 de mayo de
2015, en el cual se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos líquidos o gaseoso; que
puedan contaminar o eutróficar (sic) las aguas, causar daño o poner en peligro la
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos.

VII. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Iniciar proceso sancionatorio en contra de la empresa VEOLIA AGUAS DEL
ARCHIPIÉLAGO S.A.E.S.P. […]” (negrilla del texto).

118. En el Informe Técnico núm. 060 de de 202269 se reportaron los hallazgos del
recorrido de 16 de febrero de 2022, así:

“[…] Mediante recorrido efectuado el 16 febrero de 2022, por parte del inspector del
grupo de técnico de Control y vigilancia de la subdirección de Calidad y
Ordenamiento Ambiental, efectuó recorrido en el sector del centro en la Av. 20 de
julio, diagonal a la vidriería AVA, de la isla de San Andrés, en la cual se evidencia
vertimiento de aguas residuales procedente del manhole, que está a cargo de la
empresa Veolia aguas del archipiélago. Ver Anexo 1-2, Registros fotográficos, de la
cual se observa burbujas o flujo constante de. aguas residuales que escurre hacia
la vía en sentido de la avenida, hacia la vidriería AVA, estancándose y generando
olores ofensivos.

[…]
[…] VI. CONCEPTO TÉCNICO

• Durante lo observado en el desarrollo de la visita, el grupo de Control y Vigilancia
conceptúa; que se viene cometiendo violación a la normatividad ambiental, ya
que se evidencia el vertimiento de aguas residuales, que está generando
olores ofensivos, afectando el desarrollo social de la comunidad, colocando
en riesgo la salud humana, degradando el paisaje y generando, proliferación
de vectores en sector. Se incumple el artículo 2:2:3.3.4.3 del Decreto único 1076
del 26 de mayo de 2015, en el cual se prohíbe verter aguas residuales en calles,
calzadas y sistemas de alcantarillados para aguas lluvias.

• Se incumple el artículo 2.2.3.2.20.5 del Decreto único 1076 del 26 de mayo de
2015, en el cual se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos líquidos o gaseoso (sic),
que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la
salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su
empleo para otros usos; teniendo en cuenta que las canales de aguas lluvias
desembocan al mar. […]” (negrilla fuera del texto).

119. En el Informe Técnico núm. 082 de 18 de febrero de 202270, en ejercicio de sus
funciones de seguimiento y control, la autoridad ambiental registró los hallazgos de
vertimiento de aguas residuales a un costado de la vía pública por la Avenida Las
Américas, así:

69
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 88-90.
70
Cfr. Índice 31 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 107-111.

40

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

“[…] En el momento de pasar por el andén o calzada, se evidenció el vertimiento de
aguas residuales que salía por los orificios de dos tuberías de PVC que conducía
las aguas desde el interior del callejón los cuales están cimentadas en el piso.

En el piso pavimentado con adoquines se encuentra un registro y en las afueras
encima del andén o calzada se encuentra una excavación tapada con tres láminas
blancas de triplex y encima un cono de prevención color anaranjada.

Al realizar la respectiva revisión se observó (sic) escombros dejados por el proceso
de excavación efectuado y dejados a la orilla de la calle frente del andén.

Se tuvo conocimiento que personal de Veolia eran los que estaban realizando
trabajos de excavación, dejando el hueco.

Cabe destacar que se había recibido información anteriormente por este caso
sobre el vertimiento de las aguas residuales que desde ese entonces se ha
estado realizando seguimiento en el lugar de los hechos.

Se ha efectuó (sic) con anterioridad el diagnóstico a este acontecimiento, ingresando
hasta el Barrio por el camino por donde se viene (sic) las aguas residuales sin
encontrar el tubo madre por donde es conducido las aguas vertidas, debido a que
se encuentra pavimentado el callejón y los tubos se encuentran enterrados en el
piso baldosado con adoquines, los cuales son dirigidos hacia la avenida Las
Américas al lado del Almacén EL LAGO 2. […]

VI. RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES:

Requerir a la compañía VEOLIA Aguas del Archipiélago S. A. E.S.P. […] para
que realice las actividades de arreglo del hueco cavado en el andén por donde
se presenta el vertimiento de las aguas residuales provenientes del registro
del alcantarillado localizada en el andén frente al callejón para ingresar y/o
salir del Barrio Torices, al lado del Almacén El Lago, Avenida Las Américas,
en la Isla de San Andrés.

Así mismo la compañía VEOLIA Aguas del Archipiélago S. A. E. S. P, deberá realizar
limpiezas y mantenimiento necesarios a la estructura física del registro del
alcantarillado, localizado a la entrada o salida del Barrio Torices, fin de evitar los
vertimientos, lo cual genera emisión de olores ofensivos al medio ambiente y
deterioro a la calidad de vida de los residentes y visitantes que frecuentan por la
Avenida Las Américas por el Almacén El Lago 2. […]” (negrilla fuera del texto).

120. El 19 de mayo de 202271, la sociedad Trash Buster S.A. E.S.P. aportó varios
archivos en los cuales tabuló un registro de traslado de los automóviles que
transportan residuos entre el relleno sanitario y los puntos de recogida. Allí indicó la
fecha, hora y placa de los vehículos que salían y entraban al relleno, así como la
cantidad de toneladas que se recogieron en el servicio ordinario de recolección de
residuos entre los meses de noviembre y diciembre de 2021, así como en enero y
febrero de 2022.

121. En el plenario obra el informe técnico de 14 de febrero de 202372, elaborado por
Empresas Públicas de Medellín (EPM) E.S.P., en respuesta al requerimiento
realizado por el tribunal de primera instancia. Dicho informe se basó en el trabajo
de campo realizado los días 12 y 13 de diciembre de 2022 y sus principales
conclusiones son del siguiente tenor:

71
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.
72
Cfr. Índice 89 del expediente digital de primera instancia en el tribunal.

41

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

“[…] En general se observa que en algunas zonas el sistema presenta dificultades en la
operación y que hay afectaciones reales debido a que se presentan reboses en
algunas cámaras de inspección, malos olores, redes trabajando a flujo lleno y
cámaras de inspección con sedimentos. Sin embargo, todo lo anterior debe ser
validado con datos, para poder concluir y dar recomendaciones fundamentadas en el
resultado que arroje la evaluación y modelación general del sistema, incluidas las
estaciones elevadoras de agua residual.

Según lo anterior, se considera que debe desarrollarse un estudio o evaluación que
contemple los siguientes temas para dar respuesta técnica adecuada al Magistrado, del
cual se estima una duración entre 8 y 12 meses y un valor entre $1.600 y $2.000 millones
de pesos:

1. GENERALIDADES.

2. ANÁLISIS PARÁMETROS DE DISEÑO.

3. REVISIÓN INFORMACIÓN EXISTENTE, INCLUYENDO CRITERIOS DE
PLANEACIÓN.

4. TRABAJO DE CAMPO:

4.1.Levantamiento topográfico y catastro de redes.
4.2.Inspección de redes con cámara de CCTV.
4.3.Revisión EBARs, capacidades y estado actual.

5. EVALUACIÓN HIDRÁULICA Y MODELACIÓN/ESCENARIOS:

5.1.Capacidad hidráulica del sistema actual, redes y EBARs vs capacidad requerida.
5.2. Capacidad hidráulica futura, redes y EBARs, escenario de 30 años.
5.3. Problemática general encontrada.
5.4. Casos especiales detectados.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE OBRAS REQUERIDAS”.

Por lo anterior, y en virtud de la magnitud del estudio, se considera que lo más
conveniente es contratar una firma de ingeniería especializada en el tema -en el país
existen varias-, por lo que EPM podría guiar los términos de la consultoría para que se
lleve a cabo bajo criterios rigurosos que permitan llegar a conclusiones y
recomendaciones que realmente aporten a la solución de la problemática que hoy
presenta el sistema de alcantarillado de la isla.

Es de resaltar que EPM no tiene los recursos presupuestales, ni tiene un plan de trabajo
atender un estudio de esta magnitud en un sistema que no es de su competencia
operativa, regulatoria o comercial. […]” (negrillas del texto).

122. Como puede apreciarse, en el proceso se acreditó que existen afectaciones
reales en varios puntos de la zona centro o North End del departamento de San
Andrés por los vertimientos inadecuados. También quedó probada la presencia de
acumulación de residuos ordinarios evidenciados en los puntos críticos que, si bien
se adelantaron actividades de recolección, no se demostró que se hubiera superado
dicha circunstancia.

123. La autoridad ambiental verificó en múltiples informes técnicos que los
vertimientos realizados por Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P. se

42

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

realizaban sin la respectiva autorización, contrariando la regulación en materia del
servicio público de alcantarillado.

124. Se demostró que el impacto ambiental se relaciona con: i) la proliferación de
microorganismos parásitos en el suelo; ii) el aumento de la carga orgánica a niveles
superiores a los correspondientes al suelo del predio afectado; iii) el aumento de
carga de contaminantes fisicoquímicos propios de las aguas residuales en el suelo
y subsuelo; iv) el cambio de los procesos ecológicos propios de los ecosistemas
estratégicos; y v) la emisión de olores ofensivos por compuestos volátiles presentes
en las aguas vertidas o por procesos de descomposición de dichas aguas, con la
consecuente afectación de la salud ambiental de la comunidad aledaña al predio
donde se realizan los vertimientos.

125. La Sala destaca que a la empresa Trash Busters S.A. E.S.P. le asiste la razón
cuando señala que la problemática objeto del proceso se relaciona principalmente
con deficiencias del servicio de alcantarillado. Los hallazgos técnicos de CORALINA
dan cuenta, de manera reiterada, de reboses, vertimientos y fallas operativas cuya
administración corresponde a la empresa prestadora del servicio de alcantarillado.

126. Sin embargo, ello no releva a la empresa de aseo de todos los deberes
vinculados al riesgo acreditado en el proceso porque, de las pruebas técnicas y del
contexto fáctico, se desprende que una de las causas del taponamiento y la
exacerbación de los puntos críticos es la inadecuada disposición de residuos
sólidos, asociada a déficits de cultura ciudadana y acumulación de residuos en
espacios específicos.

127. Dicha vulnerabilidad, particularmente en temporadas de lluvia, facilita que los
residuos no recolectados oportunamente sean arrastrados por escorrentías hacia
canales y sumideros, y terminen ingresando y obstruyendo componentes del
drenaje y del alcantarillado. En esa lógica, si bien el daño principal se manifiesta en
el sistema sanitario, existe una relación funcional directa entre la gestión de residuos
sólidos y la eficacia del saneamiento, lo que impone a Trash Busters S.A. E.S.P.
deberes de prevención y mitigación dentro de su ámbito funcional.

128. En efecto, la prestación de los servicios de alcantarillado y de aseo se
encuentran materialmente interrelacionada para asegurar condiciones mínimas de
salubridad, ambiente sano y calidad de vida. Por eso, aun aceptando que la fuente
primaria del riesgo ambiental acreditado se ubica en el alcantarillado, a Trash
Busters S.A. E.S.P. le corresponde adelantar y reforzar campañas de educación y
cultura ciudadana sobre disposición adecuada, separación y entrega de residuos,
así como articular medidas preventivas en los sectores identificados como puntos
críticos.

129. Esto significa que en el plenario se demostró la transgresión de los derechos
amparados y que su corrección requiere de un mejor relacionamiento operativo
entre la empresa de aseo, la prestadora de alcantarillado y el departamento,
especialmente para la atención de puntos críticos de disposición final en escenarios
de lluvia intensa.

43

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
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130. Por lo tanto, el cargo aquí analizado no prospera.

V.3.3. Las competencias de las entidades apelantes en el caso concreto

131. Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., Trash Busters S.A. E.S.P. y la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios alegaron en sus recursos de
apelación que cumplieron sus deberes legales y que no existe una conexión entre
una acción u omisión suya y el daño causado a los derechos colectivos amparados.

132. Para abordar estos planteamientos, se estudiarán a continuación los deberes
funcionales de las referidas entidades en relación con el caso concreto:

V.3.3.1. Responsabilidad de Aguas de San Andrés S.A. E.S.P.

133. En el proceso se demostró que Aguas de San Andrés S.A. E.S.P. se constituyó
mediante escritura pública 877 de 4 de octubre de 2004, con el siguiente objeto
social: “[…] la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina […]”.

134. En el certificado de existencia y representación se especifica, dentro de sus
funciones, que podrá “[…] desarrollar las actividades industriales y comerciales de
[…] tratamiento y disposición de aguas servidas y recolección, transporte, reciclaje
y disposición final de desechos. Igualmente y para alcanzar el objeto principal, la
sociedad deberá realizar todas las actividades necesarias o convenientes
pendientes a lograr la organización que le permita atender la prestación de los
servicios públicos a su cargo definidas en la ley 142 de 1994. […] En desarrollo del
objeto, antes enunciado, la sociedad podrá […] asumir cualquier forma asociativa o
de colaboración empresarial, con personas naturales o jurídicas […] así como
cualquier otro que se requiera para el cumplimiento de su sujeto […]”.

135. En el plenario obra el contrato de operación de 8 de septiembre de 200573
suscrito entre Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., como contratante, y Proactiva
Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P. -hoy Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S.
E.S.P.- como operadora. De dicho documento se destaca lo relacionado a
continuación:

“[…] 1.10 CONTRATANTE: Es la empresa AGUAS DE SAN ANDRES SA. E.S.P,
empresa oficial de carácter departamental, con sede en el Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, República de Colombia constituida
mediante escritura pública 877 del 4 de octubre de 2004, la cual es propietaria o
poseedora de la infraestructura de los servicios de acueducto y alcantarillado en San
Andrés Isla, o quien la suceda en sus funciones.

[…]

1.22 Infraestructura destinada a la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado: Son los bienes que aparecen relacionados en el inventario que se

73
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 10-70.

44

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

encuentra depositado en los Cuartos de Datos, cuya propiedad o posesión es titular la
CONTRATANTE y aquellos bienes que se encuentran en construcción los 3 cuales
serán entregados por la CONTRATANTE al OPERADOR una vez finalicen los
respectivos contratos de obra. También harán parte de Infraestructura destinada a la
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado los bienes que construya o
adicione el OPERADOR como consecuencia de la ejecución del presente contrato. La
Infraestructura destinada a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado
será revertida al CONTRATANTE al finalizar el Contrato de Operación.

[…]

1.34 Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD: Es el organismo
de carácter técnico encargado de ejercer el control, la inspección y la vigilancia de las
entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios, o la entidad que haga sus
veces.

[…]

CLÁUSULA 2 OBJETO

El objeto del presente Contrato es la operación de la infraestructura destinada a la
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la Isla de San Andrés.

En cumplimiento del presente contrato corresponderá al OPERADOR, durante la
vigencia de este Contrato, prestar, por su cuenta y riesgo, los servicios de acueducto y
alcantarillado, para lo cual deberá mantener, rehabilitar y reponer la Infraestructura
destinada a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y diseñar y
construir las obras requeridas para adicionar y complementar la infraestructura de
acuerdo con lo definido para el efecto en el presente Contrato.

Así mismo, el OPERADOR responderá ante LA CONTRATANTE por el cumplimento
de los Indicadores de Cobertura, Calidad y Continuidad aquí definidos y por las demás
obligaciones a su cargo establecidas en este Contrato.

[…]

CLÁUSULA 4 PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de ejecución de este Contrato será de 15 años, contados a partir del día de
suscripción del Acta de Inicio y Entrega de los Bienes que la CONTRATANTE entregará
en tenencia al OPERADOR. […]

Parágrafo. Al momento de la ampliación la SSPD definirá si continúa ejerciendo las
facultades previstas en este contrato.

[…]

CLÁUSULA 10 OBLIGACIONES DEL OPERADOR

El OPERADOR será responsable de la ejecución completa y oportuna del Contrato, de
conformidad con lo previsto en este documento, en sus anexos y en los demás
documentos que lo integran. Para tales efectos, el OPERADOR deberá realizar todas
las acciones, a su costa y riesgo, necesarias para el cabal cumplimiento de este
Contrato y en particular asume, pero sin limitarse, las siguientes obligaciones y
compromisos, que se clasifican según la naturaleza de las prestaciones a su cargo:

10.1 Obligaciones del OPERADOR frente a la prestación de los servicios:

10.1.1 Prestar los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y sus
Actividades Complementarias en San Andrés Isla en las condiciones previstas en el
presente Contrato de Operación.

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10.1.2 Cumplir con los Indicadores de Cobertura, Calidad y Continuidad en las fechas
y condiciones que se establecen en el presente Contrato de Operación.

10.1.3 Facturar, cobrar y recaudar las Tarifas de prestación de los servicios, de acuerdo
con lo señalado en el presente Contrato de Operación.

10.1.4 Cumplir con las obligaciones contraídas con los Usuarios de los Servicios
Públicos Domiciliarios, con sujeción a lo previsto en la Ley 142 de 1994, Ley 689 de
2001 y sus disposiciones reglamentarias y las que la modifiquen o adicionen; las
Resoluciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las
regulaciones de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -
CRA, este Contrato y el Contrato de Condiciones Uniformes. Es obligación del
OPERADOR, asegurar que el Contrato de Condiciones Uniformes, esté conforme con
las normas en mención y con lo establecido en este Contrato.

10.1.5 Establecer un sistema eficiente de recepción y trámite de peticiones, quejas y
recursos, que sean presentados por los suscriptores y/o usuarios, y de reparación de
fallas del servicio, de conformidad con lo dispuesto en las Leyes 142 de 1994 y 689 del
2001 y sus disposiciones reglamentarias y las que la modifiquen o adicionen y las
expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico -
CRA.

10.1.6 Diseñar e implementar, dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción
del presente Contrato, un SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN, flexible,
fácilmente actualizable y con un módulo de consulta para que la CONTRATANTE
pueda monitorear los compromisos contractuales.

10.1.7 (Eliminado Adenda 1)

10.1.8 Establecer un sistema de macro medición que le permita a la CONTRATANTE
controlar la producción diaria en todo tiempo y desde el inicio de la operación.

10.1.9 Ejercer el control de la calidad del agua, con el número de muestras y
frecuencias establecidas en el Decreto 475 de 1998 o en la norma que lo modifique,
adicione o complemente, en todo tiempo y desde el inicio de la operación.

10.1.10 Programar los cortes del servicio teniendo en cuenta lo previsto en la regulación
vigente y siempre dando previo aviso a los usuarios.

10.1.11 Tomar todas las medidas necesarias para conservar el agua que el
OPERADOR capte o vierta en la Isla de San Andrés, de acuerdo con los mejores usos
y prácticas de la industria de Acueducto y Alcantarillado y a manejar eficientemente el
recurso hídrico utilizado dentro del sistema de Acueducto de la isla.

10.1.12 Ejercer el control de la calidad del agua vertida conforme el Decreto 1594 de
1984 o en la norma que lo modifique, adicione o complemente y a lo exigido por la
respectiva autoridad ambiental, en todo tiempo y desde el inicio de la operación.

10.2 Obligaciones del OPERADOR frente a la infraestructura de los servicios:

10.2.1 Ejecutar las obras de construcción, rehabilitación, expansión y reposición del
sistema que sean requeridas para cumplir con los Indicadores de Cobertura, Calidad y
Continuidad que se establecen en la CLAUSULA 12.

10.2.2. Destinar los recursos que sean aportados por las entidades públicas
exclusivamente para ejecutar las obras de construcción, rehabilitación, expansión y
reposición del sistema que sean requeridas para cumplir con los Indicadores de
Cobertura, Calidad y Continuidad.

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Las inversiones que se ejecuten con recursos públicos no podrán ser incluidas en las
tarifas.

10.2.3 Efectuar los pagos correspondientes al Fondo de Reposición, de conformidad
con lo establecido en la CLAUSULA 22 del presente Contrato.

10.2.4 Mantener con sus propios recursos y en forma permanente y continua la
totalidad de la infraestructura y los bienes muebles e inmuebles de propiedad del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y/o de la
CONTRATANTE, que le sean entregados para la ejecución del contrato, incluidos los
que el OPERADOR haya adquirido, por cualquier medio, para el cumplimiento de las
obligaciones señaladas en este Contrato, y revertirlos a la CONTRATANTE en
condiciones normales de operación y de funcionamiento.

10.2.5 Elaborar durante el primer año de ejecución un Manual de Operación y
Mantenimiento, que contenga los procedimientos a ser ejecutados para realizar todas
las actividades propias de la operación y mantenimiento de cada uno de los
componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

10.2.6 Mantener vigentes los seguros de que trata la CLAUSULA 61 con el fin de
proteger la infraestructura entregada.

10.2.7 Incluir dentro de las obras que se ejecutarán para alcanzar los Indicadores de
Cobertura, Calidad y Continuidad, la construcción del Emisario Submarino.

[…]

10.4 Obligaciones Ambientales del Operador:

10.4.1 Cumplir con las normas y reglamentaciones vigentes en materia ambiental y de
protección de recursos naturales, así como las técnicas del sector de agua potable y
saneamiento básico (RAS) y tomar todas las medidas que fueren necesarias para
preservar los recursos naturales que deba utilizar; prevenir y controlar la contaminación
de las fuentes y recursos y evitar perjuicios al medio ambiente y a las comunidades.

10.4.2 Obtener las licencias, permisos y concesiones necesarias para la ejecución del
Contrato y mantener vigentes las existentes cuando sea necesario y los permisos que
se requieran para la ejecución del Contrato de Operación.

10.4.3 Pagar las tasas de uso de agua, retributivas y cualquier otra tasa o
compensación que se derive de la prestación de los servicios de acueducto y
alcantarillado.

10.5 Obligaciones del OPERADOR frente a las Entidades de Regulación y
Vigilancia de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado
y otras autoridades públicas:

10.5.1 Sufragar las contribuciones especiales establecidas por la Ley 142 de 1994 a
favor de la SSPD y la CRA, en las cuantías, oportunidades y términos que fijen las
mismas entidades.

10.5.2 Presentar a la SSPD a más tardar dentro de los dos meses siguientes al
vencimiento de cada año de operación, un informe sobre la ejecución del contrato y el
cumplimiento de los Indicadores de Cobertura, Calidad y Continuidad establecidos en
el presente Contrato de Operación.

10.5.3 Las demás que en relación con estas autoridades señale la ley o la regulación.

10.6 Obligaciones frente a la Supervisión del Contrato:

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

10.6.1 Prestar su total colaboración con el fin de que se puedan cumplir las actividades
de Supervisión establecidas en la CLAUSULA 57 y CLAUSULA 58 del presente
Contrato de Operación.

10.6.2 Presentar al Supervisor del Contrato, dentro del primer trimestre de cada año,
un informe detallado sobre la forma como ha venido evolucionando el cumplimiento de
las obligaciones pactadas en el presente contrato

10.6.3 Implementar los elementos de verificación de los Indicadores de Cobertura,
Calidad y Continuidad de que trata la CLAUSULA 13 del presente Contrato.

10.7 Obligaciones Económicas:

10.7.1 Pagar oportunamente a la CONTRATANTE la remuneración de que trata la
CLAUSULA 24 del presente Contrato.

10.7.2 Aportar el capital mínimo de acuerdo a lo señalado en la CLAUSULA 19 del
presente Contrato.

10.7.3 Administrar mediante el esquema fiduciario previsto en la CLAUSULA 20 el
capital mínimo de que trata el numeral anterior y los recursos destinados a la reposición
del sistema.

10.7.4 Obtener la financiación que el OPERADOR considere necesaria para cumplir
con sus obligaciones según el presente Contrato.

10.8 Obligaciones Adicionales:

10.8.1 Constituir y mantener vigentes las garantías y seguros descritos en la
CLAUSULA 60 y CLAUSULA 61 de este Contrato.

10.8.2 Cumplir con las demás obligaciones establecidas en la Ley y en el presente
Contrato.

CLÁUSULA 11 OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

En razón de la celebración del presente Contrato, la CONTRATANTE asume las
siguientes obligaciones principales:

11.1 Entregar al OPERADOR los bienes muebles e inmuebles destinados directa o
indirectamente a la operación, prestación y suministro de los servicios públicos de
Acueducto y Alcantarillado que posea bajo cualquier título, y cooperar diligentemente
con el OPERADOR para sanear cualquier vicio material o jurídico que hubiere sobre
estos bienes.

11.2 Ceder al OPERADOR las licencias, permisos y autorizaciones que le hubieren
sido concedidas y/o cedidas por las autoridades de todo orden y nivel relacionadas con
los servicios públicos, que se encuentren vigentes en la fecha de inicio de ejecución
del Contrato de Operación, y que sean susceptibles de ser cedidas, y cooperar con el
OPERADOR para gestionar y mantener vigentes las licencias, permisos y
autorizaciones que sean necesarias para tal efecto.

11.3 Entregar al OPERADOR la tenencia de los predios de su propiedad destinados a
la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, ceder las servidumbres de
las que sea actualmente titular y cooperar con el OPERADOR para gestionar las
servidumbres que hicieren falta.

11.4 Entregar al OPERADOR toda la documentación legal, técnica, comercial y
operativa que se encuentre en su poder, y que requiera el OPERADOR para cumplir
adecuada y cabalmente con este Contrato.

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

11.5 Efectuar los aportes a que se compromete en el Contrato de Operación y realizar
diligentemente y oportunamente todos los trámites presupuestales requeridos para que
los recursos sean desembolsados al OPERADOR. La CONTRATANTE deberá
adelantar los trámites presupuestales que sean requeridos, de tal manera que los
recursos que no sean desembolsados al OPERADOR durante un Año de Operación,
sean comprometidos para el siguiente Año de Operación.

11.6 Entregar al OPERADOR, a más tardar dentro de los (30) días siguientes a la fecha
de firma del Acta de Entrega de los Bienes e Inicio de la Operación de los Servicios, la
totalidad de los micromedidores que aparecen relacionados en el Inventario que reposa
en el Cuarto de Datos, previa verificación del estado y condiciones de funcionamiento
de acuerdo con la norma técnica vigente.

11.7 En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 1248 de 2004, contratar al tercero
especializado, previamente seleccionado por la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, para la supervisión del Contrato de Operación y efectuar dicha
supervisión conforme a los términos y condiciones señalados por la misma
Superintendencia.

11.8 Garantizarle al OPERADOR durante la vigencia del Contrato, tarjetas de
residencia expedidas por la Oficina de Control de Circulación y Residencia - OCCRE
para, por lo menos, diez (10) trabajadores designados libremente por el OPERADOR.

11.9 Solicitar al Departamento que mantenga vigentes las autorizaciones que se exigen
en el artículo 2 del Decreto 456 de 2004 o la norma que lo modifique, para que los
aportes efectuados por el Departamento provenientes de las transferencias de que
trata la Ley 715 de 2001, sean girados directamente por la Nación al Encargo
Fiduciario.

11.10 Ejercer las facultades que le corresponden de acuerdo con la ley para el control
de actuaciones de terceros que perjudiquen el servicio y/o las fuentes de agua.

11.11 Ceder al OPERADOR los Contratos de Condiciones Uniformes que la
CONTRATANTE tenga vigentes al momento de la suscripción del Contrato de
Operación.

11.12 En general actuar diligente y razonablemente en el marco de sus derechos
y obligaciones, considerando el carácter esencial del servicio que se presta. La
CONTRATANTE colaborará con el OPERADOR para gestionar los
pronunciamientos de las autoridades nacionales, regionales y departamentales
que sean necesarios para el funcionamiento y ejecución de este Contrato.

Las demás obligaciones que por ley o por el Contrato de Operación le correspondan.

Parágrafo: Todas y cada una de las obligaciones contractuales, laborales, deudas con
proveedores y terceros que tenga la CONTRATANTE o el Departamento de San
Andrés Islas al momento de iniciar la ejecución del Contrato de Operación continuarán
bajo su responsabilidad conforme fueron adquiridas.

[…]

CLÁUSULA 14 INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS

La CONTRATANTE entregará la infraestructura destinada a la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado para efectos del cumplimiento del contrato por
parte del OPERADOR. A partir de la entrada en operación, la responsabilidad por el
cuidado y conservación sobre dichos bienes será del OPERADOR, salvo en lo que
respecta a la propiedad de los bienes donde la CONTRATANTE asume la obligación

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Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

de garantizar la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida de tales bienes por parte del
OPERADOR en relación con actos o contratos anteriores a la entrada en operación.

Será obligación del OPERADOR mantener en forma permanente y continua la
totalidad de la infraestructura y los bienes muebles e inmuebles de propiedad de
la CONTRATANTE, que le fueran entregados para la ejecución del Contrato,
incluidos los que el OPERADOR haya adquirido por cualquier medio para el
cumplimiento de las obligaciones señaladas en este Contrato. También será obligación
del OPERADOR mantener en forma permanente y continua los bienes que, haciendo
parte de la infraestructura antes de la fecha de su entrega, no hubieren sido
relacionados de acuerdo con lo previsto en esta cláusula pero fuesen utilizados para la
prestación del servicio con posterioridad a la mencionada entrega, y reponer todos
estos bienes al CONTRATANTE en condiciones normales de operación y de
funcionamiento.

Así mismo, será obligación del OPERADOR mantener debidamente actualizado el
inventario general de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado, mediante un sistema de información.

Parágrafo: El OPERADOR deberá devolver a la CONTRANTE, los bienes que por
obsolescencia o cualquier otro motivo no sea posible destinar a la prestación de los
servicios.

[…]

CLÁUSULA 23 FINANCIACION A CARGO DEL OPERADOR

EL OPERADOR asumirá por cuenta propia, todos los costos, gastos y demás
erogaciones que se requieran en todo momento para cumplir con el objeto
contractual, para lo cual adelantará oportunamente las diligencias que se requieran
para la consecución de la financiación necesaria para el manejo óptimo de su flujo de
caja. La CONTRATANTE no se obliga a participar directa o indirectamente en las
gestiones que realice el OPERADOR para tal fin, ni adquiere ningún tipo de obligación
relacionada con la consecución de la financiación o la ejecución de las obras.

CLÁUSULA 24 REMUNERACIÓN DE LA CONTRATANTE

El OPERADOR se compromete a pagar a la CONTRATANTE, a título de
contraprestación, la suma de veinte y cinco millones de pesos mensuales
($25.000.000), los cuales se actualizarán anualmente con el IPC de la respectiva 21
vigencia.

CLÁUSULA 25 REMUNERACIÓN DEL OPERADOR.

El OPERADOR recibirá como remuneración por el desarrollo del presente contrato, las
sumas provenientes de la facturación y recaudo a los usuarios de los cargos por
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. Los ingresos tarifarios que se
causen durante la vigencia del contrato serán de propiedad del OPERADOR. […]”
(negrilla fuera del texto).

136. Conforme al clausulado supra, Aguas de San Andrés S.A. E.S.P. se
comprometió, ante todo, a poner a disposición del operador la infraestructura y los
bienes necesarios para la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Mientras que el operador se obligó a prestar por su cuenta y riesgo los servicios de
acueducto y alcantarillado durante la vigencia del contrato (15 años), asumiendo la
responsabilidad integral por la ejecución oportuna del objeto contractual.

50

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

137. En concreto, debe: i) operar el servicio y sus actividades complementarias; ii)
cumplir indicadores de cobertura, calidad y continuidad; iii) facturar, cobrar y
recaudar tarifas; iv) atender obligaciones frente a usuarios (incluido el Contrato de
Condiciones Uniformes); y v) implementar sistemas de atención de PQR y
reparación de fallas. Además, se obligó a diseñar e implementar un sistema de
control de vertimientos, con sujeción a la regulación y a lo exigido por la autoridad
ambiental.

138. En materia de infraestructura y ambiente, el operador debe mantener,
rehabilitar, expandir, reponer y, cuando correspondiera, diseñar y construir obras
para adicionar y complementar el sistema; mantener permanentemente la
infraestructura y bienes entregados (incluidos los que adquiriera o construyera) y
revertirlos a la Contratante en condiciones normales al final del contrato; actualizar
el inventario mediante un sistema de información, entre otros aspectos.

139. La Sala destaca que las referidas empresas suscribieron el otrosí de 9 de 22 de
enero de 201974, en adición al Contrato de Operación de 8 de septiembre de 2005,
el cual incluyó los siguientes elementos relevantes:

“[…] CONSIDERACIONES:

11. Que no obstante las dificultades estructurales existentes, los indicadores de
cobertura, calidad y continuidad de los servicios en la Isla han presentado a la fecha
importantes avances, según se explica a continuación:

•Se ha pasado de una cobertura de acueducto del 25% en 2005 (3.683 usuarios) al
77% (11.536 usuarios), a diciembre de 2017. Sin embargo, a pesar de contar con la
disponibilidad del servicio, 2.594 de los usuarios son renuentes a conectarse y hacer
uso del servicio y solamente unos 600 (500 residenciales y 100 no residenciales)
consumen más de 5 m3 al mes y otros 900 reciben el servicio de manera discontinua
durante pocas horas al mes.

•En cuanto a la cobertura de alcantarillado en el Perímetro Sanitario (North End), de un
10% (1.121 usuarios) en 2005, a corte de diciembre de 2017 se pasa a una cobertura
del 51% (5.466 usuarios) a diciembre de 2017, que representa un crecimiento del 388%
(4.345 usuarios); de estos usuarios se tienen 331 renuentes a conectarse al servicio.

•Se han tenido mejoras significativas en cuanto a la continuidad del servicio y a la
calidad del agua que se suministra a la comunidad; en efecto, en el año 2005 la
población recibía agua no apta para el consumo humano cada 18 días en verano y
cada 12 días en inverno durante 3 horas en todos los circuitos, mientras que a
diciembre de 2017 el OPERADOR suministra agua apta para el consumo humano
como se muestra en la tabla siguiente:

74
Cfr. Índice 33 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Páginas 83-100.

51

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

*La meta de 24 horas en el Circuito Centro Residencial se alcanzará con mayor
disponibilidad de agua.
** Se cumplió 24 horas hasta la declaratoria de la calamidad pública en abril de
2016.

•Con la entrada en operación del emisario submarino, se suspendió el vertimiento de
aguas residuales directamente al mar.

•Al inicio del contrato se tenían pérdidas de agua superiores al 85%, las cuales a cierre
del año 12 de operación se sitúan en 65,8%, que, si bien representa una reducción
significativa, siguen siendo muy altas especialmente si se tiene en cuenta el costo de
operación en la isla.

[...]

CLÁUSULAS:

PRIMERA. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de operación por un término
de quince (15) años, contados a partir del vencimiento establecido inicialmente,
quedando el plazo total de ejecución en 30 años, conforme al documento de
justificación.

[…] Igualmente el OPERADOR tendrá la obligación de recibir y poner en
funcionamiento la totalidad de las obras y equipos que con recursos de la Nación, del
Departamento o de la CONTRATANTE se realicen o instalen sobre el sistema de
acueducto y alcantarillado de la Isla. EI OPERADOR deberá recibir estas obras y
equipos de los treinta (30) dias siguientes a la comunicación de LA CONTRATANTE
en la que le informe que éstas o éstos se encuentran en condiciones para entrar en
operación. El incumplimiento de esta obligación generará la terminación del contrato
en el estado en que se encuentre sin que el OPERADOR tenga derecho a recibir
indemnización alguna por dicha circunstancias

[…] TERCERA. Adicionar un numeral a la cláusula 11 del contrato así:

“11.13 LA CONTRATANTE deberá realizar las gestiones necesarias con el
Departamento para dar cumplimiento al plan de inversiones denominado Plan de
inversiones para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado en
San Andrés 2019 - 2021, incluido en el Anexo 3 del presente otrosí, el cual se
entiende incorporado al contrato de operación y hace pace parte integral del
mismo.”

[…][…] DÉCIMA CUARTA: Suprimir del Contrato de Operación toda referencia a la
necesidad de contar con concepto previo y favorable de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y todas aquellas derivadas de la intervención de dicha
entidad. […]”. (Negrilla fuera del texto).

52

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

140. Respecto a la prestación del servicio público de alcantarillado la cláusula 11
sobre obligaciones de la contratante establece:

“[…] En razón de la celebración del presente Contrato, la CONTRATANTE asume las
siguientes obligaciones principales:

11.5 Efectuar los aportes a que se compromete en el Contrato de Operación y realizar
diligentemente y oportunamente todos los trámites presupuestales requeridos para que
los recursos sean desembolsados al OPERADOR. La CONTRATANTE deberá
adelantar los trámites presupuestales que sean requeridos, de tal manera que los
recursos que no sean desembolsados al OPERADOR durante un Año de Operación
sean comprometidos para el siguiente Año de Operación.

[…]

11.10 Ejercer las facultades que le corresponden de acuerdo con la ley para el control
de actuaciones de terceros que perjudiquen el servicio y/o las fuentes de agua. […]”.

141. Teniendo en cuenta lo mencionado, la Sala destaca que, si bien Aguas de San
Andrés S.A. E.S.P. no tiene la función directa de prestar el servicio público
domiciliario de alcantarillado, es responsable de ejercer funciones orientadas a
garantizar la prestación del servicio de forma óptima y efectiva.

142. Además, la orden impartida tiene relación con la realización de un estudio
técnico especializado en conjunto con el departamento y Veolia Aguas del
Archipiélago S.A.S. E.S.P. lo cual no desvirtúa ni va en contravía de sus funciones
debido a que tiene como propósito obtener la información del estado en el que se
encuentran las redes y la prestación.

143. En cuanto al reparo del recurrente relacionado con la falta de recursos
económicos no cuenta con vocación de prosperidad porque, en criterio de esta
jurisdicción, “[…] los trámites presupuestales y de planeación, la falta de
disponibilidad presupuestal o de recursos económicos, no es de ninguna manera un
argumento válido para desvirtuar la afectación de los derechos colectivos y mucho
menos para cohibir al juez de la acción popular de adoptar las medidas de amparo
que las circunstancias ameriten en aras de la protección de tales derechos. (En
consecuencia, es obligación de la entidad responsable) desplegar, dentro del marco
jurídico establecido, todas las gestiones técnicas y administrativas pertinentes en
materia de planeación y programación presupuestal, a fin de ejecutar las obras,
proyectos o actividades necesarias para salvaguardar los derechos colectivos
afectados […]” 75.

144. Alrespecto, la Sala destaca que la jurisprudencia de esta Sección 76 ha
sostenido de manera pacífica que la insuficiencia de recursos económicos no

75
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 25 de octubre de 2001, rad.
2000-0512-01(AP), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 5 de septiembre de 2002, rad. 2001-00303-01, C.P. Camilo
Arciniegas Andrade; 10 de abril de 2008, Rad. 2001-01961-01, C.P. María Claudia Rojas Lasso; 15 de septiembre de 2011,
Rad. 2004-01241-01 y 22 de enero de 2015 Rad. 2011-00256-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 15 de diciembre de 2016,
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés (E); 11 de mayo de 2020, Rad. 2010-01363-01, C.P. Oswaldo Giraldo López; 26 de
junio de 2020, Rad. 2018-00091-01(AP), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 3 de junio de 2021, Rad. 2010-01320-01(AP),
C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
76
Consejo de Estado, sentencia de 30 de noviembre de 2023, radicación número 85001-23-33-000-2019-00102-02, C.P.
Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

53

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
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excusa a la entidad del cumplimiento de lo ordenado en procura de proteger los
derechos e intereses colectivos, máxime cuando el municipio puede acudir al
departamento y a la Nación en búsqueda de apoyo financiero cuando sus recursos
son limitados y resultan insuficientes para el cumplimiento de sus obligaciones.

V.3.3.2. Responsabilidad de Trash Busters S.A. E.S.P.

145. En el acervo obra el certificado de existencia y representación de esa sociedad,
según el cual su objeto social consiste en “[…] las siguientes actividades: a) Barrido
y limpieza de las calles; b) Levantamiento de escombros; c) Limpieza de las playas;
d) Recolección de basuras; e) Transporte de basuras; f) Manejo de rellenos
sanitarios; g) Selección reciclaje y explotación de los subproductos, tanto del relleno
sanitario como del proceso de selección y reciclaje […]”.

146. Además, en el material probatorio citado previamente se observó una serie de
reportes de puntos críticos de acumulación de basuras en la zona centro o North
End, respecto a los cuales la empresa Trash Busters S.A. E.S.P. indicó que
adelantaría la respectiva recolección sin que hubiera aportado prueba alguna de su
efectiva superación.

147. En este contexto, la Sala no desconoce los controles de seguimiento 77 que se
aportaron respecto al transporte de basuras con hora y fecha de los
correspondientes movimientos. Sin embargo, como se explicó previamente, al ser
las campañas de sensibilización una forma de promover una adecuada disposición
de residuos sólidos ordinarios es necesario confirmar la orden impartida a la
empresa, pero modificando su alcance para que responda a su margen funcional.

V.3.3.3. Responsabilidad de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios

148. El artículo 14.30 de la Ley 142 determinó que la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios es “[…] un organismo de carácter técnico, adscrito al
Departamento Nacional de Planeación, sin personería jurídica y con autonomía
administrativa y financiera […]”.

149. En el artículo 3 ibidem se establece que “[…] [t]odos los prestadores quedarán
sujetos, en lo que no sea incompatible con la Constitución o con la ley, a todo lo que
esta Ley dispone para las empresas y sus administradores y, en especial, a las
regulaciones de las Comisiones, al control, inspección y vigilancia de la
Superintendencia de Servicios Públicos […]”.

150. El artículo 7978 ibidem indicó que “[...] [l]as personas prestadoras de servicios
públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las haga sujeto de
aplicación de la presente Ley, estarán sujetos al control y vigilancia de la
Superintendencia […]”. A dicha entidad le corresponde: i) vigilar y controlar el

77
Cfr. Índice 29 del expediente digital de primera instancia en el tribunal. Documento denominado
“26_CONTESTACION_TRASHBUST_ANEXO1(.rar) NroActua 29”.
78
Modificado por el artículo 13 de la Ley 689 de 2001 y adicionado por el artículo 96 de la Ley 1151 de 2007.

54

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
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cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes
presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e
inmediata a usuarios determinados; ii) evaluar la gestión financiera, técnica y
administrativa de las empresas de servicios públicos; y iii) verificar que las obras,
equipos y procedimientos de las empresas cumplan con los requisitos técnicos que
hayan señalado los ministerios.

151. El artículo 4 del Decreto 1369 de 18 de octubre de 2020 79 dispone que la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios “[…] desempeñará las
funciones específicas de inspección, vigilancia y control de las entidades que
presten los servicios públicos domiciliarios y las demás actividades que las hagan
sujetos de aplicación de las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás que las adicionen,
modifiquen o sustituyan […]”.

152. El numeral 3 del artículo 18 ibidem establece que la Superintendencia Delegada
para Acueducto, Alcantarillado y Aseo tiene entre sus funciones específicas “[…]
Fijar los lineamientos necesarios para el estudio de la capacidad técnica y
económica del prestador que niegue el otorgamiento de la disponibilidad y viabilidad
inmediata del servicio a quien le solicite. […]”.

153. En ese sentido, como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
tiene funciones de vigilancia y control relacionadas con la prestación de los servicios
públicos de alcantarillado y aseo, la Sala considera que es competente para iniciar
las investigaciones administrativas e imponer las sanciones a que haya lugar a las
personas prestadoras en caso de que incumplan la regulación.

154. En este orden de ideas, dada la gravedad de la problemática es necesario su
apoyo para que supervise que los prestadores cumplan con los estándares de
calidad necesarios para superar la vulneración de los derechos colectivos
amparados.

155. Por lo tanto, se confirmará su participación en la sentencia proferida en primera
instancia, en la medida en que el exhorto impartido debe circunscribirse
estrictamente al marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias.

V.3.4. La adopción de medidas cautelares en las sentencias

156. En el ordinal quinto de la sentencia de 24 de abril de 2024 se resolvió lo
siguiente:

“[…] QUINTO: Mientras se adelantan las acciones contenidas en el numeral anterior,
la entidad territorial a través de la Secretaría de Planeación se abstendrá de expedir
nuevas licencias de construcción para grandes edificaciones en el sector de
North End. […]” (negrilla fuera de texto).

157. Esa decisión se aclaró mediante auto de 4 de junio de 2024, en el sentido de:

79
“[…] Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios […]”.

55

Radicación núm. 88001-23-33-000-2022-00013-01
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“[…] PRIMERO: ACLARAR el numeral quinto de la Sentencia de fecha 24 de abril
de 2024, en el sentido de precisar que por su contenido, se trata de una medida
cautelar y que para su cumplimiento debe entenderse “grandes edificaciones”, toda
construcción con área mayor a 300 metros cuadrados en “North End”, área central
de la zona urbana que corresponde técnicamente a los Distritos 1, 2 y 3, y se extiende
por el suroeste desde la “y” del Bolivariano hasta “la rocosa” sobre la carrera 20 y
cubre también, una pequeña franja paralela al costado occidental de la pista del
aeropuerto.

En todo caso, cualquier construcción en el departamento archipiélago deberá hacerse
estrictamente de acuerdo a lo establecido en el Plan De Ordenamiento Territorial-
POT y previa aseguranza de la disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios
en particular, acueducto y alcantarillado. Lo anterior, deberá tenerse en cuenta por la
entidad competente para el trámite de licencias, en cumplimiento a lo ordenado por
este Tribunal. […]” (negrilla fuera del texto y subraya del texto).

158. Esta Sección consideró en las sentencias de 22 de febrero de 201880, 9 de mayo
de 201981, 19 de mayo de 202382 y 29 de mayo de 202583, entre otras, que las
sentencias definitivas no deben incluir medidas cautelares, ya que esas decisiones
tienen una naturaleza provisional y transitoria mientras se profiere la sentencia en
la cual se toman decisiones definitivas para garantizar la superación de la
problemática.

159. Por lo tanto, se modificará el alcance de esa instrucción judicial para que
responda a los acreditado en el plenario84, teniendo en cuenta que el literal c del
numeral 1 del artículo 2 y el numeral 10 del artículo 5 de la Resolución 1025 de 31
de diciembre de 202185 establecen que cuando se trate de solicitudes de licencia
de urbanización y de construcción, respectivamente, se requiere la certificación de
viabilidad o disponibilidad como requisito previo.

160. Concomitante con lo anterior, el artículo 4 del Decreto 3050 de 27 de diciembre
de 202386 determina que los prestadores de los servicios públicos, dentro de las
áreas del perímetro urbano, están en la obligación de expedir dicha certificación.

161. Adicionalmente, se modificará el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia de 24 de abril de 2024 para fijar un plazo prudencial para el cumplimiento
de esa orden. Y por razones de claridad, la Sala modificará la enumeración de los

80
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 22 de febrero de 2018.
Radicación: 85001-23-33-000-2014-00129-03. C.P. María Elizabeth García González.
81
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 9 de mayo de 2019. Radicación:
85001-23-33-000-2016-00197-01. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 19 de mayo de 2023. Radicación:
25000-23-15-000-2010-02940-01. C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
83
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 29 de mayo de 2025. Radicación:
17001-23-33-000-2020-00184-01. C.P. Oswaldo Giraldo López.
84
La Sala considera improcedente ordenar la suspensión de la expedición de licencias de construcción, ya que el certificado
de disponibilidad de servicios públicos es un requisito obligatorio dentro del trámite de licenciamiento. En consecuencia,
corresponde a los prestadores de servicios públicos evaluar y negar dichas certificaciones cuando no se garantice una
prestación adecuada y eficiente. Además, no obra en el expediente prueba que demuestre que, en este caso concreto, se
hayan expedido certificaciones sin el cumplimiento de los requisitos legales. Si bien en una decisión anterior se señaló que
las conexiones ilegales a un sistema de alcantarillado colapsado podrían justificar la suspensión de licencias, la Sala precisa
que la supervisión y control de esas irregularidades compete a la entidad territorial y a la autoridad ambiental, y no es
procedente restringir construcciones que cumplen con la normativa vigente.
85
“[…] Por medio de la cual se modifica la Resolución 0462 de 2017, relacionada con los documentos que deberán acompañar
las solicitudes de licencias urbanísticas y de modificación de las licencias urbanísticas vigentes. […]”.
86
“[…] Por medio de la cual se modifica la Resolución 0462 de 2017, relacionada con los documentos que deberán acompañar
las solicitudes de licencias urbanísticas y de modificación de las licencias urbanísticas vigentes. […]”.

56

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

dos últimos ordinales de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia
debido a que el a quo incurrió en un error.

162. Por otro lado, con relación al comité de verificación de cumplimiento de la
sentencia, la Sala modificará el ordinal duodécimo en el sentido de precisar que
debe ser presidido por el magistrado ponente, conforme a los parámetros
establecidos en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998.

163. Finalmente, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley
1564 de 12 de julio de 201287 y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de agosto de 201988, no se condenará
en costas en esta instancia porque no se acreditó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los ordinales primero, cuarto, quinto, noveno, undécimo y
duodécimo de la parte resolutiva de la sentencia de 24 de abril de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia, los cuales quedarán así:

“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación
propuesta por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)
y el Capítulo San Andrés, Providencia y Santa Catalina de la Asociación Hotelera y
Turística de Colombia (COTELCO).

DECLARAR de oficio la excepción de cosa juzgada parcial, conforme a las
consideraciones expuestas en precedencia.

[…]

CUARTO: ORDENAR al Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia
y Santa Catalina, como principal responsable desde sus competencias
constitucionales y legales de prestar el servicio público de saneamiento básico, y a
Aguas de San Andrés S.A E.S.P. en virtud de sus obligaciones contractuales, que
en el término de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia,
realicen un estudio técnico especializado que permita obtener un diagnóstico actual
sobre el funcionamiento, la capacidad, y la problemática que se ha detectado en este
proceso respecto del sistema de red de alcantarillado en el sector de North End de la
isla de San Andrés, e indiquen cuáles son las soluciones a dicha problemática, junto
con los plazos de ejecución de las medidas respectivas.

QUINTO: ORDENAR que la empresa prestadora-operadora con el apoyo del
departamento y de Aguas de San Andrés S.A. E.S.P., en el marco de sus
competencias constitucionales, legales y reglamentarias, ejecuten las actividades
que el estudio técnico concluya como necesarias para superar la afectación de los

87
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. […]”.
88
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Especial de Decisión. Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019, radicación: 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

derechos colectivos amparados, dentro del término que defina el referido diagnóstico,
conforme al cronograma de trabajo que será aprobado previamente por el tribunal y
cuyos plazos serán objeto de comprobación por el comité de verificación.

Una vez efectuado el diagnóstico, el departamento también evaluara si es necesario
adoptar medidas provisionales en materia de ordenamiento territorial, en el evento
en que sea necesario suspender el desarrollo de obras urbanísticas en el sector por
la superación absoluta de la capacidad de carga del sistema de alcantarillado. […]

[…]

NOVENO: ORDENAR a Trash Buster S.A. E.S.P. realizar campañas de
sensibilización en el sector comercial y hotelero de North End en el manejo adecuado
de los residuos sólidos.

[…]

UNDÉCIMO: COMPULSAR copias a la Procuraduría y la Fiscalía, para lo de su
competencia.

DUODÉCIMO: CONFORMAR el comité de verificación de esta sentencia, el cual
estará integrado por el Magistrado Ponente -quien lo presidirá-, los accionantes, un
representante de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los
representantes del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina, de las empresas Veolia Aguas del Archipiélago S.A.S. E.S.P., Aguas de
San Andrés S.A. E.S.P., Trash Busters S.A. E.S.P. y de CORALINA, y el agente del
Ministerio Público. […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 24 de abril de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, por las razones expuestas en la parte considerativa
de esta providencia.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

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Demandantes: Alex Barrios Llanes y otros

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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