Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2019-00102-02
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 85001-23-33-000-2019-00102-02
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 85001-23-33-000-2019-00102-02
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
Coadyuva: Juan Carlos Suárez
Demandados: Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (Uariv), departamento de Casanare y municipio de Yopal
Tema: Competencias de la Uariv y de los entes territoriales en materia de
asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado. Principio de
concurrencia para la readecuación y el óptimo funcionamiento del Punto
de Atención a las Víctimas de Yopal. Diferencias entre los Centros
Regionales de Atención y Reparación a Víctimas y los Puntos de
Atención a Víctimas. Reiteración jurisprudencial sobre el deber del juez
de integrar adecuadamente el contradictorio. Reiteración jurisprudencial
sobre la improcedencia del argumento sobre la falta de recursos públicos
para cumplir con las órdenes de amparo
Sentencia de segunda instancia
La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el municipio
de Yopal y por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, en contra de la sentencia de 30 de agosto de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare.
I. Antecedentes
I.1. La demanda
1. La ciudadana Judith López Barrera demandó a la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), al departamento de
Casanare y al municipio de Yopal, en ejercicio de la acción popular establecida en
el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472 de 19981 y
1437 de 2011, con miras a obtener la protección del derecho colectivo previsto en
el literal m) del artículo 4.º2 de la Ley 472.
1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de
las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2 “Artículo 4o.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los
relacionados con: […]
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes […]”.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
2. En su libelo petitorio, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. Que en un plazo de 3 meses se ordene a la unidad administrativa especial
para la atención y reparación a las víctimas UARIV, a la administración
departamental del Casanare y de la alcaldía del municipio de Yopal, para procurar
desarrollar la etapa de planificación contractual comprendida por las
autorizaciones, los estudios y diseños y proyectos definitivos para llevar a cabo la
construcción del centro regional a víctimas del conflicto armado de Yopal.
2. Que se ordene a la accionada la construcción del centro regional de atención y
reparación a víctimas de Yopal Casanare en un término razonable no superior a 6
meses. […]
3. Como fundamento de la acción popular, la demandante afirmó que las
accionadas no han construido un centro regional en Yopal para la atención de las
69.935 víctimas del conflicto armado residentes en el departamento de Casanare,
lo que dificulta el acceso a la oferta institucional de servicios y la materialización de
las medidas de satisfacción y reparación.
4. Informó que el municipio de Yopal tiene «un punto de atención a las víctimas PAV
y en los municipios enlaces municipales, (pero) estos no cuentan ni con la capacidad
técnica – administrativa ni mucho menos con la capacidad estructural para brindar
la atención a las víctimas de la ciudad ni del departamento».
5. Agregó que 11 funcionarios laboran en ese PAV municipal, lo cual resulta
insuficiente para atender a todas las víctimas del departamento de Casanare, pues
«ni siquiera existe un buzón de correspondencia y los funcionarios encargados no
reciben solicitudes (…) ni quejas».
6.Afirmó que otros entes territoriales como el municipio de Viota y el departamento
de Guaviare tienen Centros Regionales para la Atención a las Víctimas del Conflicto
Armado, a pesar de que el número víctimas registradas en esos lugares es menor
en comparación con las víctimas residentes el departamento de Casanare.
7.Por último, mencionó que «la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría
del Pueblo, así como la mesa municipal y departamental de víctimas han hecho
múltiples requerimientos a la accionada con el fin que coordine y adelante la
construcción del centro regional a las víctimas en la ciudad de Yopal (sic)».
I.2. Actuación procesal en primera instancia
8. El magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 20 de agosto de 20193, admitió la
demanda, concedió el amparo de pobreza solicitado por la demandante y ordenó la
notificación y el traslado correspondientes a las autoridades accionadas para que
contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o solicitaran la práctica de
pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público, a la Defensoría
3 Folios 38 y ss. del expediente de la referencia. Providencia suscrita por el magistrado Néstor Trujillo González.
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Demandante: Judith López Barrera
Seccional del Pueblo y a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
Por último, dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de la
comunidad.
9.Posteriormente, mediante auto 25 de febrero de 20204, se declaró fallida la
audiencia especial de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998,
porque no se formuló proyecto de pacto de cumplimiento.
I.3. Contestaciones de la demanda e intervenciones
I.3.1. El apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas, mediante escrito de 3 de septiembre de
20195, afirmó que las pretensiones de la demanda carecen de fundamento desde el
punto de vista fáctico y jurídico.
10. Precisó que esa institución coordina a las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con el propósito de
ejecutar la respectiva política pública, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
1448 de 20116 y en el Decreto 1084 de 20157.
11. Informó que el departamento de Casanare no cuenta con un Centro Regional
para la Atención de las Víctimas del Conflicto Armado (CRAV). Sin embargo, dicha
población está siendo atendida mediante un Punto de Atención a las Víctimas
(PAV), alternativa prevista en el Decreto 1084 de 2015. Además, la Uariv está
trabajando con el municipio de Yopal desde el año 2018 para optimizar el canal de
atención presencial mediante el mejoramiento del PAV y el saneamiento del
inmueble en donde se pretende hacer la inversión.
12. También añadió que la Uariv suscribió con el municipio de Yopal el Convenio
Interadministrativo 1434 de 2016 con el fin de apoyar la construcción, dotación y
funcionamiento de ese CRAV, pero ese proyecto no se llevó a cabo por el
desistimiento del ente territorial. Aun así, aclaró que la Uariv actualmente no cuenta
con recursos económicos para adelantar esa obra.
13. Con base en lo anterior, propuso las excepciones de falta de legitimación en la
causa por pasiva, «improcedencia de la acción popular» y «cumplimiento normativo
de la Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas».
I.3.2. La apoderada judicial del departamento de Casanare, mediante escrito de 4
de octubre de 20198, solicitó negar las pretensiones de amparo respecto del
departamento en consideración a que ninguna autoridad ha presentado un proyecto
4 Ibid., folios 180 y ss. (Audiencia iniciada el 20 de enero de 2020 – folios 163 y ss.).
5 Ibid., folios 52 y ss. Documento suscrito por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el abogado Vladimir Martín
Ramos.
6 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
7 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación”.
8 Folios 114 y ss. Documento suscrito por la abogada Luz Ángela Sarmiento Borja.
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Demandante: Judith López Barrera
de cofinanciación para la construcción del Centro Regional para la Atención y
Reparación a Víctimas de Yopal. Aunado a ello, advirtió que las víctimas reciben
atención, asesoría, orientación y acompañamiento psico-jurídico a través de un
equipo interdisciplinario perteneciente al PAV de Yopal.
14. En consecuencia, propuso las excepciones que denominó «cumplimiento de
obligaciones por parte del departamento», «improcedencia de la acción contra del
departamento de Casanare» y falta de legitimación en la causa por pasiva.
I.3.3. El apoderado judicial del municipio de Yopal, mediante escrito de 11 de
octubre de 20199, se opuso a la prosperidad de las pretensiones en atención a que
el ente territorial cuenta con un Punto de Atención a las Víctimas (PAV).
15. Agregó que el municipio no es la autoridad encargada de satisfacer las
pretensiones de la demanda, en tanto la Ley 1448 de 2011 y sus decretos
reglamentarios precisaron que la UARIV debe poner en marcha y coordinar el
funcionamiento de los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas.
En ese sentido, solicitó declarar probadas las excepciones de «inexistencia de la
afectación de los derechos colectivos mencionados», «falta de precisión y prueba
de los hechos relacionados» y «excepción genérica».
II. La sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 30 de agosto
de 202110, amparó el «derecho colectivo al funcionamiento adecuado, eficiente y
oportuno del servicio público de atención y reparación a las víctimas del conflicto
armado interno» y, en consecuencia, ordenó a la Uariv y al municipio de Yopal el
mejoramiento del Punto de Atención a las Víctimas de Yopal.
17. Para arribar a esa determinación, el Tribunal estudió el régimen normativo del
Sistema de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el componente de
asistencia, analizó el material probatorio y citó la jurisprudencia relacionada con las
facultades del juez popular.
18. Destacó que «los centros de atención responden a una pluralidad de elementos
físicos y conceptuales; i) un espacio permanente que permita a las víctimas acudir
con facilidad y a las autoridades brindarles respuesta oportuna, coordinada,
concentrada y armónica; ii) una organización, que implica equipo, logística, personal
calificado suficiente y los medios para trabajar; iii) coordinación y colaboración
armónica de la UARIV y de las autoridades territoriales, para lograr los fines
constitucionales (acciones afirmativas de Estado, art. 13; realización del ideario del
9 Ibid., folios 134 y ss. Documento suscrito por el abogado Edwar Jerley Martínez Cervera.
10 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 85001-23-33-000-2019-
00102-02 Judith López contra la Uariv y otros. Registro N.° 2: “Actuación: EXPEDINTE DIGITAL”. Documento
denominado: “097-FALLO 2019-00102- 00 Popular UARIV - Creación Centro Regional Víctimas Yopal”.
Providencia suscrita por los magistrados Aura Patricia Lara Ojeda, José Antonio Figueroa Burbano y Néstor
Trujillo González, ponente de la decisión.
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Demandante: Judith López Barrera
Estado Social de Derecho orientado a servir a la persona humana en dignidad,
según Preámbulo y arts. 1, 2 y 5, entre otros) y legales previstos».
19. Aclaró que la controversia no solo giraba en torno a la estructura física en donde
las víctimas del conflicto armado reciben atención permanentemente, sino que
trascendía al adecuado funcionamiento del SNARIV, a partir de una organización
administrativa y logística coordinada y suficiente.
20. Precisó que las autoridades del extremo pasivo detectaron la necesidad de
mejorar el PAV de Yopal y, por ello, en el expediente obra el Convenio
Interadministrativo N.º 1434 de 3 de noviembre de 2016, celebrado entre la UARIV
y la administración municipal de Yopal, a fin de aunar y articular esfuerzos para la
creación de un CRAV que brindara atención, orientación, remisión,
acompañamiento y seguimiento a las víctimas.
21. Advirtió que dicho Convenio nunca se ejecutó a pesar de que persiste la
necesidad de esa infraestructura de servicios. Además, la administración local
asignó un predio propio como sitio permanente para el PAV que requiere de
adecuaciones y dotación para su óptimo funcionamiento11.
22. Acto seguido, luego de resumir el material probatorio, concluyó lo siguiente:
[…]i) la necesidad subsiste y también la voluntad de las autoridades
territoriales y la UARIV, de preservar el funcionamiento de un PAV, que
hace las veces de centro de atención local a las víctimas del conflicto armado
interno; ii) el PAV funciona, dispone de personal que ha sido suficiente
para atender los requerimientos de las víctimas; iii) el flujo de casos que
acude al PAV Yopal viene disminuyendo notoriamente, en especial
durante los años 2019 y 2020, últimos datos conocidos; iv) Yopal ya asignó
un predio propio como sitio permanente para el PAV; y v) se requiere
todavía adecuarlo y dotarlo para su funcionalidad […] (Negrilla fuera del texto).
23. En ese orden de ideas, estimó que la UARIV y el municipio «pretermitieron la
oportuna adecuación, el mejoramiento y la dotación logística para el funcionamiento
del PAV de Yopal». También exhorto al departamento de Casanare «a optimizar el
servicio conjuntamente con los demás integrantes de la pasiva».
24. Sin embargo, el Tribunal reconoció que el juez popular tiene la responsabilidad
de adoptar medidas ponderadas respecto de la infraestructura de funcionamiento
del Estado. Por ello, no era procedente ordenar la construcción del CRAV ni
salvaguardar el derecho colectivo previsto en el literal m) del artículo 4° de la Ley
472 relacionado con la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos
urbanos respetando las disposiciones jurídicas.
11 “[…] el desorden institucional de Yopal, asociado a la sucesión de múltiples titulares del despacho de alcalde,
por conflictos penales y disciplinarios en esa época, según los administradores más recientes, impidió avanzar
hacia resultados”.
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25. Explicó que «la satisfacción del núcleo esencial del derecho colectivo relativo al
funcionamiento adecuado, eficiente y oportuno del servicio público de atención y
reparación a las víctimas, en el espectro de la Ley 472 (art. 4°, literales g, h, j),
excede con creces (la decisión) de construir edificios o sedes físicas, que,
desprovistas de la logística requerida, en nada podrán contribuir a la solución de la
problemática».
26. Por lo anterior, únicamente amparó «el derecho de las víctimas del conflicto
armado interno al acceso efectivo a la prestación de servicios públicos estatales,
por pretermitir la oportuna adecuación, el mejoramiento y la dotación logística para
el funcionamiento del PAV que hace las veces de centro de atención a dichas
víctimas en Yopal» y adoptó las siguientes órdenes:
[…] 1º DECLARAR infundadas las excepciones de falta de legitimación material
por pasiva invocadas por los entes demandados.
2° DECLARAR que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS – UARIV y el MUNICIPIO DE YOPAL han
quebrantado, por omisión, el derecho de las víctimas del conflicto armado interno
al acceso efectivo a la prestación de servicios públicos estatales, por pretermitir la
oportuna adecuación, el mejoramiento y la dotación logística para el
funcionamiento del PAV que hace las veces de centro de atención a dichas
víctimas en Yopal.
3° ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN DE VÍCTIMAS – UARIV y el MUNICIPIO DE YOPAL el
cumplimiento de las obligaciones indicadas en motivación, a saber:
3.1 El municipio debe: i) ejecutar la destinación efectiva del inmueble que tiene
disponible para el PAV, a título de sede permanente, efectos para los cuales hará
los saneamientos de la propiedad que se requieran y suscribirá con la UARIV los
negocios jurídicos necesarios para que ella invierta o intervenga el predio. Plazo.
Hasta tres (3) meses siguientes a ejecutoria de fallo.
ii) Previa adecuación física del inmueble aludido en precedencia, dotar con
recursos propios o mediante eventual cofinanciación con UARIV y Casanare, si
ante esos entes estatales acredita la necesidad de cofinanciación, el mobiliario,
equipo y logística que se requiera para el funcionamiento permanente del PAV
Yopal o la modalidad misional que haga sus veces. Plazo: hasta tres (3) meses
siguientes a la terminación de trabajos u obras civiles; en todo caso, hasta un (1)
año siguiente a ejecutoria de la sentencia.
3.2 UARIV, debe apropiar y ejecutar o hacer ejecutar, durante la vigencia fiscal
2022 a más tardar, si para entonces el fallo estuviere en firme, o dentro de un
plazo no mayor a un (1) año siguiente a dicha ejecutoria, las partidas
presupuestales necesarias para adecuar y mejorar el sitio propio destinado por
Yopal para el funcionamiento del PAV local.
3.3 Obligaciones conjuntas UARIV – YOPAL. Los dos entes deberán convenir las
actuaciones administrativas que se requieran para diagnosticar estado actual de
las necesidades de adecuación, mejora y dotación logística del PAV YOPAL o
modalidad de atención a víctimas que haga sus veces, lo que deberá incluir
cuando menos: i) verificar estado de cosas; ii) preparar estudios técnicos y diseños
para contratar obras; iii) concertar las soluciones funcionales que el PAV o su
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equivalente requiera. Plazo: dentro de los tres (3) primeros meses, siguientes a
ejecutoria de fallo.
3.4 Mecanismos para la ejecución. Sin perjuicio de la solidaridad legal entre
UARIV y YOPAL frente a los mandatos del fallo, en cuanto a obligaciones
conjuntas, los obligados podrán convenir o concertar las modalidades de
cooperación que estimen más eficientes para lograr los fines aquí señalados.
4° DENEGAR las demás pretensiones de la demanda y su coadyuvancia.
5° EXHORTAR tanto a UARIV como a Casanare y Yopal, a que mantengan y
optimicen sus esfuerzos institucionales concurrentes para garantizar el adecuado,
permanente, eficiente y oportuno funcionamiento del mecanismo de atención a
víctimas del conflicto armado interno en esta capital, en los términos y con las
precisiones señaladas en motivación.
6° ORDENAR la conformación de comité de verificación de cumplimiento de fallo,
con los integrantes, reglas básicas de funcionamiento y responsabilidades
indicadas en la consideración séptima (7ª) de la motivación12 […]
III. Fundamentos de los recursos de apelación
III.1. El apoderado judicial del municipio de Yopal, mediante correo electrónico de
8 de septiembre de 202113, solicitó la revocatoria de la sentencia impugnada, con
fundamento en que el Tribunal no «valoró integralmente todos los escenarios de
responsabilidad, alcance normativo y situación de la realidad para la atención a las
víctimas en el departamento de Casanare».
27. Mencionó que el funcionamiento, operación y sostenimiento de los Centros
Regionales de Atención y Reparación a Víctimas estaba a cargo de todos los
municipios de la región en los que habite el mayor número de víctimas, según lo
ordenado en la Ley 1448 de 2011 y en el Decreto 1084 de 2015. Por ello, el CRAV
de Casanare debe funcionar con la participación de los entes territoriales de Yopal,
Villanueva y Paz de Ariporo, teniendo en cuenta las necesidades específicas del
servicio.
28.Sostuvo que las órdenes no son claras en materia de responsabilidades,
compromisos y participación económica pues la sentencia «deja eventualmente
como responsable directo para toda la jurisdicción de Casanare al Municipio de
Yopal, frente a un punto de atención que […] presta los servicios […] a todos los
habitantes del departamento de Casanare».
12 El respectivo aparte de la sentencia es del siguiente tenor: «Se conformará por el director de la UARIV o el
directivo que para ello delegue; el alcalde de Yopal y el gobernador de Casanare o los funcionarios directivos
que deleguen; el defensor regional del Pueblo Casanare y el personero municipal de Yopal. Obrará como
coordinador de sus sesiones administrativas el alcalde, por ser el municipio el primer respondiente. El
magistrado ponente hará parte del comité, según los estándares más frecuentes que adopta el Consejo de
Estado; presidirá las sesiones que convoque y se celebren en audiencia ante el estrado. Respecto de las
demás, ejercerá las funciones de verificación procesal propias del juez, no sometido a citaciones, reuniones,
consensos ni votaciones de autoridades administrativas, pues su rol es superior y constituye ultima ratio en
esos controles».
13 Ibid., documento denominado “ED_104RECURSOAPELACIO(.pdf) NroActua 2”, suscrito por el abogado
Edwar Jerley Martínez Cervera.
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Demandante: Judith López Barrera
29. Adujo que no se integró el contradictorio con los demás municipios del
departamento que deben atender a las víctimas, lo que constituye «una posible
nulidad». Además, por los principios de concurrencia, complementariedad,
solidaridad y colaboración, era necesario imponerle a la UARIV y al departamento
de Casanare obligaciones claras, directas y definidas.
30. Estimó que la vulneración de derechos colectivos por parte del municipio de
Yopal no se demostró el proceso, sino que la sentencia se fundamentó en el deber
legal que existe de atender a las víctimas, desconociendo el trabajo que está
haciendo el municipio de Yopal para prestar esos servicios en el punto de atención.
31. Consideró desproporcional que el municipio deba asumir todas las obligaciones
para el adecuado funcionamiento del PAV en consideración a que: (i) allí se presta
servicios a todos los municipios de Casanare; (ii) la Uariv quedó obligada a una
eventual cofinanciación; (iii) el municipio presenta un déficit fiscal con ocasión de la
emergencia sanitaria derivada por el Covid 19; y (iv) la sentencia desconoce las
obligaciones de otros entes territoriales.
32.En suma, manifestó que la sentencia cuestionada desconoció el alcance
normativo, las responsabilidades y atribuciones de la Uariv, de la Gobernación de
Casanare y de los municipios de Villanueva y Paz de Ariporo.
III.2. El apoderado judicial de la Uariv, mediante correo electrónico de 8 de
septiembre de 202114, recurrió los numerales 2 y 3 de la sentencia de primera
instancia.
33. Manifestó que esa entidad no omitió la oportuna adecuación, mejoramiento y
dotación logística del Punto de Atención a Víctimas (PAV) del municipio de Yopal.
Por el contrario, ha trabajado de manera conjunta con el municipio desde el año
2018 para el mejoramiento del canal de atención presencial, mediante la
optimización del Punto de Atención a Víctimas.
34. Al respecto, informó que: «el municipio realizó el levantamiento arquitectónico
del Punto de Atención y con esto cumplió con el numeral primero, sin embargo, una
vez se inició el diagnóstico de infraestructura e instalaciones existentes, la entidad
manifestó que la estructura de la edificación donde actualmente funciona el Punto
de Atención está demasiado deteriorada para su intervención, por lo anterior, la
Unidad no pudo avanzar en el apoyo para la formulación del proyecto en mención».
35. Expuso que los entes territoriales y/o departamentales son quienes deben
acreditar la necesidad de cofinanciación, el mobiliario, el equipo y la logística
requerida para el funcionamiento permanente de los puntos. En ese contexto,
14 Ibid., documento denominado “ED_105RECURSOAPELACIO(.pdf) NroActua 2”, suscrito por el abogado
Vladimir Martin Ramos.
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explicó la diferencia que existe entre un Punto de Atención a Víctimas (PAV) y un
Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV).
36. Subrayó que la Uariv ha suministrado el apoyo técnico al municipio para dotar
el PAV, «mas no participa en las adecuaciones» de la infraestructura, porque una
eventual cofinanciación entre la Uariv y el departamento de Casanare debe atender
unos requisitos previos dependiendo si el financiamiento se hace a través «del
sistema general de regalías o con recursos de libre destinación».
37. Sostuvo que los municipios y distritos deben apropiar los recursos necesarios
en los planes de desarrollo para el funcionamiento y sostenibilidad de los centros
de atención «que garanticen los gastos administrativos, tecnológicos y operativos,
la infraestructura física», de acuerdo con el artículo 2.2.6.6.6 del Decreto 1084 de
2015.
38. En todo caso, adujo que esa entidad solo podrá asignar recursos previa
formulación y aprobación del respectivo proyecto, instrucción que no quedó
contemplada en la sentencia. En este punto, resaltó que el responsable de la
formulación del proyecto es el ente territorial que debe presentar y entregar el
levantamiento arquitectónico del Punto de Atención (planos, cortes, fachadas,
cuadro de áreas, registro fotográfico), el informe detallado de diagnóstico de
Infraestructura e instalaciones, el proyecto de adecuación del punto, con sus
respectivos planos de diseños y estudios técnicos, el presupuesto detallado de obra,
soportado con análisis de precios unitarios y cotizaciones y el presupuesto de la
dotación, soportado con cotizaciones.
39. Finalmente, informó que el municipio dejó unos recursos por lo que «se exhorta
que revisen como van a manejar ese presupuesto».
IV. Trámite en segunda instancia
40. Mediante auto de 9 de diciembre de 202115, el magistrado sustanciador del
proceso en primera instancia concedió los referidos recursos de apelación.
41. Esta autoridad judicial, a través de auto de 19 de julio de 202216, admitió ambos
recursos y advirtió a los sujetos procesales que «no habrá lugar a dar traslado para
alegar de conclusión en tanto que no existen pruebas por practicar en el presente
proceso». Además, informó al Ministerio Público que podía emitir concepto en la
presente causa hasta antes de que ingresara al Despacho el proceso para dictar
sentencia.
15 Ibid., documento denominado “ED_111AUTO85001233300(.pdf) NroActua 2”.
16 Ibid., Registro N.° 14. Documento denominado: “AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 14”. Providencia suscrita por el Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés.
Actuación que tuvo lugar luego de que el referido Consejero, mediante escrito de 14 de marzo de 2022,
manifestara su impedimento para conocer del asunto de la referencia. Mediante auto de 6 de junio de 2022, la
Sección Primera declaró infundado dicho impedimento y devolvió el expediente para lo de su cargo.
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Demandante: Judith López Barrera
42. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, mediante escrito
de 2 de agosto de 202217, solicitó la confirmación de la sentencia de 30 de agosto
de 2021 debido a que subsiste la necesidad de adecuar el PAV de Yopal como sitio
permanente de atención a las víctimas del conflicto armado interno.
43. En tal sentido, consideró acertada la decisión del Tribunal de ordenar a la Uariv,
al departamento de Casanare y al municipio de Yopal que concurran en el
cumplimiento de las órdenes, a partir de un enfoque de articulación y coordinación
interinstitucional.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1. Competencia
44. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del CPACA y en el artículo 13
del Acuerdo N.° 080 de 201918, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones populares.
V.2. Planteamiento del problema jurídico
45. La ciudadana Judith López Barrera atribuyó a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), al
departamento de Casanare y al municipio de Yopal, la transgresión del derecho
colectivo previsto en el literal m) del artículo 4.º de la Ley 472, con fundamento en
que esas autoridades no han construido un Centro Regional para la Atención de las
Víctimas del Conflicto Armado en el municipio de Yopal que atienda a las 69.935
personas reconocidas como víctimas en el departamento de Casanare.
46. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 30 de agosto
de 2021, amparo el «derecho colectivo al funcionamiento adecuado, eficiente y
oportuno del servicio público de atención y reparación a las víctimas del conflicto
armado interno»19, tras concluir que el Punto de Atención a Víctimas existente en
Yopal no cuenta con la dotación ni con las adecuaciones necesarias para su óptimo
funcionamiento. En consecuencia, ordenó al municipio de Yopal que adecuara el
inmueble y dotara el PAV. También ordenó a la Uariv que realizara los trámites
presupuestales necesarios para apoyar la labor de adecuación, y requirió a ambas
entidades para que concertaran mecanismos de cooperación para el cumplimiento
de las órdenes.
17 Ibid., Registro N.° 25 de 2 de agosto de 2022. Documento denominado:
“MemorialWebJDV_161ALEGATOS_POPULAR201900102(.pdf) NroActua 25”, suscrito por el Procurador
Jaime Alejandro Díaz Vargas.
18 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.
19 El Tribunal afirmó que este derecho se sustenta en los literales g), h) y j) del artículo 4° de la Ley 472.
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Demandante: Judith López Barrera
47. Inconformes con esa decisión, el municipio de Yopal y la Uariv afirmaron en sus
recursos de apelación que no vulneraron el derecho colectivo salvaguardado. El
ente territorial adujo adicionalmente que las obligaciones de amparo deben ser
impuestas a la Uariv, al departamento de Casanare y a los municipios de Villanueva
y Paz de Ariporo. También resaltó que no cuenta con los recursos económicos
necesarios para el cumplimiento de esas órdenes. Por su parte, la Uariv advirtió que
el municipio es quien debe garantizar la infraestructura física para el adecuado
funcionamiento de los CRAV y PAV. Y destacó que esa institución puede asistir al
municipio, de conformidad con el principio de subsidiariedad, siempre y cuando el
ente territorial agote los trámites previos correspondientes.
48. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si las condiciones estructurales
y funcionales en las que se encuentra el PAV de Yopal transgreden el derecho
colectivo establecido en el literal j) del artículo 4 de la Ley 472; y si las órdenes de
amparo son proporcionales y recaen en las autoridades encargadas de corregir esa
transgresión o amenaza.
49. Para ello, el abordaje de la controversia contemplará cuatro componentes. En
primer lugar, se estudiarán (i) las obligaciones legales y reglamentarias de la Uariv
y de los entes territoriales en materia de atención y asistencia de la población
víctima del conflicto armado. Posteriormente, (ii) se analizará el material probatorio
relacionado con la transgresión o amenaza del derecho colectivo objeto de amparo.
Acto seguido, esta autoridad judicial evaluará (iii) si los municipios de Villanueva y
Paz de Ariporo debían concurrir al litigio; y finalmente (iv) valorará la pertinencia y
suficiencia de las órdenes de amparo cuestionadas por los apelantes.
V.2.1. Marco normativo sobre la atención y asistencia de la población víctima
del conflicto armado
50. El fundamento constitucional de los derechos de las víctimas a la verdad, a la
justicia, a la reparación y a la no repetición, obra en los artículos 1º, 2º, 15, 21, 229
y 250 (numeral 7°) de la Constitución Política. El respeto de la dignidad humana
previsto en la Constitución de 1991 conllevó a la implementación de un modelo de
restitución de derechos que sobrepasa el componente económico y se extiende a
la esfera psicosocial y productiva, con miras a proteger la vida, la honra, los bienes,
las creencias y demás derechos y libertades de estos sujetos de especial
protección.
51. Sobre este punto, la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2019 explicó
lo siguiente:
[…] El derecho a la reparación integral tiene por objeto el resarcimiento de los
daños causados a las víctimas. Se encuentra integrado por la facultad de exigir
medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y no
repetición. Sobre el particular la jurisprudencia ha señalado que la restitución
plena exige “el restablecimiento de la víctima a la situación anterior al hecho de la
violación, incluyendo la restitución de las tierras usurpadas o despojadas”[68]. En
caso de que ello no sea posible, ha dicho la Corte que “es
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Demandante: Judith López Barrera
procedente (…) la compensación a través de medidas como la indemnización
pecuniaria por el daño causado”. Este derecho incluye también la obligación
de adoptar medidas de “rehabilitación por el daño causado, mediante la
atención médica y psicológica, así como la prestación de otros servicios
sociales necesarios para esos fines” de modo que se restablezcan las
condiciones físicas y sicológicas de las personas. Este Tribunal sostuvo,
también, que existe un derecho a “la satisfacción, a través de medidas
simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de
las víctimas” adoptando aquellas dirigidas “a proporcionar bienestar y
contribuir a mitigar el dolor de la víctima”. A su vez el derecho a la no
repetición comprende las medidas que tienen por objeto “asegurar que no
se repitan los hechos victimizantes”. […] (Negrilla fuera del texto).
52. Sin lugar a dudas, el cumplimiento del deber estatal de reparar de forma integral
a las víctimas requiere de una arquitectura institucional eficiente, acompañada de
unos procedimientos idóneos que permitan la materialización oportuna del derecho
a la reparación. Por ello, el Congreso de la República, a través de la Ley 1448 de
201120 determinó cuáles serían las medidas judiciales, administrativas, sociales y
económicas que beneficiarían a este grupo poblacional.
53. Concretamente, el artículo 14 de la Ley 1448 estableció que el Estado
colombiano, para superar el nivel de vulnerabilidad de las víctimas, implementaría
una serie de medidas de atención, asistencia y reparación encaminadas a satisfacer
los siguientes derechos de forma progresiva21, gradual22, armónica y articulada23:
[…] ARTÍCULO 28. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. Las víctimas de las
violaciones contempladas en el artículo 3o de la presente Ley, tendrán entre otros
los siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente:
1. Derecho a la verdad, justicia y reparación.
2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.
3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el
Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de
dignidad.
4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la
política pública de prevención, atención y reparación integral.
6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque
diferencial.
7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de victimización
se haya dividido el núcleo familiar.
20 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones”.
21 ARTÍCULO 17. PROGRESIVIDAD. El principio de progresividad supone el compromiso de iniciar procesos
que conlleven al goce efectivo de los Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de unos
contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las
personas, e ir acrecentándolos paulatinamente.
22 GRADUALIDAD. El principio de gradualidad implica la responsabilidad Estatal de diseñar herramientas
operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la escalonada
implementación de los programas, planes y proyectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la
obligación de implementarlos en todo el país en un lapso determinado, respetando el principio constitucional
de igualdad.
23 ARTÍCULO 26. COLABORACIÓN ARMÓNICA. Las entidades del Estado deberán trabajar de manera
armónica y articulada para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley, sin perjuicio de su
autonomía.
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8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad
nacional.
9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los
términos establecidos en la presente Ley.
10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las
medidas que se establecen en la presente Ley.
11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos
que se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o
intervinientes.
12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. […] (Negrilla fuera del texto).
54. Como puede apreciarse, a las víctimas del conflicto armado les asiste el
derecho a: (i) acudir a escenarios de dialogo institucional y comunitario; (ii) recibir
acciones afirmativas; (iii) solicitar y recibir atención humanitaria; (iv) participar en la
prevención, atención y reparación integral; (v) recibir información sobre las rutas y
medios de acceso a las medidas, y (vi) conocer el estado de procesos judiciales y
administrativos.
55. Esa asistencia y atención, en los términos del artículo 49 ibidem, abarca «el
conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, económico,
social, fiscal, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia
efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida
digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política».
56. Para la materialización de esas garantías, los artículos 158 y 160 señalaron que
el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas estaría
conformado por la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, por los departamentos, por los distritos, por los municipios y por las
organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes,
programas, proyectos y acciones específicas de atención y reparación integral.
57. El objeto de este sistema es adoptar los referidos planes, programas y medidas
de atención y asistencia, desde un enfoque de articulación interinstitucional
caracterizado por:
[…] ARTÍCULO 161. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE ATENCIÓN Y
REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Los objetivos de las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como parte
de dicho Sistema, serán los siguientes: (…)
6. Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada atención
integral y garantía de los derechos humanos y de la aplicación del Derecho
Internacional Humanitario que les asisten a las víctimas.
7. Garantizar la canalización de manera oportuna y eficiente de los recursos
humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables
para el cumplimiento de los planes, proyectos y programas de atención, asistencia
y reparación integral de las víctimas en sus niveles nacional y territorial.
8. Garantizar la coordinación interinstitucional, la articulación de su oferta y
programas, al igual que la programación de recursos, asignación,
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focalización y ejecución de manera integral y articulada la provisión de bienes
y servicios públicos prestados de acuerdo con las soluciones brindadas.
9. Garantizar la flexibilización de la oferta de las entidades responsables de
las diferentes medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas
para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
10. Realizar los esfuerzos institucionales y apoyar la implementación de una
plataforma de información que permita integrar, desarrollar y consolidar la
información de las diferentes entidades que hacen parte del Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con el fin de llevar
a cabo el monitoreo, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las
responsabilidades atribuidas en el marco de la presente ley. (…)
12. Garantizar la adecuada coordinación entre la nación y las entidades
territoriales y entre estas, para el ejercicio de sus competencias y funciones
al interior del Sistema, de acuerdo con los principios constitucionales y
legales de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia, subsidiariedad,
complementariedad y de delegación. […] (Negrilla fuera del texto).
58. Concretamente, el artículo 168 de la Ley 1448 estableció que la UARIV
coordinaría, de manera ordenada, sistemática, coherente, eficiente y armónica, las
actuaciones de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y
Reparación a las Víctimas, en el marco de las siguientes funciones:
[…] 1. Aportar los insumos necesarios para el diseño, adopción y evaluación
de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas.
2. Garantizar la operación de la Red Nacional de Información para la Atención
y Reparación a las Víctimas, incluyendo la interoperabilidad de los distintos
sistemas de información para la atención y reparación a víctimas.
(…) 5. Coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Nacional de Planeación, la asignación y transferencia a las
entidades territoriales de los recursos presupuestales requeridos para la
ejecución de los planes, proyectos y programas de atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas de acuerdo con lo dispuesto por la presente
Ley.
6. Ejercer la coordinación nación-territorio, para lo cual participará en los
comités territoriales de justicia transicional.
(…) 10. Garantizar los mecanismos y estrategias para la efectiva
participación de las víctimas con enfoque diferencial en el diseño de los planes,
programas y proyectos de atención, asistencia y reparación integral.
11. Coordinar la creación, fortalecimiento e implementación, así como
gerenciar los Centros Regionales de Atención y Reparación que considere
pertinentes para el desarrollo de sus funciones.
(…) 14. Implementar acciones para garantizar la atención oportuna e integral
en la emergencia de los desplazamientos masivos.
(…) 17. Realizar esquemas especiales de acompañamiento y seguimiento a
los hogares víctimas.
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18. Apoyar la implementación de los mecanismos necesarios para la
rehabilitación comunitaria y social. […] (Negrilla fuera del texto).
59. Además, el artículo 172 de la Ley 1448 determinó que la UARIV tiene la
obligación de implementar una estrategia que permita articular la oferta pública de
políticas nacionales, departamentales, distritales y municipales, en materia de
ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral.
60. Dicha estrategia reconocerá «las condiciones diferenciales de las entidades
territoriales en función de factores tales como su capacidad fiscal, índice de
necesidades básicas insatisfechas e índice de presión, entendido este último como
la relación existente entre la población víctima por atender de un municipio, distrito
o departamento y su población total, teniendo en cuenta además las especiales
necesidades del ente territorial en relación con la atención de víctimas».
61. En consecuencia, el artículo 174 estableció que los entes territoriales son
responsables de diseñar e implementar los programas de prevención, asistencia,
atención, protección y reparación integral a las víctimas, a través de las
asignaciones presupuestales previstas en sus respectivos planes de desarrollo y
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
62. La misma norma indicó que, sin perjuicio de lo anterior, las entidades
territoriales debían cumplir con las siguientes funciones:
[…] 1. Con cargo a los recursos del presupuesto departamental, distrital o
municipal, con sujeción a las directrices fijadas en sus respectivos Planes de
Desarrollo Departamental, Distrital y Municipal y en concordancia con el Plan
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, deberán prestarles asistencia
de urgencia, asistencia de gastos funerarios, complementar las medidas de
atención y reparación integral y gestionar la presencia y respuesta oportuna
de las autoridades nacionales respectivas para la atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas.
2. Con cargo a los recursos que reciban del Sistema General de
Participaciones y con sujeción a las reglas constitucionales y legales
correspondientes, garantizarles la prestación eficiente y oportuna de los
servicios de salud, educación, agua potable y saneamiento básico.
3. Con sujeción a las órdenes y directrices que imparta el Presidente de la
República para el mantenimiento, conservación y restablecimiento del orden
público, garantizar la seguridad y protección personal de las víctimas con el apoyo
de la Policía Nacional de la cual deben disponer a través de los Gobernadores y
Alcaldes como primeras autoridades de policía administrativa en los órdenes
departamental, distrital y municipal. Para tal efecto, el Ministerio del Interior y de
Justicia coordinará con las autoridades territoriales la implementación de estas
medidas.
4. Elaborar y ejecutar los planes de acción para garantizar la aplicación y
efectividad de las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas en sus respectivos territorios, que respondan a los
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Demandante: Judith López Barrera
distintos hechos victimizantes generados por las violaciones contempladas en el
artículo 3o de la presente Ley. […] (Negrilla fuera del texto).
63. Nótese entonces que ambas autoridades participan en la implementación de los
mecanismos de reparación integral. Por ende, para facilitar este relacionamiento
nacional-local, el parágrafo del artículo 168 de la Ley 1448 señaló que «los Centros
Regionales de Atención y Reparación (…) unificarán y reunirán toda la oferta
institucional para la atención de las víctimas, de tal forma que las mismas solo
tengan que acudir a estos Centros para ser informadas acerca de sus derechos y
remitidas para acceder de manera efectiva e inmediata a las medidas de asistencia
y reparación consagradas en la presente ley, así como para efectos del Registro
Único de Víctimas». Y agregó que: «la Unidad Administrativa Especial de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas podrá celebrar convenios interadministrativos
con las entidades territoriales o el Ministerio Público, y en general celebrar cualquier
tipo de acuerdo que garantice la unificación en la atención a las víctimas de que
trata la presente ley».
64. Así pues, los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas (CRAV)
se convirtieron en «una estrategia de articulación interinstitucional del nivel nacional
y territorial que tiene como objetivo atender, orientar, remitir, acompañar y realizar
el seguimiento a las víctimas (…) que requieran acceder a la oferta estatal en aras
de facilitar los requerimientos en el ejercicio de sus derechos a la verdad, justicia y
reparación integral» (artículos 2.2.6.6.1., 2.2.6.6.3 y 2.2.6.6.7. del Decreto 1084
compilatorios del Decreto 4800 de 201124).
65. El funcionamiento y coordinación de esa estrategia es responsabilidad de la
UARIV, para lo cual puede «suscribir convenios para garantizar la participación de
los entes territoriales en el funcionamiento de los Centros». Mientras que los entes
territoriales son los encargados de garantizar «la operación y sostenimiento de los
Centros que sean creados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, para lo cual deberán utilizar la estructura
organizacional y física, territorial y nacional existente».
66. Adicionalmente, los entes territoriales, según lo previsto en el artículo 2.2.6.6.6.
del Decreto 1084, «deben apropiar los recursos necesarios en los planes de
desarrollo para el funcionamiento de los centros de atención que garanticen los
gastos administrativos, tecnológicos, y operativos (…), la infraestructura física de
los Centros de Atención y Reparación a las Víctimas, su funcionamiento y
sostenibilidad son garantizados por las entidades territoriales», así como «aportar
recursos y bienes muebles e inmuebles requeridos, para el cumplimiento de los
objetivos propuestos, atendiendo estándares de calidad, salud ocupacional y
accesibilidad que permitan atender a las víctimas con dignidad».
67. Esto significa que la función pública desempeñada por la Uariv y por las
entidades territoriales en materia de asistencia a las víctimas es complementaria y
24 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.
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atiende a los principios de corresponsabilidad, coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, en los términos señalados en los artículos 2.2.1.1025., 2.2.1.1126.,
2.2.1.1227., 2.2.1.1328. y 2.2.1.14. del Decreto 1084 de 2015.
68. Es más, en virtud del principio de subsidiaridad, el artículo 2.2.6.6.6. ibidem
también indicó que «el Gobierno Nacional y las Gobernaciones deben apoyar a los
municipios que no cuenten con la capacidad de gestión técnica, operativa y
financiera para la creación y fortalecimiento de los Centros de Atención y
Reparación a las Víctimas».
69. Ahora bien, cabe aclarar que no todos los municipios de nuestro país cuentan
con un CRAV debido a que el artículo 2.2.6.6.10 del Decreto 1084 permite que las
víctimas acudan a Puntos de Atención fijos o móviles, en aquellos lugares en donde
es posible satisfacer la demanda de servicios, a través responsables que operen
«las rutas y procedimientos establecidos para los centros regionales en la medida
de sus posibilidades». La citada norma es del siguiente tenor:
[…] ARTÍCULO 2.2.6.6.10. Estrategias de atención complementadas a los
Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas. Las entidades
que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a
Víctimas deben contar con estrategias complementarias que permitan la
cobertura en materia de atención en los municipios donde no se cuente
con los Centros Regionales de Atención y Reparación a Víctimas, tales
como:
1. Esquemas móviles: las entidades nacionales y territoriales desarrollarán
estrategias móviles de atención para las víctimas, con el fin de brindar la
atención y orientación en los municipios apartados que no cuenten con centros
regionales de atención. Estos esquemas deben ser coordinados con las
gobernaciones y/o alcaldías con el fin de identificar las zonas que deben ser
atendidas de forma prioritaria e inmediata.
2. Enlace municipal: en los municipios donde no se cuente con los Centros
Regionales de Atención y Reparación a Víctimas, las alcaldías municipales y
gobernaciones designarán a un responsable, que garantice la atención
efectiva a las víctimas, en las cuales operaran las rutas y procedimientos
establecidos para los centros regionales en la medida de sus posibilidades.
25 ARTÍCULO 2.2.1.10. CORRESPONSABILIDAD. En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 26 y 161,
numeral 12, y 172 de la Ley 1448 de 2011, todas las entidades estatales, tanto del nivel nacional como del
territorial, tienen la responsabilidad de prevenir, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas en los
términos de los artículos 3o y 9o de la Ley 1448 de 2011, conforme a sus competencias y responsabilidades.
El principio de corresponsabilidad debe ejecutarse teniendo en cuenta el interés general de la Nación y la
autonomía territorial.
26 ARTÍCULO 2.2.1.11. COORDINACIÓN. Las entidades nacionales y territoriales deben trabajar
armónicamente para realizar los fines del Estado y en particular, para garantizar el goce efectivo de los
derechos de las víctimas en los términos del artículo 3o de la Ley 1448 de 2011.
27 ARTÍCULO 2.2.1.12. CONCURRENCIA. Las entidades nacionales y territoriales deben actuar oportuna y
conjuntamente, en busca de un objetivo común. Las entidades involucradas ejercerán acciones de manera
conjunta, respetando siempre el ámbito de competencias propio y el ámbito de competencias de las demás.
28 ARTÍCULO 2.2.1.13. COMPLEMENTARIEDAD. Para perfeccionar la prestación de los servicios a su cargo
y el desarrollo de proyectos regionales, las entidades nacionales y territoriales prestarán colaboración recíproca
y podrán, para ello, utilizar mecanismos de asociación, cofinanciación y convenios.
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Demandante: Judith López Barrera
3. Enlace con las organizaciones de víctimas: Todos los distritos y
municipios contarán con un enlace designado por las organizaciones de
víctimas.
4. Atención telefónica: los Centros Regionales de Atención y Reparación a
las Víctimas contarán con el servicio de información telefónica a través del
cual se brinda orientación de la oferta de las diferentes entidades que hacen
parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral mediante
protocolos concertados con la Unidad Administrativa Especial. […] (Negrilla fuera
del texto).
70. En ese orden de ideas, y con el propósito de establecer un responsable que
unificara el proceso de servicio al ciudadano a nivel local y nacional, la UARIV
expidió la Resolución 6420 de 201829 cuyo artículo 5° creó el grupo de gestión de
proyectos. Este grupo se encarga de apoyar a las entidades territoriales «en la
formulación y presentación de proyectos de asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas, en el marco de la estrategia de corresponsabilidad, y asumir
el apoyo a la ejecución, evaluación y liquidación de los proyectos». Para ello, cuenta
con las siguientes funciones:
[…] 1. En articulación y coordinación con la Subdirección de Coordinación
Técnica del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas y de
la Subdirección de Coordinación Nación Territorio, elaborar metodologías,
lineamientos e instrumentos para brindar asistencia técnica a las áreas
misionales de la Unidad y entidades del SNARIV para que estructuren,
evalúen y hagan seguimiento a los proyectos de asistencia, atención y
reparación integral a las víctimas.
2. Apoyar a las áreas misionales de la Unidad y a las entidades del SNARIV,
en todos los niveles de gobierno, cuando ellos lo soliciten, en la presentación de
proyectos de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas para
su financiación y/o cofinanciación a través de las diferentes fuentes
presupuestales disponibles, como el Sistema General de Regalías, el
presupuesto nacional, los recursos propios de las entidades territoriales, la
cooperación Internacional, y aportes de entidades privadas, con el fin de aportar
al cumplimiento de la política pública de víctimas. de acuerdo con los lineamientos
de las respectivas áreas de la Unidad para las Víctimas.
3. Apoyar el seguimiento a la ejecución de los proyectos de asistencia,
atención y reparación integral a las víctimas aprobados por la Unidad en
vigencias anteriores, en el marco del mecanismo de cofinanciación, hasta que
lleguen a la etapa de liquidación.
4. Apoyar los procesos de liquidación de los convenios y contratos
relacionados con la ejecución de los proyectos de inversión de asistencia,
atención y reparación integral a las víctimas aprobados por la Unidad en vigencias
anteriores, en el marco del mecanismo de cofinanciación.
5. Programar con las áreas misionales de la Unidad para las Víctimas, los
convenios a formularse en la anualidad que requieren del apoyo del Grupo de
Gestión de proyectos para la formulación, seguimiento y liquidación de proyectos
de inversión de acuerdo con su misionalidad.
29 “Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, su denominación y funciones, se hacen modificaciones, derogatorias y se dictan otras
disposiciones”
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6. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del grupo
de trabajo. […] (Negrilla fuera del texto).
71. En el contexto de esas funciones, la UARIV30 adoptó el procedimiento de
formulación y presentación de proyectos de asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas, que inicia con el diligenciamiento del Diagnóstico de
Necesidades de los Centros Regionales y finaliza con el seguimiento al
funcionamiento de los CRAV o PAV.
72. En el Diagnostico de Necesidades, la entidad territorial debe entregar
información general del proyecto, los datos de operación del centro regional o punto
de atención, la presencia actual de la oferta institucional y el diagnóstico de
necesidades. Además, debe realizar una inspección visual de las instalaciones para
conocer el estado físico de las mismas y detectar posibles riesgos o daños, en los
siguientes componentes:
[…] Instalaciones Locativas: Inspeccionar los elementos como pisos, cielos
rasos, paredes, pasillos, ventanas, entre otros que se encuentran en la lista.
Revisar el estado de revestimientos de los pisos y paredes, pintura (interior y
exterior), estado de escaleras, pasamanos y su sujeción al piso, rampas de
acceso, cerramientos perimetrales, estado de perfiles de las ventanas y de las
puertas, herrajes, rieles, cauchos, bisagras, brazos hidráulicos, cerraduras,
sistemas de seguro y llaves. Verificar presencia de grietas, fisuras, faltante de
vidrios y otros daños.
Condiciones Generales: Revisar las condiciones de las instalaciones como la
iluminación y ventilación. Esto incluye verificar el buen funcionamiento de las
luminarias, aires acondicionados y los ventiladores. Así mismo revisar las cortinas
o protección de los vidrios con la película.
Mobiliario y Equipos: Se revisará el mobiliario del Centro Regional como
escritorios, archivadores, mesas de reuniones, muebles de la ludoteca, mueble de
recepción, sillas, tándem de espera, sillas de ruedas para personas con movilidad
reducida y otros. Revisar el estado, condiciones, aspecto, pintura, tapizado,
herrajes, cerraduras, limpieza y su buen funcionamiento, entre otros. Respecto a
los equipos, se revisará el estado y buen funcionamiento de los equipos
tecnológicos como computadores, impresoras, televisores, aparatos telefónicos,
Video Beam y cualquier otro existente.
Riesgos Eléctricos: Se realizará inspección visual del estado de cables electicos,
conexiones, interruptores y tomacorrientes. Verificar que las conexiones y tornillos
de los terminales de interruptores y tomacorrientes sean firmes. Adicionalmente,
verificar que los tableros, cajas y circuitos eléctricos estén identificados.
Saneamiento Básico y Aseo: Verificar la limpieza general tanto interior como
exterior del edificio; áreas de oficinas, archivo, sala de espera, baños de los
usuarios y de funcionarios, cafetería, bodega, puertas, ventanas, pisos, cuarto de
basura y demás espacios del Centro Regional. Adicionalmente, se verificará la
disposición de residuos (reciclables, no reciclables y orgánicos).
Peligros de seguridad: Inspeccionar los extintores portátiles: accesibilidad, buen
estado, seguros, fecha de carga vigente. Revisar el estado de salidas de
emergencia: libres de obstrucciones, puertas con apertura hacia el exterior,
30 https://www.unidadvictimas.gov.co/es/NODE/66206
20
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Demandante: Judith López Barrera
señalización. Inspeccionar los elementos de primeros auxilios como camilla de
emergencia y botiquín de primeros auxilios. […] (Negrilla fuera del texto).
73. Luego de obtener aquel insumo, la UARIV evalúa la información, socializa los
resultados con las entidades territoriales y, por último, consolida los compromisos
con el ente territorial en materia de dotación y fortalecimiento.
74. Todo esto significa que la Ley 1448 de 10 de junio de 2011 establece un modelo
de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno, en el que la Uariv y los entes territoriales detentan competencias
complementarias y concurrentes a efectos de materializar los derechos de las
víctimas.
75. Concretamente, la Uariv ejerce 10 funciones relacionadas con el caso
concreto, a saber:
i. Coordinar las actuaciones de las entidades que conforman el SNARIV31.
ii. Coordinar con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento
Nacional de Planeación, la asignación y transferencia a las entidades
territoriales de los recursos presupuestales requeridos para la ejecución de
los planes, proyectos y programas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas32.
iii. Ejercer la coordinación nación-territorio, para lo cual participará en los
comités territoriales de justicia transicional33.
iv. Coordinar la creación, fortalecimiento e implementación, así como gerenciar
los Centros Regionales de Atención y Reparación que considere pertinentes
para el desarrollo de sus funciones34.
v. Diseñar una estrategia que permita articular la oferta pública de políticas
nacionales, departamentales, distritales y municipales, en materia de ayuda
humanitaria, atención, asistencia y reparación integral, teniendo en cuenta,
las condiciones diferenciales de las entidades territoriales en función de su
capacidad fiscal, índice de necesidades básicas insatisfechas, la población
víctima por atender, las especiales necesidades del ente territorial en relación
con la atención de víctimas, entre otros factores35.
31 “Artículos 159 y 168 de la Ley 1448. Creación del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las
víctimas. Créase el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el cual estará
constituido por el conjunto de entidades públicas del nivel gubernamental y estatal en los órdenes nacional y
territoriales y las demás organizaciones públicas o privadas, encargadas de formular o ejecutar los planes,
programas, proyectos y acciones específicas, tendientes a la atención y reparación integral de las víctimas de
que trata la presente ley”.
32 Artículo 168 (numeral 5) de la Ley 1448.
33 Artículo 168 (numeral 6) de la Ley 1448.
34 Artículo 168 (numeral 11) de la Ley 1448.
35 Artículo 172 de la Ley 1448. Coordinación y articulación Nación – territorio.
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Demandante: Judith López Barrera
vi. Estructurar un sistema de corresponsabilidad a través del cual sea posible:
(a) efectuar acompañamiento técnico de los territorios para la formulación de
los programas de atención y reparación integral de víctimas36; (b) prestarles
asistencia técnica, administrativa y financiera37; (c) proveerles la información
que requieran para adecuar sus planes de atención y reparación a las
víctimas y asignar eficientemente los recursos38; (d) establecer el sistema de
monitoreo y seguimiento de las inversiones realizadas y la atención prestada
para optimizar la atención39; (e) considerar esquemas de atención flexibles,
en armonía con las autoridades territoriales y las condiciones particulares y
diferenciadas existentes en cada región40; (f) establecer esquemas de
complementación de los esfuerzos seccionales y locales para atender las
prioridades territoriales frente a las víctimas41; (g) prestar asistencia técnica
para el diseño de planes, proyectos y programas en el nivel departamental,
municipal y distrital, para lo cual contará con la participación de dichos entes
territoriales, el Departamento de Planeación Nacional y la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas42.
vii. Celebrar cualquier tipo de acuerdo que garantice la unificación en la atención
a las víctimas43.
viii. Participar en el diseño de una «estrategia de intervención territorial» a fin de
brindar asistencia técnica integral y diferenciada a las entidades territoriales,
atendiendo a sus particularidades, potencialidades y necesidades. La
estrategia contendrá los lineamientos para apoyar a las gobernaciones en el
desarrollo de acciones de fortalecimiento de las alcaldías44.
ix. Diseñar estrategias de atención complementarias a los Crav que contribuyan
a la atención y orientación a las víctimas45.
x. Crear, divulgar y hacer seguimiento a la herramienta «Tablero PAT», definida
como el instrumento operativo anual del plan de acción territorial -PAT-46, en
el cual «se incluirá la identificación anual de las necesidades de la población
36 Artículo 172 numeral 3.1 de la Ley 1448
37 Artículo 172 numeral 3.2 de la Ley 1448.
38 I Artículo 172 numeral 3.5 de la Ley 1448.
39 Artículo 172 numeral 3.6 de la Ley 1448.
40 Artículo 172 numeral 3.8 de la Ley 1448.
41 Artículo 172 numeral 3.9 de la Ley 1448.
42 Artículo 172 numeral 3.10 de la Ley 1448.
43 Ibid., numeral 2.
44 Artículo 2.2.8.3.1.19.
45 Ibid., numeral 4.
46 Contentivo de “los programas, metas y recursos incluidos en el respectivo Plan de Desarrollo territorial y en
armonía con los demás instrumentos de planeación y presupuesto” y de “los programas y proyectos de la
entidad territorial para la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado, e incluir las metas y recursos anualizados para garantizar el goce efectivo de derechos”.
(Artículo 2.2.8.3.1.5.)
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
víctima, los programas, las metas y los recursos definidos por cada nivel de
gobierno»47.
76. Por su parte, el municipio de Yopal es responsable de adelantar las siguientes
actividades:
i. Diseñar e implementar, a través de los procedimientos correspondientes,
programas de prevención, asistencia, atención, protección y reparación
integral a las víctimas, los cuales deberán contar con las asignaciones
presupuestales dentro los respectivos planes de desarrollo y deberán ceñirse
a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas48.
ii. Complementar, con recursos propios, las medidas de atención y reparación
integral y gestionar la presencia y respuesta oportuna de las autoridades
nacionales respectivas para la atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas49.
iii. Elaborar y ejecutar los planes de acción (PAT) para garantizar la aplicación
y efectividad de las medidas de prevención, asistencia, atención y reparación
integral a las víctimas en sus respectivos territorios50.
iv. Garantizar a las Personerías Distritales y Municipales los medios y los
recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones relacionadas con
la implementación de la presente Ley51.
v. Garantizar la operación y sostenimiento de los CRAV que sean creados por
la Uariv, para lo cual deberán utilizar la estructura organizacional y física,
territorial y nacional existente52. Apropiar los recursos necesarios en los
planes de desarrollo para el funcionamiento de las estrategias
complementarias a los CRAV.
77. Como se puede observar las obligaciones del municipio de Yopal y de la Uariv
confluyen en el presente caso, debido a que la autoridad nacional coordina las
distintas estrategias de intervención y apoya de forma subsidiaria y complementaria
a los entes territoriales en el cumplimiento de sus deberes legales. Mientras que el
municipio es responsable de implementar, con recursos propios o con mecanismos
de cofinanciación, las estrategias de atención complementarias a los Centros
Regionales de Atención y Reparación a Víctimas.
47 Artículo 2.2.8.3.1.6.
48 Artículo 174 de la Ley 1448.
49 Artículo 174 numeral 1 de la Ley 1448.
50 Artículo 174 numeral 4 de la Ley 1448.
51 Artículo 174 parágrafo 3.
52 Artículo 2.2.6.6.3. del Decreto 1084 de 2015.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
78. Finalmente, la Sala encuentra que los CRAV son una estrategia de articulación
institucional que se implementa de manera gradual en los municipios en donde
concurran la mayor cantidad de víctimas, teniendo en cuenta las necesidades
específicas de cada territorio y los programas, estrategias e infraestructura
existentes53. Además, se aprecia que los municipios que no cuenten con un CRAV,
han sido llamados a implementar un PAV o Punto de Atención a Víctimas que
garantice la atención efectiva a este grupo poblacional de conformidad con las rutas
y procedimientos establecidos para los centros regionales en la medida de sus
posibilidades. Es decir que los CRAV y los PAV son estrategias de intervención
independientes que «tienen como objetivo atender, orientar, remitir, acompañar y
realizar el seguimiento a las víctimas para facilitar los requerimientos en el ejercicio
de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral»54.
V.2.2. La prueba sobre la transgresión del derecho colectivo amparado
79. Para efectos de determinar si el municipio de Yopal y la Uariv cumplieron con
sus obligaciones legales, resulta pertinente tener en cuenta que en el plenario obra
el convenio interadministrativo Nro. 1434 de 201655 que celebraron ambas
autoridades con el objeto de «aunar esfuerzos para apoyar la creación, a través de
la construcción, dotación y funcionamiento del Centro Regional para la Atención y
Reparación a las víctimas en el Municipio de Yopal (…)»56.
80. Este convenio en su parte motiva explicó lo siguiente:
[…]. XI. Que el Municipio de Yopal ha manifestado a través de Carta de Intención
de fecha 11 de abril de 2016, la necesidad de contar con un Centro Regional
en el municipio por cuanto la infraestructura actual para la atención a las
víctimas es insuficiente e inadecuado dado la demanda de atención de la
población víctima en este municipio y área de influencia, para lo cual formuló
el proyecto enmarcado en la “Metodología Banco de Proyectos” para ser
cofinanciado por la UNIDAD.
XII. El diseño e implementación del Centro Regional de Atención y Reparación
será producto de la articulación interinstitucional con el municipio de Yopal y se
adaptará a sus necesidades específicas y su área de influencia en el
departamento de Casanare, con el fin de contar con un espacio que aumente
la capacidad operativa y amplíe los espacios destinados a la atención,
permitiendo la adecuada atención y la ubicación de los funcionarios que
53 Ibid., parágrafo 1.
54https://www.unidadvictimas.gov.co/es/que-diferencia-hay-entre-centros-regionales-y-los-puntos-de-atencion-
victimas/
Decreto 1084 de 2015. “Artículo 2.2.6.6.4. Funciones de los centros. Los centros deben ejercer las siguientes
funciones:
1. Brindar asesoría, atención y orientación a todas las personas víctimas desde un enfoque diferencial y de
derechos.
2. Prestar la atención y el acompañamiento psicojurídico a través de un equipo interdisciplinario.
3. Desarrollar y mantener actualizadas las rutas de atención y orientación a las víctimas.
4. Proveer a la Red Nacional de Información los reportes que esta requiera en relación con la atención a las
víctimas, de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca la Unidad Administrativa Especial de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (Decreto 4800 de 2011, artículo 124)”.
55 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 1_850012333000201900102021EXPEDIENTEDIGI20220310113954. Folio 124
56 El plazo de ejecución del mismo finalizaba el 31 de diciembre de 2017.
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
hacen parte de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral para las Víctimas. […]57. (Negrilla fuera del texto).
81. En dicho convenio el municipio de Yopal se comprometió a: (i) adquirir el predio
en donde se desarrollaría el proyecto; (ii) diseñar los estudios, licencias,
presupuesto y documentos técnicos para desarrollar la construcción y dotación del
centro regional; (iii) garantizar la conexión de servicios públicos de agua,
alcantarillado, energía eléctrica, telefonía e internet; (iv) garantizar la operación y
sostenimiento del centro, e (v) incorporar en sus inventarios la dotación (artículo 4).
82. El artículo 5° del Convenio 1434 indicó que la UARIV apoyaría la construcción
y dotación del centro de acuerdo con el proyecto formulado por el municipio de
Yopal. También la Uariv definiría los criterios y los parámetros de ejecución de las
actividades, ejercería la supervisión de los contratos y suscribiría el acta de entrega
de obra.
83. En el acervo se encuentra acreditado que el asesor de la Dirección General de
la Uariv, a través de oficio 201710013209351 de 5 de marzo de 201758, requirió a
la alcaldía de Yopal para que remitiera el estudio topográfico, el curriculum de
algunos profesionales y los estudios y diseños técnicos del proyecto, antes del 31
de mayo de ese año.
84. El 27 de diciembre de 2017, el entonces alcalde de Yopal, mediante comunicado
oficial 100.5359, solicitó a la Dirección de Atención y Asistencia de la UARIV la
suspensión del convenio 1434 por cuanto no podía cumplir los compromisos
pactados ante los problemas de inestabilidad en la gobernabilidad que afrontaba el
municipio60. En igual sentido, la coordinadora de la mesa municipal de participación
efectiva de las víctimas del conflicto armado de Yopal, a través de oficio
016.28.12.2017 de 28 de diciembre de 2017,61 solicitó a la UARIV la suspensión y
ampliación del convenio 1434.
85. Igualmente se demostró que la coordinadora del grupo de gestión contractual
de la UARIV archivó el convenio interadministrativo 1434, mediante acta de 14 de
agosto de 201862, en atención a que el mismo no generó erogación presupuestal y
no hubo contratación derivada.
57 Ibid., documento denominado “ED_034CONVENIOMARCO1(.pdf) NroActua 2”.
58 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 90_8500123330002019001020230EXPEDIENTEDIGI20220310115015
59 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 1_850012333000201900102021EXPEDIENTEDIGI20220310113954. Folios 93 a a 101.
60 Concretamente, la razón expuesta se relacionó con el cambio continuo de Alcaldes.
61 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 1_850012333000201900102021EXPEDIENTEDIGI20220310113954. Folio 125
62 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 1_850012333000201900102021EXPEDIENTEDIGI20220310113954. Folio 93
25
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
86. Posteriormente, en la reunión celebrada el 2 de abril de 201863, el representante
de la Uariv «informó que no se construirá el Centro Regional en Municipio de Yopal,
pero sí apoyará adecuación y mejora de Punto de Atención». En consecuencia,
mediante oficio del 26 de junio de 2018, la Uariv solicitó al alcalde municipal de
Yopal la reubicación del PAV existente hacia la antigua sede del centro de salud del
barrio Bicentenario64.
87. Sin embargo, mediante comunicación de 4 de julio del mismo año, la
administración municipal manifestó que no podía realizar aquella reubicación, en
tanto que el sitio sugerido se encontraba «comprometido para otro proyecto»65.
88. Más adelante, mediante comunicado de 29 de marzo de 201966, el entonces
alcalde del municipio de Yopal informó a la dirección territorial del Meta y los Llanos
Orientales de la Uariv su disposición y compromiso en adelantar los procesos
necesarios para adecuar las instalaciones del Punto de Atención de Víctimas
ubicado en esa ciudad. También señaló que estaba adelantando el saneamiento del
inmueble en donde funcionaba el PAV.
89. A través de comunicado de 16 de enero de 202067, el alcalde del municipio de
Yopal informó que realizó «una mesa de trabajo con las partes demandadas el día
15 de enero de 2020, a la que compareció un profesional delegado de la UARIV,
una profesional de la P.A.O., y delegados del municipio de Yopal, en la que se (…)
se planteó consolidar la información, evaluar alternativas y definir el proyecto y/o
solución más viable».
90. Más adelante, el alcalde de Yopal en la reunión del comité departamental de
justicia transicional de 19 de junio de 2019 se comprometió a los siguiente:
[…] se hizo revisión de los diferentes espacios que tenía el municipio para
analizar la ubicación del Punto de Atención a Víctimas y se definió el lugar
que corresponde al antiguo centro de salud del barrio Bicentenario que
empezó a operar desde el primero de enero en este sitio. Para poder concluir
el proceso y que las víctimas cuenten con mejores instalaciones hemos venido
adelantando gestiones de tipo administrativo para que el inmueble cuente con
todos los requerimientos de la UARIV y de esa manera se pueda mejorar la
infraestructura y por ende mejorar los servicios prestados. Se hizo levantamiento
topográfico se solicitó al concejo municipal el levantamiento de restricción
de uso que tenia de ese inmueble y se solicitó la titulación para la oficina de
instrumentos públicos para tener ya el título de propiedad del inmueble a
nombre del municipio y de esta manera se pueda adelantar la figura de
63 En esa reunión participó la personería municipal de Yopal, la alcaldía municipal de Yopal y la gobernación
departamental de Casanare
64 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 85001-23-33-000-2019-
00102-02 Judith López contra la Uariv y otros. Registro N.° 2: “Actuación: EXPEDINTE DIGITAL”. Documento
denominado: “ED_027INFORMEUNIDADD(.pdf) NroActua 2”. Documento suscrito por el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica (E) de la Uariv.
65 Ibidem.
66 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 1_850012333000201900102021EXPEDIENTEDIGI20220310113954. Folio 92
67 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 1_850012333000201900102021EXPEDIENTEDIGI20220310113954. Folio 201
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Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
comodato para que la Unidad pueda invertir. Apunta que desde la expedición de
ley de víctimas del 2011 es la primera vez que el Yopal cuenta con un espacio
propio y digno para atención a las víctimas. […]68 (Negrilla fuera del texto).
91. En el plenario se encuentra el acta de la mesa de trabajo de 3 de febrero de
202069, en la que el municipio de Yopal advirtió que «presentaría el proyecto a la
UARIV plazo de 2 a 3 meses. (…) (Aunado a ello) en 2 días presentaría el equipo
de profesionales y los documentos del predio»; y la UARIV sostuvo que «apoyaría
técnicamente la gestión y estructuración del proyecto (…) (y que) recibido y
estructurado el proyecto gestionará los recursos».
92. También se acreditó que el municipio de Yopal envió el 4 de febrero de 202070
una carta a la Uariv rectificando el predio asignado. Esa solicitud tenía anexa la
Resolución 473 de 2019, la matrícula inmobiliaria y las actas de las reuniones
relacionadas con el mejoramiento del punto de atención.
93. Se constató que el 7 de mayo de 202071, mediante acta de reunión del primer
comité de justicia transicional de víctimas del conflicto armado, el municipio de Yopal
se comprometió a la «elaboración de los diseños del Punto de Atención a Víctimas
una vez pasada la emergencia COVID-19»72.
94. En el marco de dicho Comité, la secretaria de planeación municipal de Yopal
reconoció que «dentro de nuestro programa establecido en el Plan de Desarrollo se
establecieron unas metas específicas en cuanto al apoyo al desarrollo de
estrategias y acciones para la atención integral a víctimas». En consecuencia, se
delegó un arquitecto «el cual ya realizó la valoración, está haciendo todo el proceso
de remodelación dentro del diseño y generando el presupuesto que se requiere para
las adecuaciones del sitio».
95. Posteriormente, mediante correo electrónico de 18 de mayo de 2020, el
arquitecto Jorge Benjumea Martínez envió a la subdirección de Coordinación
Nación – Territorio, Centros Regionales de la UARIV, «registro fotográfico del punto
de información a víctimas de Yopal, render diseño arquitectónico de salón de
reuniones y envío archivo de autocad levantamiento del punto de información».
Además, informó que «se comienza a realizar inspección a los diferentes espacios
del punto con esto reflejar los diferentes ítems de costos y presupuesto»73. Veamos:
68 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 50_8500123330002019001020250EXPEDIENTEDIGI20220310113959. Folio 11.
69 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 50_8500123330002019001020250EXPEDIENTEDIGI20220310113959.
Folio 31 a 38
70 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 54_8500123330002019001020254EXPEDIENTEDIGI20220310113959.
Folio 7
71 Índice 2 expediente digital Samai.
Documento: 86_8500123330002019001020226EXPEDIENTEDIGI20220310115010.
Folio 31 a 38
72 Ibid., documento denominado “ED_080PRIMERCJTYOPAL(.pdf) NroActua 2”.
73 Ibid., documentos denominados “ED_033CORREO_JORGEBE(.pdf) NroActua 2”,
“ED_036RV_INFORMACION(.pdf) NroActua 2”, “ED_046CORREO_JORGEBE(.pdf) NroActua 2”,
“ED_067CORREO_JORGEBE(.pdf) NroActua 2”, entre otros.
27
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
96. La anterior información se validó en el acta de reunión del segundo comité de
justicia transicional de víctimas del conflicto armado de 12 y 13 de agosto de 202074,
en el que la oficina de planeación municipal de Yopal indicó lo siguiente:
[…] Hemos brindado asistencia técnica en cuanto a la formulación del diseño
de las mejoras de la sede para el punto de atención a víctimas, a la fecha ya
se ha enviado a la Unidad Nacional, les ha entregado la información y está
pendiente la visita por parte de ellos, con el fin de establecer y poder ejecutar ya
el proceso del proyecto, estamos ya con un presupuesto establecido y este es
el avance que se tiene a la fecha […].
[…] los referentes de planeación profesional de apoyo en la elaboración de
diseños del PAV, Arq. Castañeda y Arq. Benjumea […] expresan que ya está el
diseño del salón que se solicitó y también se tienen planteadas ciertas
intervenciones que se van a llevar en la edificación como tal por diferentes
casos que se están presentando en las paredes y cubierta. […] (Negrilla fuera del
texto).
97.Asimismo, en el marco de ese Comité, la Uariv manifestó el respaldo a los
compromisos de la administración municipal de Yopal en los siguientes términos:
[…] el Dr. Carlos Pardo […] reitera el acompañamiento por parte de la Unidad
Nacional a los diferentes compromisos expuestos por la administración
municipal […]. Casanare ha sido una de las sedes donde mayor se está dando
fortalecimiento con profesionales, vamos a fortalecer el punto de víctimas,
igualmente con lo que tiene que el punto de Casanare, sino que lo estamos
realizando a nivel departamental, es nuestra tarea y estamos dispuestos a
colaborarle. […]
La unidad está a la espera de ir consolidando estos diseños y estudios que nos
ha aportado la oficina de planeación y todo el apoyo que nos ha brindado el señor
alcalde, aspiramos que una vez tengamos definidos estos diseños, concretados
la unidad empezará a generar el presupuesto adecuado a esos y aspiramos que
muy prontamente tengamos los recursos apropiados para iniciar este proceso en
74 Ibid., documentos denominados “ED_081SEGUNDOCJTYOPA(.pdf) NroActua 2”.
28
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
el municipio de Yopal (…) necesitamos la visita de los ingenieros de la unidad,
lamentablemente por el tema de transporte aéreo pues está suspendida esa visita,
tan pronto este habilitado el transporte aéreo inmediatamente se desplazará al
sitio los ingenieros que son responsables de la unidad para realizar este tipo de
diseños. […] (Negrilla fuera del texto).
98. Es preciso subrayar que, mediante memorial de 15 de febrero de 2021, el jefe
de la Oficina Asesora Jurídica (E) de la Uariv, Luis Alberto Donoso Rincón, presentó
el informe sobre la situación de infraestructura y funcionamiento del Punto de
Atención a Víctimas en la ciudad de Yopal75. Este documento contiene el mapa de
los CRAV que funcionan en el país, del cual se advierte que el departamento de
Casanare no cuenta con ese tipo de estrategia de atención a las víctimas del
conflicto armado interno. Veamos:
[…]76.
99. En cuanto al funcionamiento del PAV de Yopal, la Uariv allegó el siguiente
consolidado del número de víctimas solicitantes y del número de trámites activados
entre 2019 y 2020:
75 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 85001-23-33-000-2019-
00102-02 Judith López contra la Uariv y otros. Registro N.° 2: “Actuación: EXPEDINTE DIGITAL”. Documento
denominado: “ED_027INFORMEUNIDADD(.pdf) NroActua 2”. Documento suscrito por el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica (E) de la Uariv.
76 Ibidem.
29
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
100. La Uariv informó que la demanda de servicios institucionales asociados a la
atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno, es
atendida en Yopal por un equipo de nueve personas que, a 2019, se conformaba
así:
[…] Un (1) profesional Punto de Atención.
Un (2) documentadores
Un (3) Orientadores
Un (1) Notificador
Un (1) auxiliar de archivo nivel 28
Un (1) profesional Servicio al Ciudadano en territorio […]77.
101. Aunado a lo anterior, la Uariv insistió en la necesidad de ampliar la capacidad
del PAV de Yopal, en consideración al nivel de la demanda de servicios por parte
de la población víctima del conflicto armado interno, la cual se reflejó durante los
años 2019 y 2020 en las siguientes cifras:
[…]78.
77 Ibidem.
78 Ibidem.
30
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
102. El mismo informe indicó que el PAV de Yopal «recibe personas de los 18
municipios del departamento y en caso de llegar se atendían de acuerdo con el
turno asignado por demanda». Así pues, durante la vigencia de 2019, «se logró la
atención y orientación a 23.727 personas, recibiendo 30.389 solicitudes en
orientación, radicación de PQR, novedades y subsanaciones, oferta, certificaciones,
trámite de solicitudes de ayuda humanitaria y solicitud de la medida de
indemnización.
103. Respecto de la vigencia de 2020, el informe precisó que: «teniendo en cuenta
la emergencia sanitaria decretada en todo el país, desde el mes de marzo se brinda
atención de manera telefónica esto con el fin de evitar un foco de contaminación a
la población en condición de víctima. Se logró atender 10.803 personas para un total
de 15.154 solicitudes atendidas».
104. Aunado a ello, el Plan de Desarrollo 2020-2023 Yopal ciudad segura, en el
capítulo sobre “Víctimas, Reintegrados y Reincorporados” del título 1.3.379, refiere
a la problemática en los siguientes términos:
[…] 1.3.3 SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS
La administración municipal teniendo en cuenta la ley 1448 de 2011 y decreto
4800 de 201cuenta con una base de datos de la población víctima que acude
al Punto de Atención a Víctimas de Yopal según el reporte generado por la Red
Nacional de información RNI, del orden nacional se reportan 25.994 víctimas
(esto hace referencia al total de personas vinculadas por declaraciones de
hechos victimizantes hechas en el municipio y las cuales fueron aceptadas por
la Unidad Nacional). Donde los usuarios víctimas del conflicto han acudido
alguna vez al PAV, y han requerido algún tipo de trámite o servicio. Sumando
a su vez de 100 a 130 declaraciones anuales de nuevos núcleos familiares que
llegan a nuestro municipio.
Esta base de datos comprende información básica que permite considerar el
número de usuarios que residen en Yopal y acuden al punto con una
necesidad en particular. En total registran 17.921 víctimas registradas, según
caracterización punto PAV para el municipio de Yopal. Hombres: 8.197
Mujeres: 9.724. El total de registrados en la base en la cual cuenta con 1221
personas de primera infancia, 3138 de 6 a 12 infancia, de 13.37 adolescencia
2110 y jóvenes de 18 a 25 con un total de 2915 (…)
Según los datos recaudados el gran problema del municipio de Yopal es
DEFICIENCIA DE ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA ATENCION DE
LA POBLACION VICTIMA EN EL MUNICIPIO DE YOPAL. Es de suma
importancia para la administración municipal poder articular de manera
clara y explícita las acciones en favor de las víctimas que realiza la Unidad
Para La Atención Y Reparación Integral A Las Víctimas, para el desarrollo
de programas y acciones, las cuales se encaminan en ejes tales como
Vivienda, Educación, fuerza de Trabajo, Satisfacción, salud, alimentación,
ayuda humanitaria, medidas de protección. […]80 (Negrilla fuera del texto).
79 SECTOR PROMOCIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE DERECHOS
80 Consultado en: https://www.yopal-casanare.gov.co/planes/proyecto-plan-de-desarrollo--yopal-ciudad-
segura. Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas.
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Demandante: Judith López Barrera
105. A partir de lo anterior, la Sala concluye que, desde el año 2016, la Uariv y la
administración municipal de Yopal han reconocido de forma consistente que la
infraestructura utilizada para atender a las víctimas del conflicto armado interno en
ese municipio es insuficiente e inadecuada.
106. En consideración al número de víctimas que solicita la oferta institucional y a la
ubicación idónea de los servidores que contribuyen a materializar dicha oferta, las
autoridades recurrentes han manifestado en diversas ocasiones que es necesario,
no solo realizar intervenciones prioritarias en las paredes y la cubierta de la
edificación, sino desarrollar un proyecto de readecuación, remodelación y
ampliación del modelo de servicio.
107. De los medios de prueba obrantes en el expediente se infiere que la ejecución
de dichas intervenciones es indispensable para mejorar la atención de las víctimas
del conflicto armado interno de Yopal. En efecto, la celebración del Convenio Marco
Interadministrativo en 2016, la solicitud de reubicación de las instalaciones del PAV
en 2018, las gestiones presupuestales, la elaboración de diseños arquitectónicos y
los trámites adelantados por la administración municipal ante la Uariv en 2020,
revelan que el PAV de Yopal debe ser intervenido con el fin de ampliar su capacidad,
mejorar los niveles de cobertura y, por consiguiente, garantizar la atención y
asistencia integral de las aproximadamente 200 víctimas que acuden diariamente a
ese punto.
108. Valga resaltar que la ejecución del proyecto de renovación del PAV de Yopal
adquiere mayor importancia en la medida en que el departamento de Casanare no
cuenta con un Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas.
109. Esta necesidad se advirtió en el Plan de Desarrollo Municipal de Yopal81 y ha
sido discutida ampliamente en los Comités municipales de Justicia Transicional,
cuyas funciones, como máxima instancia de articulación institucional, consisten en
diagnosticar necesidades82 y adoptar, con el presupuesto correspondiente, las
estrategias que se requieran para garantizar la asistencia, atención y reparación
integral de las víctimas en el marco de los respectivos Planes de Acción Territorial,
así como desplegar los mecanismos de evaluación y seguimiento a que haya
lugar83.
81 En los programas de “Víctimas, Reintegrados y Reincorporados” y “Reintegrados y Reincorporados”, Plan
de Desarrollo 2020 – 2023 “Yopal Ciudad Segura”, el Municipio reconoció “deficiencia en la articulación de
acciones con los organismos nacionales de atención de víctimas y reinsertados Uariv y ARN con la
administración municipal”.
82 Decreto 1084 de 2015. “Artículo 2.2.8.2.4.2. Funcionamiento de los Comités Territoriales de Justicia
Transicional. […]. 3. El Comité de Justicia Transicional Municipal, además de sus reuniones ordinarias, se
reunirá como mínimo cada cuatro (4) meses, con el fin de realizar una evaluación del proceso de
implementación de los planes de acción, presentar las necesidades, avances y dificultades de
articulación entre entidades estatales, para elevarlos al Comité de Justicia Transicional Departamental. […]”.
En el mismo sentido, ver artículo 2.2.8.3.1.7.
83 Ibid. “Artículo 2.2.8.3.1. Planes de acción territorial para la asistencia, atención y reparación integral de las
víctimas. Los planes de acción territorial contemplan las medidas de asistencia, atención y reparación
integral de las víctimas. Los planes serán elaborados por los departamentos, municipios y distritos con la
participación de las víctimas. Deben ser coherentes con el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y con los Planes de Desarrollo Territoriales. Contendrán como mínimo, la caracterización de las
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Demandante: Judith López Barrera
110. Por las razones expuestas, la Sala concluye que la falta de materialización de
las intervenciones del PAV de Yopal, consideradas como necesarias por las mismas
entidades recurrentes, constituye una amenaza del derecho colectivo previsto en el
literal j) del artículo 4° de la Ley 472 respecto de los servicios institucionales de
atención, orientación, asesoría, remisión, acompañamiento, seguimiento y
reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
111. Los recurrentes afirman que han trabajado «de manera conjunta» e
«incansablemente» para garantizar la adecuada atención de las víctimas del
conflicto armado de Casanare, pero no acreditaron que el PAV de Yopal se
encuentre totalmente restaurado, remodelado, fortalecido y dotado para la
prestación adecuada de los servicios correspondientes conforme a las necesidades
diagnosticadas en sede administrativa.
112. Sin lugar a dudas, la Uariv y la alcaldía de Yopal ostentan diversas
competencias en virtud de las cuales se encuentran obligadas a subsanar las
condiciones en las que se encuentra el PAV de Yopal, y así garantizar el ejercicio
idóneo de los derechos de las víctimas del conflicto armado en el departamento de
Casanare.
113. En ese sentido se debe precisar que, aunque el municipio de Yopal tiene el
deber primordial de garantizar la infraestructura para el debido funcionamiento del
PAV, lo cierto es que dicha actividad se enmarca dentro de diversas herramientas
y estrategias de gestión y articulación dispuestas por el legislador, como los
programas de atención y reparación integral de víctimas y los planes de acción
territorial, los cuales tienen lugar en el marco de los Comités Territoriales de Justicia
Transicional.
114. En consecuencia, no le asiste razón al apoderado de la Uariv cuando indica que
los deberes de esa entidad, en virtud del principio de subsidiariedad, se limitan a
«apoyar con recursos» o «cofinanciar» a la administración local para efectos de
adecuar y dotar al PAV de Yopal84.
115. En aplicación de los principios de articulación y corresponsabilidad, la Uariv
debe asumir el cumplimiento directo de los deberes específicos: (i) de atención,
acompañamiento y asistencia técnica, administrativa y financiera; (ii) provisión de
información; y (iii) coordinación para la concurrencia y participación de las distintas
entidades del SNARIV85, a efectos de adecuar los planes, proyectos y programas
de atención a las víctimas del municipio de Yopal.
víctimas de la respectiva jurisdicción que considerará los distintos hechos victimizantes, la asignación
presupuestal correspondiente, así como el mecanismo de seguimiento y de evaluación con metas e
indicadores. […]”.
84 El artículo 2.2.6.6.6. establece que, en caso de que los municipios no cuenten con la capacidad de gestión
técnica, operativa y financiera para la creación y fortalecimiento de los CRAV, estos podrán solicitar apoyo al
Gobierno Nacional y las Gobernaciones, en virtud del principio de subsidiaridad.
85 Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV)
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Demandante: Judith López Barrera
116. La Uariv cumple una terea fundamental en el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los actores del SNARIV. Esta institución debe captar la
información relativa a las necesidades86, particularidades y potencialidades de los
territorios y, como gestor de la información, debe diseñar estrategias orientadas a
mejorar la oferta de servicios de atención y asistencia a las víctimas, considerando
los recursos y capacidades propios y de los entes territoriales.
117. De igual modo, la Uariv está llamada a implementar los mecanismos de
monitoreo y seguimiento de la atención prestada a efectos de optimizar las
intervenciones del caso. Para ello, el ordenamiento jurídico estableció la posibilidad
de que la Unidad celebre convenios interadministrativos en orden a garantizar la
consolidación de resultados y metas específicos. Al respecto, el Decreto 1084 de
2015 consagró la siguiente estrategia:
[…] Artículo 2.2.8.2.1.2. Convenio Plan. Para efectos de la articulación Nación-
Territorio se podrá suscribir un Convenio Plan en los términos del artículo 8 de la
Ley 1450 de 2011, entendiendo que se trata de un acuerdo marco de voluntades
entre la Nación y las entidades territoriales, cuyas cláusulas establecerán los
mecanismos específicos para el desarrollo de programas establecidos en la
Ley 1448 de 2011, que por su naturaleza, hacen conveniente su
emprendimiento mancomunado. Estos convenios podrán incorporar
mecanismos de asociación público-privada, de acuerdo con las normas
contractuales vigentes sobre la materia. (Decreto 4800 de 2011, artículo 245). […]
(Negrilla fuera del texto).
118. En el mismo sentido, el Decreto estableció como funciones concretas de la
Uariv, las siguientes:
[…] Artículo 2.2.8.2.2.3. De las funciones en materia de coordinación territorial del
Sistema a cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas. Además de las funciones establecidas en el
artículo 168 de la Ley 1448 de 2011, la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ejercerá las siguientes funciones
en materia de coordinación territorial: […].
4. Celebrar convenios interadministrativos o los demás tipos de acuerdos
que requiera, con las entidades territoriales, con el Ministerio Público y con las
demás instituciones, para garantizar las acciones dirigidas a la prevención,
asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.
5. Suscribir Convenios Plan con el objeto de garantizar la implementación
de las políticas de prevención, asistencia, atención y reparación integral a
las víctimas, definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y complementar las
acciones que las autoridades territoriales deben poner en marcha, en consonancia
con los objetivos de dicho Plan. […] (Negrilla fuera del texto).
119. En síntesis, en el marco de una estrategia de corresponsabilidad liderada e
impulsada por la Uariv, esta entidad del orden nacional, junto con el municipio de
Yopal, debe «tener en cuenta los resultados de la medición de subsistencia mínima
86 Artículos 2.2.6.6.7., numeral 5, y 2.2.8.3.1.6.
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Demandante: Judith López Barrera
y superación de situación de vulnerabilidad para efectos de caracterizar,
diagnosticar, planificar e implementar acciones en los planes de acción nacional y
territorial»87.
120. Por las razones expuestas, la Sala concluye que las condiciones estructurales
y funcionales en las que se encuentra el PAV de Yopal dificultan una adecuada
atención y satisfacción de los derechos de la población víctima del conflicto armado
interno que reside en ese Departamento y, por lo tanto, el municipio de Yopal y la
Uariv deben concurrir en el restablecimiento del derecho colectivo amparado.
V.2.3. La participación de los municipios de Villanueva y Paz de Ariporo en el
asunto sub examine
121. El municipio de Yopal, a través de su apoderado judicial, sostuvo que el Tribunal
a quo no llamó a comparecer a todos los sujetos responsables de la transgresión
del derecho colectivo amparado, en la medida en que no vinculó a la controversia a
los municipios de Villanueva y Paz de Ariporo.
122. Para resolver este planteamiento, la Sala pone de relieve que el juez popular a
cargo del trámite de la primera instancia tiene la obligación de integrar
adecuadamente el extremo pasivo de la litis, según lo dispone el artículo 18 de la
Ley 47288.
123. Frente al alcance de aquella competencia, esta Sección, en la sentencia de 14
de diciembre de 202289 y en los autos de 21 de junio de 201890, de 28 de junio de
201991, de 2 de septiembre de 202092 y de 10 de septiembre de 202193, explicó que
cuando el juez popular no vincula a un litisconsorte necesario por pasiva, el proceso
queda incurso en la causal de nulidad saneable, prevista en el numeral 8 del artículo
133 del Código General del Proceso94.
87 Artículo 2.2.6.5.6.1. (Decreto 2569 de 2014, artículo 28)
88 “[…] La demanda deberá dirigirse contra el presunto responsable del hecho u omisión que la motiva, si fuere
conocido. No obstante, cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles responsables,
el juez de primera instancia de oficio ordenará su citación en los términos en que aquí se prescribe para el
demandado […]”
89 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación: 76001-23-33-000-2017-01795-01, Demandantes:
Fundación para la Defensa de los Derechos Colectivos –Fundacolectivos (en liquidación) y Juan Carlos
Echeverry Narváez
90 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación:44001-23-33-000-2011-00097-01 (AP), Demandante
:DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
91 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación: 15001-23-33-000-2013-00354-02 (AP), Demandante :
LUIS FRANCISCO FORERO PADILLA Y OMAIRA RIVAS RIVAS.
92 Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación:15001233300020160062401, Demandante:Jorge Enrique
Lancheros Delgadillo y otros
93 Ibid., Registro N.° 24: “Actuación: Auto que resuelve integración de litisconsorcio”.
94 Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas
como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo
ordena
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Demandante: Judith López Barrera
124. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado también precisó que,
si los litisconsortes no vinculados eran facultativos o cuasi necesarios, tal omisión
no impacta la validez del proceso judicial, pues el legislador fijó una carga procesal
en cabeza de los posibles beneficiarios o afectados para que informen
oportunamente su deseo de participar en el litigio. Además, encomendó al juez la
tarea de vincular a otras entidades o particulares presuntamente responsables,
durante un término perentorio que culmina con la expedición de la sentencia de
primera instancia.
125. Nótese que el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 permite participar en el proceso
a las personas o a las entidades que se crean beneficiarias o perjudicadas por la
transgresión o amenaza objeto del litigio, siempre que soliciten oportunamente su
reconocimiento como coadyuvantes del extremo pasivo o activo 95.
126. Para tal efecto, el procedimiento de las acciones populares cuenta con un
mecanismo especial de publicidad en cuyo marco el juez informa el contenido del
auto admisorio de la demanda a los miembros de la comunidad. Esta publicidad se
hace a través de un medio masivo de comunicación, con el objetivo de fomentar la
concurrencia de las personas con interés en las resultas del proceso (art. 20 Ley
472). Tal instrumento procesal reconoce que las decisiones adoptadas por el juez
popular producen efectos generales sobre toda la ciudadanía de forma
indeterminada. Por ello, faculta a los interesados para que intervengan en estos
escenarios judiciales, sin que resulte forzoso que toda la comunidad comparezca.
127. En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia T-646 de 2003
explicó que el legislador pretende «con la actividad oficiosa del juez, tanto en la
determinación del presunto responsable, como en la vinculación de otros posibles
contraventores, que a las acciones populares comparezcan todos los
causantes de la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos,
en la medida de lo posible, (lo cual se traduce en que) (…) la comparecencia de
litisconsortes simplemente voluntarios no cuenta para (viciar) la validez de los litigios
(en las acciones populares)».
128. Valga recordar que la figura del litisconsorcio necesario se encuentra regulada
en el artículo 61 del Código General del Proceso, en los siguientes términos:
[…] Artículo 61. Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio.
Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los
cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de
manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia
de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en
dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra
todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda,
ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el
95 «[…] ARTÍCULO 24. COADYUVANCIA. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones,
antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán
coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor
del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que por razón de
sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos […]» (Negrillas del Despacho).
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Demandante: Judith López Barrera
contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos
para el demandado.
En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez
dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición
de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y
concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se
suspenderá durante dicho término.
Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez
resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.
Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los
demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio
solo tendrán eficacia si emanan de todos.
Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure
en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de
dicho litisconsorcio. […] (Negrillas de la Sala)
129. En este contexto, se pone de relieve que la causa petendi de la controversia
giró exclusivamente en torno al mejoramiento de la infraestructura de atención a las
víctimas ubicada en el municipio de Yopal y no a la existente en otros municipios
del departamento de Casanare.
130. Además, valga recordar que la sentencia de primera instancia no ordenó la
construcción de un Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas, sino el
fortalecimiento del Punto de Atención a Víctimas municipal. Este PAV de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.6.10 del Decreto 1084 es una
estrategia complementaria cuya implementación esta a cargo de «los municipios
donde no se cuente con los Centros Regionales de Atención y Reparación a
Víctimas», como es el caso de Yopal.
131. En otras palabras, no es cierto que otros municipios deban participar en el
fortalecimiento del PAV de Yopal, porque a los demás municipios del departamento
les asiste el deber de implementar en su propio territorio las medidas enunciadas
en el artículo 2.2.6.6.10 del Decreto 1084.
132. En efecto, las normas citadas por el recurrente para justificar la comparecencia de
los municipios de Villanueva y Paz de Ariporo erradamente refieren a la estrategia
de asistencia y acompañamiento denominada “Centros Regionales de Atención y
Reparación a Víctimas”, como puede apreciarse:
[…] el alcance normativo relacionado en las consideraciones (Ley 1448 de 2011
y Decreto 1084 de 2015) claramente establece que los centros creados por
la unidad administrativa especial para la atención y reparación integral a
las víctimas el funcionamiento, operación y sostenimiento está a cargo de
los entes territoriales (Municipios), donde concurran la mayor cantidad de
víctimas y teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada
territorio. En el departamento de Casanare el centro regional para la
atención y reparación víctimas debe funcionar con la participación de los
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Demandante: Judith López Barrera
entes territoriales que tengan víctimas en su comunidad, es más, la norma
refiere que se podrá suscribir convenios para su funcionamiento. (…)
Como se observa en las pruebas aportadas no solo al municipio de Yopal
concurren víctimas para su atención, si no se demostró que también
acuden a un punto en la zona sur en el municipio de Villanueva en la zona
norte en paz de ariporo, como estrategia geográfica que facilita la
asistencia de las víctimas como puntos más cercanos. En efecto, No solo
el Municipio de Yopal era objeto de integrar por pasiva este medio de control
como ente territorial si no que la unidad administrativa había creado esos
puntos adicionales que permitieran la cobertura en materia de atención en los
municipios que no cuentan con centro regional de atención y reparación a las
víctimas. Pese a esta claridad normativa y situación fáctica frente a la cobertura
y puntos en otros municipios, únicamente se le demando al Municipio de Yopal,
y lo más extraordinario que solo a este le asigno obligaciones sin haber
integrado al contradictorio a los demás municipios que requieren brindar
cobertura para la atención a las víctimas. […]
133. Sin embargo, es claro que el a quo encontró improcedente ese modelo de
intervención al resolver el problema jurídico, punto que no fue objeto de apelación, de
manera que la intervención de esos municipios no es relevante en esta instancia.
Además, en gracia de discusión, si el a quo hubiese ordenado la creación de un
CRAV regional en vez del fortalecimiento del PAV municipal, lo cierto es que la
ubicación del CRAV sería la ciudad de Yopal y, en esa medida, la participación del
departamento de Casanare subsanaría por sí mismo el reparo del recurrente.
134. Todo esto significaba que no existe ninguna relación indivisible entre los
municipios de Yopal, Villanueva y Paz de Ariporo que imposibilitara al juez de la
primera instancia resolver la controversia. Es más, la Sala recuerda al municipio de
Yopal que esta Corporación judicial, en su jurisprudencia, ha dejado claramente
definido que no es dable revivir las oportunidades precluidas, a través de
actuaciones posteriores instituidas en nuestro ordenamiento procesal con otros
propósitos96.
135. Por ello, el municipio de Yopal no puede pretender que el juez de la segunda
instancia valore una solicitud de vinculación de unos entes territoriales que serían
simplemente litisconsortes facultativos, cuando ya precluyó la oportunidad
dispuesta para tal efecto por el legislador.
V.2.4. La pertinencia de las órdenes de amparo
136. En el último componente de la controversia, los recurrentes afirman que las
medidas de restablecimiento no son proporcionales ni adecuadas porque: (i) el
municipio de Yopal no cuenta con recursos económicos; (ii) el departamento de
Casanare y los municipios de Villanueva y Paz de Ariporo deben participar
económicamente en el fortalecimiento del PAV; y (iii) la sentencia desconoce el
96 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión, sentencia de tres
(3) de abril de dos mil dieciocho (2018), consejera ponente: Rocío Araújo Oñate. En este mismo sentido ver la
sentencia de 01/12/201611001-03-15-000-2016-02844-00 proferida por la Sección Primera de esta
Corporación judicial, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicado 11001-03-15-000-2016-02844-00.
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Demandante: Judith López Barrera
procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico para cofinanciar el
fortalecimiento del PAV de Casanare.
137. Para resolver el primer planteamiento, se debe mencionar que «los trámites
presupuestales y de planeación, la falta de disponibilidad presupuestal o de
recursos económicos, no es de ninguna manera un argumento válido para
desvirtuar la afectación de los derechos colectivos y mucho menos para cohibir al
juez de la acción popular de adoptar las medidas de amparo que las circunstancias
ameriten en aras de la protección de tales derechos. (En consecuencia, es
obligación de la alcaldía municipal de Yopal) desplegar, dentro del marco jurídico
establecido, todas las gestiones técnicas y administrativas pertinentes en materia
de planeación y programación presupuestal, a fin de ejecutar las obras, proyectos
o actividades necesarias para salvaguardar los derechos colectivos afectados»97.
138. Aun así, es preciso reiterar que el ordenamiento jurídico dispuso diversas
herramientas de articulación, coordinación y cooperación, para que las entidades
territoriales obtengan las contribuciones y el apoyo requerido en orden a planificar,
desarrollar y culminar los programas, proyectos, planes y actividades que se
estimen necesarios para mejorar la atención de las víctimas del conflicto armado.
En consecuencia, no es cierto que el municipio haya agotado todos los mecanismos
presupuestales establecidos para financiar el cumplimiento de sus deberes legales.
139. Respecto del segundo planteamiento, la Sala prohíja las consideraciones
expuestas en anteriores acápites sobre las diferencias existentes entre los Puntos
de Atención a Víctimas y los Centros Regionales de Atención y Reparación a
Víctima, de manera que el demandante no demostró una grave omisión del
departamento de Casanare en el ejercicio de sus funciones, y mucho menos que el
objeto del litigio abarque los deberes de los municipios de Villanueva y Paz de
Ariporo. Por ende, la decisión adoptada por el juez de primera instancia resultó
acorde con el marco de competencias señalado en la Ley 1448 y en el Decreto
1084.
140. Finalmente, en lo atinente al tercer reparo, la Sala accederá a la petición de la
Uariv en el sentido de modificar el ordinal tercero de la sentencia proferida el 30 de
agosto de 2021, de conformidad con el principio de planeación, y teniendo en cuenta
los deberes de precisión y claridad en comendados al juez popular el artículo 34 de
la Ley 47298.
97 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 25 de octubre de
2001. Rad. N.º 2000-0512-01(AP), C. P: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; 5 de septiembre de 2002, Rad. N.°
2001-00303-01, C. P: Camilo Arciniegas Andrade; 10 de abril de 2008, Rad. N.° 2001-01961-01, C. P: María
Claudia Rojas Lasso; 15 de septiembre de 2011, Rad. N.° 2004-01241-01 y 22 de enero de 2015 Rad. N.°
2011-00256-01, C. P: Guillermo Vargas Ayala; 15 de diciembre de 2016, C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés
(E); 11 de mayo de 2020, Rad. N.° 2010-01363-01, C. P: Oswaldo Giraldo López; 26 de junio de 2020, Rad.
N.° 2018-00091-01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés; 3 de junio de 2021, Rad. N.° 2010-01320-
01(AP), C. P: Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
98 […] ARTÍCULO 34. SENTENCIA. (…) La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una acción
popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya
causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga
a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la
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141. Así las cosas, el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia quedará
así:
[…] TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Alcaldía municipal de
Yopal que, de forma articulada y en el marco de sus funciones constitucionales,
legales y reglamentarias, si aún no lo han hecho, formulen y ejecuten un proyecto
de readecuación y fortalecimiento del Punto de Atención a Víctimas (PAV) de
Yopal, en el término de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de este
fallo.
De conformidad con el principio de planeación, ambas entidades presentaran
dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de este fallo, un
cronograma de trabajo que identifique en las fases de planeación y ejecución: (i)
las acciones; (ii) las entidades integrantes y participantes; (iii) las obligaciones y
compromisos concretos que le asistirá a cada una de las entidades participantes;
(iv) las condiciones y periodos límite de cumplimiento; y (v) las medidas de
seguimiento y monitoreo permanente.
En el marco de su autonomía, ambas entidades podrán suscribir un convenio en
el que concertarán, con las autoridades o instituciones del SNARIV que estimen
pertinentes, la estrategia que conducirá eficazmente al logro de ese objetivo en
consideración a los diversos programas, proyectos, planes y herramientas de
articulación asociados a la atención a las víctimas. […]
142. En todo caso, si durante la ejecución de la sentencia se observa que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional, el Tribunal Administrativo
de Casanare, en el marco del comité de verificación, podrá proferir las decisiones
que considere necesarias, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472, previa
verificación de los requisitos jurisprudenciales exigidos para tal efecto99.
143. Por último, se modificará el ordinal sexto de la sentencia recurrida en el sentido
de conformar el comité de cumplimiento conforme a los parámetros establecidos en
el artículo 34 de la Ley 472 de 1998. Y, según lo previsto en el artículo 38 de la Ley
472 de 1998, en el artículo 365 del Código General del Proceso y en la providencia
del 6 de agosto de 2019100, no se condenará en costas en esta instancia.
vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o
de no hacer definirá de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o el interés
colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron
mérito para acceder a las pretensiones del demandante.
99 Cfr., Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, auto de 23 de junio
de 2016, Radicación número: 08001-23-31-000-2002-01193-03(AP)A; Consejo de Estado, Sección Primera,
radicación: 08001233100020020175302. Actora:YANETH DAMARIS MARIANO COLL; Consejo de Estado,
Sección Primera, radicación:63001-23-33-000-2019-00024-01. ACTORES:Procurador 34 Judicial I para
asuntos Ambientales y Agrarios, la Defensora del Pueblo - Regional Quindío, y la Personera Municipal de
Armenia; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Auto de 29 de abril de
2021. Rad. N.° 88001-23-31-000-2002-90004-06(AP). […] la Sala consideró que, excepcionalmente, y sin
contrariar el principio de seguridad jurídica, la orden en firme puede ser modificada por el juez popular para
redefinir los alcances de la protección concedida, siempre que la instrucción se torne de imposible cumplimiento,
o cuando la medida sea ineficiente en el propósito de restaurar los derechos colectivos. […]. El juez encargado
de la ejecución del fallo es el funcionario competente para adoptar las medidas que permitirán el
restablecimiento de los derechos comprometidos”.
100 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6 de agosto
de 2019, CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01.
40
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el ordinal tercero de la sentencia proferida el 30 de agosto de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Casanare, el cual quedará así:
[…] TERCERO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y a la Alcaldía municipal de
Yopal que, de forma articulada y en el marco de sus funciones constitucionales,
legales y reglamentarias, si aún no lo han hecho, formulen y ejecuten un proyecto
de readecuación y fortalecimiento del Punto de Atención a Víctimas (PAV) de
Yopal, en el término de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de este
fallo.
De conformidad con el principio de planeación, ambas entidades presentaran
dentro del término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de este fallo, un
cronograma de trabajo que identifique en las fases de planeación y ejecución: (i)
las acciones; (ii) las entidades integrantes y participantes; (iii) las obligaciones y
compromisos concretos que le asistirá a cada una de las entidades participantes;
(iv) las condiciones y periodos límite de cumplimiento; y (v) las medidas de
seguimiento y monitoreo permanente.
En el marco de su autonomía, ambas entidades podrán suscribir un convenio en
el que concertarán, con las autoridades o instituciones del SNARIV que estimen
pertinentes, la estrategia que conducirá eficazmente al logro de ese objetivo en
consideración a los diversos programas, proyectos, planes y herramientas de
articulación asociados a la atención a las víctimas. […]
SEGUNDO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, el ordinal sexto de la sentencia recurrida, el cual quedará así:
[…] SEXTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de
esta providencia, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo de
Casanare, a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-, por la
demandante, Judith López Barrera, y su coadyuvante, Juan Carlos Suárez, por la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, por la Gobernación departamental de Casanare, por la Alcaldía
municipal de Yopal, por la Defensoría Seccional del Pueblo y por el agente del
Ministerio Público […]
TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia.
QUINTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.
41
Radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-02
Demandante: Judith López Barrera
SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Ausente con excusa
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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