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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2017-02983-01

Fecha
26 de febrero de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 05001-23-33-000-2017-02983-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 16 de junio de 2025 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así: “[…] CUARTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de la sentencia, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, en el cual participarán, además de la Magistrada Ponente, quien lo presidirá, la parte actora, un representante del MUNICIPIO DE AMAGÁ, un representante del DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y un representante de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, así como el agente del MINISTERIO PÚBLICO, quienes deberán rendir informe a esta Corporación dentro de los seis (06) meses siguientes sobre las gestiones realizadas para el cumplimiento de la sentencia. […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 16 de junio de 2025 proferida por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: INSTAR a la comunidad residente en la vereda Ferrería del municipio de Amagá para que se abstenga de realizar actividades de exploración o explotación de minerales en esa jurisdicción sin el permiso, autorización o licencia expedida por las autoridades territoriales y mineras competentes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998. SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, dejando las correspondientes anotaciones de ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 05001-23-33-000-2017-02983-01

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

26 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
Número único de radicación: 05001-23-33-000-2017-02983-01
Actora: Defensoría del Pueblo Regional Antioquia
Demandados: Municipio de Amagá, Departamento de Antioquia – Secretaría de
Minas y DAPARD -, Asociación Colombiana de Minería, Agencia Nacional de
Minería – ANM - y los señores Joaquín Emilio Flórez Colorado y Álvaro de Jesús
Agudelo

Asunto: Resuelve unos recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
proferida en un proceso de protección de los derechos e intereses colectivos

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir los recursos de apelación interpuestos por el
departamento de Antioquia, la Agencia Nacional de Minería y el municipio de
Amagá contra la sentencia de 16 de junio de 20251, proferida por la Sala Séptima
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Defensoría del Pueblo Regional Antioquia presentó demanda2, en
ejercicio de la acción popular, contra el municipio de Amagá, el departamento de
Antioquia – Secretaría de Minas y Departamento Administrativo para la Prevención
y Atención de Desastres de Antioquia - DAPARD, la Asociación Colombiana de
Minería, la Agencia Nacional de Minería – ANM y los señores Joaquín Emilio Flórez
Colorado y Álvaro de Jesús Agudelo, con el objeto de que se protejan los derechos

1 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
2 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 6ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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e intereses colectivos previstos en los literales a), b), c), e), g), h), l) y m)3 del artículo
4 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19984.

Pretensiones

2. La parte actora formuló las siguientes pretensiones5:

“[…] 1. Declarar que al momento de la interposición de la presente acción popular los
accionados se encuentran efectivamente trasgrediendo los derechos invocados en
contravía de los intereses y derechos colectivos de la comunidad.

2. Se restablezcan los derechos afectados y se ordene a la SECRETARIA DE
PLANEACIÓN - COMITÉ DE VIVIENDA- del MUNICIPIO DE AMAGÁ que, de
conformidad con el informe técnico del comité municipal, realizar (sic) los trámites de
reubicación y consecuentemente entregar los subsidios de arriendo temporal a las
familias que habitan las viviendas que presentan riesgo de colapso mientras se define
el estado técnico y/o jurídico de intervención a las viviendas.

3. Ordenar al Municipio de Amagá - Antioquia, a través de su representante legal el
doctor WILSER DARIO MOLINA MOLINA, ordenar (sic) la clausura de la Mina el
Grillo y las minas que se encuentren alrededor de las casas que se encuentran en la
vereda la Ferrería del Municipio de Amagá, que estén siendo explotadas de manera
ilegal, sin contar con las licencias y concesiones necesarias y obligatorias para poder
ejercer dicha actividad minera. En ejercicio de su obligación legal de cumplir con los
mandatos que le impone la Constitución y la ley.

4. Ordenar a las entidades accionadas Municipio de Amagá - Antioquia, Agencia
Nacional de Minería, Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, DAPARD,
el señor Joaquín Emilio Flórez Colorado y el señor Álvaro de Jesús Agudelo; que en
el término de un (1) mes, realice las actuaciones necesarias para garantizarle a la
población los derechos colectivos trasgredidos. Actividades tales como reubicación
en caso de ser necesario de la población de la vereda; arreglo de todos y cada uno
de los daños causados a sus inmuebles; vigilancia y control de las labores
desplegadas por los mineros; mejoramiento de las condiciones medioambientales en
los terrenos abandonados en los cuales funcionaron las minas; labores de bombeo;
diagnóstico del estado actual de los socavones de las minas abandonadas en aras
de determinar cuáles son las gestiones que se deben emprender para eliminar el
peligro que amenaza a la población en la actualidad […]”.

3 “[…] ARTICULO 4o. DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS. Son derechos e intereses colectivos, entre

otros, los relacionados con:
a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones
reglamentarias;
b) La moralidad administrativa;
c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en
las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente;
[…]
e) La defensa del patrimonio público;
[…]
g) La seguridad y salubridad públicas;
h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública;
[…]
l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes […]”.
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de

las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 6ED_Demanda(.pdf) NroActua

2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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Presupuestos fácticos expresados por la parte actora:

3. La parte actora señaló que en la vereda Ferrería del municipio de Amagá se
presenta riesgo de desastre por la amenaza en la estructura de varias viviendas y
otros inmuebles como consecuencia de procesos de socavación por el desarrollo
de actividades de minería ilegal de carbón, principalmente, ejecutadas en las minas
El Grillo y Arcoíris, las cuales aseguró ya se encuentran clausuradas.

4. Sostuvo que la minería ilegal constituye la principal actividad económica para
los habitantes del municipio, la cual es ejercida sin el debido control por parte de las
autoridades territoriales y ambientales competentes, lo que ha generado daños al
medio ambiente y ha puesto en riesgo la vida de la población como consecuencia
de la actividad extractiva.

5. Adujo que en el municipio se han presentado desastres a causa del desarrollo
de actividades de minería ilegal. Destacó que la Agencia Nacional de Minería realizó
un informe técnico en el año 2015, el cual dio como resultado la necesidad de
reubicación de varias viviendas por daños estructurales.

6. Asimismo, la Defensoría del Pueblo en el año 2017 realizó visita de
verificación en la zona con el fin de atender las quejas de la ciudadanía y constató
la existencia de múltiples viviendas con daños estructurales graves, cuya causa fue
atribuida a la actividad minera.

7. Señaló que en la visita identificó que la mina El Grillo estaba siendo explotada
de manera ilegal, presuntamente, por los señores Joaquín Flórez y Álvaro Agudelo.

8. Aseguró que era necesario realizar un estudio técnico para la mitigación de
impactos ambientales y del riesgo de desastres en la zona por el estado de
amenaza estructural en que se encuentran varias viviendas como consecuencia de
la explotación minera realizada sin control.

Contestaciones de la demanda

7. La Asociación Colombiana de Minería, a través de escrito de 12 de enero
de 20186, señaló que la acción era improcedente y solicitó su desvinculación del
proceso de la referencia, en razón a que la entidad es una agremiación de carácter
privado que no tiene ninguna responsabilidad en la vulneración de los derechos

6 Cfr. Índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
148ED_EXPEDIENTEDIGITALONE(.pdf) NroActua 190 […]”.

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colectivos invocados, por lo que formuló la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva.

8. El departamento de Antioquia presentó escrito de 15 de enero de 20187 en
el que se opuso a las pretensiones de la demanda por cuanto las actividades de
explotación minera que se realizan en la mina El Grillo no están amparadas en un
título minero y, en consecuencia, corresponden a minería ilegal, cuyo control es
competencia del municipio.

Formuló las excepciones que denominó “[…] inexistencia de violación por parte del
departamento de Antioquia de la moralidad administrativa […]”, “[…] inexistencia de
solidaridad por parte del departamento de Antioquia, por cuanto las autoridades
ambientales son las encargadas de la protección del ambiente […]”, “[…]
inexistencia de la violación de los derechos e intereses colectivos a una vida digna
– desarrollo urbano – prevención de desastres […]” y “[…] falta de legitimación en
la causa por pasiva […]”.

9. Los señores Joaquín Emilio Flórez Colorado y Álvaro de Jesús Agudelo
Rico presentaron escrito de 18 de julio de 20188 en el que se opusieron a las
pretensiones de la demanda. Señalaron que no existe vulneración de los derechos
colectivos invocados comoquiera que no se probó que la causa del estado de riesgo
de las viviendas fuera la explotación minera y, por el contrario, lo que se evidencia
es que las construcciones no cumplen los requerimientos técnicos y legales desde
el punto de vista urbanístico.

Formularon las excepciones que denominaron “[…] inexistencia de la causa
invocada […]”, “[…] hecho propio […]”, “[…] ineptitud de la acción popular […]” y
“[…] abuso de las vías del derecho […]”.

10. El municipio de Amagá presentó escrito de 29 de agosto de 20189 en el que
se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestó que no ha vulnerado los
derechos colectivos invocados y expuso las acciones que ha realizado la entidad
territorial con el objeto de prevenir y eliminar la minería ilegal en su jurisdicción,
entre las cuales destacó el cierre de la mina El Grillo.

7 Cfr. Índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
148ED_EXPEDIENTEDIGITALONE(.pdf) NroActua 190 […]”.
8
Cfr. Índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
148ED_EXPEDIENTEDIGITALONE(.pdf) NroActua 190 […]”.
9 Cfr. Índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

148ED_EXPEDIENTEDIGITALONE(.pdf) NroActua 190 […]”.

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Formuló la excepción que denominó “[…] hecho de un tercero […]”, y señaló que el
único responsable de la vulneración de derechos colectivos es el señor Álvaro de
Jesús Agudelo Rico, propietario de la mina El Grillo.

11. La Agencia Nacional de Minería presentó escrito de 5 de septiembre de
201810, mediante el cual se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las
excepciones que denominó “[…] de la configuración de un ilícito penal como
producto de la explotación de minerales sin contar con título minero vigente e
inscrito en el Registro Minero Nacional […]” y “[…] falta de legitimación por pasiva
por delegación en la gobernación de Antioquia de la fiscalización, control y
seguimiento a los títulos mineros de este departamento […]”.

Actuaciones en primera instancia

12. Mediante auto de 16 de noviembre de 201711, proferido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, se admitió la demanda, se ordenó notificar a las
entidades demandadas, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al
Ministerio Público.

13. El Tribunal profirió auto de 29 de octubre de 201812 mediante el cual decretó
medida cautelar consistente en ordenar al municipio de Amagá y al departamento
de Antioquia – DAPARD- que, de forma inmediata realizaran visita técnica para
analizar el estado actual de las viviendas y las estrategias a adoptarse en relación
con las mismas. Igualmente, ordenó al municipio y al departamento la realización
de un estudio en el que se identificaran las causas de los daños presentados en las
viviendas.

14. El Tribunal celebró la audiencia especial de pacto de cumplimiento el día 26
de marzo de 201913, la cual se declaró fallida al no existir fórmula de arreglo entre
las partes.

10 Cfr. Índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
148ED_EXPEDIENTEDIGITALONE(.pdf) NroActua 190 […]”.
11 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 8ED_AutoAdmisorio(.doc)

NroActua 2(.doc) NroActua 2 […]”.
12
Cfr. Índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
148ED_EXPEDIENTEDIGITALONE(.pdf) NroActua 190 […]”.
13 Cfr. Índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

148ED_EXPEDIENTEDIGITALONE(.pdf) NroActua 190 […]”.

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15. El Tribunal profirió auto de 13 de mayo de 201914 en el que abrió la etapa
probatoria y, en providencia de 6 de mayo de 202515, corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión.

16. El departamento de Antioquia16, la Asociación Colombiana de Minería17, los
señores Joaquín Emilio Flórez Colorado y Álvaro de Jesús Agudelo Rico 18, el
municipio de Amagá19, la Agencia Nacional de Minería20 y la parte actora21,
presentaron escritos en los que reiteraron los argumentos expuestos en las
contestaciones de la demanda y en la demanda, respectivamente.

17. El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

Sentencia de primera instancia

18. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia el día 16 de junio de 2025 en la que resolvió lo siguiente22:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa de los demandados
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE MINERÍA, JOAQUÍN EMILIO COLORADO (sic) y
ÁLVARO DE JESÚS AGUDELO, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: DECLARAR la vulneración de los derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo racional de los recursos naturales,
a la seguridad y a la prevención de desastres técnicamente previsibles, así como al
acceso a servicios públicos eficientes y oportunos por parte del MUNICIPIO DE
AMAGÁ, el DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y la AGENCIA NACIONAL DE
MINERÍA en relación con la comunidad La Ferrería.

TERCERO: ORDENAR:

-A CARGO DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ de manera inmediata, adelante las
gestiones administrativas, presupuestales y técnicas necesarias para la elaboración
de los estudios requeridos, a fin de identificar la situación estructural de cada una de
las viviendas ubicadas en la vereda Ferrería. Para el cumplimiento de esta orden, se
concede un plazo máximo de seis (6) meses, teniendo en cuenta que el inicio de este
es de manera inmediata. Los estudios deberán indicar las medidas específicas a
adoptar frente a cada vivienda, así como el grado de urgencia correspondiente en
cada caso.

14 Cfr. Índice 50 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
103Autodecretando_000202401556ABREAPRU(.pdf) NroActua 50 […]”.
15 Cfr. Índice 236 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

193Autotrasladod_0002017002983TRASLAD(.pdf) NroActua 236 […]”.
16 Cfr. Índice 243 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

196_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 243 […]”.
17 Cfr. Índice 246 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

203_MemorialWeb_Alegatos-MemorialAlegatosde(.pdf) NroActua 246 […]”.
18 Cfr. Índice 247 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

204_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSACCIONPOPU(.pdf) NroActua 247 […]”.
19 Cfr. Índice 248 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

205_MemorialWeb_Alegatos-Alegaccionpopular(.pdf) NroActua 248 […]”.
20 Cfr. Índice 250 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]

Memorial__210Alegatos(.pdf) NroActua 250 […]”.
21
Cfr. Índice 249 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
207_MemorialWeb_Alegatos-ALEGATOSDECONCLUSI(.pdf) NroActua 249 […]”.
22 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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Una vez se cuente con los resultados de los estudios técnicos, ORDÉNESE al
Municipio de Amagá formular y ejecutar los proyectos de intervención requeridos para
la realización de obras estructurales en aquellas viviendas que así lo demanden.

Adicionalmente, en el marco de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, y previo al agotamiento del procedimiento administrativo
correspondiente, el Municipio deberá OTORGAR una solución de vivienda temporal
a las familias cuya situación lo amerite, hasta tanto se realicen las obras estructurales
definitivas.

Todo lo anterior se deberá implementar sin perjuicio de las medidas de urgencia que
deban adoptarse frente a eventuales situaciones de desastre. En este sentido, el
Municipio deberá tomar las acciones necesarias para prevenir cualquier afectación
inminente, conforme a las directrices que surjan de los estudios técnicos, teniendo en
cuenta que no todas las viviendas presentan el mismo nivel de riesgo ni requieren el
mismo tipo de intervención.

En caso de que los estudios determinen que algunas viviendas no son susceptibles
de intervención estructural, el Municipio de Amagá deberá, de forma inmediata,
adelantar las gestiones administrativas, presupuestales y financieras necesarias para
REUBICAR a las familias que se encuentren en dicha condición. Esta reubicación
deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del estudio
que así lo determine.

Adicionalmente, el Municipio deberá implementar, de manera permanente, un
mecanismo de SEGUIMIENTO Y CONTROL sobre la estabilidad de las viviendas, así
como ELABORAR un censo detallado que permita identificar las características de la
población cuyas viviendas serán intervenidas y de aquellas que deberán ser
reubicadas.

Asimismo, deberá BRINDAR asesoría y orientación integral, eficaz y oportuna, junto
con el apoyo administrativo necesario a las familias ubicadas en zonas de alto riesgo,
a fin de facilitar el acceso a una alternativa de vivienda temporal y digna. Esta gestión
deberá realizarse en un plazo máximo de diez (10) días, contados a partir de la fecha
en que el estudio técnico determine las condiciones de riesgo de las viviendas.

-A CARGO DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ en coordinación con la AGENCIA
NACIONAL DE MINERIA SUSPENDER de manera inmediata y definitiva todas las
actividades de explotación minera que se desarrollan sin los permisos, licencias o
autorizaciones legales correspondientes en la vereda La Ferrería de su jurisdicción.

REALIZAR el sellamiento físico de todas las bocaminas, túneles, socavones y demás
infraestructuras utilizadas para la explotación minera ilegal, implementando las
medidas de seguridad necesarias para evitar su reapertura.

DECOMISAR la maquinaria, equipos y herramientas utilizados en las operaciones
mineras ilegales, conforme a las facultades conferidas por el artículo 161 de la Ley
685 de 2001 y demás normas concordantes, para lo cual deberá tomar las medidas
policiales pertinentes.

INSTALAR sistemas de vigilancia permanente en los sitios clausurados para impedir
la reanudación de actividades extractivas no autorizadas.

INFORMAR de manera inmediata a este Despacho sobre el cumplimiento de las
presentes órdenes, adjuntando registro fotográfico y acta pormenorizada de las
diligencias realizadas.

-CONMINAR al MUNICIPIO DE AMAGÁ en coordinación con el DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA, luego de ejecutoriada la presente providencia, para que, en
cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales, emprendan un proceso

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integral de reconversión territorial y productiva que garantice de forma efectiva los
derechos colectivos de la comunidad Ferrería del Municipio de Amagá.

CUARTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, en el cual
participarán, además de la Magistrada Ponente, los actores populares (sic), un
representante del MUNICIPIO DE AMAGÁ, un representante del DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA y un representante de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, así
como el agente del MINISTERIO PÚBLICO, quienes deberán rendir informe a esta
Corporación dentro de los seis (06) meses siguientes sobre las gestiones realizadas
para el cumplimiento de la sentencia.

QUINTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.

SEXTO: Una vez en firme esta providencia, ENVÍESE copia de la presente a la
DEFENSORÍA DEL PUEBLO para lo de su cargo. (Artículo 80 de la Ley 472 de 1998)
[…]”23.

19. El Tribunal consideró que de acuerdo con el material probatorio allegado al
expediente era necesario concluir que existe vulneración de los derechos e
intereses colectivos invocados por la parte actora, toda vez que se acreditó el riesgo
en que se encuentra la comunidad que habita la vereda Ferrería del municipio de
Amagá, como consecuencia, entre otras cosas, de la explotación de minería ilegal
de carbón en la zona.

20. Asimismo, concluyó que las entidades accionadas tenían responsabilidad en
la vulneración de los derechos colectivos amparados, en razón a que tenían el deber
de proteger el medio ambiente, prevenir la consumación del riesgo de desastres y
realizar fiscalización a las actividades de minería. Por lo que impartió órdenes al
municipio, al departamento y a la Agencia Nacional de Minería.

Recursos de apelación

21. El departamento de Antioquia presentó escrito de 17 de junio de 2025
mediante el cual interpuso recurso de apelación que fundamentó en los siguientes
argumentos24:

22. Señaló que el Tribunal fue más allá de lo solicitado en las pretensiones de la
demanda, por cuanto, en lo relacionado con el “plan de reconversión del territorio”,
acogió las recomendaciones del perito, concretamente, “[…] la implementación
gradual y progresiva del plan de acción integral para la zona […]”, por lo que la
sentencia terminó convirtiendo una recomendación del perito en una obligación
impuesta a la entidad.

23
Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
7ED_SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.
24 Cfr. Índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…] 2ED_Apelacion(.pdf)

NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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23. Sostuvo que es competencia del municipio liderar proyectos productivos y
cambiar la destinación de los usos del suelo en su territorio a través del POT. Por lo
que lo ordenado desborda las competencias del departamento, las cuales deben
entenderse a partir de los principios de coordinación, complementariedad y
subsidiariedad sin que pueda entenderse que el departamento responde
solidariamente con el municipio.

24. Señaló que desconoce a quien pertenecen los predios para efectuar la
reconversión del territorio y si los propietarios desean cambiar su actividad minera.
Adicionalmente, destacó que, de mantenerse la orden, también debía impartirse a
otras entidades responsables, como el Ministerio de Minas y Energía, por cuanto
los eventuales daños fueron causados por la minería legal e ilegal.

25. Finalmente, solicitó ser relevado de pertenecer al Comité de Verificación de
cumplimiento de la sentencia, en razón a que, ante una eventual confirmación de la
providencia apelada, la intervención del departamento solo es posterior al
cumplimiento de lo ordenado y, adicionalmente, la entidad únicamente fue
conminada.

26. La Agencia Nacional de Minería presentó escrito de 24 de junio de 2025
mediante el cual interpuso recurso de apelación que fundamentó en los siguientes
argumentos25:

27. Señaló que no era responsable de la vulneración de los derechos colectivos.
Al respecto, aseguró que el Tribunal: i) omitió analizar los artículos 161, 162 y 163
de la Ley 685 de 200126, a la luz de los artículos 6 y 121 de la Constitución Política,
frente a la declaratoria de responsabilidad de la entidad; ii) no determinó los
presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del
Estado; iii) no acreditó la existencia de daño antijurídico y de responsabilidad por
parte de la Agencia Nacional de Minería; y iv) fijó cargos frente a las funciones de
la Agencia Nacional de Minería que no le son aplicables.

28. Frente al primer argumento, manifestó que el Tribunal no analizó los artículos
161, 162 y 163 de la Ley 685 de 2001, a la luz de los artículos 6 y 121 de la
Constitución Política, respecto de la declaratoria de responsabilidad de la entidad.
Asimismo, transcribió los artículos 3, 4 y 16, numeral 11, del Decreto Ley 4134 de

25 Cfr. Índice 257 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
215_MemorialWeb_Recurso-RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 257 […]”.
26 “[…] Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones […]”.

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201127, sobre objeto, funciones y el deber de apoyar a las autoridades competentes
para la ejecución de la política de erradicación de la explotación ilícita de minerales.

29. Precisó que no se demostró que el departamento o el municipio cuenten con
una política de erradicación de explotación ilícita de minerales ni que, con base en
ella, hayan solicitado apoyo a la Agencia Nacional de Minería, ni se probó que la
entidad haya omitido prestar apoyo que traiga como consecuencia la vulneración de
los derechos colectivos de la comunidad de la Ferrería.

30. Adujo que mediante la resolución 492 de 7 de febrero de 2014, la Policía
Nacional, creó la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y Antiterrorismo - UNIMIL,
que tiene por objeto neutralizar las afectaciones que causa la explotación ilícita de
los recursos minerales que afectan el ordenamiento jurídico y sus efectos adversos
en el medio ambiente. Igualmente, cumple la misión de liderar institucionalmente en
coordinación con los diferentes organismos estatales, la lucha contra la minería
ilegal, explotación ilícita de los recursos naturales y minerales con el objeto de
proteger el patrimonio natural de la Nación, especialmente en las zonas donde la
minería ilegal puede conllevar a fenómenos de grave deterioro ambiental.

31. Señaló que los artículos 5, 6, 10 y 14 de la Ley 685 de 2001, regulan la
propiedad de los recursos mineros, la inalienabilidad e imprescriptibilidad, la
definición de mina y mineral, y el título minero.

32. Manifestó que terminada la delegación como autoridad minera del
departamento de Antioquia, la Agencia Nacional de Minería tiene la competencia de
titulación minera, registro, asistencia técnica, fomento, fiscalización y vigilancia
respecto de las obligaciones a cargo del titular minero en el marco de los títulos
mineros vigentes, esto es, cuando la exploración y explotación minera es lícita. A
su turno, destacó que corresponde a los alcaldes ejercer el control de la actividad
minera que no se encuentre en el Registro Minero Nacional.

33. Aseguró que el Tribunal al referirse a la competencia de la Agencia Nacional
de Minería únicamente señaló las funciones previstas en el Decreto Ley 4134 de
2011, las cuales difieren de las contenidas en los artículos 161, 162 y 163 de la Ley
685 de 2011, que establecen el procedimiento que debe adelantarse ante casos de
minería ilegal. En su orden, el artículo 161, prevé que los alcaldes tienen la
obligación de decomisar los materiales comercializados sin la documentación que
acredite su legalidad; el artículo 162, contiene el deber de los jueces de comunicar

27 “[…] Por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica

[…]”.

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a la autoridad minera nacional las sentencias condenatorias por minería ilegal; y, el
artículo 163 regula la inhabilidad para obtener concesiones mineras a quienes sean
condenados por minería ilegal.

34. Conforme a lo anterior, señaló que los artículos mencionados del Código de
Minas no atribuyen la responsabilidad en materia de fiscalización y erradicación de
la minería ilegal a la ANM, por lo que no puede predicarse responsabilidad de la
entidad, a la luz de los artículos 6 y 121 de la Constitución Política.

35. Respecto del segundo argumento, adujo que el Tribunal no determinó los
presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del
Estado. Concretamente, sostuvo que la Agencia Nacional de Minería solo asumió
la función de autoridad minera en el departamento de Antioquia a partir del 1 de
enero de 2024, toda vez que con anterioridad dicha función estaba delegada al
departamento, de conformidad con lo previsto en las resoluciones 204 y 271 de
2013, 229 de 2014, 210 de 2015, 237 de 2019 y 810 de 2021, esta última tuvo
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023.

36. Señaló que de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 de la Constitución
Política, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la
verificación de dos aspectos, por una parte, la existencia de un daño antijurídico
causado a un administrado y, por otra parte, la imputación del daño antijurídico a la
conducta activa u omisiva de la autoridad pública. Destacó que en la sentencia
apelada el Tribunal declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por una
presunta falla en el servicio, originada en la omisión de las entidades demandadas
en el cumplimiento de sus obligaciones legales, sin especificar en qué consistió la
falla del servicio atribuible a la entidad.

37. Sobre el tercer argumento, relacionado con la inexistencia de daño
antijurídico y de responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería, sostuvo que la
sentencia apelada no determinó de forma clara e inequívoca el daño sufrido a un
grupo. Adujo que en el caso concreto se probó que la explotación ilegal de las minas
El Grillo y Arco Iris ha generado movimientos de tierra que comprometen la
estabilidad de las viviendas, la capilla y otras estructuras ubicadas en la vereda la
Ferrería, poniendo en peligro la vida de la comunidad y del grupo de accionantes.

38. Destacó que los habitantes de la vereda la Ferrería son conscientes que son
ellos mismos los que a través de la explotación minera han generado deterioro en
su territorio y construyeron en zonas de riesgo, sin cumplir las normas de
sismorresistencia, tal como se concluyó en el dictamen pericial elaborado por la

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Universidad Nacional, haciendo alusión al decreto de calamidad pública 400-01-01-
073 de 31 de octubre de 2014, por lo que las autoridades competentes conocían la
situación que vivía la comunidad la Ferreira desde el cierre de la actividad minera
realizada por el “Industrial Hullera” en el año 2013.

39. Citó jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en materia
de responsabilidad extracontractual del Estado en las acciones de grupo.

40. En referencia al cuarto argumento, relacionado con que la sentencia apelada
fijó cargos frente a las funciones de la Agencia Nacional de Minería que no le son
aplicables, sostuvo que la autoridad minera no es competente para ejercer
supervisión y control punitivo de la actividad minera ilegal, por lo que los
señalamientos de responsabilidad incluidos en la sentencia no son correctos. Adujo
que los delitos no son susceptibles de fiscalización por parte de la autoridad minera
como lo pretende hacer ver el Tribunal. Por lo que, aseguró que la entidad se
encuentra en imposibilidad de cumplir las órdenes que le fueron impartidas en la
sentencia, toda vez que desbordan su marco competencial.

41. Sostuvo que en el proceso se probó que la Agencia Nacional de Minería no
es la entidad llamada a satisfacer las pretensiones de la demanda por lo que se
configura la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia
de daño antijurídico y responsabilidad administrativa de la autoridad minera y hecho
de un tercero. Finalmente, solicitó revocar la sentencia apelada.

42. El municipio de Amagá presentó escrito de 24 de junio de 2025, mediante
el cual interpuso recurso de apelación que fundamentó en los siguientes
argumentos28:

43. Manifestó que la sentencia apelada no contiene una exposición clara,
completa y suficiente de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la
decisión, lo que constituye una falta de motivación real, toda vez que la providencia:
i) no realiza una valoración exhaustiva de las pruebas allegadas al proceso, por
cuanto omitió referirse a medios de prueba que desvirtúan la conclusión a la que
llegó el a quo. Concretamente señaló que el Tribunal dio por probado, sin estarlo,
que la minería ilegal es la causante del deterioro de las viviendas; ii) no valoró de
manera razonable los argumentos presentados por la entidad y tampoco se da
respuesta a las objeciones específicas planteadas en el trámite del proceso; y iii)

28Cfr. Índice 258 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
217_MemorialWeb_Recurso-Recursodeapelacion(.pdf) NroActua 258 […]”.

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presenta conclusiones sin la debida argumentación jurídica, lo que impide conocer
las razones que tuvo el Tribunal para decidir el caso concreto.

44. Adujo que la falta de motivación vulnera garantías mínimas, como el derecho
al debido proceso y de defensa, de conformidad con lo resuelto por la Corte
Constitucional en las sentencias C-054 de 1997, C-131 de 2002 y T-418 de 2015,
entre otras.

45. Señaló que en la sentencia apelada no se hizo una valoración respecto de
las minas que funcionan o funcionaron con título minero en el sector de la Ferrería
y su responsabilidad en los hechos. Asimismo, tampoco se analizaron otras fuentes
del daño, como la construcción de viviendas sin el lleno de requisitos legales
obviando normas técnicas, en terrenos no aptos para construir por las
características geológicas de la zona que tiene vocación de explotación minera
desde hace más de 200 años.

46. Manifestó que el Tribunal desconoció las actuaciones adelantadas por el
municipio tendientes a procurar una explotación minera responsable y tampoco
indicó las obligaciones que el municipio incumplió, que estén soportadas en la
normativa, máxime cuando la entidad territorial ha cumplido con todas las
obligaciones en el marco de sus competencias en materia de minería.

47. Expuso que el municipio de Amagá, como se demostró en el proceso, fue
construido en un territorio inestable por la composición del suelo (carbón y otros
minerales), que ha dedicado la mayor parte de su territorio a la minería extractivista,
por lo que las órdenes impartidas resultan de imposible cumplimiento en términos
económicos para un municipio de sexta categoría, creando un precedente que
traería como consecuencia la reubicación de todo el municipio.

Concesión de los recursos de apelación

48. La magistrada sustanciadora del Tribunal profirió auto de 4 de julio de 202529,
mediante el cual concedió los recursos de apelación presentados por el municipio
de Amagá, el departamento de Antioquia y la Agencia Nacional de Minería
contra la sentencia proferida en primera instancia.

29 Cfr. índice 2 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado:
“[…] 3ED_AutoConcede(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2 […]”.

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Actuaciones en segunda instancia

49. El despacho sustanciador profirió auto de 15 de julio de 202530 mediante el
cual admitió los recursos de apelación referidos, ordenó notificar a las partes e
intervinientes y al procurador delegado en lo contencioso administrativo ante el
Consejo de Estado. Igualmente advirtió que, si las partes no solicitaban la práctica
de pruebas durante el término de ejecutoria de la precitada providencia, se
prescindiría del traslado para alegar de conclusión y entraría el proceso al despacho
para fallo.

50. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

51. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) la competencia de la Sala; ii) los problemas jurídicos; iii) el marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos; y iv) el análisis del caso concreto.

Competencia de la Sala

52. De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 472 de 1998, sobre
competencia para conocer de las acciones populares en segunda instancia; en el
artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201931, sobre la distribución de
asuntos entre las secciones del Consejo de Estado; y en el artículo 15032 de la Ley
1437 de 2011, sobre competencia del Consejo de Estado en segunda instancia, se
precisa que esta Sección es competente para conocer en dicha instancia de los
recursos de apelación que se presenten contra las sentencias proferidas, en primera
instancia, por los Tribunales Administrativos en el trámite de las acciones populares.

30 Cfr. índice 4 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Archivo denominado: “[…]
9Autoqueadmite_APa2017298301_Defens(.pdf) NroActua 4 […]”.
31 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado. Modificado por el artículo 1.º del

Acuerdo 434 de 10 de diciembre de 2024 “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del
Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
32 Artículo modificado por el artículo 615 de la Ley 1564.

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53. Asimismo, de conformidad con los artículos 32033 y 32834 de la Ley 1564 de
12 de julio de 201235, norma aplicable al presente caso, en virtud de lo dispuesto en
el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contraen los recursos interpuestos por el departamento
de Antioquia, la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Amagá.

54. Agotados los trámites inherentes a la acción popular de que trata este asunto
y sin que se observe causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, la Sala
procede a proferir la sentencia correspondiente.

Problemas jurídicos

55. La Sala deberá determinar, con fundamento en los recursos de apelación:

55.1. ¿Si la sentencia proferida en primera instancia fue motivada y en ella el
Tribunal hizo una debida valoración probatoria?

55.2. ¿Si la Agencia Nacional de Minería es responsable de la vulneración de los
derechos colectivos amparados y es competente para protegerlos?

55.3. ¿Si las órdenes impartidas a las entidades demandadas son congruentes y
proporcionales para la protección de los derechos colectivos?

55.4. Y, en ese sentido, establecer si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia de 16 de junio de 2025 proferida por la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos

56. De conformidad con el artículo 88 de la Constitución Política, las acciones
populares son un mecanismo de protección “[…] de los derechos e intereses
colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad
públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y
otros de similar naturaleza que se definan en ella […]”.

33 “[…] Artículo 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior

examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión. Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido
desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo […]”.
34 “[…] Artículo 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o
la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]”
35 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.

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57. El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 define las acciones populares como “[…]
los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]”
que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o
restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”.

58. La institución de la acción popular busca que la comunidad pueda disponer
de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de
los derechos colectivos cuya amenaza o vulneración debe necesariamente
probarse para la procedencia del amparo.

59. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la
acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño
contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses
colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la
afectación de los derechos e intereses colectivos.

60. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia
de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es autónoma y principal y,
además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo
“[…] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por
diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que
ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la
materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la
parte actora quien en la demanda, fija el litigio […] ”36.

61. La Sala resalta que conforme a los artículos 1, 2, 4 y 9 de la citada Ley 472
de 1998, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a
obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos
como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por
Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción
pública y un mecanismo propio de la democracia participativa y por lo tanto puede
ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades
públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los
personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no

36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Marco Antonio Velilla

Moreno, providencia de 28 de marzo de 2014, núm. único de radicación 25000-23-27-000-2001-90479-01(AP).

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tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las
pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido
instituida como mecanismo de control judicial de las leyes y en consecuencia
cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés
colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador,
habrá de acudirse a las acciones pertinentes.

Análisis del caso concreto

62. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
mediante sentencia de 16 de junio de 2025 amparó los derechos colectivos al goce
de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo racional de los recursos
naturales, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna con
ocasión del riesgo de desastre en que se encuentran algunas viviendas en la vereda
Ferrería del municipio de Amagá como consecuencia de procesos de socavación
por el desarrollo de actividades de minería ilegal de carbón.

63. Contra la sentencia proferida por el Tribunal, el departamento de Antioquia,
la Agencia Nacional de Minería y el municipio de Amagá, interpusieron recursos de
apelación que, en síntesis, fundamentaron en los siguientes argumentos: i) la
sentencia apelada incurre en falta de motivación e indebida valoración probatoria;
ii) la Agencia Nacional de Minería no es responsable de la vulneración de los
derechos colectivos y carece de competencia, al igual que el departamento de
Antioquia, para cumplir las órdenes impartidas en la sentencia; iii) los recursos
económicos del municipio son insuficientes para cumplir lo ordenado; iv) la decisión
del Tribunal de conminar al municipio en coordinación con el departamento para
que emprendan un proceso integral de reconversión territorial y productiva excede
lo pretendido en la demanda; y v) el departamento de Antioquia solicitó ser relevado
de pertenecer al comité de verificación de cumplimiento de la sentencia.

64. La Sala destaca que ninguno de los tres recursos de apelación presentados
por el departamento, la Agencia Nacional de Minería y el municipio, desconocen la
existencia de un riesgo en la estructura de las viviendas y otros inmuebles ubicados
en la vereda la Ferrería del municipio de Amagá, pues lo que cuestionan es, de una
parte, el nexo existente entre la explotación minera y el estado de riesgo de colapso
de las viviendas y, de otra parte, la responsabilidad de las entidades apelantes en
la vulneración de los derechos colectivos y en el cumplimiento de las órdenes
judiciales.

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65. Adicionalmente, el municipio de Amagá afirma que el Tribunal no motivó ni
hizo una valoración probatoria y jurídica suficiente en la sentencia apelada.

66. Por lo anterior, la Sala estudiará los argumentos expuestos en los recursos
de apelación en el siguiente orden: i) la falta de motivación y de valoración
probatoria en la sentencia apelada; ii) la responsabilidad y competencia de la
Agencia Nacional de Minería y del departamento de Antioquia para proteger los
derechos colectivos amparados; y iii) la congruencia y proporcionalidad de las
órdenes impartidas para la protección de los derechos colectivos.

Falta de motivación y de valoración probatoria en la sentencia apelada

67. El municipio manifestó que la sentencia apelada no contiene una exposición
clara, completa y suficiente de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la
decisión, lo que constituye una falta de motivación real, toda vez que la providencia:
i) no realiza una valoración exhaustiva de las pruebas allegadas al proceso, por
cuanto omitió referirse a medios de prueba que desvirtúan la conclusión a la que
llegó el a quo, concretamente, señaló que el Tribunal dio por probado, sin estarlo,
que la minería ilegal es la causante del deterioro de las viviendas; ii) no valoró de
manera razonable los argumentos presentados por la entidad y tampoco se da
respuesta a las objeciones específicas planteadas en el trámite del proceso; y iii)
presenta conclusiones sin la debida argumentación jurídica, lo que impide conocer
las razones que tuvo el Tribunal para decidir el caso concreto.

68. Adujo que la falta de motivación vulnera garantías mínimas, como el derecho
al debido proceso y de defensa, de conformidad con lo resuelto por la Corte
Constitucional en las sentencias C-054 de 1997, C-131 de 2002 y T-418 de 2015,
entre otras.

69. La Sala advierte que, si bien el argumento del recurso es claro en cuanto a
que supuestamente el Tribunal omitió motivar la decisión y valorar debidamente las
pruebas, el argumento no fue desarrollado de manera completa, por cuanto el
apoderado del municipio hizo afirmaciones generales que impiden verificar la
presunta omisión del a quo en la fundamentación jurídica de la sentencia apelada.

70. Al respecto, el municipio sostuvo en el recurso de apelación que el Tribunal
i) no valoró de manera razonable los argumentos presentados por la entidad; ii)
tampoco dio respuesta a las objeciones específicas planteadas en el trámite del
proceso; y iii) no expuso la argumentación jurídica para concluir lo que decidió, sin

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embargo, la Sala no evidencia que el apoderado del municipio haya explicado en el
recurso cuáles argumentos no fueron valorados por el Tribunal, ni cuáles objeciones
específicas dejó de responder el Tribunal, así como tampoco cuáles conclusiones
presentan déficit de argumentación jurídica.

71. En este punto, la Sala pone de presente que es deber de la parte que
presenta un argumento en sede de apelación desarrollarlo en debida forma, esto
es, en el caso concreto, el municipio de Amagá no cumplió la carga argumentativa
que le era exigible para sustentar el recurso frente al argumento de la supuesta falta
de motivación jurídica de la sentencia apelada.

72. No obstante lo anterior, comoquiera que el apoderado del municipio insistió
en que el Tribunal omitió motivar la sentencia y valorar adecuadamente el material
probatorio, la Sala expondrá el razonamiento fáctico y jurídico realizado por el a quo
en la sentencia de primera instancia.

73. La Sala destaca que el Tribunal en la providencia apelada formuló el
problema jurídico en los siguientes términos:

“[…] Corresponde a esta Sala determinar si las entidades demandadas vulneran y/o
amenazan con vulnerar los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al
equilibrio ecológico y manejo racional de los recursos naturales, a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, y al acceso a los servicios
públicos eficientes y oportunos, invocados por el actor popular como consecuencia
del desarrollo de actividades de minería ilegal en la vereda Ferrería del municipio de
Amaga y la omisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales
de control, vigilancia y protección.

Luego de resolver dicha controversia, la Sala analizará si se encuentra probado en
el proceso:(i) La necesidad de reubicación inmediata de las familias que ocupan
viviendas en zonas de alto riesgo debido a los procesos de socavación y
desestabilización del terreno causados por las explotaciones mineras ilegales que
ponen en peligro inminente su vida e integridad personal; (ii) La procedencia de la
clausura definitiva de las minas ilegales que operan sin título minero ni licencia
ambiental en el territorio de la vereda, así como las medidas de restauración,
recuperación y compensación ambiental necesarias para mitigar los daños
causados al ecosistema; y (iii) La necesidad de implementación de un plan
productivo integral y sostenible para la zona que garantice alternativas económicas
legales a las familias que actualmente derivan su sustento de la minería ilegal,
asegurando la transición hacia actividades productivas compatibles con la
preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible del territorio […]”.

74. La Sala observa que en la sentencia apelada el Tribunal se refirió a la
naturaleza jurídica de las acciones populares y a los derechos colectivos invocados.
Posteriormente, al resolver el caso concreto, el Tribunal referenció y valoró el
material probatorio recaudado y, finalmente, realizó el análisis de los argumentos
expuestos por las partes.

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75. El Tribunal valoró, entre otras, las siguientes pruebas allegadas al proceso:

76. Copia del decreto 400-01-01-073 de 31 de octubre de 2014 por medio del
cual se declara la situación de calamidad pública en el municipio de Amagá por el
rompimiento de una bolsa de agua que generó inundación y provocó la desaparición
de 12 mineros que estaban dentro del socavón.

77. Copia de la resolución DA100-04-01/817 de 10 de noviembre de 2014 por
medio de la cual se ordena el cierre inmediato de las siguientes unidades mineras:
La Clara, La Playa, La Clara 2, La Clara 1, Sin nombre, Guadalupe, Piedra Grande,
Piedra Grande 2, El Silencio 2, Carbones El Silencio, El Trapiche, El Manantial, La
Comuna, La Cancha, Carbones La Aventura, Arco Iris, Las Tres Uno, La Cumbre,
El Altico, Carbones Palenque y Filoseco por alto riesgo de inundación.

78. Copia del informe técnico de diciembre de 2015 realizado por la Agencia
Nacional de Minería del que se destaca la inspección de 15 viviendas afectadas y
la capilla de la localidad, así como la operación de algunas unidades mineras y el
censo de las viviendas afectadas.

79. Copia del decreto 100-12-64-051 de 4 de abril de 2016 por medio del cual se
ordena una suspensión y cierre de unidades mineras que operaban de forma ilegal
en el municipio de Amagá.

80. Copia de la resolución 900-01-01-0995 de 11 de abril de 2016 por medio de
la cual se ordena la suspensión de la mina El Grillo y resolución 952 de 13 de marzo
de 2017, que ordena el cierre de “Carbones el Grillo” y acta de cierre de la mina El
Grillo.

81. Copia del informe de la visita realizada el día 9 de febrero de 2017 por parte
de la Alcaldía de Amagá a la zona, en la que se identificaron 15 viviendas afectadas
y la capilla de la vereda, concluyendo que los daños estructurales generan un riesgo
alto a las personas que las habitan.

82. Copia del informe de visita de 10 de mayo de 2017 realizado por la
Defensoría del Pueblo, del cual destacó que los habitantes de la vereda la Ferrería
informaron que las viviendas del sector presentan avanzado estado de deterioro,
atribuible a la explotación ilegal minera. Asimismo, la comunidad señaló que la mina
El Grillo se encontraba operando con dos socavones.

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83. Copia del escrito de 11 de agosto de 2017 mediante el cual la Secretaría de
Minas del departamento de Antioquia indicó que respecto de la unidad minera El
Grillo se ejecuta explotación sin el amparo de un título, por lo que se trata de minería
ilegal y la fiscalización es competencia del alcalde municipal.

84. Copia del informe técnico de 20 de noviembre de 2018 realizado por el
departamento de Antioquia en el que se detalla la situación de 18 viviendas que se
encuentran en nivel de riesgo por fisuras y grietas en muros.

85. Copia del acta de visita realizada por el municipio de Amagá el 14 de
diciembre de 2018, en la que se inspeccionaron 18 viviendas en la zona y se hicieron
recomendaciones.

86. Copia del convenio interadministrativo suscrito el 31 de octubre de 2019 entre
el departamento de Antioquia y el municipio de Amagá, con el objeto de implementar
acciones para la prevención de riesgos asociados a las minas en procesos de cierre.

87. Copia del convenio de cooperación institucional 900.01.01-244 de 2016
suscrito entre el municipio de Amagá y la Empresa de Administración Pública para
el cierre de las unidades mineras.

88. Copia del informe de las unidades mineras intervenidas en desarrollo del
convenio suscrito con el departamento de Antioquia: El Silencio, Arco Iris, Arco Iris
2, Villa Diana y Apique Alfonso Ángel.

89. Respecto del dictamen pericial decretado en primera instancia y realizado por
la Universidad Nacional de Colombia, el Tribunal destacó lo siguiente:

“[…] La Universidad Nacional de Colombia presentó el informe final del peritazgo,
elaborado por el profesional Luis Hernán Sánchez Arredondo, con el apoyo técnico
de un equipo conformado por otros 12 especialistas. Al revisar dicho informe, se
observa que se trata de un estudio interdisciplinario compuesto por más de 200
páginas, en el que se realiza un análisis técnico detallado sobre las condiciones
actuales de la vereda Ferrería. El estudio abarca aspectos geológicos,
geofísicos, estructurales y arquitectónicos, y permite establecer las
afectaciones presentes en las viviendas de la zona. Asimismo, incluye un
análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgo, y culmina con el diseño de un
plan integral que propone estrategias específicas para la comunidad. Del mismo
se destaca:
Del estado actual de la minería informal:

“La presencia de estas bocaminas subterráneas informales en proximidad a
edificaciones y vías representa un riesgo significativo para la seguridad
estructural de las viviendas y la estabilidad de los caminos, debido al
hundimientos o colapsos del terreno. Las 8 bocaminas identificadas en el trabajo
de campo, referenciadas como "UNAL, 2024", coinciden con algunas de las

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bocaminas señaladas por otros autores, lo cual permite detallar la influencia de las
actividades mineras informales en la infraestructura de la vereda.

Se evidencia que la ubicación espacial de las bocaminas dentro de la vereda La
Ferrería se localiza en dirección N-S, y sigue la dirección de la quebrada La Honda,
ya que en estos puntos afloran en la superficie los mantos de carbón. Las bocaminas
son direccionadas de acuerdo a los pilares dejados por la Industrial Hullera para el
sostenimiento minero, cuya recuperación total agudiza la amenaza por problemas
de estabilidad y subsidencia del terreno”.

De los peligros generados por la actividad minera:
“La actividad minera, pese a su importancia económica, genera diversas
amenazas debido a los riesgos inherentes a sus procesos. Estas amenazas
incluyen:

Explosivos: el uso de explosivos para la extracción de minerales implica
riesgos de detonaciones accidentales, que pueden causar daños a trabajadores
e infraestructuras, además de liberar agentes contaminantes para el medio
ambiente.

Derrumbes: la inestabilidad de terrenos o fallas estructurales en túneles y pozos
representa una de las mayores amenazas en minería subterránea, con potencial
de atrapamiento y pérdida de vidas.

Inundaciones: las excavaciones pueden interceptar acuíferos o zonas con
acumulación de agua subterránea, lo cual, a su vez, puede generar
inundaciones que comprometan la seguridad de los trabajadores, la operación
y de los habitantes en zonas aledañas.

Gases tóxicos: la liberación de gases como el metano, monóxido de carbono o
dióxido de azufre en minas subterráneas es una amenaza latente, con riesgo de
explosiones, asfixia o intoxicaciones.

Electrocución: la maquinaria y equipos eléctricos utilizados en las minas, si no
están correctamente instalados o mantenidos, pueden generar descargas
eléctricas mortales.

Exposición a partículas: la constante exposición al polvo generado durante las
actividades de perforación y extracción incrementa el riesgo de enfermedades
respiratorias crónicas, como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) o la silicosis.

Estas amenazas exigen la implementación de sistemas rigurosos de gestión del
riesgo, medidas preventivas y una supervisión estricta para mitigar los
impactos sobre los trabajadores, las comunidades cercanas y el entorno
natural”.
Como factores de amenaza por inestabilidad del terreno, estableció la amenaza
por inundación como ALTA23, esto, en consideración a que luego de que se
desarrollen las actividades de explotación, las minas abandonadas se
convierten en sumideros de aguas, lo que asegura, incrementa la amenaza. Esta
información es además ratificada en la audiencia de contradicción del dictamen
en la que ante la pregunta realizada por el Despacho: ¿Qué incidencia o es
mínima o se puede trabajar en el sector aun teniendo este factor de riesgo como
son las aguas?, este respondió textualmente: “Le digo que manejar esas aguas de
escorrentía en las condiciones que está el territorio no deja, ahí se proyecta, si están
viendo la llamada, entra y se va. Ah, bueno. Entonces le cuento que la mayor
amenaza realmente con respecto a la humedad está representada es en la
sobrecarga que en este momento tienen, por ejemplo, el impacto de las arcillas,

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materiales arcillosos que nosotros hemos puesto como una influencia por ahí de 1%,
al factor de con respecto a las zonas de inundaciones del agua que se infiltre y todo
eso hemos puesto un 14%. Bueno, no me aparecía aquí en el análisis de
fracturamiento, no recuerdo la dirección de los esfuerzos, por ejemplo, que se
generaron allá. Cada cual, el índice de infiltración, por ejemplo, el índice de infiltración
sí tiene 13%, pero la inundación súbita más o menos un 9%. Entonces, son todos
ese, son un poco de factores que van a incidir cuando empezamos a ver el
potencial de inundación que van a tener, por ejemplo, la actividad minera en esa
región” Adicional, indicó: “En el ciclo hidrológico del agua, parte del agua pues se
evapora, parte del agua es escorrentía y va a ir a los canales activos y parte se infiltra.
Entonces el potencial que tiene de infiltración de agua en la zona de La Ferrería
es muy alto, por lo que les decía, hay un parámetro geogénico que yo les estuve
hablando que era un patrón de fracturamiento de fracturas distorsiónales que
son abiertas y por los cuales son los caminos para que pueda circular ese tipo
de aguas. Entonces el agua es un factor realmente también que está generando
ahí amenaza en ese territorio, está generando fuerte amenaza en ese territorio.
Porque es que solo piense en el tema de la cantidad de agua que hay de por sí
hay en la acumulada ahí en la mina industrial”.
Así mismo señaló: “Uno de los estudios previos a esto estimó más o menos el
mar de 5 millones de metros cúbicos de agua que tiene ahí en La Ferrería, ósea,
es un peligro grave que la informalidad siga operando allá porque pues por las
condiciones sociales de las comunidades o las que tienen que acudir a meterse en
por eso un manto de carbón para tratar de subsistir en la zona”.
Para este punto, en el dictamen pericial se presentó un mapa de amenaza por
inundación, en el que se muestra las zonas de amenazas por colores, así: rojo para
amenaza alta, amarillo para amenaza media, y verde para amenaza baja:

A su vez, en la audiencia de contradicción, explicó al Despacho el siguiente mapa:

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“Pregunta el Despacho: ¿cada uno de esos colores a que hace referencia?,
Responde: Bueno vea, específicamente los colores se obedecen, primero que
todo, a la presencia de la unidad estatigráfica que existen ahí, pues son rocas
sedimentarias, entonces hay arcillas arenizcas, entonces están reflejando pues la
resistividad de esas rocas. Pero lo muy particular son los extremos que están en
el perfil, los azules más encendidos y los claros que usted ve ahí en el perfil, se
los señalo, como estos que se está viendo acá, son zonas que están
representando la presencia de agua, ósea, cuando en geología, hidrogeología,
nosotros buscamos agua, uno de los métodos que se utilizan son la
geoeléctrica y valores bajos de resistividad nos están indicando presencias de
agua. Entonces aquí puede haber dos causas de esas aguas. Saturadas las arcillas
que generalmente están muy saturadas en la región, están muy saturadas. Vea, yo
le tengo este dato para que usted se dé cuenta, de por ahí 3.5 millones de metros
cúbicos de arcillas que se consideran que hay ahí en la región de esa cuenca, tienen
una capacidad para retener agua 1.3 millones de metros cúbicos. Ósea, las arcillas,
3.509 millones de metros cúbicos de arcilla en esa región pueden tener la capacidad
de retener 1.3 millones de metros cúbicos de agua. Entonces, estos colores, por
ejemplo, donde digamos esto aquí puede significar en términos generales, las arcillas
que son las que contienen los carbones, los carbones se forman en medios arcillosos. Y también lugares antiguos, zonas explotadas que están con agua acumulada. Y el
aspecto más claro para nosotros ver es estas concavidades. Por ejemplo, aquí hay
una concavidad que puede estar representando un antiguo túnel. Y ahí nos está
pareciendo también este contenido de arcillas bajas. Bueno, no es común la
tendencia a que haya allá en la zona, digamos, estos registros, digamos,
geoeléctricos de resistividad de valores altos, ¿cierto? Pero esos valores, digamos,
más grandes que estos que estamos viendo que están representando la
presencia de aguas en socavones, porque aquí es que claramente en la
tomografía se ve pues la forma de túnel, ¿cierto? Tenemos esta otra concavidad
aquí, donde vemos también que en el centro no hay ese color azul, sino que los
valores son un poquito, son más altos, son más altos que los registrados en estas
zonas azules y en estas zonas verdes. Entonces son indicios de que este posible
túnel que se está registrando acá sea este, este sin agua, este, digamos, libre. ¿Qué
diferencia hay entre el azul oscuro y el azul claro? Usted me dice que son aguas,
¿cierto? Sí, entre el azul oscuro y el azul claro van variando a medida que en la escala,
a medida que va entre más oscurito, más baja es la resistividad. Ósea que va a
mostrar una evidencia más de que es agua. Porque es que nosotros exploramos,
digamos, para consumo humano y sitios donde no tienen, digamos, el recurso agua,
buscamos aguas subterráneas, son los parámetros de baja resistividad que
seleccionamos para empezar a hacer trabajos de exploración mucho más sofisticados
como perforaciones, ¿cierto? Entonces eso es lo que está pasando acá. Entre más
oscurito esté, son indicios de que hay más presencia de agua. Podemos mirar
entonces, bueno, y los verdes, ¿y la combinación de los verdes a qué hace
referencia? A las rocas, a las rocas que están encajando tanto en los mantos de
carbono. De acuerdo con la anterior imagen, el perito concluyó que no era posible la
realización de minería ilegal, señalando: “Yo no la recomendaría, porque es que
hay 5,5.5 millones de metros cúbicos almacenados allá. Entonces, primero, que
todo lo que hay es que garantizaría la evacuación de esa agua. Y garantizar la
sacada de esa agua eso vale un dinero gordo, para que usted tenga más o menos
una idea de la cantidad de agua para montar una planta hidroeléctrica. Entonces, yo
considero que el territorio debe cambiar el uso del subsuelo. No se puede hacer
allá, digamos, minería.

Estamos hablando de minería del carbón, ¿cierto? Sí,
esa es la que estamos hablando que afecta”.

Adicional, el estudio indicó que el método de explotación subterránea de carbón es
uno de los principales detonantes de amenaza de la vereda La Ferrería, indicando:

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“Como fue destacado previamente, la mayoría de las labores subterráneas realizadas
por Industrial Hullera en esta zona utilizaron el método de cámaras y pilares en el
manto 3. Por su parte, la minería informal se concentró en los afloramientos del
manto a lo largo de la quebrada La Honda, enfocándose en extraer los pilares
de carbón dejados por Industrial Hullera para el sostenimiento minero. Esta
recuperación total de los pilares ha intensificado los problemas de estabilidad
y subsidencia del terreno, e incrementado significativamente la amenaza. La
recuperación total de los pilares implica la remoción completa de las
estructuras de soporte, lo que puede conducir al hundimiento del techo. Este
proceso resulta en colapsos no controlados, los cuales afectan la integridad de
la superficie y las estructuras circundantes. El análisis considera los métodos de
explotación formal e informal que se llevan a cabo actualmente en la vereda, así como
las huellas de antiguas minas subterráneas que han sido cartografiadas.
Adicionalmente incluye un perímetro de 100 metros alrededor de las bocaminas
informales para evaluar la magnitud de la amenaza”.

Como resultado del estudio geofísico, se resalta:
“El análisis consolidado de los resultados obtenidos en las líneas geofísicas L1, L2,
L3, L4, L5, L6, L7,L8, L9, L10, L11 y L12 en la vereda La Ferrería (Municipio de
Amagá) revela varias anomalías geofísicas significativas, vinculadas a la
actividad minera en la zona. Las anomalías A1, caracterizadas por alta
resistividad, sugieren la presencia de cavidades o vacíos subterráneos no
saturados de agua debidos a la presencia de túneles mineros. Las anomalías
A2, que muestran cambios laterales en la resistividad, están relacionadas con
subsidencias, que indican movimientos del terreno provocados por la
extracción de material y alteraciones geológicas. Por último, las anomalías A3,
representadas por zonas de baja resistividad, evidencian alta saturación de
agua debida a acumulaciones subterráneas o a zonas inundadas.
Los datos obtenidos con el radar grama GPR complementan estos hallazgos, pues
muestran formas cóncavas que corroboran la presencia de cavidades y zonas de
agua acumulada. En conjunto, los resultados del estudio geofísico ofrecen una visión
clara de los riesgos geotécnicos en la zona, tales como hundimientos del terreno,
cavidades subterráneas y saturación de agua, aspectos fundamentales para la
gestión y mitigación de riesgos en áreas afectadas por la minería.

Sumado a esto, el estudio revela un complejo escenario de subsidencias,
cavidades y acumulación de agua en el subsuelo, el cual es producto de la
actividad minera en la vereda. Las anomalías de alta y baja resistividad
confirman la presencia de infraestructura minera subterránea y de zonas
inundadas, lo que implica un riesgo significativo de inestabilidad en el terreno.
Estos hallazgos son fundamentales para la gestión de riesgos geotécnicos y
para la prevención de desastres; además, permiten la toma de medidas de
aseguramiento en torno a las áreas afectadas. Las técnicas de ERT y GPR
constituyen herramientas valiosas para la planificación de intervenciones y el
establecimiento de un monitoreo geotécnico continuo en las zonas de riesgo”.

De acuerdo con el anterior análisis y en relación con el estado actual de las viviendas
y edificaciones de la vereda la Ferrería del Municipio de Amaga, indicó el dictamen:

Que se realizó un estudio de una muestra estadística representativa de la
totalidad de viviendas de la vereda, lo que permitió identificar patrones
comunes de vulnerabilidad y definir estrategias de intervención a la comunidad.

Que la conclusión es atención prioritaria a las viviendas, así: En conclusión, el
mapa de calor evidencia que las edificaciones de la vereda requieren atención
prioritaria debido a que todas las edificaciones presentan lesiones recurrentes,
particularmente grietas, con diferentes direcciones (horizontales, verticales y
diagonales) y profundidades. Estas grietas pueden estar asociadas a la
combinación de distintas acciones como, por ejemplo, movimientos propios de
los materiales, los cuales generan cambios de volumen por fuerzas de cortante

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o flexión, compresión, tracción o torsión, provenientes de movimientos en el
suelo que, a su vez, generan esfuerzos que superan la capacidad resistente. Por
tratarse de elementos construidos con materiales pétreos que tienen baja
resistencia a la tracción, los esfuerzos por movimientos agrietan con facilidad
el concreto simple, las unidades de mampostería, las cerámicas y morteros no
reforzados, entre otros. Estas condiciones sugieren la necesidad de distintas
acciones correctivas para mitigar los daños”.

Frente al análisis del riesgo, indicó:

“El análisis del riesgo en las viviendas evaluadas se fundamenta en la interacción de
dos factores esenciales: la amenaza, definida como la probabilidad de ocurrencia de
un evento adverso, y la vulnerabilidad, entendida como la susceptibilidad de las
edificaciones a sufrir daños debido a sus características estructurales, materiales
constructivos o la falta de mantenimiento. Las viviendas que presentan niveles de
vulnerabilidad altos o críticos requieren atención prioritaria, dado que tienen un
mayor potencial de sufrir daños graves en caso de que se materialice una
amenaza. Esta condición pone en riesgo, no solo la integridad de las
estructuras, sino también la seguridad de sus ocupantes.

Para mitigar el riesgo, resulta fundamental reducir la vulnerabilidad mediante
intervenciones adecuadas, como reparaciones estructurales, mantenimiento
preventivo o, en algunos casos, la reubicación es la única alternativa. Estas
acciones permiten disminuir significativamente el riesgo, incluso cuando la
amenaza es elevada. En otras palabras, el fortalecimiento de las edificaciones
se posiciona como una estrategia clave para minimizar el impacto de eventos
adversos, lo cual contribuye a la resiliencia del entorno construido y a la
protección de la comunidad”.

Sobre este punto en específico, indicó en la contradicción del dictamen:

“Aquí hay unos parámetros, unos fix, como por ejemplo este: el 97% de las vías
presionadas en el área de estudio presentan lesiones similares y recurrentes, estas
lesiones son principalmente en grietas que se pueden encontrar en muros, lozas,
vigas en cualquier elemento estructural y no estructural que las construcciones
pueden tener. Ósea una norma clara en todas las infraestructuras observadas es
que se podría decir que casi que el 99,9% de las construcciones no están
hechas obedeciendo la norma NSR10 que tiene el gobierno, establecido para la
construcción de viviendas.

Prácticamente casi todo es mampostería, no hay vigas diamantes, no hay columnas,
no hay absolutamente nada; entonces alcancen ustedes a percibir la vulnerabilidad
tan grave, acuérdense que les dije al principio: riesgo es igual amenaza por
vulnerabilidad. La amenaza es crítica y alta y nos encontramos en unas mismas
condiciones el tema de la vulnerabilidad, prácticamente ahí está hablando de
que el 97% de todas las viviendas visitadas, las viviendas que nos enviaron
también para construir el algoritmo, así como se hizo con los temas de la amenaza
no reportan mapas pues que definitivamente, no pues no sé si pone si no la mano del
corazón pero es como para llorar, señores de la mesa en plena […]. No hay
realmente ninguna condición de ninguna norma y por eso en ellos el
diagnóstico que dicen ellos, que bajo el punto de vista técnico y científico hay
que decir que ahí no puede haber gente. Ó sea, es inhabitable, cierto, porque
tanto que no ocurra tanto que sea en un año tanto que sean dos años uno como
técnico, como ingeniero, viendo las condiciones de valoración que se hicieron
allá en combinación con amenazas y la unidad que tiene en las construcciones
es mejor curarse en salud y de una vez se advierte que tenemos una
vulnerabilidad por grietas, para a mí de alta vulnerabilidad, por humedad
moderado vulnerabilidad, por daños moderada, vulnerabilidad por estado en
que está moderado, vulnerabilidad total moderada y amenaza crítica.

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Y así cada una de las de la infraestructura levantada está en condiciones muy
similares, tanto pues que gracias a todos estos levantamientos que pudimos hacer a
mucho detalle en la zona pues se pudo también pues establecer un mapa, el mapa
de riesgo que les mostré anteriormente”

Sobre este punto se observa en el mapa:

De acuerdo con la explicación, la anterior imagen corresponde a un mapa de calor
generado con base al riesgo asociado a edificaciones en la vereda La Ferrería. En la
Figura clasifica las zonas según el nivel de riesgo, a partir de una serie de colores que
identifican las áreas de mayor y menor peligro: rojo para riesgo crítico, naranja para
riesgo alto, amarillo para riesgo moderado y verde para riesgo bajo […]”. (Destacado
fuera de texto).

90. El Tribunal practicó los testimonios de Rubén Darío Muriel Cano, Joel
Esteban Restrepo, Álvaro Enrique García, Jhovan Esteban Serna, Víctor Manuel
Aguirre del Valle, Joaquín Emilio Flórez, Álvaro Agudelo, Delsin Durley Mazo Quiroz
y Astrid Janet Puerta Agudelo.37

91. La Sala considera que el Tribunal en la sentencia apelada realizó la
valoración probatoria que le correspondía. Se precisa que desde el auto de 13 de
mayo de 2019 el Tribunal abrió el periodo probatorio en primera instancia, decretó
pruebas, las practicó, las sometió a la contradicción de las partes, tal como se
evidencia en la diligencia de contradicción del dictamen pericial y, finalmente, en la
sentencia valoró las pruebas legalmente allegadas y practicadas en el proceso.

92. Del material probatorio referido, el Tribunal concluyó lo siguiente:

“[…] para esta Sala se encuentra plenamente demostrada la vulneración de los
derechos colectivos invocados por la Defensoría del Pueblo en representación de la
comunidad de la vereda Ferrería del municipio de Amaga. En efecto, el conjunto de
elementos probatorios analizados - que incluye el dictamen pericial, los
informes y visitas técnicas, los testimonios de los habitantes de la vereda, los
conceptos emitidos por las entidades competentes y la documentación

37Cfr. Índice 190 del Sistema de Gestión Judicial, SAMAI. Sede del Tribunal. Archivo denominado: “[…]
148ED_EXPEDIENTEDIGITALONE(.pdf) NroActua 190 […]”.

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fotográfica incorporada al expediente - permiten establecer de manera
inequívoca que las actividades de minería ilegal desarrolladas en el territorio
han causado un daño cierto, actual y grave a los derechos colectivos al goce
de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo racional de los
recursos naturales, así como a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.

Resulta significativo que los informes técnicos de visita incorporados al
expediente, que datan del año 2013, evidencian de manera consistente y
progresiva no solamente la presencia de actividades de explotación minera
ilegal en el territorio de la vereda Ferrería, sino la correlación directa entre
dichas actividades extractivas y el deterioro estructural de las viviendas de los
habitantes de la zona.

Lo anterior ha sido además corroborado a través del dictamen pericial rendido,
que después de realizar las correspondientes inspecciones técnicas,
mediciones y análisis especializados, concluyó categóricamente que existe un
riesgo alto e inminente para la integridad física y la vida de los habitantes del
sector. Si bien la experticia técnica precisó que la situación de riesgo obedece
a múltiples factores concurrentes - entre los cuales se identifican las
deficiencias en los procesos constructivos de las viviendas, las características
geológicas particulares de la zona y, de manera determinante, los efectos
desestabilizadores provocados por la minería ilegal - lo cierto es que la suma
de estos elementos configura un escenario de amenaza grave y actual que
compromete tanto los derechos colectivos como los derechos fundamentales
de la comunidad.

El dictamen pericial es contundente en establecer que los factores de amenaza
para las viviendas y estructuras del sector corresponden a inundación,
infiltración, densidad de fracturamiento, explotación subterránea de carbón,
subsidencia, amenaza sísmica, entre otras, lo cual, de acuerdo con la
conclusión, establece un riesgo alto para los habitantes de dicho territorio. Por
ello, el dictamen recomienda la adopción inmediata de medidas de protección
que garanticen, por una parte, la preservación del derecho fundamental a la vida
e integridad personal de los habitantes y, por otra, el restablecimiento de las
condiciones ambientales que les permitan gozar efectivamente de un ambiente
sano, tal como lo consagra el artículo 79 de la Constitución Política […]”.
(Destacado fuera de texto).

93. La Sala considera que el Tribunal motivó suficientemente la sentencia
proferida en primera instancia, para lo cual realizó la valoración probatoria aplicando
las reglas de la sana crítica y garantizando el debido proceso y el derecho de
defensa de las partes procesales.

94. Por otro lado, la Sala evidencia que el Tribunal en la valoración probatoria
tuvo en consideración los aspectos que echa de menos el apoderado del municipio.
En concreto, con los informes y visitas técnicas, así como con el dictamen pericial,
el Tribunal valoró lo relacionado con la afectación ocasionada por las minas que
funcionaron en el sector de la Ferrería y destacó que, además del riesgo generado
por la explotación minera ilegal en la zona, existen otras causas que amenazan la
estabilidad estructural de las viviendas, entre otras, la falta de requisitos técnicos
estructurales con las que fueron construidas.

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95. Asimismo, la Sala destaca que el Tribunal fundamentó la responsabilidad del
municipio en el caso concreto, citando la normativa que regula las competencias de
la entidad territorial. Así, se observa que el Tribunal tuvo en consideración el artículo
311 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el artículo 59 de la Ley 388 de
1996, el artículo 306 de la Ley 685 de 2001, el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012 y
el artículo 2.2.2.1.2.1.3 del decreto 1077 de 2015.

96. Por lo anterior, la Sala concluye que no le asiste razón al apoderado judicial
del municipio de Amagá y, en consecuencia, el argumento estudiado en este acápite
no prospera.

La responsabilidad y competencia de la Agencia Nacional de Minería para
proteger los derechos colectivos amparados

97. La Agencia Nacional de Minería señaló que no era responsable de la
vulneración de los derechos colectivos. Al respecto, aseguró que el Tribunal: i)
omitió analizar los artículos 161, 162 y 163 de la Ley 685 de 2001, a la luz de los
artículos 6 y 121 de la Constitución Política, frente a la declaratoria de
responsabilidad de la entidad; ii) no determinó los presupuestos para la
configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; iii) no acreditó la
existencia de daño antijurídico y de responsabilidad por parte de la Agencia
Nacional de Minería; y iv) fijó cargos frente a las funciones de la Agencia Nacional
de Minería que no le son aplicables.

98. El Tribunal al momento de analizar la responsabilidad y la competencia de la
Agencia Nacional de Minería, refirió los artículos 4 y 16 del Decreto 4134 de 2011
“[…] por el cual se crea la Agencia Nacional de Minería, ANM, se determina su
objetivo y estructura orgánica […]”, los cuales disponen lo siguiente:

“[…] ARTÍCULO 4°. Funciones. Son funciones de la Agencia Nacional de Minería,
ANM las siguientes:

1. Ejercer las funciones de autoridad minera o concedente en el territorio
nacional.

2. Administrar los recursos minerales del Estado y conceder derechos para su
exploración y explotación.

3. Promover, celebrar, administrar y hacer seguimiento a los contratos de concesión
y demás títulos mineros para la exploración y explotación de minerales de propiedad
del Estado cuando le sea delegada esta función por el Ministerio de Minas y Energía
de conformidad con la ley.

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30

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4. Diseñar, implementar y divulgar estrategias de promoción de la exploración
y explotación de minerales.

5. Proponer y apoyar al Ministerio de Minas y Energía en la formulación de la política
gubernamental y en la elaboración de los planes sectoriales en materia de minería,
dentro del marco de sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad
minera.

6. Administrar el catastro minero y el registro minero nacional.

7. Mantener actualizada la información relacionada con la actividad minera.

8. Liquidar, recaudar, administrar y transferir las regalías y cualquier otra
contraprestación derivada de la explotación de minerales, en los términos señalados
en la ley.

9. Determinar la información geológica que los beneficiarios de títulos mineros
deben entregar, recopilarla y suministrarla al Servicio Geológico Colombiano.

10. Desarrollar estrategias de acompañamiento, asistencia técnica y fomento a
los titulares mineros con base en la política definida para el sector y en
coordinación con las autoridades competentes.

11. Administrar y disponer de los bienes muebles e inmuebles que pasen al Estado
por finalización de los contratos de concesión y demás títulos mineros en que aplique
cláusula de reversión.

12. Promover la incorporación de la actividad minera en los planes de ordenamiento
territorial.

13. Apoyar la realización de los procesos de consulta previa a los grupos étnicos en
coordinación con las autoridades competentes.

14. Dar apoyo al Ministerio de Minas y Energía en la formulación y ejecución de la
política para prevenir y controlar la explotación ilícita de minerales.

15. Fomentar la seguridad minera y coordinar y realizar actividades de
salvamento minero sin perjuicio de la responsabilidad que tienen los
particulares en relación con el mismo.

16. Reservar áreas con potencial minero, con el fin de otorgarlas en contrato de
concesión.

17. Ejercer las demás actividades relacionadas con la administración de los recursos
minerales de propiedad estatal.

18. Las demás que le sean asignadas y que le delegue el Ministerio de Minas y
Energía, de conformidad con las normas vigentes […]”. (Destacado fuera de texto).

“[…] ARTÍCULO 16. Funciones de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera. Las funciones de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y
Seguridad Minera serán las siguientes:

[…]

11. Dar el apoyo a las autoridades competentes para la ejecución de la política
de erradicación de la explotación ilícita de minerales […]”. (Destacado fuera de
texto).

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99. De la normativa transcrita, la Sala destaca que la Agencia Nacional de
Minería tiene funciones de autoridad minera o concedente en el territorio nacional,
administra los recursos minerales del Estado y concede derechos para su
exploración y explotación, administra el Registro Minero Nacional, determina
información geológica, desarrolla estrategias de acompañamiento, asistencia
técnica y fomento a titulares mineros. Adicionalmente, debe fomentar la seguridad
minera y realiza y coordina actividades de salvamento minero. Igualmente, le
corresponde dar apoyo a las autoridades competentes para la ejecución de la
política de erradicación de la explotación ilícita de minerales.

100. Ahora bien, la Agencia Nacional de Minería sostuvo en el recurso que el
Tribunal debió analizar la responsabilidad de la entidad y competencia a partir de lo
previsto en los artículos 161, 162 y 163 de la Ley 685 de 2001, y a la luz de los
artículos 638 y 12139 de la Constitución Política.

101. Los artículos 161, 162 y 163 de la Ley 685 de 2001, disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 161. Decomiso. Los alcaldes efectuarán el decomiso provisional
de los minerales que se transporten o comercien y que no se hallen amparados
por factura o constancia de las minas de donde provengan. Si se comprobare la
procedencia ilícita de los minerales se pondrán además a disposición de la autoridad
penal que conozca de los hechos. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a la
minería de barequeo […]”.

“[…] Artículo 162. No expedición de títulos. La autoridad judicial que hubiere
impuesto sanción a una persona por los delitos de aprovechamiento ilícito y
exploración o explotación ilícita de yacimientos mineros, comunicará la sentencia en
firme a la autoridad minera nacional para los efectos del artículo siguiente […]”.

“[…] Artículo 163. Inhabilidad especial. Quien haya sido condenado por
aprovechamiento ilícito o por exploración o explotación ilícita de recursos minerales
quedará inhabilitado para obtener concesiones mineras por un término de cinco (5)
años. Esta pena accesoria será impuesta por el juez en la sentencia […]”.

102. La Sala considera que las normas transcritas se refieren al decomiso, a la no
expedición de títulos y a la inhabilidad especial y, concretamente facultan al alcalde
municipal para efectuar el decomiso provisional de minerales producto de la minería
ilegal, no obstante, estas disposiciones normativas en nada varían la
responsabilidad que recae sobre la autoridad minera nacional, máxime cuando
quedó demostrado en el proceso que en la actualidad es la autoridad minera en el
departamento de Antioquia.

38
“[…] ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución
y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de
sus funciones […]”.
39
“[…] ARTICULO 121. Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen
la Constitución y la ley […]”.

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103. Esta Sección en sentencia proferida el 5 de febrero de 201540 consideró lo
siguiente:

“[…] En cuanto al primer problema jurídico, consistente en si la Agencia
Nacional de Minería es competente para vigilar la minería ilegal, la Sala
procederá a analizar las competencias de la Agencia Nacional de Minería, en cuanto
al seguimiento y control de las licencias que otorga; la manera en que debe ejercer
dichas funciones; las medidas para hacerlas efectivas y si del acervo probatorio
puede constatarse la desatención a sus funciones.

Al efecto, el artículo 4° del Decreto 4134 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia
Nacional de Minería, ANM, se determina su objetivo y estructura orgánica”,
establece lo siguiente:

[…]

Concretamente, la función de seguimiento y control de los títulos mineros
corresponde a la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la
citada entidad, Agencia Nacional de Minería, tal como lo prescribe el artículo 17 (sic)
ibídem, cuyos numerales 2°, 3°, 5°, 6° y 11, señalan, en lo pertinente, lo siguiente:

“ARTÍCULO 16. FUNCIONES DE LA VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO,
CONTROL Y SEGURIDAD MINERA. Las funciones de la Vicepresidencia de
Seguimiento, Control y Seguridad Minera serán las siguientes:

[…]

2. Diseñar e implementar mecanismos de seguimiento y control a las
obligaciones de los titulares mineros.

3. Hacer seguimiento y control a las obligaciones de los titulares mineros,
cuando le sea delegada esta función por parte del Ministerio de Minas y Energía,
de conformidad con las normas vigentes.

[…]

5. Recopilar y analizar información sobre el estado de los yacimientos y
proyectos mineros involucrando información geológica, minera, ambiental y
económica.

6. Coordinar con el Servicio Geológico Colombiano el suministro y entrega de
la información geológico-minera generada por los titulares mineros en ejecución
de sus obligaciones contractuales.

[…]

11. Dar el apoyo a las autoridades competentes para la ejecución de la política
de erradicación de la explotación ilícita de minerales […]”.

Obsérvese entonces, que las funciones de seguimiento y control a la actividad
minera, no se circunscriben a aquellas actividades que cuentan con títulos de
exploración y explotación legalmente otorgados, como lo sugiere en la
contestación de la demanda y en el recurso de apelación la Agencia Nacional de
Minería.

En este orden de ideas, las afirmaciones de la recurrente carecen de sustento
jurídico, pues la norma transcrita es clara en establecer que dicha entidad, no

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de febrero de

2015, CP. María Elizabeth García González, número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00654-01.

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solo debe diseñar, implementar y realizar el control de los titulares de
obligaciones mineras sino también verificar el estado de los yacimientos y
proyectos mineros, teniendo en cuenta información geológica, minera,
ambiental y económica, así como brindar apoyo a las entidades competentes
para erradicar la explotación ilegal.

Dicha postura fue expuesta por esta Sala en providencia de 31 de octubre de 2013,
en la acción popular núm. 2011-00765-0141.

En consecuencia, no prosperará la impugnación interpuesta por la Agencia Nacional
de Minería […]”. (Destacado fuera de texto).

104. Con fundamento en lo anterior, la Sala destaca que la responsabilidad de la
Agencia Nacional de Minería no se limita a dar apoyo a las autoridades competentes
para la ejecución de la política de erradicación de la explotación ilícita de minerales,
lo cual tiene a su cargo. También en virtud de los principios de coordinación y
colaboración, la Agencia debe apoyar al municipio en el cumplimiento de las
órdenes que le fueron impartidas a la entidad territorial en la sentencia, desde el
marco de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, máxime
cuando dispone de información valiosa en materia minera en esa jurisdicción, la
cual será requerida por el municipio para poder cumplir lo ordenado.

105. La Sala resalta que más allá de citar la resolución 492 de 7 de febrero de
2014, mediante la cual se creó la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal y
Antiterrorismo - UNIMIL, la Agencia no expuso ningún argumento del cual deba
ocuparse la Sala en este acápite.

106. Lo mismo ocurre con la cita de los artículos 5, 6, 10 y 14 de la Ley 685 de
2001, los cuales regulan la propiedad de los recursos mineros, la inalienabilidad e
imprescriptibilidad, la definición de mina y mineral, y el título minero.

107. La Sala considera que no le asiste razón al apoderado de la Agencia Nacional
de Minería toda vez que, las órdenes relacionadas con la suspensión de las
actividades de explotación minera que se desarrollan sin permisos, licencias o
autorizaciones legales en el municipio de Amagá, fueron impartidas al ente territorial
en colaboración con la autoridad minera, por lo que de conformidad con las
competencias de la ANM, en aplicación del principio de coordinación y a la luz de
los artículos 6 y 121 de la Constitución Política, no se evidencia que lo ordenado
carezca de sustento jurídico y, por el contrario, la coordinación de la autoridad
minera es totalmente necesaria para que el municipio logre cumplir las órdenes que
le fueron impartidas con el fin de suspender las actividades de minería ilegal; realizar

41
M.P. María Elizabeth García González.

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sellamientos físicos a las bocaminas, túneles y socavones; decomisar la maquinaria,
equipos y herramientas utilizados en operaciones de minería ilegal, e instalar
sistemas de vigilancia inmediata permanente en los sitios clausurados para impedir
la reanudación de las actividades extractivas no autorizadas.

108. La Sala destaca que el segundo y el tercer argumento expuesto por el
apoderado de la Agencia Nacional de Minería exceden el objeto de la acción
popular, que no es otro que evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y
restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible, por lo que esta
acción constitucional no tiene por objeto establecer la responsabilidad
extracontractual del Estado, ni es una acción de naturaleza indemnizatoria.

109. Por lo anterior, los argumentos expuestos por la Agencia Nacional de Minería
que se fundamentan en que el Tribunal no determinó los presupuestos para la
configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado y el relacionado con
la inexistencia de daño antijurídico y de responsabilidad de la Agencia Nacional de
Minería, no tienen vocación de prosperidad por cuanto exceden el objeto y la
finalidad de la acción popular, la cual, se insiste, no es el medio de control ni la
acción en la que se estudian los fundamentos de la responsabilidad del Estado, el
daño ni del nexo causal.

110. En referencia al cuarto argumento, relacionado con que la sentencia apelada
fijó cargos frente a las funciones de la Agencia Nacional de Minería que no le son
aplicables, en razón a que la autoridad minera no es competente para ejercer
supervisión y control punitivo de la actividad minera ilegal, por lo que los
señalamientos de responsabilidad incluidos en la sentencia no son correctos, la Sala
destaca que el Tribunal, en este punto específico, consideró lo siguiente:

“[…] Nótese que, las funciones de seguimiento y control de la actividad minera, por
parte de la Agencia Nacional de Minería, no se circunscriben a aquellas actividades
que cuentan con título minero, sino que además tiene en sus facultades la de
verificar el estado de los yacimientos y proyectos mineros, teniendo en cuenta
información geológica, minera, ambiental y económica, así como brindar
apoyo a las entidades competentes para erradicar la explotación ilegal […]”.
(Destacado fuera de texto).

111. De conformidad con las funciones de la Agencia Nacional de Minería
referidas en esta providencia, la Sala reitera que las órdenes impartidas por el
Tribunal al municipio de Amagá con el objeto de suspender en la vereda Ferrería de
ese territorio la minería ilegal, se acompasan con las funciones de la entidad y con

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el deber de coordinación que como autoridad minera nacional y del departamento
de Antioquia tiene la ANM.

112. Por lo anterior, el argumento analizado en este acápite carece de vocación
de prosperidad.

Congruencia y proporcionalidad de las órdenes impartidas para la protección
de los derechos colectivos

113. El departamento de Antioquia afirmó que el Tribunal fue más allá de lo
solicitado en las pretensiones de la demanda, por cuanto, en lo relacionado con el
“plan de reconversión del territorio”, acogió las recomendaciones del perito,
concretamente, “[…] la implementación gradual y progresiva del plan de acción
integral para la zona […]”, por lo que la sentencia terminó convirtiendo una
recomendación del perito en una obligación impuesta a la entidad.

114. Sostuvo que es competencia del municipio liderar proyectos productivos y
cambiar la destinación de los usos del suelo en su territorio a través del POT. Por lo
que lo ordenado desborda las competencias del departamento, las cuales deben
entenderse a partir de los principios de coordinación, complementariedad y
subsidiariedad sin que pueda entenderse que el departamento responde
solidariamente con el municipio.

115. Señaló que desconoce a quien pertenecen los predios para efectuar la
reconversión del territorio y si los propietarios desean cambiar su actividad minera.
Adicionalmente, destacó que, de mantenerse la orden, también debía impartirse a
otras entidades responsables, como el Ministerio de Minas y Energía, por cuanto
los eventuales daños fueron causados por la minería legal e ilegal.

116. Al respecto la Sala precisa que el Tribunal en la sentencia apelada no
impartió una orden al departamento sino que conminó al municipio para que en
coordinación con el primero, en el marco de sus competencias constitucionales
legales y reglamentarias, emprendieran un proceso integral de reconversión
territorial y productiva en la vereda la Ferrería del municipio de Amagá, con el objeto
de que la comunidad que, tradicionalmente ha derivado su sustento y ha tenido
como base de su economía, la actividad de minería ilegal, genere nuevos
emprendimientos que les permitan subsistir ejerciendo actividades económicas
legales. Concretamente, el Tribunal resolvió lo siguiente:

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“[…] CONMINAR al MUNICIPIO DE AMAGÁ en coordinación con el
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, luego de ejecutoriada la presente providencia,
para que, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales,
emprendan un proceso integral de reconversión territorial y productiva que garantice
de forma efectiva los derechos colectivos de la comunidad Ferrería del Municipio de
Amaga […]”.

117. Asimismo, el Tribunal fundamentó la decisión de la siguiente manera:

“[.. ] Se encuentra establecido que la explotación minera, tanto en su modalidad
legal como ilegal, constituye la principal actividad económica y productiva de
la comunidad de la vereda Ferrería del municipio de Amaga. En efecto, el perito
concluyó de manera categórica que "el modo de producción de la vereda La Ferrería
se ha caracterizado fundamentalmente por la actividad minera. Esta es la forma
técnico-económica en que la comunidad se relaciona con su territorio y lo transforma,
a través de su trabajo".

Esta realidad socioeconómica y territorial evidenciada plantea un escenario
complejo que trasciende la mera clausura de las explotaciones ilegales. Implica,
además, reconocer que la subsistencia y el proyecto de vida de la comunidad
han estado históricamente ligados a la actividad extractiva, entendida como una
forma de relacionamiento con su territorio. Por tanto, la protección efectiva de
los derechos colectivos vulnerados —en particular, el derecho al goce de un
ambiente sano, al equilibrio ecológico y al manejo racional de los recursos
naturales— exige una transformación estructural del modelo productivo. Dicha
transformación debe permitir la armonización entre las necesidades económicas de
la comunidad y la preservación del ecosistema, garantizando así la sostenibilidad
ambiental del territorio.

En consecuencia, se considera importante conminar a las entidades
demandadas, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales,
a emprender un proceso integral de reconversión territorial y productiva que
garantice de forma efectiva los derechos colectivos de la comunidad.

Con ese propósito, esta Sala estima pertinente tomar como referencia las
recomendaciones contenidas en el dictamen pericial (numeral 6°, folios 216 y
siguientes), particularmente la implementación gradual y progresiva del plan de
acción integral para la zona. Si bien se trata de un proyecto a largo plazo, sus
estrategias resultan indispensables para la protección efectiva de los derechos
colectivos que aquí se reclaman.

Ahora, en virtud de la magnitud de la aplicación de este plan, que se advierte es
a largo plazo, resulta pertinente acudir a la colaboración armónica entre las
entidades territoriales, que incluyen al Departamento, de conformidad con los
principios de coordinación, concurrencia y subsidiaridad (artículo 288 de la
Constitución) […]”. (Destacado fuera de texto).

118. La Sala considera que lo resuelto por el Tribunal, en el sentido de conminar
al municipio en coordinación con el departamento, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, con el objeto de emprender un proceso
integral de reconversión territorial y productiva en la zona de la Ferrería, se
encuentra sustentado en las competencias de ambas entidades y, adicionalmente,
es una decisión acorde con el objeto del proceso, la naturaleza jurídica y finalidad
de las acciones populares.

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119. Adicionalmente, la Sala destaca que esta orden tuvo su origen en la
demanda, por cuanto la parte actora en el escrito introductorio solicitó la práctica de
un dictamen pericial, en los siguientes términos:

“[…] Solicito señor Juez que se sirva ordenar la realización de un estudio geotécnico
de detalle; que cuente con la intervención de ingeniero de minas, geólogo, ingeniero
civil, ingeniero ambiental; para que se sirvan dictaminar cual es el estado actual de
las minas abandonadas; que peligros ofrecen para la comunidad; cual es el estado
actual de las viviendas y de la capilla de la vereda la Ferrería del municipio de Amagá
y presente un plan de acción o trabajo a realizar en la zona […]”. (Destacado fuera
de texto).

120. Asimismo, en el auto proferido por el Tribunal el 13 de mayo de 2019,
mediante el cual abrió a pruebas el proceso, se decretó la prueba solicitada en los
términos señalados en la demanda.

121. En consecuencia, la Sala no evidencia que se trate de una orden que afecte
el principio de congruencia, por el contrario, lo ordenado por el Tribunal es un
remedio legítimo y necesario para la protección efectiva de los derechos colectivos
amparados.

122. Ahora bien, la Sala precisa que el proceso integral de reconversión territorial
y productivo con el cual se busca garantizar la efectividad de los derechos colectivos
amparados por el Tribunal y en esta providencia, debe entenderse respecto del
territorio y de la población que tradicionalmente ha utilizado la minería ilegal como
base de su economía, al ser ese el objeto de la acción popular de la referencia, sin
que con ello, se afecten los títulos, permisos o concesiones otorgadas en el marco
de la minería legal por parte de las autoridades competentes.

123. Por otro lado, el municipio de Amagá puso de presente el argumento
relacionado con la falta de recursos para cumplir con lo ordenado en la sentencia.
Al respecto, la Sala destaca que la jurisprudencia de esta Sección 42 ha sostenido
de manera pacífica que la insuficiencia de recursos económicos no excusa a la
entidad del cumplimiento de lo ordenado en procura de proteger los derechos e
intereses colectivos, máxime cuando el municipio puede acudir al departamento y a
la Nación en búsqueda de apoyo financiero cuando sus recursos son limitados y
resultan insuficientes para el cumplimiento de sus obligaciones.

124. Finalmente, la Sala considera necesario instar a la comunidad residente en
la vereda Ferrería del municipio de Amagá para que se abstengan de realizar

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de noviembre

de 2023, CP. Germán Eduardo Osorio Cifuentes, número único de radicación: 85001-23-33-000-2019-00102-
02.

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actividades de exploración o explotación de minerales en esa jurisdicción sin el
permiso, autorización o licencia expedida por las autoridades territoriales y mineras
competentes.

Sobre el comité de verificación

125. El departamento solicitó ser relevado de pertenecer al Comité de Verificación
de cumplimiento de la sentencia, en razón a que, ante una eventual confirmación
de la sentencia apelada, la intervención del departamento solo es posterior al
cumplimiento de lo ordenado y, adicionalmente, la entidad únicamente fue
conminada.

126. La Sala considera que no es posible acceder a la solicitud del ente
departamental en razón a que el municipio fue conminado en coordinación con el
departamento para que, en cumplimiento de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias, emprendan un proceso integral de reconversión territorial
y productiva que garantice de forma efectiva los derechos colectivos de la
comunidad de la vereda Ferrería del municipio de Amagá, por lo que la concurrencia
del departamento en la etapa posfallo es necesaria.

127. Adicionalmente, la Sala considera que es necesario modificar el ordinal
cuarto de la sentencia proferida en primera instancia, en el sentido de precisar que
corresponde a la magistrada sustanciadora del Tribunal Administrativo de Antioquia
presidir el Comité de Verificación, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.

Conclusiones

128. La Sala modificará el ordinal cuarto de la sentencia apelada en el sentido de
precisar que corresponde a la Magistrada Sustanciadora del Tribunal presidir el
Comité de Verificación de cumplimiento de la sentencia. Asimismo, instará a la
comunidad residente en la vereda Ferrería del municipio de Amagá para que se
abstenga de realizar actividades de exploración o explotación de minerales en esa
jurisdicción sin el permiso, autorización o licencia expedida por las autoridades
territoriales y mineras competentes. En lo demás, la Sala confirmará la sentencia
apelada, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

129. De conformidad con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998 y los numerales 1 y
8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, la Sala se abstendrá de condenar en
costas en esta instancia, en atención a que no está probada su causación

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 16 de junio de
2025 por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual quedará así:

“[…] CUARTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de la
sentencia, de conformidad con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, en el cual
participarán, además de la Magistrada Ponente, quien lo presidirá, la parte actora,
un representante del MUNICIPIO DE AMAGÁ, un representante del
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA y un representante de la AGENCIA NACIONAL
DE MINERÍA, así como el agente del MINISTERIO PÚBLICO, quienes deberán rendir
informe a esta Corporación dentro de los seis (06) meses siguientes sobre las
gestiones realizadas para el cumplimiento de la sentencia. […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de 16 de junio de 2025
proferida por la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: INSTAR a la comunidad residente en la vereda Ferrería del municipio
de Amagá para que se abstenga de realizar actividades de exploración o
explotación de minerales en esa jurisdicción sin el permiso, autorización o licencia
expedida por las autoridades territoriales y mineras competentes, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: REMITIR copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 5 de agosto de
1998.

SEXTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
dejando las correspondientes anotaciones de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

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Núm. único de radicación: 05001-23-33-000-2017-02983-01

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la Sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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